DOF: 13/07/2012
ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona al título tercero del diverso Acuerdo General que reglamenta el procedimiento de responsabilidad administrativa y el seguimiento de la situación patrimonial, el capítulo VI deno

ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona al título tercero del diverso Acuerdo General que reglamenta el procedimiento de responsabilidad administrativa y el seguimiento de la situación patrimonial, el capítulo VI denominado Recursos, y reforma los vigentes artículos 55, fracción I, y 107, primer párrafo.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura Federal.- Secretaría Ejecutiva del Pleno.

ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ADICIONA AL TITULO TERCERO DEL DIVERSO ACUERDO GENERAL QUE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y EL SEGUIMIENTO DE LA SITUACION PATRIMONIAL, EL CAPITULO VI DENOMINADO "RECURSOS", Y REFORMA LOS VIGENTES ARTICULOS 55, FRACCION I, Y 107, PRIMER PARRAFO.
CONSIDERANDO
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo, y 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con independencia técnica y de gestión, así como para emitir sus resoluciones y para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones;
SEGUNDO. El diez de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que modificó la denominación del Capítulo I, del Título Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que reformó diversos artículos; todo ello con el objeto de incorporar los estándares del Derecho internacional en materia de derechos humanos.
El artículo 1o., primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, así como de las garantías instituidas para su protección, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución especifica.
Asimismo, en su segundo párrafo, que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse siempre de acuerdo con la propia Constitución y con los tratados internacionales, a fin de favorecer en todo tiempo con la protección más amplia a las personas.
Por último, su tercer párrafo indica que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; por lo que en consecuencia el Estado mexicano debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que la ley establezca;
TERCERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina, en sus artículos 14 y 16, que nadie debe ser privado de su libertad, propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; además de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento;
CUARTO. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, por su parte, que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o el Tratado Internacional, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúan en ejercicio de sus funciones oficiales.
Igualmente, ese Pacto de San José señala que los Estados parte se comprometen a garantizar que la autoridad competente, prevista por el sistema legal en cuestión, debe decidir sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, desarrollar las posibilidades de recurso judicial y garantizar el cumplimiento también por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
Por ese motivo, este órgano constitucional considera necesario implementar los medios de defensa que aseguren el debido proceso legal en el procedimiento de responsabilidad administrativa, justamente en favor de todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, que están a su cargo, además de reconocer igual derecho para los quejosos o denunciantes; lo anterior, con la salvedad precisada para los casos en que los titulares de los órganos jurisdiccionales cuentan con el recurso constitucional de revisión administrativa.
QUINTO. No pasa inadvertido que el párrafo noveno del artículo 100 constitucional, indica que las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal son inatacables y definitivas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados de Circuito y jueces de Distrito, que pueden ser revisadas por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación.
Sin embargo, esa disposición debe ser interpretada y armonizada a la luz de los tratados internacionales en derechos humanos, celebrados y aprobados por el Estado mexicano, que establecen el derecho en favor de todas las personas a un recurso efectivo, precisamente con motivo de la señalada reforma constitucional.
Así, en materia de responsabilidad administrativa, sin trastocar ese imperativo constitucional de que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son definitivas e inatacables, la regulación normativa de una serie de medios de impugnación que se establece con esta reforma, tiende a hacer realidad las hipótesis previstas en los artículos 8 y 25 de la citada Convención Americana, por cuanto hace a un recurso sencillo, rápido y efectivo;
SEXTO. Por lo expuesto, el Consejo de la Judicatura Federal para consolidar sus obligaciones constitucionales en derechos humanos de acuerdo con la reforma constitucional señalada, adopta acciones efectivas como la creación del sistema de recursos que ahora instituye, el cual fortalece el ámbito de protección jurídica de los servidores públicos, así como de los quejosos y denunciantes, con el propósito último de que todos ellos cuenten con la garantía de ejercer su derecho subjetivo a través del análisis que se haga en segunda instancia de las resoluciones que tienen lugar en el procedimiento de responsabilidad administrativa, con lo que se satisface cabalmente el derecho humano de contar con la posibilidad jurídica de acceso a la justicia, de justicia pronta y de justicia efectiva.
SEPTIMO. Finalmente, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de junio de dos mil doce, se reformó el párrafo segundo del artículo 13 de la supletoria Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con relación a la sanción de inhabilitación, motivo por el cual se reforma el artículo correlativo del Acuerdo General aplicable en la materia.
En consecuencia, se expide el siguiente
ACUERDO
UNICO. Se adiciona al Título Tercero del Acuerdo General que reglamenta el procedimiento de responsabilidad administrativa y el seguimiento de la situación patrimonial, el Capítulo VI denominado "Recursos", que se integra al título mencionado y recorre los subsecuentes capítulos y artículos; y reforman los vigentes artículos 55, fracción I, y 107, primer párrafo, para quedar como sigue:
"Capítulo IV: Sanciones
Artículo 55.- La sanción de inhabilitación se regirá de la manera siguiente:
I.     De tres meses a un año: al servidor público que con la comisión de la falta administrativa no cause daño o perjuicio, ni obtenga beneficio o lucro alguno;
       ...
Capítulo VI: Recursos
Sección I: Reglas generales
Artículo 106.- En el procedimiento de responsabilidad administrativa, los recursos podrán interponerse por el quejoso, denunciante y servidor público involucrado, contra las resoluciones definitivas y las de trámite establecidas en este capítulo.
Artículo 107.- Los recursos se interpondrán por escrito y deberán contener:
I.     Nombre y firma del recurrente;
II.     Resolución que se recurre y la fecha de notificación;
III.    Agravios que le causa; y
IV.   En su caso, documento que acredita la personalidad.
 
Cuando exista error u omisión en el escrito de interposición del recurso, se prevendrá al recurrente para que lo subsane o complete en un plazo de tres días hábiles. En caso de no atender la prevención se tendrá por no interpuesto.
Artículo 108.- Los recursos podrán interponerse personalmente, por correo certificado o por servicio de mensajería de empresa especializada. En los últimos dos supuestos la fecha de presentación será la del día de su depósito.
Artículo 109.- El Presidente o el presidente de la Comisión, según su competencia, calificará la procedencia del recurso, admitiéndolo o desechándolo dentro de los tres días hábiles siguientes a su interposición.
Artículo 110.- No se admitirá recurso notoriamente improcedente. En este supuesto se podrá imponer multa al recurrente en términos del artículo 105 del Acuerdo, así como cuando afirme hecho falso u omita el que le conste, presente prueba o documento alterado o apócrifo, o testigo que no se conduzca con verdad.
Artículo 111.- La interposición de los recursos no suspende la ejecución de la resolución recurrida y se tramitarán, según su competencia, por el Presidente o el presidente de la Comisión, con el auxilio de la Secretaría.
El Presidente y el presidente de la Comisión podrán designar a órgano auxiliar instructor para realizar actuaciones y diligencias con motivo del trámite de los recursos.
Artículo 112.- Los acuerdos de trámite de los recursos serán firmados por el órgano competente y por el Secretario Ejecutivo de Disciplina, quien los autorizará y dará fe de los mismos.
Las resoluciones de los recursos serán firmadas por el órgano competente que las emita y por la secretaría correspondiente, quien autorizará y dará fe de las mismas.
En su caso, las resoluciones de los recursos deberán expresar con claridad sus efectos y fijar las medidas necesarias para restablecer las cosas al estado que guardaban antes de su interposición.
Sección II: Reglas particulares
Artículo 113.- El recurso de inconformidad procede contra el acuerdo que desecha, declara improcedente o tiene por no presentada la queja o denuncia por:
I.     Falta de personalidad;
II.     Falta de prueba suficiente para establecer la existencia de la infracción y presumir la responsabilidad del servidor público denunciado; y
III.    Falta de motivación y fundamentación del referido acuerdo.
Este recurso lo admite y tramita el Presidente, lo resuelve el Pleno cuando se involucra a Titular y resuelve la Comisión en los demás supuestos. El plazo para la interposición de la inconformidad será de tres días hábiles y treinta días hábiles para su resolución.
No procede recurso contra el acuerdo que desecha o tenga por no interpuesta la inconformidad.
Artículo 114.- El recurso de revisión procede contra resoluciones definitivas de:
I.     La Comisión; y
II.     La Contraloría.
En la fracción I admite y tramita el Presidente y resuelve el Pleno; y, en la fracción II admite y tramita el presidente de la Comisión y resuelve ésta. El plazo para la interposición de la revisión será de cinco días hábiles y sesenta días hábiles para su resolución.
Artículo 115.- El recurso de reconsideración procede contra las resoluciones definitivas del Pleno en las que:
I.     No imponga sanción; o
II.     Imponga sanción salvo las de destitución o inhabilitación a Titular.
Este recurso lo admite y tramita el Presidente y lo resuelve el Pleno. El plazo para la interposición de la reconsideración será de cinco días hábiles y sesenta días hábiles para su resolución.
Si el recurso de reconsideración se interpuso en contra de resolución emitida con fundamento en el artículo 61, primer párrafo, del Acuerdo, por la que se haya destituido o inhabilitado a servidor público que no sea Titular, la reconsideración no podrá resolverse hasta en tanto se decida, en su caso, la suerte del recurso constitucional de revisión administrativa.
 
Artículo 116.- El recurso de reclamación procede contra el acuerdo que desecha o tenga por no interpuesto los recursos de revisión y reconsideración, mismo que resolverá el Pleno cuando haya acordado el Presidente y la Comisión cuando lo haya hecho el presidente de ésta. El plazo para la interposición de la reclamación será de tres días hábiles y quince días hábiles para su resolución.
Artículo 117.- En los recursos de revisión y reconsideración podrán hacerse valer violaciones al procedimiento de responsabilidad administrativa con motivo de:
I.     La admisión de la queja o denuncia;
II.     El emplazamiento;
III.    La audiencia establecida en la fracción III del artículo 134 de la Ley Orgánica;
IV.   La admisión y desahogo de pruebas; y
V.    Los alegatos.
En los señalados recursos, únicamente podrá ser ofrecida la prueba superveniente y la que tenga relación inmediata y directa con violaciones al procedimiento administrativo de responsabilidad. Para su desahogo se concederá un plazo no mayor a diez días hábiles que podrá ampliarse por causa motivada y fundada hasta por treinta días hábiles.
Artículo 118.- Una vez substanciados los recursos de inconformidad y de reclamación, el Presidente en el primer caso, y el Presidente o el presidente de la Comisión en el segundo -según corresponda-, formularán el proyecto de resolución con apoyo de la Secretaría y lo someterán al órgano competente para su resolución.
Tramitados los recursos de revisión y reconsideración se remitirán, con los expedientes y anexos de ambas instancias, al consejero a quien por turno corresponda formular proyecto de resolución y someterlo al órgano competente. En su caso, se deberá excluir del turno al consejero que haya sido ponente de la resolución recurrida.
Capítulo VII: Ejecución de sanciones
Artículo 119.- ...
Artículo 120.- Deberá remitirse copia certificada de toda resolución que cause estado e imponga sanción, a la Dirección General de Recursos Humanos para que la agregue al expediente personal del servidor público sancionado y a la Contraloría para la actualización del Registro de Servidores Públicos Sancionados.
...
...".
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor a los treinta días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo General en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y en las páginas de Internet e Intranet del Consejo de la Judicatura Federal.
TERCERO. La Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación, deberá integrar inmediatamente el texto de este acuerdo al diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta el procedimiento de responsabilidad administrativa y el seguimiento de la situación patrimonial.
EL MAGISTRADO J. GUADALUPE TAFOYA HERNANDEZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CERTIFICA: Que este Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona al título tercero del diverso Acuerdo General que reglamenta el procedimiento de responsabilidad administrativa y el seguimiento de la situación patrimonial, el Capítulo VI denominado "Recursos", y reforma los vigentes artículos 55, fracción I, y 107, primer párrafo, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de seis de junio de dos mil doce, por mayoría de seis votos de los señores Consejeros: Presidente Ministro Juan N. Silva Meza, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, Juan Carlos Cruz Razo, César Alejandro Jáuregui Robles, Jorge Moreno Collado y Manuel Ernesto Saloma Vera, en contra del voto del señor Consejero César Esquinca Muñoa, quien formuló voto particular.- México, Distrito Federal, a cinco de julio de dos mil doce.- Conste.- Rúbrica.
 

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