DOF: 23/04/2012
ACUERDO A/080/12 de la Procuradora General de la República, por el que se establecen las directrices que deberán observar los agentes de la policía federal ministerial para el uso legítimo de la fuerza

ACUERDO A/080/12 de la Procuradora General de la República, por el que se establecen las directrices que deberán observar los agentes de la policía federal ministerial para el uso legítimo de la fuerza.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República.

ACUERDO A/ 080 /12
ACUERDO DE LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DIRECTRICES QUE DEBERAN OBSERVAR LOS AGENTES DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL PARA EL USO LEGITIMO DE LA FUERZA.
MARISELA MORALES IBAÑEZ, Procuradora General de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 4, 5, 9 y 24 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 2, 5, 10 y 22 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y
CONSIDERANDO
Que el Plan Nacional de Desarrollo 20072012, en su eje 1, Estado de Derecho y Seguridad, Objetivo 12, Estrategia 12.2, establece la necesidad de asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar por su promoción y defensa, a través de acciones tendentes a actualizar el marco normativo para responder a las demandas y necesidades de la sociedad;
Que en concordancia con lo anterior, el Programa Sectorial de Procuración de Justicia 20072012, en su estrategia 6.1, busca fortalecer el respeto a las garantías individuales y los derechos humanos en todas las actuaciones ministeriales, impulsando el desarrollo de programas de capacitación y sensibilización en materia de derechos humanos;
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, señala que la seguridad pública, comprende la prevención de los delitos; así como la investigación y persecución para hacerla efectiva y que las instituciones de seguridad pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos;
Que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 64, fracción IX, establece que los agentes de la Policía Federal Ministerial deben hacer uso de la fuerza de manera racional y proporcional, con pleno respeto a los derechos humanos, manteniéndose dentro de los límites que marcan los procedimientos establecidos en los manuales respectivos, con el fin de preservar la vida y la integridad de las personas, evitando en la medida de lo posible el uso de la fuerza letal;
Que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley;
Que la finalidad de regular el uso de la fuerza consiste en que los agentes de la Policía Federal Ministerial cuenten con herramientas que los orienten a determinar el límite entre la conducta debida y el quebrantamiento de la norma, para lo que requiere comprender los conceptos de "necesidad de la defensa" y "racionalidad del medio empleado" que la ley prevé como límites para determinar si los actos de fuerza fueron empleados en legítima defensa o en cumplimiento del deber y por ende están justificados, o fueron excesivos o contrarios a derecho, y
Que la comprensión de cuándo se está ante el uso legítimo de la fuerza, presenta además la ventaja de que la autoridad que se ve en la necesidad de emplearla en legítima defensa o en cumplimiento de un deber, adquiere la certidumbre de que no trasgrede los preceptos legales y otros marcos de actuación que tienden al respeto de los derechos humanos, toda vez que está justificado su actuar por haber obrado conforme a esas causas de licitud previstas en la propia ley penal sustantiva; lo que le permitirá actuar con mayor seguridad y efectividad en la detención de indiciados, impedir que se siga cometiendo un delito o en defensa de bienes jurídicos tutelados por el derecho.
Que por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO
Capítulo I
 
Disposiciones Preliminares
PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las directrices que deberán aplicar los agentes de la Policía Federal Ministerial al momento de hacer uso legítimo de la fuerza, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, amparados por el cumplimiento del deber o en legítima defensa considerando el grado de riesgo y las características de la función que desempeña, con apego a las disposiciones legales vigentes, evitando en todo momento violaciones a los derechos humanos.
SEGUNDO.- Los agentes de la Policía Federal Ministerial deberán aplicar las técnicas y tácticas las cuales deberán ser legales, necesarias, proporcionales, racionales y oportunas para cumplir adecuadamente las funciones policiales, de acuerdo a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respetando los derechos humanos.
TERCERO.- Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá por:
I.     Actividades que vulneran los derechos humanos (tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes). Acción realizada por un servidor público que con motivo de sus atribuciones, inflinja a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.
       No se considerará tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad, lo anterior, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.
II.     Agresión. Comportamiento humano que pone en riesgo un bien jurídico propio o ajeno;
III.    Amenaza. Conducta tendente a causar daño al personal, vehículos, equipo o instalaciones de la Procuraduría General de la República, o bajo su responsabilidad;
IV.   Arma. Objeto, instrumento, máquina o artefacto destinado para atacar o defender;
V.    Armas de fuego. Dispositivo o instrumento portátil que tenga cañón y que lance, que esté concebida para lanzar o pueda transformase fácilmente para lanzar un balín, una bala o un proyectil por la acción de un explosivo;
VI.   Arma letal. Las que al ser utilizadas pueden ocasionar lesiones graves o la muerte;
VII.   Arma no letal. Las diseñadas para contrarrestar y controlar la violencia, agresividad u oposición que ejercen las personas; pero que no causa lesiones que pongan en peligro la vida;
VIII.  Autoridad. Agente de la Policía Federal Ministerial facultado para ejercer un acto de poder en forma legítima, cuando esté en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas;
IX.   Cumplimiento de un deber. Acto u omisión que lleva a cabo la autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, y que puede derivar de un mandato de autoridad competente o directamente del marco jurídico aplicable al caso de que se trata, siempre que exista la necesidad racional y proporcionalidad del medio empleado, siempre y cuando éste no se realice con el sólo propósito de perjudicar a otro;
X.    Derechos humanos. Derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición, en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano;
XI.   Detención. Restricción de la libertad de una persona por parte de la autoridad, dentro de los supuestos legales de flagrancia, caso urgente, orden de detención u orden de aprehensión, con la finalidad de ponerla a disposición de la autoridad competente;
XII.   Disuasión. Acción verbal o señal mediante la cual se induce a la persona a desistir de una intención, actividad, agresión o acto hostil, advirtiendo o avisando que de no hacerlo se usará la fuerza;
XIII.  Fuerza. Utilización de medios físicos para vencer una resistencia, empleados solamente en los casos que la ley estrictamente determine, de no ser así se violenta la procuración de justicia y se pone en
peligro la preservación de los derechos humanos;
XIV. Fuerza letal. La que puede causar daño físico severo, permanente o la muerte;
XV.  Fuerza no letal. La que no causa daño físico severo, permanente o la muerte;
XVI. Legítima defensa. Acción que ejecuta la autoridad para repeler una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, atendiendo a la necesidad de la defensa y a la racionalidad de los medios empleados para repelerla, y
XVII. Uso legítimo de la fuerza. La aplicación racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos de técnicas, tácticas y métodos de sometimiento por los cuerpos policiales sobre las personas que oponen resistencia a una detención que se lleva a cabo en cumplimiento del deber, ya sea que se trate de algún caso de flagrancia, caso urgente o en ejecución de una orden judicial o que se emplee en casos de legítima defensa.
Así como el empleo de la fuerza ejercida, la cual debe ser autorizada o permitida por la ley a la autoridad en acciones de sometimiento sobre las personas que se encuentran en los supuestos legales de flagrancia, caso urgente u orden de judicial; cuando opongan resistencia o pretendan darse a la fuga, o en cualquier otro supuesto de aplicación de la fuerza previsto en el presente instrumento.
CUARTO.- Los principios generales para el uso legítimo de la fuerza son los siguientes:
I.     Estricta necesidad. El empleo de la fuerza como último recurso y hasta que se agoten todos los medios de disuasión y niveles de fuerza disponibles y de empleo racionalmente idóneo;
II.     Legalidad. La actuación de la autoridad deberá apegarse a las disposiciones normativas y administrativas aplicables, realizándola conforme a derecho y con respeto a los derechos humanos, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano;
III.    Oportunidad. El actuar en el momento idóneo para lograr el resultado que se desea, o evitar la lesión al bien jurídico protegido;
IV.   Proporcionalidad. La fuerza que aplica la autoridad de una forma adecuada o equiparable en intensidad, duración y magnitud a la amenaza que se enfrentan o intentan repeler, y
V.    Racionalidad. La ponderación mediante la cual se valora el objetivo perseguido, las circunstancias del caso y las capacidades tanto de la persona a controlar como de la autoridad, cuando sea estrictamente necesario, y en la medida en que lo requiera el desempeño de sus tareas o de sus funciones para hacer cumplir la ley, siempre que se usen en la medida de lo posible los medios no violentos, antes de recurrir al empleo de la fuerza o de armas de fuego.
Capítulo II
Uso legítimo de la fuerza
QUINTO.- La autoridad podrá hacer uso legítimo de la fuerza en los casos en los que en cumplimiento de sus funciones deba:
I.     Someter a una persona que se resista a la detención en los casos de flagrancia o caso urgente;
II.     Cumplir con la ejecución de una orden de aprehensión o de cualquier otro mandamiento ministerial o judicial relacionado con una detención;
III.    Proteger o defender bienes jurídicos tutelados, o
IV.   Actuar en legítima defensa derivada de las conductas que anteceden.
SEXTO.- La autoridad no empleará armas de fuego contra las personas, a menos que resulten insuficientes las medidas menos extremas para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones.
El uso de la fuerza será progresivo, es decir, gradualmente ascendente de manera que se vayan agotando los medios racionalmente disponibles para la protección de los bienes jurídicos.
SEPTIMO.- La autoridad en el desempeño de sus funciones, en los casos de legítima defensa o cumplimiento de un deber, debe recurrir a una escala racional del uso de la fuerza, desde los niveles menos graves de fuerza o no violentos. Los niveles más graves se utilizan solamente cuando los primeros resulten ineficaces, no garanticen el logro del resultado previsto o la situación no lo permita.
OCTAVO.- Los niveles para el uso legítimo de la fuerza, son los siguientes:
I.     Disuasión;
II.     Reducción física de movimientos;
III.    Utilización de fuerza no letal, y
IV.   Utilización de fuerza letal.
NOVENO.- La autoridad hará uso de la disuasión, mediante el empleo de medios acústicos, luminosos o mímicos, a efecto de establecer una comunicación con la persona requerida para que cumpla con la orden que realiza aquella en ejercicio de sus funciones.
En la medida de lo posible la autoridad utilizará la presencia persuasiva o disuasión, antes de recurrir a los otros niveles del uso legítimo de la fuerza. En este sentido, si las circunstancias lo permiten y no se compromete la vida o la integridad de ninguna persona, la autoridad deberá identificarse y expresar con voz fuerte y clara lo que se quiere ordenar, así como la advertencia de que en caso de que la persona oponga resistencia, se empleará un nivel distinto de uso legítimo de la fuerza.
DECIMO.- La autoridad podrá emplear la reducción física de movimientos, mediante técnicas, tácticas, métodos, procedimientos o instrumentos, para someter o inmovilizar de forma rápida y eficiente a la persona que oponga resistencia.
DECIMO PRIMERO.- La autoridad empleará la fuerza no letal, mediante técnicas de control y sometimiento o empleo de armas no letales, sobre los probables autores o partícipes de un delito, conforme al uso progresivo de la fuerza.
DECIMO SEGUNDO.- La autoridad podrá utilizar la fuerza letal, de forma racional y proporcional sobre blancos identificados, salvaguardando la integridad de todas las personas, conforme a los lineamientos aplicables.
DECIMO TERCERO.- La autoridad emplearán armas de fuego en contra de las personas, cuando deba repeler una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende.
DECIMO CUARTO.- La autoridad para evitar la fuga del agresor, podrá hacer uso de la fuerza, siempre y cuando la huída siga representando una agresión actual, es decir, en aquellos casos en que constituya una lesión permanente al bien jurídico, o bien, cuando todavía se pueda evitar la lesión al mismo.
DECIMO QUINTO.- En el empleo de la fuerza se evitará en la medida de lo posible el daño a terceros, salvaguardando la integridad de todas las personas y en caso de que una persona resulte lesionada o afectada, sin importar quién o qué produjo la misma, la autoridad deberá proporcionar y facilitar la asistencia dar asistencia y servicio médico inmediatos y necesarios, trasladándolos a un hospital para su atención con las medidas de seguridad pertinentes para resguardarle, de igual forma se procurará notificar inmediatamente lo sucedido a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas.
DECIMO SEXTO.- En cualquier caso que exista el uso legítimo de la fuerza, se elaborará un informe pormenorizado, independiente del Informe Policial Homologado y del Registro de Detenidos; el cual deberá ser dirigido al superior jerárquico en donde se establezcan las situaciones y consideraciones que llevaron a la autoridad a hacer uso de la misma, para que con posterioridad a su análisis, se deslinde cualquier responsabilidad en su contra.
Capítulo III
De la capacitación y adiestramiento
 
DECIMO SEPTIMO.- La autoridad recibirá capacitación y adiestramiento necesarios para el uso de la fuerza pública en el desempeño de sus funciones.
La capacitación y adiestramiento incluirá el uso de la fuerza física y el empleo gradual de las armas incapacitantes no letales y letales que utilicen en el ejercicio de sus funciones.
DECIMO OCTAVO.- Se dará especial atención a la ética policial y a los derechos humanos, desde su formación inicial y de manera permanente y continua, así como a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego, tales como la solución pacífica de los conflictos, el estudio del comportamiento de las multitudes y las técnicas de persuasión, negociación y mediación.
Recibida la capacitación y adiestramiento, la autoridad se someterá a una evaluación de conformidad con normas aplicables.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Los servidores públicos de la Institución, proveerán en la esfera de su respectiva competencia el exacto cumplimiento del presente Acuerdo.
TERCERO.- Las unidades administrativas encargadas de la capacitación y profesionalización de la autoridaddeberán generar los mecanismos necesarios para instruir permanentemente a dichos agentes en el uso legítimo de la fuerza, sus niveles, las técnicas adecuadas para el sometimiento de individuos, uso de equipo y armamento; así como el conocimiento del marco normativo que lo regula, principalmente el respeto a los derechos humanos.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 5 de abril de 2012.- La Procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez.- Rúbrica.
 

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