DOF: 25/08/2008
ACUERDO Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad

ACUERDO Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA LEGALIDAD
En el marco de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional el día 21 de agosto de 2008, los que suscriben, Poderes Ejecutivos Federal y Estatales, Congreso de la Unión, Poder Judicial Federal, representantes de las asociaciones de Presidentes Municipales, medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales y religiosas, hemos decidido firmar el presente Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Al hacerlo, reconocemos que la sociedad mexicana se encuentra profundamente agraviada por la impunidad, la corrupción, la falta de coordinación entre las autoridades, así como por un ambiente de inseguridad y violencia.
Muchas personas tienen miedo de transitar por las calles y plazas. La ciudadanía demanda de sus autoridades una respuesta inmediata y contundente que dé resultados en el corto, mediano y largo plazos.
El Estado y la sociedad enfrentan una situación crítica debido tanto a la delincuencia común, que agravia cotidianamente a las familias, como al embate del crimen organizado, que es un fenómeno complejo, compuesto por un entramado de intereses y complicidades que trasciende fronteras. Superar esta situación no es una tarea fácil ni rápida.
Al mismo tiempo, el Estado enfrenta el deterioro institucional de los organismos encargados de la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, como problemas desatendidos a lo largo de décadas.
Esto se ha agravado, en muchos casos, debido a la penetración de la delincuencia en los órganos de seguridad y a la complicidad de algunas autoridades con los criminales. La delincuencia ha dañado el tejido social y ha encontrado cobijo en familias y comunidades enteras.
El desafío es indiscutible e inaplazable. Es necesario poner alto al crimen y a la inseguridad que se han incrementado a lo largo de los años y minan el desarrollo de las personas y el progreso de nuestra nación. La sociedad exige, con justicia, que sus autoridades asuman un claro compromiso para contar con instituciones de seguridad sólidas, eficaces y honestas así como para replantear los mecanismos de coordinación interinstitucional para poner fin a la impunidad y a la corrupción y hacer frente de manera decidida al crimen en todas sus expresiones.
Por ello, es necesario establecer un acuerdo que incluya la participación de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno, así como de la sociedad civil.
Un acuerdo que reconozca la integralidad de la Estrategia Nacional en materia de seguridad pública y, como ha sido planteada por la Conferencia Nacional de Gobernadores, que contemple políticas integrales en materia de prevención del delito, procuración e impartición de justicia, readaptación social, participación ciudadana, inteligencia y análisis legislativo, control de confianza y de comunicación.
Para ello se debe partir de las siguientes premisas:
1.     La política de seguridad es una política de Estado.
2.     La coordinación, cooperación e intercambio de información entre los tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, es condición indispensable para garantizar la seguridad pública.
3.     Cada uno de los poderes y cada uno de los órdenes de gobierno debe ejecutar la parte que le corresponde, en el marco de sus atribuciones, para cumplir los compromisos asumidos de acuerdo con las metas y los tiempos convenidos.
4.     El acuerdo debe sumar de manera fundamental a los ciudadanos, la sociedad civil y a sus
organizaciones más representativas, incluyendo las sindicales, empresariales y religiosas.
5.     De la misma manera el éxito del acuerdo requiere de la participación responsable de los medios de comunicación para que, en el marco de la libertad de expresión, se promueva la cultura de la legalidad, la denuncia y la participación ciudadana, la prevención de adicciones y la transparencia de las acciones de las autoridades.
6.     Cada compromiso particular suscrito por los firmantes del acuerdo deberá hacerse del conocimiento de la sociedad e incluirá mecanismos transparentes de rendición de cuentas, con base en un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación.
7.     Es necesaria la participación de una instancia ciudadana con amplio respaldo público y social, para que dé seguimiento y evalúe el cumplimiento de los acuerdos mediante indicadores de gestión.
8.     El acuerdo debe tener una vigencia de largo alcance que trascienda la temporalidad del encargo de quienes lo suscriben.
Hoy más que nunca, se debe consolidar la seguridad pública como una política de Estado, que convoque a todos autoridades y sociedad y los vincule en un frente común contra la violencia y la criminalidad. Esa causa debe estar por encima de diferencias políticas, ideológicas o sociales, porque una verdadera solución requiere la suma de todos los esfuerzos. Todos los actores deben ser capaces de subordinar sus intereses particulares a la necesidad urgente de la Nación por recuperar las condiciones de seguridad.
Al mismo tiempo, resulta impostergable la actuación coordinada entre todas las autoridades, en el marco del federalismo: actuación conjunta que asuma como premisa fundamental la corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno para garantizar la plena vigencia del Estado de derecho.
Durante los últimos meses, se han realizado esfuerzos institucionales conjuntos para poner alto a la acción del crimen organizado. Actualmente, se están tomando medidas para fortalecer la capacidad del Estado y se realiza un esfuerzo para dotar a las fuerzas del orden con tecnología de punta y sistemas de información e inteligencia policial, con el objetivo de garantizar de manera más efectiva la seguridad pública.
Además, gracias a la reforma constitucional en materia de justicia penal recientemente aprobada, hoy contamos con un nuevo marco normativo propicio para dar un renovado impulso a los procesos de reestructuración de las instituciones de seguridad y justicia.
Este momento brinda al Estado y a la sociedad la oportunidad de establecer un acuerdo de carácter eminentemente nacional, que incluye una amplia participación y compromiso de todos los actores.
En él se establecen acciones y metas concretas, tiempos precisos de ejecución, así como responsables para cada uno de los compromisos. Quienes suscriben este documento reconocen que el éxito de este acuerdo exige fortalecer la capacidad financiera del Estado en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia, y en consecuencia una redefinición de las prioridades presupuestales. Demanda también un ejercicio mucho más escrupuloso y transparente de los recursos destinados a tal fin en todos los poderes y órdenes de gobierno.
El acuerdo es parte de un proceso de construcción de una nueva institucionalidad, ya que son planteados, entre otros objetivos, desarrollar y complementar el marco normativo en materia de seguridad pública, depurar las policías de los tres órdenes de gobierno y fortalecer los mecanismos de información e inteligencia.
Parte fundamental de este acuerdo es que la sociedad civil será la que supervise y vigile el cumplimiento de los compromisos establecidos.
Este acuerdo busca no sólo atender lo coyuntural y lo urgente sino, sobre todo, los problemas estructurales que afectan la seguridad y la procuración e impartición de justicia.
Los mexicanos, representados en los Poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno, las organizaciones civiles, sociales, empresariales y religiosas y,
 
CONSIDERANDO
Que el crimen organizado y la delincuencia común representan la principal amenaza a la seguridad de los mexicanos, quebrantando y transgrediendo sus derechos y libertades;
Que ante los agravios y la violencia generada por la delincuencia, exigimos una coordinación y cooperación efectiva entre los Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, por encima de cualquier diferencia política o ideológica;
Que es obligación de las autoridades, de todos los poderes y órdenes, actuar con eficacia, transparencia, plena rendición de cuentas y combatir la corrupción para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia;
Que la sociedad reclama legítimamente leyes rigurosas y contundentes en materia de justicia y seguridad pública para el combate al crimen y, en especial, a delitos que lastiman el tejido social como el secuestro;
Que la participación ciudadana es fundamental para derrotar al crimen organizado y para consolidar instituciones públicas, efectivas y transparentes que rindan cuentas;
Que la delincuencia es un problema de tal magnitud y complejidad que su solución exige un enfoque integral, de carácter económico con una perspectiva preventiva y social;
Que sólo mediante el respeto irrestricto a la ley por parte de todos podremos construir un México seguro, en el cual las familias puedan superarse y vivir en paz, hemos decidido unir nuestras fuerzas y suscribir el siguiente:
ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA LEGALIDAD
Primero.- El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad es un mecanismo entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno que conforman el Estado Mexicano y los sectores privado y social, a fin de que cada uno desarrolle, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, acciones específicas en favor de la seguridad, la justicia y la legalidad, con objetivos comunes a corto, mediano y largo plazos.
Segundo.- El Poder Ejecutivo Federal se compromete a alcanzar los siguientes objetivos:
I. Depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
          Crear un modelo nacional de evaluación y control de confianza.
          Las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación se comprometen a diseñar un protocolo de evaluación y control de confianza e impulsar su aprobación por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
·   Tiempo de ejecución: cuatro meses.
          Impulsar la creación de centros estatales de control de confianza certificados.
          Las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación se comprometen a regular el funcionamiento de organismos públicos y privados de certificación e impulsar la creación, en coordinación con las entidades federativas, de centros estatales de control de confianza certificados.
·   Tiempo de ejecución: un año.
          Sujetar a evaluación permanente y control de confianza al personal de las instituciones policiales, de procuración de justicia, de Aduanas, de los centros de readaptación social federales, así como del Instituto Nacional de Migración, a través de organismos certificados.
 
          Las secretarías de Seguridad Pública, Gobernación, Hacienda y Crédito Público así como la Procuraduría General de la República se comprometen a evaluar a su personal en áreas sensibles; a dar seguimiento a elementos dados de baja y a comunicar sus resultados a un observador ciudadano.
·   Tiempo de ejecución: un año.
          Establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Policial.
          La Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con las entidades federativas se compromete a perfeccionar los mecanismos de reclutamiento, selección, capacitación, promoción y retiro de los elementos de las instituciones policiales del país.
·   Tiempo de ejecución: seis meses a partir de la promulgación de la legislación correspondiente.
          Establecer un Sistema Nacional de Desarrollo de Ministerios Públicos en el marco de la Conferencia Nacional de Procuradores.
          La Procuraduría General de la República se compromete a perfeccionar los mecanismos de reclutamiento, selección, capacitación, promoción y retiro de los ministerios públicos.
·   Tiempo de ejecución: dos años.
·   Tiempo de ejecución para ministerios públicos federales: un año.
II. A fin de fortalecer y dotar de mayor eficiencia los sistemas de seguridad y procuración de justicia, el Poder Ejecutivo Federal reasignará recursos y partidas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación. El ejercicio de estos recursos será acompañado por reglas de operación flexibles y procedimientos eficaces y transparentes.
·   Tiempo de ejecución: presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009.
III. Apoyar a las entidades federativas en el combate a los delitos más sensibles para la sociedad, de acuerdo con las competencias de cada orden de gobierno. En especial se apoyará el fortalecimiento o en su caso la creación y formación de unidades estatales para el combate al secuestro.
          La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con las entidades federativas elaborarán una estrategia nacional e integral contra el secuestro. Dicha estrategia incluirá la elaboración de programas tipo, de acuerdo con la realidad de las entidades federativas y el diseño de cursos, talleres y seminarios de capacitación para cada entidad e insertará mecanismos de capacitación continua.
·   Tiempo de ejecución: seis meses.
          La Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, en coordinación con las entidades federativas, formularán y emitirán una estrategia nacional contra el narcomenudeo que sume las capacidades y la necesaria colaboración de los distintos órdenes de gobierno en el marco de la legislación expedida por el Congreso de la Unión.
·   Tiempo de ejecución: seis meses.
          El gobierno federal asume el compromiso de fortalecer la Subprocuraduría Especializada contra la
Delincuencia Organizada (SIEDO) con recursos financieros, capacitación, servicios periciales e infraestructura y equipamiento.
·   Tiempo de ejecución: dieciocho meses.
IV. Formular y emitir una estrategia nacional contra el lavado de dinero.
          Las secretarías de Seguridad Pública, Gobernación y Hacienda y Crédito Público, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera, conjuntamente con la Procuraduría General de la República, se comprometen a formular el protocolo de actuación e investigación, inicio de averiguaciones previas y procedimientos judiciales para la obtención de sentencias condenatorias, así como a definir los mecanismos de control de gestión y de evaluación con base en indicadores de desempeño por parte de las dependencias involucradas.
·   Tiempo de ejecución: seis meses.
          Asimismo, las mencionadas dependencias se comprometen a elaborar una iniciativa a fin de que sea presentada por el Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión para regular transacciones en efectivo.
·   Tiempo de ejecución: seis meses.
V. Fortalecer la capacidad institucional del ministerio público federal.
          La Procuraduría General de la República se compromete a formular el protocolo de actuación e investigación, inicio de averiguaciones previas y procedimientos judiciales para mejorar la eficacia en la obtención de sentencias condenatorias.
·   Tiempo de ejecución: seis meses.
VI. Fortalecer y consolidar las redes de atención a víctimas del delito a nivel nacional.
          Las secretarías de Seguridad Pública, Gobernación, Desarrollo Social, Salud, así como el DIF-Nacional y la Procuraduría General de la República, se comprometen a celebrar convenios con entidades federativas e instancias de la sociedad civil en la materia, y a formular protocolos de actuación coordinada e intercambio efectivo de información entre instituciones y órdenes de gobierno.
·   Tiempo de ejecución: seis meses.
VII. Regular el registro, establecimiento y acceso a bases de datos de los equipos de telefonía móvil y fija, así como el acceso a la información sobre la ubicación física de los móviles en tiempo real, en los casos en que sean aparatos y números telefónicos relacionados con actividades delictivas.
          Las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Economía, Seguridad Pública, así como la Procuraduría General de la República y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se comprometen a emitir o, en su caso, a promover un instrumento de regulación, realización de inspecciones y aplicación de las normas en caso de incumplimiento.
·   Tiempo de ejecución: seis meses.
VIII. Asegurar la cobertura de un número único en todo el país para el sistema de atención de emergencias (066) y para el servicio de denuncia ciudadana anónima (089).
          Las secretarías de Seguridad Pública y Comunicaciones y Transportes, así como la Procuraduría General de la República y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se comprometen a apoyar
a las entidades federativas para poner en funcionamiento estos sistemas en cada una de ellas.
·   Tiempo de ejecución: seis meses.
IX. Fortalecer, con la participación de la sociedad civil, el sistema de denuncias contra la corrupción y la mala actuación de servidores públicos federales de seguridad y procuración de justicia.
          Las secretarías de Seguridad Pública, de la Función Pública, así como la Procuraduría General de la República, se comprometen a incluir mecanismos de observación ciudadana en la recepción e investigación de denuncias y procedimientos de sanción.
·   Tiempo de ejecución: tres meses.
X. Adecuar el modelo de coordinación y el arreglo institucional de atención a la seguridad pública, para garantizar la responsabilidad compartida entre la Federación, las entidades federativas y los municipios.
          Las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación, en atención a las necesidades planteadas por las entidades federativas, se comprometen a elaborar el proyecto de iniciativa de una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública a fin de que sea presentada por el Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión. Algunos de los principales objetivos de la ley son las directrices de un modelo de policía homogéneo; establecer las diferentes etapas del servicio de carrera de las instituciones de seguridad pública y de la certificación de sus integrantes; regular la implementación de bases de datos criminalísticos y de personal; así como disponer las reglas generales para la administración de los fondos de ayuda federal.
·   Tiempo de ejecución: presentación de la iniciativa en septiembre de 2008.
XI. Actualizar las licencias colectivas de portación de armas que expida la Secretaría de la Defensa Nacional a los cuerpos de seguridad pública.
          La Secretaría de la Defensa Nacional se compromete a autorizar el equipamiento de las instituciones de seguridad pública con armas automáticas y de calibre superior a los cuerpos de seguridad que cumplan con los compromisos establecidos en este acuerdo.
·   Tiempo de ejecución: tres meses.
XII. Expedir la Cédula de Identidad.
          La Secretaría de Gobernación se compromete a integrar en un solo sistema el Servicio Nacional de Identificación Personal, que servirá de base para el propósito de identificación personal en los trámites más relevantes.
·   Tiempo de ejecución: tres años.
XIII. Fortalecer el Sistema Penitenciario.
          La Secretaría de Seguridad Pública se compromete a construir dos Centros Federales de Readaptación Social de alta seguridad, incluyendo módulos especiales, para secuestradores.
·   Tiempo de ejecución: dos años.
XIV. Revisar el Socorro de Ley.
          La Secretaría de Seguridad Pública se compromete a revisar con los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas, los montos asignados por concepto de Socorro de Ley por interno federal en centros de readaptación social estatales.
 
·   Tiempo de ejecución: seis meses.
XV. Fortalecer el Sistema de Aduanas.
          La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se compromete a modernizar todas las aduanas del país con tecnología y a mejorar sus procesos e infraestructura para reducir el contrabando, en particular el tráfico de armas y de precursores químicos.
·   Tiempo de ejecución: dos años.
XVI. Presentar a consideración del Congreso de la Unión un paquete de reformas que fortalezcan las capacidades del gobierno federal en materia de seguridad pública y procuración de justicia.
          Las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, así como la Procuraduría General de la República, en coordinación con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, se comprometen a elaborar proyectos de ley a efecto de que el Ejecutivo Federal presente ante el Congreso de la Unión las siguientes iniciativas: Ley de la Policía Federal, para regular el funcionamiento y organización de esa corporación, en especial lo relativo al servicio de carrera; Ley Orgánica de Procuraduría General de la República, para normar la nueva relación entre el Ministerio Público de la Federación y la policía, así como su modernización institucional; Ley Federal de Extinción de Dominio, aplicable a bienes producto de delitos de alto impacto; Reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para reflejar las disposiciones constitucionales en materia de justicia y seguridad que han entrado en vigor.
·   Tiempo de ejecución: presentar antes de octubre de 2008.
XVII. Consolidar el Sistema Único de Información Criminal a fin de garantizar la interconexión e intercambio de información entre instancias y órdenes de gobierno para combatir el delito.
          La Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, en coordinación con las entidades federativas se comprometen a homologar los sistemas y procedimientos para el acceso, carga y análisis de datos en el Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México.
·   Tiempo de ejecución: un año.
XVIII. Implementar un módulo de información sustantiva en el Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México para el registro, seguimiento y combate al delito del secuestro.
          La Secretaría de Seguridad Pública así como la Procuraduría General de la República, se comprometen a poner en operación un módulo de información específica relacionada con el delito del secuestro.
·   Tiempo de ejecución: seis meses.
XIX. Desarrollar y ampliar el uso de tecnología para el intercambio de información en el combate a la delincuencia.
          Las secretarías de Seguridad Pública, Defensa Nacional, Marina, Comunicaciones y Transportes así como la Procuraduría General de la República se comprometen a establecer mecanismos para ampliar la infraestructura y la tecnología que se requieren como soportes para unificar y mejorar las comunicaciones entre las dependencias e instituciones federales que combaten la delincuencia.
·   Tiempo de ejecución: un año.
XX. Instrumentar campañas para promover la cultura de la legalidad.
          Las secretarías de Seguridad Pública, Gobernación, Educación Pública, Función Pública, así
como la Procuraduría General de la República, se comprometen a producir y difundir en los medios de comunicación campañas que fomenten en la sociedad prácticas de apego a la legalidad, así como de prevención del delito y denuncia ciudadana.
·   Tiempo de ejecución: tres meses.
XXI. Fortalecer la atención a personas con problemas de adicciones.
          La Secretaría de Salud se compromete a ampliar la red de Centros de Atención Primaria Nueva Vida para contar con más de trescientos puntos y cobertura nacional.
·   Tiempo de ejecución: 31 de diciembre de 2008.
          Asimismo, dicha Secretaría se compromete a establecer mecanismos de apoyo a organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la rehabilitación de personas con adicciones.
·   Tiempo de ejecución: un año.
XXII. Fortalecer el Programa de Rescate de Espacios Públicos.
          La Secretaría de Desarrollo Social se compromete a recuperar por lo menos mil espacios públicos deteriorados, abandonados e inseguros en las zonas urbanas con mayor índice delictivo.
·   Tiempo de ejecución: un año.
XXIII. Fortalecer el Programa Escuela Segura.
          La Secretaría de Educación Pública se compromete a incorporar al programa más de trece mil quinientas escuelas primarias y secundarias públicas y a promover la ejecución del programa en escuelas privadas.
·   Tiempo de ejecución: un año.
XXIV. Garantizar la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos para los programas de seguridad pública.
          Las secretarías de Seguridad Pública, Función Pública, Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República se comprometen a difundir los indicadores de gestión y medición de la aplicación del gasto y de su eficiencia operativa.
·   Tiempo de ejecución: un año.
XXV. Ejercicio de recursos públicos en los Programas de Seguridad Pública.
          El Gobierno Federal revisará las Reglas de Operación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública con el fin de garantizar un ejercicio oportuno y transparente de los recursos.
·   Tiempo de ejecución: seis meses.
XXVI. Promover la creación de un Observatorio Ciudadano que vigile y supervise el cumplimiento de los compromisos.
          La Secretaría de Seguridad Pública se compromete a promover la creación de un Observatorio Ciudadano que sea plural, representativo de los distintos sectores de la sociedad y que incluya a estudiosos del tema de seguridad y justicia, contando así con reconocimiento y liderazgo social.
·   Tiempo de ejecución: tres meses.
XXVII. Crear indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia con la participación de instancias ciudadanas.
          La Secretaría de Seguridad Pública así como la Procuraduría General de la República se comprometen a establecer indicadores, a hacerlos públicos y a invitar a las instancias ciudadanas a formular el protocolo y a participar en su evaluación y el seguimiento.
 
·   Tiempo de ejecución: dos meses a partir de la creación del Observatorio Ciudadano.
XXVIII. Incluir en los programas de estudio la cultura de la legalidad, el combate a las adicciones, el respeto a los derechos humanos y la transparencia.
          La Secretaría de Educación Pública se compromete a fortalecer en el contenido de los programas escolares, la promoción de la cultura de la legalidad y de los valores cívicos.
·   Tiempo de ejecución: un año.
Tercero.- El Poder Legislativo Federal se compromete a alcanzar los siguientes objetivos:
XXIX. Dar trámite a las iniciativas que en materia de justicia y seguridad pública sean presentadas antes del día primero de octubre en cualquiera de las dos Cámaras del Congreso de la Unión.
          El Congreso de la Unión se compromete a dictaminar y votar todas las iniciativas presentadas.
·   Tiempo de Ejecución: primer periodo ordinario del tercer año de la LX Legislatura Federal.
XXX. Establecer competencias concurrentes para el combate al narcomenudeo así como reglas que permitan su aplicación eficaz.
          El Congreso de la Unión se compromete a legislar en materia de narcomenudeo.
·   Tiempo de Ejecución: primer periodo ordinario del tercer año de la LX Legislatura Federal.
XXXI. Impulsar la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, y prever reglas para impedir la preliberación y otros beneficios en delitos como el secuestro y otros cometidos con violencia.
          El Congreso de la Unión se compromete a legislar una reforma al marco jurídico vigente.
·   Tiempo de Ejecución: primer periodo ordinario del tercer año de la LX Legislatura Federal.
XXXII. Impulsar una Ley General del Delito del Secuestro.
          El Congreso de la Unión se compromete a presentar una iniciativa, dictaminar y votar una Ley General del Delito del Secuestro.
·   Tiempo de Ejecución: primer periodo ordinario del tercer año de la LX Legislatura Federal.
XXXIII. Velar a fin de que las prioridades presupuestales fortalezcan los programas y acciones en materia de seguridad pública y procuración de justicia.
          La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se compromete a que en la aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se revisen las prioridades presupuestales a fin de que el Estado cuente con recursos para hacer frente de manera eficaz a la delincuencia.
·   Tiempo de Ejecución: primer periodo ordinario del tercer año de la LX Legislatura Federal.
XXXIV. Mayores recursos a estados y municipios en materia de seguridad.
          La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se compromete a incrementar y etiquetar la asignación de recursos para la operación y desarrollo de las policías estatales y municipales, así como para la prevención social del delito.
·   Tiempo de ejecución: seis meses.
XXXV. La Cámara de Diputados se compromete a que la Auditoría Superior de la Federación lleve a cabo revisiones y auditorías a las treinta y dos entidades federativas.
          La Cámara de Diputados, por medio de la Auditoría Superior de la Federación, se compromete a auditar la aplicación de los recursos federales por las entidades federativas y los municipios en materia de seguridad pública y procuración de justicia.
·   Tiempo de ejecución: un año.
Cuarto.- El Poder Judicial de la Federación se compromete a alcanzar los siguientes objetivos:
XXXVI. Transparentar más el desempeño de los órganos del Poder Judicial de la Federación y de sus titulares.
          El Consejo de la Judicatura Federal creará y sistematizará indicadores de desempeño para dar acceso a la sociedad a los datos relacionados con el tipo de juicios, la materia, los delitos, los tiempos de trámite, los archivos, los perfiles de los juzgadores, la percepción de los usuarios, entre otros datos, para que existan nuevos referentes objetivos que faciliten el conocimiento, la evaluación y en su caso, las propuestas y mejoras para una mejor impartición de justicia.
·   Tiempo de ejecución: cuatro meses.
XXXVII. Instalar nuevos juzgados y tribunales federales.
          El Consejo de la Judicatura Federal instalará más órganos judiciales en los circuitos con mayor carga de trabajo para el mejor cumplimiento de las funciones del Poder Judicial de la Federación.
·   Tiempo de ejecución: catorce meses.
XXXVIII. Establecer juzgados de control con jurisdicción en toda la República para recibir y responder ágilmente las solicitudes de las autoridades.
          El Consejo de la Judicatura Federal establecerá juzgados de control con residencia en el Distrito Federal que estarán facultados para emitir órdenes de cateo, órdenes de arraigo y autorizaciones para la intervención de comunicaciones, con tecnología informática que les permita proteger la confidencialidad y dar respuesta oportuna a este tipo de solicitudes de todo el país.
·   Tiempo de ejecución: cuatro meses.
XXXIX. Favorecer la celeridad en los procesos.
          El Consejo de la Judicatura Federal concentrará a las personas sometidas a procesos penales relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico, en reclusorios de alta seguridad minimizando las diligencias por exhorto y el riesgo que implica para la sociedad los traslados de reos peligrosos. Se dará competencia en todo el país a los juzgadores ubicados en los lugares que cuentan con reclusorios de alta seguridad.
·   Tiempo de ejecución: treinta días.
XL. Fortalecer la autonomía, independencia e imparcialidad de jueces y magistrados.
          El Consejo de la Judicatura Federal en coordinación con autoridades estatales y federales contará con herramientas y servicios de protección y seguridad para salvaguardar la integridad física de los juzgadores federales que ejerzan jurisdicción en materia penal, particularmente en casos de delincuencia organizada para evitar que el poder de la delincuencia, las amenazas y la violencia afecten sus decisiones.
·   Tiempo de ejecución: proceso permanente.
XLI. Fortalecer los mecanismos de selección de jueces y magistrados.
 
          El Consejo de la Judicatura Federal profundizará y mejorará los procedimientos de concurso para que sean más transparentes y se designe a los aspirantes más aptos para encargarse de impartir justicia en materia penal, a partir de su conocimiento y experiencia.
·   Tiempo de ejecución: treinta meses.
XLII. Intensificar la capacitación y especialización de Jueces en materia penal.
          El Consejo de la Judicatura Federal impartirá capacitación constante, moderna y especializada para quienes ya ocupan un cargo dentro del Poder Judicial de la Federación.
·   Tiempo de ejecución: permanente.
XLIII. Continuar la calificación de los juzgadores especializados en justicia para adolescentes.
          El Consejo de la Judicatura Federal hará frente de forma efectiva a las nuevas responsabilidades judiciales señaladas en la Constitución.
·   Tiempo de ejecución: treinta meses.
XLIV. Fortalecer el control de los procesados.
          El Consejo de la Judicatura Federal instalará en todo el país un Sistema Biométrico para el control de los procesados con libertad bajo caución, para asegurar que cumplan con su obligación de presentarse personalmente ante la autoridad judicial con apoyo tecnológico que permita su plena identificación y control.
·   Tiempo de ejecución: seis meses.
XLV. Sistematizar la información judicial para una mejor coordinación entre autoridades.
          El Consejo de la Judicatura Federal junto con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), y las autoridades estatales y federales coordinará la suscripción de convenios para la conformación de un Sistema Nacional de Estadística Judicial que permita recopilar, ordenar y compartir información con las autoridades y la sociedad, en relación con los procesos judiciales estatales y federales, que contenga datos sobre las etapas de los juicios y su duración; los delitos y sentencias, entre otros asuntos. Dicha información también contribuirá a la transparencia y la rendición de cuentas de la actividad de los jueces.
·   Tiempo de ejecución: dos años.
Quinto.- Los gobiernos de las entidades federativas a través de sus titulares se comprometen a alcanzar los siguientes objetivos:
XLVI. Depuración y fortalecimiento de instituciones de seguridad y procuración de justicia.
          Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a crear y/o fortalecer un centro de evaluación y control de confianza certificado en su entidad.
·   Tiempo de ejecución: un año.
          Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a sujetar a una evaluación permanente y de control de confianza, a través de un organismo certificado, al personal de las instituciones policiales, de procuración de justicia y centros de readaptación social.
·   Tiempo de ejecución para someter a exámenes al responsable y al primer nivel de mando y a todos los integrantes de las unidades antisecuestro: seis meses. En caso de no contar con un centro de control de confianza certificado el gobierno federal realizará los mismos.
 
          Las procuradurías y secretarías de Seguridad Pública de las entidades federativas se comprometen a perfeccionar los mecanismos de selección y capacitación de los elementos de las instituciones policiales y de procuración de justicia y de los propios mandos.
·   Tiempo de ejecución: seis meses.
          Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a incrementar y etiquetar la asignación de recursos para la operación y desarrollo de las instituciones policiales y de procuración de justicia, para optimizar el ejercicio de los recursos e infraestructura destinados a funciones de seguridad pública.
·   Tiempo de ejecución: un año.
          Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a replicar a nivel estatal el sistema nacional de desarrollo policial y a condicionar la permanencia en instituciones a la aprobación de evaluaciones y control de confianza.
·   Tiempo de ejecución: un año.
          Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a replicar a nivel estatal el esquema federal de certificación de confianza de ministerios públicos y a condicionar la permanencia en instituciones de procuración, a su aprobación.
·   Tiempo de ejecución: un año.
XLVII. A fin de fortalecer y hacer más eficientes los sistemas de seguridad y procuración de justicia, los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas reasignarán recursos y partidas dentro de sus respectivos presupuestos. El ejercicio de estos recursos estará acompañado por reglas de operación o procedimientos eficaces y transparentes.
·   Tiempo de ejecución: inclusión en el Presupuesto 2009 de cada entidad.
XLVIII. Conformación, desarrollo o fortalecimiento de unidades especializadas en combate al secuestro.
          Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a crear unidades integradas a través de la aplicación de mecanismos de evaluación y control de confianza certificados, para desarticular bandas dedicadas al secuestro y a adscribir un enlace permanente en la Unidad de Coordinación e Intercambio de Información Policial de la Secretaría de Seguridad Pública.
·   Tiempo de ejecución: seis meses.
XLIX. Adecuar la organización y funcionamiento de las instituciones de seguridad pública estatales al marco nacional.
          Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a presentar en su congreso local una iniciativa de Ley de Seguridad Pública Estatal en congruencia con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que apruebe el Congreso de la Unión.
·   Tiempo de ejecución: seis meses posteriores a la aprobación de la Ley por parte del Congreso de la Unión.
L. Incorporación e implementación del Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México.
          Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a actualizar las siguientes bases de datos: vehículos, licencias de conducir, policías y ex policías, reclusos,
custodios, peritos, ministerios públicos, y registro de armamento. Asimismo, se comprometen a aplicar de manera generalizada el Informe Policial Homologado y a generar mapas geodelictivos.
·   Tiempo de ejecución: un año.
LI. Establecer indicadores de evaluación y seguimiento.
          Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a crear indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia, coincidentes con la metodología de indicadores nacionales, con participación de instancias ciudadanas.
·   Tiempo de ejecución: tres meses.
LII. Establecer un sistema de información pública sobre programas, acciones, resultados y ejercicio de recursos públicos en materia de seguridad pública y procuración de justicia.
          Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a crear una instancia concentradora de información, incluyendo mecanismos de observación ciudadana.
·   Tiempo de ejecución: un año.
Sexto.- Las Asociaciones de Alcaldes se comprometen a promover entre sus miembros los siguientes objetivos:
LIII. Depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
          Los municipios del país, con el apoyo de la Procuraduría y Secretaría de Seguridad Pública de su estado y de los Centros estatal y nacional de Evaluación y Control de Confianza, se comprometen a desarrollar mecanismos de selección y capacitación de los elementos de la policía municipal y de sus propios mandos.
·   Tiempo de ejecución: un año.
          Los municipios del país, con el apoyo del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado, se comprometen a sujetar a evaluación permanente y a controles de confianza al personal de la policía municipal y centros de readaptación social. Este punto será obligatorio para todos los municipios.
·   Tiempo de ejecución para los municipios del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) someter a exámenes a mandos y personal: un año.
·   Tiempo de ejecución para los municipios restantes: dos años.
          Los municipios del país, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado, se comprometen a condicionar la permanencia de los policías a la aprobación de evaluaciones de control de confianza.
·   Tiempo de ejecución: un año.
          Los municipios del país, con el apoyo del gobierno estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública, se comprometen a instaurar un sistema de profesionalización y servicio civil de carrera para regular la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y retiro de los policías.
·   Tiempo de ejecución: un año.
LIV. Interconexión a los sistemas y protocolos de Plataforma México para el registro, acceso y análisis de información sustantiva.
          Los municipios del país se comprometen a conformar bases de datos de: estado de fuerza, equipamiento e infraestructura, así como a incorporar la información municipal con sistemas y
metodología homologados; además de aplicar el Informe Policial Homologado.
·   Tiempo de ejecución: seis meses para los ciento cincuenta municipios del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN).
·   Tiempo de ejecución para el resto de los municipios: dos años.
LV. Programa permanente de desarrollo de procedimientos policiales.
          Los municipios del país, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y el Ejecutivo Estatal se comprometen a desarrollar e instrumentar protocolos de operación homologados.
·   Tiempo de ejecución: un año.
LVI. Actualizar y regularizar los permisos colectivos de portación de armas de fuego y registro del personal en el kardex de la Plataforma México.
          Los municipios del país se comprometen a regularizar las licencias colectivas de portación de armas de fuego para que únicamente el personal en activo esté amparado en la licencia colectiva.
·   Tiempo de ejecución: seis meses.
LVII. Actualizar y adecuar las normas municipales para mejorar las condiciones de seguridad pública.
          Los municipios del país se comprometen a actualizar las disposiciones de policía y buen gobierno en materia de establecimientos mercantiles, giros negros, espectáculos públicos y justicia de barandilla.
·   Tiempo de ejecución: seis meses.
LVIII. Desarrollar un programa municipal que incorpore el componente social de la estrategia de seguridad.
          Los municipios del país se comprometen a instrumentar programas locales en las vertientes social de la seguridad, educación, salud, prevención y tratamiento de adicciones a fin de coadyuvar con el gobierno federal en la implementación de los programas Limpiemos México, Rescate de Espacios Públicos, Escuelas Seguras, así como Prevención y Tratamiento de las Adicciones.
·   Tiempo de ejecución: seis meses.
LIX. Establecer indicadores de evaluación y seguimiento.
          Los municipios del país se comprometen a crear indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia, coincidentes con la metodología de indicadores nacionales, con participación de instancias ciudadanas.
·   Tiempo de ejecución: seis meses.
LX. A fin de fortalecer y hacer más eficientes los sistemas de seguridad y procuración de justicia, los gobiernos municipales reasignarán recursos y partidas dentro de sus respectivos presupuestos. El ejercicio de estos recursos será acompañado por reglas de operación o procedimientos eficaces y transparentes.
·   Tiempo de ejecución: presentación del Presupuesto 2009 de cada municipio.
Séptimo.- Los integrantes del sector productivo se comprometen a alcanzar los siguientes objetivos:
LXI. Promover entre agremiados y trabajadores del sector productivo la cultura de la legalidad, la denuncia y la participación ciudadana.
·   Tiempo de ejecución: seis meses.
 
LXII. Promover y facilitar entre todos los actores del sector productivo la denuncia sistemática de cualquier acto ilícito o injusticia laboral.
          El sector productivo se compromete a capacitar a su personal en herramientas y números telefónicos de denuncia.
·   Tiempo de ejecución: un año.
LXIII. Adaptar los registros electrónicos de trabajadores, proveedores y clientes a las normas del Padrón Único del Registro Nacional de Población para prevenir el fraude y el robo de identidad.
          Los empresarios del país con el apoyo de los trabajadores se comprometen a homologar el cien por ciento de los registros con la base de datos de la CURP.
·   Tiempo de ejecución: dos años.
LXIV. Propiciar condiciones de seguridad.
          Los empresarios del país con el apoyo de los trabajadores y las autoridades se comprometen a mejorar el entorno de los centros de trabajo y los espacios de uso común.
·   Tiempo de ejecución: un año.
Octavo.- Las Asociaciones Religiosas se comprometen a alcanzar los siguientes objetivos:
LXV. Promover entre integrantes de las asociaciones religiosas la cultura de la legalidad, la denuncia y la participación ciudadana.
·   Tiempo de ejecución: seis meses.
LXVI. Fomentar en sus programas de difusión, en sus edificios, en sus iglesias y en sus lugares de oración, la cultura de la legalidad y la seguridad, la práctica de la denuncia, el combate a las adicciones, los derechos humanos y la transparencia.
·   Tiempo de ejecución: un año.
Noveno.- Las organizaciones de la sociedad civil se comprometen a alcanzar los siguientes objetivos:
LXVII. Promover entre integrantes de las organizaciones de la sociedad civil la cultura de la legalidad, la denuncia y la participación ciudadana.
·   Tiempo de ejecución: seis meses.
LXVIII. Desarrollar y apoyar programas locales que incorporen el componente social de la Estrategia de Seguridad.
          Las organizaciones de la sociedad civil se comprometen a instrumentar programas ciudadanos en las vertientes de educación, salud y desarrollo social congruente con la estrategia de seguridad, a fin de coadyuvar con el gobierno federal en la implementación del programa Limpiemos México.
·   Tiempo de ejecución: seis meses.
LXIX. Participar en la creación y fortalecimiento de mecanismos de monitoreo y evaluación de las autoridades para erradicar la corrupción y aumentar la eficiencia y el reconocimiento social.
          Las organizaciones de la sociedad civil se comprometen a promover la participación activa y autónoma de los ciudadanos en el cien por ciento de las instancias de evaluación y monitoreo de las acciones gubernamentales.
·   Tiempo de ejecución: un año.
Décimo.- Los medios de comunicación se comprometen a alcanzar los siguientes objetivos:
LXX. Incrementar contenidos que fomenten la cultura de la legalidad.
 
          Los medios de comunicación ampliarán la difusión de contenidos y de campañas que exalten las consecuencias positivas del cumplimiento de la ley, la rendición de cuentas y la denuncia del delito.
LXXI. Incrementar contenidos que fomenten la prevención y atención de adicciones.
          Los medios se comprometen a difundir contenidos que resalten la importancia de prevenir el consumo de drogas y del papel fundamental que juegan los padres de familia en la salud de sus hijos.
          También se comprometen a dar a conocer los centros de prevención y atención a adicciones, con el fin de que se conozca su utilidad social.
          Asimismo, los medios informarán cómo incide la prevención de adicciones en la lucha contra el narcotráfico al reducir la demanda.
          Exponer ante la opinión pública las ventajas de instrumentar programas integrales de política social y de seguridad, entre otras acciones exitosas asumidas por organizaciones de padres de familia, centros escolares y/o profesionales.
LXXII. Incrementar contenidos que fomenten la cultura de la seguridad y la denuncia. Los medios difundirán:
          Contenidos que enfaticen la importancia de la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno en el combate al crimen organizado, a fin de que la ciudadanía asuma conciencia de que la ausencia de participación sólo fortalece la delincuencia.
          La importancia de que las asociaciones de vecinos asuman una participación activa, a través de medidas que coadyuven a generar entornos seguros y una cultura de la denuncia.
          Contenidos que resalten la valía de denunciar un delito ante la autoridad correspondiente, así sea de manera anónima.
          Casos exitosos de denuncia ciudadana que hayan derivado en aprehensiones y sentencias.
          El conocimiento de los distintos canales institucionales y números telefónicos de atención de autoridades federales, estatales y locales ante los cuales la población denuncia la comisión de diversos delitos del orden federal y del orden común.
LXXIII. Que cada medio de comunicación defina y publique estándares de actuación profesional en su cobertura informativa que:
          Evite hacer apología del delito.
          Respete integralmente la dignidad de las víctimas.
          Evite la difusión de información que ponga en riesgo la seguridad de los familiares y personas cercanas a las víctimas.
          Establezca criterios que definan los casos en que la publicación de información se realice sin atribuirla a reporteros en lo particular, a fin de proteger su integridad.
LXXIV. Que los medios nacionales, estatales y locales den seguimiento puntual a los acuerdos asumidos en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública por cada uno de los firmantes del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, en el propio ámbito de sus responsabilidades.
          Que cada medio tome en cuenta los indicadores asumidos en el marco del Consejo por los firmantes y dé seguimiento a los acuerdos signados.
 
Décimo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su suscripción.
Dado en Palacio Nacional, Ciudad de México, a 21 de agosto de 2008.- Por el Poder Ejecutivo: el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo.- Rúbrica.- El Secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza.- Rúbrica.- El Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora-Icaza.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler.- Rúbrica.- El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Roberto Campa Cifrián.- Rúbrica.- El Secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.- Rúbrica.- El Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens Carstens.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo.- Rúbrica.- El Secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos.- Rúbrica.- Por los Gobiernos de los Estados: la Gobernadora Constitucional del Estado de Yucatán, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala, Héctor Ortiz Ortiz.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, Andrés Granier Melo.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Campeche, Jorge Carlos Hurtado Valdez.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Emilio González Márquez.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Durango, Ismael Hernández Deras.- Rúbrica.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Luis Ebrard Casaubon.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, Miguel Osorio Chong.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de México, Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Colima, Silverio Cavazos Ceballos.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, Francisco Garrido Patrón.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, Ulises Ruíz Ortiz.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, Ney González Sánchez.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, Leonel Godoy Rangel.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, José Eduardo Robinson Bours Castelo.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, Jesús Marcelo de los Santos Fraga.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, Humberto Moreira Valdés.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, Juan José Sabines Guerrero.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño.- Rúbrica.- La Gobernadora Constitucional del Estado de Zacatecas, Amalia García Medina.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, Félix González Canto.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, Mario Marín Torres.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Natividad González Parás.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo.- Rúbrica.- Por el Poder Legislativo: la Presidenta de la Mesa Directiva, de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta Salgado.- Rúbrica.- El Presidente de la Mesa Directiva, de la LX Legislatura del Senado de la República, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.- Por el Poder Judicial: El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.- Rúbrica.- Por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández.- Rúbrica.- Por los Gobiernos Municipales: el Presidente Municipal de Querétaro y Presidente de la ANAC, Manuel González Valle.- Rúbrica.- El Presidente Municipal de Pachuca, Hidalgo y Presidente de la CONAMM, Omar Fayad Meneses.- Rúbrica.- El Presidente Municipal de Naucalpan, Estado de México y Presidente de la AMMAC, José Luis Duran Reveles.- Rúbrica.- El Presidente Municipal de Villahermosa, Tabasco y Presidente de la FENAMN, Evaristo Hernández Cruz.- Rúbrica.- El Presidente Municipal de Ecatepec, Estado de México y Presidente de la AALMAC, José Luis Gutiérrez Cureño.- Rúbrica.- Por los Medios de Comunicación: CIRT, Enrique Pereda Gomez.- Rúbrica.- Grupo Multimedios, Francisco González Albuerne.- El Universal, Juan Francisco Ealy Junior.- Rúbrica.- El Economista, Ricardo Medina Macias.- Rúbrica.- El Financiero, Rogelio Cárdenas Estandía.- Crónica, Jorge Kawaghi.- Asociación de Editores de los Estados, Luis Alberto Vidal Cirett.- Rúbrica.- Asociación Mexicana de Editores, Gonzalo Leaño Reyes.- Rúbrica.- Consejo de la Comunicación, Salvador Villalobos Gomez.- Rúbrica.- CANITEC, Alejandro Puente Cordoba.- Rúbrica.- Uno mas Uno, Naim Libien Kaui.- NOTMUSA, Carlos Flores Núñez.- Por las Organizaciones Sociales: la Presidenta del Consejo Nacional de México Unido Contra la Delincuencia, María Elena Morera de Galindo.- Rúbrica.- El Presidente de la Fundación Fernando Martí, Alejandro Martí.- Rúbrica.- Por las Organizaciones Empresariales: el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Armando Paredes Arroyo.- Rúbrica.- Por las Organizaciones Sindicales y Campesinas: el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Valdemar Gutiérrez Fragoso.- La Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo Morales.- Rúbrica.- El Secretario General del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Francisco Hernández Juárez.- El Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Antonio Romero Deschamps.- Rúbrica.- El Presidente del Congreso del Trabajo y Secretario General de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios, Enrique Aguilar Borrego.- Rúbrica.- El Presidente de la Alianza Sindical Mexicana y Secretario General de la Confederación Mexicana Sindical, Roberto Ruiz Ángeles.- Rúbrica.- El Secretario General de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Isaías González Cuevas.- Rúbrica.- El Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Agustín Rodríguez Fuentes.- El Secretario General de la Confederación Nacional Campesina, Cruz López Aguilar.- El Presidente de la Federación de Sindicatos del Sector Aéreo y Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio de las Líneas Aéreas "Independencia", Tomás del Toro del Villar.- Rúbrica.- Líderes Religiosos: Por la Iglesia Católica, el Secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano, José Leopoldo González González.- Rúbrica.- Por la Religión Judía de México: el Director General y Apoderado del Comité Central de la Comunidad Judía, Mauricio Lulka.- Rúbrica.- Por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Elder Octaviano Tenorio.- Rúbrica.- Por la Iglesia Bautista: el Presidente de la Convención Nacional Bautista de México, José Trinidad Bonilla.- Por la Iglesia Ortodoxa: el Arzobispo Metropolitano de la Iglesia Católica, Apostólica Ortodoxa, Antonio Chedraoui.- Por los Testigos de Jehová: el Representante de la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, Alejandro Rivera Gil.- Por la Iglesia Adventista: el Apoderado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, José Hayasaka.- Rúbrica.- El Representante de la Asamblea de Dios, Daniel de los Reyes Villareal.- Por la Iglesia Presbiteriana: el Representante de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, Saúl Feria Acosta.- Testigo de Honor: el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa.- Rúbrica.
 

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