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DOF: 12/12/2013
BPROGRAMA Sectorial de Gobernación 2013-2018B

PROGRAMA Sectorial de Gobernación 2013-2018.

PROGRAMA SECTORIAL DE GOBERNACIÓN 2013-2018
MARCO NORMATIVO
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Estatuto de las Islas Marías
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Ley de Amnistía de 1978
Ley de Amnistía de 1994
Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público
Ley de Extradición Internacional
Ley de Firma Electrónica Avanzada
Ley de la Policía Federal
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
Ley de Migración
Ley de Nacionalidad
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Ley de Planeación
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles
Ley de Seguridad Nacional
Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales
Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas
Ley Federal de Archivos
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
Ley Federal de Cinematografía
Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil
Ley Federal de Juegos y Sorteos
Ley Federal de Justicia para Adolescentes
Ley Federal de las Entidades Paraestatales
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
Ley Federal de Radio y Televisión
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Ley Federal de Seguridad Privada
 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura
Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Ley General de Bienes Nacionales
Ley General de Cambio Climático
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas
Ley General de Población
Ley General de Protección Civil
Ley General de Víctimas
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas
Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal
Ley para el Uso y Protección de la Denominación y del Emblema de la Cruz Roja
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex-Trabajadores Migratorios Mexicanos
Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano
Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados
Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley sobre Delitos de Imprenta
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales
Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria
Reglamento de Escalafón de la Secretaría de Gobernación
Reglamento de Gobierno para la Isla Guadalupe
Reglamento de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Reglamento de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público
Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras
Reglamento de la Ley de Migración
Reglamento de la Ley de la Policía Federal
Reglamento de la Ley de Nacionalidad
 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía
Reglamento de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil
Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión
Reglamento de la Ley Federal de Seguridad Privada
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Reglamento de la Ley General de Población
Reglamento de la Ley General de Víctimas
Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos
Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.
Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
Reglamento del Archivo General de la Nación
Reglamento del Complejo Penitenciario Islas Marías
Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social
Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Reglamento del Servicio de Protección Federal
Reglamento del Servicio de Televisión y Audio Restringidos
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación
Reglamento Interior del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas
Reglamento Nacional de Carreras de Caballos de Pura Sangre
Reglamento Nacional de Carreras de Galgos
Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas
Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Acuerdo por el que se establecen las Bases del mecanismo de colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno Federal, para el diseño y construcción de manera conjunta, de políticas públicas que contribuyan a la gobernabilidad y desarrollo político del país.
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para las Campañas de Comunicación Social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2013.
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos generales para la transmisión de listas electrónicas de pasajeros, tripulantes y medios de transporte al Instituto Nacional de Migración
Lineamientos de operación del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Instituto Nacional de Migración
Lineamientos generales para la expedición de visas que emiten las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores
Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios
Acuerdo por el que se adecuan las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de cualquier naturaleza de la Secretaría de Gobernación
Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se adecuan las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de cualquier naturaleza de la Secretaría de Gobernación, publicado el 19 de octubre de 2012
Lineamientos que habrán de observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la publicación de las obligaciones de transparencia señaladas en el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la inscripción y baja en el Sistema de Administración de Usuarios (SAU), del personal designado como responsable del control, suministro, intercambio, actualización y adecuado manejo de la información de las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la integración, captura, revisión y envío del Informe Policial Homologado (IPH), previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito
Acuerdo que establece los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN
Acuerdo que establece los Lineamientos para emitir las Declaratorias de Emergencia y la utilización del Fondo Revolvente FONDEN
Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
Lineamientos generales y normas técnicas para el funcionamiento del Sistema de Compilación de las Disposiciones Jurídicas aplicables al Poder Ejecutivo Federal para su difusión a través de la red electrónica de datos
CAPÍTULO I
DIAGNÓSTICO
1. GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
En la democracia mexicana, el gobierno se ejerce en un escenario de pluralidad. El avance de nuestras instituciones democráticas ha permitido que la amplia diversidad social se plasme en estructuras de gobierno plurales en donde múltiples fuerzas políticas se ven representadas, compartiendo el ejercicio del poder. La sociedad y sus diversas expresiones organizadas conviven cotidianamente, se hacen escuchar y promueven sus intereses logrando, cada vez más, incidir en la toma de decisiones públicas.
Gobernar en la pluralidad es una condición estructural del Estado mexicano. Si bien son múltiples los retos para arribar a una democracia consolidada, sólo es posible avanzar mediante la concurrencia de voluntades, el diálogo constructivo, la corresponsabilidad y la resolución pacífica de conflictos en apego al marco legal.
La gobernabilidad democrática requiere de mecanismos que articulen la participación de los partidos políticos, de la ciudadanía y sus organizaciones, de los poderes y de los órdenes de gobierno en la definición, conducción y evaluación de las grandes metas nacionales. Para ello es necesario generar acuerdos con las fuerzas políticas del país, fortalecer la cultura democrática, reforzar los mecanismos de atención a los diversos grupos de la sociedad, construir canales de entendimiento con la ciudadanía, así como privilegiar el diálogo constructivo para la prevención y atención de conflictos.
 
El Gobierno de la República enfrenta el reto de proteger el Estado de Derecho, así como los desafíos inherentes a la pluralidad y diversidad de la sociedad. Entre estos se encuentran la necesidad de fomentar la cultura ciudadana y fortalecer su participación en las decisiones públicas, de establecer una coordinación eficaz entre órdenes de gobierno, de promover un mayor equilibrio entre regiones, entidades y municipios, de redefinir la perspectiva con la que se gestionan las demandas y conflictos a fin de construir soluciones pacíficas, difundir los valores democráticos.
Bajos niveles de participación ciudadana
En México persisten bajos niveles de organización y participación de la ciudadanía. Si bien encuestas revelan un alto grado de aceptación de la democracia como forma de gobierno, la ciudadanía se declara ajena o distante del quehacer público. Así lo confirman los datos de la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, ENCUP 2012, los cuales revelan, por un lado, que el 58% de la ciudadanía prefiere la democracia sobre cualquier otra forma de gobierno y el 77% piensa que los problemas deben ser resueltos conjuntamente entre sociedad y gobierno(1); y por el otro, indica que para el 48% la política es un tema "muy complicado" y el 65% tiene poco interés en ella.
Este desinterés tiene diversas formas de expresión, como la percepción que la ciudadanía tiene sobre sus posibilidades para influir en las decisiones públicas. Al respecto, el 56% de las personas entrevistadas en esta misma encuesta consideran que existen bajas capacidades para incidir en decisiones de interés común. Esto es, aun cuando se tienen avances en materia de participación ciudadana como la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, todavía persisten insuficiencias en los mecanismos de participación y una débil cultura en la materia.
Uno de los principales factores de este problema radica en la poca confianza en los partidos políticos, en las propias organizaciones sociales y en las instituciones de gobierno, en donde persisten retos en cuanto a la comunicación y divulgación de información de mayor calidad por parte de la Administración Pública Federal. Al respecto, datos de la Encuesta Nacional sobre Filantropía y Sociedad Civil 2008 (ENAFI)(2) indican que el 63% de las personas entrevistadas tiene poca o nula confianza en el gobierno federal, municipal y en organizaciones de la sociedad civil, mientras que el 77% tiene esa misma opinión respecto de los partidos políticos.
Las cifras de la ENCUP 2012 refuerzan esta percepción al revelar que el 69% de las y los mexicanos no confía en la mayoría de las personas y el 65% no se ha organizado con alguien más para resolver un problema en común. Estos bajos niveles de asociación a través de organizaciones formalmente constituidas se confirman en otros estudios que dan cuenta de un total de 40 mil organizaciones de la sociedad civil en México(3), es decir, cuatro por cada 10 mil habitantes, mientras que en países como Brasil y Chile, con 338 mil y 106 mil organizaciones, respectivamente, tienen indicadores de 17 y 64 organizaciones por cada 10 mil habitantes, también de manera respectiva(4).
Complejidad para generar acuerdos políticos
En menos de 20 años pasamos de un sistema concentrado a uno multipartidista, donde la posibilidad de la alternancia política es una realidad a nivel nacional y en todos los órdenes de gobierno. El desarrollo democrático de México ha sido un proceso en ocasiones lento y complejo, pero también ha sido ordenado y en paz. En este nuevo escenario de pluralidad en los órganos de representación (ver tablas siguientes sobre composición de la Cámara de Diputados y Senadores por partido político) y de gobiernos divididos, que hacen efectivos los contrapesos evitando que una sola fuerza controle la mayoría, el reto principal es la construcción de acuerdos amplios. Los últimos años se caracterizaron por la polarización y falta de acuerdos. Las fuerzas políticas en esta nueva etapa no encontraron el camino para sobreponerse a sus diferencias y construir puentes a partir de sus coincidencias. Como resultado, se impidió que se llevaran a cabo necesarias y profundas reformas capaces de modificar las estructuras económicas, políticas y sociales en favor de un mayor desarrollo nacional. Bajo estas circunstancias es necesario reestablecer condiciones de diálogo y canales de comunicación política, que estaban debilitados.
Gobernar en la pluralidad y en la diversidad requiere del establecimiento de mecanismos basados en el diálogo y la concertación como condicionante para sumar las voluntades que harán posible la adopción de compromisos necesarios para el impulso de la agenda de cambios que el país requiere. Mecanismos que por otro lado, permitan reestablecer reclamos de colaboración y corresponsabilidad en beneficio del bien público y por encima de intereses individuales.
CUADRO 1. COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS POR PARTIDO POLÍTICO
(Datos a diciembre de cada año)
Año
Por partido político
Total
Alianza
para el
Cambio
Alianza
por
México
Alianza
por
México
Alianza
por el
Bien de
Todos
PAN
PRI
PRD
PT
PVEM
CD-
PPN
PANAL
PASC
INDEP.
1994
500
 
 
 
 
119
300
71
10
 
 
 
 
 
1997
500
 
 
 
 
122
239
125
6
8
 
 
 
 
2000
500
223
68
 
 
207
206
53
8
16
 
 
 
10
2003
500
 
 
 
 
149
224
97
6
17
5
 
 
2
2006
500
 
 
123
162
206
104
126
16
19
16
9
4
 
2008
500
 
 
 
 
206
106
125
11
17
18
9
5
3
2009
500
 
 
 
 
143
237
71
13
21
6
9
 
 
2010
500
 
 
 
 
142
237
69
13
21
8
9
 
1
2011
500
 
 
 
 
141
240
68
13
21
8
7
 
2
2012
500
 
 
 
 
114
213
102
15
28
18
10
 
 
2013*
500
 
 
 
 
114
213
101
14
28
20
10
 
 
Nota: Se consideran únicamente los partidos políticos con representación en la Cámara de Diputados.
1/ Incluye al Partido Acción Nacional y al Partido Verde Ecologista de México, cuyos escaños se registran en la columna respectiva.
2/ Incluye al Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Convergencia por la Democracia, Partido Alianza Social y Partido de la Sociedad Nacionalista, cuyos escaños se registran en la columna respectiva, excepción hecha de Convergencia por la Democracia porque no forma grupo parlamentario (independiente).
3/ Incluye al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Verde Ecologista de México.
4/ Incluye al Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Convergencia por la Democracia.
5/ Obtuvieron su registro en 2005.
6/ La columna de total y de Alianza por México para este año incluye un senador de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional, al cual le corresponden 0.8 por ciento.
7/ La columna de total y de Alianza por México incluye dos diputados de Convergencia por la Democracia, tres del PSN y dos del PAS, a los cuales les correspondieron 0.4, 0.6 y 0.4 por ciento, respectivamente, y cuyos escaños están considerados en la columna de independientes.
8/ Con información del IFE, basada en el acuerdo aprobado por su Consejo General el 23 de agosto del 2006 y en las declaraciones de validez emitidas por los consejos locales y distritales. El cuadro no refleja las negociaciones entre partidos para conformar los Grupos Parlamentarios.
*Datos a octubre de 2013.
FUENTE: Secretaría de Gobernación.
 
CUADRO 2. COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES POR PARTIDO POLÍTICO
(Datos a diciembre de cada año)
Año
Por partido político
Total
Alianza
para el
Cambio
Alianza
por
México
Alianza
por
México
Alianza por
el Bien de
Todos
PAN
PRI
PRD
PT
PVEM
CD-
PPN
PANAL
INDEP.
1994
128
 
 
 
 
25
95
8
 
 
 
 
 
1997
128
 
 
 
 
33
77
15
1
2
 
 
 
2000
128
52
18
 
 
47
58
17
 
5
 
 
1
2006
128
 
 
39
36
52
33
29
2
6
5
1
 
2008
128
 
 
 
 
52
33
26
5
6
5
1
 
2009
128
 
 
 
 
52
32
27
4
6
5
2
 
2010
128
 
 
 
 
50
33
26
5
6
6
1
1
2011
128
 
 
 
 
50
33
25
5
6
6
1
2
2012
128
 
 
 
 
38
54
22
5
7
1
1
 
2013*
128
 
 
 
 
38
54
22
5
7
1
1
 
Nota: Se consideran únicamente los partidos políticos con representación en la Cámara de Senadores.
1/ Incluye al Partido Acción Nacional y al Partido Verde Ecologista de México, cuyos escaños se registran en la columna respectiva.
2/ Incluye al Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Convergencia por la Democracia, Partido Alianza Social y Partido de la Sociedad Nacionalista, cuyos escaños se registran en la columna respectiva, excepción hecha de Convergencia por la Democracia porque no forma grupo parlamentario (independiente).
3/ Incluye al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Verde Ecologista de México.
4/ Incluye al Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Convergencia por la Democracia.
5/ Obtuvo su registro en 2005.
6/ La columna de total y de Alianza por México para este año incluye un senador de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional, al cual le corresponden 0.8 por ciento.
*Datos a octubre de 2013.
FUENTE: Secretaría de Gobernación.
 
Corresponsabilidad limitada entre órdenes de gobierno
El pacto federal establecido constitucionalmente presenta retos importantes para promover el desarrollo equilibrado de las partes que integran la nación.
La diversidad social y cultural, la pluralidad en la representación de las fuerzas políticas en los estados (ver tabla siguiente sobre histórico de elecciones locales para gobernador), la yuxtaposición de partidos políticos gobernando en el mismo territorio en sus distintos órdenes de gobierno, la concurrencia de funciones en algunos temas y separación en otros, la persistencia de procesos de descentralización inconclusos y la falta de corresponsabilidad entre órdenes de gobierno, entre otros factores, han limitado la capacidad de coordinación para promover el desarrollo equilibrado del país.
De esta forma, si bien los gobiernos estatales tienen participación directa en la ejecución de políticas nacionales como es el caso de las políticas de educación, salud y vivienda, entre otros temas; y los gobiernos municipales cuentan con mayores recursos y con mayor autonomía en asuntos específicos de su gestión, la cooperación y corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno es aún insuficiente para garantizar la articulación y complementariedad necesarias para un gobierno eficaz. Asimismo, el equilibrio en los procesos de toma de decisiones y el fortalecimiento de las capacidades locales son todavía temas en los que existen rezagos.
CUADRO 3. ELECCIONES LOCALES PARA GOBERNADOR1/
(Miles de votos)
Concepto
2000²/
2001/³
2003
2004
2005
20064/
20075/
2009/6
20107/
20118/
201211
/
20131²/
No. DE ELECCIONES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Comicios)
5
4
6
10
7
6
1
6
12
5
7
1
VOTACIÓN TOTAL
10,093.5
4,343.4
3,926.7
10,448.7
7,532.1
12,260.8
842.9
4,982.7
10,438.1
7971.5
15,450.2
975.9
Votación efectiva
9,891.7
4,272.4
3,820.9
10,146.4
7,307.3
12,066.1
829.9
4,834.5
10,023.3
7723.1
15,038.2
945.9
- Por partido político
9,888.1
4,269.7
3,820.3
10,138.3
7,300.0
12,059.3
829.8
4,833.9
10,014.8
7711.6
15,032.4
908.7
PAN
2,346.2
586.4
1,475.1
2,764.3
1,531.3
4,046.0
355.0
2,184.7
2,586.0
1,322.6
3,226.8
442.8
PRI
3,205.8
2,417.9
108.3
1,575.5
3,584.2
3,838.4
415.3
2,354.6
6,297.3
4,525.1
5,833.6
417.9
PRD
1,622.3
47.3
79.3
373.1
2,094.7
3,774.5
22.4
200.8
748.8
1,809.4
4,585.2
 
PARM
31.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT
118.1
25.4
92.0
50.4
40.7
 
27.1
22.2
265.0
23.6
28.7
 
PVEM 9/
54.4
3.3
1.0
35.9
5.4
52.5
3.8
18.1
 
7.7
 
 
Coalición
2,196.1
1,174.5
1,993.7
5,219.6
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros 10/
314.0
14.9
70.9
119.5
43.7
347.9
6.2
53.2
117.5
22.9
1,358.1
48.0
- A candidatos no
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
registrados
3.6
2.7
0.6
8.1
7.3
6.8
0.1
0.6
8.5
11.5
5.8
37.2
Anulada
201.8
71.0
105.8
302.3
224.8
194.7
13.0
148.2
414.8
248.3
412.0
30.0
1/ Se consideran únicamente los partidos políticos que reportan votación. No se presentan las columnas de los años 2002 y 2008, ya que en estos años no se realizaron elecciones para Gobernador.
2/ Incluye al Distrito Federal para Jefe de Gobierno con candidatura común por los partidos PRD-PT-CD-PSN-PAS-PCD. Para el caso de gobernador en Chiapas, ganó la Alianza por Chiapas PAN-PRD-PVEM, contabilizada en la columna Otros.
3/ En Yucatán ganó la candidatura común PAN-PRD-PT que fue contabilizada para el PAN.
4/ En el 2006 la votación se contabilizó al partido que encabeza la Alianza. En el Distrito Federal, PRI-PVEM, PRD-PT-CD; en Guanajuato, PRI-PVEM en candidatura común en 13 distritos electorales; y PAN-Nueva Alianza en candidatura común en 13 distritos electorales; Jalisco, PRD-PT; Morelos PRD-PT-CD. En Chiapas, Alianza por Chiapas (PRI-PVEM) y la Coalición por el Bien de Todos (PRD-PT-Convergencia).
5/ En 2007 en Yucatán, la votación del PAN es la obtenida por la Alianza PAN-PANAL; la del PRI en la Alianza Ciudadana (PRI, PVEM y PAY); y la del PT por la coalición Todos Somos Yucatán (PT-Convergencia).
6/ En 2009 la alianza PRI-PANAL contendió para las gubernaturas de Campeche, Querétaro y Colima, en esta última entidad también se registraron las coaliciones PAN-ADC y PRD-PSD. En Nuevo León PRI-PVEM-PCC-PD; en Sonora PRI-PVEM-PANAL y en San Luis Potosí PAN-PANAL, PRI-PVEM-PSD y PRD-PT-PC-PCP.
7/ En 2010 la coalición PRI-PVEM-PANAL contendió en Aguascalientes, Hidalgo, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas; PRI-PVEM en Oaxaca y Puebla; en Tlaxcala se registró la alianza PRI-PVEM-PS y en Chihuahua PRI-PVEM-PANAL-PT; PAN-PRD-CD en Durango, Hidalgo y Sinaloa; PRD-PT-CD en Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz; PRD-CD en Zacatecas; PRI, PANAL y PD en Durango; PAN-PRD-PT-CD en Oaxaca; PAN-PRD-CD-PANAL en Puebla; PAN-PAC en Tlaxcala; PAN-PANAL y PRI-PVEM-PRV en Veracruz. En el rubro de Otros se contempla la votación obtenida por PD en Durango; PUP y PANAL en Oaxaca y PS en Tlaxcala.
8/ En Guerrero se conformaron las coaliciones PRI-PVEM-PANAL y PRD-PT-CD. En Baja California Sur la alianza PAN-PMRPS contendió contra las alianzas PRI, PVEM, Sudcaliforniano y PRD-PT. En Coahuila, la coalición por un "Coahuila Libre y Seguro" (PAN, UDC) contendió contra la candidatura común PRI, PVEM, PANAL, PSD, PPC y por su parte PT, CD. En el Estado de México, contendieron las coaliciones "Unidos Por Tí", PRI, PVEM, PANAL, contra la coalición "Unidos Podemos Más" PRD, PT, CD. En Nayarit, contendieron las coalición "Nayarit Nos Une" PRI, PVEM, PANAL, y por otro lado, la coalición PT, CD. Para efectos de este cuadro, la votación que obtuvieron las coaliciones se sumaron al partido mayoritario.
9/ En el año 2000, para Jefe de Gobierno en el Distrito Federal se coaligaron PAN-PVEM; para gobernador de Guanajuato PRD-PT-CD-PAS y en Chiapas PAN-PRD-PT-PVEM. En 2001, para gobernador de Baja California, se coaligaron PAN-PVEM y CD-PAS. En 2003 incluye las coaliciones del PRI-PVEM en Querétaro y Sonora, León, en Colima y PRI-PVEM-PLM-PFC en Nuevo PRI-PT-PVEM y San Luis Potosí PRI-PVEM-PSN, de igual manera incluye la coalición en Colima del PAN-PRD y ADC. Asimismo, se incorpora la del PRD-PMP en Campeche, PRD-PMP en Querétaro y PRD-PT-CD-PAS en San Luis Potosí. En 2004 la Coalición PRI-PVEM-PT se conformó en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Oaxaca y Zacatecas; PRI-PVEM en Tamaulipas y Tlaxcala; PRI-PVEM-PRV en Veracruz. Asimismo, el PAN-PRD-PCD se coaligaron en Chihuahua y Oaxaca; y el PAN-PCDT-PJS en Tlaxcala. La Coalición del PRD-PCD se conformó en Aguascalientes, Tamaulipas y Tlaxcala; y el PRD-PT-PCD en Durango y Veracruz. Para el 2005 se formalizaron las siguientes Coaliciones, PRI-PVEM en Baja California Sur, Quintana Roo, Hidalgo y México; PRI-PVEM-PT en Guerrero y Colima; PAN-Convergencia en Quintana Roo y México; PAN-ADC sólo en Colima; PRD-PT en Quintana Roo y México; PRD-Convergencia en Baja California Sur; PRD-Convergencia-PRS en Guerrero; y por último PRD-PT-PRS en Nayarit.
10/ En 2000 en Morelos el Partido Civilista Morelense; en 2001 en Yucatán el Partido Alianza por Yucatán y en Baja California el Partido de Baja California (PBC). En 2003 se incluye la votación del Partido Convergencia, Partido de la Sociedad Nacionalista, Partido de la Alianza Social, Partido Fuerza Ciudadana y el Partido México Posible y Liberal Mexicano. En 2004 el Partido Unidad Popular contendió en Oaxaca, lo mismo que el Partido Duranguense en Durango y el Barzonista en Sinaloa. En 2005 el Partido Convergencia contendió por la Gubernatura en Nayarit. Para 2006 se contempla la votación de los partidos que participan por primera vez en una elección (Nueva Alianza y PASDC). En el Distrito Federal, Nueva Alianza, CD; Guanajuato, CD, PASDC; Jalisco, CD, Nueva Alianza y PASDC; Morelos, Nueva Alianza, PASDC y CC. En 2012 se contempla la votación de Movimiento Ciudadano registrada en los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán; los sufragios de PANAL en los estados de Distrito Federal, Jalisco, Michoacán y Yucatán; y la del POCH en Chiapas y PSD en Morelos.
11/ En 2012 PRI-PVEM-PANAL conformaron candidaturas comunes en Chiapas, Morelos y Tabasco; PRI-PVEM Distrito Federal, Guanajuato y Jalisco; PRI-PVEM-PSD en Yucatán; PAN-PANAL en Guanajuato; PRD-PT-MC en Chiapas, Distrito Federal, Morelos, Tabasco y Yucatán. Las votaciones de consignan al PAN, PRI y PRD respectivamente.
12/ En 2013 en Baja California se conformaron dos coaliciones PAN-PRD-PANAL-PBC y PRI-PVEM-PT-PES. Las votaciones de consignan al PAN, PRI y otros respectivamente. Se reportan datos a octubre de 2013.
FUENTE: Secretaría de Gobernación.
Inadecuada atención de conflictos sociales
La multiplicación de grupos e intereses diversos permite el surgimiento de diferencias y disputas que escalan en conflictos. Estos ejercen una presión constante sobre el gobierno para atender las diversas demandas que exponen los grupos sociales en beneficio de la paz y la tranquilidad de los ciudadanos en general. Sin embargo, la estrategia seguida en los últimos años fue la de gestionar las disputas y conflictos conforme iban surgiendo. La falta de mecanismos de comunicación y diálogo para conocer y atender sus demandas, aunado a la ausencia de instrumentos para la anticipación de los conflictos, provocó un incremento de las movilizaciones y las manifestaciones, que rebasaron la capacidad del gobierno para solventarlas. Como se puede observar en la siguiente gráfica, de 2010 a 2012, hubo un crecimiento promedio anual de 7% en el número de conflictos y una disminución en el porcentaje eficiencia en la distensión de los mismos, al pasar de 52% en 2010 a 42% en 2011 y 2012. Por su parte, de enero a octubre de 2013, la relación de conflictos distendidos respecto del total de conflictos es del 54%.
GRÁFICA 1. CONFLICTOS Y SU DISTENCIÓN 2010-2013

* Período de enero a octubre de 2013
FUENTE: Subsecretaría de Gobierno, Secretaría de Gobernación
Nuevas y viejas demandas generan condiciones para la aparición de conflictos vinculados a asuntos del campo, educativos, religiosos, laborales y sociales. Destacan, por ejemplo, las condiciones de desventaja que históricamente enfrentan los pueblos originarios cuyas necesidades y disputas se pueden transformar en conflictos sociales. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de 2012 (CONEVAL) y de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2012, indican que más de la mitad de las personas indígenas vive en municipios con alta y muy alta marginación, ocho de cada diez son pobres y la mitad de éstos vive en pobreza extrema, 70% de la población entre 6 y 24 años son analfabetas o no asisten a la escuela, y más de la mitad carece de infraestructura básica. Todo esto a pesar de los avances en las reformas en materia indígena y al reconocimiento legal de la composición pluriétnica y multicultural de nuestra nación.
2. SEGURIDAD Y JUSTICIA
En años recientes la inseguridad se ha convertido en uno de los temas que más preocupa a las familias mexicanas. Así lo señalan, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2013, según la cual siete de cada 10 mexicanos manifestaron sentirse inseguros en la entidad federativa donde viven (72.3%). Asimismo, el 58% de la población de 18 años y más consideró que la inseguridad era su principal preocupación. A esta situación contribuyeron los altos niveles de victimización presentados en el periodo. De 2011 a 2012 el número de víctimas del delito aumentó de 18.1 a 21.6 millones(5). En lo que se refiere a las repercusiones de la inseguridad en la actividad empresarial, la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2012, señala que 37% de las 3,717,291 unidades económicas registradas en el país fueron victimizadas al menos por un delito durante año 2011(6).
La inseguridad es un fenómeno que frena el crecimiento de la economía nacional, pues limita el desarrollo y aumenta los costos de operación de las empresas de forma directa e indirecta, lo que restringe un ambiente propicio para el desarrollo y generación de negocios y disminuye de manera significativa la inversión en el sector turístico. Ello constituye un desafío significativo a fin de contribuir a fortalecer a México como un destino seguro para la actividad empresarial, el turismo y la inversión.
La crisis de violencia e inseguridad que afecta al país está estrechamente relacionada con el incremento de la incidencia delictiva ocurrido en los últimos años. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2006 a 2012 la comisión de delitos del fuero común(7) mostró una tendencia ascendente. En 2012 el número de delitos fue 15.7% superior al registrado en 2006, al pasar de 1,471,101 a 1,702,150. De enero a octubre de 2013, los delitos del fuero común ascienden a 1,394,748. En 2012, la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes fue de 1,454, mientras que en 2006 fue de 1,402.
 
GRÁFICA 2. INCIDENCIA DELICTIVA FUERO COMÚN 2006-2013*

*Periodo enero-octubre 2013
FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con corte a octubre de 2013.
Por su parte, de 2006 a 2012, los delitos del fuero federal(8) se incrementaron en 14.3% al pasar de 109,629 a 125,328 delitos. De enero a octubre de 2013, la cifra de delitos del fuero federal asciende a 82,628. De esta manera la tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes en 2012 fue de 107, mientras que en 2006 fue de 104.
GRÁFICA 3. INCIDENCIA DELICTIVA FUERO FEDERAL 2006-2013*

*Periodo enero-octubre 2013
FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con corte a octubre de 2013.
En lo que respecta a delitos de alto impacto del fuero común, entre 2006 y 2012 las denuncias por homicidio doloso se incrementaron en 74%, al subir de 11,806 a 20,548; las denuncias de secuestro crecieron 73%, al pasar de 733 a 1,268; finalmente, las cifras de denuncias por extorsión aumentaron 91%, incrementándose de 3,157 a 6,045 en el mismo periodo. De enero a octubre de 2013, la incidencia de delitos de alto impacto fue la siguiente: homicidio doloso, 15,350; secuestro, 1,425; y extorsión, 6,694.
GRÁFICA 4. DELITOS DE ALTO IMPACTO, 2006-2013*
 

Es importante subrayar que el incremento en los índices delictivos se manifiesta de diferentes formas a lo largo del territorio nacional. Ello obliga a analizar al fenómeno delictivo desde una óptica regional. En este sentido, el número de homicidios dolosos se concentró en las regiones Centro y Noroeste; el secuestro registró mayor incidencia en las regiones Centro, Occidente y Noroeste. Con respecto al delito de extorsión, tuvo mayor presencia en las regiones Centro, Occidente y Sureste(9). Las problemáticas específicas que enfrenta cada región del país demandan soluciones a la medida, a partir de la coordinación regional entre las instituciones de seguridad pública federales y las autoridades estatales.
CUADRO 4. DISTRIBUCIÓN DE LOS DELITOS DE ALTO IMPACTO EN LAS CINCO REGIONES DEL PAÍS
2006-2013*
Región
Homicidio doloso
Secuestro
Extorsión
Noroeste
31%
19%
16%
Noreste
12%
12%
9%
Occidente
15%
19%
23%
Centro
29%
37%
33%
Sureste
13%
13%
19%
Total
100%
100%
100%
* Corte a octubre de 2013
FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2013.
 
Adicionalmente, la impunidad y la ineficacia en la persecución y sanción del delito han contribuido a agravar el problema de inseguridad. De acuerdo con la ENVIPE 2013, sólo ocho de cada 100 delitos que se cometen son denunciados, esto significa que el 92% de los delitos no son reportados, y por lo tanto no derivan en averiguación previa; y sólo el 1% de los actos ilícitos que se denuncian se persiguen hasta lograr una sentencia. Lo anterior evidencia las limitaciones y carencias que experimentan el sistema de justicia penal para garantizar a la sociedad el acceso a una justicia pronta, expedita, imparcial y transparente.
Escasa coordinación y debilidad institucional
El crecimiento de las organizaciones criminales encontró un escenario de escasa coordinación entre los tres órdenes de gobierno, una creciente desconfianza entre corporaciones de seguridad y relativa resistencia a la colaboración conjunta. Lograr una política de seguridad que reduzca la violencia y la delincuencia exige priorizar la construcción de esquemas de coordinación permanente y reconocer la dinámica regional del fenómeno delincuencial, misma que amerita una atención diferenciada según la incidencia de delitos de alto impacto en cada región. Asimismo, es necesario dar mayor impulso tanto a los programas de intercambio de información e inteligencia entre instituciones, como a los mecanismos para contar con corporaciones policiales más confiables y eficaces en todo el territorio.
 
En lo que se refiere específicamente a la Policía Federal, durante la pasada administración, se llevó a cabo un proceso de crecimiento y consolidación institucional al pasar de 6,489 elementos en 2006 a 36,940 en 2012(10). A pesar del crecimiento, la Policía Federal requiere fortalecer su capacidad operativa para poder llegar a áreas del país, en las que se necesita una presencia permanente de la fuerza del Estado mexicano.
Contar con una policía más eficaz y confiable exige también transformar su actuación con el fin de erradicar conductas que provocan violaciones a los derechos humanos. Entre 2006 y 2012 se registró un incremento en el número de quejas y recomendaciones a la Policía Federal en materia de derechos humanos, se pasó de 0 a 3,851 quejas y de seis a 30 recomendaciones. Iniciar una nueva etapa en la Policía Federal, requiere privilegiar la capacitación, la profesionalización y la especialización, con un enfoque de respeto irrestricto a los derechos humanos y de erradicación de cualquier práctica de corrupción.
Factores de riesgo que originan la violencia y la delincuencia
Existen diversos factores vinculados a la marginación, la pobreza, el debilitamiento de tejido social, entre otros, que afectan a la población y la hacen vulnerable a la violencia y la delincuencia. Estudios en materia de prevención del delito(11), identifican entre los principales factores de riesgo que operan como facilitadores de la violencia y la delincuencia los siguientes:
·   De tipo individual: intolerancia a la frustración, escaso manejo de situaciones de estrés y cultura de la violencia.
·   De tipo familiar: problemas de comunicación, adicciones, violencia familiar.
·   De tipo comunitario: desorganización, falta de confianza, cohesión y reciprocidad
·   De tipo social: pobreza, desigualdad, desempleo, deserción escolar, embarazo adolescente.
·   De tipo institucional: altos niveles de corrupción, desconfianza de la comunidad en las instituciones.
Uno de los factores de riesgo que operan como generador de la violencia es el abuso de drogas legales e ilegales. Este fenómeno es una de las principales variables asociadas al comportamiento violento y delictivo. De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones en 2009, de un total de 18,724 muertes violentas registradas, el 24.4% ocurrieron bajo la influencia de algún tipo de sustancia.
Por otro lado, la falta de oportunidades laborales y la desocupación se han convertido en factores precursores de la violencia y la delincuencia. Entre 2006 y 2012 la desocupación promedio en México fue de 4.6%. Si bien el nivel de esta tasa podría ser calificado como bajo al contrastarlo con el registrado en el mismo periodo en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), no oculta las restricciones y los riesgos que enfrentan muchos trabajadores en el mercado laboral mexicano(12).
Asimismo, la falta de oportunidades educativas y la deserción escolar pueden convertirse en un factor de riesgo. En la medida que los niveles de escolaridad se encuentran asociados con las expectativas a futuro de las personas y sus posibilidades de movilidad social, la falta de oportunidades educativas, puede llevar a las personas a considerar a la delincuencia como una alternativa.
Otro factor de riesgo de la violencia y la delincuencia es el nivel de desconfianza ciudadana, que impide la solución pacifica de los conflictos entre comunidades y vecinos. En gran parte del país las relaciones interpersonales se caracterizan por la desconfianza, la falta de respeto y la intolerancia, en los ámbitos familiar, vecinal y comunitario, de tal suerte que los conflictos se convierten en riñas(13). La Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas reporta que el 69% de los entrevistados considera que no se puede confiar en la mayoría de las personas y el 35.6% encuentra difícil o muy difícil organizarse con otros ciudadanos para trabajar en una causa común.
La insuficiencia o deterioro de espacios públicos para la convivencia, es un factor que incide en el debilitamiento del tejido social. El cambio en las formas y espacios de sociabilidad y convivencia de la población mexicana, así como la persistencia de importantes disparidades sociales dieron pie a la conformación de un espacio urbano cada vez más fragmentado y desigual, caracterizado por el creciente repliegue de lo público hacia el ámbito de lo privado. Actualmente los espacios públicos no constituyen una opción adecuada para la convivencia social, lo cual se traduce en una fragilidad de relaciones sociales(14).
Los factores de riesgo de la violencia y la delincuencia inciden de diferente forma en los sectores de la población, derivado también de los roles y estereotipos que determina a uno y otro sexo. Algunos análisis han evidenciado la vulnerabilidad de la población de hombres y jóvenes en México(15). De los homicidios ocurridos entre 2005 y 2011, seis de cada 10 asesinados fueron hombres entre 18 y 40 años, de los cuales dos eran jóvenes entre 18 y 25 años y cuatro eran adultos entre 26 y 40 años. En 2007, 61% de los homicidios a hombres se cometieron con un arma de fuego, para 2011 ese porcentaje ascendió a más de 72%; entre 2007 y 2011 los homicidios totales de hombres en la vía pública crecieron en 248%, (de 2,317 a 8,072).
En el caso específico de los jóvenes, se han convertido en las principales víctimas y los principales agresores. El total de homicidios juveniles ocurridos entre 2000 y 2010 ascendió a aproximadamente a 53 mil personas, es decir, los jóvenes de 10 a 29 años representaron 38.2% de los homicidios en México en ese periodo. Asimismo, del total de homicidios juveniles de 2000 a 2010, 43.4% se produjo en 2008 - 2010(16). En lo que se refiere a los jóvenes como principales agresores la ENVIPE 2013 señala que el 33.5% de los homicidios fueron cometidos por jóvenes de 25 años y menos.
Otro segmento de la población que ha estado expuesto a la violencia y la delincuencia son los niños, niñas y adolescentes. Como muestran los datos de la tasa de mortalidad por homicidio en la población de 0 a 17 años, ésta ha aumentado de 2.1 por cada mil en 2006 a 3.6 en 2010. Al desagregar los datos por grupos de edad, se observa que en el caso de población de 15 a 17 años, la tasa pasó de 6.5 por cada mil en 2006 a 14.4 en 2010(17).
En lo que respecta a las mujeres, como señala la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), en el año 2006, 16 de cada 100 mujeres, de 15 años y más, sufrieron al menos un incidente de violencia familiar. Según los datos arrojados por esta encuesta, la violencia que viven las mujeres en el ámbito familiar la padecen por igual mujeres jóvenes o de mayor edad, así como mujeres con distintos niveles de escolaridad(18). Asimismo, la ENDIREH 2011 reportó que 47% de las mujeres de 15 años y más fueron víctimas de un incidente de violencia por parte de su novio, compañero o esposo en algún momento de su relación. Por tipo de violencia, se tiene que la más declarada es la emocional (43.1%), mientras que la violencia sexual (7.3%) se tiene un registro muy bajo(19).
La migración de tránsito no autorizado a través de México a los Estados Unidos se estimó en alrededor de 140,000 personas en 2010, en su mayoría de América Central; sin embargo, se ha dado una leve disminución desde 2005, tanto por razones económicas como por el aumento de la vulnerabilidad debido a la violencia asociada con el crimen organizado, incluyendo secuestros y asesinatos durante el trayecto y en el transporte (OCDE, 2013a). Por otro lado, el número de deportaciones de mexicanos por las autoridades de Estados Unidos a la frontera con México disminuyeron en 2011 a 405,000, frente a 469,000 en 2010. Tras ser deportados, algunos fueron víctimas de la delincuencia y otros carecieron de recursos para volver a su lugar de origen o se comprometieron con los contrabandistas de personas ("coyotes") para volver a cruzar la frontera a los Estados Unidos sin documentos (OCDE, 2013a).
Por otra parte, el incremento de la violencia y la delincuencia en el país ha afectado a las comunidades indígenas de diversas partes del país. Las condiciones socioeconómicas de las comunidades indígenas las hacen vulnerables a diversas manifestaciones de la delincuencia, lo que en algunos casos ha provocado la organización de estas comunidades para hacer frente a la situación.
Cumplimiento del modelo de reinserción social efectiva
En los últimos años, se realizaron diversas reformas al marco normativo penitenciario, destaca la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de 2008, que en el artículo 18, modifica el concepto de readaptación social por el de reinserción. El nuevo modelo se basa en el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte. Asimismo, la reforma estableció la posibilidad de que los sentenciados por delitos de un ámbito extingan las penas en una jurisdicción diversa e incorporó y reconoció los derechos humanos de los internos.
De acuerdo con la Auditoría realizada al Órgano Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) por la Auditoría Superior de la Federación, este Órgano sólo operó parcialmente el esquema de reinserción social, pues ninguno de los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) a su cargo ofreció las cinco actividades establecidas para la reinserción. En lo que se refiere a los 26,005 internos en CEFERESOS, registrados al mes de junio de 2013 en el Sistema de Estadísticas del Órgano, se estimó una participación del 65.8% en los 5 ejes para la reinserción social, que significó el 26.5% de participación en actividades laborales; el 32.5% en actividades educativas; el 0.4% en actividades de salud; el 10.1% de participación en actividades deportivas, y una participación en capacitación para el trabajo.
Asimismo, la separación entre internos e internas procesadas y sentenciadas ha sido incompleta, el acondicionamiento de instalaciones específicas para mujeres es insuficiente y no se estableció cabalmente el régimen de internamiento diferenciado entre internos con base en su perfil de peligrosidad.
A septiembre de 2013, la sobrepoblación penitenciaria nacional fue de 24.45%. Se registró sobrepoblación en 213 centros de reclusión, lo que provocó desequilibrios en la distribución de la población y en el uso adecuado de la infraestructura.
Rezagos en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal
Durante la última década, la falta de eficacia del Sistema de Justicia Penal Inquisitorio se ha traducido en violaciones a los derechos humanos, faltas al debido proceso, opacidad, corrupción, impunidad y desconfianza hacia las autoridades encargadas de la administración, procuración e impartición de justicia. Esto ha representado para nuestro país un limitante para alcanzar el pleno estado de derecho, en el que se respeten las leyes y se brinde certidumbre jurídica a toda la población.
De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal (ENSIJUP) 2012, el 49% de la población considera que las leyes no se cumplen, que los principales problemas del Sistema de Justicia son la corrupción, la tardanza y la impunidad; y, que el promedio nacional del nivel de confianza en la procuración de justicia está por debajo del 15%.(20)
Para hacer más eficaz la procuración e impartición de justicia y contar con un sistema jurídico efectivo en el tema, el Congreso de la Unión y los Congresos locales aprobaron en junio de 2008 la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, estableciendo un plazo de ocho años para que en todo el país opere el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial(21).
Sin embargo, a más de cinco años de esta reforma, existe un rezago importante en la implementación del nuevo sistema. Sólo en el 50% de las entidades federativas opera de manera total o parcial. Únicamente tres estados(22) operan en todo su territorio el nuevo sistema y en 13 entidades federativas opera de manera parcial.
Para cumplir con el mandato constitucional de implementar a nivel nacional el Sistema de Justicia Penal Acusatorio es necesario superar diversos retos. En principio, es necesario fortalecer los recursos destinados a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para una mayor penetración de las acciones necesarias en los estados. También es indispensable crear y publicar el marco normativo alineado a los principios constitucionales, realizar la reorganización institucional de las dependencias involucradas en la seguridad, administración, procuración e impartición de justicia; formar y capacitar al personal, adecuar o construir la infraestructura necesaria, así como dotar de tecnologías de la información y el equipamiento suficiente para cumplir con las necesidades operativas, administrativas y técnicas que implican los procesos de gestión que indica la reforma. A lo anterior se suma la necesidad de avanzar en una nueva cultura sobre la justicia, el valor de la libertad, nuevos tipos de penalidad y la responsabilidad ciudadana, trascendiendo el sentido que se otorgada a la penalidad centrada en la cárcel y en los años de prisión.
Amenazas y riesgos a la Seguridad Nacional
Desde un enfoque multidimensional de la Seguridad Nacional, es posible apreciar aquellas tendencias externas e internas que pueden convertirse en riesgos y amenazas que inciden negativamente sobre la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. La manifestación de estos fenómenos tiene el potencial de vulnerar el territorio, la soberanía, el orden constitucional, las libertades e instituciones democráticas, así como el desarrollo económico de nuestro país.
En el siglo XXI, estas tendencias se manifiestan en fenómenos sociales, ambientales, económicos, políticos, tecnológicos y demográficos que impactan la seguridad y la preservación de la gobernabilidad democrática. La realidad de nuestro país obliga, desde un enfoque preventivo, a identificar, dimensionar y jerarquizar los efectos de los diversos factores internos y externos que debido a su dinamismo, tienen el potencial para constituirse en una amenaza o riesgo a la Seguridad Nacional, afectando la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.
Prueba de ello son algunos factores internos como la violencia derivada del crimen organizado y el narcotráfico, además de problemáticas a nivel mundial como el terrorismo, la dinámica migratoria, el tráfico de armas, de personas y de estupefacientes así como temas relacionados con el desarme y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Ante este escenario, la consolidación del Sistema de Seguridad Nacional, la definición de una política estratégica en la materia y la constante coordinación con las diversas instituciones del Estado, son imprescindibles para garantizar los objetivos e intereses nacionales.
3. DERECHOS HUMANOS
En los últimos años México ha logrado avances significativos en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, sin embargo, dichos logros coexisten con dificultades que impiden el goce y ejercicio pleno de éstos derechos y libertades fundamentales.
La Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013 (ANDH) de la CNDH, presentada en el marco de la consulta para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, refleja un incremento de quejas recibidas por violaciones a diversos derechos humanos durante el periodo 2011-2012.
Para la Secretaría de Gobernación este escenario exige formular una política de Estado en la materia, capaz de articular los esfuerzos en los tres órdenes de gobierno, encaminada a la defensa y protección de los derechos humanos, a reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres, así como a promover entre los servidores públicos el conocimiento de los preceptos constitucionales, con el objetivo de contribuir a la construcción de una sociedad de derechos.
Implementación de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos
Uno de los avances más significativos en la construcción de una sociedad de derechos fue el fortalecimiento del orden jurídico nacional a través de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada el 10 de junio de 2011, la cual modificó 11 artículos(23), ampliando las obligaciones para todas las autoridades del Estado mexicano y los tres órdenes de gobierno, al reconocer la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.
CUADRO 5. ARTÍCULOS MODIFICADOS CON LA REFORMA CONSTITUCIONAL DEL 10 DE JUNIO DE
2011
Título Artículo
Principales modificaciones
Titulo I.
Reforma el Capítulo I, para denominarse De los Derechos Humanos y sus Garantías.
Art. 1°
Eleva a rango constitucional los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales de los que México es parte.
Incluye la interpretación conforme a la Constitución y a los Tratados Internacionales de las normas relativas a derechos humanos y el principio pro persona.
Establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Regula de manera explícita la prohibición de discriminar con motivos de preferencias sexuales.
Art. 3°
Agrega el fomento del respeto a los derechos humanos en la educación que imparta el Estado.
Art. 11
Incluye un párrafo segundo en el que se establece el derecho a solicitar asilo y refugio por causas de carácter humanitario.
Art. 15
Prohíbe la celebración de tratados y de convenios para la extradición de reos políticos que alteren los derechos humanos reconocidos en la Constitución.
Art. 18
Contempla en la base de la organización del sistema penitenciario, el respeto a los derechos humanos.
Art. 29
Actualiza de conformidad con estándares internacionales los supuestos de suspensión de garantías y restricción de las mismas.
Señala específicamente los derechos humanos que no podrán ser suspendidos, ni restringidos (derecho a la vida, a la no discriminación, los derechos de la niñez, los derechos políticos, la libertad de pensamiento, la libertad religiosa, los principios de legalidad, de no retroactividad, entre otros).
Art. 33
Establece la previa audiencia para que el Ejecutivo expulse del territorio nacional a personas extranjeras.
Art. 89
Dispone que el Presidente de la República observara en la conducción de la política exterior como principio normativo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos.
Art. 97
Retira la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Art. 102 B
Impone la obligación a todos los servidores públicos de responder a las recomendaciones que les presente tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como las Comisiones estatales, fundamentando y motivando su rechazo a éstas, de ser el caso.
Amplía la competencia de la CNDH para recibir casos de violaciones en el ámbito laboral y emitir recomendaciones al respecto.
Transfiere a la CNDH la facultad de investigación en caso de violaciones graves a los derechos humanos. La facultad investigadora de la CNDH implica además, entre otras cosas, que ésta sea capaz de solicitar el auxilio de la fuerza pública para llevar a cabo las tareas que de ella deriven.
Establece que las Constituciones de los estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.
Instituye un procedimiento de consulta pública para el nombramiento del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de los integrantes del Consejo Consultivo y de los titulares de los organismos estatales de protección de derechos humanos.
Art. 105
Faculta a la CNDH para ejercitar acciones de inconstitucionalidad contra leyes locales y federales que vulneren derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.
FUENTE: Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
No obstante, a dos años de su entrada en vigor su implementación ha sido incipiente. Existen Constituciones estatales que no han incorporado los nuevos principios en la materia de derechos humanos. Tampoco se avanzó en la capacitación de los servidores públicos relativa a los derechos y obligaciones asociados a la reforma.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 ha establecido que este nuevo marco constitucional tiene una potencialidad transformadora que servirá de base para la promoción de la política de Estado en la materia.
Por ello, una característica central de la política es el impulso y seguimiento a la implementación de la reforma constitucional en torno a 3 ejes específicos: 1) articulación entre los Poderes de la Unión, órdenes de gobierno y órganos autónomos para fortalecer la integralidad del proceso de implementación; 2) capacitación sobre los principios constitucionales de derechos humanos a servidores públicos federales e impulsar la colaboración en otros procesos de formación; y 3) difusión de los contenidos de la reforma constitucional de derechos humanos entre la sociedad.
Ineficacia de la Política Pública
La política pública en materia de derechos humanos se llevó a cabo a partir de dos programas nacionales (2004-2006 y 2008-2012). Sin embargo, su ejecución resultó poco eficaz. Diversos factores pudiesen explicar este resultado, tales como la deficiente interlocución y articulación de esfuerzos; fallas en los mecanismos de seguimiento y evaluación; escasa participación efectiva con los Poderes de la Unión y las entidades federativas, lo que impidió que se generara una política integral de Estado y el alejamiento de la sociedad civil en su elaboración y ejecución.
Por tal motivo, la presente administración instrumentará una política de Estado de derechos humanos, a partir del Programa Nacional de Derechos Humanos, como eje rector, apostando por su efectiva ejecución. Por ello, tendrá como objetivos implementar la reforma constitucional en materia de derechos humanos, prevenir, garantizar y fortalecer la protección de los derechos humanos, institucionalizar mecanismos de participación con la sociedad civil, de coordinación y vinculación con los Poderes de la Unión, órdenes de gobierno y órganos autónomos, así como crear sistemas de evaluación e información en la materia.
Deterioro en el respeto a los derechos humanos
En los últimos años, el aumento en las violaciones de los derechos humanos se tradujo en un incremento importante de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Estas incrementaron de 46 en el 2006 a 94 en el año 2012, lo que significó un aumento del 104%. Respecto del año 2013, al 27 de noviembre se cuenta con el registro de 58 recomendaciones dirigidas a autoridades de la Administración Pública Federal y entidades federativas.
GRÁFICA 5. RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS (2006-2013)
 

* Estas cifras contemplan el total de recomendaciones emitidas a la Administración Pública Federal, ya sean dirigidas exclusivamente a ésta o en conjunto con
entidades federativas.
** Fecha de corte: 27 de noviembre de 2013.
FUENTE: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones_Informes
En el informe anual 2012 de dicho organismo, se reportó la apertura de 23,347 expedientes, lo que generó la emisión de 94 recomendaciones en ese año, de las cuales una es por violaciones graves y forma parte de las 63 que fueron dirigidas a la Administración Pública Federal.
Ello impone un mayor reto al Gobierno de la República, comprometido con el adecuado cumplimiento de dichas recomendaciones. Diversos son los obstáculos que la política de atención deberá superar para lograr su cometido. Entre estos destacan: la existencia de procedimientos inconclusos contra servidores públicos, la omisión por parte de las autoridades para prever o establecer los medios jurídicos-administrativos que faciliten su atención y la disparidad en los criterios de reparación integral del daño.
En el marco internacional para la protección de los derechos humanos, a pesar de los avances logrados, México enfrenta retos estructurales que se identifican con el grado de cumplimiento de las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De las seis sentencias en contra del Estado mexicano, una ha sido cumplida y en el resto(24) se ha dado cumplimiento en un 70% de las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana. Las reparaciones que se encuentran en proceso de cumplimiento, dependen de la conclusión de las investigaciones y de medidas de carácter estructural o continuo, lo que implica un lapso de tiempo mayor para su cabal cumplimiento, pues conllevan cambios culturales e institucionales, mismos que requieren de la utilización de los máximos recursos disponibles.
Personas desaparecidas y atención a víctimas
En el contexto de violencia e inseguridad que contribuyó a incrementar no sólo las violaciones a los derechos humanos, sino también la problemática de personas desaparecidas y no localizadas, las organizaciones de la sociedad civil, señalaron que las principales deficiencias en la búsqueda y localización de personas, recaían en fallas del sistema de procuración de justicia, la desarticulación institucional y la falta de registros oficiales, transparentes y confiables que permitieran el diseño de políticas públicas efectivas para operativizar la atención y combatir el problema. Ante esto, los familiares de personas desaparecidas y no localizadas han demandado la creación de mecanismos de búsqueda y localización, una atención inmediata y un marco jurídico que garantice la reparación del daño causado por la violencia.
El Gobierno de la República confirma su compromiso por atender las legítimas demandas de quienes se han visto afectados por esta problemática. Muestra de ello, es la publicación de la Ley General de Víctimas, acción que simboliza la decisión del Ejecutivo Federal por plantear políticas públicas transversales en coordinación con todos los órdenes de gobierno con el objeto de reorientar la estrategia de búsqueda y localización de personas desaparecidas o no localizadas, así como la atención a familiares. La Secretaría de Gobernación contribuirá en este esfuerzo amplio, en el marco de sus atribuciones.
Discriminación
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación enumera una lista amplia de motivos de
discriminación y reconoce también la igualdad de oportunidades y de trato para los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad, define el funcionamiento del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), como órgano rector del Gobierno de la República en la materia y explicita en qué consisten los procedimientos de queja y reclamación para hacer efectivo el derecho a la no discriminación.
En México persiste el problema de la discriminación de personas o grupos en razón de preferencias, género, nivel socioeconómico, religión y origen étnico, entre otras condiciones. A ello se suman la inequidad en el acceso a bienes y servicios básicos, así como prejuicios, estereotipos o discursos de menosprecio.
El reto de abatir la discriminación es amplio, pues involucra tanto la persuasión y eliminación de prácticas discriminatorias por parte de algunos integrantes de la sociedad, así como aquella que se ejerce por servidores públicos en diversos ámbitos, tal como lo muestran los datos del Reporte sobre la Discriminación en México 2012 (CIDE/CONAPRED) los cuales dejan ver que ciertos grupos poblacionales en razón de su ingreso, posición social, nivel educativo o lengua, sufren un trato diferenciado en el acceso a la justicia e incluso son revictimizados cuando se comenten delitos en su contra.
La legislación vigente a nivel federal y estatal en la materia, no cuenta con definiciones, medidas positivas ni procedimientos homologados para combatir actos de discriminación. Como resultado, se dificulta garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación en todo el territorio nacional, lo que impide también transitar hacia una política de Estado en la materia.
Otro problema está en algunos servicios de salud y educación, donde se da el caso de una oferta diferenciada en cobertura y calidad que deviene en un ejercicio disímil de las personas en sus derechos. Finalmente, se alerta sobre la precarización del trabajo como terreno que profundiza la discriminación de grupos tradicionalmente vulnerados, en razón de su ocupación en el sector informal.
En uno de los primeros esfuerzos por dimensionar y entender la discriminación en México, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS), en sus ediciones 2005 y 2010, ha relevado datos importantes sobre la discriminación hacia grupos de personas por su identidad o condición, y el peso de las percepciones basadas en estereotipos y estigmas que tratan de justificar la desigualdad de trato y de oportunidades hacia personas y grupos.
Dicha discriminación ha dado lugar a que diversos grupos vivan una situación de indefensión, abandono e incapacidad para exigir sus derechos, satisfacer sus necesidades o hacer frente a los problemas cotidianos. Atenderlo exige de políticas públicas tendientes a corregir desigualdades, dar poder a quienes no lo tienen y crear una auténtica sociedad de derechos y de igualdad de oportunidades y de trato.
En este ámbito, el documento rector para el combate a las prácticas discriminatorias ha sido el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en sus ediciones de 2006 y 2012. Sin embargo, ambos quedaron lejos de cumplir su objetivo, al reducir su implementación a periodos de tiempo breves y como una tarea única, restringida al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Para revertir estas deficiencias es fundamental que el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación sea la herramienta que permita al Ejecutivo Federal coordinar y articular los esfuerzos realizados por la Administración Pública Federal en la materia. Ello acompañado de campañas masivas en los medios de comunicación orientadas a cambiar la percepción de la sociedad en relación a ciertos grupos de población y a impulsar la armonización del marco jurídico nacional con los estándares internacionales en materia de igualdad y no discriminación.
Violencia contra las mujeres
La violencia contra las mujeres es aún un problema común en nuestra sociedad, que por razones de indiferencia y culturales requiere de un mejor entendimiento para integrar políticas capaces de reducirlo o prevenirlo.
De acuerdo con los resultados de diversos estudios y encuestas realizadas(25) desde la década de los noventa para dimensionar este problema en México, la violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito familiar no era un fenómeno aislado, sino que afectaba a una importante proporción de mujeres en el país y está en aumento. Al respecto, la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (ENVIM) 2003 puso de manifiesto que el 25.8% de las usuarias de los servicios de salud sufrió alguna relación violenta o agresiva en su vida. Dicha proporción aumentó a 33.5% en la medición de 2006.
A partir de la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el 1º de febrero de 2007, el Estado mexicano ha buscado hacer más visible el problema de la violencia contra las mujeres y del feminicidio, a fin de que exista un mejor conocimiento e información que contribuyan a prevenirlo, desde los ámbitos laboral, escolar, comunitario e institucional. Sin embargo, el panorama de violencia contra las mujeres en México es poco alentador. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2006, el 67% de las mujeres mexicanas de 15 años y más, sufrió al menos una situación de violencia en el ámbito comunitario, escolar, laboral, o en el espacio familiar y de pareja. Dicha proporción disminuyó a 62.8% en 2011, por lo que se estima que actualmente seis de cada diez mujeres han sido víctimas de violencia en algún momento de su vida. Asimismo, sólo el 32.9% no atestiguó violencia física en su familia, ni la sufrió, ni la ejerce en contra de sus hijas o hijos, lo que significa que la violencia física forma o ha formado parte de la cotidianeidad de dos de cada tres mujeres mexicanas.
El Gobierno de la República ratifica su compromiso por abatir el problema, a través del fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, que permita el diseño de políticas públicas mejor articuladas y más eficaces, la promoción de más Centros de Justicia para las Mujeres, la emisión e implementación del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018 y la armonización legislativa de conformidad con los criterios internacionales en la materia, a efecto de garantizar el acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar.
Violaciones a los derechos de las comunidades Indígenas
A pesar de las reformas constitucionales en materia indígena de 2001 y los tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la falta de conocimiento y respeto a los derechos de las personas, los pueblos y las comunidades originarias de México, continúa siendo una constante. Por ello, el Gobierno de la República está comprometido con la creación de mecanismos de diálogo y la instrumentación de políticas que permitan lograr acercamientos con los pueblos indígenas para concretar conjuntamente acciones que eleven su desarrollo, con pleno reconocimiento a su diversidad pluriétnica y multicultural y con respeto a sus derechos e instituciones, además de la sensibilización tanto de servidores públicos como de la sociedad en su conjunto sobre el tema.
4. POBLACIÓN Y MIGRACIÓN
La estructura por edad y sexo de la población mexicana ha cambiado en las últimas décadas. Su dinámica, distribución geográfica, estructura y características, imponen nuevos retos a la política de población del país, distintos a los plasmados originalmente en los ordenamientos jurídicos vigentes. Analizar y conocer la dinámica poblacional e identificar a la población son elementos básicos necesarios para brindar certidumbre sobre la evolución demográfica del país. Conocer quiénes y cuántos somos, y dónde estamos, fortalece la toma de decisiones públicas al permitir incorporar mejor información para el diseño y ejecución de programas y proyectos de gobierno encaminados a satisfacer las necesidades y los derechos de la población.
El fenómeno migratorio constituye un factor de creciente relevancia para la dinámica poblacional en nuestro país. Los flujos de migrantes que ingresan, transitan, se establecen y retornan a nuestro país tienen profundas implicaciones demográficas, económicas, sociales y políticas.
Administrar y atender la migración desde y hacia México impone al Gobierno de la República exigencias y oportunidades cada vez mayores. Ello implica coordinar esfuerzos a través de una política integral que considere las múltiples dimensiones del fenómeno migratorio, y busque aprovechar su potencial para el desarrollo nacional y minimizar sus costos.
La construcción de un mejor orden migratorio en México obliga a la difícil tarea de conjugar el ejercicio de los derechos de soberanía con la dotación de garantías a los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de refugio y de protección complementaria.
Política de población
Es necesario revisar el marco normativo actual que rige la política de población, plasmado en la Ley General de Población. La Ley tenía como propósito original, hace cuatro décadas, controlar el ritmo de crecimiento de la población. Hoy el país enfrenta otros retos en términos del tamaño, dinámica, estructura, distribución territorial, identidad y registro de la población, cuya evolución incide directamente en el desarrollo del país. En este orden de ideas es necesario conocer el comportamiento reciente de las variables que integran la estructura y dinámica de la población a fin de proponer las adecuaciones que permitan actualizar la ley en consecuencia, bajo una perspectiva de derechos humanos, tal como lo reafirmó México en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.
En el diseño y ejecución de la política poblacional participan múltiples actores en los tres órdenes de gobierno. En este sentido, es necesario contar con estudios recientes de las variables demográficas como la fecundidad, mortalidad y migración, en grupos poblacionales específicos: jóvenes, adolescentes e indígenas; en zonas geográficas determinadas: localidades rurales, aisladas, y en el sur-sureste del país; y en ciertos temas emergentes, como son fecundidad adolescente, envejecimiento demográfico, crecimiento metropolitano, vinculación entre población y medio ambiente, nuevas tendencias de la migración internacional, entre otros.
Si bien el Consejo Nacional de Población elabora una gran cantidad de estudios, es necesario complementarlos desde una perspectiva integral, histórica e interinstitucional, prestando atención a las poblaciones, asentamientos, grupos, y zonas geográficas específicas. Esto exige de un mayor esfuerzo en la elaboración de investigaciones, estadísticas, levantamiento de encuestas, y otros elementos.
Finalmente, existe cierto desconocimiento sobre aspectos de cultura demográfica tales como los derechos sobre salud sexual y reproductiva, la importancia de la igualdad de acceso a la educación para mujeres y varones, la equidad en las relaciones entre los géneros, por mencionar algunos. En este sentido es necesario impulsar una cultura demográfica que coadyuve a la ejecución de la política pública mediante la promoción de actitudes y comportamientos deseados entre la población.
Acreditación de la identidad de las personas
La identidad de las personas es un derecho humano y el gobierno tiene la obligación de proporcionar los medios a la población para que pueda acreditar fehacientemente su identidad. Según datos de la UNICEF, en 2005, aproximadamente el 14% de los niños menores de cinco años en América Latina carecía de registro de nacimiento. Esta carencia genera vulnerabilidad, pues la falta de un documento probatorio de identidad impide a la persona tener acceso a derechos esenciales como son la salud, la educación y protección.
Para proporcionar los medios que brinden la certeza jurídica que garantice a la población el ejercicio pleno de sus derechos y obligaciones, la Secretaría de Gobernación integra el Registro Nacional de Población, teniendo como insumo fundamental la información proveniente de los registros civiles. Sin embargo, las limitantes administrativas de estos últimos han provocado que la información relacionada con los actos registrales no se transmita en tiempo y forma al Registro Nacional de Población.
Por ello, es necesario conformar una Base de Datos Nacional del Registro Civil, a través de la captura de todos los actos registrales del estado civil de las personas, e impulsar la interconexión a nivel nacional que permita la consulta entre las entidades, así como la actualización de la información en tiempo real, mediante la modernización integral del Registro Civil.
En relación a los avances y limitaciones en instrumentos de identidad de la población, en la Clave Única del Registro de Población (CURP), existen inconsistencias en parte de la información contenida en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población (BDNCURP). De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, la población de México asciende a 112,336,538 de habitantes y las proyecciones del Consejo Nacional de Población para junio del 2013 se estimaron en 118,395,054 de personas, mientras que la BDNCURP, a octubre de 2013, contaba con 177,892,081 registros. Esta situación se debe principalmente a fallas en los emisores responsables, que permitieron generar claves sin contar con un documento probatorio de identidad, errores de captura por parte del personal operador del sistema para la generación de la CURP, insuficiente información sobre defunciones y población con más de un documento probatorio de identidad.
En este sentido, se requiere capacitar a los funcionarios emisores de la CURP, además de llevar a cabo el proceso de depuración y confronta de la BDNCURP, garantizando su confiabilidad al certificar y dar vivencia a las CURP's emitidas.
Asimismo, es necesario avanzar en la consolidación de la base de datos confiable que en su momento alimentarán al SNIP. Esto será posible mediante la depuración y confronta de la BDNCURP, y la interconexión y modernización de los Registros Civiles.
Política migratoria
México es, por su posición geográfica, un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes: el país tiene un promedio anual de 24.7 millones de entradas regulares de personas al país, 20 millones corresponden a extranjeros, de los cuales 10 millones se internan en calidad de turistas. Las entradas de mexicanos alcanzan la cifra anual promedio de 4.7 millones, de los cuales 3.7 residen en el país. Por otra parte, el Instituto Nacional de Migración (INM) recibe un promedio anual de 460 mil solicitudes de trámites migratorios de ciudadanos de diferentes nacionalidades.
Adicionalmente, se calcula que en los Estados Unidos de América viven aproximadamente 12 millones de mexicanos, de los cuales, poco más de la mitad reside de manera irregular. De 2006 a 2012 se registró un promedio anual de 497 mil repatriaciones de mexicanos.
 
Un aspecto relevante de la atención pública a la migración corresponde a la operación de la política migratoria que realiza el INM. El Instituto ha acumulado durante los últimos años, debilidades que produjeron pérdida de capacidades, corrupción, deficiente atención a migrantes, degradación de su imagen nacional e internacional, pérdida de credibilidad y retraso en la actualización de sus procesos, además de debilitar la coordinación intersectorial e interinstitucional.
En este sentido se requiere realizar una transformación del Instituto Nacional de Migración, acorde a las exigencias de los servicios migratorios y la nueva política migratoria en la que se incorpore la participación de todos los sectores. Se trata de una tarea de mediano plazo que exige impulsar la reingeniería institucional del INM y mejorar los procesos de gestión y sistemas de información; profundizar la evaluación, capacitación, profesionalización y certificación de agentes y funcionarios migratorios; fortalecer las capacidades operativas de los Grupos de Protección al Migrante (Grupos Beta, Oficiales de Protección a la Infancia y Programa Paisano); dotar de equipamiento en todos los estados para otorgarles capacidades de control, verificación, protección y apoyo a migrantes y mejoramiento de las instalaciones en todo el país.
En el mismo sentido, es necesario robustecer la coordinación intersectorial e interinstitucional para el otorgamiento de apoyos a los connacionales repatriados, fortalecer el apoyo en las repatriaciones de mexicanos a grupos vulnerables como enfermos, adultos mayores, menores de edad, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad; y fomentar la cultura de regulación migratoria con países centroamericanos, que propicie un flujo migratorio documentado, ordenado y seguro hacia el país. En suma, la atención del fenómeno migratorio debe de ser humana, eficaz y moderna; y debe de ir más allá de las acciones unilaterales, sumando esfuerzos de los distintos actores involucrados en el fenómeno migratorio.
Adicionalmente, para recuperar la posición de México como destino seguro para el turismo, las inversiones y los negocios, es necesario simplificar los procesos y reducir los tiempos para la entrada y salida de personas, con estricto respeto a sus derechos, y mejorar la eficiencia en el control y verificación migratoria en los puntos de internación. Asimismo, es necesario impulsar acuerdos bilaterales y multilaterales para el establecimiento de formas migratorias que faciliten e incrementen la entrada de extranjeros al país.
Otro aspecto de la migración es el relacionado con los problemas que enfrentan los migrantes en su tránsito y retorno a México o a sus países de origen. Entre éstos sobresalen los riesgos y agresiones de los cuales son víctimas, como el tráfico y trata de personas, alta exposición a riesgos, discriminación, accidentes, robos y muerte al utilizar rutas y medios de transporte altamente peligrosos.
Actualmente, no se cuenta con estrategias y acciones de gobierno que incorporen una visión transversal de los principios y normas generales, de acciones concretas en beneficio de las personas migrantes nacionales y extranjeras y de sus familiares.
El marco jurídico nacional en materia migratoria aún se encuentra desarticulado, y todavía no permite la atención integral del fenómeno migratorio. En este contexto, resulta necesario acelerar la adecuación del marco normativo nacional, en concordancia con el marco internacional. Esto alude a la necesidad de equivalencias y congruencias jurídicas entre el trato que México demanda para sus connacionales en el extranjero y el que debe otorgar a los extranjeros que se internan en su territorio.
Asimismo, es necesario coordinar la política y la gestión migratoria, a fin de instrumentar acciones coordinadas e integrales que reconozcan su potencial para el desarrollo nacional, en el marco de la ley, la seguridad y el pleno respeto de los derechos humanos.
La generación de estadísticas e investigaciones rigurosas que apoyen la formulación de políticas es una necesidad. En este sentido es preciso disponer de un sistema de información empírica que presente información desagregada por sexo, que permita sustentar la definición, seguimiento y evaluación de las políticas en la materia, e impulsar en mayor medida el debate sobre el fenómeno y la política en la materia.
Protección y atención a refugiados y solicitantes de atención complementaria
Históricamente, México se ha consolidado como una nación que garantiza la protección, en su territorio, de extranjeros que requieren salvaguarda y defensa de sus derechos fundamentales y cuya vida, libertad o seguridad se han visto amenazadas. Sin embargo, la entrada en vigor de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria y su Reglamento, y la incorporación a la legislación nacional de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado mexicano con la ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, su Protocolo y la Declaración de Cartagena, han obligado a asegurar que el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado alcance los más altos estándares de protección. Para ello, es necesario implementar mecanismos de mejora continua en sus procesos sustantivos.
 
De igual forma, la necesidad de brindar pronta atención y canalización a solicitantes, refugiados y extranjeros que reciben protección complementaria, con especial atención a niñas, niños y adolescentes no acompañados en su calidad de grupo altamente vulnerable, obliga al gobierno de México a ofrecer mayores canales institucionales que permitan su debida integración a la sociedad. Por tal motivo, resulta primordial incrementar los mecanismos de cooperación y colaboración interinstitucionales, con organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, para que dicha población pueda tener mayores oportunidades de acceso a instituciones especializadas para sus cuidados, servicios médicos, educación, aprendizaje del idioma español y capacitación para el trabajo.
5. PROTECCIÓN CIVIL
México, debido a factores relacionados con su situación geográfica, a su orografía, a la distribución y características de sus asentamientos humanos, es un país vulnerable ante los diversos fenómenos naturales a que está expuesto, mismos que ponen en riesgo a su población. Una de cada tres personas vive en zonas de peligro sísmico y alrededor de la mitad de la población está expuesta a actividad volcánica peligrosa. Lo anterior debido a que el territorio forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra la mayor actividad símica del mundo.
En materia de lluvias, cada año el país recibe una media de 24.5 ciclones tropicales, de los cuales una sexta parte producen precipitaciones torrenciales que colapsan los sistemas hidráulicos de las ciudades, causan deslaves, arruinan extensas zonas de cultivo y generan fuertes pérdidas económicas. Asimismo, las sequías y heladas son eventos estacionales recurrentes que pueden afectar la actividad económica del país, dañan severamente al medio ambiente y sus efectos son de larga duración.
Además de los fenómenos naturales, están los riesgos ocasionados por el ser humano, tales como los incendios, las explosiones, los accidentes industriales, las fugas de material tóxico o radioactivo, la contaminación y otros de índole social. Estos eventos son generalmente impredecibles y pueden llegar a ser devastadores.
Ante estas condiciones y riesgos, se requiere un Sistema Nacional de Protección Civil capaz de responder oportunamente ante estos eventos. El actual Sistema carece de infraestructura suficiente, adolece de capacidades institucionales, fondos y ordenamientos jurídicos que le impiden responder con la eficacia requerida. Además, enfatiza primordialmente una actuación reactiva, orientada a atender las consecuencias de estos eventos una vez ocurridos, y con un componente preventivo incipiente. Por ello, es necesario fortalecer la prevención con un enfoque estratégico de gestión de riesgos, las capacidades institucionales y de cooperación internacional, los instrumentos financieros y el marco jurídico, además de promover el desarrollo de una sociedad resiliente.
Limitaciones para la prevención
La Ley General de Protección Civil establece que los atlas de riesgo constituyen el marco de referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo. Sin embargo, el Atlas Nacional de Riesgos existente adolece de información actualizada y completa, resultado, entre otros, de las limitaciones económicas de los gobiernos estatales para elaborar sus atlas que sirven de base para el nacional. Destaca, por ejemplo, la falta de información precisa en zonas con peligro y vulnerabilidad de alto nivel ante los fenómenos que amenazan a la población y las acciones para prevenir desastres.
La participación social en el Sistema Nacional de Protección Civil es mínima, dada la escasa promoción a la cultura de protección civil, por lo cual es necesario impulsar mecanismos de participación que integren a grupos voluntarios vecinales, y sectores privado, social y académico en los objetivos del Sistema.
En materia preventiva se requiere ampliar la cobertura de los sistemas de alerta temprana para incrementar la capacidad de respuesta y anticipación a fenómenos perturbadores, contemplando el uso de tecnologías para incrementar el conocimiento de la población sobre los sistemas de alertamiento.
En resumen, es necesario mantener actualizado el Atlas Nacional de Riesgos, fortalecer la cultura preventiva y la participación social, además de incrementar la capacidad de monitoreo y alertamiento nacional ante fenómenos perturbadores.
Capacidades institucionales y coordinación internacional limitadas
Las capacidades institucionales de los gobiernos federal y estatales son, en distintos grados, insuficientes para la prevención y atención de eventos de emergencia y desastre. No todas las instituciones en los tres órdenes de gobierno cuentan con un programa interno de protección civil, ni con un plan de continuidad de operaciones que les garantice el sostenimiento de sus funciones estratégicas inmediatamente después de una situación de emergencia. Lo anterior provoca que el auxilio a la población se demore o tenga limitaciones en los planes de respuesta coordinados entre diversas oficinas públicas. La gran mayoría de los gobiernos locales tienen serias limitaciones financieras y humanas para brindar auxilio a la población.
Otro reto es la coordinación de los dispositivos de respuesta rápida del Sistema Nacional de Protección Civil en situaciones extremas. La Coordinación Nacional de Protección Civil no cuenta con una adecuada representación regional que le permita mejorar su alcance en términos de interacción, apoyo y soporte de los sistemas de protección civil de las entidades federativas.
Por su parte, existe una coordinación incipiente entre los sistemas de protección civil de los estados, la cual impide profundizar la integración y complementación de esfuerzos y recursos provenientes de actores clave en la protección civil a nivel nacional.
Dado lo anterior, es necesario fortalecer las capacidades institucionales y garantizar una coordinación que sienten las condiciones para una política efectivamente nacional y eficaz. Ello será posible mediante acciones tales como la emisión de nuevos lineamientos para la elaboración de programas internos de protección civil, y planes de continuidad de operaciones; la mejora en capacidades de respuesta de los gobiernos locales ante desastres y el reforzamiento de los mecanismos de coordinación entre gobiernos, por medio de representaciones regionales de la Coordinación Nacional, buscando además articular a otros actores como lo son los poderes legislativo y judicial, y los sectores privado y social.
Por otro lado, la escasez de convenios de cooperación a nivel internacional ha limitado el desarrollo y conocimientos de nuevas tecnologías en materia de protección civil, además de reducir el acceso a programas de ayuda humanitaria. En este sentido se buscará fortalecer el sistema de vinculación a nivel internacional.
Sociedad vulnerable
La ausencia de la Gestión Integral de Riesgos(26) a nivel nacional no permite el conocimiento de su origen y naturaleza, impidiendo con ello distinguir peligros y vulnerabilidades a los que se enfrenta la población. Esto provoca omisiones en acciones y mecanismos de prevención y mitigación de riesgos que afectan su efectividad, además de deteriorar la comprensión y concientización de las amenazas. A ello se suma, por un lado, que la infraestructura pública no cuenta con análisis de riesgos que permitan reducir su vulnerabilidad física, lo que provoca que las carreteras, puentes, obras hidráulicas, servicios de salud o suministros de energía eléctrica no estén preparadas para resistir ante los embates provocados por eventos catastróficos.
Por el otro lado, se tiene la escasa participación social en temas de protección civil, lo que reduce significativamente la integración de acciones solidarias de participación responsable a favor de la resiliencia de la población ante fenómenos perturbadores.
Por estos motivos, es primordial fortalecer las acciones para incorporar la Gestión Integral del Riesgo en el desarrollo local y regional con el fin de prevenir desastres. Asimismo, es necesario poner en marcha programas de infraestructura nacional con mayor capacidad de resistencia en el caso de fenómenos naturales. Adicionalmente, es relevante fomentar la participación social mediante acciones solidarias para su pronta recuperación ante desastres.
Limitaciones de los instrumentos financieros y carencia de enfoque preventivo en el destino de los recursos
Los procedimientos de acceso a los recursos en materia de protección civil enfrentan limitaciones en su operatividad, lo que compromete la agilidad de su flujo y la falta de certeza sobre la entrega de suministros de auxilio a la población y por lo tanto el retraso en la atención de las acciones de reconstrucción de la infraestructura dañada.
Asimismo, el desconocimiento, por parte de los gobiernos locales, de las reglas de operación para el acceso a los recursos de los instrumentos financieros retrasa la elaboración de las solicitudes de emergencia, lo que a su vez deja en indefensión a la población ante la inminencia o presencia de una situación anormal generada por un agente natural perturbador.
El reto importante en lo relativo a los recursos es ajustar el desequilibrio que se da entre la prevención y la atención o reconstrucción. La inversión en este último es 59 veces superior a la destinada en prevención. Entre 2004 y noviembre de 2013, la aportación autorizada del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) fue de 96,718 millones de pesos, mientras que los recursos fiscales para prevención (FOPREDEN) fueron alrededor de 1,640 millones de pesos para este mismo período. Este hecho limita la realización de proyectos preventivos que reduzcan los factores de riesgo en detrimento de la seguridad, la integridad física y el patrimonio de las personas.
A nivel internacional los fenómenos naturales causan pérdidas que rebasan la capacidad de respuesta económica de algunos países. En el caso de México, debido a la frecuencia y magnitud de los fenómenos perturbadores, el Fondo para los Desastres Naturales podría ser superado en su capacidad de respuesta por la ocurrencia de fenómenos que generan altos costos, principalmente en lo relativo a la etapa de reconstrucción de infraestructura. Por lo anterior, además de fortalecer financieramente al Fondo de Prevención de Desastres (FOPREDEN), es necesario hacer más eficientes los procedimientos de acceso a los recursos, además de robustecer los mecanismos de transferencia de riesgos.
Marco jurídico limitado
Si bien el marco normativo federal se ha fortalecido al incorporar la política de la Gestión Integral de Riesgos, la normatividad estatal y municipal es aún heterogénea y en su mayoría no incorporan dicha política. Lo anterior limita la coordinación entre los diferentes programas y protocolos de respuesta de protección civil. De igual manera, existe una falta de alineación integral en la operación del Sistema Nacional de Protección Civil, lo que genera el uso de estrategias diferentes para la ejecución de los programas de protección civil y planes de continuidad de operaciones. Además, la creación de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de Protección Civil se ha quedado rezagada con respecto del Sistema Nacional de Protección Civil. Esto genera que la información, las disposiciones, las recomendaciones y los procedimientos carezcan de observancia obligatoria. Debido a lo anterior, es necesario homologar la normatividad de los tres órdenes de gobierno en materia de Gestión Integral de Riesgos, así como fomentar la emisión de Normas Oficiales Mexicanas.
CAPÍTULO II
ALINEACIÓN A LAS METAS NACIONALES
Correspondencia entre los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa
Sectorial de Gobernación
Plan Nacional de Desarrollo
 
Programa Sectorial de la SEGOB
México en Paz.
Objetivo Sectorial 1.
Objetivo 1.1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
1.1.1.           Contribuir al desarrollo de la democracia.
1.1.2.           Fortalecer la relación con el Honorable Congreso de la Unión y el Poder Judicial, e impulsar la construcción de acuerdos políticos para las reformas que el país requiere.
1.1.3.           Impulsar un federalismo articulado mediante una coordinación eficaz y una mayor corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno.
1.1.4.           Prevenir y gestionar conflictos sociales a través del diálogo constructivo.
1.1.5.           Promover una nueva política de medios para la equidad, la libertad y su desarrollo ordenado.
1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
1.1.  Contribuir al desarrollo democrático y cívico del país.
1.2.  Fortalecer y promover una relación incluyente, participativa y respetuosa entre el Gobierno de la República, la ciudadanía y sus organizaciones.
1.3.  Fortalecer la relación con los Poderes de la Unión y promover la construcción de acuerdos políticos.
1.4.  Impulsar un federalismo articulado que promueva una mayor coordinación y corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno.
1.5.  Prevenir y promover la resolución pacífica de conflictos.
1.6.  Actualizar y verificar el cumplimiento del orden normativo en materia de radio, televisión, cinematografía, así como de juegos y sorteos.
1.7.  Proporcionar servicios de comunicación y divulgación confiables y de calidad a la Administración Pública Federal.
 
México en Paz.
Objetivo Sectorial 2.
Objetivo 1.2 Garantizar la Seguridad Nacional.
1.2.1.           Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano.
1.2.2.           Preservar la paz, la independencia y soberanía de la nación.
1.2.3.           Fortalecer la inteligencia del Estado Mexicano para identificar, prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional.
Objetivo 1.3 Mejorar las condiciones de seguridad pública.
1.3.1.           Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
1.3.2.           Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad.
Objetivo 1.4 Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.
1.4.1.    Abatir la impunidad.
1.4.2.    Lograr una procuración de justicia efectiva.
2. Mejorar las condiciones de seguridad y justicia.
2.
2.1.  Contribuir a garantizar la Seguridad Nacional.
2.2.  Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad.
2.3.  Coordinar la política para la prevención social de la violencia y la delincuencia con organismos gubernamentales, académicos, privados y ciudadanía.
2.4.  Fomentar la cultura de legalidad y la participación ciudadana en materia de prevención social, seguridad y justicia.
2.5.  Fortalecer el Sistema Penitenciario Federal y el de menores de edad que infringen la Ley Penal promoviendo la reinserción social.
2.6.  Impulsar la implementación del Sistema Penal Acusatorio.
 
México en Paz.
Objetivo Sectorial 3.
Objetivo 1.5. Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación.
1.5.1Instrumentar una política de Estado en derechos humanos.
1.5.2Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, sobre la base de una coordinación eficiente que asegure la participación de todos los sectores responsables de su prevención, atención, monitoreo y evaluación.
1.5.3
1.5.4Proporcionar servicios integrales a las víctimas u ofendidos de delitos.
1.5.5Establecer una política de igualdad y no discriminación.
3. Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres.
3.
3.1.  Instrumentar una política de Estado en Derechos Humanos.
3.2.  Impulsar la implementación de los principios contenidos en la reforma constitucional de derechos humanos y adecuar el marco jurídico aplicable.
3.3.  Coordinar el cumplimiento de recomendaciones y sentencias en materia de derechos humanos.
3.4.  Fortalecer la asistencia a víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, así como a personas en situación de vulnerabilidad.
3.5.  Establecer una política nacional de promoción de la igualdad y combate a la discriminación.
3.6.  Coordinar la política nacional de prevención, atención y sanción para la erradicación de la violencia contra las mujeres.
México Incluyente.
Objetivo Sectorial 4.
Objetivo 2.1.      Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.
2.1.3.           Garantizar y acreditar fehacientemente la identidad de las personas.
4.    Desarrollar políticas integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos
4.1.  Fortalecer la conducción de la política de población mediante consideraciones sociodemográficas, el PNP 2014-2018 y la adecuación del marco normativo.
4.2.  Promover la educación y comunicación en materia de población, y reforzar la cooperación intergubernamental y con la sociedad civil
4.3.  Avanzar en la acreditación de la identidad de las personas residentes en el país.
4.4.  Proponer y coordinar una política migratoria integral.
4.5.  Controlar, verificar y facilitar la movilidad humana.
4.6.  Fortalecer los mecanismos de repatriación de connacionales.
4.7.  Elaborar y coordinar la política pública en materia de refugiados y extranjeros que reciben protección complementaria.
México con Responsabilidad Global.
Objetivo 5.4.      Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional.
5.4.2Crear mecanismos para la reinserción de las personas migrantes de retorno y fortalecer los programas de repatriación.
5.4.3Facilitar la movilidad internacional de personas en beneficio del desarrollo nacional.
5.4.4Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial, para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública en materia migratoria.
5.4.5Garantizar los derechos de las personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria.
 
México en Paz.
Objetivo Sectorial 5.
Objetivo 1.6. Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano.
1.6.1Política estratégica para la prevención de desastres.
1.6.2Gestión de emergencias y atención eficaz de desastres.
5. Coordinar el Sistema Nacional de Protección Civil para salvaguardar a la población, sus bienes y entorno ante fenómenos perturbadores.
5.
5.1.  Fortalecer el enfoque preventivo del Sistema Nacional de Protección Civil.
5.2.  Fortalecer las capacidades institucionales y la coordinación internacional del Sistema Nacional de Protección Civil.
5.3.  Contribuir al desarrollo de una sociedad resiliente ante los riesgos que representan los fenómenos naturales y antropogénicos.
5.4.  Fortalecer los instrumentos financieros de gestión del riesgo.
5.5.  Fortalecer el marco jurídico en materia de protección civil.
 
CAPÍTULO III
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Objetivo 1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
La Secretaría de Gobernación, como responsable de la política interior, ejerce sus atribuciones bajo principios democráticos. En este sentido, el objetivo sectorial está orientado a impulsar la construcción de acuerdos mediante una política interior incluyente, responsable y respetuosa de los poderes y de los órdenes de gobierno; a prevenir y gestionar conflictos a través del diálogo constructivo, así como a impulsar la participación ciudadana, como medios para el desarrollo de la gobernabilidad democrática, en el marco de la meta México en Paz y de su gabinete especializado, derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Para impulsar las reformas que el país requiere se implementan estrategias encaminadas a la consolidación de entornos de confianza y corresponsabilidad con el Poder Legislativo, se fortalecen los vínculos políticos y se promueven consensos y acuerdos con las diferentes fuerzas políticas y grupos parlamentarios.
 
La existencia de diferendos o demandas sociales no satisfechas generan tensiones que pueden escalar de no identificarse y atenderse oportunamente. Por ello, las acciones de este gobierno se reorientan hacia un modelo inspirado en la armonización y cumplimiento del marco normativo, en la prevención, la identificación, el monitoreo y en la atención de conflictos mediante el diálogo constructivo. Adicionalmente, se refuerzan los vínculos con los órdenes de gobierno y sus agrupaciones a través del impulso de un federalismo articulado.
Para impulsar la cultura democrática se fomentan las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, se impulsan y fortalecen mecanismos de diálogo y se difunden valores democráticos mediante campañas de comunicación social. .
Estrategia 1.1. Contribuir al desarrollo democrático y cívico del país.
Líneas de acción
1.1.1. Promover y fortalecer la cultura democrática y cívica, así como la identidad nacional.
Elaborar diagnósticos sobre la cultura política y democrática en el país. Difundir, promover y fortalecer los principios y valores democráticos. Fomentar la cultura cívica y la identidad nacional.
1.1.2. Promover el conocimiento y respeto a los símbolos patrios, y vigilar el cumplimiento de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
Fomentar el conocimiento, culto y respeto a los símbolos patrios. Promover y vigilar el cumplimiento de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y emitir las autorizaciones para su reproducción, uso y difusión.
1.1.3. Normar y alinear las campañas de comunicación social del Gobierno de la República a la promoción de los valores democráticos.
Autorizar, supervisar y evaluar las campañas de comunicación social del Gobierno de la República, así como promover que sus contenidos fomenten el pluralismo, la igualdad, la participación, el diálogo, la no discriminación, la inclusión social y la perspectiva de género.
1.1.4. Promover la inclusión de la cultura de los pueblos indígenas en las campañas de comunicación social de la Administración Pública Federal.
Promover campañas sociales que enaltezcan los valores y el reconocimiento de los pueblos indígenas de conformidad con los Lineamientos Generales para las Campañas de Comunicación Social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Estrategia 1.2. Fortalecer y promover una relación incluyente, participativa y respetuosa entre el Gobierno de la República, la ciudadanía y sus organizaciones.
Líneas de acción
1.2.1. Impulsar mecanismos de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Emitir lineamientos para el impulso, conformación, organización y funcionamiento de mecanismos de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1.2.2. Fomentar la participación ciudadana por medio del fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil.
Impulsar el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las agrupaciones políticas mediante eventos de capacitación, atención y asesorías que incrementen los niveles y la eficacia de su participación. Contribuir a la visibilidad de las organizaciones mediante la difusión de sus actividades a través de revistas y medios electrónicos.
1.2.3. Promover acciones de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.
Dar cumplimiento a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y demás disposiciones en la materia, participar en su Comisión y en el Consejo Técnico Consultivo. Ampliar y fortalecer el Mecanismo de Colaboración entre las Organizaciones de la Sociedad Civil y el Gobierno de la República.
1.2.4. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Asociaciones Religiosas y Culto Público y favorecer su convivencia y desarrollo armónico.
Atender y vigilar el cumplimiento de la ley en lo relativo al otorgamiento de registros constitutivos como Asociaciones Religiosas, a la transmisión de actos con contenido religioso a través de medios masivos de comunicación (radio y televisión) y a la celebración de actos de culto público extraordinario, entre otros.
Coordinar acciones con autoridades estatales y municipales para atender conflictos e impulsar espacios de análisis y capacitación sobre el marco jurídico. Atender y asesorar a las asociaciones, iglesias y demás instituciones religiosas en sus trámites y servicios.
Estrategia 1.3. Fortalecer la relación con los Poderes de la Unión y promover la construcción de acuerdos políticos.
Líneas de acción
1.3.1. Impulsar la construcción de acuerdos políticos para lograr las reformas que el país requiere.
Mantener un diálogo permanente con los partidos políticos para consolidar los grandes acuerdos que el país demanda. Diseñar, promover y construir acuerdos políticos que puedan derivar en proyectos legislativos. Construir proyectos legislativos mediante mesas de diálogo, reuniones de trabajo y foros de análisis, en los que prevalezca la pluralidad. Realizar estudios legislativos de proyectos relevantes.
1.3.2. Fortalecer el diálogo con el Honorable Congreso de la Unión.
Desarrollar vínculos políticos institucionales con el Poder Legislativo Federal a fin de generar los consensos necesarios con las fracciones parlamentarias para concretar las reformas legislativas de una agenda nacional incluyente. Realizar mesas de trabajo con funcionarios de la Administración Pública Federal y representantes del Poder Legislativo que faciliten la construcción de acuerdos y consensos en temas específicos.
1.3.3. Facilitar una adecuada relación con el Poder Legislativo mediante la atención oportuna de solicitudes, procesos y protocolos.
Atender, tramitar y dar respuesta oportunamente a los citatorios, solicitudes, requerimientos, puntos de acuerdo, comunicaciones y demás actos que formulen el Congreso de la Unión al Poder Ejecutivo. Presentar ante las Cámaras del Congreso de la Unión o ante su Comisión Permanente, las iniciativas del Ejecutivo Federal, los tratados internacionales y los nombramientos que deban ser sometidos para su aprobación, ratificación o no objeción. Tramitar oportunamente la publicación de leyes y decretos del Congreso de la Unión. Fortalecer al Sistema de Información Legislativa como herramienta que permita propiciar información legislativa de manera ágil y oportuna, en el marco de las relaciones institucionales que la Secretaría de Gobernación mantiene con el H. Congreso de la Unión. Presentar a las Cámaras del Congreso de la Unión la información que la Administración Pública Federal debe remitir por disposición legal o por acuerdo de dichos órganos legislativos.
1.3.4. Mantener una relación institucional y de trabajo respetuoso con las legislaturas de los estados.
Mantener una comunicación permanente con los congresos locales y sus asociaciones a fin de dar seguimiento al procedimiento previsto en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativa a las reformas constitucionales. Construir acuerdos con las legislaturas de los estados y sus asociaciones para promover las reformas legislativas de la agenda nacional incluyente.
1.3.5. Mantener una sana y respetuosa relación con el Poder Judicial.
Mantener una sana y respetuosa relación institucional para la atención de las acciones vinculadas con el Poder Judicial.
Estrategia 1.4. Impulsar un federalismo articulado que promueva una mayor coordinación y corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno.
Líneas de acción
1.4.1. Impulsar la inclusión y participación efectiva de estados y municipios en las instancias de acuerdo y toma de decisiones de las políticas públicas nacionales.
Realizar diagnósticos sobre la participación efectiva de los gobiernos estatales y municipales en instancias de acuerdo y toma de decisiones de las políticas públicas nacionales. Elaborar propuestas para integrar la representación de estados y municipios en los sistemas nacionales de coordinación, así como auxiliar en la interlocución y coordinación con la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conferencia Nacional de Municipios de México y otras agrupaciones.
1.4.2. Promover el desarrollo de capacidades institucionales en estados y municipios.
Implementar sistemas de información y generar modelos de gestión, formación y asistencia que desarrollen las capacidades de gobierno de las administraciones públicas estatales y municipales orientadas a la descentralización.
1.4.3. Promover acciones que contribuyan a una mejor delimitación entre los ámbitos de acción de los tres órdenes de gobierno.
 
Realizar y promover estudios, foros públicos y análisis relativos a la delimitación de las competencias de cada orden de gobierno, así como de los instrumentos normativos que facilitarían una mejor asignación de las mismas.
1.4.4. Fortalecer la coordinación interinstitucional para la atención, conservación y cuidado del territorio insular federal.
Atender, administrar y cuidar el territorio insular nacional, así como participar activamente en las reuniones interinstitucionales ordinarias en la materia y promover reuniones extraordinarias para casos específicos.
Estrategia 1.5. Prevenir y promover la resolución pacífica de conflictos.
Líneas de acción
1.5.1. Desarrollar acciones que permitan anticipar el surgimiento de conflictos y su posible escalamiento.
Elaborar escenarios de incidencia social para identificar conflictos potenciales en las entidades federativas. Definir agendas de riesgo, calendarizar eventos relevantes y plantear estrategias de atención que eviten el escalamiento de conflictos. Atender y canalizar las peticiones que formulen los ciudadanos y organizaciones sociales, brindar asesoría, orientación y capacitación. Definir y aplicar Protocolos de Atención Ciudadana.
1.5.2. Establecer mecanismos que propicien el diálogo con las partes en situaciones de conflicto.
Atender las demandas de personas, comunidades u organizaciones mediante acciones coordinadas con funcionarios de los tres órdenes de gobierno. Reducir la tensión y el nivel de conflicto entre las partes involucradas mediante recorridos de trabajo, coordinación de mesas de diálogo, y el establecimiento y seguimiento de compromisos asumidos en las negociaciones. Instalar y dar seguimiento al Grupo de Trabajo Interinstitucional de Atención Ciudadana y Concertación Política.
1.5.3. Impulsar la armonización del marco legal con los tratados nacionales e internacionales en materia indígena.
Promover la participación indígena en procesos de construcción de acuerdos y elaboración de iniciativas de ley, que permitan la armonización del marco constitucional mexicano con las disposiciones nacionales e internacionales vigentes. Lo anterior a través de protocolos de trabajo que garanticen el respeto pleno de los derechos constitucionales en favor de los pueblos y comunidades indígenas de México.
1.5.4. Promover la resolución de conflictos laborales a través del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Dar cumplimiento a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, mediante la resolución de las demandas presentadas. Las actividades del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje quedarán establecidas en su programa institucional.
Estrategia 1.6. Actualizar y verificar el cumplimiento del orden normativo en materia de radio, televisión, cinematografía, así como de juegos y sorteos.
Líneas de acción
1.6.1. Vigilar que las transmisiones de medios de comunicación cumplan con las disposiciones de la normatividad aplicable.
Regular los contenidos de las transmisiones de radio y televisión, expedir certificados de origen de las películas cinematográficas, autorizar la distribución, exhibición y comercialización de películas en el territorio nacional, supervisar el contenido de la programación de televisión restringida o de paga, entre otros. Asesorar y atender a concesionarios y permisionarios a efecto de brindarles información que propicie el cumplimiento del marco normativo.
1.6.2. Elaborar estudios y proyectos jurídicos en materia de radio, cinematografía, televisión abierta y restringida.
Analizar e investigar el orden jurídico aplicable a la materia para emitir pronunciamientos respecto de proyectos de reforma o adiciones.
1.6.3. Fortalecer el Sistema de Monitoreo Digital de señales de radio y televisión.
Promover lineamientos que faciliten la transición digital de señales de radio y televisión, aumentar el tamaño de la muestra de monitoreo, así como el número de horas y estaciones correspondientes con
apoyo de nuevas tecnologías. Fortalecer y actualizar los procedimientos de monitoreo del contenido informativo, programático y de tiempos oficiales. Capacitar al personal sobre disposiciones normativas y establecer estándares para que los reportes de monitoreo puedan ser considerados como prueba en un proceso jurídico.
1.6.4. Vigilar el cumplimiento y actualización del marco regulatorio de juegos y sorteos.
Verificar el cumplimiento de la normatividad, atender y resolver quejas, reclamaciones y procedimientos administrativos y jurisdiccionales provenientes del desarrollo y resultado de juegos con apuestas y sorteos. Generar convenios de coordinación para mejorar la gestión y entrega de permisos para salas de sorteos y centros de apuestas remotas. Fortalecer y mejorar los procedimientos para conocer, investigar y resolver las quejas. Impulsar reformas que permitan fortalecer el marco de regulación, gestión y de procesos para la expedición de permisos para celebrar juegos con apuesta y sorteos, así como para la inspección y vigilancia del cumplimiento de los términos y condiciones de los mismos.
Estrategia 1.7. Proporcionar servicios de comunicación y divulgación confiables y de calidad a la Administración Pública Federal.
Líneas de acción
1.7.1 Generar, producir y distribuir contenidos audiovisuales de interés público.
Impulsar el sistema de producción, adquisición y distribución de contenidos audiovisuales educativos, culturales, cívicos y de beneficio social. Fortalecer las capacidades operativas para la generación, producción y distribución de contenidos a través de la ampliación de la cobertura de la televisión pública; la provisión de servicios de referencia tecnológica para el proceso de transición de la Televisión Digital Terrestre (TDT), la creación, operación y actualización de la red de antenas retransmisoras y el impulso de mecanismos que apoyen la consolidación de la radiodifusión pública digital y de los contenidos audiovisuales. Las actividades del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales quedarán establecidas en su programa institucional.
1.7.2 Brindar servicios de publicación y comunicación a través de artes gráficas con calidad, seguridad y confiabilidad.
Brindar servicios de impresión y publicación, así como producir y comercializar productos y servicios por medio de las artes gráficas para satisfacer las necesidades de la Administración Pública Federal, de los entes públicos y los organismos autónomos. Las actividades de Talleres Gráficos de México quedarán establecidas en su programa institucional.
1.7.3 Divulgar oportunamente y de manera oficial los actos y ordenamientos de los poderes de la Unión.
Proporcionar servicios de publicación, divulgación y consulta de las leyes, actos administrativos y ordenamientos emitidos por los poderes de la Unión a través del Diario Oficial de la Federación.
Objetivo 2. Mejorar las condiciones de seguridad y justicia.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece la meta nacional "Un México en Paz que garantice el avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de su población". Para alcanzarla es imprescindible mejorar las condiciones de seguridad y justicia. Ello requiere: enfatizar en la prevención de las amenazas y riesgos a la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, fortalecer la generación de inteligencia y la cooperación interinstitucional; mejorar las capacidades y estrategias operativas para abatir los delitos que más afectan a la sociedad; disminuir los factores de riesgo asociados a la criminalidad mediante una política de prevención social de la violencia y la delincuencia; avanzar en favor de una justicia pronta, expedita e imparcial en la implementación de la reforma en materia de justicia penal.
Las estrategias y líneas de acción propuestas en el sector para mejorar las condiciones de seguridad y justicia, se enmarcan en la nueva política pública de seguridad y justicia definida por el Gobierno de la República. Ésta tiene como propósitos fundamentales la reducción de la violencia, el combate a los delitos que más vulneran a la sociedad y el restablecimiento de la paz en nuestro país. La visión integral de esta política está sustentada en diez estrategias basadas en: la prevención del delito y reconstrucción del tejido social; justicia penal eficaz; profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos de policía; transformación del sistema penitenciario; promoción y articulación de la participación ciudadana; cooperación internacional; información que sirva al ciudadano; coordinación entre autoridades; regionalización; y fortalecimiento de la inteligencia.
Estrategia 2.1. Contribuir a garantizar la Seguridad Nacional.
Líneas de acción
 
2.1.1. Promover acciones para garantizar la Seguridad Nacional, conforme al Programa para la Seguridad Nacional y los mecanismos de coordinación interinstitucional.
Contribuir a garantizar la Seguridad Nacional mediante el cumplimiento de las funciones y atribuciones de la Secretaría de Gobernación. Impulsar las acciones para preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa para la Seguridad Nacional. Participar en los grupos de coordinación interinstitucional con el propósito de promover acciones para preservar la Seguridad Nacional. Fortalecer la cooperación en la materia en el ámbito nacional e internacional.
2.1.2. Fortalecer el funcionamiento del sistema de investigación e información que contribuya a preservar la Seguridad Nacional.
Promover la eficiencia e incremento de capacidades para la generación de inteligencia. Impulsar mecanismos para establecer y operar los procesos de fusión de inteligencias especializadas en el marco del Sistema de Seguridad Nacional.
Estrategia 2.2. Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad.
Líneas de acción
2.2.1. Establecer una coordinación efectiva entre dependencias, órdenes de gobierno y organizaciones de la sociedad civil en materia de seguridad.
Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y apoyar a los integrantes del sistema en el desarrollo de acciones para su cumplimiento. Definir estrategias coordinadas para promover la prevención social de la violencia y la delincuencia a través de la Comisión Intersecretarial y las comisiones interinstitucionales estatales. Generar alianzas con las organizaciones de la sociedad civil que aportan al desarrollo de estrategias de prevención. Promover, a través de las juntas de seguimiento y evaluación policial en las entidades federativas, la corresponsabilidad de la sociedad civil en la prevención del delito y mejora del entorno social. Implementar operativos conjuntos en apoyo a los gobiernos estatales para garantizar la seguridad. Llevar a cabo reuniones de coordinación del Gabinete Especializado de México en Paz con los gobernadores de los estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
2.2.2. Gestionar la ministración de los recursos de fondos y subsidios federales para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.
Ministrar de forma transparente y eficiente los recursos de los fondos y subsidios federales en materia de seguridad pública. Verificar y asegurar que los recursos ministrados se orienten a acciones y fines que contribuyan al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y municipios.
2.2.3. Generar información y herramientas de comunicación para mejorar la seguridad pública y fortalecer la coordinación nacional e internacional.
Establecer los criterios que permitan homologar e integrar bases de datos a nivel nacional con información oportuna y de calidad. Mantener y fortalecer el Sistema Único de Información Criminal. Fortalecer los Sistemas Automatizados de Identificación con el propósito de apoyar la labor de inteligencia policial. Consolidar el Informe Policial Homologado para incorporar de forma clasificada, y bajo un estándar, los resultados de la acción policial de los tres órdenes de gobierno. Promover vínculos de coordinación, cooperación e intercambio de información en materia policial con autoridades e instancias nacionales e internacionales.
2.2.4. Promover la profesionalización y la homologación de la carrera policial en los tres órdenes de gobierno.
Impulsar la profesionalización y homologación de la carrera policial. Fortalecer la profesionalización de los elementos de la policía mediante convenios con instituciones académicas de nivel superior y con instituciones policiales de otros países. Incorporar contenidos en materia de derechos humanos y género en los planes y programas de estudio de los cuerpos de policía. Promover la capacitación de los elementos policiales en materia del nuevo Sistema Penal Acusatorio. Capacitar a los integrantes de las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro. Capacitar a los elementos del Servicio de Protección Federal en inducción al servicio, así como en materia de derechos humanos y perspectiva de género en el ejercicio de sus funciones.
2.2.5. Promover la certificación y control de confianza del personal de seguridad en los tres órdenes de gobierno.
Impulsar el fortalecimiento de los centros de evaluación y control de confianza mediante la certificación y acreditación de sus procesos. Promover y dar seguimiento a las evaluaciones de control de confianza de los cuerpos de seguridad y justicia en los tres órdenes de gobierno.
 
2.2.6. Reorganizar a la Policía Federal y crear la División de Gendarmería de la Policía Federal para hacer más eficiente su operación.
Coordinar a nivel regional los esfuerzos de las fuerzas de seguridad pública y procuración de justicia para combatir los delitos de mayor impacto en la sociedad. Focalizar acciones policiales en cinco regiones del país de acuerdo a las características específicas que presenta el fenómeno delictivo. Intensificar los esquemas de vigilancia en las carreteras federales mediante el Programa Cuadrantes Carreteros en 136 cuadrantes para prevenir y disuadir la comisión de delitos. Formación de la División de Gendarmería de la Policía Federal, un cuerpo policiaco con formación militar y adiestramiento policial, que operará, como parte de la Policía Federal, bajo mandos civiles y atenderá misiones específicas no permanentes en protección de la ciudadanía y salvaguarda de sus bienes y actividades.
2.2.7. Promover la aplicación de protocolos homologados con perspectiva de género.
Promover la aplicación de protocolos con perspectiva de género de uso de la fuerza para asegurar el respeto a los derechos humanos por parte de los cuerpos de policía.
Estrategia 2.3. Coordinar la política para la prevención social de la violencia y la delincuencia con organismos gubernamentales, académicos, privados y ciudadanía.
Líneas de acción
2.3.1. Fomentar la alineación y articulación de programas, acciones y presupuestos en los tres órdenes de gobierno en materia de prevención.
Alinear, planificar y coordinar acciones entre los tres órdenes de gobierno en el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Entregar lineamientos de operación y transferir recursos a las entidades federativas y los municipios o delegaciones responsables de su ejecución. Suscribir convenios y anexos con entidades federativas y municipios en materia en prevención social de la violencia y la delincuencia. Vinculación y coordinación con la Comisión Intersecretarial para la prevención social de la violencia y la delincuencia para el diseño e implementación de programas y acciones de prevención social.
2.3.2. Generar los lineamientos y metodologías para la instrumentación y seguimiento de intervenciones en materia de prevención social.
Elaborar los lineamientos de estrategias en materia de prevención social. Definir poblaciones prioritarias para el programa y los requerimientos mínimos a cumplir en el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Entregar metodologías para la elaboración de diagnósticos documentales y participativos, diseñar y difundir metodologías de intervención social, material para el trabajo con niños, niñas, jóvenes, mujeres, migrantes y población penitenciaria, y entregar material didáctico para la elaboración de evaluaciones participativas para medir la percepción de los usuarios y comunidades intervenidas.
2.3.3. Promover la capacitación y asesoría en acciones de prevención social para los funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno.
Capacitar a funcionarios en el tema de prevención social de las demarcaciones del Programa. Capacitar en aspectos generales del enfoque de prevención social con plataformas en línea, cursos virtuales, semi-presenciales y presenciales en alianza con organizaciones internacionales e instituciones de educación superior. Asesorar permanentemente a cada demarcación focalizada en la ejecución del programa.
2.3.4. Impulsar acciones de prevención de la violencia y la delincuencia en grupos en situación de vulnerabilidad y comunidades indígenas.
Desarrollar acciones preventivas de la violencia escolar. Fomentar el arte, la cultura, el deporte y la recreación en espacios comunitarios para la infancia, juventud y mujeres. Incentivar alternativas de educación no formal para jóvenes desertores del sistema escolar. Promover acciones para prevenir el delito de trata de personas. Promover la formación de capacidades orientadas a favorecer procesos de autonomía y empoderamiento de las mujeres. Desarrollar estrategias integrales para la prevención de violencia de género. Impulsar acciones de atención psicosocial, jurídica, económica y de protección a mujeres víctimas de violencia. Impulsar acciones para la prevención de delitos en contra de la población migrante. Impulsar programas para hijos y familiares de personas privadas de su libertad. Desarrollar programas para jóvenes en conflicto con la justicia, principalmente, primodelincuentes. Coadyuvar en la implementación de medidas preventivas del delito, mediante el diálogo con las comunidades indígenas.
2.3.5. Impulsar la creación y el fortalecimiento de organizaciones sociales y redes ciudadanas para su participación en materia de prevención social.
Establecer en cada municipio prioritario para el programa de prevención, la generación de redes ciudadanas para acompañar y orientar el proceso de implementación de las acciones del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Fomentar la participación de
organizaciones sociales a partir del involucramiento en proyectos específicos, identificar las organizaciones sociales en las demarcaciones territoriales focalizadas por el Programa y convocarlas a trabajar de manera coordinada.
2.3.6. Promover la generación de información para la prevención social en los tres órdenes de gobierno, la academia y la sociedad civil.
Impulsar la elaboración de diagnósticos locales sobre causas y factores de riesgos presentes en los territorios, que inciden en la violencia y delincuencia. Realizar encuestas nacionales y locales para profundizar el conocimiento del fenómeno. Promover la generación de diversos mecanismos comunicacionales y uso de nuevas tecnologías para difusión de los resultados de las investigaciones y estudios locales. Difundir las evaluaciones de las intervenciones y sistematización de las buenas prácticas. Fomentar la vinculación con instituciones académicas en los programas de cada demarcación territorial, para coadyuvar en la investigación y las intervenciones sociales.
2.3.7. Impulsar una efectiva vinculación y corresponsabilidad de las instituciones de seguridad y prevención con organismos privados.
Establecer convenios para el desarrollo de estrategias de intervención en coordinación con el sector privado. Elaborar un catálogo de especialistas en materia de prevención social de las violencias a nivel nacional e internacional. Impulsar convenios con instituciones públicas y privadas en materia de educación, salud y trabajo, para la construcción de un modelo de reinserción social. Fortalecer las acciones de coordinación, control y supervisión para garantizar los servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones. Coordinar un sistema de colaboración permanente entre el sector de la seguridad privada y el Gobierno de la República, para el intercambio de información de los centros de monitoreo del sector en la prevención de los delitos.
2.3.8. Fomentar que los medios de comunicación difundan información sobre prevención social de la violencia y la delincuencia.
Elaborar manuales de identidad del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y su distribución a las demarcaciones participantes. Vincular con los medios locales para difundir las acciones ejecutadas en el marco del Programa en los territorios intervenidos: spot radiales, periódicos, programas televisivos, entre otros. Elaborar campañas mediáticas para difundir y sensibilizar respecto a la prevención de violencias específicas como la violencia en el noviazgo, contra la mujer, en el entorno escolar, entre otros.
Estrategia 2.4. Fomentar la cultura de legalidad y la participación ciudadana en materia de prevención social, seguridad y justicia.
Líneas de acción
2.4.1. Promover acciones de cultura de paz y de convivencia social.
Promover en las demarcaciones territoriales la generación de acciones de convivencia ciudadana: recreativas, culturales, deportivas, artísticas, educativas, todas ellas con contenidos preventivos para impulsar la reactivación de las comunidades, la participación y la apropiación del espacio público. Promover ferias, actividades masivas y campañas por la cultura de paz. Impulsar campañas de desarme o canje de juguetes bélicos en las comunidades e instituciones educativas.
2.4.2. Impulsar modelos para la negociación, mediación y resolución de conflictos en los ámbitos comunitario y escolar.
Promover la capacitación en modelos de mediación comunitaria. Impulsar programas de mediación comunitaria en las demarcaciones participantes. Generar programas de mediación escolar. Apoyar la creación o rehabilitación de espacios comunitarios para la realización de mediación comunitaria. Llevar a cabo seminarios en materia de negociación, mediación y resolución de conflictos.
2.4.3. Promover programas de cultura de legalidad y cultura ciudadana.
Impulsar cursos de capacitación en las instituciones educativas y en los centros comunitarios; talleres para recobrar la confianza institucional y fomentar la denuncia; talleres de sensibilización del respeto de la ley; talleres y campañas de cultura vial. Promover programas y campañas de fomento de la cultura vial y respeto de las leyes. Apoyar a las demarcaciones para la realización de actividades que generen cultura
de legalidad.
2.4.4. Promover esquemas de cercanía, confianza y proximidad entre las instituciones de seguridad y prevención social con la sociedad.
Promover programas de reconciliación entre policía y sociedad que incidan en la seguridad de las comunidades, a través de capacitación, reuniones con la comunidad y visitas a instituciones educativas. Apoyar la implementación de modelos policiales de orientación comunitaria desde la perspectiva de género y juventudes. Fomentar la transparencia y rendición de cuentas en los programas de prevención social para fomentar la confianza recíproca entre ciudadanía y gobierno. Promover a través de las juntas de seguimiento y evaluación policial en las entidades federativas la corresponsabilidad de la sociedad civil en la prevención del delito y mejora del entorno social. Brindar asesorías a la comunidad para prevenir el delito de extorsión telefónica.
2.4.5. Fortalecer la vinculación ciudadana con las instituciones de seguridad y justicia para la atención de quejas y demandas.
Fomentar procesos de contraloría social en las acciones de prevención de la violencia y la delincuencia implementadas en las demarcaciones territoriales. Promover junto con la ciudadanía una cultura de prevención y combate a la corrupción en las corporaciones policiales. Establecer medios y canales de comunicación accesibles a la sociedad, para la atención de denuncias ciudadanas en diversas plataformas. Atender las denuncias ciudadanas recibidas en el Centro de Atención del Comisionado Nacional de Seguridad. Implementar mecanismos de denuncia ciudadana para reportar actos de corrupción en carreteras. Diseñar instrumentos de denuncia ciudadana en los aeropuertos del país.
2.4.6. Impulsar el establecimiento de mecanismos que consideren las especificidades culturales de los pueblos indígenas en las prácticas jurídicas.
Promover en mesas de trabajo, talleres y reuniones, los mecanismos de actuación en materia jurídica a los que tienen derechos las personas, comunidades y pueblos indígenas. Atender las solicitudes de indígenas que se encuentran en procesos jurídicos, en coordinación con las instancias de procuración de justicia para que sean considerados sus derechos y especificidades culturales.
Estrategia 2.5. Fortalecer el Sistema Penitenciario Federal y el de menores de edad que infringen la Ley Penal promoviendo la reinserción social.
Líneas de acción
2.5.1. Impulsar, en el Sistema Penitenciario Federal, acciones que promuevan la reinserción social.
Implantar y operar el nuevo sistema de justicia penal en el Sistema Penitenciario Federal. Recuperar, diseñar, probar y generalizar opciones de reinserción social para todas aquellas personas sentenciadas con pena corporal. Impartir y mejorar de manera continua la educación que se ofrezca a los internos, así como el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación para la salud y la promoción del deporte. Promover la capacidad productiva de los internos en situaciones de trabajo remunerado, con base en necesidades reales de bienes y servicios.
2.5.2. Ampliar y modernizar la infraestructura penitenciaria federal.
Impulsar la construcción y adecuación de infraestructura penitenciaria federal con perspectiva de género, para coadyuvar a la despresurización de los penales estatales y municipales. Instalar equipo tecnológico y sistemas electrónicos de seguridad que permitan el monitoreo de internos, así como el control de empleados y personal de seguridad, a fin de evitar la operación delictiva al interior de los centros penitenciarios.
2.5.3. Reubicar a los internos que se requiera, de acuerdo con la ley aplicable en la materia.
Llevar a cabo los traslados de internos a centros federales y de aquellos que requieran medidas especiales de seguridad o vigilancia, a fin de dar cumplimiento a los compromisos contraídos con los gobiernos de las entidades federativas.
2.5.4. Promover la profesionalización del personal penitenciario e impulsar el servicio de carrera penitenciario.
Fortalecer la profesionalización del personal penitenciario, bajo un esquema de derechos humanos y
perspectiva de género a través de propuestas de contenidos dirigidos al Programa Rector Penitenciario, Sistema de Carrera y esquemas de Profesionalización Penitenciaria. Promover en los tres órdenes de gobierno el desarrollo de los cuerpos de seguridad y procuración de justicia, mediante la certificación de los elementos y la profesionalización y homologación del servicio de carrera penitenciario.
2.5.5. Impulsar la adecuación de la legislación secundaria al Sistema Penitenciario nacional y a la protección de los derechos humanos.
Elaborar proyectos de reforma a la legislación secundaria del sistema penitenciario con un enfoque de protección de los derechos humanos y perspectiva de género, basados en el examen de las condiciones de vida en reclusión y la revisión de sanciones impuestas.
2.5.6. Consolidar el sistema nacional de información penitenciaria.
Implementar y administrar las bases de datos que contengan los registros de la población penitenciaria de la federación, asimismo verificar su actualización y su desagregación por sexo. Contribuir a la integración de los Sistemas Automatizados de Identificación a través del registro de huellas dactilares y palmares, de voz y de fotografía de los internos.
2.5.7. Impulsar programas de reinserción social extramuros.
Operar un programa que incluya la participación de la iniciativa privada, Organizaciones de la Sociedad Civil, los gobiernos estatales y el Gobierno Federal en la reinserción social de liberados y preliberados.
2.5.8. Fortalecer los programas de prevención y atención de menores.
Diseñar y operar el Sistema Federal de Justicia para Adolescentes, respecto a la ejecución de las medidas dictadas por el juez competente, mediante acciones institucionales, con el fin de lograr la reinserción a la familia y la comunidad, evitando la reincidencia delictiva.
2.5.9. Impulsar una coordinación efectiva del Sistema Penitenciario, entre Federación, estados y municipios, y con organizaciones académicas y privadas.
Desarrollar mecanismos de colaboración y coordinación para hacer efectiva la política de reinserción social, con base en resultados de investigación y de las aportaciones de los distintos órdenes de gobierno y de organizaciones académicas y sociales.
Estrategia 2.6. Impulsar la implementación del Sistema Penal Acusatorio.
Líneas de acción
2.6.1. Otorgar a las entidades federativas subsidios para la implementación del Sistema de Justicia Penal.
Transferir a las entidades federativas los recursos correspondientes al subsidio establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación destinado para la Implementación de la Reforma Penal, a través de convenios de coordinación; y dar asistencia y acompañamiento técnico a las entidades federativas para la ejecución de los proyectos.
2.6.2. Coadyuvar a la alineación normativa federal y de las entidades federativas al Sistema Penal Acusatorio establecido en la Constitución Federal.
Apoyar a las autoridades federales y de las entidades federativas en la elaboración de los proyectos normativos alineados al sistema penal acusatorio, así como apoyar a las autoridades federales en la elaboración de las leyes de ejecución de sanciones penales, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de medidas cautelares. Identificar con las autoridades federales la prioridad de armonización de otras normas para apoyar en la elaboración de los proyectos.
2.6.3. Proporcionar asistencia técnica en materia de reorganización, infraestructura y tecnologías para implementar el Sistema de Justicia Penal.
Desarrollar nuevos modelos, diagramas de procesos y prototipos organizacionales, que contribuyan a la implementación gradual e integral en las entidades federativas y la Federación, del nuevo Sistema de Justicia Penal. Implementar un "Plan Estratégico de Infraestructura Física", partiendo de un diagnóstico de infraestructura actual, que permita identificar opciones de construcción de espacios arquitectónicos adecuados para los operadores sustantivos del sistema acusatorio y que faciliten la interrelación entre las instituciones. Promover el uso de las tecnologías de la información y comunicación que mejoren los
procesos, optimice el uso de recursos económicos, brinde servicios de calidad a los ciudadanos y fortalezca los mecanismos de transparencia. Planear visitas de asistencia, de acuerdo al grado de implementación de la reforma. Llevar a cabo foros de análisis para compartir experiencias y buenas prácticas de aquéllas entidades que han iniciado la reorganización y operación del sistema acusatorio.
2.6.4. Impulsar la capacitación de los operadores del Sistema de Justicia Penal.
Implementar un Programa Nacional de Capacitación en materia del Sistema Penal Acusatorio, que contemple y sume la participación de todos los operadores desde un enfoque integral.
2.6.5. Promover la participación de instituciones públicas, privadas y organismos internacionales para implementar el Sistema de Justicia Penal de manera coordinada.
Identificar las principales instituciones públicas, privadas y organismos internacionales que lleven a cabo acciones para la implementación del Sistema de Justicia Penal en las entidades federativas, y establecer contactos formales para lograr sinergias en el proceso de implementación de la reforma en la materia. Formalizar estrategias de colaboración y coordinación por medio de la firma de acuerdos u otro tipo de mecanismo formal.
2.6.6. Difundir entre la ciudadanía los beneficios del Sistema de Justicia mediante un programa transversal.
Llevar a cabo el programa de comunicación transversal que sume las capacidades de los operadores del sistema, como campaña de Estado, con el objetivo de permear en el conocimiento general de la población sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal.
Objetivo 3. Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres.
El respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos son condiciones necesarias para una democracia plena y base para el desarrollo del país. Es por ello y por la sentida demanda de la población sobre la inseguridad e incertidumbre que las violaciones a estos derechos suponen, que esta administración adopte los derechos humanos como una prioridad del gobierno.
Para garantizar el respeto y protección a los derechos humanos se impulsará una política de Estado que amplíe las capacidades institucionales, se fortalecerán los mecanismos institucionales de coordinación con diversos actores, tanto nacionales como internacionales, y se formularán estrategias de atención integral a víctimas y grupos en situación de vulnerabilidad.
Este esfuerzo conjunto se realizará con base en lo establecido en el Programa Nacional de Derechos Humanos, Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018, Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación y el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, que desde una perspectiva amplia y transversal, fungirán como ejes rectores de los programas y acciones en la materia.
En este sentido, se implementarán políticas encaminadas a la construcción de la igualdad de trato, que permitan prevenir y combatir la discriminación en los ámbitos público y privado, se buscará un acercamiento constante con los pueblos y comunidades indígenas y se coordinarán, en los tres órdenes de gobierno, acciones de prevención, atención y sanción de la violencia en contra de las mujeres.
Estrategia 3.1. Instrumentar una política de Estado en Derechos Humanos.
Líneas de acción
3.1.1. Implementar el Programa Nacional de Derechos Humanos como instrumento rector de las políticas públicas en la materia.
Elaborar el Programa Nacional de Derechos Humanos como la expresión de la política de Estado en la materia. Diseñar las bases para la operación del programa con la participación de la sociedad civil y sus organizaciones. Instrumentar herramientas que faciliten a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la definición de políticas públicas con un enfoque de derechos humanos.
3.1.2. Establecer mecanismos de coordinación con los diversos actores responsables de la política de estado en materia de derechos humanos.
Establecer los mecanismos de coordinación y vinculación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, órganos autónomos, los Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, para articular sus acciones, en el marco de sus respectivas competencias, al cumplimiento del
Programa Nacional. Colaborar con organismos internacionales, a efecto de impulsar la promoción de los derechos humanos bajo los más altos estándares que rigen la materia.
3.1.3. Generar y obtener información sobre el goce y ejercicio de los derechos humanos en el país.
Promover metodologías que brinden insumos para conocer la situación de los derechos humanos en el país y estar en posibilidad de generar un diagnóstico integral sobre los avances y dificultades en el goce y ejercicio de los derechos humanos.
3.1.4. Crear mecanismos de evaluación del Programa Nacional de Derechos Humanos.
Establecer mecanismos para dar seguimiento y evaluación a los avances del Programa Nacional de Derechos Humanos. Promover la participación de la sociedad civil en el seguimiento y evaluación de las acciones del Programa Nacional de Derechos Humanos. Impulsar la comunicación e intercambio de información con los Poderes de la Unión, con los diferentes órdenes de gobierno y con los organismos autónomos involucrados.
Estrategia 3.2. Impulsar la implementación de los principios contenidos en la reforma constitucional de derechos humanos y adecuar el marco jurídico aplicable.
Líneas de acción
3.2.1. Promover la articulación entre los poderes, órdenes de gobierno y órganos autónomos para fortalecer la integralidad del proceso de implementación.
Elaborar con los Poderes Legislativo y Judicial, un diagnóstico sobre los avances en la implementación de la reforma constitucional, a fin de evaluar el avance y obstáculos que se han tenido en los dos primeros años de vigencia. Constituir un Consejo Ciudadano para definir las directrices del proceso de implementación de la reforma y darle seguimiento. Fortalecer la vinculación con los diferentes órdenes de gobierno con el objetivo de coadyuvar a la implementación de la reforma a nivel nacional.
3.2.2. Capacitar sobre los principios constitucionales de derechos humanos a servidores públicos federales y colaborar en otros procesos de formación.
Celebrar convenios de colaboración con las instancias que integran la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para la capacitación del personal adscrito a las procuradurías locales y a la Procuraduría General de la República. Llevar a cabo sesiones de formación a nivel nacional con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e instrumentar una plataforma de educación a distancia para servidores públicos del Gobierno de la República, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Impulsar convenios de colaboración con instituciones académicas.
3.2.3. Difundir el conocimiento de la reforma constitucional de derechos humanos entre la sociedad.
Difundir y posicionar el tema de la reforma constitucional en la agenda local y darla a conocer entre los distintos sectores de la población en las entidades federativas. Ello a través de sesiones de divulgación, publicaciones y acciones conjuntas con la sociedad civil, organismos autónomos de derechos humanos locales e instituciones académicas, entre otros.
3.2.4. Promover instrumentos jurídicos que fortalezcan el marco de protección y defensa de los derechos humanos.
Armonizar el marco jurídico, promoviendo adicionalmente a la reforma constitucional, adecuaciones a la normatividad legal y administrativa, en particular, elaborando un proyecto de iniciativa de Ley que regule el uso de la fuerza de conformidad con los estándares internacionales, así como de lineamientos para la redacción de manuales y protocolos que regulen el uso de la fuerza.
Estrategia 3.3. Coordinar el cumplimiento de recomendaciones y sentencias en materia de derechos humanos.
Líneas de acción
3.3.1. Coordinar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CNDH a las instancias del Gobierno Federal.
Coordinar a las dependencias de la Administración Pública Federal para el adecuado cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Elaborar e implementar mecanismos encaminados a hacer más eficiente el seguimiento de las recomendaciones para su debido cumplimiento. Mantener una base de datos actualizada de las recomendaciones emitidas.
3.3.2. Coordinar el cumplimiento de sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
 
Garantizar con estricto apego a las leyes el cumplimiento de las sentencias y/o recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano, por medio de la coordinación con las diversas instancias de la Administración Pública Federal y de los órdenes de gobierno. Dar cumplimiento a las reparaciones e implementar las medidas cautelares y provisionales emitidas por organismos competentes.
Estrategia 3.4. Fortalecer la asistencia a víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, así como a personas en situación de vulnerabilidad.
Líneas de acción
3.4.1. Coordinar acciones para el funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas en el marco de la Ley aplicable.
Dar seguimiento a las resoluciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y proponer acciones para la correcta aplicación de la Ley General de Víctimas en la atención integral de las personas que requieran asistencia.
3.4.2. Coadyuvar en la búsqueda y localización de personas desaparecidas o no localizadas, y brindar acompañamiento a sus familiares.
Coordinar acciones con los tres órdenes de gobierno para contribuir a la localización de personas desaparecidas. Asistir a los familiares de las personas desaparecidas para facilitarles la obtención del apoyo que requieran.
3.4.3. Coordinar los mecanismos interinstitucionales para la atención del delito de trata de personas y asistencia de las víctimas.
Elaborar el Programa Nacional contra la Trata de Personas para articular la política del Gobierno de la República en la materia. Coordinar el funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y dar seguimiento a las acciones establecidas para su cumplimiento. Fomentar las acciones de prevención y la atención a las víctimas de este delito y a sus familiares.
3.4.4. Coordinar las acciones necesarias para hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todas sus formas.
Ejecutar acciones en coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el marco del Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Gobernación y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que contribuyan al respeto y cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia en México. Elaborar un protocolo de atención urgente de niñas, niños y adolescentes, víctimas de trata de personas.
3.4.5. Fortalecer el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Mantener una adecuada coordinación con instituciones del Gobierno de la República, a efecto de proteger la vida, la libertad y la seguridad de las personas en situaciones de riesgo y amenaza debido al ejercicio de sus actividades como defensores de derechos humanos y periodistas. Coordinar acciones con las autoridades estatales para impulsar convenios de colaboración que les brinden una protección integral. Impulsar la mejora continua de mecanismos para su atención y generar una base de datos de resguardo de información para los integrantes de la Junta de Gobierno, el Consejo Consultivo y el personal del Mecanismo, con el propósito de mantener la seguridad de la información y dar seguimiento a cada caso.
3.4.6. Promover el respeto y protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Realizar actividades de difusión y capacitación de la población indígena con el objetivo de promover un mayor conocimiento sobre sus derechos, libre determinación y autonomía, así como de sensibilización a los servidores públicos en materia de derechos indígenas, humanos y no discriminación. Participar en foros y cumbres nacionales e internacionales sobre el tema; además de realizar foros abiertos de discusión y análisis con representantes de comunidades indígenas, de las organizaciones sociales y de los académicos, entre otros.
Estrategia 3.5. Establecer una política nacional de promoción de la igualdad y combate a la discriminación.
Líneas de acción
3.5.1. Implementar el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
 
Elaborar el Programa Nacional para articular la política del Gobierno de la República en materia de garantía del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Coordinar a través de mecanismos de seguimiento y evaluación a las dependencias del Ejecutivo Federal para su adecuada implementación.
3.5.2. Promover la armonización legislativa considerando los estándares internacionales de derechos humanos en materia de igualdad y no discriminación.
Impulsar una iniciativa de Ley General que sirva como marco para prevenir y eliminar la discriminación en todos los órdenes de gobierno. Avanzar en la obligación del Estado mexicano de eliminar los aspectos discriminatorios en la legislación vigente, así como elaborar estudios dirigidos a los Congresos federal y locales para crear las bases de la tarea legislativa sin discriminación.
3.5.3. Promover la adopción de medidas positivas para generar condiciones de igualdad y evitar la discriminación de personas o grupos.
Promover la revisión de los programas, acciones y servicios del sector para que contengan una perspectiva no discriminatoria. Diseñar políticas públicas de protección específica para grupos históricamente discriminados, a fin de generar condiciones de igualdad de trato y de resultados. Implementar acciones para la capacitación y toma de conciencia del derecho a la igualdad y no discriminación al interior de las dependencias. Promover estrategias para la inclusión y el ejercicio de derechos de grupos tradicionalmente discriminados, como es el caso de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI), así como a la población afrodescendiente.
3.5.4. Propiciar un cambio cultural en materia de igualdad y no discriminación.
Promover acciones de sensibilización y de toma de conciencia con el objeto de modificar los prejuicios y estereotipos que causan la discriminación en la sociedad. Elaborar mensajes y contenidos para Radio y Televisión que lleguen a la población en su conjunto. Elaborar materiales didácticos en la materia. Promover eventos culturales con empresas, organizaciones sociales y medios de comunicación para impulsar una sociedad más incluyente.
3.5.5. Coordinar la atención a las recomendaciones internacionales y regionales emitidas al Estado mexicano en materia de igualdad y no discriminación.
Instrumentar mecanismos de coordinación eficaces al interior del Gobierno de la República para dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por órganos internacionales y regionales para México, en materia de igualdad y no discriminación. Instrumentar el seguimiento a las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD).
Estrategia 3.6. Coordinar la política nacional de prevención, atención y sanción para la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Líneas de acción
3.6.1. Diseñar y coordinar una política integral para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Elaborar con las instancias que integran el Sistema Nacional, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres para articular la política del Gobierno de la República en el tema, a partir de los cuatros ejes de acción establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los tratados internacionales suscritos por México en la materia. Coordinar y dar seguimiento a las acciones en cumplimiento del Programa Integral, a través del Sistema Nacional.
3.6.2. Establecer mecanismos de coordinación en los órdenes de gobierno para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Generar mecanismos de coordinación y colaboración con gobiernos locales para la creación y fortalecimiento de Centros de Justicia para las Mujeres en las entidades federativas. Impulsar la creación de redes ciudadanas que favorezcan el empoderamiento de las mujeres en sus comunidades.
3.6.3. Fortalecer y armonizar el orden jurídico nacional con perspectiva de género acorde a los estándares internacionales en la materia.
Impulsar en los ámbitos estatal y federal, la armonización legislativa con perspectiva de género en atención a los estándares internacionales en materia de violencia contra las mujeres, con el fin de derogar
las disposiciones discriminatorias contra la mujer, en la materia penal, civil, administrativa y laboral.
3.6.4 Incorporar la perspectiva de género en el quehacer institucional de la Secretaría de Gobernación.
Implementar acciones de sensibilización en temas como igualdad de género, derechos humanos y no discriminación y realizar programas de capacitación en género, lenguaje incluyente, prevención de la violencia laboral dirigidos al personal de la Secretaría, en observancia de los principios internacionales de los derechos humanos de las mujeres. Promover la difusión de campañas internas para prevenir el acoso y hostigamiento sexual y la violencia laboral, así como suscitar acciones afirmativas en beneficio de mujeres y hombres al interior de la dependencia.
Objetivo 4. Desarrollar políticas integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos.
La evolución reciente de la normatividad en materia demográfica y migratoria demanda el establecimiento y consolidación de políticas convergentes de población y migración, con un enfoque integral. La Secretaría de Gobernación promoverá el establecimiento de los instrumentos de coordinación y cooperación para el diseño, ejecución y evaluación de políticas multisectoriales y sustentables a largo plazo, a fin de atender los fenómenos demográficos, la administración de servicios públicos y la provisión de los bienes, e información para que las personas ejerzan de manera plena sus derechos.
Las estrategias descritas en el presente objetivo reconocen el carácter multifactorial de la dinámica poblacional, así como la importancia y complejidad creciente del fenómeno migratorio. Respecto a la política de población, destaca la necesidad del análisis de la dinámica poblacional en su volumen, estructura y distribución, así como de su registro, lo que permitirá elaborar instrumentos eficaces para su identificación. En cuanto al tema migratorio resulta prioritario el diseño integral de una política que contemple las dimensiones de origen, destino, tránsito y retorno, en beneficio de las personas migrantes, así como la gestión eficiente, segura y digna de la movilidad internacional.
Por lo anterior, este objetivo contribuye a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de la población mexicana, y a velar por los intereses de las mexicanas y los mexicanos en el extranjero, así como a proteger los derechos de las personas extranjeras en el territorio nacional, objetivos nacionales estratégicos de la presente administración.
Estrategia 4.1. Fortalecer la conducción de la política de población mediante consideraciones sociodemográficas, el PNP 2014-2018 y la adecuación del marco normativo.
Líneas de acción
4.1.1. Fortalecer el conocimiento de la dinámica demográfica, poblaciones específicas y temas emergentes mediante la generación y difusión de insumos sociodemográficos.
Contribuir a una toma asertiva de decisiones en materia de política pública mediante acciones que aporten conocimiento sobre los fenómenos demográficos que afectan a la población, tales como la dinámica urbana y rural, la migración, la estructura y dinámica demográfica, la salud sexual y reproductiva, entre otros, con perspectiva de género. Realizar diagnósticos, consensuar metodologías e instrumentos para la estimación de la población, el número de hogares y viviendas en general y para poblaciones específicas como es el caso de la población indígena, mediante la coordinación interinstitucional, la participación en grupos de trabajo y la realización de estudios, basados en fuentes directas e indirectas, como insumos que apoyen el diseño, implementación y evaluación de programas orientados a ampliar las oportunidades de desarrollo de la población.
4.1.2. Elaborar e implementar el Programa Nacional de Población.
Realizar foros regionales de consulta a fin de recibir e integrar propuestas de todos los sectores Elaborar e implementar Programa Nacional de Población 2013-2018. Coordinar, impulsar y dar seguimiento a las acciones del Programa Nacional de Población, con base en los lineamientos y acciones establecidos para cada una de las dependencias y entidades participantes. Dar seguimiento y evaluación de las acciones enmarcadas dentro del Programa, a través de los informes de ejecución.
4.1.3. Adecuar el marco normativo a las necesidades del cambio demográfico.
Coordinar el trabajo interinstitucional, para analizar, evaluar y dar seguimiento a una posible iniciativa de reforma a la Ley General de Población que permita consolidar una política de población efectiva, que responda a la actual dinámica demográfica, a través de un ámbito de equilibrio, colaboración y con apego
a derecho.
Estrategia 4.2. Promover la educación y comunicación en materia de población, y reforzar la cooperación intergubernamental y con la sociedad civil.
Líneas de acción
4.2.1. Diseñar, producir y difundir mensajes sobre educación y comunicación en temas de población.
Generar estrategias y campañas institucionales de comunicación social y difusión de materiales informativos en diferentes medios de comunicación, sobre temas de población, salud sexual y reproductiva, entre otros, apegados a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y perspectiva de género.
4.2.2. Fomentar la planeación demográfica en el ámbito estatal.
Llevar a cabo acciones de coordinación, organización, capacitación, asesoría, asistencia técnica y de gestión con los diferentes órdenes de gobierno para regular y conducir los fenómenos demográficos. Celebrar acuerdos de coordinación con el gobierno federal y las entidades federativas en materia de población y planeación demográfica. Coordinar las reuniones de la Comisión Consultiva de Enlace con las entidades federativas con el objeto de identificar temas prioritarios de la agenda demográfica a realizarse en el ámbito estatal.
4.2.3. Establecer y fortalecer comisiones de trabajo en temas de población con instituciones gubernamentales, académicas, organismos multilaterales y OSC.
Establecer y participar en comisiones de trabajo permanentes con instituciones gubernamentales, académicas y organizaciones de la sociedad civil para promover temas de la agenda demográfica. Promover la presencia y la participación de México en organismos multilaterales relacionados con temas de población, a través de la cooperación e intercambio de información y experiencias.
Estrategia 4.3. Avanzar en la acreditación de la identidad de las personas residentes en el país.
Líneas de acción
4.3.1. Capturar, digitalizar y certificar los actos registrales de identidad (nacimiento, reconocimiento y adopción).
Conformar una base de datos nacional, como parte del Programa de Modernización Integral del Registro Civil, a través de la captura y digitalización de los actos registrales del estado civil que otorgan la identidad jurídica de las personas, para contar con información confiable y homogénea. Transferir a medios magnéticos y automatizados la información de los actos registrales existentes en el archivo histórico, las cuales se conservan en papel.
4.3.2. Actualizar y compartir datos registrales a nivel nacional mediante la interconexión de las Unidades Coordinadoras Estatales con el RENAPO.
Actualizar la "Base de Datos Nacional de Registro Civil", mediante la conexión en tiempo real de las Unidades Coordinadoras Estatales con la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal. Realizar, mediante la interconexión, las funciones de búsqueda, consulta, señalización, transcodificación y transferencia de datos para que las personas de diversas entidades federativas, puedan tramitar directamente documentos registrales sin necesidad de trasladarse a oficinas centrales del Registro Civil, evitando con ello gastos por el traslado.
4.3.3. Promover el uso del Formato Único de Actas de registro del Estado Civil de las personas.
Implementar el uso del Formato Único de Actas de registro del Estado Civil de las personas, mediante la realización de negociaciones en el seno del Consejo Nacional de Funcionarios de Registro Civil.
4.3.4. Depurar y actualizar la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población.
Continuar con la depuración y actualización de información contenida en la BDNCURP para incrementar su confiabilidad.
4.3.5. Coordinar los métodos de registro e identificación de personas en las administraciones públicas estatales, municipales y en la APF.
Suscribir instrumentos jurídicos que permitan a los gobiernos adoptar la normatividad en materia de registro e identificación de personas, así como la implementación de acciones tendientes a garantizar el "derecho a la identidad".
4.3.6. Ampliar la oferta de los servicios del SNIP para avanzar en el otorgamiento de certeza jurídica
a la población.
Promover el Acuerdo para la Adopción y Uso por la Administración Pública Federal de la Clave Única de Registro de Población con el fin de impulsar la asignación de la CURP a todas las personas que viven en territorio nacional, así como a los mexicanos residentes en el extranjero; fomentar que las instituciones públicas que integran algún registro de personas, adopten el uso de la CURP, para lo cual se proporcionará del marco normativo, los programas informáticos y la asistencia técnica y operativa para su cumplimiento.
4.3.7 Consolidar el SNIP y expedir el documento de identidad que acredite la personalidad de la población establecida por la legislación.
Realizar el análisis correspondiente para garantizar el derecho a la identidad ciudadana, y establecer los cambios jurídicos e institucionales requeridos en la materia para crear la Cédula de Identidad Ciudadana y el Registro Nacional de Población.
Estrategia 4.4. Proponer y coordinar una política migratoria integral.
Líneas de acción
4.4.1. Diseñar propuestas de política migratoria que permitan la atención integral del fenómeno migratorio.
Coordinar el Programa Especial de Migración 2014-2018, desde su elaboración, implementación, seguimiento y evaluación. Diseñar propuestas integrales de política pública que permitan articular las acciones que atiendan el fenómeno migratorio en México en coincidencia con el proyecto de desarrollo del país. Convocar y dar seguimiento a las sesiones del Consejo Consultivo de Política Migratoria a fin contribuir a la política migratoria. Analizar y proponer reformas al marco normativo en materia migratoria a fin de armonizarlo con los estándares internacionales vigentes. Establecer estrategias para el monitoreo, seguimiento y evaluación de la política y gestión pública del Estado mexicano en materia migratoria y del Programa Especial de Migración 2014-2018.
4.4.2. Promover mecanismos de cooperación y coordinación interinstitucionales que permitan una mejor articulación de las acciones en materia migratoria.
Generar espacios para la discusión y formación de acuerdos y grupos de trabajo con las autoridades vinculadas en la materia migratoria, otros Poderes de la Unión, gobiernos de las entidades federativas, la sociedad civil, organismos internacionales y gobiernos extranjeros involucrados en la atención del fenómeno migratorio.
4.4.3. Impulsar una cultura de regulación, respeto y valoración de la migración.
Coordinar y promover productos de información, educación y comunicación en la materia para ampliar el conocimiento y contribuir a la conformación de una cultura migratoria de orden, respeto y valoración de la migración. Promover el ejercicio de derechos de las personas migrantes. Promover la utilización de medios electrónicos para su difusión. Impulsar espacios de discusión para el análisis y debate sobre el fenómeno migratorio y las políticas en la materia.
4.4.4. Impulsar la generación de insumos de información para la política migratoria y la conformación de una nueva cultura migratoria.
Informar políticas y contribuir a una cultura del fenómeno migratorio, generando información a partir de encuestas, de estudios y análisis, del fortalecimiento de los registros administrativos y su transformación en estadística y de la elaboración oportuna de datos sustentados en patrones metodológicos estandarizados a nivel nacional e internacional.
Estrategia 4.5. Controlar, verificar y facilitar la movilidad humana.
Líneas de acción
4.5.1. Establecer mecanismos que incrementen las entradas regulares de extranjeros al país.
Promover acuerdos y tratados internacionales con los gobiernos de Estados Unidos de América y Centroamérica, que propicie flujos migratorios documentados, ordenados y seguros hacia y dentro del territorio mexicano. Dar seguimiento a los compromisos adquiridos al respecto en foros, mecanismos y organismos bilaterales y multilaterales en el ámbito internacional.
 
4.5.2. Modernizar los puntos de entrada al país y simplificar los trámites migratorios.
Hacer más eficiente la atención a la demanda de servicios mediante la modernizar de los puntos de atención y entrada de personas del país con la incorporación de tecnología y telecomunicaciones, tal que permita el control e identificación de la trayectoria de los connacionales y extranjeros que ingresan al país. Operar los programas biométricos: estaciones migratorias, viajero confiable y frontera sur.
4.5.3. Vigilar la adecuada aplicación de la normatividad migratoria.
Coordinar, evaluar y vigilar la adecuada aplicación de la normatividad en las estaciones migratorias, con el propósito de garantizar una estancia y trato dignos para los extranjeros durante su permanencia. Difundir procedimientos y resoluciones, así como habilitar la realización de trámites a través del sitio web del Instituto Nacional de Migración.
4.5.4. Fortalecer la coordinación intersectorial e interinstitucional, para atender y proteger a migrantes víctimas de delito, trata y tráfico de personas.
Fomentar la coordinación interinstitucional en el proceso de atención y protección de migrantes impulsando el adecuado control y registro de entradas, salidas y estancia en el país en los diferentes punto de internación, con especial atención a menores, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, en todas las etapas de la administración migratoria, así como a víctimas de los delitos de tráfico y trata de personas.
4.5.5. Mejorar el capital humano de los responsables de la atención a migrantes.
Instrumentar el programa de profesionalización de los agentes migratorios y personal responsable de la atención a los usuarios migratorios, en los siguientes temas de violencia contra migrantes, repatriación, derechos de los migrantes y tráfico y trata de personas. Crear la Academia de Capacitación para fomentar el desarrollo y profesionalización de los servidores públicos responsables de la gestión migratoria.
4.5.6. Fortalecer el sentido de pertenencia de los servidores públicos y combatir la corrupción en el Instituto Nacional de Migración.
Certificar a los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración para asegurar el cumplimiento de los perfiles profesionales, éticos, socioeconómicos y médicos. Evaluar permanentemente a los servidores públicos para garantizar la separación y sanción del personal que incurre en actos de corrupción y faltas de ética profesional. Continuar y mantener el programa de depuración del personal que no cumpla con los requisitos de ingreso y permanencia establecidos en la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y de la ley de Migración. Actualizar los procesos técnicos y de valoración integral de las evaluaciones de confianza. Fortalecer la política de atención a denuncias, identificación y sanción de prácticas de corrupción.
Estrategia 4.6. Fortalecer los mecanismos de repatriación de connacionales.
Líneas de acción
4.6.1. Revisar y renegociar los arreglos y mecanismos de repatriación.
Revisar y actualizar permanentemente los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Repatriación Ordenada, Segura y Humana México-Estados Unidos de América. Fortalecer los acuerdos y convenios de colaboración internacionales para el traslado de extranjeros asegurados.
4.6.2. Fortalecer el otorgamiento de apoyos a los connacionales repatriados.
Fortalecer las relaciones con los tres niveles de gobierno, sector privado y sociedad civil para reforzar las acciones de protección a migrantes repatriados. Ampliar los apoyos de alojamiento, alimentación, atención médica, servicios de comunicación a los connacionales que ingresan a territorio nacional por los módulos acordados entre los Gobiernos de México y los Estados Unidos de América. Modernizar el equipamiento a los Oficiales de Protección a la Infancia (OPI´s) y a los grupos de protección al migrante. Garantizar el alojamiento adecuado de las niñas, niños y adolescentes migrantes en los puntos de repatriación.
4.6.3. Implementar el Sistema Consolidado de Operación Migratoria en los módulos del Programa de Repatriación Humana.
Implementar el Sistema Consolidado de Operación Migratoria en todos los módulos del Programa de Repatriación Humana a fin de hacer posible el intercambio de información entre el Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM), el Sistema Integral de Control de Aseguramientos y Traslados en Estaciones Migratorias (SICATEM) y el Sistema Electrónico de Trámites Migratorios (SETRAM).
4.6.4. Impulsar iniciativas para crear fuentes de empleo e incorporar mano de obra calificada dirigidas a connacionales repatriados.
 
Promover la coordinación entre los sectores público, social y privado para el impulso de iniciativas que permitan la incorporación de los connacionales repatriados a programas de oferta laboral.
4.6.5. Fortalecer los grupos de protección al migrante en las fronteras.
Mejorar las capacidades operativas de los grupos de protección al migrante en las fronteras norte y sur, así como en las principales rutas interiores de mayor tránsito de migrantes. Impulsar convenios de colaboración y cooperación entre organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos federal, estatal y municipal para fortalecer las acciones de apoyo a migrantes. Crear nuevos grupos de protección al migrante en las fronteras. Impulsar la capacitación, profesionalización y certificación de los Grupos Beta de Protección a Migrantes, los Oficiales de Protección a la Infancia y el personal del Programa Paisano. Modernizar el equipamiento de los grupos de protección al migrante.
Estrategia 4.7. Elaborar y coordinar la política pública en materia de refugiados y extranjeros que reciben protección complementaria.
Líneas de acción
4.7.1. Mejorar la protección y asistencia de refugiados, solicitantes y extranjeros que reciben protección complementaria.
Llevar a cabo acciones para fortalecer el desarrollo del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado en México. Mejorar los procesos y adoptar buenas prácticas en materia de asistencia institucional, para atender las necesidades específicas de la población objetivo con respeto a sus derechos humanos. Llevar a cabo acciones dirigidas a la capacitación especializada al personal encargado de la atención de dicho grupo, armonizándola con estándares internacionales en la materia.
4.7.2. Suscribir convenios e implementar mecanismos de cooperación con organismos y sociedad civil involucrados en el tema de refugiados.
Promover la suscripción de los instrumentos jurídicos necesarios para la coordinación del gobierno federal con organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas, con el objetivo de brindar asistencia institucional y procurar la integración de refugiados a la sociedad mexicana.
Objetivo 5. Coordinar el Sistema Nacional de Protección Civil para salvaguardar a la población, sus bienes y entorno ante fenómenos perturbadores.
La gestión de la Secretaría de Gobernación en materia de protección civil se basa en cinco grandes estrategias: prevención, coordinación institucional e internacional, desarrollo de una sociedad resiliente, fortalecimiento de instrumentos financieros y promoción de mejoras al marco jurídico. Lo anterior en el marco de la meta México en Paz del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Para fortalecer el enfoque preventivo del SNPC se incluirán acciones de difusión de la cultura preventiva y de participación social, se creará y operará el Sistema Nacional de Alertas, se actualizará el Atlas Nacional de Riesgos para transformarlo en un instrumento más útil en la planeación del desarrollo y el ordenamiento territorial, entre otras actividades.
Con el fin de robustecer las capacidades institucionales en las entidades federativas, se emitirán lineamientos para la elaboración de programas internos de protección civil y planes de continuidad de operaciones, y se fomentará la vinculación internacional. Para desarrollar una sociedad resiliente, se incorporará el enfoque de la Gestión Integral de Riesgos en el desarrollo regional y se implementarán programas para contar con infraestructura con mayor capacidad de resistencia.
En materia de instrumentos financieros, se promoverá un incremento en inversión preventiva se impulsarán mejoras a las reglas de operación, así como la creación de instrumentos financieros locales, nuevos esquemas de aseguramiento y de transferencia de riesgos, entre otros.
Finalmente, se promoverá la homologación de la normatividad federal, estatal y municipal en materia de Gestión Integral de Riesgos, y la creación de normas oficiales mexicanas en el tema.
Estrategia 5.1. Fortalecer el enfoque preventivo del Sistema Nacional de Protección Civil.
Líneas de acción
 
5.1.1. Actualizar el Atlas Nacional de Riesgos a fin de identificar zonas de alto riesgo.
Asesorar a las entidades federativas en la elaboración de sus atlas de riesgos. Promover el acceso a los recursos del Fondo para la Prevención de Desastres en la elaboración de atlas estatales de riesgos. Integrar al Atlas Nacional de Riesgos las actualizaciones que las entidades federativas proporcionen en el ámbito local. Impulsar las recomendaciones derivadas del Atlas Nacional de Riesgos en materia de fenómenos naturales y antrópicos que permitan informar a la población de su condición ante la ocurrencia de dichos eventos. Prevenir a las entidades federativas del establecimiento de asentamientos humanos en zonas con peligro alto por fenómenos perturbadores. Establecer escenarios de peligro potencial con la finalidad de planificar medidas preventivas ante emergencias y desastres. Orientar la toma de decisiones de los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, de acuerdo al fenómeno perturbador y la situación geográfica de su posible ocurrencia.
5.1.2. Difundir la cultura preventiva e impulsar la participación social.
Impulsar una intensa campaña de información preventiva dirigida especialmente a la población vulnerable asentada en zonas de muy alto riesgo. Incrementar el alcance de las acciones de difusión de la cultura de protección civil. Incluir esquemas de participación social en la planeación y evaluación de la protección civil en el plano local, municipal, estatal, regional y nacional. Verificar la existencia del servicio civil de carrera en protección civil en las diferentes entidades. Promover con los gobiernos de las entidades la creación de la normatividad respectiva. Promover los cursos que la Escuela Nacional de Protección Civil otorga. Promover la certificación de competencias de las personas que desempeñan funciones en materia de protección civil.
5.1.3. Impulsar en los tres órdenes de gobierno el eficiente funcionamiento de brigadistas comunitarios y grupos voluntarios.
Promover la instalación de comités vecinales de protección civil, el registro de grupos voluntarios nacionales y regionales de protección civil y la formación de redes locales de brigadistas comunitarios. Impulsar alianzas con las organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada para mejorar la planeación, los programas de respuesta a emergencias y el alertamiento en el plano comunitario. Promover, dentro de la sociedad civil organizada, propuestas de políticas y estrategias de operación de protocolos de respuesta ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores. Actualizar el modelo de integración de redes comunitarias, con el fin de fortalecer esquemas de apoyo y atención que mejoren las condiciones de seguridad ante desastres.
5.1.4. Incrementar la cobertura de los sistemas de alerta temprana para dar aviso oportuno a la población.
Coordinar, promover, instrumentar y, en su caso, operar redes de detección, monitoreo, pronóstico y sistemas de alertamiento en coordinación con las dependencias responsables, y a través de otras redes de monitoreo públicas o privadas. Promover que las dependencias gubernamentales, las entidades federativas, el sector privado y la sociedad civil incrementen la cantidad y calidad del intercambio de información de carácter técnico y relativa a los sistemas y redes de alerta, detección, monitoreo y pronóstico. Coordinar la creación y operación del Sistema Nacional de Alertas para contar con información en tiempo real que advierta a la población sobre peligros inminentes.
Estrategia 5.2. Fortalecer las capacidades institucionales y la coordinación internacional del Sistema Nacional de Protección Civil.
Líneas de acción
5.2.1. Emitir lineamientos generales para la elaboración de programas internos de protección civil y planes de continuidad de operaciones.
Actualizar y publicar la guía técnica para el diseño y puesta en marcha del Programa Interno de Protección Civil. Asesorar a los responsables de protección civil en inmuebles e instalaciones estratégicas para el desarrollo nacional. Brindar asesoría especializada para el diseño y mejoramiento de planes de continuidad de operaciones. Crear planes de continuidad de operaciones y programas nacionales y estatales de protección civil, atendiendo a la política de gestión de riesgo. Impulsar la creación de una nueva cede para las oficinas centrales de operación del Sistema Nacional de Protección Civil, que permita la continuidad de operaciones de dicho Sistema en caso de desastre.
5.2.2. Fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales ante desastres.
Analizar y proponer mejoras a los programas de respuesta a emergencias de los gobiernos locales. Promover la eficacia operativa de dispositivos de emergencia en situaciones catastróficas: operación de refugios temporales, instalación de centros de acopio, distribución de ayuda humanitaria, dotación de
servicios de emergencia, entre otros.
5.2.3. Fortalecer los trabajos de coordinación con las entidades federativas a través de representación regional.
Operar cinco representaciones regionales de la Coordinación Nacional de Protección Civil para promover la descentralización de las operaciones de protección civil en el plano nacional. Promover jornadas regionales de protección civil y reuniones nacionales con los titulares de los sistemas estatales y municipales en la materia. Sensibilizar y brindar asesoría a los gobiernos locales para mejorar la prevención y atención de emergencias.
5.2.4. Fomentar la colaboración internacional en materia de protección civil.
Mejorar y fortalecer el acercamiento internacional con los sectores público, privado, social y académico, que permitan la aportación de medios útiles para la gestión de situaciones de riesgo y emergencia. Desarrollar, en conjunto con las instituciones académicas o instancias especializadas, cursos, talleres, convenciones y/o congresos de difusión de investigaciones y tecnologías de innovación en la materia.
Estrategia 5.3. Contribuir al desarrollo de una sociedad resiliente ante los riesgos que representan los fenómenos naturales y antropogénicos.
Líneas de acción
5.3.1. Incorporar la Gestión Integral del Riesgo en el desarrollo local y regional con el fin de reducir riesgos.
Promover la transversalización del enfoque de Gestión Integral de Riesgos en la política pública nacional. Definir y difundir la metodología de toma de decisiones con dicho enfoque. Impulsar alianzas estratégicas con gobiernos, iniciativa privada y organizaciones sociales para favorecer la planeación del desarrollo bajo la política de la Gestión Integral del Riesgo.
5.3.2. Implementar programas a fin de contar con infraestructura nacional de mayor capacidad de resistencia ante fenómenos naturales.
Emitir recomendaciones basadas en estudios y análisis de estructuras que requieran de reforzamiento. Emitir recomendaciones en materia de desarrollo urbano y analizar su incorporación en los ordenamientos legales estatales.
5.3.3. Fomentar la participación social mediante acciones solidarias para su pronta recuperación ante desastres.
Promover la inclusión de iniciativas ciudadanas para reducir significativamente la vulnerablidad ante los desastres, creando un banco de ideas y un registro de talentos a nivel local para la gestión de riesgos. Impulsar amplias campañas de solidaridad, responsabilidad social y compromiso con la población, la iniciativa privada, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación. Promover la inclusión del concepto de resiliencia ante los desastres en la normatividad nacional.
Estrategia 5.4. Fortalecer los instrumentos financieros de gestión del riesgo.
Líneas de acción
5.4.1. Eficientar los procedimientos de acceso a los recursos de los instrumentos financieros.
Adecuar las disposiciones administrativas que regulan el acceso a los instrumentos financieros de gestión del riesgo. Promover la transverzalización de la Gestión Integral del Riesgo en la Administración Pública Federal (APF) para programas, planes y proyectos de inversión en infraestructura nacional. Rediseñar los plazos establecidos a cargo de las instancias participantes de la Administración Pública Federal (APF), con la finalidad de lograr una pronta respuesta ante emergencias y desastres naturales. Promover que la autorización de los recursos para la atención de desastres se realice de forma expedita.
5.4.2. Impulsar mayor inversión para el Fondo de Prevención de Desastres Naturales y fomentar el acceso a los recursos de carácter preventivo.
Promover mayor inversión en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de carácter preventivo. Establecer una coordinación permanente con las entidades federativas e instituciones de la Administración Pública Federal para conocer el proceso y alcance del Fondo de Prevención de Desastres. Incentivar la realización de proyectos de carácter preventivo con la finalidad de mitigar el riesgo y/o impacto de los fenómenos naturales.
5.4.3. Fortalecer los mecanismos de transferencia de riesgos con medidas de aseguramiento financiero.
Promover la realización de estudios en las entidades federativas y la Administración Pública Federal para identificar riesgos susceptibles de ser transferidos con el fin de establecer una cobertura integral para la infraestructura pública. Incentivar el aseguramiento de la infraestructura pública bajo la responsabilidad de los Estados con la adopción de estrategias integrales de gestión y transferencia de riesgos. Promover que
los instrumentos financieros de transferencia de riesgos reporten eficientemente las necesidades derivadas de la ocurrencia de fenómenos naturales perturbadores.
Estrategia 5.5. Fortalecer el marco jurídico en materia de protección civil.
Líneas de acción
5.5.1. Promover la homologación de la normatividad federal, estatal y municipal.
Coadyuvar con las autoridades estatales al análisis de su legislación en materia de protección civil. Brindar asesorías para que, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, se analicen y presenten propuestas de reforma a la legislación estatal. Impulsar con los gobiernos estatales y municipales la normatividad en materia de protección civil. .
5.5.2. Fomentar la emisión de Normas Oficiales Mexicanas que fortalezcan el entorno jurídico de la protección civil.
Participar en la integración del Programa Nacional de Normalización a fin de revisar y proponer normas oficiales mexicanas en materia de protección civil. Incentivar la aplicación y el debido cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Participar activamente en las sesiones del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Protección Civil. Participar en los comités consultivos de los que se forme parte. Impulsar foros regionales en materia de desarrollo urbano donde se exponga la necesidad urgente de evitar construir el riesgo. Contribuir a la creación de normas oficiales a partir de las necesidades de los estados. Emitir recomendaciones derivadas del Atlas de Riesgo para la creación de normas oficiales mexicanas en materia de asentamientos humanos irregulares.
CAPÍTULO IV
INDICADORES
1. INDICADORES DEL SECTOR
A continuación se presentan los indicadores correspondientes a cada uno de los objetivos del sector:
OBJETIVOS
INDICADORES
1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
1.1. Percepción ciudadana de incidencia en políticas públicas.
1.2. Índice de resolución de conflictos de impacto regional.
2. Mejorar las condiciones de seguridad y justicia.
2.1. Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes.
2.2. Porcentaje de la población que siente confianza hacia la Policía Federal.
2.3. Porcentaje de operación del nuevo Sistema de Justicia Penal a nivel federal y en las entidades federativas.
3. Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres.
3.1. Reducción de recomendaciones dirigidas a la Administración Pública Federal.
3.2. Prevalencia de la violencia contra las mujeres.
3.3. Incorporación de la perspectiva de no discriminación en la legislación federal y estatal.
4. Desarrollar políticas integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos.
4.1. Unidades Coordinadoras Estatales Conectadas con RENAPO.
4.2. Porcentaje de migrantes mexicanos asistidos para regresar a su lugar de origen.
4.3. Indicador de integración de criterios demográficos.
5. Coordinar el Sistema Nacional de Protección Civil para salvaguardar a la población, sus bienes y entorno ante fenómenos perturbadores.
5.1 Alertamiento temprano.
5.2. Medidas de seguridad para zonas de alto riesgo.
2. FICHAS TÉCNICAS POR INDICADOR.
Objetivo 1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
INDICADOR 1.1. Percepción ciudadana de incidencia en políticas públicas.
Alineación a los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Meta Nacional:
México en Paz
Objetivo 1.1
Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
Programa Sectorial de Gobernación
Objetivo sectorial 1:
Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
Definición del
indicador:
El indicador mide el porcentaje de ciudadanos entrevistados que consideran que en el futuro tendrán más oportunidad para influir en las decisiones de gobierno.
Observaciones:
Es un indicador de percepción. El indicador se obtiene de la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) que se realiza cada dos años. El diseño de la muestra es polietápico, estratificado y por conglomerados. La población objetivo del estudio la constituyen los adultos, hombres y mujeres de 18 años o más que residen permanentemente en viviendas particulares ubicadas dentro del territorio nacional.
La más reciente publicación de la ENCUP fue levantada entre el 17 y 28 de agosto de 2012 en zonas urbanas y rurales del país, de acuerdo a la base de secciones electorales registradas por el Instituto Federal Electoral en el 2009.
El tamaño de la muestra calculado para generar estimaciones a nivel nacional fue de 3,750 personas.
 
Método de cálculo:
(Número de ciudadanos entrevistados que consideran que en el futuro tendrán más oportunidades de influir en las decisiones de gobierno / Número total de ciudadanos entrevistados) * 100
Unidad de medida:
Porcentaje
Frecuencia de
medición:
Bianual
Comportamiento
esperado del
indicador (ascendente
o descendente)
Ascendente
Fuente(s):
Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) http://www.encup.gob.mx/
Referencias
adicionales:
Unidad para el Desarrollo Político y Fomento Cívico (UDPyFC), Secretaría de Gobernación.
Determinación de metas
Valor de la Línea
Base:
43%
Año de la Línea Base:
2012
Meta 2013
43.5%
Meta 2014
44%
Meta 2015
44.5%
Meta 2016
45%
Meta 2017
45.5%
Meta 2018
46%
 
Anexo indicador 1.1. Consideraciones para el cálculo de la meta 2018.
La fuente de información del indicador (ENCUP) ha sido levantada en cinco ocasiones arrojando datos que no guardan consistencia entre sí:
Año            Indicador
2001           37%
2003           48.5%
 
2005           50%
2012           43%
Por tal motivo la aplicación de métodos estadísticos para la proyección del indicador son poco significativos toda vez que los coeficientes de variación son amplios, limitando así la agrupación de datos que puedan confirmar una tendencia. Por tal motivo, se buscaron otras encuestas que permitieran servir como referentes (proxy) de los años que no se tiene registro de la ENCUP, tal es el caso de la Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, Legalidad, Legitimidad de las Instituciones y Rediseño del Estado 2011, sin embargo los hallazgos fueron insuficientes para complementar la muestra.
Por esta razón, y considerando los cambios a las políticas y programas en materia de gobernabilidad democrática de la presente administración se ha fijado un crecimiento meta constante de 0.5% anual, para finalizar el sexenio con un 3% por encima de la base 2012 de 43%.
INDICADOR 1.2. Índice de resolución de conflictos de impacto regional.
Alineación a los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
 
Meta Nacional:
México en Paz
Objetivo 1.1
Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
Programa Sectorial de Gobernación
Objetivo sectorial 1:
Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
Definición del indicador:
El índice de resolución de conflictos de impacto regional mide el porcentaje de conflictos solucionados respecto a los atendidos por las áreas de la Subsecretaría de Gobierno, del mes de enero a diciembre de cada año.
Observaciones:
El indicador mide la eficacia para solucionar los conflictos en el ámbito estatal y/o regional, evitando el escalamiento y la radicalización de acciones de los grupos sociales.
El escalamiento se entiende como la situación de un conflicto que requiera la atención por parte de funcionarios federales de alto nivel.
El concepto de escalamiento nacional tiene las características:
·   Acciones de protesta que sobrepasan el ámbito local, estatal y/o regional.
·   Involucramiento de 2 o más movimientos y /o líderes sociales afines, fuera de la esfera local y/o regional.
·   Interrupción de la continuidad de operaciones en oficinas centrales de las dependencias de la Administración Pública Federal.
·   Presencia del conflicto en medios de comunicación nacional.
El indicador se obtiene con la información mensual sobre la situación que guardan los conflictos que atienden las tres unidades sustantivas de la Subsecretaría de Gobierno: Gobierno, Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas, y para la Atención de Organizaciones Sociales.
Se cuenta con datos acumulativos desde el 2007, que pueden desagregarse por mes, semestre o año. El indicador forma parte de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y se contempla para el Informe Anual de Cuenta Pública que se entrega a la Cámara de Diputados.
Método de cálculo:
(Número de conflictos de impacto regional solucionados / Número de conflictos atendidos) * 100
Unidad de medida:
Porcentaje
Frecuencia de medición:
Mensual
Comportamiento
esperado del indicador
(ascendente o
descendente)
Ascendente en la solución de los conflictos.
Fuente(s):
Informe mensual de metas
Referencias adicionales:
Subsecretaría de Gobierno, Secretaría de Gobernación.
Determinación de metas
Valor de la Línea Base:
59.72% (86/144)
Año de la Línea Base:
Diciembre de 2012
Meta 2013
61%
Meta 2014
63%
Meta 2015
65%
Meta 2016
67%
Meta 2017
69%
Meta 2018
71%
 
Anexo indicador 1.2. Consideraciones para el cálculo de la meta 2018.
El indicador tiene fundamento metodológico en la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Al tratarse de un indicador de nueva creación no existe una serie de datos históricos que permitan su proyección. Por ello, se consideró pertinente fijar un crecimiento moderado del 2% anual para alcanzar un resultado de 70% de eficiencia al finalizar el sexenio. En este sentido, es pertinente aclarar que en la solución definitiva de los conflictos intervienen dependencias y órdenes de gobierno, así como marcos legales distintos según la naturaleza del conflicto.
Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo
Objetivo al que
corresponde el
indicador
Contribuir en la consolidación de un régimen democrático, a través del acuerdo y el diálogo entre los Poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos políticos, lo actores sociales y los ciudadanos.
Supuestos
Que los actores involucrados acepten los términos de la negociación y las propuestas de solución; ambiente político y social favorable y que las autoridades locales estén interesadas en la solución de los conflictos.
 
Viabilidad de la meta
 
Sentido del
Indicador
Ascendente
 
 
 
 
 
 
 
Línea base
 
 
 
 
 
 
 
Año
Valor
Periodo al que corresponde el
valor
Inicial
Numerador
Denominador
2012
57.71 %
86
149
Enero-Diciembre
 
Objetivo 2. Mejorar las condiciones de Seguridad y Justicia.
Indicador 2.1. Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes.
Alineación a los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Meta Nacional:
México en Paz
Objetivo 1.2.
Garantizar la Seguridad Nacional
Objetivo 1.3.
Mejorar las condiciones de seguridad pública
Objetivo 1.4.
Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente
Programa Sectorial de Gobernación
Objetivo sectorial 2:
Mejorar las condiciones de seguridad y justicia
Definición del indicador:
Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes.
Observaciones:
El indicador se basará en los reportes estadísticos de delitos que la PGR entrega mensualmente, utilizando adicionalmente la variable poblacional de CONAPO.
 

Unidad de medida:
Delitos fuero federal por cada 100,000 habitantes
Frecuencia de medición:
Trimestral
 
Comportamiento esperado del indicador (ascendente o descendente)
Descendente
Fuente(s):
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
Referencias adicionales:
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
Determinación de metas
 
Noreste
Noroeste
Centro
Occidente
Sureste
Valor de la Línea Base:
94
188
94
129
62
Año de la Línea Base:
2012
2012
2012
2012
2012
Meta 2013
92.6
185.2
92.6
127.1
61.1
Meta 2014
91.2
182.4
91.2
125.2
60.2
Meta 2015
89.8
179.7
89.8
123.3
59.3
Meta 2016
88.5
177.0
88.5
121.4
58.4
Meta 2017
87.2
174.3
87.2
119.6
57.5
Meta 2018
85.9
171.7
85.9
117.8
56.6
 
Anexo indicador 2.1. Consideraciones para el cálculo de la meta 2018.
Se considera un 1.5 por ciento anual como tendencia de disminución de las denuncias del fuero federal, debido a los siguientes considerandos:
1.     La incidencia de denuncias nacionales, de no presentar un aumento extremadamente marcado en los próximos tres meses, presentará una disminución ligeramente superior al 1.5 por ciento entre 2012 y 2013. Si bien 98 por ciento de las denuncias corresponden al fuero común (y, por tanto, parte del impacto de las estrategias nacionales debe reflejarse en ese rubro), es deseable que el fuero federal observe pautas de disminución estables y no menores a las del ámbito estatal.
2.     En este sentido, es importante mencionar que derivado de las modificaciones realizadas en agosto de 2009 a la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, que despenalizaron el consumo de algunas drogas modificando las cantidades punibles, la investigación y persecución del narcomenudeo se trasladaron al fuero común. Esto ocasionó que algunos delitos contra la salud (posesión, consumo reportado hasta 2011- y otros) registraran decrementos importantes en los últimos años. Ello, a modo de ejemplo, es representativo del tipo de factores que pueden afectar la incidencia delictiva federal.
3.     La disminución acumulada a partir de este 1.5 por ciento con respecto al año anterior, en fuero federal, conllevaría que las tasas de incidencia delictiva federal en 2018 fueran sustancialmente menores a las registradas en 2006. Con ello, sería posible cotejar la actual estrategia de seguridad pública, basada en la focalización clara del problema de violencia criminal y en la prevención del delito, con la anterior política que se concentraba en el ataque frontal y la confrontación armada.
Indicador 2.2. Porcentaje de la población que siente confianza hacia la Policía Federal.
Alineación a los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Meta Nacional:
México en Paz
Objetivo 1.2.
Garantizar la Seguridad Nacional.
Objetivo 1.3.
Mejorar las condiciones de seguridad pública.
Objetivo 1.4.
Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.
Programa Sectorial de Gobernación
Objetivo sectorial 2:
Mejorar las condiciones de seguridad y justicia.
Definición del indicador:
Porcentaje de la población que siente confianza hacia la Policía Federal.
Observaciones:
Mide el porcentaje de población de 18 años y más que identifica a la Policía Federal y que le inspira mucho o algo de confianza.
Método de cálculo
Porcentaje de la población de 18 años y más que identifica a la Policía Federal y le inspira mucha confianza + Porcentaje de la población de 18 años y más que identifica a la Policía Federal y le inspira alguna confianza.
 
Unidad de medida:
Porcentaje de población
Frecuencia de medición:
Anual
Comportamiento
esperado del indicador
(ascendente o
descendente)
Ascendente
Fuente(s):
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (ENVIPE), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Referencias adicionales:
Comisión Nacional de Seguridad
Determinación de metas
Valor de la Línea Base:
51.2%
Año de la Línea Base:
2012
Meta 2013
51.6%
Meta 2014
52.0%
Meta 2015
52.4%
Meta 2016
52.8%
Meta 2017
53.2%
Meta 2018
53.6%
 
Anexo indicador 2.2. Consideraciones para el cálculo de la meta 2018.
Con base en el levantamiento de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2012), serie estadística generada por el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ), coordinado y normado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; en el apartado VI que corresponde al Desempeño institucional se identifica a la Policía Federal con un nivel de confianza del 51.2, tomando en consideración a la población de 18 años y más que identifica a la Policía Federal y le inspira mucha confianza más la población de 18 años y más que identifica a la Policía Federal y le inspira alguna confianza. Con este valor relativo tomado del ENVIPE 2012 se determinó la línea base para el indicador Porcentaje de la población que siente confianza hacia la Policía Federal, se espera un avance ascendente del 0.4% anual partiendo de la media de los resultados arrojados por la ENVIPE desde su concepción en 2011.
Determinación de metas
Valor de la Línea Base:
51.2%
Avance esperado anual ascendente:
+0.4%
Año de la Línea Base:
2012
Metas
Línea Base
Avance
esperado
Método Aplicado
Metas
Meta 2013
51.2%
+0.4%
51.2% + 0.4%
51.6%
Meta 2014
51.6%
+0.4%
51.6% + 0.4%
52.0%
Meta 2015
52.0%
+0.4%
52.0% + 0.4%
52.4%
Meta 2016
52.4%
+0.4%
52.4% + 0.4%
52.8%
Meta 2017
52.8%
+0.4%
52.8% + 0.4%
53.2%
Meta 2018
53.2%
+0.4%
53.2% + 0.4%
53.6%
 
Indicador 2.3. Porcentaje de operación del nuevo Sistema de Justicia Penal a nivel federal y en las entidades federativas
Alineación a los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Meta Nacional:
México en Paz
Objetivo 1.2.
Garantizar la Seguridad Nacional.
Objetivo 1.3.
Mejorar las condiciones de seguridad pública.
Objetivo 1.4.
Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.
Programa Sectorial de Gobernación
Objetivo sectorial 2:
Mejorar las condiciones de seguridad y justicia.
Definición del indicador:
Porcentaje de operación del nuevo Sistema de Justicia Penal a nivel federal y en las entidades federativas (POSJPFE).
Observaciones:
El indicador mostrará la incorporación de los circuitos judiciales federales y de las entidades federativas en la operación del sistema de justicia penal acusatorio adversarial.
SUPUESTO: La Federación y las entidades federativas cumplieron con las fechas de entrada en vigencia establecidas en la normatividad correspondiente y el sistema de justicia penal opera en todo el país en el año 2016.
El cumplimiento de las metas anuales está sujeto a la gradualidad y regiones que establezcan el Congreso de la Unión y los órganos legislativos de las entidades federativas en la normatividad correspondiente.
Método de cálculo:
POSJPFE = 0.80 * (Avance Estatal) + 0.20 * (Avance Federal)
Dónde:
Los valores 0.80 y 0.20 son ponderadores que reflejan el peso específico de los niveles de avance de los componentes federal y estatal.
Estos ponderadores están basados en el porcentaje de población penitenciaria. De acuerdo con la Estadística del Sistema Penitenciario Nacional de la Secretaría de Gobernación, a enero de 2013, del total de población penitenciaria 193,194 reclusos (79.58%) son de fuero común y 49,560 (20.42%) son del fuero federal.
El Avance Estatal se mide de la siguiente forma:
(Número de entidades federativas en operación parcial del nuevo Sistema de Justicia Penal / Número total de entidades federativas previstas a iniciar operación parcial) X 100
El Avance Federal se mide de la siguiente forma:
(Número de circuitos judiciales en operación del nuevo Sistema de Justicia Penal federal / Número total de circuitos judiciales previstos a iniciar operación) X 100
Unidad de medida:
Porcentaje
Frecuencia de medición:
Anual
Comportamiento
esperado del indicador
(ascendente o
descendente)
Ascendente
Fuente(s):
Normatividad federal y estatal publicada en donde se establecen fechas de entrada en vigencia.
Referencias adicionales:
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal
Determinación de metas
 
Valor de la Línea Base:
Avance Estatal = 0.50 (50%)
A la fecha, 16 de 32 entidades federativas están operando el NSJP.
Avance Federal = 0
POSJPFE = 0.80 * (0.50) + 0.20 * (0) = 0.40 (40%)
Línea base: 40%
Año de la Línea Base:
2013 (1 de octubre)
Meta 2014
Meta Estatal = 4 / 16 = 0.25 (25%)
Meta Federal = 0 / 32 = 0.0 (0.0%)
POSJPFE = 0.80 * (0.25) + 0.20 * (0.0) = 0.20(20.0%)
Meta: 20.0%
Meta 2015
Meta Estatal = 6 / 16 = 0.375 (37.5%)
Meta Federal = 12/32 = 0.375 (37.50%)
POSJPFE = 0.80 * (0.375) + 0.20 * (0.375) = 0.375 (37.5%)
Meta: 37.5%
Meta 2016
Meta Estatal = 6 / 16 = 0.375 (37.5%)
Meta Federal = 20 / 32 = 0.625 (62.5%)
POSJPFE = 0.80 * (0.375) + 0.20 * (0.625) = 0.425 (42.5%)
Meta: 42.5%.
La suma de las metas 2014, 2015 y 2016 es igual al 100 por ciento. Lo que quiere decir que el Sistema de Justicia Penal estará operando en el total de las entidades federativas y en el orden federal.
 
Anexo indicador 2.3. Consideraciones para el cálculo de la meta 2018.
Se estableció la meta del 100 por ciento para el año 2016, que implica que el Sistema de Justicia Penal estará operando en el total de las entidades federativas y en el orden federal, de acuerdo al artículo transitorio segundo del decreto de reforma constitucional en materia de seguridad y justicia publicado el 18 de junio de 2008, "el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este decreto".
Objetivo 3. Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres.
INDICADOR 3.1. Reducción de recomendaciones dirigidas a la Administración Pública Federal.
Alineación a los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Meta Nacional:
México en Paz
Objetivo 1.5
Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación.
Programa Sectorial de Gobernación
Objetivo Sectorial 3:
Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres.
Definición del
indicador:
Porcentaje de reducción de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Administración Pública Federal, con respecto al año 2012.
Observaciones:
La reducción del número de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Administración Pública Federal deberá atender a un trabajo relacionado con políticas públicas, prevención, planeación y capacitación, entre otros factores, dirigidos a autoridades de la Administración Pública Federal. Asimismo, resultará necesaria, la atención específica de aquellos expedientes de queja de las diferentes entidades que puedan dar lugar una recomendación.
 

Unidad de medida:
Porcentaje
Frecuencia de
medición:
Anual
Comportamiento
esperado del indicador
(ascendente o
descendente)
Descendente
Fuente(s):
Información publicada en la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Sistema de Seguimiento a Recomendaciones
Referencias adicionales:
Subsecretaría de Derechos Humanos
Determinación de metas
Valor de la Línea Base:
0% (63 recomendaciones).
Año de la Línea Base:
2012
Meta 2013
-2%
Meta 2014
-4%
Meta 2015
-6%
Meta 2016
-8%
Meta 2017
-10%
Meta 2018
-12%
 
Anexo indicador 3.1. Consideraciones para el cálculo de la meta 2018.
La información actualizada sobre el número de recomendaciones, emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), constituye un referente muy importante para elaborar políticas públicas destinadas a combatir las violaciones de los derechos humanos por parte de los servidores públicos de la Administración Pública Federal.
La Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos cuenta con el Sistema de Seguimiento a Recomendaciones (SISER), herramienta que permite conocer el número exacto de recomendaciones emitidas por la CNDH en tiempo real, así como su aceptación y estado de cumplimiento por parte de la autoridad responsable.
El SISER permitirá conocer el número de recomendaciones que se emitan durante cada año, por lo que será el instrumento necesario para conocer el porcentaje de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Administración Pública Federal, en relación con años anteriores, permitiendo así cuantificar la eficacia de las políticas públicas en materia de derechos humanos implementadas por la presente administración.
Se estimó una reducción del 2% anual, lo que representa una disminución de 1 a 2 recomendaciones por año, para logar una meta en el 2018 de 55 recomendación emitidas a la Administración Pública Federal, lo que representaría un gran avance en la materia y un reflejo de una adecuada implementación de la política de
Estado en la materia, tomado en cuenta que el número de recomendaciones tiende a aumentar derivado de un mayor acercamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con sociedad.
INDICADOR 3.2. Prevalencia de la violencia contra las mujeres.
Alineación a los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Meta Nacional:
México en Paz
Objetivo 1.5
Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación
Programa Sectorial de Gobernación
 
Objetivo Sectorial 3:
Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres.
Definición del indicador:
Prevalencia total de violencia contra las mujeres expresada en porcentaje.
Observaciones:
La prevalencia de la violencia se refiere a la proporción de mujeres de 15 años y más que declararon haber experimentado al menos un acto de violencia, durante un periodo de referencia, respecto del total de mujeres de 15 años y más.
Método de cálculo:
(Proporción de mujeres de 15 años y más que declararon haber experimentado al menos un acto de violencia / total de mujeres de 15 años y más) *100
Unidad de medida:
Mujeres
Frecuencia de medición:
Cada 5 años
Comportamiento esperado del indicador (ascendente o descendente)
Descendente
Fuente(s):
Encuesta Nacional sobre la Dinámica en las Relaciones en los Hogares (ENDIREH)
Referencias adicionales:
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM)
Determinación de metas
Valor de la Línea Base:
62.8%
Año de la Línea Base:
2013
Meta 2013
---
Meta 2014
---
Meta 2015
---
Meta 2016
---
Meta 2017
---
Meta 2018
59%
 
Anexo indicador 3.2. Consideraciones para el cálculo de la meta 2018.
El objetivo general de la ENDIREH es la generación de datos que muestren la prevalencia, frecuencia y magnitud de los diferentes tipos de violencia que sufren todas las mujeres de 15 y más años en los ámbitos del hogar, escolar, laboral y social, así como las consecuencias físicas y emocionales que padecen las mujeres violentadas por su cónyuge.
La definición de la meta del indicador correspondiente al Porcentaje de Prevalencia total de violencia contra las mujeres está pensada para darle continuidad a este indicador y se ha definido con base en el comportamiento que ha tenido el fenómeno de la violencia contra las mujeres. Toda vez que en 2006 la ENDIREH arrojó que el 67% de las mujeres habían sufrido algún acto de violencia a lo largo de su vida y, para 2011, esta cifra mostró un pequeño descenso de casi 5 puntos porcentuales.
En este sentido, a partir de las políticas públicas que se implementen en esta administración, se esperaría un comportamiento similar de nuestro indicador, es decir una reducción, de entre un 3 y un 5 por ciento de la Prevalencia total de violencia contra las mujeres.
Lo anterior permitiría que al final de la presente administración, se cuente con resultados de una nueva Encuesta que al menos muestre un 59% de la Prevalencia total de violencia contra las mujeres.
INDICADOR 3.3. Incorporación de la perspectiva de no discriminación en la legislación federal y estatal.
Alineación a los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Meta Nacional:
México en Paz
Objetivo 1.5
Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación.
Programa Sectorial de Gobernación
Objetivo Sectorial 3:
Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres.
 
Definición del
indicador:
Es una herramienta que sirve para medir la incorporación del principio de la no discriminación en la legislación federal y estatal.
Observaciones:
A la fecha existe legislación vigente en el país que contiene aspectos discriminatorios y requiere ser reformada a fin de cumplir con el mandato constitucional.
En caso de que se apruebe la Ley General para Prevenir y Eliminar la Discriminación aplicable para toda la Federación, en el método de cálculo se eliminaría la variable a) y el denominador sería 66. En caso de que se apruebe el Código Penal Único aplicable para toda la Federación, en el método de cálculo se eliminaría la variable c) y el denominador sería 65. Si se aprueban ambas legislaciones el denominador sería 33.
 

Unidad de medida:
Porcentaje
Frecuencia de
medición:
Anual
Comportamiento
esperado del
indicador (ascendente
o descendente)
Ascendente
Fuente(s):
Legislación publicada en el Diario Oficial de la Federación y Periódicos Oficiales.
Referencias
adicionales:
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED)
Determinación de metas
Valor de la Línea Base:
43.9% calculado a octubre de 2013
Año de la Línea Base:
2013
Meta 2013
43.9%
Meta 2014
46.9%
Meta 2015
50.0%
Meta 2016
53.1%
Meta 2017
56.1%
Meta 2018
59.1%
Anexo indicador 3.3. Consideraciones para el cálculo de la meta 2018.
A octubre de 2013 se cuenta con 43 normas legales que incorporan la perspectiva de no discriminación, mismas que representan la línea base para la medición del indicador.
Considerando que es fundamental impulsar la perspectiva de no discriminación, se espera incidir en 3 normas legales por año, alcanzando en el año 2018 un total de 58 normas legales en todo el país.
 
Se contempla promover la aprobación de 3 reformas o iniciativas por año, como una meta razonable y alcanzable por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en virtud que no se cuenta con oficinas regionales ni estatales, lo que dificulta el trabajo con los congresos locales.
Objetivo 4. Desarrollar políticas integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos.
INDICADOR 4.1. Unidades Coordinadoras Estatales Conectadas con RENAPO.
Alineación a los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
 
Meta Nacional:
México Incluyente
Objetivo 2.1
Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.
Programa Sectorial de Gobernación
Objetivo sectorial 4:
Desarrollar políticas integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos
Definición del indicador:
Porcentaje de Unidades Coordinadoras Estatales conectadas interestatalmente con el Registro Nacional de Población.
Observaciones:
Interconexión Estatal.- La conexión interestatal es el enlace entre la Unidad Coordinadora Estatal con el Registro Nacional de Población para el intercambio y actualización de información en tiempo real.
Para lograr la conexión interestatal se requiere que se cumplan dos elementos:
·   Base de Datos Nacional de Registro Civil actualizada al 100% de los actos registrales de identidad (nacimientos, reconocimientos y adopción) a cargo de la Unidad Coordinadora Estatal.
·   Oficialías del Registro Civil modernizadas tecnológicamente (que cuenten con un sistema de inscripción y certificación y un equipo de cómputo).
Método de cálculo:
La fórmula de medición es:
Número de Unidades Coordinadoras Estatales conectadas interestatalmente con el Registro Nacional de Población / Total de Unidades Coordinadoras Estatales del país *100
La línea base se construirá con la información del 2013
Unidad de medida:
Número de Unidades Coordinadoras Estatales conectadas interestatalmente
Frecuencia de medición:
Anual
Comportamiento esperado del
indicador (ascendente o
descendente)
Ascendente
Fuente(s):
Registro Civil, Registro Nacional de Población
Referencias adicionales
Unidad Responsable 410. Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal.
Determinación de metas
Valor de la Línea Base:
0% de Unidades Coordinadoras Estatales conectadas.
Año de la Línea Base:
2013
Meta 2013
53.1% de Unidades Coordinadoras Estatales conectadas.
Meta 2014
81.2% de Unidades Coordinadoras Estatales conectadas.
Meta 2015
100% de Unidades Coordinadoras Estatales conectadas.
Anexo indicador 4.1. Consideraciones para el cálculo de la meta 2018.
Se consideró para el cálculo de la meta, que se cuenta en total con 32 Unidades Coordinadoras Estatales (UCE) en el país, siendo éstas el 100% de la meta de interconexión. La meta se fraccionó en porcentajes de avance comprometiéndose a cumplir el 53.1% en el 2013, el 81.2% en el 2014, finalizando en 2015 con el 100%. Los factores considerados para el establecimiento de la meta, fueron el avance tecnológico y los compromisos establecidos con los registros civiles a nivel nacional.
Método de cálculo
Sumatoria de las UCE interconectadas a nivel nacional.
Fórmula
Número de Unidades Coordinadoras Estatales conectadas interestatalmente con el Registro Nacional de Población / Total de Unidades Coordinadoras Estatales del país *100
INDICADOR 4.2. Porcentaje de migrantes mexicanos asistidos para regresar a su lugar de origen.
Alineación a los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Meta Nacional:
México con Responsabilidad Global
Objetivo 5.4.
Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional.
Programa Sectorial de Gobernación
Objetivo sectorial 4:
Desarrollar políticas integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos.
Definición del
indicador:
Porcentaje de eventos de repatriación de mexicanos que accedieron al beneficio del traslado al lugar de origen con respecto del total de atendidos por el Programa de Repatriación Humana.
Observaciones:
Se hace referencia a eventos, ya que una persona puedo ser repatriada más de una vez.
Brindar atención a los mexicanos repatriados desde Estados Unidos a través del Programa de Repatriación Humana.
 

Unidad de medida:
Cobertura de atención a mexicanos repatriados
Frecuencia de
medición:
Trimestral
Comportamiento
esperado del
indicador
(ascendente o
descendente)
Ascendente
Fuente(s):
Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en información registrada en los puntos oficiales de repatriación del INM.
Referencias
adicionales:
El Instituto Nacional de Migración es la instancia responsable de la operación del Programa de Repatriación Humana
La Unidad de Política Migratoria es la instancia responsable de la validación de la información estadística.
Determinación de metas
Valor de la Línea
Base:
55% de eventos de beneficiados por el PRH
Año de la Línea Base:
2013
Meta 2014
58% de eventos de beneficiados por el PRH
Meta 2015
61% de eventos de beneficiados por el PRH
Meta 2016
64% de eventos de beneficiados por el PRH
Meta 2017
67% de eventos de beneficiados por el PRH
Meta 2018
70% de eventos de beneficiados por el PRH
Anexo indicador 4.2. Consideraciones para el cálculo de la meta 2018.
·   Se tomaron como base los cambios inter censales del siguiente indicador de retorno de población migrante internacional PR:
 
·   Se consideró el intervalo temporal de 10 años entre el XII Censo general de población y vivienda 2000 y el Censo de población y vivienda 2010 para obtener el valor de la tasa de crecimiento promedio anual del indicador PR:

·   La tasa anterior se define como la tasa esperada de crecimiento promedio anual a largo plazo de las necesidades de apoyo de la población migrante internacional en vías de retorno desde los Estados Unidos, por tanto, la tasa anual meta B* a la cual deberá crecer el número de connacionales beneficiados con el apoyo para el retorno a sus lugares de origen es igual a esta misma tasa:

·   De acuerdo a la definición del indicador propuesto 4.2, su variación porcentual anual puede expresarse de manera aproximada como:

       Por tanto, la tasa meta de crecimiento anual del indicador 4.2 es:

·   En este punto deben reconocerse adecuadamente los siguientes hechos:
i.     La tasa de crecimiento a largo plazo del total de migrantes apegados al Programa de Repatriación Humana ha mostrado ser cercana a 0, con base en las series históricas compiladas y publicadas por la Unidad de Política Migratoria de la SEGOB.
ii.     La evolución estadística histórica de los repatriados mexicanos apegados al programa no tiene por qué continuar en la misma senda de estancamiento una vez que se ha fijado una meta a los programas de política pública que incidirá de manera directa y distinguible en la realidad.
iii.    Es de toda necesidad pensar que al promover un mayor alcance de los apoyos de un programa, una parte del esfuerzo invertido se disperse en la expansión del programa en su conjunto, dicho en otras palabras, no es posible incrementar el número de apoyos otorgados para el retorno de los migrantes a sus lugares de origen sin inducir al mismo tiempo un efecto sobre el número total de migrantes que se apegan al Programa de Repatriación Humana.
·   Por lo expuesto en el punto anterior se determina que:

En consecuencia:

·   La aplicación de esta tasa de crecimiento al valor del indicador en el año base 2013 resulta en la siguiente proyección:
Año                                                         Meta
2013                                                        55.0
2014                                                        58.0
2015                                                        61.0
2016                                                        64.0
2017                                                        67.0
2018                                                        70.0
De donde, para efectos de hacer las metas anuales fácilmente recordables y utilizar números redondos se ajustaron a como se expresan en el documento final.
 
INDICADOR 4.3. integración de criterios demográficos.
Alineación a los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Meta Nacional:
México Incluyente
Objetivo 2.1
Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.
Programa Sectorial de Gobernación
Objetivo sectorial 4:
Desarrollar políticas integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos.
 
Definición del
indicador:
Proporción de las instituciones integrantes del Consejo Nacional de Población y de las entidades federativas que consideran los criterios demográficos en sus instrumentos de planeación.
Observaciones:
El Reglamento de la Ley General de Población en su artículo 34, fracción II, establece que cada una de las dependencias y entidades que integran el Consejo Nacional de Población, sin prejuicio de lo que disponga la demás normatividad aplicable, tiene que incorporar, en los programas de su competencia, las previsiones, consideraciones y criterios demográficos establecidos en los programas de población.
Método de cálculo:
(Número de instituciones integrantes del CONAPO y de las entidades federativas que incluyen criterios demográficos en sus instrumentos de planeación / número total de instituciones que integran el CONAPO y entidades federativas) * 100.