DOF: 12/07/2010
ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección

ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función Pública.

SALVADOR VEGA CASILLAS, Secretario de la Función Pública, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37, fracciones II, IV, V, VI, VII y VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 307 y 309 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y, 1 y 6, fracciones I y XXIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y
CONSIDERANDO
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece como estrategia para lograr el objetivo 10 del Eje Rector "Estado de Derecho y Seguridad", la ampliación de los programas de simplificación administrativa y mejora regulatoria en toda la administración pública, procurando que los cambios tengan un impacto directo en el combate a la discrecionalidad, la arbitrariedad o la corrupción;
Que en ese sentido, el Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012, en su estrategia 2.3 "Simplificar la regulación que rige a las instituciones y su interacción con la sociedad", establece como una línea de acción, mejorar el marco normativo de las instituciones a través del proceso de calidad regulatoria para lograr mayor agilidad, certidumbre y menores costos de operación para la institución y los particulares;
Que asimismo el referido Programa, reconoce como postulado para mejorar la gestión de las instituciones, reformar el marco regulatorio de aplicación obligatoria a toda la Administración Pública Federal, mediante las estrategias tendientes a simplificar la regulación que rige a las instituciones y su interacción con la sociedad, así como a mejorar las políticas, normas y disposiciones de carácter general que emiten las instancias globalizadoras o instituciones coordinadoras de sector;
Que el Ejecutivo Federal, en su mensaje dirigido a la Nación con motivo de la presentación al H. Congreso de la Unión del Tercer Informe de Gobierno, se comprometió a llevar a cabo un proceso de desregulación a fondo de la normatividad de la Administración Pública Federal, con el objetivo de reducir y simplificar al máximo las disposiciones administrativas, eliminar toda aquella regulación, requisitos, duplicidad de información y trámites innecesarios que permitan consolidar un régimen de certidumbre jurídica, en donde la plena eficacia de las normas aplicables a particulares y a gobernantes, les garantice el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. Este proceso de desregulación implica dejar sin efectos una de cada dos disposiciones;
Que la Secretaría a mi cargo cuenta con atribuciones para organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación administrativa, así como para realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis que al efecto se requieran, y dictar las disposiciones administrativas correspondientes para las propias dependencias y entidades;
Que en este sentido, el Ejecutivo Federal instruyó a esta Secretaría para emitir, por sí o con la participación de las dependencias competentes, disposiciones, políticas o estrategias, acciones o criterios de carácter general y procedimientos uniformes para la Administración Pública Federal y, en lo conducente, para la Procuraduría General de la República en materia de auditoría; adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público; control interno; obra pública y servicios relacionados con las mismas; recursos humanos; recursos materiales; recursos financieros; tecnologías de la información y comunicaciones, y de transparencia y rendición de cuentas, y que las dependencias y entidades así como la citada Procuraduría procedan a dejar sin efectos todas aquellas disposiciones, lineamientos, oficios circulares, procedimientos y demás instrumentos normativos emitidos al interior de sus instituciones, en esas materias;
 
Que en este contexto, se revisó el marco jurídico aplicable en materia de auditorías, para identificar aquellas disposiciones, tanto de carácter general como interno, que en la actualidad se encuentran obsoletas o no garantizan procesos, trámites y servicios eficaces, o bien, respecto de las cuales existe duplicidad y por tanto, sobreregulación e incluso, contradicción, y de esa manera dejar sin efectos aquéllas disposiciones cuya vigencia no se justifique;
Que el presente Acuerdo tiene por objeto abrogar las disposiciones administrativas emitidas por esta Secretaría que se ubican en los supuestos señalados en el considerando anterior, y paralelamente, sistematizar y codificar aquéllas que seguirán siendo aplicables, a fin de integrar en un sólo instrumento normativo las disposiciones administrativas y principales procedimientos que en materia de auditoría estarán obligadas a observar las unidades fiscalizadoras al practicar auditorías, en su caso, las visitas de inspección a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a la Procuraduría General de la República, y
Que el citado instrumento jurídico permitirá contar con disposiciones, bases y criterios, de carácter general uniformes para la Administración Pública Federal y, cuando corresponda, para la Procuraduría General de la República, lo que propiciará el aprovechamiento y aplicación eficiente de los recursos con que cuentan, redundará en el mejoramiento de las políticas y normas de aplicación general y, en consecuencia, en el incremento de la efectividad de las instituciones públicas, he tenido a bien emitir el siguiente
ACUERDO
ARTICULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto dictar las disposiciones y bases para realizar las auditorías, revisiones y visitas de inspección a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a los fideicomisos públicos no paraestatales, mandatos y contratos análogos; y reducir y simplificar la regulación administrativa en esa materia, con la finalidad de aprovechar y aplicar de manera eficiente los recursos y los procedimientos técnicos con que cuentan dichas instituciones y esta Secretaría de la Función Pública.
ARTICULO SEGUNDO.- Para el cumplimiento de lo previsto en el artículo primero de este Acuerdo, se abrogan las siguientes disposiciones:
"1.    Manual General de Auditoría Gubernamental, emitido en enero de 1991;
2.     Guía de Auditoría a Fondos y Valores, emitida en marzo de 2000;
3.     Guía de Auditoría a la aplicación de estímulos a la productividad, eficiencia y calidad en favor de los servidores públicos de las dependencias y entidades, emitida en marzo de 2000;
4.     Guía de Auditoría a Servicios Personales, emitida en marzo de 2000;
5.     Guía de Auditoría de Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo, emitida en marzo de 2000;
6.     Guía de Auditoría de Arrendamiento, Enajenación y Adquisición de Bienes Inmuebles, emitida en marzo de 2000;
7.     Guía de Auditoría de Proveedores o Contratistas que hayan incurrido en los supuestos de los artículos 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ó 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como la elaboración e integración de los expedientes correspondientes, emitida en marzo de 2000;
8.     Guía de Auditoría de Servicios, emitida en marzo de 2000;
9.     Guía de Auditoría a Presupuestos, emitida en abril 2000;
10.   Guía de Auditoría para la Revisión del Sistema de Contabilidad, emitida en septiembre de 2000;
11.   Guía de Auditoría de Sistemas Informáticos, emitida en marzo de 2001;
12.   Guía de Auditoría al Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, emitida en
septiembre de 2006;
13.   Guía de Auditoría al Desempeño de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, emitida en diciembre de 2006;
14.   Guía de Auditoría de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, emitidas en 2006 y 2009;
15.   Guía para la Solicitud de Documentación y Datos a Proveedores, Contratistas y/o Prestadores de Servicios, emitida en septiembre de 2007;
16.   Guía de Auditoría de Seguros de Personas y de Bienes Contratados por la Administración Pública Federal, emitida en diciembre de 2007;
17.   Guía de Auditoría para las Operaciones de Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la Administración Pública Federal Centralizada, emitida en septiembre de 2009;
18.   Guías para la Elaboración de Informes e Integración de Expedientes de Casos de Presuntas Responsabilidades de Servidores Públicos, emitidas en marzo de 2004, septiembre de 2006 y septiembre de 2009;
19.   Guía de Auditoría al Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (Subsistema de Ingreso), emitida en noviembre de 2009, y
20.   Guías de Auditoría al Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (Subsistema de Evaluación del Desempeño), emitidas en enero de 2008 y en enero de 2010."
ARTICULO TERCERO.- En términos del artículo primero de este Acuerdo, se emiten las siguientes:
"DISPOSICIONES GENERALES PARA LA REALIZACION DE AUDITORIAS, REVISIONES Y VISITAS DE
INSPECCION
CAPITULO I
Del Ambito de Aplicación y Definiciones
1. Las presentes disposiciones generales tienen por objeto establecer las bases que se deberán observar para la práctica de auditorías, revisiones y visitas de inspección a las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República, así como a los fideicomisos públicos no paraestatales, mandatos y contratos análogos, por parte de las unidades fiscalizadoras y la Contraloría Interna.
La Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, conforme al ámbito de sus atribuciones, aplicará las presentes disposiciones.
2. Para los efectos de las presentes disposiciones generales, se entiende por:
I.     Auditor: A la persona que se encuentra señalada en la orden de auditoría para su realización;
II.     Contraloría Interna: A la Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública;
III.    Dependencias: A las secretarías de Estado, incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, así como las unidades administrativas de la Presidencia de la República, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y a la Procuraduría General de la República;
IV.   Disposiciones: A las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección;
V.    Entidades: A los organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal
mayoritaria y fideicomisos públicos que en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, sean considerados entidades de la Administración Pública Federal Paraestatal;
VI.   Fideicomisos públicos no paraestatales: A los constituidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de fideicomitente única de la Administración Pública Federal Centralizada o por alguna entidad de la Administración Pública Federal Paraestatal en términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables y que no son considerados entidades paraestatales;
VII.   Informe de presunta responsabilidad administrativa: Al documento que contiene la denuncia de hechos que presume incumplimientos a las obligaciones de los servidores públicos;
VIII.  LFRASP: A la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;
IX.   Mandatos y contratos análogos: A los celebrados por las dependencias y entidades en términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables y que involucren recursos públicos federales;
X.    Programa (s) anual (es): Al programa anual de trabajo de auditorías;
XI.   Organo Interno de Control: A los Organos Internos de Control en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República;
XII.   RLFPRH: Al Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
XIII.  Secretaría: A la Secretaría de la Función Pública;
XIV. Titular de la Unidad auditada: Al servidor público a quien se dirige la orden de auditoría;
XV.  Unidad (es) fiscalizadora (s): A los entes fiscalizadores, como son la Unidad de Auditoría Gubernamental; la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública, la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social; los Titulares de los Organos Internos de Control en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República, así como a los Titulares de las Areas de Auditoría, y
XVI. Unidad (es) auditada (s): A la unidad administrativa o área de la dependencia o entidad a la que se dirige las auditorías.
CAPITULO II
De los Responsables de su Aplicación, Seguimiento y Vigilancia
3. Los Titulares de las dependencias y entidades, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, serán los encargados de instruir las medidas y acciones necesarias para facilitar al o los auditores el acceso a las instalaciones, documentos y demás información necesaria para llevar a cabo las auditorías, revisiones y las visitas de inspección.
Los servidores públicos de las dependencias y entidades deberán proporcionar, en los términos y plazos que les sean solicitados, los informes, documentos y, en general, los datos y cooperación técnica para realizar las auditorías, revisiones y visitas de inspección.
4. Corresponde a las Unidades fiscalizadoras y a la Contraloría Interna, aplicar en el ámbito de sus respectivas atribuciones, las presentes disposiciones.
CAPITULO III
De las Generalidades de las Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección
5. Las auditorías, revisiones y visitas de inspección tendrán por objeto examinar las operaciones
cualesquiera que sea su naturaleza de las dependencias, entidades, fideicomisos públicos no paraestatales, mandatos y contratos análogos, para entre otros, verificar los estados financieros; los resultados de operación en las entidades; si la utilización de los recursos se ha realizado en forma eficiente en las dependencias; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente con una orientación a resultados, para determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se han administrado los recursos públicos que fueron suministrados y comprobar si en el desarrollo de las actividades, los servidores públicos han cumplido con las disposiciones aplicables y han observado los principios que rigen al servicio público.
Cuando de las auditorías, revisiones o visitas de inspección, se desprendan probables infracciones cometidas por licitantes, contratistas, proveedores o prestadores de servicios, a las Leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se deberá denunciar ante la autoridad competente.
6. Los programas anuales de auditoría y los mapas de riesgo, que servirán como base para la planeación de las auditorías, estarán enfocados primordialmente a prevenir y combatir la corrupción y abatir la impunidad, mediante la atención y revisión de las áreas de trámites, servicios y procesos críticos o proclives a la corrupción, proyectos de inversión relevantes, programas prioritarios, estratégicos o con asignaciones presupuestarias significativas, así como a los rubros con alta incidencia y recurrencia de observaciones, que tengan alto impacto en el presupuesto, programas, procesos o servicios que presta la dependencia o entidad auditada.
Lo anterior, no será aplicable a las revisiones y visitas de inspección.
7. En los casos, en que la Unidad auditada o el servidor público con quien se entienda la auditoría, la revisión o la visita de inspección, impida el acceso a las instalaciones, deje de atender la solicitud de documentación o de información; se le requerirá mediante oficio para que permita el acceso o la proporcione en un plazo no mayor de tres días hábiles, invocando al efecto las obligaciones señaladas en los artículos 8o., fracciones IV y XVI, de la LFRASP y 310 del RLFPRH, y apercibiéndosele que en caso de incumplimiento, según lo previsto en el artículo 32 de la citada Ley, podrá imponérseles de manera gradual:
I.     Multa de hasta veinte veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, y
II.    El uso de la fuerza pública para obtener la información.
De persistir el incumplimiento a los requerimientos formulados por las Unidades fiscalizadoras o la Contraloría Interna, remitirá el expediente en que se actúa en original o copia certificada, a la autoridad competente para que, de resultar procedente se inicie el procedimiento de responsabilidades administrativas y, en su caso, la remisión ante el Ministerio Público Federal.
Lo anterior, bajo ninguna circunstancia releva a la Unidad auditada de la obligación de permitir el acceso o entregar la documentación solicitada.
8. Si en la ejecución de la auditoría se detectan hallazgos de alto impacto por actos indebidos, a juicio del auditor responsable, éste deberá concentrar la atención del grupo de auditores a documentarlos, para acreditar las posibles infracciones a las hipótesis contenidas en el artículo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
9. Las auditorías, revisiones o visitas de inspección, así como los Informes de presunta responsabilidad administrativa, deberán clasificarse y desclasificarse en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las leyes específicas y demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables.
10. El auditor responsable de coordinar la ejecución de la auditoría, verificará que el auditor supervisor de la ejecución de la misma, se apegue a las presentes disposiciones, quien a su vez verificará que las actividades de los auditores al realizar la auditoría se ajusten a las mismas.
 
Los Jefes de Grupo serán los auditores responsables. En las auditorías que realicen los Organos Internos de Control, deberá expresamente señalarse en la orden de auditoría respectiva, quien será el Auditor responsable.
CAPITULO IV
De la Programación de las Auditorías
11. Los titulares de los Organos Internos de Control elaborarán un programa anual que enviarán a la Unidad de Control de la Gestión Pública de la Secretaría, a más tardar el 30 de noviembre del año inmediato anterior al inicio de su vigencia, para su registro.
12. El programa anual, contendrá:
I.     Número y tipo de auditorías a realizar incluyendo el seguimiento de observaciones;
II.    Unidades administrativas, programas y actividades a examinar;
III.    Periodos estimados de realización, y
IV.   Días o Semanas hombre a utilizar.
Las Unidades de Auditoría Gubernamental, de Control y Auditoría a Obra Pública y, de Operación Regional y Contraloría Social, revisarán y coordinarán la elaboración de los programas anuales, con la intervención que corresponda a las Subsecretarías de Atención Ciudadana y Normatividad y, de la Función Pública. Asimismo, supervisarán la ejecución de los mismos, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Los Organos Internos de Control podrán adicionar, cancelar o reprogramar las auditorías, debiendo obtener previamente la aprobación de los titulares de las Auditoría Gubernamental, de Control y Auditoría a Obra Pública y, de Operación Regional y Contraloría Social, o de aquél, que éstos autoricen.
Las Unidades fiscalizadoras y la Contraloría Interna, elaborarán y enviarán su programa anual en el término antes mencionado y comunicarán en su caso, las modificaciones efectuadas a la Unidad de Control de la Gestión Pública de la Secretaría, para su registro y fines estadísticos.
13. El programa anual de los Organos Internos de Control deberá estar orientado a los procesos y áreas con mayor riesgo de las dependencias y entidades, que contribuya principalmente a disminuir los niveles de corrupción; propiciar la eficiencia y la eficacia en la ejecución de los programas y en el ejercicio del gasto, así como la satisfacción de los objetivos a los que están destinados; el apego a la legalidad; así como la transparencia y rendición de cuentas. Para tal fin los titulares de los Organos Internos de Control deberán:
I.     Realizar una investigación previa para determinar las áreas, trámites, servicios y procesos críticos o proclives a la corrupción, proyectos de inversión relevantes, programas prioritarios, estratégicos o con asignaciones presupuestarias significativas, así como los rubros con alta incidencia y recurrencia de observaciones. Dicha investigación servirá para elaborar el mapa de riesgos que integre el Organo Interno de Control;
II.     Considerar los riesgos determinados por la dependencia o entidad que puedan afectar el logro de sus objetivos, programas y metas;
III.    Contrastar el mapa de riesgos, con el que haya formulado la dependencia o entidad en cuestión. Para lo anterior, los Comisarios y Delegados de cada sector deberán coordinarse con el Titular del Organo Interno de Control respectivo, y
IV.   Observar los lineamientos generales para la formulación de los programas de trabajo.
El programa anual formará parte del programa de trabajo de los Organos Internos de Control.
CAPITULO V
De la Práctica de la Auditoría
 
14. La práctica de la auditoría se llevará a cabo mediante mandamiento escrito emitido por el servidor público de la Unidad Fiscalizadora o de la Contraloría Interna, facultado para ello, denominada orden de auditoría, la cual deberá contener:
I.     Nombre del titular de la Unidad auditada;
II.     Nombre de la unidad administrativa a la que se practicará la auditoría, así como el domicilio donde habrá de efectuarse;
III.    Fundamento jurídico;
IV.   Nombre de los auditores que la practicarán; mencionando a los responsables de coordinar y supervisar la ejecución de la auditoría, y
V.    Objeto de la auditoría y periodo que se revisará.
15. Previo al inicio de la auditoría, la orden correspondiente se entregará por cualquiera de los designados en la misma, que practicarán la auditoría, conforme a lo siguiente:
I.     Los auditores que se presenten a entregar la orden de auditoría deberán hacerlo ante el Titular de la Unidad auditada, se identificarán y entregarán dicha orden, obteniendo de su puño y letra el acuse de recibo correspondiente, así como el sello oficial de la Unidad auditada;
II.     Una vez entregada la orden de auditoría, se elaborará un acta en dos ejemplares, para hacer constar el inicio de la auditoría, la cual contendrá lo siguiente:
1.   Lugar, fecha y hora de su inicio;
2.   Nombre, cargo e identificación de los auditores que entregaron la orden de auditoría;
3.   Nombre, cargo e identificación del Titular de la Unidad auditada;
4.   Nombre, cargo e identificación de los que participarán como testigos, quienes podrán ser designados por el Titular de la Unidad auditada, y en caso de que se niegue a designarlos, por los auditores actuantes;
5.   Mención de que se realizó la entrega formal de la orden de auditoría y de que se expuso al Titular de la Unidad auditada, el objeto de la auditoría y el periodo que se revisará;
6.   Nombre, cargo e identificación del servidor público que atenderá los requerimientos de información relacionados con la auditoría, debiendo ser el Titular de la Unidad auditada o el designado por éste;
7.   Apercibimiento para que el Titular de la Unidad auditada, se conduzca con verdad, y la manifestación de que se le hizo de conocimiento las penas y sanciones en que puede incurrir en caso de no hacerlo, en los términos de lo previsto en los artículos 247, fracción I, del Código Penal Federal y 8o., fracción XVI de la LFRASP, y
8.   Fecha y hora de su conclusión.
III.    Recabar las firmas de las personas que intervinieron en el acto y entregar un ejemplar al Titular de la Unidad auditada. Si se negaren a firmar se hará constar en el acta, sin que esta circunstancia afecte el valor probatorio del documento y, se turnará a la autoridad competente para instrumentar el procedimiento de responsabilidades administrativas.
Una vez suscrita el acta de inicio, se deberá entregar al Titular de la Unidad auditada, la solicitud inicial de documentación necesaria para la práctica de la auditoría.
16. La ejecución de la auditoría deberá realizarse en un plazo no mayor de 3 meses, contados a partir de
la fecha de la entrega de la orden correspondiente y hasta la entrega del informe de auditoría. Dicho plazo podrá ampliarse hasta por 3 meses más, a juicio de los titulares de las Unidades fiscalizadoras o de la Contraloría Interna.
De requerirse un plazo mayor, los titulares de los Organos Internos de Control, solicitarán a las Unidades de Auditoría Gubernamental, de Control y Auditoría a Obra Pública y, de Operación Regional y Contraloría Social, en el ámbito de sus respectivas competencias, la autorización de su ampliación, misma que será otorgada previo análisis de la justificación respectiva.
Tratándose de las Unidades de Auditoría Gubernamental, de Control y Auditoría a Obra Pública y, de Operación Regional y Contraloría Social la autorización de ampliación la otorgará el Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública.
En el caso de la Contraloría Interna, las ampliaciones serán autorizadas por su titular.
17. El Titular de la Unidad auditada y/o el servidor público designado para atender los requerimientos de información deberán proporcionar de manera oportuna y veraz los informes, documentos, y en general todos aquellos datos necesarios para la realización de la auditoría en los plazos en que le sean solicitados, mismos que no deberán exceder de 5 días hábiles.
En caso de que existan circunstancias que impidan proporcionar la información en el plazo inicialmente concedido, se podrá otorgar un plazo adicional, previa solicitud por escrito de dichos servidores públicos.
18. Si durante la ejecución de la auditoría, se requiere ampliar, reducir o sustituir a los auditores, así como modificar el objeto o el periodo a revisar, se hará del conocimiento del Titular de la Unidad auditada, mediante oficio suscrito por el titular de la Unidad fiscalizadora o de la Contraloría Interna, que emitió la orden de auditoría o por quien lo supla en su ausencia.
19. Los auditores que practicarán la auditoría deberán cumplir con lo siguiente:
I.     Elaborar el programa de trabajo de la auditoría que describa las actividades a desarrollar y el tiempo estimado para su ejecución;
II.     Determinar el universo, alcance o muestra y procedimientos de auditoría que se aplicarán en la ejecución de la auditoría;
III.    Registrar en cédulas de auditoría, el trabajo desarrollado y las conclusiones alcanzadas, las cuales conjuntamente con la documentación proporcionada por el Titular de la Unidad auditada o por el servidor público con quien se entienda la auditoría o visita, formarán parte de los papeles de trabajo, y
IV.   Recabar la documentación que acredite las observaciones determinadas.
20. Los resultados que determinen presuntas irregularidades o incumplimientos normativos se harán constar en cédulas de observaciones, las cuales contendrán:
I.     La descripción de las observaciones;
II.     En su caso el monto del presunto daño patrimonial y/o perjuicio;
III.    Las disposiciones legales y normativas incumplidas;
IV.   Las recomendaciones para contribuir a la solución de los hechos observados;
V.    El nombre, cargo y firma del Titular de la Unidad auditada, de los servidores públicos directamente responsables de atender las observaciones planteadas y de los auditores responsables de coordinar y de supervisar la ejecución de la auditoría, y
VI.   La fecha de firma y del compromiso para la solventación de las observaciones.
 
La presentación de las observaciones se llevará a cabo en reunión ante el Titular de la Unidad auditada, mismas que se formalizarán con la firma de las cédulas de observaciones.
Cuando el servidor público se negara a firmar las referidas cédulas, los auditores deberán elaborar un acta, en la que se hará constar que se le dió a conocer el contenido de las observaciones y se asentará su negativa a firmarlas, esta última circunstancia no invalidará el acto ni impedirá que surta sus efectos.
El Titular de la Unidad auditada contará con un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente en que fueron suscritas las cédulas de observaciones, para en su caso, solventar las observaciones resultantes.
21. Los resultados determinados en la auditoría se darán a conocer al Titular de la Unidad auditada, al Titular de la dependencia o entidad, así como a los demás servidores públicos que en cada caso se requiera, a través de documento denominado Informe de Auditoría.
Dicho informe se hará llegar, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contado a partir de que se suscriban las cédulas de observaciones.
El informe de auditoría, se integrará con los antecedentes previos a la auditoría; el objeto y periodo revisado; los trabajos desarrollados; la conclusión y las respectivas cédulas de observaciones. Cuando la auditoría no permita determinar observación alguna, el informe se comunicará dentro del plazo establecido para realizar la auditoría.
Los hallazgos y las cédulas preliminares podrán comentarse durante la auditoría previamente a su presentación para firma.
22. Los titulares de los Organos Internos de Control deberán reportar para control y seguimiento, a la Unidad de Control de la Gestión Pública, en los medios que para el efecto se establezcan, los resultados obtenidos de la práctica de auditorías, conforme a las condiciones y plazos señalados en el mismo. Las Unidades fiscalizadoras y la Contraloría Interna lo harán de la misma manera, para fines estadísticos.
CAPITULO VI
Del Seguimiento de las Observaciones
23. El Titular de la Unidad auditada remitirá a los titulares de las Unidades fiscalizadoras y de la Contraloría Interna, según corresponda, dentro de los 45 días hábiles, la documentación que compruebe las acciones realizadas para la atención de las observaciones.
Una vez revisada la documentación remitida por el Titular de la Unidad auditada, el resultado se hará constar en cédulas de seguimiento, mismas que contendrán la descripción de la observación; las recomendaciones planteadas y las acciones realizadas, así como el nombre, cargo y firma de los auditores responsables de coordinar y supervisar su ejecución.
Cuando resulte insuficiente la información que para solventar las observaciones presente el Titular de la Unidad auditada, los titulares de las Unidades fiscalizadoras y de la Contraloría Interna, deberán promover su atención a través de requerimientos de información.
De no solventarse las observaciones se hará del conocimiento de la autoridad competente para instrumentar el procedimiento correspondiente.
24. El resultado del seguimiento se remitirá trimestralmente al Titular de la Unidad auditada y se hará del conocimiento del Titular de la dependencia o entidad y de los servidores públicos que en cada caso se requiera, mediante el informe respectivo, el cual contendrá el oficio de envío y las cédulas de seguimiento.
Si derivado del seguimiento de las observaciones se determinan actos u omisiones de servidores públicos en el desempeño de sus funciones que pudieran constituir responsabilidad administrativa, se turnará, para los efectos procedentes, a la autoridad competente.
 
Los Organos Internos de Control deberán reportar a la Unidad de Control de la Gestión Pública, en los medios que para tal efecto establezca, los resultados obtenidos para su control y seguimiento. Las Unidades fiscalizadoras y la Contraloría Interna lo harán únicamente para fines estadísticos.
CAPITULO VII
De la Determinación de Irregularidades con Presunta Responsabilidad Administrativa
25. Los actos u omisiones con presunta responsabilidad administrativa determinados en la auditoría, revisiones, visita de inspección o en el seguimiento de las observaciones se harán constar en un informe de presunta responsabilidad administrativa, al cual se deberán anexar las constancias originales o en su caso copias certificadas que acrediten la comisión de los actos u omisiones en que incurrieron los servidores públicos, así como de sus expedientes personales.
Dicho informe deberá ser elaborado por el auditor responsable, y para ello se podrá auxiliar del Area de Responsabilidades de los Organos Internos de Control. En el caso de las Unidades de Auditoría Gubernamental, de Control y Auditoría a Obra Pública y, de Operación Regional y Contraloría Social, se podrán auxiliar de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.
En caso de requerirse el auxilio, de las áreas de responsabilidades de los Organos Internos de Control o de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, éstas designarán un servidor público como asesor, a efecto de que brinde asesoría no vinculante al auditor responsable, desde el inicio de elaboración de dicho informe, hasta su conclusión.
En la Contraloría Interna, la Dirección General Adjunta de Auditoría podrá solicitar para la elaboración de los informes de presunta responsabilidad administrativa, a la Dirección General Adjunta de Responsabilidades e Inconformidades, en el ámbito de competencia de esta última, su opinión y en su caso asesoría no vinculante para la elaboración de dicho informe.
26. El informe de presunta responsabilidad administrativa deberá contener lo siguiente:
I.     Proemio:
       Nombre de los auditores que elaboraron el informe, número de la auditoría, nombre de la Unidad auditada, objeto y periodo revisado;
II.     Antecedentes de la auditoría:
1.   Fecha y número de la orden de auditoría; nombre y cargo del servidor público a quien se dirigió y de quien la emitió, así como el objeto de la auditoría;
2.   Fecha, nombre y cargo del servidor público que recibió la orden de auditoría;
3.   Datos del acta de inicio de auditoría;
4.   En caso de sustitución, ampliación o reducción de los auditores y/o de la modificación del objeto o del periodo revisado, mencionar los datos del oficio con el que se informó al Titular de la Unidad auditada;
5.   Fecha y número del informe de auditoría con el que se dieron a conocer los resultados de la misma;
III.    Hechos:
       Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los actos u omisiones con presunta responsabilidad administrativa;
IV.   Presunto daño patrimonial y/o perjuicio:
       Monto del presunto daño o perjuicio ocasionado por los actos u omisiones en que incurrieron los
presuntos responsables;
V.    Presuntos responsables y precisión de las irregularidades:
       Nombre, cargo y área de adscripción de los presuntos responsables, así como la descripción de los actos u omisiones en que incurrieron y el periodo en que se cometieron;
VI.   Conclusiones del informe, y
VII.   Datos de los auditores que elaboraron el informe:
       Nombre, cargo y firma de los auditores que elaboraron el informe.
27. Una vez elaborado el informe de presunta responsabilidad administrativa, deberá ser remitido a la autoridad competente, acompañado de las constancias en que se sustente éste. En todo momento se deberán tener presentes las fechas en que se cometieron dichos actos u omisiones, a fin de evitar la prescripción de las facultades de dicha autoridad para imponer sanciones, establecidas en la LFRASP.
En el caso de que se identificaran conductas presumiblemente constitutivas de delito, los Organos Internos de Control realizarán las acciones que corresponda en términos de las disposiciones aplicables, en su caso, solicitarán la opinión de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría. Asimismo, cuando se trate de casos de alto impacto por actos indebidos en relación con el ejercicio del gasto, de seguridad nacional o de seguridad pública, de carácter estructural u organizacional, social o político, los titulares de los Organos Internos de Control deberán hacerlo del conocimiento de los titulares de las Unidades de Auditoría Gubernamental, de Control y Auditoría a Obra Pública y, de Operación Regional y Contraloría Social, para que en el ámbito de su competencia, coordinen las acciones necesarias para su debido cauce.
28. Las revisiones y visitas de inspección que practiquen las Unidades fiscalizadoras y la Contraloría Interna, en cumplimiento de sus atribuciones, se sujetarán en lo procedente a las presentes Disposiciones."
ARTICULO CUARTO.- La interpretación para efectos administrativos, del presente Acuerdo, así como la resolución de los casos no previstos en el mismo, corresponderá a la Unidad de Auditoría Gubernamental.
ARTICULO QUINTO.- Las Disposiciones a que se refiere el presente Acuerdo deberán revisarse, cuando menos una vez al año, por la Unidad de Auditoría Gubernamental, para efectos de su actualización.
ARTICULO SEXTO.- La Contraloría Interna de la Secretaría, vigilará el cumplimiento de lo dispuesto por el presente Acuerdo.
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a los 20 días hábiles siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Todos aquellas auditorías, revisiones y visitas de inspección, así como procesos, trámites, autorizaciones y actos iniciados con base en las disposiciones que quedan sin efectos, deberán concluirse conforme a lo previsto en las mismas.
Tercero.- Para la elaboración de los programas anuales de trabajo de auditorías a partir del año 2011 se observará lo previsto en el presente Acuerdo.
Cuarto.- El cumplimiento a lo establecido en el presente Acuerdo se realizará con los recursos humanos, materiales y presupuestarios que tengan asignados las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República, por lo que no implicará la creación de estructuras ni la asignación de recursos adicionales.
 
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 7 de julio de 2010.- El Secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.- Rúbrica.
 

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