DOF: 23/07/2012
REGLAMENTO de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

REGLAMENTO de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 1, 2, 6, fracción VI, 10, 11 y 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 13 y 27, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, he tenido a bien expedir el siguiente
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA
Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer la organización y el funcionamiento de la Procuraduría General de la República para el despacho de los asuntos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su Ley Orgánica y otros ordenamientos encomiendan a la Institución, al Procurador General de la República y al Ministerio Público de la Federación.
Artículo 2. Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
I.          Agregados: Titulares de las agregadurías legales y regionales de la Procuraduría en el extranjero;
II.         Consejo: Consejo de Profesionalización a que se refiere la Ley Orgánica;
III.        Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
IV.        Delegaciones: Delegaciones de la Procuraduría en las entidades federativas, a que se refiere la Ley Orgánica;
V.         Ley Orgánica: Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República;
VI.        Policía: Policía Federal Ministerial;
VII.       Procuraduría o Institución: Procuraduría General de la República;
VIII.      Procurador: Procurador General de la República, y
IX.        Servicio de Carrera: Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial.
Artículo 3. Para el cumplimiento de los asuntos competencia de la Procuraduría, de su Titular y del Ministerio Público de la Federación, la Institución contará con las unidades administrativas y órganos desconcentrados siguientes:
A)         Subprocuradurías:
I.           Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales;
II.          Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo;
III.          Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada;
IV.         Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, y
V.          Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad;
B)         Oficialía Mayor;
C)         Visitaduría General;
D)         Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales;
E)         Policía Federal Ministerial;
F)         Unidades Especializadas:
I.           Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud;
II.          Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas;
III.          Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda;
IV.         Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Secuestro;
 
V.          Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos;
VI.         Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos;
VII.        Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial;
VIII.        Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros;
IX.         Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia;
X.          Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Comercio de Narcóticos destinados al Consumo Final, y
XI.         Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales;
G)        Coordinaciones:
I.           Coordinación General de Servicios Periciales;
II.          Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional;
III.          Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías, y
IV.         Coordinación de Supervisión y Control Regional;
H)         Direcciones Generales:
I.           Dirección General de Comunicación Social;
II.          Dirección General de Asuntos Jurídicos;
III.          Dirección General de Constitucionalidad;
IV.         Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad;
V.          Dirección General de Procedimientos Internacionales;
VI.         Dirección General de Cooperación Internacional;
VII.        Dirección General de Control de Averiguaciones Previas;
VIII.        Dirección General de Control de Procesos Penales Federales;
IX.         Dirección General de Control de Juicios de Amparo;
X.          Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en materia de Delincuencia Organizada;
XI.         Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada;
XII.        Dirección General de Cuerpo Técnico de Control;
XIII.        Dirección General de Tecnología, Seguridad y Apoyo a la Investigación en Delincuencia Organizada;
XIV.       Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delitos Federales;
XV.        Dirección General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos;
XVI.       Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Quejas e Inspección;
XVII.      Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad;
XVIII.      Dirección General de Programación y Presupuesto;
XIX.       Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales;
XX.        Dirección General de Servicios Aéreos;
XXI.       Dirección General de Seguridad Institucional;
 
XXII.      Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones;
XXIII.      Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales;
XXIV.     Dirección General de Recursos Humanos y Organización;
XXV.      Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica;
XXVI.     Dirección General de Asuntos Internos;
XXVII.     Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución;
XXVIII.    Dirección General de Procedimientos de Remoción;
XXIX.     Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales;
XXX.      Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales;
XXXI.     Dirección General de Política Criminal y Vinculación en Materia de Delitos Electorales;
XXXII.     Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales;
XXXIII.    Dirección General de Servicios Especiales de Seguridad y de Protección a Personas;
XXXIV.   Dirección General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos;
XXXV.    Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL;
XXXVI.   Dirección General del Centro de Comunicaciones;
XXXVII.   Dirección General de Apoyo Técnico y Logístico;
XXXVIII.  Dirección General de Especialidades Periciales Documentales;
XXXIX.   Dirección General de Especialidades Médico Forenses;
XL.        Dirección General de Ingenierías Forenses;
XLI.       Dirección General de Laboratorios Criminalísticos;
XLII.       Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional;
XLIII.      Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos;
XLIV.      Dirección General de Formación Profesional, y
XLV.      Dirección General del Servicio de Carrera;
I)          Órganos desconcentrados:
I.           Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia;
II.          Centro Federal de Protección a Personas;
III.          Centro de Evaluación y Control de Confianza;
IV.         Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial;
V.          Delegaciones, y
VI.         Agregadurías Legales, Regionales y Oficinas de Enlace.
Cada Subprocuraduría, la Oficialía Mayor, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Visitaduría General, cada Órgano Desconcentrado y cada unidad administrativa especializada creada mediante Acuerdo del Procurador contará con una coordinación administrativa que se encargará de atender los requerimientos de operación de las áreas bajo su adscripción, lo cual incluye la gestión de recursos financieros, materiales y humanos.
El Procurador determinará los casos de excepción a lo dispuesto por el párrafo inmediato anterior.
El Oficial Mayor, con aprobación del Procurador, dispondrá la organización de las coordinaciones administrativas de la Procuraduría, en las cuales podrá delegar sus funciones, de conformidad con la normativa aplicable.
El Procurador se podrá auxiliar, conforme a las disposiciones aplicables, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el cual estará sectorizado en la Procuraduría.
El Titular del Órgano Interno de Control en la Procuraduría, así como los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública; tendrán el carácter de autoridad, y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales, representando al Titular de la mencionada Dependencia, debiéndose regir conforme a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 79, 80 y 82, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 79, 80 y 82, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como en el 21 del presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Artículo 4. Son agentes del Ministerio Público de la Federación:
I.          El Procurador;
II.         Los Subprocuradores;
III.        Los Fiscales Especializados;
IV.        El Visitador General;
V.         El Coordinador de Supervisión y Control Regional;
VI.        El Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías;
VII.       Los Titulares de las Unidades Especializadas;
VIII.      Los Titulares de las Unidades Administrativas Especializadas creadas por Acuerdo del Procurador, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Orgánica;
IX.        Los Directores Generales:
a)    De Control de Averiguaciones Previas;
b)    De Control de Procesos Penales Federales;
c)    De Control de Juicios de Amparo;
d)    De Control de Procesos Penales y Amparo en materia de Delincuencia Organizada;
e)    De Control de Procesos Penales y Amparo en materia de Delitos Federales;
f)     De Asuntos Jurídicos;
g)    De Constitucionalidad;
h)    De Análisis Legislativo y Normatividad;
i)     De Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en materia de Derechos Humanos;
j)     De Procedimientos Internacionales;
k)    Jurídico en Materia de Delitos Electorales;
l)     De Averiguaciones Previas y Control de Procesos en materia de Delitos Electorales;
m)   De Evaluación Técnico Jurídica;
n)    De Asuntos Internos;
o)    De Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución, y
p)    De Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada;
X.         Los Titulares de las Delegaciones;
XI.        Los servidores públicos que tengan bajo su mando agentes del Ministerio Público de la Federación que ejerzan atribuciones previstas en el artículo 4 de la Ley Orgánica, siempre que cumpla con los requisitos que para ser agente del Ministerio Público de la Federación prevén las disposiciones aplicables y se sujeten al cumplimiento de las obligaciones para dicho cargo;
XII.       Los visitadores, y
XIII.      Aquellos servidores públicos a los que el Procurador confiera dicha calidad mediante Acuerdo.
 
Los servidores públicos que, con base en esta disposición, adquieren el carácter de agentes del Ministerio Público de la Federación no serán considerados miembros del Servicio de Carrera, sino personal de confianza y se sujetarán a las evaluaciones de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales, así como al sistema de profesionalización que establezcan las disposiciones aplicables; asimismo, los efectos de su nombramiento podrán darse por terminados en cualquier momento, en términos del artículo 13, fracción III, de la Ley Orgánica y demás disposiciones aplicables.
Los servidores públicos a que se refieren las fracciones V a XIII de este artículo deberán cumplir los requisitos de ingreso y permanencia que establece el artículo 34 de la Ley Orgánica, con excepción de los incisos e), de la fracción I, y d), de la fracción II, así como los previstos en este Reglamento y demás disposiciones aplicables. Dichos servidores públicos estarán sujetos a las causas de responsabilidad previstas en el Capítulo VIII de la Ley Orgánica.
Artículo 5. El Procurador determinará la organización y funcionamiento de la Procuraduría; las circunscripciones territoriales; la adscripción de las unidades administrativas y órganos desconcentrados; las atribuciones de las áreas de conformidad a lo previsto en la Ley Orgánica, el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables, atendiendo a las necesidades del servicio.
El Procurador podrá fijar o delegar facultades en los servidores públicos de la Institución, según sea el caso, mediante disposiciones de carácter general o especial, sin perder la posibilidad de su ejercicio directo, salvo aquéllas que la ley o el presente Reglamento señalen como indelegables.
El Procurador expedirá acuerdos, circulares, instructivos, manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público, necesarios para el mejor funcionamiento de la Institución y, en su caso, ordenará su publicación.
Artículo 6. Las facultades de los titulares de las unidades administrativas y órganos desconcentrados a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, se ejercerán por su conducto y por el personal a su cargo, de conformidad con las normas aplicables y lo que establezca el Procurador.
La comunicación, actividades y flujo de información de las unidades administrativas y órganos desconcentrados a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, podrán realizarse mediante el uso de medios electrónicos, digitales u otra tecnología, de conformidad con los lineamientos que dicte el Procurador.
Artículo 7. Los titulares de las unidades administrativas especializadas y de las fiscalías especiales a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Orgánica, tendrán las facultades previstas en el artículo 4 del mencionado ordenamiento y las demás que les otorguen otras disposiciones constitucionales y legales o el Procurador por Acuerdo.
Artículo 8. Para ser nombrado Oficial Mayor en la Institución se deberán cumplir los requisitos siguientes:
I.          Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;
II.         Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación;
III.        Contar con título de licenciatura y cédula profesional en alguna disciplina afín a sus funciones, así como con por lo menos cinco años de ejercicio profesional contados a partir de la fecha de expedición de la cédula;
IV.        Tener acreditado, en su caso, el Servicio Militar Nacional;
V.         Aprobar el proceso de evaluación de control de confianza y de competencias profesionales;
VI.        No estar sujeto a proceso penal;
VII.       No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, y
VIII.      Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado, mediante sentencia irrevocable, como responsable de un delito doloso.
Además de cumplir con los requisitos que se indican, el Oficial Mayor será nombrado y removido en los términos del artículo 18 de la Ley Orgánica.
Artículo 9. Los Subprocuradores, el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales y el Visitador General, serán nombrados y removidos en los términos del artículo 18 de la Ley Orgánica y deberán cumplir con los requisitos que se indican en el mismo.
Para su ingreso y permanencia en la Procuraduría, los Fiscales Especializados, los Coordinadores, los Titulares de las Unidades Especializadas, los Directores Generales y los Titulares de los Órganos Desconcentrados, deberán cumplir con los requisitos que establezca, mediante Acuerdo, el Procurador.
 
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL TITULAR DE LA PROCURADURÍA
Artículo 10. El Procurador preside la Institución del Ministerio Público de la Federación, en cumplimiento a los artículos 102, apartado A, de la Constitución, 2 de la Ley Orgánica y demás disposiciones aplicables.
Artículo 11. El Procurador ejercerá en forma personal y no delegable, además de las facultades contenidas en el artículo 6 de la Ley Orgánica, las siguientes:
I.          Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Procuraduría y presentarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con las disposiciones aplicables;
II.         Nombrar a los Coordinadores, Titulares de Unidad, Directores Generales, Titulares de Órganos Desconcentrados y Fiscales Especializados, salvo al Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, quien será nombrado en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica;
III.        Llevar a cabo, en casos excepcionales, la designación especial de agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía y peritos, en términos de los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica y demás disposiciones aplicables;
IV.        Someter a consideración del Ejecutivo Federal el proyecto de Reglamento del Servicio de Carrera y demás normas reglamentarias;
V.         Fijar las condiciones generales de trabajo de la Procuraduría, en el marco de lo establecido en la ley aplicable;
VI.        Determinar mediante Acuerdo, en los casos no previstos en este Reglamento, la distribución de facultades de las unidades administrativas y los órganos desconcentrados;
VII.       Emitir los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás disposiciones administrativas generales necesarias para el ejercicio de las facultades a cargo del Ministerio Público de la Federación, la Policía, peritos, oficiales ministeriales y en general de la Procuraduría;
VIII.      Dictar las políticas institucionales en materia de procedimientos penales federales en que estén involucradas personas que pertenezcan a algún pueblo indígena, y las acciones necesarias para impulsar que tengan un efectivo acceso a la justicia, de conformidad con el artículo 2 de la Constitución, así como determinar el área de la Institución que deberá atender los asuntos correspondientes;
IX.        Emitir los Acuerdos en materia de recompensas, a que se refiere el artículo 5, fracción XI, de la Ley Orgánica, y
X.         Las demás que con este carácter le confieran otras disposiciones.
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS FACULTADES GENÉRICAS DE LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
Artículo 12. Son facultades genéricas de los titulares de las unidades administrativas y de los órganos desconcentrados previstos en el artículo 3 del presente Reglamento, las siguientes:
I.          Planear, programar, ejecutar, administrar, dirigir, dar seguimiento y controlar las labores a su cargo; establecer mecanismos de integración e interrelación que propicien el óptimo desarrollo de las responsabilidades que son competencia de la Procuraduría, así como formular los anteproyectos de programas y de presupuesto que, en su caso, les correspondan;
II.         Organizar, coordinar y dirigir las actividades del personal a su cargo, las unidades administrativas y los órganos desconcentrados que le estén adscritos, así como distribuir entre éstos, de conformidad con las disposiciones aplicables, las funciones inherentes al cumplimiento de sus atribuciones y participar en la evaluación de su desempeño;
III.        Determinar la rotación de los miembros del Servicio de Carrera que tengan adscritos e informar de los movimientos realizados a la Dirección General del Servicio de Carrera y a la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, en los términos de las disposiciones aplicables;
IV.        Ejercer y supervisar las facultades que correspondan a las unidades administrativas y órganos desconcentrados que le estén adscritos, sin perjuicio de que sean desempeñadas por sus respectivos titulares;
 
V.         Acordar con su superior jerárquico el despacho de los asuntos de las unidades administrativas y órganos desconcentrados que le estén adscritos y del personal a su cargo, así como desempeñar las funciones y comisiones que le sean encomendadas o delegadas por aquél, e informarle sobre su cumplimiento;
VI.        Someter a consideración de su superior jerárquico los estudios y proyectos que se elaboren en las unidades administrativas y órganos desconcentrados que tenga adscritos;
VII.       Supervisar, vigilar e inspeccionar que las unidades administrativas y personal a su cargo ajusten su actuación a las disposiciones jurídicas aplicables, y se sujeten al marco estratégico de gestión de la Procuraduría, así como que, en los asuntos de su competencia se dé cumplimiento a los programas y políticas institucionales aplicables;
VIII.      Proponer las medidas necesarias para la modernización, simplificación y mejoramiento en las unidades administrativas y órganos desconcentrados que tenga adscritos, de acuerdo con las normas aplicables y las políticas institucionales;
IX.        Solicitar y proporcionar a las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría, la información y cooperación requerida para el ejercicio de sus funciones, de conformidad con las normas aplicables y políticas institucionales, así como a otras instituciones cuando sea procedente con fundamento en la legislación aplicable;
X.         Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades y aquellos que les sean asignados por delegación o les correspondan por suplencia;
XI.        Proponer y proporcionar información sobre los temas materia de su competencia, para su inclusión en la página de internet de la Procuraduría, y actualizar la misma;
XII.       Proponer la celebración de los instrumentos jurídicos previstos por el artículo 6, fracciones IX y X, de la Ley Orgánica;
XIII.      Emitir o suscribir instrumentos jurídicos que faciliten su funcionamiento y operación, de conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica;
XIV.      Expedir copias certificadas de los documentos materia de su competencia que obren en sus archivos, de conformidad con las disposiciones aplicables;
XV.       Proponer los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones y ejercer el presupuesto que les sea asignado de conformidad con las disposiciones aplicables;
XVI.      Intervenir, sin perjuicio de las atribuciones del Procurador y lo establecido por las disposiciones que rigen el Servicio de Carrera, en el reclutamiento, selección, nombramiento, desarrollo, profesionalización, certificación, promoción y adscripción del personal a su cargo;
XVII.     Fomentar la participación del personal a su cargo en las actividades académicas de formación, capacitación, actualización, especialización, desarrollo humano y adiestramiento, en su caso; así como supervisar su cumplimiento y aprovechamiento de acuerdo con lo que se establezca en el Sistema de Profesionalización;
XVIII.     Autorizar, dentro del ámbito de su competencia, permisos y licencias de conformidad con las necesidades del servicio, la Ley Orgánica, las demás disposiciones aplicables y, en el caso de personal de base, las condiciones generales de trabajo de la Procuraduría;
XIX.      Presentar ante la Visitaduría General las quejas por conductas presuntamente constitutivas de responsabilidad administrativa del personal ministerial, policial o pericial a su cargo, en términos del artículo 66 de la Ley Orgánica.
            La quejas deberán ser presentadas por los titulares de las unidades administrativas y órganos desconcentrados, a más tardar dentro de los 30 días siguientes a que tomen conocimiento de las conductas irregulares. El incumplimiento a la presente disposición será sancionado en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pero la presentación de las quejas fuera de este término no implicará preclusión o caducidad de la atribución, ni prescripción de la responsabilidad del infractor;
 
XX.       Iniciar, instruir y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa del personal ministerial, policial o pericial a su cargo, cuando reciban de la Visitaduría General la vista que corresponda como consecuencia de las visitas o investigaciones que haya practicado, e imponer cuando resulte acreditada la responsabilidad del servidor público las sanciones a que se refiere el artículo 67, fracciones I, II y III, de la Ley Orgánica, haciendo del conocimiento del Visitador General, para efectos de su registro, la información relativa al inicio, trámite y conclusión de los procedimientos, así como los medios de defensa promovidos y su resolución.
            Los titulares de las unidades administrativas y órganos desconcentrados deberán iniciar los procedimientos sancionatorios a más tardar dentro de los 30 días siguientes a que reciban de la Visitaduría General las vistas respectivas. El incumplimiento a la presente disposición será sancionado en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pero el inicio de los procedimientos fuera de este término no implicará preclusión o caducidad de la atribución, ni prescripción de la responsabilidad del infractor.
XXI.      Iniciar los procedimientos de separación del Servicio de Carrera del personal que le esté subordinado cuando deje de cumplir los requisitos de permanencia, mediante la queja que presenten ante el Consejo, así como determinar, cuando lo estimen conveniente, y previo acuerdo con su superior jerárquico, la suspensión del servidor público hasta en tanto el Consejo resuelva lo conducente;
            Las coordinaciones administrativas de las unidades administrativas y órganos desconcentrados deberán presentar las quejas ante el Consejo de Profesionalización a más tardar dentro de los 30 días siguientes a que tomen conocimiento del incumplimiento de algún requisito de ingreso o permanencia. El incumplimiento a la presente disposición será sancionado en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;
XXII.     Registrar los asuntos a su cargo, darles seguimiento y elaborar análisis y estadísticas de los mismos, con los procedimientos y sistemas autorizados para tal efecto en la Procuraduría;
XXIII.     Participar, en el ámbito de su competencia, en el sistema de planeación e innovación gubernamental de la Institución;
XXIV.    Participar en los comités de la Procuraduría de los que sean miembros, de conformidad con sus atribuciones y las disposiciones aplicables;
XXV.     Remitir la información necesaria para mantener actualizados los registros del personal de la Institución y de recursos materiales, mediante los mecanismos institucionales correspondientes;
XXVI.    Formular propuestas para lograr la cooperación con diversos organismos públicos, sociales y privados, tanto nacionales como extranjeros, para fortalecer y consolidar las funciones de su responsabilidad;
XXVII.   Remitir a la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional y al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, la información y estadística necesarias para el ejercicio de sus atribuciones, mediante los mecanismos institucionales idóneos y de conformidad con las disposiciones aplicables y el marco estratégico de gestión;
XXVIII.   Coadyuvar, en su caso, y dentro del ámbito de sus facultades, con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en el ejercicio de la acción de extinción de dominio y demás atribuciones que le corresponden al Ministerio Público de la Federación de conformidad con la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables;
XXIX.    Coadyuvar, en su caso, y dentro del ámbito de sus facultades, en la integración y actualización del registro de detenidos de la Procuraduría;
XXX.     Remitir a las Delegaciones, unidades o fiscalías especializadas o de investigación creadas mediante Convenio o Acuerdo, así como a las Subprocuradurías, las indagatorias relacionadas con delitos materia de su competencia, para su prosecución, de conformidad con las normas y políticas institucionales, o cuando así lo determinen el Procurador o el Subprocurador respectivo;
XXXI.    Ejercer el mando directo e inmediato sobre el personal que le esté adscrito, y
XXXII.   Las demás que, en cada caso, les confieran otras disposiciones, su superior jerárquico o el Procurador.
 
Artículo 13. Son facultades genéricas de los titulares de las unidades especializadas previstas en el artículo 3 de este Reglamento y las fiscalías, así como de las creadas por Acuerdo del Procurador, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Orgánica, adicionalmente a las contempladas en el artículo anterior, las siguientes:
I.          Sistematizar y utilizar para el cumplimiento de sus atribuciones la información contenida en las averiguaciones previas y procesos respectivos, relacionados con asuntos de su competencia, en coordinación con el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia y las demás áreas competentes de la Procuraduría;
II.         Ordenar la detención y, en su caso, retención de los probables responsables en los términos del artículo 16 de la Constitución;
III.        Establecer mecanismos de colaboración y coordinación con las Delegaciones, unidades o fiscalías especializadas o de investigación creadas mediante Convenio o Acuerdo y las autoridades de las entidades federativas, en las investigaciones y diligencias que practique, relacionadas con los delitos materia de su competencia, de conformidad con las normas aplicables y políticas institucionales o cuando así lo determinen el Procurador o el Subprocurador respectivo;
IV.        Brindar asesoría y apoyo a las Delegaciones, unidades o fiscalías especializadas o de investigación creadas mediante Convenio o Acuerdo y autoridades de las entidades federativas, en la investigación y persecución de los delitos materia de su competencia;
V.         Conocer de los asuntos que tengan a su cargo las Delegaciones, relacionados con los delitos materia de su competencia, de conformidad con las normas aplicables y políticas institucionales o cuando así lo determinen el Procurador o el Subprocurador respectivo;
VI.        Ejercer la facultad de atracción para la investigación y persecución de delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales materia de su competencia;
VII.       Autorizar los acuerdos de reserva, incompetencia, acumulación y separación de las averiguaciones previas a su cargo;
VIII.      Establecer mecanismos de coordinación con las unidades administrativas que tengan a su cargo el control y seguimiento de las averiguaciones previas y de los procesos penales federales, a fin de perfeccionar el ejercicio de la acción penal, y facilitar las actuaciones procesales que deban desahogarse ante los órganos jurisdiccionales;
IX.        Coordinarse con las Delegaciones en las investigaciones y diligencias que practique en el ámbito territorial respectivo, relacionadas con los delitos materia de su competencia, de conformidad con las normas aplicables y políticas institucionales o cuando así lo determinen el Procurador o el Subprocurador respectivo, así como brindar asesoría y apoyo a aquéllas;
X.         Proponer a su superior jerárquico, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, políticas, estrategias y líneas de acción para combatir los delitos materia de su competencia, y
XI.        Las demás que, en cada caso, les confieran otras disposiciones, su superior jerárquico o el Procurador.
CAPÍTULO CUARTO
DE LAS SUBPROCURADURÍAS
Artículo 14. Al frente de cada Subprocuraduría habrá un Subprocurador, quien será nombrado en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica y tendrá las facultades siguientes:
I.          En el ámbito de su competencia, fortalecer los mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, atendiendo a las normas aplicables y políticas institucionales, conforme a los lineamientos que emita el Procurador;
II.         Resolver en definitiva el ejercicio de las atribuciones a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica. Tratándose del no ejercicio de la acción penal será previo dictamen del agente del Ministerio Público de la Federación auxiliar del Procurador. La resolución deberá de ser notificada en forma personal al denunciante, víctima u ofendido.
 
            Podrán desahogar las prevenciones que la autoridad judicial acuerde en los términos de la ley, respecto de la omisión de formular conclusiones en el término legal o de conclusiones presentadas en un proceso penal cuya consecuencia sea el sobreseimiento del mismo, o, igualmente, respecto de cualquier incidente procesal que tuviere como resultado la libertad absoluta del inculpado antes de que se pronuncie sentencia; todo lo señalado en este párrafo, con independencia de las atribuciones conferidas a los Delegados.
            La facultad contenida en la fracción VI del artículo 8 de la Ley Orgánica corresponderá exclusivamente al Titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada;
III.        Participar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes de la Institución, en la formulación de anteproyectos de iniciativas de leyes, tratados internacionales, acuerdos interinstitucionales, decretos, reglamentos, y demás instrumentos normativos que se relacionen con los asuntos materia de su competencia;
IV.        Organizar, coordinar, dirigir y evaluar las unidades administrativas que le estén adscritas;
V.         Acordar con el Procurador el despacho de los asuntos de su competencia, así como las políticas, estrategias y líneas de acción, para combatir los delitos materia de su competencia;
VI.        Emitir o suscribir los instrumentos jurídicos a que se refiere el artículo 7 de la Ley Orgánica;
VII.       Emitir, a propuesta de sus unidades administrativas adscritas, las directrices, criterios y protocolos de actuación, en relación con su competencia, y
VIII.      Las demás que, en cada caso, les confieran otras disposiciones o el Procurador.
Artículo 15. Corresponde al Titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales resolver las discrepancias que se susciten en el ámbito administrativo con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley Orgánica, este Reglamento, el Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, y demás normatividad institucional, así como presentar opinión al Procurador en los casos no previstos para que resuelva lo conducente en el marco de sus facultades.
En los casos en que alguna de las áreas de dicha Subprocuraduría esté involucrada en la discrepancia de que se trate, ésta será resuelta en definitiva por el Procurador.
Artículo 16. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada es la unidad especializada a que se refiere el artículo 8 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y tendrá las facultades que dicho ordenamiento le confiere.
Esta Subprocuraduría contará con unidades especializadas y un cuerpo técnico de control que además de las funciones a que se refiere el artículo 8, párrafo segundo, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ejecutará las intervenciones de comunicaciones privadas.
Artículo 17. Los servidores públicos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y de las unidades administrativas que le estén adscritas, deberán reunir los requisitos a que se refieren los artículos 23, 34, 35 y 36, de la Ley Orgánica, según corresponda y, adicionalmente, los siguientes:
I.          Acreditar los cursos de especialización en delincuencia organizada que establezcan para su categoría las unidades administrativas u órganos desconcentrados competentes en coordinación con la Dirección General de Formación Profesional, y
II.         No haber sido sancionado por resolución firme con suspensión mayor de 15 días, destitución o inhabilitación, en su trayectoria laboral.
CAPÍTULO QUINTO
DE LA OFICIALÍA MAYOR
Artículo 18. Al frente de la Oficialía Mayor habrá un Oficial Mayor, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Emitir, en apego a las instrucciones del Procurador, las normas y políticas en las materias de su competencia, a las que deberán sujetarse las unidades administrativas y los órganos desconcentrados de la Institución;
II.         Establecer y ejecutar, con la aprobación del Procurador, las políticas pertinentes para el control administrativo de los bienes asegurados por el Ministerio Público de la Federación, en los términos de las disposiciones aplicables;
 
III.        Definir, de conformidad con la normativa aplicable, el catálogo de puestos, sus perfiles y requerimientos, así como establecer normas y procedimientos sobre el desarrollo del personal administrativo;
IV.        Coordinar la integración del anteproyecto de presupuesto de egresos de la Institución para someterlo a la autorización del Procurador;
V.         Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto de la Institución, así como emitir las bases y los lineamientos para llevar a cabo la contabilidad de la Institución en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables;
VI.        Informar a las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría el presupuesto que les sea asignado y coordinar la evaluación de su ejercicio de conformidad con las disposiciones aplicables;
VII.       Establecer los lineamientos para la organización, sistematización y operación de la administración de documentos, archivos y acervos, conforme a las normas que determine el Archivo General de la Nación y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y demás disposiciones aplicables;
VIII.      Coordinar la integración y ejecución de los programas de tecnologías de información y de comunicaciones de la Institución, así como autorizar las políticas para la adquisición, aprovechamiento y administración de los bienes y servicios informáticos y de comunicaciones;
IX.        Conducir las relaciones laborales de conformidad con los lineamientos que al efecto establezca el Procurador, así como designar y remover a los representantes de la Institución ante las comisiones mixtas que se integren conforme con las Condiciones Generales de Trabajo;
X.         Supervisar la expedición de los nombramientos de los servidores públicos de la Institución y los movimientos de personal, con excepción del personal de Servicio de Carrera;
XI.        Resolver en definitiva sobre la procedencia de la terminación de los efectos del nombramiento de los servidores públicos de la Procuraduría, a excepción del personal del Servicio de Carrera y de los servidores públicos previstos en los artículos 18 y 19 de la Ley Orgánica, previo dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos;
XII.       Establecer los lineamientos relativos a la identificación del personal y suscribir las credenciales que identifiquen a los servidores públicos de la Institución;
XIII.      Emitir las reglas de control de asistencia y puntualidad del personal de la Procuraduría, así como para los descuentos al salario que sean ordenados por autoridad competente;
XIV.      Establecer los sistemas de motivación al personal de las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría, y los mecanismos de evaluación del desempeño, con la participación de las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes;
XV.       Otorgar los premios, estímulos, reconocimientos y recompensas al personal de la Institución que determinen las disposiciones aplicables y las Condiciones Generales de Trabajo, e imponer las sanciones por incumplimiento a las obligaciones laborales, de conformidad con lo establecido por el presente Reglamento, las demás disposiciones aplicables y el Procurador;
XVI.      Fomentar la política de integridad, responsabilidad, ética y de conducta de los servidores públicos de la Institución, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes;
XVII.     Suscribir los contratos y convenios en los que la Procuraduría sea parte y que afecten su presupuesto, así como los demás instrumentos que impliquen actos de administración, en los términos de las disposiciones aplicables;
XVIII.     Autorizar los Programas Anuales de Adquisiciones, Obra Pública y Disposición Final de Bienes Muebles, y supervisar la contratación, adquisición, mantenimiento y arrendamiento de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los programas de la Institución;
XIX.      Administrar y controlar la prestación de los servicios aéreos a la Institución y, en su caso, aquéllos que requieran otras instancias oficiales en los tres órdenes de gobierno, siempre que no se afecten las necesidades de la Procuraduría y de conformidad con las disposiciones aplicables;
XX.       Aprobar y suscribir el dictamen para la autorización y registro de la estructura orgánica y ocupacional de la Procuraduría, de conformidad con la normatividad aplicable;
 
XXI.      Promover la integración y actualización de los manuales de organización, procedimientos y servicios al público y someterlos a la autorización del Procurador;
XXII.     Efectuar la administración inmobiliaria de la Institución y establecer las políticas en la materia, en el ámbito de su competencia;
XXIII.     Coordinar la instrumentación y cumplimiento de los programas de mejora regulatoria;
XXIV.    Establecer, controlar, ejecutar y evaluar el Programa Interno de Protección Civil;
XXV.     Dictaminar y validar las propuestas de cambios a la organización interna de la Procuraduría y las medidas técnicas y administrativas que mejoren su funcionamiento y organización institucional, emitiendo los dictámenes administrativos correspondientes;
XXVI.    Coordinar la revisión y emisión de las condiciones generales de trabajo;
XXVII.   Dar seguimiento a la vigencia y actualización de la licencia colectiva de portación de armas para el personal de la Institución, y
XXVIII.   Coordinar la aplicación, calificación y valoración de los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales que se aplican al personal de la Institución.
CAPÍTULO SEXTO
DE LOS ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y DE CONTROL INTERNO
Artículo 19. Al frente de la Visitaduría General habrá un Visitador General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Diseñar e instrumentar, en coordinación con las unidades administrativas competentes, las políticas institucionales para la rendición de cuentas y disminución de riesgos de corrupción en lo referente a la función ministerial, policial y pericial, así como a la función de auxiliares del Ministerio Público de la Federación y de los demás servidores públicos de la Institución y proponer a las unidades administrativas y órganos desconcentrados correspondientes la implementación de las acciones que resulten necesarias para tales efectos; en los mismos términos también diseñará e instrumentará, los indicadores, procedimientos e instrumentos pertinentes para evaluar la actuación de la Institución con la participación ciudadana;
II.         Proponer e instrumentar las normas en materia de evaluación técnico-jurídica, inspección, supervisión, investigación, fiscalización y control de la actuación del Ministerio Público de la Federación, de la Policía, de los peritos y de los oficiales ministeriales, así como del demás personal de la Institución en su carácter de auxiliar del Ministerio Público de la Federación;
III.        Establecer las políticas para la operación del sistema de inspección interna y de supervisión, investigación y control del personal ministerial, policial y pericial, y de los demás servidores públicos de la Institución cuando actúen como auxiliares del Ministerio Público de la Federación, para lo cual podrá proponer al Procurador los lineamientos de carácter general a que deban sujetarse los titulares de las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría;
IV.        Establecer los programas de visitas ordinarias de control y evaluación técnico-jurídica, de fiscalización e inspección, y de seguimiento a las unidades administrativas y órganos de la Procuraduría, en lo referente a la función ministerial, policial y pericial, y de auxiliar del Ministerio Público de la Federación;
V.         Establecer y dirigir las políticas para la recepción, registro, clasificación, manejo y reserva de la información sobre las quejas y denuncias de orden administrativo que se presenten contra los servidores públicos de la Institución respecto de conductas relacionadas con lo previsto en el Capítulo VIII de la Ley Orgánica, así como de los procedimientos y las sanciones administrativas que se apliquen conforme a su Capítulo IX, para lo cual los servidores públicos indicados en el artículo 72 de la Ley Orgánica deberán remitir la información que se les requiera respecto del inicio, trámite y conclusión de los procedimientos y, en su caso, la sanción aplicada, así como los medios de defensa promovidos y su resolución;
VI.        Registrar, sistematizar y administrar la información relativa al inicio, trámite y conclusión de los procedimientos administrativos disciplinarios y, en su caso, de la sanción aplicada y los medios de defensa promovidos por los infractores y su resolución, respecto tanto del personal ministerial, policial y pericial, en relación con las conductas previstas en el Capítulo VIII de la Ley Orgánica, como del resto del personal de la Institución, por lo que se refiere a su carácter de auxiliar del Ministerio Público de la Federación;
 
VII.       Registrar, sistematizar y administrar la información sobre el tipo y frecuencia de las deficiencias e irregularidades detectadas a través de las evaluaciones técnico-jurídicas, las inspecciones y las supervisiones, proporcionando a las unidades administrativas y órganos desconcentrados correspondientes los informes detallados sobre la problemática observada y dictando las medidas preventivas o correctivas necesarias;
VIII.      Establecer y dirigir las políticas para la recepción de denuncias y querellas, así como el registro, clasificación, manejo y reserva de la información sobre las actas circunstanciadas, averiguaciones previas, procesos penales y amparos derivados de delitos cometidos por servidores públicos de la Institución, para lo cual los agentes del Ministerio Público de la Federación deberán remitir la información que se les requiera en los términos de las disposiciones aplicables;
IX.        Implementar las medidas necesarias para que, en coordinación con las áreas competentes, la información referida en las dos fracciones anteriores se vincule al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública;
X.         Proponer los criterios con los cuales deberá evaluarse el desempeño de las unidades administrativas y servidores públicos de la Institución en lo que se refiere a la función ministerial, policial y pericial, y de auxiliar del Ministerio Público de la Federación, así como proporcionar a los titulares de la unidad correspondiente, la información con que cuente y que deba ser considerada en dichas evaluaciones;
XI.        Proponer a las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución las acciones necesarias para atender o subsanar las deficiencias o necesidades detectadas en el ejercicio de sus atribuciones;
XII.       Resolver en definitiva el ejercicio de las atribuciones a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica, fracciones I, II, III, IV, V y VII. Tratándose del no ejercicio de la acción penal, la determinación deberá notificarse personalmente al denunciante o querellante y a la víctima u ofendido, de conformidad con las disposiciones aplicables;
XIII.      Emitir opinión sobre los anteproyectos de acuerdos, circulares, instructivos y manuales para regular la actuación de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía, de los peritos y de los oficiales ministeriales, así como de los demás servidores públicos de la Procuraduría en lo que se refiere a las funciones que realicen como auxiliares del Ministerio Público de la Federación, y
XIV.      Definir las políticas y la estrategia para tramitar, instruir y resolver, de conformidad con el Capítulo IX de la Ley Orgánica y demás disposiciones legales aplicables, los procedimientos de remoción y de cancelación del certificado de los servidores públicos de la Institución.
La Visitaduría General ejercerá las atribuciones que la Ley Orgánica le otorga, a través de las Direcciones Generales de Evaluación Técnico Jurídica; de Asuntos Internos; de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución y de Procedimientos de Remoción, en los términos previstos en este Reglamento.
El incumplimiento de las directrices, instrucciones, recomendaciones, vistas, quejas, denuncias y todo tipo de requerimientos que realicen la Visitaduría General, sus direcciones generales y los visitadores, en ejercicio de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica y este Reglamento, serán sancionadas en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 20. Para el ejercicio de sus atribuciones, la Visitaduría General se auxiliará de visitadores, entre otros servidores públicos, en los términos de los Acuerdos que el Procurador emita para tal efecto y lineamientos de operación, así como los requisitos que deban reunir y los mecanismos para su selección, nombramiento y promoción en las categorías que para el efecto se establezcan.
Los visitadores, en el ejercicio de sus facultades, tendrán libre acceso a los expedientes, documentos e información que se encuentren bajo la autoridad de los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía, peritos, oficiales ministeriales y demás auxiliares del Ministerio Público de la Federación a quienes se realice una visita o cuando resulte conducente para el desarrollo de una investigación, así como, a las instalaciones correspondientes y la documentación, el equipo y los elementos que ahí se encuentren, de conformidad con la normatividad aplicable.
Artículo 21. El Titular del Órgano Interno de Control, así como los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, serán designados en términos del artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Para la atención de los asuntos y la sustanciación de los procedimientos a su cargo, el Titular del Órgano Interno de Control y los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades se auxiliarán del personal adscrito a dicho Órgano.
 
CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES
Artículo 22. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales tendrá plena autonomía técnica y operativa para conocer de delitos electorales y en materia de Registro Nacional de Ciudadanos previstos en el Título Vigesimocuarto del Libro Segundo del Código Penal Federal, así como de los conexos a éstos.
Artículo 23. Al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales habrá un Fiscal Especializado con nivel de Subprocurador, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Ejercer las atribuciones que la Constitución, el artículo 4 de la Ley Orgánica y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación, respecto de delitos electorales y el Registro Nacional de Ciudadanos de su competencia, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes;
II.         Ejercer potestativamente la facultad de atracción para la investigación y persecución de delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales materia de su competencia;
III.        Resolver en definitiva el ejercicio de las atribuciones a que se refiere el artículo 8, fracciones I, II, III, IV, V y VII, de la Ley Orgánica. Tratándose del no ejercicio de la acción penal, la resolución deberá notificarse personalmente al denunciante o querellante y a la víctima u ofendido, de conformidad con las disposiciones aplicables;
IV.        Establecer mecanismos de coordinación con las unidades administrativas que tengan a su cargo el control y seguimiento de las averiguaciones previas y de los procesos penales federales, a fin de perfeccionar el ejercicio de la acción penal y facilitar las actuaciones procesales que deban desahogarse ante los órganos jurisdiccionales;
V.         Proponer, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, políticas, estrategias y líneas de acción para combatir los delitos materia de su competencia; así como participar, en coordinación con las instancias competentes, en la elaboración y ejecución de los programas de prevención en el ámbito de su competencia;
VI.        Informar mensualmente al Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre la cantidad y naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las averiguaciones previas iniciadas, de las consignaciones efectuadas, de los procesos y de los amparos, en su caso;
VII.       En el ámbito de su competencia, fortalecer e implementar mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y del Distrito Federal, atendiendo a las normas aplicables y políticas institucionales, conforme a los lineamientos que emita el Procurador, y
VIII.      Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de información y fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad en materia penal electoral.
CAPÍTULO OCTAVO
DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL
Artículo 24. La Policía auxiliará de manera directa al Ministerio Público de la Federación. La Policía estará integrada por los agentes de la Policía a que se refiere la Ley Orgánica.
Con independencia de las atribuciones conferidas a la Policía y a sus unidades administrativas, cualquiera de los agentes de la Policía que le estén adscritos estará facultado para ejecutar mandamientos judiciales y ministeriales.
Artículo 25. Al frente de la Policía habrá un Titular, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Proponer al Procurador las políticas generales de operación de la Policía, vigilando que sus miembros actúen bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con los artículos 21 de la Constitución, 3 del Código Federal de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables;
II.         Dictar las estrategias que garanticen que los miembros de la Policía actúen con pleno respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos, apegándose a los principios constitucionales y legales que rigen su actuación;
 
III.        Coordinar la ejecución de las órdenes de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, presentación, cateos, detención en caso urgente y otros mandamientos judiciales o ministeriales y, en su caso, establecer las herramientas y mecanismos para su control y seguimiento, así como aquellas que faciliten el cumplimiento de dichas funciones;
IV.        Ordenar y evaluar el desarrollo de las líneas de investigación definidas por el Ministerio Público de la Federación para obtener, analizar, estudiar y procesar información conducente para la investigación y persecución de los delitos en el ámbito de competencia de la Institución;
V.         Dirigir y coordinar los procesos de información policial que permitan ubicar a las personas, grupos, organizaciones, zonas delictivas y modos de operación, con la finalidad de dar cumplimiento a los mandamientos judiciales y ministeriales;
VI.        Proponer el fortalecimiento de mecanismos de cooperación y coordinación con dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno;
VII.       Proponer al Procurador esquemas de organización regional de la Policía atendiendo a la incidencia delictiva, los mapas delincuenciales, las necesidades en las entidades federativas para la atención de mandamientos judiciales y ministeriales, así como supervisar y evaluar dichos esquemas;
VIII.      Establecer estándares de rendimiento en el cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales por parte de las unidades administrativas que integren su organización regional;
IX.        Autorizar la designación del personal adscrito a las áreas de la Policía a las unidades administrativas que integren su organización regional para la ejecución de órdenes de localización, aprehensión y reaprehensión; así como el análisis y procesamiento de la información;
X.         Autorizar las operaciones aéreas para el cumplimiento de las funciones de la Policía que se requieran, así como prestar el apoyo a otras Instituciones en el marco de cooperación y coordinación interinstitucional e informar a la Oficialía Mayor las operaciones realizadas para efectos de mantenimiento de las aeronaves y capacitación de los pilotos;
XI.        Dirigir y coordinar las acciones de apoyo técnico u operativo en asuntos relevantes que requieran las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría, así como de otras instituciones públicas, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de conformidad con las normas y políticas institucionales;
XII.       Disponer el cumplimiento de los procesos en materia de cadena de custodia por parte de los agentes de la Policía para su correcta aplicación en el desarrollo de sus funciones;
XIII.      Proponer a la Oficialía Mayor la adquisición del armamento, municiones, parque vehicular, equipo policial, de sistemas y comunicaciones, así como implementos tecnológicos, destinados al desarrollo de las funciones propias de la Policía;
XIV.      Autorizar la asignación del armamento, municiones, parque vehicular, equipo policial, de sistemas y comunicaciones así como implementos tecnológicos destinados al desarrollo de las funciones propias de la Policía;
XV.       Vigilar el cumplimiento de los lineamientos o normas que expida el Procurador en relación con los resguardos de armas y municiones asignadas a la Policía;
XVI.      Ordenar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Registro Nacional de Armamento y Equipo, en colaboración con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución;
XVII.     Proporcionar el servicio de seguridad y protección a personas que intervienen en procedimientos penales, de conformidad con el marco legal establecido en la materia;
XVIII.     Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar los servicios de seguridad y protección a personas que por sus actividades se vean amenazados en su integridad física, de acuerdo a la normatividad aplicable y las que determine el Procurador;
XIX.      Designar a los responsables de los Centros Federales de Arraigo, así como disponer lo necesario para que su administración y funcionamiento se apeguen de manera estricta a las medidas cautelares emitidas por la autoridad competente;
 
XX.       Establecer, en coordinación con las unidades administrativas y organismos desconcentrados competentes, los mecanismos de intercambio de información policial con cuerpos policiales nacionales y extranjeros, de conformidad con las disposiciones aplicables;
XXI.      Dictar los lineamientos y políticas bajo los cuales la Policía proporcionará los informes, datos o cooperación técnica y operativa que sean requeridos por alguna instancia de los gobiernos federal, estatal, del Distrito Federal, municipal, o autoridades de otros países, con pleno apego a las disposiciones jurídicas aplicables;
XXII.     Establecer mecanismos y sistemas de coordinación con la Policía Federal, los cuerpos policiales de las entidades federativas y demás autoridades federales, locales y municipales en el ámbito de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables;
XXIII.     Coordinar con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes la cooperación internacional en materia de búsqueda y detención de fugitivos;
XXIV.    Dirigir y evaluar las actividades de la Oficina Central Nacional INTERPOL-México;
XXV.     Emitir políticas y lineamientos de desarrollo estratégico de la Policía y establecer los mecanismos y criterios para su operación, actualización y evaluación;
XXVI.    Conducir la planeación operativa de la Policía;
XXVII.   Participar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes de la Institución, en los programas de reclutamiento, formación y profesionalización para la Policía;
XXVIII.   Proponer al Consejo de Profesionalización las políticas, criterios y programas para el ingreso, desarrollo y terminación del Servicio de Carrera de los agentes de la Policía;
XXIX.    Emitir el Manual Disciplinario de la Policía, así como imponer las sanciones y resolver los recursos que sean interpuestos por los integrantes de la Policía;
XXX.     Disponer las medidas necesarias para crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los agentes de la Policía, así como incrementar los niveles de satisfacción, eficiencia e identidad institucional;
XXXI.    Establecer programas orientados a fortalecer la imagen institucional, el desarrollo personal y el bienestar familiar de los agentes de la Policía para elevar su calidad de vida;
XXXII.   Evaluar el desempeño de los agentes de la Policía para efectos de la permanencia, estímulos, recompensas y desarrollo;
XXXIII.   Determinar los parámetros de compromiso institucional, actitud y aptitud de los agentes de la Policía, a efecto de que se les otorguen estímulos y recompensas;
XXXIV.  Proponer los criterios para determinar el escalafón de la Policía, así como para la promoción y régimen de estímulos;
XXXV.   Representar legalmente a la Policía, conforme a la legislación aplicable;
XXXVI.  Disponer y supervisar el ejercicio del presupuesto de la Policía, conforme a las disposiciones legales correspondientes;
XXXVII. Autorizar, en coordinación con la Dirección General de Seguridad Institucional, las políticas, normas y lineamientos en materia de seguridad institucional, con apego a las disposiciones aplicables, y
XXXVIII. Las demás que le confieran este Reglamento y otras disposiciones legales aplicables, así como aquellas que se encuentren conferidas a los integrantes de la Policía.
Artículo 26. La Policía contará con el personal necesario para el desempeño de sus funciones, de conformidad con las disposiciones aplicables y lo que determine el Procurador mediante Acuerdo.
En suplencia del Titular de la Policía, para el despacho y resolución de los asuntos estarán a cargo, en el orden que se mencionan, el Director General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales, Director General de Servicios Especiales de Seguridad y de Protección a Personas; Director General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos; Director General de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL; Director General del Centro de Comunicaciones y Director General de Apoyo Técnico y Logístico.
 
Artículo 27.- La Policía ejercerá sus facultades en el territorio nacional a través de las unidades administrativas que integren su organización regional y en otros ámbitos territoriales cuando así se requiera conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. La Policía auxiliará a los titulares de las Delegaciones conforme a lo que establece la Ley Orgánica y demás disposiciones aplicables.
Artículo 28.- Al frente de cada unidad administrativa que integre la organización de la Policía habrá un Jefe que será nombrado por el Titular de la Policía.
Los Jefes de las unidades administrativas que integran la organización de la Policía actuarán permanentemente bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución, 3 del Código Federal de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables.
CAPÍTULO NOVENO
DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS
Artículo 29. Al frente de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud habrá un Titular quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Ejercer las atribuciones que la Constitución, el artículo 4 de la Ley Orgánica y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación, respecto del delito previsto en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con los delitos contra la salud previstos en los artículos 194 y 195, primer párrafo, del Código Penal Federal, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, sin perjuicio de las facultades de las Delegaciones para el conocimiento de tales delitos, de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita el Procurador;
II.         Ejercer la facultad de atracción para la investigación y persecución de delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales materia de su competencia, así como en los casos previstos en el artículo 474 de la Ley General de Salud, y
III.        Remitir a las Delegaciones, las indagatorias relacionadas con delitos materia de su competencia, para su prosecución, de conformidad con las normas y políticas institucionales, o cuando así lo determinen el Procurador o el Subprocurador respectivo.
Las unidades especializadas adscritas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada podrán conocer de las investigaciones por delito de su competencia, aún cuando no hayan sido cometidos por miembros de la delincuencia organizada. En estos casos no estarán facultadas para aplicar las disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Lo anterior sin perjuicio que, de conformidad con los lineamientos que emita el Procurador, conozcan de otros ilícitos que tengan conexidad con los de su competencia.
Artículo 30. Al frente de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas habrá un Titular quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Ejercer las atribuciones que la Constitución, el artículo 4 de la Ley Orgánica y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación, respecto del delito previsto en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con los delitos de terrorismo, previstos en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter del Código Penal Federal, y acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, sin perjuicio de las facultades de las Delegaciones para el conocimiento de tales delitos, de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita el Procurador, y
II.         Remitir a las Delegaciones, las indagatorias relacionadas con delitos materia de su competencia, para su prosecución, de conformidad con las normas y políticas institucionales, o cuando así lo determinen el Procurador o el Subprocurador respectivo.
 
Artículo 31. Al frente de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda habrá un Titular quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Ejercer las atribuciones que la Constitución, el artículo 4 de la Ley Orgánica y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación, respecto del delito previsto en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, y falsificación o alteración de moneda, previsto en los artículos 234, 236 y 237, del Código Penal Federal, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, sin perjuicio de las facultades de las Delegaciones para el conocimiento de tales delitos, de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita el Procurador, y
II.         Remitir a las Delegaciones, las indagatorias relacionadas con delitos materia de su competencia, para su prosecución, de conformidad con las normas y políticas institucionales, o cuando así lo determinen el Procurador o el Subprocurador respectivo.
Artículo 32. Al frente de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Secuestro habrá un Titular quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Ejercer las atribuciones que la Constitución, el artículo 4 de la Ley Orgánica y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación, respecto del delito previsto en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con los delitos previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como coordinarse con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, sin perjuicio de las facultades de las Delegaciones, para el conocimiento de tales delitos, de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita el Procurador, y
II.         Remitir a las Delegaciones, las indagatorias relacionadas con delitos materia de su competencia, para su prosecución, de conformidad con las normas y políticas institucionales, o cuando así lo determinen el Procurador o el Subprocurador respectivo.
Artículo 33. Al frente de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos habrá un Titular quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Ejercer las atribuciones que la Constitución, el artículo 4 de la Ley Orgánica y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación, respecto del delito previsto en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con el delito de tráfico de menores, previsto en el artículo 366 ter del Código Penal Federal o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales de las entidades federativas; tráfico de personas, previsto en el artículo 159 de la Ley de Migración, tráfico de órganos, previsto en los artículos 461, 462 y 462 bis, de la Ley General de Salud, y los delitos en materia de trata de personas previstos y sancionados en el Título Segundo de la Ley General para Combatir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, sin perjuicio de las facultades de las Delegaciones para el conocimiento de tales delitos, de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita el Procurador, y
II.         Remitir a las Delegaciones, las indagatorias relacionadas con delitos materia de su competencia, para su prosecución, de conformidad con las normas y políticas institucionales, o cuando así lo determinen el Procurador o el Subprocurador respectivo.
 
Artículo 34. Al frente de la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos habrá un Titular quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Ejercer las atribuciones que la Constitución, el artículo 4 de la Ley Orgánica y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación, respecto del delito previsto en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con los delitos de asalto, previsto en los artículos 286 y 287 del Código Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales de las entidades federativas, en materia de hidrocarburos, previsto en la fracción IV del artículo 368 Quáter y, robo de vehículos, previsto en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales federal y de las entidades federativas, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, sin perjuicio de las facultades de las Delegaciones para el conocimiento de tales delitos, de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita el Procurador, y
II.         Remitir a las Delegaciones, las indagatorias relacionadas con delitos materia de su competencia, para su prosecución, de conformidad con las normas y políticas institucionales, o cuando así lo determinen el Procurador o el Subprocurador respectivo.
Artículo 35. Al frente de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial habrá un Titular, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Ejercer las atribuciones que la Constitución, el artículo 4 de la Ley Orgánica y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación, respecto de delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial previstos en el Código Penal Federal y la Ley de la Propiedad Industrial y aquéllos cuyo conocimiento le corresponda por Acuerdo del Procurador, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, sin perjuicio de las facultades de las Delegaciones para el conocimiento de tales delitos, de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita el Procurador, y
II.         Remitir a las Delegaciones las indagatorias relacionadas con delitos materia de su competencia, para su prosecución, de conformidad con las normas y políticas institucionales, o cuando así lo determinen el Procurador o el Subprocurador respectivo.
Artículo 36. Al frente de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros habrá un Titular, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Ejercer las atribuciones que la Constitución, el artículo 4 de la Ley Orgánica y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación, respecto de los delitos de fraude previsto en el Código Penal Federal, los comprendidos en el Código Fiscal de la Federación, así como los previstos en la Ley del Seguro Social y las leyes relativas a las instituciones del sistema financiero, y aquéllos cuyo conocimiento le corresponda por Acuerdo del Procurador, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, sin perjuicio de las facultades de las Delegaciones para el conocimiento de tales delitos, de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita el Procurador, y
II.         Remitir a las Delegaciones, las indagatorias relacionadas con delitos materia de su competencia, para su prosecución, de conformidad con las normas y políticas institucionales, o cuando así lo determinen el Procurador o el Subprocurador respectivo.
Artículo 37. Al frente de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia habrá un Titular, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Ejercer las atribuciones que la Constitución, el artículo 4 de la Ley Orgánica y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación, respecto de los delitos cometidos por servidores públicos ajenos a la Procuraduría y contra la administración de justicia previstos en el Código Penal Federal y aquéllos cuyo conocimiento le corresponda por Acuerdo del Procurador, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, sin perjuicio de las facultades de las Delegaciones para el conocimiento de tales delitos, de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita el Procurador, y
II.         Remitir a las Delegaciones, las indagatorias relacionadas con delitos materia de su competencia, para su prosecución, de conformidad con las normas y políticas institucionales, o cuando así lo determinen el Procurador o el Subprocurador respectivo.
 
Artículo 38. Al frente de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Comercio de Narcóticos destinados al Consumo Final habrá un Titular, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Ejercer las atribuciones que la Constitución, el artículo 4 de la Ley Orgánica y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación, respecto de los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo previstos en la Ley General de Salud, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes, así como autoridades locales;
II.         Ejercer la facultad de atracción para la investigación y persecución de delitos del fuero común de conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley General de Salud y de los que tengan conexidad con delitos federales materia de su competencia;
III.        Remitir a las Delegaciones y unidades o fiscalías especializadas o de investigación creadas mediante Convenio o Acuerdo, así como a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, las indagatorias relacionadas con delitos materia de su competencia, para su prosecución, de conformidad con las normas y políticas institucionales, o cuando así lo determinen el Procurador o el Subprocurador respectivo;
IV.        Establecer mecanismos de colaboración y coordinación con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en las investigaciones en la realización de diligencias que practique en su ámbito territorial, relacionadas con los delitos materia de su competencia, de conformidad con las normas aplicables y políticas institucionales o cuando así lo determinen el Procurador o el Subprocurador respectivo, y
V.         Participar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes de la Institución, así como de las autoridades de las entidades federativas, en los organismos y grupos internacionales que tengan relación con la investigación y persecución de los delitos de su competencia.
Artículo 39. Al frente de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales habrá un Titular, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Ejercer las atribuciones que la Constitución, el artículo 4 de la Ley Orgánica y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación, respecto de los delitos contra el ambiente, previstos en el Código Penal Federal, en leyes especiales que no sean competencia de otra unidad especializada y en aquéllos cuyo conocimiento le corresponda por Acuerdo del Procurador, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, sin perjuicio de las facultades de las Delegaciones para el conocimiento de tales delitos, de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita el Procurador, y
II.         Remitir a las Delegaciones, las indagatorias relacionadas con delitos materia de su competencia, para su prosecución, de conformidad con las normas y políticas institucionales, o cuando así lo determinen el Procurador o el Subprocurador respectivo.
CAPÍTULO DÉCIMO
DE LAS COORDINACIONES
Artículo 40. Al frente de la Coordinación General de Servicios Periciales habrá un Titular, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Dirigir, operar, coordinar y supervisar el funcionamiento de la Coordinación;
II.         Someter a consideración del Procurador las políticas institucionales de actuación de la Coordinación;
III.        Auxiliar al Ministerio Público de la Federación en la búsqueda, preservación y obtención de indicios y pruebas, a fin de coadyuvar en el cumplimiento de sus funciones constitucionales de investigación y persecución de los delitos;
IV.        Establecer los mecanismos de atención y procedimientos de registro, de las solicitudes de servicios periciales en las diferentes especialidades, formuladas por el Ministerio Público de la Federación y, en su caso, por los órganos jurisdiccionales y demás autoridades, así como de los programas de supervisión y seguimiento de la atención a tales solicitudes;
 
V.         Brindar asesoría técnica a las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría, así como a otras instancias que lo requieran, en el ámbito de su competencia;
VI.        Diseñar y establecer los requisitos mínimos de los dictámenes e informes que en el ejercicio de sus facultades elabore la Coordinación, así como emitir, en coordinación con las unidades administrativas competentes, guías y manuales técnicos que deban observarse en la intervención pericial y para la formulación de dictámenes de las diversas especialidades periciales, dentro del marco de la autonomía técnica de dichos servicios, velando porque se cumplan con las formalidades y requisitos que establecen las leyes del procedimiento, así como con las normas científicas y técnicas aplicables;
VII.       Opinar sobre los anteproyectos de acuerdos, circulares, instructivos y manuales para regular la función pericial y la actuación de los peritos;
VIII.      Supervisar técnica y administrativamente la emisión de los dictámenes periciales, a efecto de que éstos cumplan con la metodología pericial y las normas vigentes;
IX.        Dirigir, operar y supervisar los laboratorios de la Coordinación;
X.         Atender las instrucciones del Ministerio Público de la Federación y los procedimientos y protocolos para la recolección, el levantamiento, la preservación y el traslado de indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, y de los instrumentos, objetos o productos del delito, así como para asegurar su integridad a través de la cadena de custodia;
XI.        Operar los bancos de datos criminalísticos de la Procuraduría, materia de su competencia, que se integren al Sistema Nacional de Seguridad Pública;
XII.       Operar y administrar un sistema informático de registro y análisis de perfiles genéticos de personas, vestigios biológicos, huellas y otros elementos relacionados con hechos delictuosos, que se obtengan de conformidad con las disposiciones aplicables, así como establecer criterios generales para el acceso al sistema y su uso;
XIII.      Operar y administrar un sistema informático de registro y análisis de la huella balística, análisis de voz y sistemas biométricos y otros elementos relacionados con hechos delictuosos, que se obtengan de conformidad con las disposiciones aplicables, así como establecer criterios generales para el acceso al sistema y su uso;
XIV.      Proponer a las unidades administrativas competentes la adquisición del equipo adecuado para el desarrollo de los servicios periciales y promover la cooperación en la materia con las procuradurías de las entidades federativas, así como con otras instituciones;
XV.       Proponer la habilitación de peritos cuando la Coordinación no cuente con especialistas en una determinada disciplina, ciencia o arte, cuando se requiera o en casos urgentes;
XVI.      Emitir opinión sobre los perfiles y funciones de los peritos, en el marco del Servicio de Carrera;
XVII.     Participar, en el ámbito de su competencia, en el diseño de los programas académicos de formación inicial para candidatos a miembros del Servicio de Carrera, como peritos, profesionales o técnicos;
XVIII.     Participar, en el ámbito de su competencia, en el diseño e implementación de los programas y actividades de profesionalización, de intercambio de profesores, conferencistas, servidores públicos y publicaciones con otras instituciones u organismos, públicos o privados nacionales o extranjeros, en coordinación con la Dirección General de Formación Profesional y demás unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes;
XIX.      Gestionar y establecer sistemas y mecanismos de intercambio de información en materia pericial con unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, así como con autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y Municipios, de conformidad con las disposiciones aplicables y las políticas institucionales;
XX.       Proponer la celebración de convenios con instituciones u organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros, en el ámbito de su competencia, donde se privilegie el intercambio de experiencias, conocimientos y avances tecnológicos, y
XXI.      Organizar los servicios periciales en concordancia con la estructura y distribución geográfica de los órganos ministeriales, de acuerdo con las necesidades del servicio, atendiendo a la incidencia delictiva, las circunstancias geográficas, las características de los asentamientos humanos, el nivel poblacional, los fenómenos criminógenos y demás criterios que se establezcan en las disposiciones aplicables.
 
Artículo 41. La Coordinación General de Servicios Periciales contará con las unidades administrativas, los peritos profesionales y técnicos, y el demás personal necesario para el desempeño de sus funciones de conformidad con las disposiciones aplicables y lo que determine el Procurador mediante Acuerdo.
Artículo 42.- La Coordinación General de Servicios Periciales, ejercerá sus facultades en el territorio nacional a través de las unidades administrativas que integren su organización regional y estatal en cada entidad federativa, quienes fungirán como enlaces y auxiliares de los titulares de las Delegaciones, así como de las demás autoridades judiciales y civiles de la entidad, conforme a lo que establece la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y demás disposiciones aplicables.
Artículo 43.- Al frente de cada unidad administrativa que integre su organización regional habrá un Jefe, el cual será nombrado por el Titular de la Coordinación General de Servicios Periciales.
Artículo 44.- Al frente de cada unidad administrativa que integre su organización estatal habrá un Jefe, el cual será nombrado por el Titular de la Coordinación General de Servicios Periciales.
Artículo 45. Al frente de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional habrá un Titular, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Proponer y dar seguimiento a las políticas de vinculación y coordinación interinstitucional en el ámbito de competencia de la Procuraduría, que se establezcan con los Poderes de la Unión, Órganos Constitucionales Autónomos, y los órdenes de gobierno local y municipal;
II.         Participar en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, en el ámbito de competencia de la Procuraduría;
III.        Coordinar la instrumentación de programas sectoriales de procuración de justicia y demás instrumentos programáticos en el ámbito de competencia de la Procuraduría, así como darles seguimiento y evaluar su ejecución;
IV.        Proponer lineamientos y definir los procedimientos y criterios que deberán aplicar las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución para la integración y generación de los informes de gestión institucionales y especiales, en materia de procuración de justicia;
V.         Dirigir la integración de la agenda institucional de asuntos de interés estratégico y atención prioritaria, y el sistema de análisis y evaluación social en materia de procuración de justicia;
VI.        Establecer los procesos para la generación de información en las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría, para el adecuado manejo de los indicadores estratégicos y de gestión de la Institución;
VII.       Proponer el marco estratégico de gestión de la Procuraduría enfocado a lograr una operación eficaz y eficiente de todas las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución a través de iniciativas y proyectos transversales;
VIII.      Definir las políticas y criterios Institucionales en materia de profesionalización de los servidores públicos de la Procuraduría, promoviendo su estricta observancia, con la participación de las unidades administrativas, órganos desconcentrados de la Procuraduría y otros organismos competentes;
IX.        Definir políticas y criterios institucionales para la formación de los agentes de la Policía, peritos y oficiales ministeriales, y
X.         Vigilar los procedimientos aplicables en las etapas de ingreso, desarrollo, reincorporación y terminación del Servicio de Carrera; y conducir la participación de las áreas que intervienen en éstas; así como supervisar la instrumentación de las acciones para la operación y evaluación de dicho Servicio.
Artículo 46. Al frente de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías habrá un Titular, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Coordinar el ejercicio de las atribuciones del Ministerio Público de la Federación en materia internacional;
II.         Coordinar a las agregadurías y oficinas de enlace;
III.        Vigilar que las agregadurías y las oficinas de enlace establezcan mecanismos eficientes de coordinación y colaboración con las autoridades de los países en cuya circunscripción territorial ejerzan sus funciones;
 
IV.        Coordinar la intervención de la Procuraduría en los procedimientos internacionales;
V.         Coordinar el ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 4 de la Ley Orgánica y demás disposiciones constitucionales y legales aplicables, respecto de los delitos cometidos en el extranjero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Código Penal Federal, así como en los casos en que se encuentren involucrados diplomáticos, cónsules generales o miembros de organismos internacionales, cuando no existan inmunidades diplomáticas que respetar, velando por el estricto cumplimiento de la Constitución, los tratados internacionales de los que México sea parte y demás ordenamientos legales aplicables;
VI.        Establecer mecanismos de coordinación entre las agregadurías y oficinas de enlace con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, a fin de que las auxilien en el ejercicio de sus funciones;
VII.       Organizar la participación de la Procuraduría en foros, congresos, seminarios, y reuniones internacionales, en coordinación con la dependencia competente, así como promover la cooperación internacional en materia de procuración de justicia;
VIII.      Someter a consideración de su superior jerárquico, previa consulta con las unidades administrativas competentes, la posición que deba asumir la Institución en foros y organismos internacionales, así como las necesidades de asistencia técnica internacional;
IX.        Promover la celebración de tratados internacionales y acuerdos interinstitucionales en asuntos relacionados con las atribuciones de la Procuraduría y vigilar su cumplimiento;
X.         Coordinar el desahogo y atención de los asuntos competencia de la Procuraduría con mecanismos y organismos internacionales de derechos humanos;
XI.        Establecer los mecanismos necesarios para que las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución se sujeten a los lineamientos que defina el Procurador en el cumplimiento de las funciones de la Procuraduría en el ámbito internacional, y
XII.       Desahogar las consultas jurídicas internacionales que le sean formuladas por las unidades administrativas u órganos desconcentrados de la Institución, así como por otras autoridades federales, del Distrito Federal y de los Estados de la República, relacionadas con el ámbito de sus funciones.
Artículo 47. Al frente de la Coordinación de Supervisión y Control Regional habrá un Titular, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Llevar a cabo la representación de la Institución y coordinar el ejercicio de las atribuciones del Ministerio Público de la Federación adscrito a las Delegaciones, con base en criterios que permitan la unidad de la actuación ministerial;
II.         Supervisar que se establezcan mecanismos eficientes de coordinación y colaboración entre las Delegaciones y autoridades de los tres órdenes de gobierno en cuya circunscripción territorial ejerzan sus funciones;
III.        Supervisar que las Delegaciones de la Procuraduría ejerzan de manera correcta sus atribuciones;
IV.        Establecer y supervisar los mecanismos de coordinación con las unidades centralizadas, a fin de que recíprocamente se auxilien en el ejercicio de sus funciones;
V.         Proponer lineamientos para la coordinación del desarrollo de las actividades estratégicas, tácticas y operativas de las Delegaciones, y supervisar su cumplimiento;
VI.        Emitir directrices para fomentar y coordinar las relaciones interinstitucionales que desarrollen las Delegaciones, así como supervisar su cumplimiento;
VII.       Supervisar el cumplimiento de las directrices, criterios y protocolos de actuación que emitan las Delegaciones;
VIII.      Supervisar y evaluar el desempeño de las Delegaciones, a efecto de elevar la eficiencia de la actividad operativa en el despliegue territorial;
IX.        Emitir las directrices para el control, registro de actividades y operativos que se instrumenten en el despliegue territorial;
 
X.         Supervisar la aplicación de procesos de seguimiento, monitoreo, evaluación y transparencia de resultados y desempeño de las Delegaciones, a efecto de mejorar la actividad operativa en el despliegue territorial;
XI.        Supervisar que el flujo de información entre las Delegaciones y las unidades centralizadas y los órganos desconcentrados de la Procuraduría, se realice en términos de las disposiciones aplicables y el marco estratégico de gestión;
XII.       Establecer y propiciar el mantenimiento de relaciones armónicas de coordinación y colaboración con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, sin menoscabo de las atribuidas a otras unidades administrativas, así como con organizaciones sociales, del sector académico y de derechos humanos;
XIII.      Coadyuvar en la atención y seguimiento de las solicitudes de información por parte de instituciones nacionales o extranjeras;
XIV.      Participar en el establecimiento de mecanismos de comunicación permanente con las instituciones de procuración de justicia en las entidades federativas;
XV.       Auxiliar a la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías en los asuntos de su competencia, así como a la Policía en la localización de fugitivos;
XVI.      Promover, con apoyo de las áreas competentes, el avance tecnológico y la innovación institucional de las Delegaciones;
XVII.     Coordinar la implementación y seguimiento del sistema de denuncia ciudadana;
XVIII.     Proponer, en coordinación con las áreas competentes de la Institución, lineamientos para fortalecer la colaboración de las Delegaciones con los organismos de participación ciudadana en las labores de procuración de justicia;
XIX.      Proponer a la unidad administrativa competente la presentación de quejas administrativas que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, deban presentarse ante el Consejo de la Judicatura Federal, por actos u omisiones de los órganos jurisdiccionales que conozcan de procesos penales federales;
XX.       Auxiliar a la Visitaduría General en el ejercicio de sus funciones e informar a ésta sobre las averiguaciones previas que se inicien en contra de servidores públicos de la Procuraduría;
XXI.      Realizar visitas de supervisión para detectar áreas de oportunidad y proponer mejoras a las Delegaciones, y
XXII.     Proponer al Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo acciones para mejorar los procesos administrativos y de control en el ámbito de las Delegaciones.
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Artículo 48. Al frente de la Dirección General de Comunicación Social habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Proponer e implementar las políticas de comunicación social de la Procuraduría, de conformidad con las disposiciones aplicables;
II.         Ejecutar los programas de comunicación social de la Procuraduría y ser el conducto institucional con los medios de comunicación;
III.        Participar en el posicionamiento oficial de la Institución sobre asuntos relevantes;
IV.        Coordinar la producción editorial de la Institución;
V.         Captar, analizar y sistematizar la información de los medios de comunicación nacionales y extranjeros referentes a los acontecimientos que incumben a la Procuraduría, de conformidad con los lineamientos que establezca el Procurador;
VI.        Difundir las actividades, programas y resultados de la Procuraduría a través de los medios de comunicación y coordinar la distribución de las publicaciones institucionales, de conformidad con las disposiciones aplicables;
 
VII.       Gestionar la publicación de edictos, convocatorias, licitaciones públicas y demás comunicaciones oficiales de la Procuraduría, distintas de aquellas que correspondan a otras unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución conforme con el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables;
VIII.      Proponer y organizar conferencias de prensa y entrevistas, así como emitir los comunicados de la Procuraduría;
IX.        Opinar sobre la información y datos de la página de Internet de la Procuraduría;
X.         Coordinarse con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para el cumplimiento, en el desempeño de sus funciones, de las disposiciones y políticas institucionales en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental;
XI.        Supervisar el cumplimiento de los lineamientos y disposiciones aplicables a las características y uso de la imagen institucional gráfica en cualquier pieza comunicacional de distribución externa o interna que contenga información sobre acciones o programas de la Procuraduría, y
XII.       Establecer las políticas, estrategias y normas para el desarrollo, contenido y administración de la página de Internet de la Procuraduría, en coordinación con las Unidades Administrativas competentes.
Artículo 49. Al frente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Ejercer aquellas que en materia de representación de la Federación indica el artículo 4, fracción II, inciso b), de la Ley Orgánica y cuando así lo ordene el Procurador;
II.         Intervenir como coadyuvante en los asuntos en que sean parte o tengan interés jurídico las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, a solicitud del coordinador de sector correspondiente o cuando así lo ordene el Procurador;
III.        Suplir al Procurador cuando le corresponda representar al Presidente de la República, en los casos en que no corresponda a la Dirección General de Control de Juicios de Amparo, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables;
IV.        Representar al Procurador cuando sea señalado como autoridad responsable en juicios de amparo, en asuntos del orden civil, administrativo, laboral y aquéllos que no sean competencia de la Dirección General de Control de Juicios de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables;
V.         Realizar la defensa jurídica de la Institución ante cualquier instancia, y representar jurídicamente al Procurador ante las autoridades administrativas, judiciales y laborales, con excepción de los asuntos competencia de las Direcciones Generales de Amparo de la Institución;
VI.        Supervisar y, en su caso, ejercer las facultades que la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica y demás disposiciones aplicables, le otorgan al Ministerio Público de la Federación, en coordinación con las demás unidades administrativas y órganos desconcentrados de la institución, sin perjuicio del ejercicio directo de la acción de extinción de dominio y de la actuación en el procedimiento correspondiente;
VII.       Proponer lineamientos para que las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución proporcionen información que permita la preparación de la acción de extinción de dominio y su ejercicio;
VIII.      Elaborar los informes, desahogar requerimientos, interponer los recursos, realizar las demás actuaciones que resulten procedentes y, en su caso, ejercer la representación de las autoridades de la Institución distintas del Procurador, cuando sean señalados como responsables en los juicios de amparo, en asuntos del orden civil, administrativo, laboral y aquéllos que no sean competencia de la Dirección General de Control de Juicios de Amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
 
IX.        Formular querellas y denuncias por hechos probablemente constitutivos de delito que afecten a la Procuraduría, así como otorgar perdón cuando éste proceda;
X.         Dictaminar, en materia laboral, sobre la procedencia de terminación de los efectos del nombramiento de los servidores públicos de la Procuraduría, a excepción del personal del Servicio de Carrera y de los servidores públicos previstos en los artículos 18 y 19 de la Ley Orgánica, para la resolución definitiva del Oficial Mayor;
XI.        Revisar y dictaminar los actos jurídicos que celebre la Procuraduría que afecten el presupuesto de la Institución y que no se encuentren expresamente reservados a la Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad;
XII.       Proponer al Procurador las acciones y desistimientos en materia de extinción de dominio;
XIII.      Desahogar las consultas que en el ámbito de su competencia le formulen las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría;
XIV.      Enviar a la Dirección General de Constitucionalidad las ejecutorias en donde se detecte alguna contradicción o sustitución de jurisprudencia, así como los casos en que proceda solicitar la sustitución de jurisprudencia;
XV.       Fungir como unidad de enlace, según lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con las facultades señaladas en el artículo 28 de la citada ley;
XVI.      Proponer los mecanismos para la clasificación de la información y los expedientes de la Procuraduría, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables;
XVII.     Establecer mecanismos de coordinación con la Dirección General de Comunicación Social, en materia de difusión de información de las acciones realizadas por la Procuraduría, en el marco del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, de conformidad con las disposiciones aplicables;
XVIII.     Opinar en coordinación con la Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad respecto a los asuntos del Servicio de Carrera;
XIX.      Sustanciar, en su caso, los procedimientos en que se proponga la rescisión, suspensión o terminación anticipada de los contratos derivados de las leyes reglamentarias del artículo 134 de la Constitución que, de acuerdo al ámbito de competencia, sean signados por las áreas que integran la Oficialía Mayor o por cualquier otra de la Procuraduría, proponiendo la resolución correspondiente a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales para su firma conforme a sus facultades, e intervenir en cualquier otro procedimiento en el que la Oficialía Mayor o sus áreas sean parte;
XX.       Representar los intereses de la Procuraduría y del Ministerio Público de la Federación en las controversias judiciales distintas a los procesos penales que generen o planteen directamente los afectados o terceros, en relación con los bienes asegurados;
XXI.      Conocer y resolver los procedimientos administrativos de responsabilidad patrimonial del Estado;
XXII.     Administrar y operar un sistema de información sobre bienes sujetos a procedimientos jurisdiccionales y administrativos federales;
XXIII.     Apoyar en todo lo que se requiera para la administración y coordinación de la operación del Fondo de Apoyo o Asistencia a Víctimas u Ofendidos a que se refiere la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XXIV.    Elaborar el informe anual al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de las acciones de extinción de dominio a que se refiere la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
XXV.     Coordinar la actuación de las áreas jurídicas de la Institución, salvo lo correspondiente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
 
Artículo 50. Al frente de la Dirección General de Constitucionalidad habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Someter a consideración del Procurador los proyectos de opinión para el ejercicio de las facultades que le otorgan los artículos 102, Apartado A, tercer párrafo, y 105, fracciones I y II, párrafo primero, de la Constitución, en materia de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad;
II.         Informar al Procurador sobre el trámite de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, así como de las resoluciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dicte en esos procedimientos;
III.        Analizar las sentencias que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad y proponer al Procurador estudios en los que se evalúe su impacto en el ordenamiento jurídico nacional;
IV.        Analizar las normas generales que se publiquen en los periódicos y gacetas oficiales de la Federación, Distrito Federal y entidades federativas y, en su caso, proponer al Procurador el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución;
V.         Apoyar al Procurador en el ejercicio de las facultades que le otorgan los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución, y 197 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de denuncia de contradicción de tesis y de solicitud de sustitución de jurisprudencia; e intervenir, en los términos que el Procurador establezca, en la formulación de los pedimentos correspondientes;
VI.        Participar en la conducción de las relaciones institucionales de la Procuraduría con el Poder Judicial de la Federación, en el ámbito de competencia de la Dirección General y de conformidad con las instrucciones del Procurador;
VII.       Compilar, con el apoyo de las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría y, en su caso, requerirles, los periódicos oficiales y ordenamientos jurídicos de las entidades federativas, así como las ejecutorias en que se sustenten tesis contradictorias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito y en las que proceda solicitar la sustitución de jurisprudencia, para el cumplimiento de sus atribuciones;
VIII.      Opinar sobre proyectos de reformas a la Constitución en coordinación con las unidades administrativas competentes, y
IX.        Administrar y operar el sistema de información al que se refiere el artículo 12 de la Ley Orgánica.
Artículo 51. Al frente de la Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Formular anteproyectos de iniciativas de leyes o de reformas constitucionales y legales que incidan en el ámbito de atribuciones de la Procuraduría;
II.         Realizar estudios jurídicos sobre las iniciativas de leyes o de reformas constitucionales y legales que se presenten en el Congreso de la Unión, en las materias competencia de la Procuraduría, así como darle seguimiento a las mismas;
III.        Dar seguimiento, en coordinación con las dependencias, unidades administrativas y órganos desconcentrados, a los asuntos del ámbito de competencia de la Procuraduría en el Congreso de la Unión, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las legislaturas de las entidades federativas, de conformidad con las disposiciones aplicables;
IV.        Gestionar, tramitar y dar seguimiento a la atención y desahogo de los requerimientos que realizan a la Procuraduría los miembros de las Cámaras del Congreso de la Unión, así como de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las legislaturas de los estados;
V.         Atender, en coordinación con las unidades administrativas u órganos desconcentrados competentes de la Institución, las consultas técnico jurídicas en materias competencia de la Procuraduría que sean presentadas por miembros del Congreso de la Unión o cuando así lo determine el Procurador;
 
VI.        Elaborar anteproyectos de reglamentos, acuerdos, circulares, instructivos, manuales y demás instrumentos jurídicos para regular la actuación de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía y peritos, para lo cual recabará la opinión de las áreas involucradas y validará el marco jurídico de los manuales administrativos;
VII.       Sistematizar la normatividad y los instrumentos jurídicos convencionales suscritos por la Institución;
VIII.      Elaborar las propuestas de reforma al presente Reglamento y someterlas a consideración del Procurador;
IX.        Participar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes de la Institución, en la elaboración de las normas del Servicio de Carrera;
X.         Participar en la elaboración de las bases de coordinación y convenios de colaboración que celebre la Procuraduría con autoridades y organizaciones, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, conjuntamente con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría que los propongan;
XI.        Participar, en coordinación con las instancias competentes, en el desarrollo del marco jurídico necesario para la implementación del sistema procesal penal acusatorio previsto en la Constitución, así como de la normatividad transitoria correspondiente, y
XII.       Gestionar la publicación de las disposiciones jurídico-administrativas de la Procuraduría en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 52. Al frente de la Dirección General de Procedimientos Internacionales habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Intervenir en los casos de extradición internacional, conforme con lo dispuesto por el artículo 119 de la Constitución, los tratados internacionales en la materia de los que México sea parte, la Ley de Extradición Internacional, la Ley Orgánica y demás disposiciones aplicables;
II.         Participar en los casos en que se reconozca la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, en el ámbito de competencia de la Procuraduría, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución, los instrumentos internacionales en la materia de los que México sea parte, la Ley Orgánica y demás disposiciones aplicables;
III.        Auxiliar, en el ámbito de su competencia, a las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, en la localización de fugitivos en el extranjero;
IV.        Coordinar, con la participación de las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría, la entrega y recepción de personas solicitadas en extradición;
V.         Realizar el análisis jurídico de la legislación extranjera en las materias penal y procesal penal, así como de los instrumentos jurídicos internacionales en materia de extradición, asistencia jurídica internacional, recuperación de activos y otros en el ámbito de competencia de la Procuraduría;
VI.        Establecer, en coordinación con las autoridades competentes, canales de comunicación y mecanismos de cooperación con autoridades extranjeras y organismos internacionales, para realizar actividades en materia de extradición, asistencia jurídica internacional, recuperación de activos y otros en el ámbito de competencia de la Procuraduría;
VII.       Colaborar en el cumplimiento de acuerdos y tratados internacionales relacionados con asistencia jurídica internacional, extradición, devolución de bienes, recuperación de activos, ejecución de sentencias penales y demás asuntos de carácter internacional que competan a la Procuraduría, y
VIII.      Auxiliar en la práctica de diligencias y obtención de información en el extranjero, a las distintas unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, así como a las procuradurías generales de justicia o instituciones análogas de los estados y del Distrito Federal.
Artículo 53. Al frente de la Dirección General de Cooperación Internacional habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Participar en la negociación y celebración de tratados internacionales y acuerdos interinstitucionales en las materias competencia de la Procuraduría;
II.         Organizar y participar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, en foros y reuniones internacionales en las que se traten temas relacionados con las funciones de la Procuraduría;
 
III.        Proponer, previa consulta con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, la posición que deba asumir la Procuraduría en foros y reuniones internacionales;
IV.        Identificar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría, las necesidades institucionales de asistencia técnica internacional;
V.         Formular y difundir los mecanismos necesarios para asegurar que las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría se sujeten a los lineamientos que defina el Procurador en materia internacional;
VI.        Establecer, en coordinación con las autoridades competentes, canales de comunicación con autoridades extranjeras y organismos internacionales, así como proponer el establecimiento de mecanismos de concertación, asistencia técnica y capacitación;
VII.       Determinar, de manera conjunta con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, los contenidos para la difusión ante la comunidad internacional de las acciones realizadas por la Procuraduría;
VIII.      Participar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes de la Institución, en la implementación de las medidas institucionales para la atención de los requerimientos, visitas, medidas cautelares y recomendaciones formuladas por mecanismos y organismos internacionales de derechos humanos, y
IX.        Desahogar las consultas jurídicas internacionales que le sean formuladas por las unidades administrativas de la Institución, así como por otras autoridades federales, del Distrito Federal y de los Estados de la República, relacionadas con el ámbito de sus funciones.
Artículo 54. Al frente de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Realizar la supervisión y auxilio técnico jurídico de las Delegaciones en el desarrollo de las acciones en materia de integración de las averiguaciones previas y el ejercicio de la acción penal, bajo una estrategia integral de actuación de la Procuraduría, con base en las normas aplicables y los criterios institucionales;
II.         Ejercer las atribuciones a que se refiere el artículo 4, fracciones I, apartados A, B, inciso a), y C, fracciones IV, V y IX, de la Ley Orgánica, por sí o por conducto de los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a las Delegaciones;
III.        Ordenar la detención y, en su caso, la retención de los probables responsables en los términos del artículo 16 de la Constitución;
IV.        Establecer los sistemas de registro, control estadístico y seguimiento de las averiguaciones previas a cargo de las Delegaciones, de conformidad con el marco estratégico de gestión, y proponer estrategias y acciones tendentes a mejorar la procuración de justicia federal;
V.         Contribuir a la coordinación entre los titulares de las Delegaciones con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en sus respectivas circunscripciones territoriales, a fin de generar estrategias y acciones conjuntas en materia de averiguación previa por delitos competencia del Ministerio Público de la Federación;
VI.        Establecer mecanismos de coordinación en materia de averiguación previa entre las Delegaciones y unidades centralizadas de la Institución, a fin de auxiliar a estas últimas en el ejercicio de sus funciones, así como supervisar el cumplimiento de los indicadores a efecto de evaluar la eficiencia de las Delegaciones;
VII.       Contribuir y supervisar, en el ámbito de sus facultades, a la calidad técnico-jurídica en la integración de averiguaciones previas y el ejercicio de la acción penal, a cargo de las Delegaciones, y
VIII.      Establecer, en coordinación con la Dirección General de Control de Procesos Penales Federales, criterios generales de actuación de los agentes del Ministerio Público de la Federación investigadores adscritos a las Delegaciones, para mejorar la integración de averiguaciones previas y el ejercicio de la acción penal.
 
Artículo 55. Al frente de la Dirección General de Control de Procesos Penales Federales habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Realizar la supervisión y auxilio técnicos de las Delegaciones en materia de persecución de delitos, bajo una estrategia integral de actuación de la Procuraduría, con base en las normas aplicables y los criterios institucionales;
II.         Ejercer las atribuciones a que se refiere el artículo 4, fracciones I, apartados B y C, fracciones IV, V y IX, de la Ley Orgánica, por sí o por conducto de los agentes del Ministerio Público de la Federación en las Delegaciones;
III.        Intervenir, por sí o por conducto de los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito que conozcan de la materia penal, en los procesos penales federales de su competencia, promoviendo y desahogando todas las actuaciones procesales a que haya lugar en los asuntos que tengan a su cargo;
IV.        Establecer las políticas institucionales para la actuación de los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a los órganos jurisdiccionales federales que conozcan de la materia penal;
V.         Contribuir a la supervisión y evaluación primaria de la calidad técnico-jurídica de los procesos penales a cargo de las Delegaciones;
VI.        Establecer mecanismos de coordinación con las unidades administrativas que tengan a su cargo la investigación de delitos, a fin de perfeccionar el ejercicio de la acción penal y facilitar las actuaciones procesales que deban desahogarse ante los órganos jurisdiccionales, y
VII.       Someter a consideración de su superior jerárquico las quejas administrativas que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación deban presentarse ante el Consejo de la Judicatura Federal, que deriven de actos u omisiones de los órganos jurisdiccionales que conozcan de procesos penales federales.
Artículo 56. Al frente de la Dirección General de Control de Juicios de Amparo habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Ejercer las facultades que se encuentran previstas en el artículo 4, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica, promoviendo la constitucionalidad y la legalidad en el ámbito de su competencia;
II.         Coordinar, supervisar y evaluar a los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a los órganos jurisdiccionales competentes en materia de amparo en asuntos competencia de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo;
III.        Prestar auxilio técnico a las Delegaciones en las entidades federativas en materia de amparo, bajo una estrategia integral de actuación de la Procuraduría, con base en las normas aplicables y los criterios institucionales;
IV.        Enviar a la Dirección General de Constitucionalidad las ejecutorias en las que se detecte la existencia de tesis contradictorias sustentadas por los tribunales federales, así como los casos en que proceda solicitar la sustitución de jurisprudencia;
V.         Dirigir, presentar y en su caso, supervisar la presentación de informes, recursos y desahogo a los requerimientos formulados en los juicios de amparo a las autoridades centrales de la Institución que sean señaladas como autoridades responsables, desde el Procurador hasta Directores de Área, en términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
VI.        Suplir al Procurador, cuando le corresponda representar al Presidente de la República, en materia penal, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
VII.       Someter a consideración del Subprocurador, la presentación de las quejas administrativas que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación deban presentarse ante el Consejo de la Judicatura Federal, que deriven de actos u omisiones de los órganos jurisdiccionales en materia de amparo.
 
Artículo 57. Al frente de la Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delincuencia Organizada habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Intervenir, por sí o por conducto de los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Dirección General y a órganos jurisdiccionales que conozcan de la materia penal, en los procesos penales federales competencia de las unidades especializadas adscritas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, promoviendo y desahogando todas las actuaciones procesales a que haya lugar en los asuntos que tengan a su cargo;
II.         Coordinarse en el ámbito técnico-jurídico con las Delegaciones, en materia de persecución de delitos de delincuencia organizada, bajo una estrategia integral de actuación de la Procuraduría, con base en las normas aplicables y los criterios institucionales;
III.        Ejercer las atribuciones a que se refiere el artículo 4, fracción I, apartado B, fracciones IV, V y IX, de la Ley Orgánica, por sí o por conducto de los agentes del Ministerio Público de la Federación en las Delegaciones, en los casos de delincuencia organizada;
IV.        Establecer las políticas institucionales para la actuación de los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Dirección General y a los órganos jurisdiccionales federales en materia penal, cuando intervengan en los procesos penales relacionados con la delincuencia organizada;
V.         Contribuir a la supervisión y evaluación primaria de la calidad técnico-jurídica de los procesos penales en materia de delincuencia organizada a cargo de las Delegaciones, cuando conozcan de delitos relacionados con la delincuencia organizada;
VI.        Establecer mecanismos de coordinación con las Delegaciones en las entidades federativas en materia de persecución de delitos relacionados con la delincuencia organizada, a fin de que presten el auxilio necesario en el ejercicio de sus funciones a la Dirección General, bajo una estrategia integral de actuación de la Procuraduría, con base en las normas aplicables y criterios institucionales;
VII.       Ejercer las facultades que se encuentran previstas en el artículo 4, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica, promoviendo la constitucionalidad y la legalidad en el ámbito de su competencia, por sí o por conducto de los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a esta Dirección General o a los órganos jurisdiccionales que conozcan en materia de amparo penal, respecto de los juicios de amparo que deriven de consignaciones de las Unidades Especializadas adscritas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada;
VIII.      Coordinar, supervisar y evaluar a los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a los órganos jurisdiccionales competentes en materia de amparo en asuntos de delincuencia organizada;
IX.        Coordinarse en el ámbito técnico-jurídico con las Delegaciones en las entidades federativas en materia de amparo en casos de delincuencia organizada, bajo una estrategia integral de actuación de la Procuraduría, con base en las normas aplicables y los criterios institucionales;
X.         Coordinarse en el ámbito técnico-jurídico con la Dirección General de Control de Juicios de Amparo en casos de delincuencia organizada y emitir opinión;
XI.        Someter a consideración de su superior jerárquico, la presentación de las quejas administrativas que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación deban presentarse ante el Consejo de la Judicatura Federal, que deriven de actos u omisiones de los órganos jurisdiccionales que conozcan de procesos penales federales o de amparo, en casos de competencia de las unidades especializadas adscritas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada;
XII.       Establecer mecanismos de coordinación con las unidades administrativas que tengan a su cargo la integración de averiguaciones previas, el control de procesos penales y el desahogo de los procedimientos internacionales, a fin de mejorar la actuación del Ministerio Público de la Federación como parte en los juicios de amparo, en casos de delincuencia organizada, y
XIII.      Enviar a la Dirección General de Constitucionalidad las ejecutorias en las que se detecte la existencia de tesis contradictorias sustentadas por los tribunales federales, así como los casos en que proceda solicitar la sustitución de jurisprudencia, en casos de delincuencia organizada.
 
Artículo 58. Al frente de la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Diseñar y establecer mecanismos de apoyo y consulta jurídica para la actuación y desempeño jurídico penal del personal ministerial adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada;
II.         Proponer e implementar las acciones necesarias para que en los asuntos competencia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la procuración de justicia sea efectivamente pronta y expedita;
III.        Intervenir en coordinación con la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, conforme con las normas aplicables, en la investigación, resolución, visitas y seguimiento de las quejas que haga del conocimiento de la Institución la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o peticiones de los organismos estatales de derechos humanos, respecto de acciones realizadas por servidores públicos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada;
IV.        Desahogar las solicitudes de acceso a la información que se realicen a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, en términos de lo dispuesto por la ley en la materia;
V.         Elaborar los informes, desahogar requerimientos, interponer los recursos, y realizar las demás actuaciones que resulten procedentes, cuando el Titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y los titulares de las unidades especializadas adscritas, sean señalados como autoridad responsable en los juicios de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
VI.        Coordinar, supervisar y dirigir la debida actuación ministerial en materia de delincuencia organizada, mediante evaluaciones técnico jurídicas, que le sean encargadas por el Titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada;
VII.       Formular los dictámenes del no ejercicio de la acción penal, para la autorización del Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada;
VIII.      Revisar, en su caso, las propuestas de arraigo, cateo e intervención de comunicaciones privadas, para la solicitud correspondiente del Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, a la autoridad judicial federal;
IX.        Otorgar apoyo jurídico en los procesos de incineración de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias nocivas o peligrosas para la salud, así como de bienes que por su naturaleza y origen delictivo deban ser destruidos, en términos de las disposiciones aplicables;
X.         Llevar el control, clasificación y registro interno de los bienes asegurados por los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;
XI.        Intervenir y apoyar a los agentes del Ministerio Público de la Federación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, para realizar todas las diligencias y procedimientos necesarios para el aseguramiento de bienes; declaratoria de abandono; devolución; extinción de dominio, y decomiso, en términos de la legislación aplicable;
XII.       Establecer, instruir, difundir y coordinar, en el ámbito de su competencia, las acciones que resulten procedentes para la capacitación, actualización y especialización del personal adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, en coordinación con las áreas de la Institución y órganos desconcentrados competentes;
XIII.      Atender y dar seguimiento a los requerimientos realizados para el cumplimiento de las medidas de arraigo, cateo e intervención de comunicaciones, que soliciten las unidades especializadas adscritas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, a través de los medios electrónicos correspondientes ante el Poder Judicial de la Federación, y
XIV.      Promover, diseñar e implantar sistemas de mejora, en apoyo al desempeño de las funciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
 
Artículo 59. Al frente de la Dirección General de Cuerpo Técnico de Control habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Establecer los lineamientos sobre las características de los aparatos, equipos y sistemas autorizados para la ejecución de las intervenciones de comunicaciones privadas;
II.         Emitir los lineamientos sobre la guarda, conservación, mantenimiento y uso de los aparatos, equipos y sistemas que se autorizarán para ejecutar, operar, monitorear y administrar la orden de intervención de comunicaciones privadas;
III.        Comprobar la autenticidad de las grabaciones y de las transcripciones que resulten con motivo de las intervenciones de comunicaciones privadas;
IV.        Realizar la ejecución de la orden de intervención de comunicaciones privadas, en los términos de la autorización judicial;
V.         Auxiliar al Agente del Ministerio Público de la Federación en cotejar la autenticidad de las transcripciones en relación a las llamadas telefónicas que se registren dentro del monitoreo de la orden de intervención de comunicaciones privadas;
VI.        Reportar al Agente del Ministerio Público de la Federación responsable de la medida cautelar, cuando se descubra alguna incidencia, desperfecto o uso indebido de los aparatos, equipos y sistemas usados para ejecutar y llevar a cabo la intervención de comunicaciones privadas, para efectos de que proceda conforme a derecho;
VII.       Revisar y supervisar la adecuada administración y operación de la orden de intervención, consistente en la programación, configuración, ruteo, pruebas técnicas, procesos, procedimiento y monitoreo de la operación y administración de las órdenes de intervención de comunicaciones privadas;
VIII.      Solicitar los reportes operativos y administrativos necesarios a efecto de verificar su autenticidad con los registros que el sistema de monitoreo y/o intervención de comunicaciones privadas generen, y
IX.        Reportar al Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada o al Agente del Ministerio Público de la Federación responsable, lo relacionado a la autenticidad de los resultados de la intervención de comunicaciones privadas.
Artículo 60. Al frente de la Dirección General de Tecnología, Seguridad y Apoyo a la Investigación en Delincuencia Organizada habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Crear y aplicar estrategias y acciones en apoyo a los agentes del Ministerio Público de la Federación en la investigación y persecución de los delitos de delincuencia organizada;
II.         Generar, aplicar y difundir las medidas de seguridad aplicables para el manejo de la información requeridas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, así como del personal adscrito a la misma, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes;
III.        Proponer y coordinar la adquisición, aprovechamiento, uso, custodia, conservación y mantenimiento de los equipos de apoyo, así como de los sistemas de inteligencia que se requieran para la recolección de información, con el objeto de integrarla a las averiguaciones previas;
IV.        Proporcionar los servicios técnicos de análisis a equipos de comunicaciones, electrónicos e informáticos, así como de las transcripciones fonéticas en cumplimiento a las solicitudes de los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada;
V.         Auxiliar a los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, en materia de criminología, dactiloscopia y fotografía;
VI.        Establecer los mecanismos de atención y procedimientos de registro de las solicitudes de servicios periciales en las diferentes especialidades, formuladas por los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada;
VII.       Auxiliar a los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, en la investigación y persecución de los delitos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica;
 
VIII.      Gestionar y proveer a los servidores públicos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, el material técnico necesario para el desarrollo de sus actividades, en coordinación con las unidades administrativas competentes, y
IX.        Generar y administrar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes, los sistemas tecnológicos y estadísticos que requiera la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, para un desarrollo óptimo de sus actividades.
Artículo 61. Al frente de la Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delitos Federales habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Intervenir, por sí o por conducto de los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Dirección General y a órganos jurisdiccionales que conozcan de la materia penal, en los procesos penales federales de delitos competencia de las unidades especializadas adscritas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, promoviendo y desahogando todas las actuaciones procesales a que haya lugar en los asuntos que tengan a su cargo;
II.         Prestar auxilio técnico a las Delegaciones en materia de persecución de delitos competencia de las unidades especializadas adscritas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, bajo una estrategia integral de actuación de la Procuraduría, con base en las normas aplicables y los criterios institucionales;
III.        Ejercer las atribuciones a que se refiere el artículo 4, fracción I, apartado B, fracciones IV, V y IX, de la Ley Orgánica, por sí o por conducto de los agentes del Ministerio Público de la Federación en las Delegaciones, en los casos de su competencia;
IV.        Establecer las políticas institucionales para la actuación de los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a los órganos jurisdiccionales federales que conozcan de la materia penal, en delitos competencia de las unidades especializadas adscritas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales;
V.         Contribuir a la supervisión y evaluación primaria de la calidad técnico-jurídica de los procesos penales relacionados con los delitos competencia de las unidades especializadas adscritas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales a cargo de éstas, las Delegaciones;
VI.        Establecer mecanismos de coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados que tengan a su cargo la investigación de delitos, a fin de perfeccionar el ejercicio de la acción penal y facilitar las actuaciones procesales que deban desahogarse ante los órganos jurisdiccionales, en casos de los delitos competencia de las unidades especializadas adscritas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales;
VII.       Ejercer las facultades que se encuentran previstas en el artículo 4, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica, promoviendo la constitucionalidad y la legalidad en el ámbito de su competencia;
VIII.      Coordinar, supervisar y evaluar a los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a los órganos jurisdiccionales competentes en materia de amparo en asuntos competencia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales;
IX.        Prestar auxilio técnico a las Delegaciones en las entidades federativas en materia de amparo en casos competencia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, bajo una estrategia integral de actuación de la Procuraduría, con base en las normas aplicables y los criterios institucionales;
X.         Prestar auxilio técnico a la Dirección General de Control de Juicios de Amparo en casos de delitos competencia de las unidades especializadas adscritas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales;
XI.        Someter a consideración de su superior jerárquico, la presentación de las quejas administrativas que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación deban presentarse ante el Consejo de la Judicatura Federal, que deriven de actos u omisiones de los órganos jurisdiccionales que conozcan de procesos penales federales;
 
XII.       Establecer mecanismos de coordinación con las unidades administrativas que tengan a su cargo la integración de averiguaciones previas, el control de procesos penales y el desahogo de los procedimientos internacionales, a fin de mejorar la actuación del Ministerio Público de la Federación como parte en los juicios de amparo, en casos de delitos competencia de las unidades especializadas adscritas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, y
XIII.      Enviar a la Dirección General de Constitucionalidad las ejecutorias en las que se detecte la existencia de tesis contradictorias sustentadas por los tribunales federales, así como los casos en que proceda solicitar la sustitución de jurisprudencia.
Artículo 62. Al frente de la Dirección General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en materia de Derechos Humanos habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Intervenir, conforme a las normas aplicables, en las propuestas de conciliación y las recomendaciones que envíe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
II.         Ejercer las atribuciones a que se refiere el artículo 4, fracción I, apartados A, B y C, fracciones IV, V y IX, de la Ley Orgánica, por sí o por conducto de los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a las Delegaciones, en los asuntos de violaciones a derechos humanos relacionadas con servidores públicos de la Institución siempre que preceda denuncia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o se trate de violaciones graves a los derechos humanos;
III.        Atender por parte de la Institución, en términos de las disposiciones legales aplicables, los Programas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relacionados con la procuración de justicia;
IV.        Coadyuvar con la Dirección General de Cooperación Internacional en el seguimiento a los acuerdos tomados por las instancias de coordinación para la atención de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que México sea parte, y
V.         Atender y dar seguimiento, en coordinación con las autoridades correspondientes, los requerimientos, visitas, medidas cautelares y recomendaciones que los organismos internacionales de derechos humanos realicen, respecto de casos que sean competencia de la Procuraduría.
Artículo 63. Al frente de la Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Quejas e Inspección habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Proponer e instrumentar las políticas institucionales para la capacitación y promoción en materia de derechos humanos, en coordinación con la unidad administrativa competente;
II.         Fomentar entre los servidores públicos de la Institución una cultura de respeto a los derechos humanos que ampara la legislación federal y los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano;
III.        Establecer las relaciones de la Institución con los Organismos Públicos de Derechos Humanos y las Organizaciones No Gubernamentales, así como proponer la celebración de convenios y bases de colaboración con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales para la capacitación y promoción en materia de derechos humanos;
IV.        Intervenir, conforme a las normas aplicables, en la investigación, resolución y seguimiento de las quejas que haga del conocimiento de la Institución la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como en las visitas que ésta realice a la misma;
V.         Atender y dar seguimiento a la implementación y cumplimiento de las medidas cautelares que solicite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
VI.        Observar las peticiones de los organismos estatales de derechos humanos respecto de las quejas en que se vean involucrados servidores públicos de la Institución;
VII.       Dirigir las unidades de protección y promoción de los derechos humanos instaladas en las unidades administrativas de la Institución;
 
VIII.      Resolver oportunamente las solicitudes de información e inconformidades que plantee la ciudadanía, en relación con el respeto y observancia de los derechos humanos por parte de los servidores públicos de la Institución, y
IX.        Conducir conforme a la normatividad aplicable, las acciones de prevención, observancia e inspección en derechos humanos que se realicen en las diversas unidades administrativas de la Procuraduría.
Artículo 64. Al frente de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Desarrollar programas y campañas permanentes, con la finalidad de prevenir la comisión de conductas ilícitas de carácter federal;
II.         Evaluar periódicamente el resultado de las actividades realizadas, en todo el territorio nacional, en coordinación con las unidades administrativas competentes;
III.        Proponer la celebración de convenios con los gobiernos del Distrito Federal, de las entidades federativas y municipios, así como con organizaciones de los sectores social y privado, para promover la prevención del delito;
IV.        Establecer el sistema de atención a detenidos que se encuentren a disposición del Ministerio Público de la Federación o en las instalaciones de la Procuraduría, mediante los módulos correspondientes vigilando el respeto irrestricto de sus derechos humanos;
V.         Diseñar y ejecutar el programa de vinculación de la Procuraduría con la sociedad, en coordinación con las unidades administrativas competentes;
VI.        Facilitar el acceso de la comunidad a los servicios requeridos por ésta, en el ámbito de competencia de la Procuraduría, promoviendo acciones de coordinación con dependencias y entidades federales, estatales y municipales;
VII.       Difundir e intercambiar experiencias en materia de prevención del delito y servicios a la comunidad, con instituciones nacionales y extranjeras y valorar conjuntamente con las unidades administrativas competentes respecto de la conveniencia de adoptar las medidas que en este rubro recomienden los diversos organismos internacionales;
VIII.      Brindar orientación legal y social al público en general, canalizándolo a las dependencias y entidades competentes, que proporcionen servicios de carácter tutelar, asistencial, preventivo y educacional;
IX.        Promover la participación social para el apoyo de los servicios que presta la Procuraduría, a través del establecimiento de comités de colaboración comunitaria en las entidades federativas;
X.         Establecer mecanismos para la recepción de información ciudadana sobre la posible comisión de delitos federales, así como canalizarlas a las unidades y órganos competentes;
XI.        Coordinar los programas de formación de capacitadores para la prevención de la farmacodependencia;
XII.       Realizar foros de consulta popular sobre temas relacionados con las funciones de la Procuraduría, en coordinación con las unidades administrativas competentes, y
XIII.      Proponer los criterios en materia de servicios a la comunidad y vinculación social, así como coordinar las instancias encargadas de los mismos dentro de la Procuraduría.
Artículo 65. Al frente de la Dirección General de Programación y Presupuesto habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Proponer al Oficial Mayor, las normas, sistemas y procedimientos para la planeación, programación, presupuesto, ejercicio, control y evaluación del presupuesto en función de los planes, programas y proyectos de la Procuraduría, así como integrar el anteproyecto del Presupuesto de la Procuraduría;
II.         Integrar la información relativa a la Cuenta de la Hacienda Pública, así como atender los requerimientos de información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
III.        Fungir como instancia administrativa única de la Procuraduría en las materias presupuestaria y contable, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
 
IV.        Establecer y vigilar el cumplimiento de las normas y procedimientos para integrar y llevar la contabilidad interna, así como formular y consolidar los estados financieros de la Procuraduría, y
V.         Informar a las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución el presupuesto que les sea aprobado y la calendarización de ministraciones, así como llevar a cabo la supervisión y control de su ejercicio.
Artículo 66. Al frente de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Implementar, conforme a la normativa aplicable, el sistema de administración de los recursos materiales, obra pública y servicios generales de la Procuraduría, y establecer las políticas de carácter técnico y administrativo que, por la naturaleza de la institución, no se encuentren regulados en tales disposiciones;
II.         Integrar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría, los proyectos de programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios; obras públicas y servicios relacionados con las mismas; y de disposición final de los bienes muebles, así como dar seguimiento a la ejecución de dichos programas;
III.        Realizar los actos y procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como, en obras públicas y servicios relacionados con las mismas, que las leyes específicas y la normativa aplicable establecen para el área contratante;
IV.        Dar seguimiento a la ejecución y a los pagos relacionados con los pedidos, contratos o convenios relacionados con adquisiciones, arrendamientos y servicios; así como con obra pública y servicios relacionados con las mismas, en coordinación con las áreas requirentes y la Dirección General de Programación y Presupuesto;
V.         Dar vista a la Dirección General de Asuntos Jurídicos sobre los casos en que se proponga la rescisión, suspensión o terminación anticipada de los contratos o convenios en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas;
VI.        Fungir como responsable de los recursos materiales, para lo cual desempeñará las funciones que en materia de bienes muebles e inmuebles la Ley General de Bienes Nacionales le confiere, entre las cuales se encuentra la enajenación, la destrucción y la desincorporación de bienes muebles;
VII.       Abastecer los recursos materiales y suministrar los servicios generales que requieran las unidades y órganos que integren la Procuraduría, y
VIII.      Conservar, mantener y reaprovechar los bienes de la Procuraduría; integrar y ejecutar el Programa de Seguros Patrimoniales; atender los servicios de transporte terrestre, correspondencia, mensajería, así como, de archivo conforme a las disposiciones emitidas por el Archivo General de la Nación y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
Artículo 67. Al frente de la Dirección General de Servicios Aéreos habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Proporcionar los servicios de transportación aérea que requiera la Institución y, previo acuerdo con el Oficial Mayor, respecto de las solicitudes que presenten otras autoridades e instituciones, de conformidad con la normatividad aeronáutica vigente y demás disposiciones aplicables;
II.         Ejecutar las operaciones aéreas que demanden las acciones de combate a la delincuencia, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes;
III.        Integrar, programar, conducir y evaluar el adiestramiento técnico-aeronáutico;
IV.        Proponer el Programa de Mantenimiento del equipo aéreo, supervisar su ejecución y vigilar el cumplimiento de las normas de control de calidad y operación de las aeronaves, instalaciones y equipo de apoyo aéreo;
V.         Controlar la distribución de los combustibles, lubricantes y refacciones para la realización de las actividades aéreas de la Institución. En cuanto al suministro de combustible que realice la Dirección General de Servicios Aéreos a la Policía, el control, almacenamiento y distribución del mismo quedará bajo la responsabilidad de ésta, y
VI.        Llevar a cabo los peritajes que, a través de la Coordinación General de Servicios Periciales, en materia aeronáutica sean requeridos por autoridad competente.
 
Artículo 68. Al frente de la Dirección General de Seguridad Institucional habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Proponer para autorización superior, la política, normas y lineamientos en materia de seguridad institucional y de protección civil, así como promover su aplicación y supervisar su cumplimiento, con apego a las disposiciones aplicables;
II.         Elaborar y someter a autorización los programas de seguridad institucional y de protección civil en la Procuraduría; coordinar su instrumentación y supervisar su cumplimiento, de conformidad con las disposiciones aplicables;
III.        Coordinar y supervisar la instalación y operación de sistemas integrales de seguridad en la Procuraduría, en coordinación con las instancias que considere pertinentes, así como administrar los servicios de seguridad privada que contrate la Institución;
IV.        Fungir como enlace de la Procuraduría ante las autoridades y organizaciones en materia de seguridad Institucional y protección civil;
V.         Emitir opinión técnica en materia de adquisición de equipo de seguridad, prendas balísticas, unidades blindadas y armamento, sin perjuicio de las facultades de la Policía;
VI.        Participar, en colaboración con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, en el cumplimiento de las obligaciones institucionales relacionadas con el Registro Nacional de Armamento y Equipo;
VII.       Solicitar ante la autoridad competente la licencia colectiva de portación de armas para el personal de la Institución, conforme a las disposiciones aplicables, verificando en todo momento el cumplimiento de los requisitos establecidos para la asignación y portación de las mismas, así como tramitar la portación respectiva con el objeto de que se consigne en la credencial que se expida para tal efecto;
VIII.      Administrar y vigilar el cumplimiento de los lineamientos o normas que expida el Procurador en relación con los resguardos de armas y municiones, y
IX.        Elaborar y rendir periódicamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Gobernación los informes de las armas que se encuentran en poder de la Procuraduría, incluyendo la atención de las revistas correspondientes.
Artículo 69. Al frente de la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Diseñar, desarrollar, suministrar, operar y brindar el soporte técnico a los sistemas y servicios en materia de telefonía, telecomunicaciones, informática, Internet e infraestructura electrónica y tecnologías de información y comunicaciones;
II.         Plantear e implementar las políticas, estrategias, normas y acciones en materia de sistemas informáticos, de comunicaciones y de Internet, así como las normas para la administración de la información contenida en la página de Internet de la Procuraduría, en coordinación con los órganos y unidades administrativas competentes;
III.        Proyectar e implementar el programa institucional de desarrollo informático, en coordinación con los órganos desconcentrados y unidades administrativas competentes;
IV.        Diseñar, desarrollar, suministrar, operar y brindar el soporte técnico a los sistemas y servicios en materia de seguridad informática y comunicaciones empleando, en su caso, servicios de terceros;
V.         Proponer la normatividad y metodología necesarios para el correcto funcionamiento y empleo de la telefonía, telecomunicaciones, informática, Internet, infraestructura electrónica y de seguridad informática de la Institución;
VI.        Desarrollar e implementar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo y reemplazo de los equipos de telefonía, telecomunicaciones, informática, Internet, e infraestructura electrónica;
VII.       Proponer y realizar acciones de capacitación y especialización en materia de telecomunicaciones e informática, en coordinación con la Dirección General de Formación Profesional y demás unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes;
VIII.      Brindar apoyo técnico a las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes, para atender las necesidades de innovación tecnológica, en el ámbito de su competencia e implementar las acciones autorizadas;
 
IX.        Participar, conjuntamente con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes, en la emisión de lineamientos para la captación, sistematización y procesamiento de datos;
X.         Asesorar a las unidades administrativas y órganos desconcentrados en la elaboración de especificaciones técnicas y dictámenes para la adquisición de equipo de telefonía, telecomunicaciones, informática, Internet e infraestructura electrónica, y avalar en su caso, las elaboradas por otra unidad administrativa u órgano desconcentrado, y
XI.        Proporcionar el apoyo técnico para el diseño, implementación y administración de la página de Internet de la Procuraduría, en coordinación con las Unidades Administrativas competentes.
Artículo 70. Al frente de la Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Proponer políticas para el control administrativo de los bienes asegurados por el Ministerio Público de la Federación, en los términos de las disposiciones aplicables;
II.         Representar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes, los intereses de la Procuraduría y del Ministerio Público de la Federación en las controversias judiciales que generen o planteen directamente los afectados o terceros, en relación con los bienes asegurados en averiguación previa, así como desahogar los requerimientos que en los diversos procesos jurisdiccionales se le formulen al Procurador como superior jerárquico;
III.        Requerir a los agentes del Ministerio Público de la Federación informes sobre el aseguramiento de bienes y su situación jurídica, así como la documentación relacionada con el aseguramiento decretado y el estado de los bienes;
IV.        Ejercer en el ámbito de su competencia, las atribuciones que conforme a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de los Bienes del Sector Público y demás disposiciones aplicables, le correspondan a la Procuraduría;
V.         Fungir como enlace de la Procuraduría con las autoridades competentes en materia de administración o registro de bienes asegurados y establecer los mecanismos de coordinación que correspondan;
VI.        Proponer lineamientos para el desarrollo de las acciones del Ministerio Público de la Federación tendentes a la declaración de abandono de los bienes asegurados, de conformidad con las disposiciones aplicables, y realizar las acciones necesarias para su aplicación a favor del Estado;
VII.       Supervisar el registro y la administración de los seguros que contrate la Procuraduría sobre los bienes entregados a la misma por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para llevar a cabo las funciones de depositario, liquidador, interventor o administrador, o para su enajenación o destrucción, y
VIII.      Autorizar la asignación a las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución que determine el Procurador, de los bienes cuyo uso haya otorgado a la Institución el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, o que le haya asignado o donado, de conformidad con las normas aplicables y criterios institucionales.
Artículo 71. Al frente de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Proponer el sistema de administración del personal de la Procuraduría y supervisar su operación;
II.         Integrar el anteproyecto del presupuesto anual de servicios personales de la Procuraduría;
III.        Establecer y aplicar las políticas y procedimientos en materia de reclutamiento, selección, contratación, movimiento y comisión del personal, distinto al ministerial, policial y pericial y, tratándose de dicho personal, proponerlos a la Dirección General del Servicio de Carrera;
IV.        Dictaminar la estructura orgánica y sus modificaciones, así como evaluar los sistemas, procedimientos y métodos de trabajo de las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría e instrumentar acciones tendentes a su simplificación, mejoramiento y modernización;
V.         Integrar y actualizar el Manual de Organización General de la Procuraduría, en coordinación con las instancias competentes;
 
VI.        Apoyar a las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría en la elaboración de sus manuales de organización específicos, y de procedimientos, así como verificar su actualización y llevar su registro;
VII.       Planear y operar el sistema escalafonario dentro de la Procuraduría y aplicar las políticas relativas al análisis de puestos, tabuladores de sueldo y el sistema de premios, estímulos y recompensas, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, salvo respecto del personal ministerial, policial y pericial, en cuyo caso se coordinará con la Dirección General del Servicio de Carrera, el Centro de Evaluación y Control de Confianza y las demás unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes;
VIII.      Proporcionar la asesoría y apoyo que, en materia de relaciones laborales requieran las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría, así como proporcionar la información que le requieran las autoridades competentes sobre movimientos del personal;
IX.        Expedir los nombramientos, licencias, reubicación y baja del personal de la Procuraduría, de conformidad con la normativa aplicable, en coordinación con el Centro de Evaluación y Control de Confianza y las demás unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes, con excepción del personal ministerial, policial y pericial;
X.         Realizar la liquidación y pago de las remuneraciones al personal, así como la aplicación de descuentos procedentes;
XI.        Efectuar las liquidaciones, reinstalaciones, reincorporaciones, tramitación del pago de salarios caídos y otras prestaciones que ordenen las autoridades administrativas o judiciales, previa consulta con la Dirección General de Asuntos Jurídicos;
XII.       Cubrir los importes a favor de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de la representación sindical autorizada y de terceros, de las cantidades que les correspondan con motivo de deducciones efectuadas por su cuenta al personal de la Procuraduría;
XIII.      Participar en la revisión de las Condiciones Generales de Trabajo, difundirlas y vigilar su cumplimiento, así como proponer la designación de los representantes de la Procuraduría en las comisiones nacionales mixtas de escalafón, de capacitación y de seguridad e higiene, y los lineamientos para su actuación;
XIV.      Proporcionar al personal y a sus familiares las prestaciones y servicios correspondientes que otorga la Institución;
XV.       Actualizar la información en el Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto de los servidores públicos de la Institución, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes, con excepción del personal ministerial, policial y pericial;
XVI.      Expedir las constancias de certificación a los servidores públicos que causen baja de la institución, y cuyo certificado se encuentre vigente, e instruir los movimientos de cancelación de certificados, en términos de las normas que se emitan en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
XVII.     Integrar y controlar los expedientes de los servidores públicos, así como expedir las hojas de servicio, identificaciones, constancias, diplomas y todos los demás documentos correspondientes a la relación laboral del personal de la Procuraduría; y establecer el sistema de registro correspondiente. Cuando se trate de personal ministerial, policial y pericial, las atribuciones anteriores se ejercerán, en lo que corresponda, coordinadamente con la Dirección General del Servicio de Carrera;
XVIII.     Tramitar, suscribir, disponer y notificar las comisiones de servidores públicos a otras unidades administrativas, en las que se establezca la temporalidad y funciones a realizar, con acuerdo del Oficial Mayor y el Titular de la unidad administrativa u órgano desconcentrado de adscripción del servidor público, así como de aquélla en que se llevará a cabo la comisión, y
XIX.      Aplicar y registrar las sanciones a que se haga acreedor el personal, salvo en lo que compete al régimen disciplinario normado por otras disposiciones distintas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del apartado "B" del artículo 123 Constitucional o las Condiciones Generales de Trabajo de la Procuraduría.
 
Artículo 72. Al frente de la Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Practicar, por sí o por conducto de los visitadores a su cargo, visitas de evaluación técnico-jurídica y de seguimiento a las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la Constitución y leyes que de ella emanen, normatividad interna de la Institución y apego a los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos en el desempeño de la función ministerial;
II.         Formular instrucciones y recomendaciones técnico-jurídicas para prevenir, corregir y subsanar, en su caso, las deficiencias detectadas durante las visitas practicadas y verificar su cumplimiento;
III.        Practicar evaluaciones técnico jurídicas a los expedientes en que obren actuaciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía o peritos, o demás personal de la Procuraduría cuando actúe en su carácter de auxiliar del Ministerio Público de la Federación, cuando le sean requeridas por la Dirección General de Asuntos Internos como parte de las investigaciones que ésta realice, informando directamente su dictamen a dicha unidad administrativa;
IV.        Formular queja, vista o denuncia, según corresponda, ante la autoridad u órgano competente, por las conductas de los servidores públicos de la Institución detectadas durante las visitas que se practiquen y que puedan resultar constitutivas de responsabilidad administrativa o penal;
V.         Dar seguimiento a la atención brindada a las instrucciones y recomendaciones técnico-jurídicas que se deriven de las visitas que practique, así como a las vistas, quejas o denuncias que haya formulado en ejercicio de sus atribuciones, haciendo del conocimiento del Órgano Interno de Control o de la autoridad que corresponda los casos en que advierta posibles responsabilidades administrativas o penales por el incumplimiento a dichas instrucciones o recomendaciones o por la desatención a las citadas vistas, quejas o denuncias;
VI.        Contribuir al mejor desempeño de las atribuciones que el artículo 4 de la Ley Orgánica otorga al Ministerio Público a través de la recopilación, sistematización y emisión de criterios técnico jurídicos institucionales, con base en los resultados de las evaluaciones que realice en el ámbito de su competencia, y
VII.       Ejercer las atribuciones que en materia de investigación de los delitos le confiere al Ministerio Público de la Federación el artículo 4 de la Ley Orgánica en auxilio de la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución.
Artículo 73. Al frente de la Dirección General de Asuntos Internos habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Practicar, por sí o por conducto de los visitadores a su cargo, visitas de inspección, supervisión, seguimiento e investigación a las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, con la finalidad de verificar que los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía, peritos, oficiales ministeriales y demás personal de la Procuraduría, cuando actúe en su carácter de auxiliar del Ministerio Público de la Federación, ajusten su actuación a la Constitución y leyes que de ella emanen, normatividad interna de la Institución y apego a los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos en el desempeño de su función;
II.         Formular las instrucciones y recomendaciones para prevenir, corregir y subsanar, en su caso, las deficiencias detectadas durante las visitas practicadas y verificar su cumplimiento.
III.        Recibir e investigar las quejas y denuncias que se formulen en contra de agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía, oficiales ministeriales y peritos por posibles conductas que constituyan causa de responsabilidad administrativa en términos del Capítulo VIII de la Ley Orgánica, para lo cual podrá, entre otras, por si o por conducto de los visitadores a su cargo, requerir dentro de los expedientes de investigación todo tipo de informes, documentos y la colaboración que resulte necesaria por parte de los servidores públicos de la Institución, así como practicar las diligencias correspondientes, recibir y desahogar los medios de prueba que resulten conducentes para comprobar, en su caso, las conductas irregulares atribuibles a servidores públicos de la Procuraduría, aplicando supletoriamente las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales;
 
IV.        Formular queja, vista o denuncia, según corresponda, ante la autoridad u órgano competente, por las conductas de los servidores públicos de la Institución detectadas durante las visitas e investigaciones que se practiquen y que puedan resultar constitutivas de responsabilidad administrativa o penal;
V.         Determinar la suspensión temporal del servidor público sujeto a investigación, cuando aparezcan datos que hagan presumir la posible comisión de una falta administrativa grave. Igualmente, podrá ejercer esta facultad previa o posteriormente a la celebración de la audiencia del procedimiento de remoción, en términos del artículo 74, fracción VI, de la Ley Orgánica;
VI.        Dar seguimiento a la atención brindada a las instrucciones y recomendaciones que se deriven de las visitas que practique, así como a las vistas, quejas o denuncias que haya formulado en ejercicio de sus atribuciones, haciendo del conocimiento del Órgano Interno de Control o de la autoridad que corresponda los casos en que advierta posibles causas de responsabilidad administrativa o penal por el incumplimiento a dichas instrucciones o recomendaciones o por la desatención a las citadas vistas, quejas o denuncias;
VII.       Auxiliar a la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución, ejerciendo las atribuciones que en materia de investigación de los delitos de su competencia le confiere al Ministerio Público de la Federación el artículo 4 de la Ley Orgánica, y
VIII.      Auxiliar a la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución, mediante los agentes de la Policía que le estén asignados, en el desahogo de los requerimientos ministeriales y judiciales que se deriven de las averiguaciones previas y procesos penales en que intervengan los agentes del Ministerio Público de la Federación de la citada Dirección General.
Para la atención y trámite de los asuntos correspondientes a la Dirección General de Asuntos Internos, ésta contará, cuando menos, con las direcciones generales adjuntas de Inspección y Supervisión, y de Investigaciones, las cuales podrán ejercer las atribuciones contenidas en el presente artículo, sin perjuicio de que sean desempeñadas por el director general.
Artículo 74. Al frente de la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Ejercer las atribuciones que la Constitución, el artículo 4, fracciones I, IV, V, VI, VII y IX, de la Ley Orgánica y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación, respecto de los delitos cometidos por servidores públicos de la Institución con adscripción en el Distrito Federal, y por aquéllos con nivel de mando medio o superior y homólogo, sin importar la circunscripción territorial en donde hayan ocurrido los hechos, salvo lo dispuesto por el artículo 4 del Código Penal Federal, 85 de la Ley Orgánica y los relacionados con la delincuencia organizada;
II.         Ejercer la facultad de atracción de los delitos cometidos por servidores públicos competencia de las Delegaciones, cuando resulte procedente atendiendo los criterios siguientes:
a)    Por las circunstancias personales de los servidores públicos involucrados;
b)    Por la presunción de parcialidad en la investigación, con motivo de las relaciones de jerarquía, amistad, enemistad, laborales, administrativas o cualquier otra análoga que trascienda en el resultado de la indagatoria;
c)    Por el impacto institucional, nacional, regional o social que ocasione el delito;
d)    Cuando el probable beneficio exceda de cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse el delito, o
e)    Cuando las circunstancias y características del delito así lo ameriten.
III.        Supervisar, controlar y dar seguimiento a los mandamientos judiciales emitidos por los tribunales federales, así como su cumplimiento en los asuntos de su competencia;
IV.        Dirigir y supervisar las averiguaciones previas por la probable comisión de delitos por servidores públicos de la Institución que deban integrarse en las Delegaciones, así como respecto de las intervenciones del Ministerio Público de la Federación en los procesos penales respectivos;
V.         Establecer mecanismos de coordinación con las distintas unidades administrativas de la Institución a fin de que la auxilien en el ejercicio de sus funciones;
 
VI.        Formular queja o vista ante el superior jerárquico, el Órgano Interno de Control o la autoridad que corresponda, sobre las irregularidades o conductas que sean causa de responsabilidad administrativa;
VII.       Autorizar la reserva, incompetencia, acumulación y separación de averiguaciones previas, que propongan los agentes del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, y
VIII.      Conocer de los asuntos que tengan a su cargo las Delegaciones, relacionados con delitos cometidos por servidores públicos de la Institución, de conformidad con las normas aplicables y políticas institucionales o cuando así lo determinen el Procurador o el Visitador General.
Artículo 75. Al frente de la Dirección General de Procedimientos de Remoción habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Recibir y resolver las quejas que presenten los servidores públicos referidos en el artículo 72 de la Ley Orgánica o las vistas, que en el ámbito de sus atribuciones, le remitan los servidores públicos adscritos a las unidades administrativas de la Visitaduría General;
II.         Asimismo, recibir las quejas de las autoridades de cualquier orden de gobierno que participen en la averiguación previa, en contra de servidores públicos que cometan infracciones calificadas como graves;
III.        Tramitar, instruir y resolver, de conformidad con el Capítulo IX de la Ley Orgánica y demás disposiciones legales aplicables, los procedimientos de remoción y de cancelación del certificado de los servidores públicos de la Institución;
IV.        Para efecto de lo anterior, podrá emitir todo tipo de acuerdos y llevar a cabo las diligencias, requerimientos, citaciones, notificaciones y prevenciones a que haya lugar, así como dictar las medidas de apremio que correspondan;
V.         Determinar, en cualquier momento, previo o posterior a la celebración de la audiencia, sobre el inicio, continuación o conclusión de la suspensión temporal del presunto responsable de su empleo cargo o comisión, si así conviene a la conducción o continuación del procedimiento, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica;
VI.        Notificar a las autoridades correspondientes en los casos de la cancelación de la certificación a que se refiere el artículo 75 de la Ley Orgánica, para los efectos legales a que haya lugar;
VII.       Hacer del conocimiento de la autoridad competente los hechos de que tengan conocimiento y que puedan ser constitutivos de delitos o de faltas administrativas de cuyo conocimiento no sea competente;
VIII.      Requerir a las unidades administrativas de la Procuraduría la información necesaria para cumplir con sus atribuciones y brindar la asesoría que le requieran en el ámbito de su competencia;
IX.        Coadyuvar con la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la defensa jurídica de la Institución ante cualquier instancia administrativa o judicial, en los casos derivados de los procedimientos administrativos de su competencia, y
X.         Llevar los registros de los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones administrativas que en la materia se emitan.
Para la atención de los asuntos y la substanciación y resolución de los procedimientos a su cargo, la Dirección General contará, cuando menos, con las direcciones de Instrucción, de Resoluciones y de Defensa Jurídica, cuyos titulares tendrán las atribuciones previstas en las fracciones I, II, III, IV, VIII y IX, del presente artículo, sin perjuicio de que sean desempeñadas por el Titular de la Dirección General o de la Visitaduría General.
Artículo 76. Al frente de la Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Autorizar los dictámenes de incompetencia, de no ejercicio de la acción penal y de reserva de la averiguación previa, que realice la Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales, de conformidad con las disposiciones aplicables;
II.         Elaborar los informes, proyectos de contestación, reportes y requerimientos de información que deba rendir la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en coordinación con otras unidades administrativas competentes de la Institución;
III.        Desahogar las consultas que en materia de delitos electorales formulen el Instituto Federal Electoral, las dependencias y entidades de los gobiernos Federal, del Distrito Federal y de los estados, así como los organismos políticos e instituciones públicas y privadas;
 
IV.        Formular y revisar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes, los anteproyectos de acuerdos, circulares e instructivos, así como de convenios y bases de colaboración, en materias competencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales;
V.         Proponer, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes, proyectos normativos en materia de delitos electorales federales, del registro nacional de ciudadanos y de cualquier ordenamiento jurídico que se refiera a las funciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales;
VI.        Actualizar y sistematizar el acervo de fuentes de información en materia electoral;
VII.       Ejercer, en coordinación con la Dirección General de Control de Juicios de Amparo, las facultades que se encuentran previstas en la Ley Orgánica, tratándose de juicios de amparo derivados de averiguaciones previas o procesos iniciados por delitos electorales federales, así como por cualquier acto de autoridad de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales cuando sea autoridad responsable;
VIII.      Coordinar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de apoyo y colaboración celebrados por la Procuraduría en el ámbito de competencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y
IX.        Enviar a la Dirección General de Constitucionalidad las ejecutorias en las que se detecte la existencia de tesis contradictorias sustentadas por los tribunales federales, así como los casos en que proceda solicitar la sustitución de jurisprudencia.
Artículo 77. Al frente de la Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Ejercer las atribuciones que el artículo 4, fracciones I, IV, V y IX, de la Ley Orgánica, le confieren al Ministerio Público de la Federación, respecto de los delitos del ámbito de competencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales;
II.         Ordenar la detención y, en su caso, la retención de los probables responsables en los términos del artículo 16 de la Constitución;
III.        Formular los dictámenes del no ejercicio de la acción penal y de reserva de la averiguación previa, para la autorización de la Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales;
IV.        Proponer la incompetencia o el ejercicio de la acción penal, remitiendo los expedientes al área respectiva;
V.         Establecer mecanismos de coordinación con las Delegaciones, a fin de que presten el auxilio necesario para el ejercicio de sus funciones;
VI.        Presentar ante el Consejo de la Judicatura Federal las quejas administrativas de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por asuntos materia de la competencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y
VII.       Promover lo conducente al desarrollo de los procesos en el ámbito de su competencia.
Artículo 78. Al frente de la Dirección General de Política Criminal y Vinculación en Materia de Delitos Electorales habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Promover la participación de instituciones públicas y privadas que contribuyan al cumplimiento de las funciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales;
II.         Fungir como enlace ante los órganos de procuración de justicia del Distrito Federal y de los estados, para lograr el intercambio de información, así como la colaboración y apoyo necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales;
III.        Participar con las unidades administrativas competentes en la elaboración y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, programas sectoriales, institucionales y especiales, así como en los procesos de innovación gubernamental en el ámbito de competencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales;
IV.        Intervenir, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes, en los procesos de reclutamiento, capacitación, profesionalización y certificación del personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales;
 
V.         Recopilar, analizar y sistematizar la información estadística y complementaria en el ámbito de competencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de conformidad con el marco estratégico de gestión para realizar estudios e investigaciones en el ámbito del sistema penal, y para la elaboración, medición y seguimiento de los indicadores de resultados derivados del Plan Nacional de Desarrollo, programas sectoriales, institucionales y especiales requeridos por las unidades administrativas competentes;
VI.        Elaborar y presentar para la aprobación del Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales el informe que debe rendirse ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral;
VII.       Promover, diseñar e implantar herramientas y sistemas en apoyo al desempeño de las funciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales;
VIII.      Participar con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes en la elaboración y ejecución de los Programas relacionados con transparencia y combate a la corrupción en el ámbito de competencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y
IX.        Proponer, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, políticas, estrategias y líneas de acción para combatir los delitos competencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Artículo 79. Al frente de la Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Auxiliar al Ministerio Público de la Federación en la investigación y persecución de los delitos, bajo su autoridad y mando inmediato, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica;
II.         Proponer al Titular de la Policía estándares de rendimiento en el cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales por parte de las unidades administrativas que integren su organización regional;
III.        Proponer para autorización del Titular de la Policía de manera conjunta con la Dirección General de Apoyo Técnico y Logístico, las herramientas y mecanismos para el control y seguimiento de los mandamientos judiciales y ministeriales y su cumplimiento;
IV.        Participar de manera coordinada con las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales para la ejecución de los mandamientos judiciales y ministeriales, así como otras acciones para combatir la delincuencia;
V.         Generar de manera periódica informes sobre la recepción, registro, asignación y cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales;
VI.        Determinar, dirigir y aplicar técnicas, métodos y estrategias policiales que permitan localizar, ubicar y aprehender inculpados para auxiliar al Ministerio Público de la Federación en sus facultades constitucionales y legales, mediante el uso tecnológico que permita desarrollar de manera eficiente su labor sustantiva;
VII.       Ejecutar las órdenes de comparecencia, presentación, cateos, detención en caso urgente, y otros mandamientos judiciales o ministeriales;
VIII.      Proponer al Titular de la Policía la designación del personal de esta unidad administrativa a las unidades administrativas que integren su organización regional para la ejecución de órdenes de localización, aprehensión y reaprehensión, y
IX.        Las demás que le confieran otras disposiciones o el Titular de la Policía.
Artículo 80. Al frente de la Dirección General de Servicios Especiales de Seguridad y de Protección a Personas habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Implementar, dirigir y evaluar los servicios de protección a personas de acuerdo a la normatividad aplicable y los que ordene el Procurador;
II.         Proponer para autorización del Titular de la Policía las políticas, normas y lineamientos en materia de seguridad institucional, así como promover su aplicación y supervisar su cumplimiento, con apego a las disposiciones aplicables;
III.        Coordinar y supervisar la instalación y operación de sistemas integrales de seguridad; así como administrar los servicios de seguridad privada que contrate la Institución;
 
IV.        Planear, implementar y coordinar el traslado por vía aérea o terrestre de los inculpados, arraigados, detenidos, procesados, sentenciados así como valores, explosivos y armamento;
V.         Coordinar la actuación del grupo de operaciones tácticas en la ejecución de operativos ordenados por el Titular de la Policía;
VI.        Proponer al Titular de la Policía la designación de los responsables de los Centros Federales de Arraigo;
VII.       Organizar, implementar y supervisar que el funcionamiento de los Centros Federales de Arraigo se realice con estricto apego a los derechos humanos y a la normatividad aplicable;
VIII.      Estudiar y proponer estrategias y procedimientos para la reorganización y funcionamiento de los Centros Federales de Arraigo dentro del marco de aplicación de la ley y respeto a los derechos humanos;
IX.        Operar y supervisar que los sistemas de seguridad de los Centros Federales de Arraigo se encuentren en condiciones óptimas de funcionamiento a fin de evitar que los arraigados se sustraigan de la acción de la justicia, así como salvaguardar su integridad física;
X.         Supervisar que en los Centros Federales de Arraigo las personas en arraigo reciban en forma adecuada alimentos, comunicación, atención médica y psicológica, así como la visita legalmente autorizada y contar con los programas internos de protección civil para casos de desastre;
XI.        Ordenar y supervisar las medidas de seguridad previstas para la ejecución de traslados con motivo de alguna diligencia judicial o ministerial ordenada por autoridad competente o en casos de emergencia;
XII.       Disponer lo necesario para que los Agentes del Ministerio Público de la Federación cuenten con las facilidades para practicar las diligencias ministeriales necesarias a fin de dar cumplimiento efectivo a la medida cautelar de arraigo conforme a la normatividad aplicable, y
XIII.      Las demás que le confieran otras disposiciones o el Titular de la Policía.
Artículo 81. Al frente de la Dirección General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Crear, dirigir y aplicar técnicas, métodos y estrategias de investigación policial que permitan recabar las pruebas necesarias para auxiliar al Ministerio Público de la Federación en sus facultades constitucionales y legales;
II.         Recabar de registros, bancos de datos y otras fuentes la información necesaria, para auxiliar con eficiencia y eficacia al Ministerio Público de la Federación en el ejercicio de sus funciones;
III.        Suministrar información y medios de prueba a las unidades administrativas de la Procuraduría encargadas de la investigación y persecución de delitos federales y sus conexos; así como auxiliarlas en la realización de técnicas especiales que prevé la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada;
IV.        Apoyar a las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas en la investigación policial que requieran, de conformidad con los convenios de colaboración y cooperación celebrados por la Institución;
V.         Proponer, en su caso, al Ministerio Público de la Federación el desahogo o promoción de diligencias probatorias que deriven de su investigación y conduzcan al esclarecimiento de los hechos materia de la investigación;
VI.        Supervisar la correcta aplicación por parte de los agentes de la Policía de las disposiciones en materia de cadena de custodia en el desarrollo de la investigación policial;
VII.       Ejecutar las órdenes de localización, aprehensión y reaprehensión, y
VIII.      Las demás que le confieran otras disposiciones o el Titular de la Policía.
Artículo 82. Al frente de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Establecer con la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías, canales de comunicación para el ejercicio de sus atribuciones en la búsqueda y localización de fugitivos;
II.         Proponer al Titular de la Policía para su autorización, los procedimientos de intercambio de información policial, entre la Policía y las agencias policiales extranjeras, con base en los instrumentos internacionales cuya materia sea competencia de la Procuraduría;
 
III.        Procesar la información policial internacional que permita la ubicación y aseguramiento en el territorio nacional de personas que cuenten con órdenes de detención con fines de extradición;
IV.        Operar los métodos autorizados por el Titular de la Policía para la comunicación con las agencias policiales extranjeras representadas ante la Policía, a fin de privilegiar las tareas de cooperación internacional en materia de intercambio de información policial;
V.         Implementar y operar los procedimientos de intercambio de información autorizados con agencias policiales extranjeras, tendientes a la localización y recuperación fuera del territorio nacional de vehículos, aeronaves y embarcaciones robadas o en materia de disposición ilícita, en coordinación con la Agregaduría correspondiente;
VI.        Fungir como enlace con agencias policiales extranjeras a fin de intercambiar información policial tendiente a la localización de fugitivos de la justicia mexicana fuera de territorio nacional, con la participación de la Agregaduría correspondiente;
VII.       Realizar las tareas de intercambio de información policial con agencias policiales extranjeras encaminadas a la localización de personas extraviadas y menores de edad;
VIII.      Realizar las tareas de intercambio de información policial con agencias policiales extranjeras, encaminadas a la localización, recuperación y repatriación de obras de arte, monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, así como obras de arte sacro, que hayan sido sustraídos ilegalmente del territorio nacional, en coordinación con la Agregaduría correspondiente;
IX.        Coordinar la realización de las acciones policiales correspondientes para el traslado de fugitivos respecto de los cuales se haya concedido su extradición o entrega de indiciados, procesados, sentenciados en los términos de las disposiciones aplicables;
X.         Coordinar el intercambio de información con autoridades policiales nacionales y extranjeras, relacionadas con la identificación de personas que hubieran fallecido en territorio nacional o extranjero, y que se encuentren catalogadas como no identificadas o desconocidas;
XI.        Coordinar acciones con el Instituto Nacional de Migración para lograr la localización y detección en los filtros de internación migratoria o estaciones migratorias, de personas de las cuales se haya pedido la cooperación para su localización a través de la Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL o que cuenten con algún mandamiento judicial o ministerial de autoridad nacional pendiente de cumplimentar;
XII.       Coordinar la actuación de los elementos de la Policía adscritos a las Agregadurías;
XIII.      Asumir las funciones de la Oficina Central Nacional INTERPOL-México y representar a la misma ante la Organización Internacional de Policía Criminal y las Oficinas Centrales Nacionales de otros países;
XIV.      Atender las solicitudes de asistencia recíproca de Policía Criminal y demás compromisos contraídos con la Organización Internacional de Policía Criminal, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
XV.       Realizar acciones de coordinación y colaboración con las instituciones policiales de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, respecto del cumplimiento de los compromisos de carácter internacional en materia de asuntos policiales internacionales;
XVI.      Operar el sistema de comunicación que la Organización Internacional de Policía Criminal asigne a la Oficina Central Nacional INTERPOL-México en las sedes y oficinas;
XVII.     Mantener actualizados los bancos de datos con la información concerniente a la Organización Internacional de Policía Criminal y, en general, lo relacionado con la información criminal policial de carácter internacional;
XVIII.     Evaluar los riesgos y diseñar los esquemas de protección y seguridad para realizar el traslado de convictos, a nivel nacional e internacional, que ordenen las autoridades jurisdiccionales correspondientes, y
XIX.      Las demás que le confieran otras disposiciones o el Titular de la Policía.
Artículo 83. Al frente de la Dirección General del Centro de Comunicaciones habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Organizar y operar los sistemas de recopilación, clasificación, registro y explotación de información, a fin de conformar bancos de datos para la atención a mandamientos judiciales o ministeriales;
 
II.         Determinar y coordinar los métodos de análisis y clasificación de información táctica para generar inteligencia operacional que permita identificar a personas, grupos, organizaciones, zonas prioritarias y modos de operación, vinculados con los diversos delitos con el fin de combatirlos;
III.        Establecer y operar métodos de comunicación y redes de información, para acopio y clasificación oportuna de los datos que requiera la Policía para la localización de inculpados, de conformidad con las normas y políticas institucionales;
IV.        Implementar metodologías para la elaboración de diagnósticos nacional, estatal y regional, en materia delictiva que facilite el cumplimiento de mandamientos judiciales o ministeriales, así como la concentración de la información derivada de los mismos;
V.         Establecer estrategias a partir del análisis de información para emitir consignas en el desarrollo y cumplimiento de los mandamientos judiciales o ministeriales;
VI.        Elaborar las propuestas de procedimientos para el trámite y manejo de documentación e información dentro de la Policía, a fin de evitar fugas de información;
VII.       Proponer al Titular de la Policía mecanismos de intercambio de información con autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales, de conformidad con la normatividad y los convenios celebrados por la Procuraduría;
VIII.      Proponer al Titular de la Policía la asignación del personal de la Dirección General, a las unidades administrativas que integren su organización regional para el análisis y procesamiento de la información;
IX.        Verificar el proceso de recepción, sistematización e incorporación de la información relacionada con los mandamientos judiciales y ministeriales atendidos por las unidades administrativas que integren su organización regional, al Sistema de Plataforma México, y
X.         Las demás que le confieran otras disposiciones o el Titular de la Policía.
Artículo 84. Al frente de la Dirección General de Apoyo Técnico y Logístico habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Diseñar y proponer las políticas y lineamientos de desarrollo estratégico de la Policía y establecer los mecanismos para su ejecución, supervisión y actualización;
II.         Conducir la integración de indicadores de evaluación y seguimiento de la Policía para medir su desempeño y consolidar los reportes de avance físico y de metas;
III.        Analizar y evaluar los resultados que en sus distintas etapas produzcan las acciones de la Policía, así como interpretar sus logros para efectos de actualizar las políticas y lineamientos de desarrollo estratégico;
IV.        Proponer en coordinación con las unidades administrativas, órganos y organismos competentes, procedimientos y programas de ingreso, selección, formación, capacitación, especialización y actualización que requieran los elementos de la Policía;
V.         Conducir la elaboración de los manuales de organización y procedimientos sistemáticos operativos para la debida actuación de los integrantes de la Policía;
VI.        Coordinar las propuestas de las unidades administrativas de la Policía, de los agentes meritorios de gratificación por su actuación policial conforme a la disponibilidad presupuestaria y la obtención de resultados;
VII.       Coordinar con las áreas competentes la actualización de los registros únicos de los agentes de la Policía y el registro de autorizaciones individuales de portación de armas de fuego, de conformidad con las disposiciones aplicables;
VIII.      Establecer en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados los programas de adiestramiento continuo, para mantener las capacidades físicas, habilidades y destrezas del personal de la Policía;
IX.        Proponer los mecanismos y acciones para mantener en óptimas condiciones psicológicas y de disciplina al personal de la Policía;
X.         Proponer al Titular de la Policía el Manual Disciplinario de la Policía, así como atender los recursos que sean interpuestos por los integrantes de la Policía;
XI.        Divulgar entre los integrantes de la Policía los criterios normativos que sustentan la doctrina para su actuación;
 
XII.       Determinar las políticas de seguridad y mecanismos de control para la protección de la información;
XIII.      Conducir la administración de los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la Policía para el óptimo funcionamiento de sus unidades administrativas de conformidad con los lineamientos y normatividad aplicables;
XIV.      Proponer para autorización del Titular de la Policía, los mecanismos necesarios para que la Policía cuente con los recursos técnicos, mediante el uso de Tecnologías de Información, para el apoyo de las áreas sustantivas que facilite el cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales;
XV.       Participar en coordinación con las unidades administrativas competentes, en la atención de los asuntos jurídicos que incidan en la Policía, así como en la asesoría legal a las unidades administrativas y personal sustantivo de ésta que por sus funciones lo requiera;
XVI.      Coordinar el cumplimiento de las disposiciones y políticas institucionales en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, y
XVII.     Las demás que le confieran otras disposiciones o el Titular de la Policía.
Artículo 85. Al frente de la Dirección General de Especialidades Periciales Documentales, habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Atender, dirigir y supervisar las solicitudes periciales en auxilio al Ministerio Público de la Federación, Órganos Judiciales y otras autoridades;
II.         Proponer peritos con base a los requerimientos del Ministerio Público de la Federación, Órgano Judicial y otras autoridades;
III.        Supervisar el registro de solicitudes e intervenciones periciales en cumplimiento de los lineamientos normativos, así como el acatamiento de los instructivos de trabajo que son de su competencia, coordinando la integración de informes estadísticos;
IV.        Servir de enlace e interactuar con la diferentes unidades de la institución, así como con las demás dependencias y autoridades judiciales de las diversas entidades federativas, definiendo estrategias para la conducción de la operación a fin de brindar la atención pronta y oportuna del personal pericial;
V.         Verificar que se dé cumplimiento y asesoría a las técnicas, métodos y lineamientos de cada una de las materias de su competencia, teniendo control y seguimiento en el Sector Central y en el interior de la República;
VI.        Proponer al Titular la rotación del personal pericial a su cargo, con base en las cargas de trabajo y necesidades del servicio;
VII.       Proponer al Titular los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instrumentos especializados asignados;
VIII.      Programar los recursos humanos, materiales y financieros para que la operación pericial se brinde con oportunidad y de acuerdo a la normatividad vigente;
IX.        Dirigir los trabajos de elaboración y actualización de guías metodológicas, manuales técnicos e instructivos de trabajo de las especialidades de su competencia;
X.         Promover la capacitación técnico-científica para la profesionalización del personal pericial en las especialidades de su competencia;
XI.        Participar en la elaboración de convenios de colaboración que el Titular proponga con Organismos o Instituciones Públicas o Privadas, y
XII.       Las demás que le confieran otras disposiciones o el Titular.
Artículo 86. Al frente de la Dirección General de Especialidades Médico Forenses habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Auxiliar al Ministerio Público de la Federación, en la búsqueda, preservación y obtención de indicios y pruebas en las especialidades a su cargo, a fin de coadyuvar en la investigación ministerial y al proceso penal;
 
II.         Proponer peritos con base a los requerimientos del Ministerio Público de la Federación, Órgano Judicial y otras autoridades;
III.        Programar, coordinar y dirigir las actividades técnico-operativas del servicio pericial en las especialidades de su competencia que garantice su cumplimiento, sustentado en las normas y lineamientos establecidos;
IV.        Proponer al Titular de la Coordinación General, la rotación del personal pericial de las especialidades a su cargo en base a las cargas de trabajo;
V.         Asesorar técnica y metodológicamente a las unidades administrativas que integren su organización regional y estatal de Servicios Periciales en las especialidades de su competencia para garantizar el sustento de la intervención pericial y la emisión del dictamen;
VI.        Proponer al Titular de la Coordinación General, programas de investigación y desarrollo de nuevas técnicas y metodologías en materia pericial en las especialidades de su competencia, así como promover su aplicación y dar seguimiento a su cumplimiento;
VII.       Diseñar, desarrollar, implantar y supervisar los protocolos y procedimientos para realizar las investigaciones que den sustento a las intervenciones periciales de las especialidades a su cargo;
VIII.      Supervisar la aplicación de las disposiciones en materia de cadena de custodia en el desarrollo de la intervención pericial;
IX.        Coordinar la integración del reporte estadístico de las áreas a su cargo y hacerla del conocimiento del Titular de la Coordinación General;
X.         Proponer al Titular la adquisición de instrumental y equipo de investigación de alta tecnología para el desarrollo de sus funciones;
XI.        Proponer programas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo especializado de las áreas a su cargo;
XII.       Promover la capacitación y actualización técnico-científica del personal adscrito a las especialidades a su cargo;
XIII.      Participar en la elaboración de los convenios de colaboración, que el Titular proponga con organizaciones e instituciones públicas y privadas, y
XIV.      Las demás que le confieran otras disposiciones o el Titular.
Artículo 87. Al frente de la Dirección General de Ingenierías Forenses habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Auxiliar al Ministerio Público de la Federación en la investigación de los delitos, supervisando técnica y administrativamente que los dictámenes cumplan con la normatividad vigente, sin perjuicio de la autonomía técnica e independencia de criterio que corresponde a los Peritos, en el estudio de los asuntos que se sometan a dictaminación;
II.         Proponer peritos con base a los requerimientos del Ministerio Público de la Federación, Órgano Judicial y otras autoridades;
III.        Planear, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar, las actividades técnico operativas de las especialidades periciales a su cargo;
IV.        Dirigir los trabajos de elaboración y actualización de los manuales metodológicos, técnicos, de procedimientos instructivos de trabajo, guías metodológicas, protocolos de actuación, circulares y demás documentos administrativos para fortalecer la labor pericial de las especialidades de Ingenierías;
V.         Realizar la asesoría técnica y metodológica a las unidades administrativas que integren su organización regional y estatal de Servicios Periciales de la Coordinación General en materia de las especialidades de su competencia;
VI.        Proponer al Titular la rotación del personal a su cargo en base a las cargas de trabajo y necesidades del servicio;
VII.       Programar los recursos humanos, materiales y financieros para que la operación pericial se brinde con oportunidad y de acuerdo a la normatividad vigente;
 
VIII.      Proponer al Titular de la Coordinación General, programas de investigación y desarrollo de nuevas técnicas y metodologías en materia pericial en las especialidades de su competencia, así como promover su aplicación y dar seguimiento a su cumplimiento;
IX.        Promover la capacitación y actualización técnico-científica del personal adscrito a las especialidades a su cargo;
X.         Supervisar el registro de solicitudes e intervenciones periciales en cumplimiento de los lineamientos normativos, así como el acatamiento de los instructivos de trabajo que son de su competencia, coordinando la integración de informes estadísticos;
XI.        Participar en la elaboración de convenios de colaboración que el Titular proponga con Organismos o Instituciones Públicas o Privadas, y
XII.       Las demás que les confieran otras disposiciones o el Titular.
Artículo 88. Al frente de la Dirección General de Laboratorios Criminalísticos habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Dirigir, coordinar y supervisar las intervenciones periciales en auxilio del Ministerio Público de la Federación y otras autoridades en las especialidades periciales a su cargo;
II.         Proponer peritos con base a los requerimientos del Ministerio Público de la Federación, Órgano Judicial y otras autoridades;
III.        Coordinar y supervisar que la realización de las intervenciones periciales cumplan con los lineamientos normativos, metodológicos, técnicos y científicos así como con los instructivos de trabajo manteniendo los niveles de calidad establecidos de las especialidades que son de su competencia;
IV.        Verificar la integración, actualización y control del Casillero de Identificación Criminalístico de la Procuraduría que conformen los bancos de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
V.         Operar y supervisar sistemas informáticos de registro y de análisis de huella genética, balística, análisis de voz y biométricos y otros elementos relacionados con hechos delictuosos;
VI.        Proponer al Titular los programas de investigación sobre nuevas técnicas, avances tecnológicos, equipo especializado en el ámbito nacional e internacional y fundamentar su aplicación en el laboratorio central y en las Jefaturas Estatales de Servicios Periciales en las especialidades bajo su responsabilidad y dirigir los trabajos de elaboración y actualización de los manuales técnico-metodológicos, de procedimientos, instructivos de trabajo y guías metodológicas de las especialidades que son de su competencia;
VII.       Proponer al Titular la rotación del personal pericial con base en la carga de trabajo;
VIII.      Programar los recursos humanos, materiales y financieros para que la operación pericial se brinde con oportunidad y de acuerdo a la normatividad vigente;
IX.        Emitir la información estadística de las intervenciones periciales en las especialidades de su competencia;
X.         Proponer al Titular el Programa Anual de Mantenimiento de los Equipos e Instrumentos de Investigación asignados a la Dirección a su cargo;
XI.        Promover la capacitación y actualización técnico-científica para la profesionalización del personal pericial en las especialidades de su competencia y verificar la asesoría técnica y metodológica a las unidades administrativas que integren su organización regional y estatal de Servicios Periciales de la Institución;
XII.       Participar en la elaboración de convenios de colaboración que el Titular proponga con Organismos o Instituciones Públicas o Privadas, y
XIII.      Las demás que le confieran otras disposiciones o el Titular.
Artículo 89. Al frente de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Proponer lineamientos que permitan mejorar la capacidad de respuesta institucional a las demandas de la sociedad en materia de procuración de justicia;
 
II.         Establecer, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes, las estrategias de seguimiento y evaluación de responsabilidades y compromisos institucionales;
III.        Coordinar la relación de la Institución con el Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría;
IV.        Facilitar la coordinación entre la Procuraduría con las dependencias y entidades gubernamentales federales, de las entidades federativas y municipales; organizaciones no gubernamentales, sociales y privadas, en materia de seguridad pública, de conformidad con las disposiciones aplicables;
V.         Representar y coordinar a la Institución en los trabajos y ante los órganos y entidades que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y el Sistema de Seguridad Nacional;
VI.        Proponer, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes, la celebración de convenios o acuerdos de la Institución con los tres órdenes de gobierno y con instituciones y organismos de los sectores social y privado, para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas derivados, así como dar seguimiento al cumplimiento de los mismos;
VII.       Planear, organizar y coordinar la celebración de reuniones, en el marco de los trabajos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;
VIII.      Fungir como Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, de conformidad con las disposiciones aplicables;
IX.        Dar continuidad al cumplimiento de los acuerdos emanados de las reuniones celebradas en el marco de los trabajos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a fin de dar cumplimiento a los mismos y promover la cooperación de las procuradurías generales de justicia del País;
X.         Dar seguimiento a los asuntos del ámbito de competencia de la Procuraduría en el Congreso de la Unión, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las legislaturas de las entidades federativas, en coordinación con las dependencias competentes del Gobierno Federal, y las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, de conformidad con las disposiciones aplicables, y
XI.        Recibir, canalizar y dar seguimiento a la atención de los requerimientos que realizan a la Procuraduría las cámaras del Congreso de la Unión, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las legislaturas de los estados, así como a las gestiones que realicen sus integrantes.
Artículo 90. Al frente de la Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Elaborar los diagnósticos en materia de procuración de justicia en el ámbito Federal;
II.         Realizar estudios sobre la operación de la Procuraduría, identificando sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, con objeto de proponer acciones que contribuyan a mejorar su desempeño;
III.        Diseñar, ejecutar y evaluar el sistema de planeación de la Institución, así como los programas específicos que determine el Procurador y, en su caso, proponer a la Unidad Administrativa competente las modificaciones pertinentes a la estructura orgánica de la Procuraduría;
IV.        Coordinar y evaluar la participación de las unidades administrativas en la ejecución del sistema de planeación, para asegurar la congruencia de las estructuras con los proyectos que sustenten la operación;
V.         Definir y aplicar métodos, técnicas y herramientas que permitan actualizar, fortalecer y consolidar el sistema de planeación institucional a fin de asegurar su congruencia con las atribuciones y funciones de las unidades administrativas de la Procuraduría;
VI.        Evaluar periódicamente los resultados obtenidos por las unidades administrativas, respecto de los planes y programas operativos y de desarrollo informático, para proponer acciones sobre su cumplimiento y retroalimentar el sistema de planeación de la Institución;
 
VII.       Participar en foros de consulta ciudadana para conocer las demandas de la población y proponer su integración al marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática;
VIII.      Diseñar un sistema de desarrollo y mejora continua para orientar el quehacer de la Procuraduría hacia la adopción de mejores prácticas y procesos que conlleven a una cultura de calidad;
IX.        Plantear programas y organizar acciones de capacitación y especialización en materia de calidad e innovación tecnológica, en coordinación con las unidades administrativas competentes;
X.         Coordinar la innovación de procesos de calidad para fortalecer la eficiencia y eficacia en el funcionamiento de la Procuraduría, en coordinación con las unidades administrativas competentes;
XI.        Proyectar parámetros de control y evaluación del sistema de información integral de la Institución, en coordinación con los órganos y unidades administrativas competentes;
XII.       Diseñar y evaluar la innovación y calidad que se requiera en la Procuraduría, en coordinación con los órganos y unidades administrativas competentes;
XIII.      Proponer, emitir y evaluar, conjuntamente con las unidades administrativas y órganos competentes, los lineamientos para la captación, sistematización, procesamiento de datos, generación de información estadística e indicadores sobre los procesos de la Procuraduría, a fin de contribuir en su mejora;
XIV.      Identificar áreas de oportunidad en materia de procuración de justicia, en las que la implementación de proyectos maximice los resultados;
XV.       Coordinar la administración de proyectos estratégicos de la Institución, abarcando desde el diseño hasta la evaluación de los mismos; e implementar los proyectos transversales que determine el Procurador;
XVI.      Evaluar la viabilidad de los proyectos estratégicos específicos que determine el Procurador;
XVII.     Establecer vínculos de colaboración con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución involucrados en los proyectos estratégicos que determine el Procurador, y
XVIII.     Apoyar en la definición de parámetros de control, evaluación y seguimiento de los avances y resultados esperados de los proyectos estratégicos de la Procuraduría.
Artículo 91. Al frente de la Dirección General de Formación Profesional habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Coordinar a las unidades administrativas, órganos desconcentrados y al Instituto Nacional de Ciencias Penales, para la gestión y el desarrollo del capital humano de la Institución;
II.         Detectar las necesidades institucionales de profesionalización, capacitación, especialización, desarrollo humano, académico y competencias del personal de la Institución, así como promover la investigación académica y realizar estudios en la materia;
III.        Diseñar el sistema de profesionalización, capacitación y especialización del personal de la Procuraduría, orientado a desarrollar sus competencias profesionales y fomentar su permanencia, así como coordinar a las áreas responsables, en su ejecución y cumplimiento;
IV.        Diseñar y operar el modelo institucional de competencias profesionales orientado al desarrollo de los servidores públicos, así como a su evaluación, en coordinación con el Centro de Evaluación y Control de Confianza, conforme con las políticas, criterios y procedimientos establecidos para ello;
V.         Diseñar y operar el modelo de profesionalización que comprenderá los procesos, procedimientos, lineamientos, programas, planes de carrera por perfil, actividades, detección de necesidades y contenidos mínimos para la formación, capacitación, adiestramiento, actualización, especialización y desarrollo humano del personal de acuerdo con el Programa Rector de Profesionalización;
VI.        Diseñar programas para la identificación del talento humano y realizar las acciones de formación requeridas para su desarrollo y permanencia en la Institución;
 
VII.       Revisar los planes y programas de estudio de formación, capacitación, actualización, adiestramiento, especialización y promoción que impartan las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución;
VIII.      Supervisar y evaluar la ejecución y el cumplimiento de los planes y programas señalados en la fracción anterior;
IX.        Evaluar el impacto de las acciones de formación, capacitación, actualización, adiestramiento, especialización y desarrollo humano, que permitan conocer su utilidad en el desempeño de las funciones del personal;
X.         Definir las políticas y estrategias de profesionalización del personal de la Institución, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría;
XI.        Coordinar, gestionar, calendarizar y, en su caso, implementar acciones específicas en cumplimiento del sistema de profesionalización, así como del modelo institucional de competencias profesionales, con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría, así como con las instituciones educativas, organismos públicos y privados nacionales y extranjeros;
XII.       Integrar y administrar la información de la profesionalización del personal, estableciendo el sistema de registro correspondiente y, tratándose del personal ministerial, policial y pericial, ejercer las atribuciones anteriores en coordinación con la Dirección General del Servicio de Carrera;
XIII.      Formar y supervisar a los operadores de los modelos de profesionalización y de competencias profesionales, a fin de que cuenten con los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para la ejecución de las actividades comprendidas en el mismo;
XIV.      Promover acciones en materia de profesionalización, programas de formación de instructores, de intercambio de profesores, conferencistas, servidores públicos y publicaciones con otras instituciones u organismos, públicos o privados, nacionales o extranjeros, que conduzcan a elevar las capacidades y el desarrollo humano de los servidores públicos de la Procuraduría;
XV.       Diseñar y operar programas de educación a distancia que, mediante la utilización de los recursos tecnológicos disponibles, satisfagan las necesidades de profesionalización de los servidores públicos de la Institución, en coordinación con las unidades administrativas, y órganos desconcentrados de la Procuraduría, así como el Instituto Nacional de Ciencias Penales y otras instancias competentes;
XVI.      Proponer la celebración de convenios y bases de colaboración con otras instituciones u organismos, públicos o privados para la profesionalización de los servidores públicos de la Institución;
XVII.     Proponer el diseño de las normas de competencia profesional, para el desarrollo del sistema y el modelo institucional en la materia;
XVIII.     Dirigir e instrumentar el procedimiento para el otorgamiento de becas al personal de la Institución, en coordinación con la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, así como la Dirección General del Servicio de Carrera, conforme a las disposiciones aplicables, y
XIX.      Coadyuvar en la supervisión y evaluación de las políticas y programas académicos para la profesionalización instrumentados por el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial y el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Artículo 92. Al frente de la Dirección General del Servicio de Carrera habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Diseñar y proponer al Consejo los procesos, procedimientos, lineamientos, convocatorias, políticas y criterios institucionales en materia de Servicio de Carrera, para la cual promoverá la participación de las unidades administrativas, órganos desconcentrados competentes de la Institución, así como del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de otras instituciones de educación superior, así como darles seguimiento y promover su estricta observancia;
II.         Garantizar y promover el desarrollo obligatorio y permanente del Servicio de Carrera en colaboración con las unidades administrativas, órganos desconcentrados y organismos descentralizados de la Procuraduría, así como otras instancias competentes, en estricto cumplimiento de los principios constitucionales y legales que rigen la actuación de la Institución;
 
III.        Llevar a cabo, en coordinación con las unidades administrativas, órganos desconcentrados y organismos descentralizados, la ejecución de los procedimientos para el reclutamiento, selección, ingreso, formación, ascenso, adscripción, y otorgamiento de estímulos y reconocimientos, respecto del personal del Servicio de Carrera, así como para el reingreso o reincorporación a dicho Servicio;
IV.        Realizar el registro de la información sobre los procedimientos administrativos o penales a que sean sujetos los miembros del Servicio de Carrera y notificar a las instancias competentes para que lleven a cabo las acciones que procedan;
V.         Coadyuvar, con las instancias competentes, en el diseño y ejecución de los modelos de competencias, así como de los procedimientos de actualización, certificación y adiestramiento del personal del Servicio de Carrera;
VI.        Diseñar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes, la descripción y perfil de puesto de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía y peritos, así como proponerlos al Consejo;
VII.       Verificar que la descripción, funciones y perfil de puesto de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía y peritos se aplique en los procesos de ingreso, capacitación, actualización, especialización, desarrollo, certificación, adiestramiento, evaluación, otorgamiento de estímulos, reconocimientos, ascensos, rotación, remoción y reingreso del Servicio de Carrera;
VIII.      Diseñar los planes de carrera para el personal ministerial, policial y pericial, de acuerdo a la adscripción de puesto y perfiles en coordinación con las unidades administrativas, órganos desconcentrados y organismos descentralizados competentes;
IX.        Diseñar, operar y validar los registros del personal ministerial, policial y pericial, y verificar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia;
X.         Coordinar y verificar con las áreas competentes, el cumplimiento de los requisitos, así como el registro, integración y actualización de expedientes de las autorizaciones individuales de portación de armas de fuego incluidas en la licencia oficial colectiva, de conformidad con las disposiciones aplicables;
XI.        Registrar y actualizar la información de los miembros del Servicio de Carrera y aspirantes, en las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en términos de las disposiciones aplicables;
XII.       Integrar, actualizar y resguardar los expedientes de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía y peritos o por designación especial, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes;
XIII.      Fungir como Secretario Técnico del Consejo y demás órganos que dispongan las normas aplicables;
XIV.      Coordinar con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes en el diseño, instrumentación, valoración y ejecución de los sistemas de evaluación del desempeño profesional de agentes del Ministerio Público de la Federación, así como de la Policía y de los peritos;
XV.       Tramitar y, en su caso, expedir los nombramientos del personal ministerial, policial y pericial, que los acredite como miembros del Servicio de Carrera, y
XVI.      Utilizar y compartir con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes de la Institución, información relativa a los resultados de las evaluaciones de los miembros del Servicio de Carrera, con sujeción a las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, para la mejora de los procesos vinculados con el desarrollo del capital humano de la Procuraduría.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 43, fracción XII, de la Ley Orgánica, el Director General del Servicio de Carrera someterá a consideración del Consejo una terna de candidatos, con el propósito de que éste nombre al representante del ámbito académico en el mismo, conforme a las reglas que establezca para tales efectos.
 
CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DEL CENTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN, ANÁLISIS E INFORMACIÓN PARA EL COMBATE A LA
DELINCUENCIA
Artículo 93. Al frente del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia habrá un Titular, quien tendrá las siguientes facultades:
I.          Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de sistematización y análisis de la información relativa al fenómeno de la delincuencia en sus ámbitos nacional e internacional;
II.         Solicitar a las autoridades competentes la información relativa a la identificación y evolución de las actividades y modos de operación de la delincuencia;
III.        Suministrar oportunamente a las unidades administrativas y órganos de la Institución la información disponible que requieran para el desempeño de sus funciones, de conformidad con las políticas institucionales, a través de mecanismos ágiles y seguros;
IV.        Administrar el sistema del registro de detenidos de la Procuraduría de conformidad con lo establecido por el Procurador mediante Acuerdo;
V.         Gestionar y establecer sistemas y mecanismos de intercambio de información en materia de procuración de justicia, con unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, así como con autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y Municipios, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, el marco estratégico de gestión y las políticas institucionales;
VI.        Diseñar, concertar, coordinar y dar seguimiento a los sistemas y mecanismos de intercambio de información en materia de operación e impacto de la delincuencia, con instituciones extranjeras y organismos internacionales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, los instrumentos de carácter internacional, el marco estratégico de gestión y las políticas institucionales;
VII.       Realizar estudios criminógenos y geodelictivos y operar sistemas de procesamiento de información y dictar los lineamientos sobre incidencia delictiva georeferida para captar y sistematizar la información que le permitan la planeación integral del combate a la delincuencia, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes de la Procuraduría;
VIII.      Diseñar y promover el intercambio de información, para la oportuna prevención, detección e investigación de la delincuencia, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes;
IX.        Integrar y dar seguimiento, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes de la Institución, a la ejecución de los instrumentos programáticos en materia de control de drogas;
X.         Operar los sistemas de seguimiento y evaluación de los diversos instrumentos programáticos que se establezcan para el control de la delincuencia, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes;
XI.        Establecer, operar y actualizar los sistemas de información estadística y de análisis necesarios para el desempeño de sus funciones;
XII.       Gestionar las solicitudes de información y asistencia técnica a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y las comercializadoras de servicios de telecomunicaciones, en términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y demás disposiciones aplicables, y remitirlas al servidor público que la haya solicitado, en los casos de los delitos graves que no sean competencia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada;
XIII.      Participar, en el ámbito de sus atribuciones, en esquemas de coordinación interinstitucional de conformidad con las disposiciones aplicables, y
XIV.      Auxiliar a las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes en la detección de conductas delictivas vinculadas con Internet.
Artículo 94. El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia contará con las unidades administrativas y el personal necesarios para el desempeño de sus funciones de conformidad con las disposiciones aplicables y lo que determine el Procurador mediante Acuerdo.
 
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO
DEL CENTRO FEDERAL DE PROTECCIÓN A PERSONAS
Artículo 95. Al frente del Centro Federal de Protección a Personas habrá un Titular, quien tendrá las siguientes facultades:
I.          Desarrollar y elaborar los proyectos de lineamientos, protocolos, acuerdos y demás instrumentos necesarios para el adecuado funcionamiento del Programa Federal de Protección a Personas y someterlo a consideración del Procurador;
II.         Recibir y analizar las solicitudes de incorporación de una persona al Programa Federal de Protección a Personas, en virtud de encontrarse en situación de riesgo o peligro por su intervención en un procedimiento penal, conforme a las disposiciones aplicables;
III.        Ordenar la práctica de estudios psicológicos, clínicos y en general de todos aquellos que sean necesarios para garantizar la idoneidad de la incorporación de la persona al Programa Federal de Protección a Personas, así como para su permanencia;
IV.        En caso de ser procedente, autorizar la incorporación de la Persona propuesta al Programa Federal de Protección a Personas;
V.         Proponer al Procurador la celebración de actos, convenios, contratos y bases de colaboración inherentes al objeto del Programa Federal de Protección a Personas;
VI.        Llevar el registro y expediente de las Personas incorporadas al Programa;
VII.       Dictar las medidas de protección que resulten procedentes y mantener las Medidas de Protección urgentes que dicte la autoridad ministerial o la autoridad judicial;
VIII.      Acordar con el Procurador el cese de las medidas de protección, cuando se entiendan superadas las circunstancias que motivaron la protección, y
IX.        Las demás que determinen otras disposiciones y el Procurador, cuando sean inherentes a sus funciones.
CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO
DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
Artículo 96. El Centro de Evaluación y Control de Confianza tendrá a su cargo la aplicación, calificación y valoración de los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño, a que se refiere el artículo 50 de la Ley Orgánica, y de competencias profesionales que se aplican al personal de la Institución asimismo, emitirá las certificaciones correspondientes de conformidad con lo previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Orgánica, los criterios que al efecto emita el Centro Nacional de Certificación y Acreditación y demás disposiciones aplicables.
Artículo 97. Al frente del Centro de Evaluación y Control de Confianza habrá un Titular, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Proponer a su superior jerárquico las normas, políticas y criterios que rijan los procesos de evaluación, certificación y funcionamiento del Centro de Evaluación y Control de Confianza que emita el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
II.         Instruir las medidas para mantener la vigencia de la acreditación del Centro de Evaluación y Control de Confianza y la certificación de sus procesos de evaluación;
III.        Planear, programar y dirigir las actividades del Centro de Evaluación y Control de Confianza, así como instruir la aplicación y calificar las evaluaciones a que deberán someterse los aspirantes a ingresar a la Procuraduría y el personal de la misma;
IV.        Expedir las certificaciones al personal que acredite los procesos de evaluación y coordinar la actualización de las mismas;
V.         Establecer los lineamientos para verificar la autenticidad de los documentos que acrediten el grado académico de los evaluados y de aquellos otros documentos que considere pertinente;
VI.        Participar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes, en la elaboración de los perfiles de puesto de los servidores públicos de la Procuraduría;
 
VII.       Participar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes, en la conformación de las políticas y los esfuerzos institucionales en materia de desarrollo del capital humano y de competencias profesionales;
VIII.      Informar al Procurador y a los titulares de las unidades administrativas y órganos desconcentrados, los resultados de las evaluaciones aplicadas;
IX.        Instruir la aplicación de los procesos de evaluación del personal en activo y aspirantes a ingresar que soliciten otras instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
X.         Comunicar a las autoridades integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los resultados de los procesos de evaluación que le sean legalmente requeridos;
XI.        Realizar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes, el seguimiento individual de los servidores públicos e identificar factores de riesgo dentro de su desarrollo que repercutan en el desempeño óptimo de sus funciones, así como ubicar áreas de oportunidad para establecer programas de prevención y atención para solucionar la problemática detectada;
XII.       Brindar asesoría técnica a otros centros de evaluación y control de confianza;
XIII.      Instruir el resguardo de los expedientes que se integren durante los procesos de evaluación, mismos que son confidenciales y reservados, con excepción de aquellos casos en que sean requeridos en procedimientos administrativos o judiciales;
XIV.      Coordinar la implementación de un sistema de registro y control de los resultados y certificaciones que expida el Centro de Evaluación y Control de Confianza, y
XV.       Convocar al personal activo a los procesos de evaluación, en los casos que se determine el seguimiento o se deriven observaciones de los procesos de evaluación.
Artículo 98. El Centro de Evaluación y Control de Confianza contará con un Consejo Técnico Interdisciplinario, presidido por su Titular.
Artículo 99. El Centro de Evaluación y Control de Confianza contará con los servidores públicos necesarios para el desempeño de sus funciones, de conformidad con las disposiciones aplicables y lo que determine el Procurador mediante Acuerdo.
CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO
DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL
Artículo 100. Al frente del Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial habrá un Titular, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Proponer los procedimientos de selección y formación de los aspirantes a miembros del Servicio de Carrera, atendiendo las normas y políticas institucionales, en coordinación con las unidades administrativas, órganos desconcentrados y organismos competentes;
II.         Llevar a cabo acciones para la formación y capacitación inicial de los candidatos a agentes de la Policía, peritos y oficiales ministeriales; así como actualizar, especializar y adiestrar a los agentes de la Policía, peritos y oficiales ministeriales para lograr su profesionalización;
III.        Proponer a la Dirección General de Formación Profesional un sistema de profesionalización del personal policial y pericial del Servicio de Carrera;
IV.        Capacitar, actualizar y especializar a los servidores públicos distintos a los señalados en la fracción II de este artículo, que designe el Procurador y que no queden comprendidos en programas de otros institutos u órganos conforme a las políticas y necesidades operativas de la Procuraduría;
V.         Elaborar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes, los planes y programas académicos del Instituto, con base en los lineamientos que para tal efecto se establezcan en el Sistema de Profesionalización, de conformidad con las disposiciones aplicables;
 
VI.        Participar en los procesos de evaluación de conocimientos y, en su caso, de aptitud física, para la certificación, promoción, reconocimiento y reingreso de los miembros del Servicio de Carrera y, en lo conducente, del resto del personal de la Procuraduría, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica, el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables;
VII.       Proponer la celebración de convenios con organismos e instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, relativos al intercambio y asesoría que se requieran para la profesionalización de los servidores públicos de la Procuraduría, y
VIII.      Instaurar los procedimientos disciplinarios que se instruyan a los alumnos o candidatos del Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial, en los términos que establezca la normatividad aplicable.
Artículo 101. El Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial contará con las unidades administrativas y el personal necesarios para el desempeño de sus funciones de conformidad con las disposiciones aplicables y lo que determine el Procurador mediante Acuerdo.
CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO
DE LAS DELEGACIONES
Artículo 102. La Procuraduría contará con Delegaciones en las entidades federativas, las cuales ejercerán sus funciones en las circunscripciones territoriales que determine el Procurador mediante Acuerdo.
Las circunscripciones territoriales se determinarán de conformidad con los criterios establecidos por la Ley Orgánica y podrán abarcar municipios de una o varias entidades federativas.
Al frente de cada Delegación habrá un Delegado, que representará a la Institución ante autoridades federales, estatales y municipales, dentro de su circunscripción territorial.
Las Delegaciones contarán con subdelegados que, con apego al presupuesto autorizado, podrán ser especializados por función y en su caso, por región. Asimismo, contarán con una Subdelegación Administrativa y demás personal necesario para el desempeño de sus funciones, de conformidad con las normas aplicables y las disponibilidades presupuestales. El Procurador podrá establecer criterios complementarios para la organización y funcionamiento de las Delegaciones.
Artículo 103. Son facultades del Delegado:
I.          Ejercer las atribuciones que la Constitución, el artículo 4, fracciones I, II, IV, V, VI, VII y IX de la Ley Orgánica y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación, en el ámbito territorial de su competencia, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes, de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita el Procurador;
II.         Coordinar las actividades del Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares en el ámbito territorial de su competencia;
III.        Ordenar la detención y, en su caso, la retención de los probables responsables en los términos del artículo 16 de la Constitución;
IV.        Ejercer la facultad de atracción para la investigación y persecución de delitos de fuero común, de conformidad con las disposiciones aplicables;
V.         Conocer de los asuntos que le sean remitidos por las unidades centralizadas, de conformidad con las normas aplicables y políticas institucionales;
VI.        Coordinarse con las unidades centralizadas y órganos desconcentrados para el desempeño de sus funciones en el ámbito de su demarcación geográfica, de conformidad con las disposiciones aplicables y los mecanismos establecidos;
VII.       Informar a la Coordinación, a las unidades centrales y a los órganos desconcentrados, sobre asuntos de su competencia y, en su caso, remitir las actuaciones respectivas cuando así lo requieran;
VIII.      Autorizar los acuerdos de incompetencia, acumulación y separación de las averiguaciones previas y, previo dictamen del agente del Ministerio Público de la Federación auxiliar del Procurador, la reserva y en definitiva el no ejercicio de la acción penal, así como la solicitud de cancelación o reclasificación de órdenes de aprehensión, informando al fiscal correspondiente. Tratándose del no ejercicio de la acción penal deberá notificarse personalmente al denunciante, querellante, víctima u ofendido de conformidad con las disposiciones aplicables;
 
IX.        Remitir a las unidades centralizadas la información y documentación que le sea requerida para el ejercicio de sus funciones;
X.         Someter a consideración de su superior el ejercicio de las facultades a que se refiere el artículo 8, fracciones III, IV, V y VII, de la Ley Orgánica y, en su caso, ejercer las mismas cuando le sean delegadas por el Procurador;
XI.        Atender los juicios de amparo en que intervengan los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a los órganos jurisdiccionales, en coordinación con la Dirección General de Control de Juicios de Amparo;
XII.       Supervisar que las agencias del Ministerio Público de la Federación de su adscripción atiendan las quejas que presenten particulares, así como recibir y notificar a la Visitaduría General y al Órgano Interno de Control en la Procuraduría, según corresponda, las quejas relacionadas con las conductas de los servidores públicos de la Institución;
XIII.      Auxiliar a la Visitaduría General en el ejercicio de sus funciones e informar a ésta sobre las averiguaciones previas que se inicien en contra de servidores públicos de la Procuraduría;
XIV.      Suscribir los contratos que afecten el presupuesto de la Delegación, relativos a la adquisición de bienes y la prestación de servicios, conforme con la ley de la materia, los lineamientos que establezca la Oficialía Mayor y demás disposiciones aplicables;
XV.       Dirigir y supervisar las actividades relativas al aseguramiento, preservación y control provisional de los bienes asegurados de conformidad con las normas aplicables y políticas institucionales, así como proveer las acciones necesarias para que se decrete el abandono de bienes asegurados, en coordinación con la Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales, y
XVI.      Remitir oportunamente a la Dirección General de Constitucionalidad los periódicos oficiales de los Estados de su adscripción y ejemplares de los diversos ordenamientos jurídicos que sean necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, así como las ejecutorias en donde se detecte la existencia de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito de su adscripción.
CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO
DE LAS AGREGADURÍAS Y OFICINAS DE ENLACE
Artículo 104. La Procuraduría contará con agregadurías legales, agregadurías regionales y oficinas de enlace, que serán órganos desconcentrados, coordinados por el Titular de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías.
Las agregadurías contarán con Agregados, Agregados adjuntos, asistentes legales y asistentes administrativos, de acuerdo con las necesidades del servicio y a las disponibilidades presupuestales.
Los agregados, agregados adjuntos, titulares de las oficinas de enlace y el personal que preste sus servicios en esas áreas y que cuenten con pasaporte diplomático expedido por el estado Mexicano a instancia de esta Institución, serán designados y removidos en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica, y serán personal asimilados del Servicio exterior Mexicano.
Las oficinas de enlace contarán con el personal necesario para el desempeño de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto por el Procurador.
Artículo 105. El Procurador determinará el número de agregadurías legales, agregadurías regionales y oficinas de enlace, así como la circunscripción territorial de su competencia.
Artículo 106. Al frente de cada agregaduría legal habrá un Agregado, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Fungir como representante de la Procuraduría ante las autoridades extranjeras de su circunscripción con las que deba tener comunicación en virtud de las funciones propias de la Institución;
II.         Supervisar las actividades de las agregadurías regionales y oficinas de enlace dentro de la circunscripción de su competencia;
III.        Auxiliar a las unidades administrativas y coordinarse con los órganos desconcentrados de la Institución, para el ejercicio de sus funciones;
 
IV.        Llevar a cabo, en su circunscripción y con pleno respeto al marco jurídico aplicable, las acciones necesarias para la atención de los asuntos que le sean encomendados;
V.         Participar en reuniones y grupos de trabajo con autoridades de su circunscripción, organizaciones sociales e instituciones académicas, así como en foros internacionales, en relación con los asuntos de su competencia;
VI.        Recopilar y sistematizar la información relacionada con la procuración y administración de justicia en su circunscripción, y remitirla al Titular de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías;
VII.       Realizar estudios sobre los fenómenos delincuenciales en su circunscripción, particularmente en materia de delincuencia organizada transnacional;
VIII.      Difundir los planes, programas, estrategias, acciones y resultados de la Procuraduría ante las autoridades de su circunscripción, organizaciones sociales e instituciones académicas, así como en los foros internacionales que le corresponda atender con motivo de sus funciones;
IX.        Acordar los asuntos de su competencia con el Titular de la representación diplomática o consular o misión especial, guardando la debida reserva de los asuntos que así lo ameriten, de conformidad con las normas y políticas institucionales, y
X.         Suscribir los contratos que afecten el presupuesto de la agregaduría legal, relativos a la adquisición de bienes y la prestación de servicios, conforme a los ordenamientos legales, los lineamientos que establezca la Oficialía Mayor y demás disposiciones aplicables.
Artículo 107. Al frente de cada agregaduría regional habrá un Agregado, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Fungir como representante de la Procuraduría ante las autoridades extranjeras de su circunscripción con las que deba tener comunicación en virtud de las funciones propias de la Institución;
II.         Coordinarse con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, para el ejercicio de sus funciones;
III.        Llevar a cabo, en su circunscripción y con pleno respeto al marco jurídico aplicable, las acciones necesarias para la atención de los asuntos que les sean encomendados;
IV.        Participar en reuniones y grupos de trabajo con autoridades de su circunscripción, organizaciones sociales e instituciones académicas, así como en foros internacionales, en relación con los asuntos de su competencia;
V.         Recopilar y sistematizar la información relacionada con la procuración y administración de justicia en su circunscripción, y remitirla al Titular de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías;
VI.        Realizar estudios sobre los fenómenos delincuenciales en su circunscripción, particularmente en materia de delincuencia organizada transnacional;
VII.       Difundir los planes, programas, estrategias, acciones y resultados de la Procuraduría ante las autoridades de su circunscripción, organizaciones sociales e instituciones académicas, así como en los foros internacionales que le corresponda atender con motivo de sus funciones;
VIII.      Acordar los asuntos de su competencia con el Titular de la representación diplomática o consular o misión especial, así como con el Titular de la agregaduría legal correspondiente, guardando la debida reserva de los asuntos que así lo ameriten, de conformidad con las normas y políticas institucionales, y
IX.        Suscribir los contratos que afecten el presupuesto de la agregaduría regional, relativos a la adquisición de bienes y la prestación de servicios, conforme a los ordenamientos legales, los lineamientos que establezca la Oficialía Mayor y demás disposiciones aplicables.
 
Artículo 108. Al frente de cada oficina de enlace habrá un Titular, quien tendrá las facultades siguientes:
I.          Coordinar y dar seguimiento al intercambio de información con la o las agencias de enlace en las que esté acreditado;
II.         Acordar los asuntos de su competencia con el Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías;
III.        Participar en reuniones y grupos de trabajo con la o las agencias de enlace en las que esté acreditado, así como en foros internacionales, en relación con los asuntos de su competencia;
IV.        Coordinarse con el Agregado legal, o la unidad administrativa u órgano desconcentrado al que suministre información, debiendo informar al Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías;
V.         Realizar estudios sobre los fenómenos delincuenciales, particularmente en materia de delincuencia organizada transnacional;
VI.        Apoyar a la Procuraduría en el desahogo de diligencias cuando le sea solicitado por la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías, y
VII.       Las demás que le encomiende el Agregado legal, el Agregado regional o la unidad administrativa u órgano desconcentrado al que suministre información, debiendo informar de esto al Agregado legal correspondiente y, en su caso, al Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías.
CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO
DE LAS EVALUACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Artículo 109. Todo el personal de la Procuraduría deberá someterse a los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica y demás disposiciones aplicables.
Cada proceso de evaluación se practicará de manera independiente.
Artículo 110. Los procesos de evaluación se aplicarán en las siguientes modalidades:
I.          Iniciales;
II.         De permanencia, y
III.        Extraordinarios.
Artículo 111. Los procesos de evaluación extraordinarios se practicarán en los supuestos previstos en el artículo 53 de la Ley Orgánica, y en los casos siguientes:
I.          Tratándose de personal hasta el nivel de enlace que aspire a ocupar un puesto de mando medio o superior;
II.         Tratándose de personal de mando medio que aspire a ocupar un puesto de mando superior;
III.        Tratándose de personal de la rama administrativa que aspire a ocupar un cargo de oficial secretario, agente del Ministerio Público de la Federación, agente de la Policía o perito, o de mando en la actividad sustantiva;
IV.        Tratándose de los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía o peritos que aspiren a ocupar un cargo de mando superior en la actividad sustantiva, conforme al artículo 91 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
V.         Tratándose de aspirantes a ingresar al Servicio de Carrera, y
VI.        Tratándose de los casos de excepción que señalen la normativa aplicable.
Artículo 112. El Procurador, los subprocuradores, el Oficial Mayor, el Visitador General podrán solicitar al Centro de Evaluación y Control de Confianza que cualquier servidor público sobre el cual ejerzan autoridad jerárquica se someta a la práctica extraordinaria de evaluaciones de control de confianza o de competencias profesionales. El Visitador General podrá solicitar tales evaluaciones extraordinarias, además, respecto de cualquier agente del Ministerio Público de la Federación, agente de la Policía y perito de la Institución.
Las solicitudes de evaluaciones extraordinarias a las que hace referencia el artículo 53 de la Ley Orgánica señalarán por escrito las causas que la motivan y, en su caso, los temas particulares en los que se deberá centrar el proceso de evaluación respectivo.
 
Artículo 113. El Centro de Evaluación y Control de Confianza practicará los procesos de evaluación siguientes:
I.          De control de confianza;
II.         Del desempeño, y
III.        De competencias profesionales.
Artículo 114. El proceso de evaluación de control de confianza comprenderá los exámenes siguientes:
I.          Patrimonial y de entorno social;
II.         Médico;
III.        Psicométrico y psicológico;
IV.        Poligráfico;
V.         Toxicológico, y
VI.        Los demás que establezcan las normas aplicables.
Artículo 115. Con el fin de determinar que el personal susceptible de portar armas de fuego cuenta con la capacidad física y psicológica necesaria para tal efecto, el Centro de Evaluación y Control de Confianza realizará los exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos correspondientes, de conformidad con la normativa aplicable en la materia. Los servidores públicos que no acrediten el examen toxicológico serán separados del encargo, de conformidad con las disposiciones que se establecen en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Orgánica.
Artículo 116. Los procesos de evaluación de control de confianza y de competencias profesionales se practicarán de conformidad con lo siguiente:
I.          El Centro de Evaluación y Control de Confianza programará los lugares y las fechas en que los aspirantes o servidores públicos deberán presentarse para ser sometidos al proceso de evaluación y serán citados por conducto del Titular de la unidad administrativa, órgano desconcentrado u organismo que los propone o al que estén adscritos. En caso de que el aspirante o servidor público no acuda, sin mediar causa justificada, se le tendrá por no aprobado;
II.         Los aspirantes a ingresar a los cursos de formación inicial para las ramas ministerial, pericial y policial, que no aprueben el examen toxicológico quedarán excluidos del procedimiento de selección;
III.        Los servidores públicos que resulten no aprobados en el examen toxicológico dejarán de prestar sus servicios en la Procuraduría, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, y
IV.        El Titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza comunicará al Titular de la unidad administrativa, órgano desconcentrado y organismo los resultados del proceso de evaluación.
Artículo 117. La valoración en conjunto de los exámenes del proceso de evaluación de control de confianza se realizará de la manera siguiente:
I.          Al concluir la totalidad de los exámenes del proceso de evaluación, cada una de las áreas de evaluación aportará los indicadores que hubiesen identificado;
II.         Se revisará que las evidencias documentales corresponden al evaluado;
III.        Previo a la valoración, se identificará en los exámenes los indicadores siguientes:
a)    Rasgos y comportamientos;
b)    Datos relevantes de su historial personal;
c)    Datos relevantes de su historial laboral, y
d)    Resultado de instrumentos y pruebas aplicadas.
IV.        Se revisarán los indicadores que aporte cada uno de los exámenes practicados para apreciar de manera integral a la persona evaluada, y
V.         Se determinará si las características y los rasgos de la persona evaluada permiten considerar que se apega a los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos, para cumplir con el servicio público.
El resultado de este proceso y la determinación del riesgo de la persona permitirán emitir el resultado único.
 
Artículo 118. El resultado de aprobado se obtiene en las siguientes circunstancias:
I.          Las características, conductas o hábitos del evaluado se apegan a los principios constitucionales y legales que rigen la actuación de los servidores públicos, y
II.         De la práctica de los exámenes no se aprecien indicadores de riesgo para el desarrollo de sus funciones o para el cumplimiento de las atribuciones de la Procuraduría.
Artículo 119. El resultado de no aprobado se obtiene en las siguientes circunstancias:
I.          Las características, conductas o hábitos del evaluado no se apegan a los principios constitucionales y legales que rigen la actuación de los servidores públicos;
II.         No cumple con los requisitos de ingreso y permanencia establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Orgánica;
III.        No cumple con los requisitos de las convocatorias, o
IV.        De la práctica de los exámenes se aprecien indicadores de riesgo para el desarrollo de sus funciones o para el cumplimiento de las atribuciones de la Procuraduría.
Artículo 120. En un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la conclusión de las evaluaciones, deberá expedirse la certificación correspondiente a quienes hayan resultado aprobados en los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales, procediendo inmediatamente a su inscripción en el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública.
Artículo 121. El Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Evaluación y Control de Confianza sesionará para valorar en su conjunto aquellos casos que requieran ser revisados en forma colegiada, y emitirá un resultado único mediante el dictamen respectivo.
Artículo 122. El seguimiento del personal en activo tendrá por objeto recomendar medidas preventivas o correctivas respecto de las conductas o circunstancias que, por su magnitud y temporalidad, no constituyan factores de riesgo relevante para el desempeño y la seguridad institucional. Los superiores jerárquicos de los servidores públicos sujetos a esta medida serán responsables de supervisar su cumplimiento.
El Centro de Evaluación y Control de Confianza emitirá, con el visto bueno de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, las disposiciones que regulen la aplicación del seguimiento.
Artículo 123. La vigencia de los resultados de los procesos de evaluación de control de confianza y de competencias profesionales será de tres años.
La vigencia del resultado de aprobado se contará a partir de la expedición de la certificación. La vigencia del resultado de no aprobado se contará a partir de la fecha de conclusión del proceso de evaluación, en la que el servidor público causó baja de la Institución o en la que se emitió la resolución firme de separación, por la no aprobación de las evaluaciones.
No se computará el término para la vigencia del resultado de no aprobado, en los casos siguientes:
I.          Por haber obtenido resultado positivo en el examen toxicológico;
II.         Por haber empleado algún documento falso en los procesos de selección o evaluación, o
III.        Por haberse emitido en contra del evaluado una sentencia condenatoria por delito doloso o de destitución en el servicio público.
Artículo 124. El proceso de evaluación del desempeño tiene por objeto medir el cumplimiento en el ejercicio de funciones, la actitud en el trabajo y el comportamiento en el entorno laboral y se llevará a cabo en coordinación con la unidad administrativa u órgano desconcentrado de adscripción del servidor público evaluado.
El personal sólo podrá ser evaluado cuando tenga por lo menos seis meses de servicio en la Institución anteriores a la fecha de evaluación.
Artículo 125. El proceso de evaluación del desempeño se deberá practicar cuando menos una vez al año.
Artículo 126. El proceso de evaluación de competencias profesionales tiene por objeto determinar que los servidores públicos cuentan con los conocimientos, las habilidades, destrezas y aptitudes necesarios para realizar una función. La determinación de las funciones se establece en razón de la plaza que se ocupa, del perfil requerido para ese puesto y de las atribuciones del área o unidad de adscripción.
 
Artículo 127. Las competencias profesionales son aquéllas que resultan de las funciones señaladas en la Ley Orgánica, el presente Reglamento y las demás disposiciones aplicables, de conformidad con los perfiles aprobados o de acuerdo a los manuales de organización o de procedimientos.
Artículo 128. El proceso de evaluación de competencias profesionales se llevará a cabo de acuerdo con las modalidades siguientes:
I.          Ingreso: Que deberán acreditar las personas que aspiren a ingresar a la Institución;
II.         Periódica: Que deberá satisfacer el personal que se encuentre en activo en la Institución para obtener la certificación a que se refiere el artículo 59 de la Ley Orgánica o bien para su revalidación, y
III.        Promoción o cambio de puesto: El que previamente deberá presentar el servidor público que aspira a ocupar un puesto en una categoría o rama distinta.
El personal que no apruebe el proceso de evaluación de competencias profesionales en los casos de promoción, no podrá ocupar la nueva categoría o puesto.
Artículo 129. Los alumnos o candidatos del Servicio de Carrera deberán acreditar la evaluación de competencias profesionales, mediante la aprobación del plan y programa de estudios de formación inicial.
Artículo 130. El Procurador, los subprocuradores, el Oficial Mayor, el Visitador General, los fiscales especializados y los titulares de los órganos desconcentrados de la Institución podrán solicitar una evaluación de competencias profesionales específica por puesto o área del personal a su cargo. En estos casos, deberán proporcionarse los insumos al Centro de Evaluación y Control de Confianza para la preparación de la evaluación.
Artículo 131. Los expedientes conformados con motivo de los procesos de evaluación a cargo del Centro de Evaluación y Control de Confianza tendrán el carácter de información reservada y confidencial; y éste tendrá la custodia de los mismos, en los términos de las disposiciones aplicables.
Artículo 132. Los oficiales ministeriales deberán cumplir los requisitos señalados en los artículos 23 de la Ley Orgánica y 8 de este Reglamento, con excepción de los contenidos en las fracciones II y III, y serán nombrados de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables.
Los oficiales ministeriales serán considerados personal de confianza y actuarán bajo el mando de los agentes del Ministerio Público de la Federación en las unidades administrativas u órganos desconcentrados en que se encuentren adscritos.
Artículo 133. Los oficiales ministeriales asistirán a los agentes del Ministerio Público de la Federación en el ejercicio de sus funciones de conformidad con la Ley Orgánica, del presente Reglamento, y el Acuerdo que para tal efecto expida el Procurador.
CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO
DE LA CERTIFICACIÓN
Artículo 134. La certificación a cargo del Centro de Evaluación y Control de Confianza tendrá por objeto acreditar que la persona evaluada es apta para ingresar o permanecer en la Procuraduría y que cuenta con los conocimientos, perfil, habilidades y aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.
Los certificados correspondientes contarán con las medidas de seguridad que se acuerden en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Artículo 135. La certificación tendrá una vigencia de tres años y se expedirá al concluir los procesos de evaluación de control confianza, del desempeño y de competencias profesionales, debiéndose tomar en consideración las dos últimas evaluaciones del desempeño que se le hubiesen practicado siempre que no tengan una temporalidad mayor a tres años.
Artículo 136. Los servidores públicos señalados en el artículo 72 de la Ley Orgánica serán los facultados para suspender los efectos de la certificación, prevista en el artículo 78 de la citada ley, quienes deberán notificar de ello al servidor público involucrado, a la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, a la Dirección General del Servicio de Carrera y al Centro de Evaluación y Control de Confianza, para los efectos procedentes.
 
Los servidores públicos a quienes, como medida cautelar, se les suspendan los efectos de la certificación, dejarán de percibir sus emolumentos.
Si se dictare sentencia condenatoria en contra del servidor público de la Procuraduría, en el proceso penal seguido en su contra, y ésta causare ejecutoria, el Centro de Evaluación y Control de Confianza hará las notificaciones correspondientes al Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública, respecto de la cancelación de la certificación.
Si se dictare sentencia absolutoria al servidor público en el proceso penal seguido en su contra, y ésta causare ejecutoria, el superior jerárquico levantará la suspensión, notificará de ello al interesado, así como a la Dirección General de Recursos Humanos y Organización y al Centro de Evaluación y Control de Confianza, para los efectos procedentes.
CAPÍTULO VIGÉSIMO
DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Artículo 137. Durante las ausencias del Procurador, el despacho y resolución de los asuntos estarán a cargo, en el orden que se mencionan, de los Subprocuradores Jurídico y de Asuntos Internacionales; de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada; Especializado en Investigación de Delitos Federales, y de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
Cuando se impute la comisión de un delito al Procurador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 111 de la Constitución y en la ley en materia de responsabilidades de los servidores públicos, el Subprocurador que le corresponda suplirlo de conformidad con lo previsto en el párrafo que antecede conocerá de la denuncia, se hará cargo de la averiguación previa y, en su caso, resolverá sobre el inicio del procedimiento para la declaración de procedencia ante la Cámara de Diputados, previo acuerdo con el Ejecutivo Federal.
Durante las ausencias de los titulares de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados referidos en el artículo 3 del presente Reglamento, así como de las Fiscalías y Unidades Administrativas Especializadas creadas por Acuerdo del Procurador, el despacho y resolución de los asuntos a su cargo se realizará por el servidor público de la jerarquía inmediata inferior que haya sido designado para tal efecto o, a falta de designación, por los de la jerarquía inmediata inferior que corresponda conforme a la naturaleza de los asuntos de que se trate, salvo que el Procurador lo determine de otra forma. Para tal efecto, el servidor público suplente podrá ejercer todas las facultades y responsabilidades inherentes al cargo de quien suple.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor a los sesenta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo previsto en los siguientes párrafos.
Entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones del Reglamento relativas a las atribuciones del Visitador General y de los Directores Generales de Evaluación Técnico Jurídica, de Asuntos Internos, de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución, y de Procedimientos de Remoción.
Las disposiciones del Reglamento relativas a las atribuciones del Centro Federal de Protección a Personas, entrarán en vigor a los noventa días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- A la entrada en vigor del presente ordenamiento quedará abrogado el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de junio de dos mil tres. Los acuerdos, circulares, instructivos, y demás disposiciones administrativas emitidas por el Procurador General de la República con base en el Reglamento que se abroga, continuarán en vigor en lo que no se opongan al presente ordenamiento.
ARTÍCULO TERCERO.- Los asuntos que a la entrada en vigor de este Reglamento estén tramitando las unidades administrativas y órganos desconcentrados contemplados en el Reglamento que se abroga o creados mediante Acuerdo del Procurador General de la República, pasarán al conocimiento de las unidades administrativas y órganos desconcentrados que asuman sus atribuciones, en los términos que establece el presente Reglamento y, para los casos no contemplados en el mismo, conforme a lo que disponga el Procurador General de la República en el Acuerdo respectivo.
Los órganos colegiados que al momento de la entrada en vigor del presente Reglamento continúen en funciones, se conformarán por las unidades administrativas y órganos que asuman las atribuciones de los integrantes anteriores. Dichos órganos serán presididos por el servidor público Titular de la unidad administrativa u órgano desconcentrado respectivo y, en su defecto, en los términos que disponga el Procurador.
ARTÍCULO CUARTO.- La Oficialía Mayor de la Procuraduría realizará las acciones necesarias para que los recursos humanos, financieros y materiales asignados a las unidades administrativas u órganos desconcentrados que se modifican o desaparecen, sean transferidos a las unidades administrativas u órganos desconcentrados que correspondan, en los términos del presente ordenamiento y de conformidad con las normas aplicables y la disponibilidad presupuestal.
La Oficialía Mayor, en un plazo máximo de seis meses contados a la entrada en vigor del presente Reglamento, realizará las acciones conducentes para que sean asignados los recursos humanos, financieros y materiales que resulten necesarios para el debido funcionamiento de las unidades administrativas u órganos desconcentrados de nueva creación, cuyas atribuciones no estaban contempladas en el Reglamento que se abroga.
En tanto se realiza la asignación de los recursos a que se refiere el párrafo que antecede, las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución auxiliarán a los titulares de las unidades administrativas y órganos desconcentrados de nueva creación para el debido desempeño de sus funciones, en los términos que disponga el Procurador.
ARTÍCULO QUINTO.- Las fiscalías especializadas, así como otras unidades administrativas con facultades de investigación, creadas mediante Acuerdo del Procurador antes de la entrada en vigor del presente Reglamento y que no se encuentren contempladas en el mismo, continuarán en el ejercicio de sus funciones conforme a sus respectivos instrumentos de creación y las demás disposiciones aplicables, hasta el momento en que concluyan el objeto para el que fueron establecidas o que el Procurador determine su terminación.
ARTÍCULO SEXTO.- La Coordinación General de Investigación, subsistirá en sus funciones adscrita a la unidad administrativa que determine el Procurador, con las facultades previstas en el artículo 4, fracciones I, IV, V y VI, de la Ley Orgánica, y continuará conociendo de las averiguaciones previas y procesos penales relacionados con los homicidios de José Francisco Ruiz Massieu y Juan Jesús Posadas Ocampo hasta su conclusión. Las averiguaciones previas y procesos penales relacionados con el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta igualmente pasarán al conocimiento de la Coordinación de referencia hasta su conclusión.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- En tanto se regulariza la estructura administrativa de la Visitaduría General, continuarán en el ejercicio de sus funciones los agentes del Ministerio Público de la Federación visitadores, quienes realizarán las visitas de evaluación técnico-jurídica, seguimiento, inspección y supervisión al personal de la Institución así como la integración de los expedientes de investigación, hasta que dichas funciones sean asumidas por los visitadores en los términos del presente ordenamiento y acuerdos que emita el Procurador.
ARTÍCULO OCTAVO.- Dentro de un plazo no mayor a seis meses posteriores a la entrada en vigor del presente ordenamiento, las Subprocuradurías, la Oficialía Mayor y las áreas homólogas realizarán las acciones necesarias para eliminar las coordinaciones administrativas distintas a las que se refiere el artículo 3 de este Reglamento.
ARTÍCULO NOVENO.- Los Procedimientos de Remoción que a la entrada en vigor de las disposiciones relativas del presente Reglamento, se encuentren en trámite o pendientes de resolución ante el Visitador General, pasarán al conocimiento y resolución del Director General de Procedimientos de Remoción.
ARTÍCULO DÉCIMO.- En términos del artículo TRANSITORIO CUARTO del presente Reglamento, la Procuraduría General de la República realizará las acciones necesarias para que en su implementación no requiera de recursos adicionales a los aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012 y subsecuentes, además de que no incrementará su presupuesto regularizable de servicios personales.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a diecinueve de julio de dos mil doce.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré Romero.- Rúbrica.
 

En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición.
 


CONSULTA POR FECHA
Do Lu Ma Mi Ju Vi
crear usuario Crear Usuario
busqueda avanzada Búsqueda Avanzada
novedades Novedades
top notas Top Notas
tramites Normas Oficiales
suscripcion Suscripción
quejas y sugerencias Quejas y Sugerencias
copia Obtener Copia del DOF
Publicaciones relevantes Publicaciones Relevantes
versif. copia Verificar Copia del DOF
enlaces relevantes Enlaces Relevantes
Contacto Contáctenos
filtros rss Filtros RSS
historia Historia del Diario Oficial
estadisticas Estadísticas
estadisticas Vacantes en Gobierno
estadisticas Ex-trabajadores Migratorios
La traducción es automática y puede contener errores o inconsistencias
INDICADORES
Tipo de Cambio y Tasas al 31/10/2014

DOLAR
13.4316

UDIS
5.200303

TIIE 28 DIAS
3.2810%

TIIE 91 DIAS
3.2900%

Ver más
ENCUESTAS

¿Le gustó la nueva imagen de la página web del Diario Oficial de la Federación?

 

0.514386001208453418.gif 0.035783001208452443.gif 0.436403001208454938.jpg 0.102098001232588584.jpg 0.192286001221699769.jpg 0.506143001224004954.jpg 0.821786001312920061.gif 0.347960001208453242.jpg 0.404109001378823317.jpg
Diario Oficial de la Federación

Río Amazonas No. 62, Col. Cuauhtémoc, C.P 06500 México D.F.
Tel. (55) 5093-3200, donde podrá acceder a nuestro menú de servicios
Correo electrónico: dof@segob.gob.mx
Dirección electrónica: www.dof.gob.mx

113

AVISO LEGAL | PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL