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DOF: 30/04/2014
PROGRAMA Nacional de Seguridad Pública 2014-2018P

PROGRAMA Nacional de Seguridad Pública 2014-2018.

PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 2014-2018
MARCO NORMATIVO
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Instrumentos internacionales
Acuerdo de Cooperación Técnica en Materia de Seguridad Pública entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa.
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Declaración para el Reconocimiento de la Competencia del Comité contra la Tortura, de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Enmiendas a los artículos 17 párrafo 7 y 18 párrafo 5 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero.
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice sobre la Ejecución de Sentencias Penales.
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales.
Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil.
Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves.
Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas.
Convenio sobre Ejecución de Sentencias Penales entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República del Perú.
Convenio sobre las Infracciones y Ciertos Otros Actos Cometidos a Bordo de las Aeronaves.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Retiro Parcial de la Reserva que el Gobierno de México formuló al artículo 25 Inciso B) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a Abolir la Pena de Muerte.
Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima y su Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental.
Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba sobre Ejecución de Sentencias Penales.
Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala sobre Cumplimiento de Sentencias Penales.
Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Honduras sobre Ejecución de Sentencias Penales.
Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Nicaragua sobre la Ejecución de Sentencias Penales.
 
Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Venezuela sobre Ejecución de Sentencias Penales.
Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la Ejecución de Condenas Penales.
Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y Canadá sobre la Ejecución de Sentencias Penales.
Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y España sobre Ejecución de Sentencias Penales.
Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia sobre la Ejecución de Sentencias Penales.
Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de El Salvador sobre Ejecución de Sentencias Penales.
Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá sobre Ejecución de Sentencias Penales.
Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre la Ejecución de Sentencias Penales.
Tratado sobre Traslado de Reos para la Ejecución de Sentencias Penales Privativas de la Libertad entre los Estados Unidos Mexicanos y la Federación de Rusia.
Declaraciones y otros documentos internacionales
Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder.
Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil -Directrices de Riad-.
Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.
Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, o degradantes (Protocolo de Estambul).
Principios básicos para el tratamiento de los reclusos.
Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Principios de Ética Médica Aplicables a la Función del Personal de Salud, Especialmente los Médicos, en la Protección de Personas Presas y Detenidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Principios rectores sobre la reglamentación de los ficheros computarizados de datos personales.
Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias.
Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.
Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes -Reglas de Bangkok-.
Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores -Reglas de Beijing-.
Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad -Reglas de Tokio-.
Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.
Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte.
Tratados modelo
Tratado Modelo sobre el Traspaso de la Vigilancia de Delincuentes bajo Condena Condicional o en Libertad Condicional.
Leyes
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ley de Planeación
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
Ley de Extradición Internacional.
Ley de Puertos.
Ley de la Policía Federal.
Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
Ley del Registro Público Vehicular.
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Ley Federal de Justicia para Adolescentes.
Ley Federal de Seguridad Privada.
Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Ley General de Víctimas.
Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
Reglamentos
Reglamento de Gobierno para la Isla Guadalupe.
 
Reglamento de la Academia Superior de Seguridad Pública y Planteles Académicos de la Policía Federal.
Reglamento de la Ley de Aeropuertos.
Reglamento de la Ley de la Policía Federal.
Reglamento de la Ley de Puertos.
Reglamento de la Ley del Registro Público Vehicular.
Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Reglamento de la Ley Federal de Seguridad Privada.
Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social.
Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.
Reglamento del Complejo Penitenciario Islas Marías.
Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Reglamento del Servicio de Protección Federal.
Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
Reglamento Interno del Centro de Atención Especial "Dr. Alfonso Quiroz Cuarón".
Reglamento Interno del Centro de Desarrollo Integral para Menores.
Reglamento Interno del Centro de Diagnóstico para Varones.
Reglamento Interno del Centro de Diagnóstico y Tratamiento para Mujeres.
Reglamento Interno del Centro de Tratamiento para Varones.
Estatutos
Estatuto de las Islas Marías.
Acuerdos
Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación.
Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la inscripción y baja en el Sistema de Administración de Usuarios (SAU), del personal designado como responsable del control, suministro, intercambio, actualización y adecuado manejo de la información de las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la integración, captura, revisión y envío del Informe Policial Homologado (IPH), previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites a seguir para la autorización de visitas a internos en los Centros Federales de Readaptación Social, interno-pacientes en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, y menores infractores en los Centros de Diagnóstico y Tratamiento para Menores, que aplica la Secretaría de Seguridad Pública a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito.
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial.
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos generales para la transmisión de listas electrónicas de pasajeros, tripulantes y medios de transporte al Instituto Nacional de Migración.
Acuerdo por el que se modifica el artículo sexto del Acuerdo a través del cual se pretende regular el procedimiento a seguir en contra de los integrantes de la Policía Federal que no asistan o se retiren de las evaluaciones de Control de Confianza, así como la vigencia de dichas evaluaciones.
Acuerdo que modifica el artículo séptimo del Acuerdo a través del cual se pretende regular el procedimiento a seguir en contra de los integrantes de la Policía Federal que no asistan o se retiren de las evaluaciones de Control de Confianza, así como la vigencia de dichas evaluaciones.
Acuerdo 06/2013 del Comisionado General de la Policía Federal, mediante el cual se crean las coordinaciones regionales de zona de la Policía Federal con las facultades que se indican.
Acuerdo 01/2013 del Comisionado General de la Policía Federal, mediante el cual se adscribe el Museo de la Policía Federal al Centro Nacional de Atención Ciudadana, y se modifica el diverso 03/2012 por el que se crea el Centro Nacional de Atención Ciudadana.
Acuerdo 01/2011 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se determinan las circunscripciones territoriales en las que tendrán competencia las coordinaciones estatales de la Policía Federal.
Acuerdo 12/2010 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se determina que las evaluaciones en materia de control de confianza que se practiquen a los aspirantes a ingreso y al personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de sus órganos administrativos desconcentrados, serán realizadas por la Dirección General de Control de Confianza de la Policía Federal.
Acuerdo 09/2010 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se delega la facultad de organizar la administración y operación de academias e institutos de formación penitenciaria.
Acuerdo 06/2010 del Secretario de Seguridad Pública por el que se establece el formato de Boleta de Infracción para la aplicación de sanciones que deriven de la violación a las normas que regulan el tránsito en las carreteras y puentes de jurisdicción federal.
Acuerdo 03/2010 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se dan a conocer los trámites a seguir para la autorización de visitas a internos en los centros federales de readaptación social e interno-pacientes en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial.
Acuerdo 04/2009 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se expide el Manual de Uniformes y Divisas del Servicio de Protección Federal.
Acuerdo 03/2009 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se expiden los lineamientos de ingreso para personal operativo del Servicio de Protección Federal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública.
Acuerdo 02/2009 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se establecen los Lineamientos para determinar e integrar la información del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.
 
Acuerdo 05/2008 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se establecen las coordinaciones estatales de la Policía Federal.
Acuerdo 03/2008 del Secretario de Seguridad Pública por el que se emiten los procedimientos de operación del Registro Público Vehicular y los procedimientos mediante los cuales se llevarán a cabo las inscripciones, los avisos y las notificaciones por medios de comunicación electrónica, a que se refieren la Ley del Registro Público Vehicular y su Reglamento.
Acuerdo 07/2007 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se expide el Manual de Normas del Servicio Civil de Carrera Policial de la Policía Federal Preventiva.
Nota aclaratoria al Acuerdo 07/2007 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se expide el Manual de Normas del Servicio Civil de Carrera Policial de la Policía Federal Preventiva, publicado el 27 de agosto de 2007.
Acuerdo 05/2007 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se crea la Instancia de Coordinación de la Policía Federal.
Acuerdo 02/2007 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se crean el Consejo Asesor y el Comité Técnico de la Plataforma México.
Acuerdo Nacional Contra la Piratería celebrado entre la Procuraduría General de la República; la Secretaría de Gobernación; la Secretaría de Seguridad Pública; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Secretaría de Economía; la Secretaría de Educación Pública; el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; el Instituto Nacional del Derecho de Autor; el Gobierno del Estado de Sinaloa y diversos representantes del Sector Privado, con la participación del titular de Ejecutivo Federal como testigo de honor, suscrito el día 15 de junio de 2006.
Acuerdo mediante el cual se crea el Consejo de Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública.
Lineamientos
Lineamientos para la autorización de cursos de especialización en el extranjero para integrantes de la Policía Federal.
Plan y programas
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018
CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO
1.1 Contexto
El cambio en el orden político y económico internacional a partir de la década de 1980 favoreció el surgimiento de una economía delictiva a gran escala, que amenazó la estabilidad de países en proceso de consolidación económica y política.
La operación de las redes delictivas internacionales y la flexibilidad de sus estrategias, con la capacidad de ajustarse rápidamente a las condiciones y restricciones que ofrece su mercado, las transformó en algo semejante a organizaciones trasnacionales de negocios, por su estructura y forma de operar.
En este periodo, México experimentó una transición delictiva caracterizada por el incremento sostenido del número de delitos, en particular, los cometidos con violencia; por la impunidad y por la consolidación de organizaciones delictivas vinculadas con el narcotráfico y la economía ilegal.
 
La crisis de seguridad pública durante el cambio de siglo fue resultado de un largo proceso de acumulación de rezagos, que se reflejaron en los siguientes fenómenos:
1. El crecimiento sostenido de la delincuencia organizada, en especial de los delitos contra la salud y sus efectos en el aumento del consumo de drogas.
2. El crecimiento y consolidación de organizaciones delictivas asociadas con la economía ilegal con un importante fortalecimiento financiero a través de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
3. El surgimiento de patrones delictivos más violentos como resultado de la especialización de los grupos delictivos y de la impunidad.
4. La colusión y corrupción de las autoridades policiales y de administración y procuración de justicia.
Los grupos de la delincuencia organizada ejercieron distintos grados de control en algunas zonas del país, imponiendo un orden social articulado alrededor de actividades ilícitas caracterizadas por el uso extremo de la violencia. Este ambiente generó un clima de temor en la ciudadanía, propiciando un mayor dominio de estos grupos no sólo frente a sus bandas rivales, sino frente a la sociedad.
Lo anterior, aunado al fortalecimiento de la seguridad fronteriza de Estados Unidos de América a partir de 2001, contribuyó a que la delincuencia organizada incrementara la distribución de droga a nivel nacional y expandiera sus áreas de operación hacia otras actividades, tales como la trata de personas, la extorsión y el secuestro.(1)
Hasta hace poco la estrategia de seguridad tuvo como pilares el combate frontal a las organizaciones delictivas, así como el abatimiento, la aprehensión y eventual extradición de sus líderes. Ello generó vacíos de poder en sus estructuras, que detonaron luchas por el control del mercado de las actividades delictivas a lo largo de todo el país.
Esta confrontación incrementó los niveles de violencia y deterioró la percepción ciudadana sobre su seguridad y la eficacia de la estrategia misma; lo anterior se puede apreciar en el hecho de que en 2013, el 58% de población consideraba la inseguridad como el principal problema del país(2). También se tradujo en un incremento de los requerimientos financieros y de reclutamiento de los grupos delictivos.
Así, en el período 2006-2012 se experimentó un incremento sustancial en los delitos que más afectan a la sociedad y que implican altos niveles de violencia, como el homicidio doloso, el secuestro y la extorsión. Asimismo, surgieron frecuentes situaciones de riesgo para la sociedad, como enfrentamientos entre grupos delictivos y exhibición explícita de la violencia.
1.2 Escalamiento de la Violencia
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las denuncias por el delito de homicidio doloso en el periodo de 2006 a 2012 se incrementaron en 84%, al pasar de 11,806 a 21,728 respectivamente; las extorsiones registraron un incremento del 130% pasando de 3,157 a 7,272; mientras que los secuestros se incrementaron en 92%, al pasar de 733 a 1,407 denuncias en el mismo periodo.
 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En su conjunto, los delitos de alto impacto (homicidio doloso, secuestro y extorsión) registraron un importante crecimiento de 93% en el periodo del año 2006 al 2012.
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y Consejo Nacional de Población (CONAPO)
Esta tendencia de crecimiento delictivo en el país se confirma con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la que se estima que durante 2010, 2011 y 2012, hubo 17.8, 18.7 y 21.6 millones de víctimas de algún delito respectivamente, lo que representa un incremento de más del 20% entre 2010 y 2012.
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 2011, 2012 y 2013.
Es importante subrayar que el incremento en los índices delictivos se manifiesta de diferentes formas a lo largo del territorio nacional, lo cual obliga a analizarlo desde un punto de vista regional. Así, para los años 2012 y 2013, el número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes se concentró en las regiones Noroeste y Noreste; el secuestro registró mayor incidencia en el Noreste y Centro; y el delito de extorsión tuvo mayor presencia en el Centro y Occidente.(3)
 
Distribución de delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes por Región
Comparativo 2006-2012

Homicidio doloso
Secuestro
Extorsión
Alto impacto
Región
2006
2012
2006
2012
2006
2012
2006
2012
Centro
13.6
16.8
1.6
1.3
2.5
7.7
17.6
25.8
Noreste
6.8
27.4
0.1
1.8
2.3
4.3
9.3
33.5
Noroeste
16
34.4
0.5
0.8
4.6
6
21.1
41.2
Occidente
7
14.8
0.2
1.1
3.5
6.3
10.7
22.2
Sureste
10.1
10.6
0.1
1
2.5
4.8
12.7
16.5
Nacional
10.9
18.6
0.7
1.2
2.9
6.2
14.5
26
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y Consejo Nacional de Población (CONAPO)
 
Distribución de delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes por Región
Comparativo 2012-2013

Homicidio doloso
Secuestro
Extorsión
Alto impacto
Región
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
Centro
16.8
14.7
1.3
1.6
7.7
8.8
25.8
25.1
Noreste
27.4
16.9
1.8
2.1
4.3
5.2
33.5
24.2
Noroeste
34.4
30
0.8
0.8
6
5.8
41.2
36.6
Occidente
14.8
13.6
1.1
1.3
6.3
6.8
22.2
21.6
Sureste
10.6
8.8
1
1.2
4.8
5
16.5
15
Nacional
18.6
15.3
1.2
1.4
6.2
6.8
26
23.5
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y Consejo Nacional de Población (CONAPO)
En forma complementaria, se consideran otros delitos de alto impacto para los cuales no hay registros confiables ni homogéneos. Dichos delitos impactan a la sociedad en determinadas regiones del país, lo cual reafirma la obligación de analizar el escalamiento de la violencia de manera regional.
Uno de estos delitos es la trata de personas, de la cual se estima que existen en el mundo 20.9 millones de víctimas. De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los sectores más vulnerables son mujeres y menores de edad, quienes representan 60% y 22% del total de víctimas, respectivamente. Asimismo, la ONU considera que México es zona de origen, tránsito y destino de víctimas de este delito.
Otros sectores sociales que han padecido delitos de alto impacto son los migrantes, con 11,333 víctimas de secuestro de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(4); los periodistas, los defensores de derechos humanos y los activistas.
1.3 Debilidad Institucional y Escasa Coordinación
En este escenario, destaca el debilitamiento de las instituciones de seguridad que no contaron con la solidez suficiente para hacer frente a la transformación del fenómeno delictivo y a las nuevas demandas ciudadanas, lo que se manifestó en:
1.     Debilidad en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Situación que contribuyó a generar un vacío de autoridad en algunas zonas del territorio nacional, cuyo resultado fue la falta de acciones efectivas que combatieran la problemática, lo que a su vez propició un contexto apto para el auge de grupos delictivos y de la economía ilegal.
2.     Corrupción dentro de las instituciones. Los bajos salarios y la poca profesionalización de los elementos policiales contribuyeron a que la ilegalidad, la penetración de organizaciones delictivas en las instituciones, el abuso y la corrupción, se volvieran fenómenos aún más graves y, a su vez, ventajas para las organizaciones delictivas. Cabe aclarar que el fenómeno de la corrupción no fue generalizado, ya que algunas instituciones policiales tomaron medidas que permitieron combatirla de manera efectiva.
3.     Desconfianza y distanciamiento de la ciudadanía. La crisis de las instituciones de seguridad pública derivó en una clara desconfianza y distanciamiento de la ciudadanía, principalmente por la corrupción que se vivía dentro de las mismas, pero también por la falta de capacitación de los elementos policiales para tener una mayor cercanía y participación con los ciudadanos.
La política de combate frontal a la delincuencia organizada, la penetración de organizaciones delictivas y el fenómeno de la corrupción en las instituciones, dificultaron articular los esfuerzos de manera coordinada, puesto que existía una profunda desconfianza entre éstas.
La falta de coordinación entre las instituciones de seguridad pública, en los tres niveles de gobierno, limitó los alcances del intercambio de información e inteligencia. Además, se dio prioridad al acopio y centralización de la información sin mecanismos de acceso y análisis adecuados. Esta situación impidió que se privilegiara el uso de la inteligencia policial por encima del uso de la fuerza, lo que es un elemento esencial para reducir la violencia y la impunidad.
Adicionalmente, la desaparición de la Academia Nacional de Seguridad Pública impactó en los esfuerzos conjuntos con las Entidades Federativas para desarrollar un Servicio Nacional de Carrera Policial que propiciara la homologación de programas de formación, capacitación y profesionalización, así como de protocolos de actuación para los elementos de las instituciones de seguridad pública del país.
La función primordial de las policías es servir a la comunidad. En este sentido, la fortaleza y capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad pública está estrechamente vinculada con la confianza y
participación de la sociedad. En los últimos años, algunas personas dejaron de acudir ante las autoridades para denunciar, por temor o desconfianza de las prácticas corruptas. Ante esta situación, se busca generar un sistema de seguridad pública en el que haya una mayor interacción con la sociedad. La confianza en las instituciones policiales incentivará la denuncia ciudadana y permitirá que la sociedad comparta información con las autoridades. Asimismo, una sociedad más participativa será un elemento clave para el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. Con una vinculación efectiva entre las autoridades y la ciudadanía, estaremos en posibilidad de contar con instituciones de seguridad pública que realmente responda a las expectativas.(5)
Ahora bien, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), señala que la ciudadanía confía menos en las policías preventivas y de tránsito municipal, las policías estatales, las policías ministeriales o judiciales y el ministerio público; lo contrario ocurre con el Ejército y la Marina.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2013.
1.4 Delitos que Afectan el Patrimonio de las Personas
Entre los delitos del orden común que más afectan el patrimonio de las personas se encuentran el robo a transeúnte, robo a casa habitación, robo a negocio y robo de vehículos.
En conjunto, estos últimos representan el 30% del total de delitos del fuero común y presentaron un incremento del 27% de 2006 a 2012; con un aumento del 30% en los cometidos con violencia. (6)
 
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El robo a transeúnte y robo a casa habitación son los delitos más sensibles porque afectan de forma directa el desarrollo cotidiano de la población. Constituyen el 13% del total de delitos del fuero común, con incremento del 26% de 2006 a 2012; aumentando 19% los cometidos con violencia en el mismo periodo.
El robo a negocio cometido con violencia ha mostrado un aumento significativo del 102% de 2006 a 2012. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), en 2011, el 37% de las 3,717,291 unidades económicas registradas en el país fueron victimizadas. Sin embargo, las unidades económicas reportaron un total de 4,324,529 delitos ocurridos en 2011, lo que implica que dichas unidades sufrieron cerca de tres delitos en promedio cada una.
Se estima que la delincuencia impuso en 2011 un costo adicional a las unidades económicas de 115.2 mil millones de pesos, equivalente al 0.75% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, debido a incrementos en los costos operativos o a pérdidas directas como consecuencia de algún delito; el promedio de costo adicional por unidad económica es de más de 56 mil pesos.
Asimismo, destaca la importancia del robo de vehículo que representa el 12% del total de delitos del fuero común, y que experimentó un crecimiento del 42% de 2006 a 2012; en particular aquellos cometidos con violencia que reportan un incremento del 148%.
1.5 Economía Ilegal y Delitos de Mayor Impacto a los Sectores Productivos
Para efectos del presente Programa y para acotar el concepto de "Economía Ilegal", se ha distinguido entre los delitos que más impactan a las personas (como son el homicidio, secuestro, extorsión y robo con violencia, entre otros) y los ilícitos que afectan a los sectores productivos, que menoscaban la economía nacional y las finanzas públicas; que vulneran normas fiscales, sobre derechos de autor, propiedad industrial, comercio exterior, riesgos sanitarios y protección al medio ambiente.
La "Economía Ilegal" es un fenómeno que frena el desarrollo económico, ya que limita la productividad y aumenta los costos de operación de las empresas de forma directa e indirecta, impide la existencia del escenario propicio para la generación de negocios y disminuye la inversión. El comercio de los productos ilegales está estrechamente vinculado con la delincuencia organizada, pues ésta tiende a controlar los mercados en donde opera.
Los ilícitos vinculados con la "Economía Ilegal" impactan, entre otros, a los siguientes rubros:
1.     La creación de empleos y el crecimiento del país, así como al desarrollo de sectores productivos que actúan en el marco de la legalidad, disminuyendo la participación de empresas formales en el mercado y afectando la competitividad del país.
2.     La vida, la salud y la integridad física de las personas, cuando involucran la comercialización de productos que no cumplen con la regulación sanitaria y las normas oficiales mexicanas correspondientes.
 
3.     La deforestación y daño a la biodiversidad que genera la explotación ilegal de los recursos naturales.
4.     El fortalecimiento de las estructuras financieras de la delincuencia organizada.
La industria petroquímica es un sector estratégico del Estado Mexicano, tanto por su tamaño en términos económicos, como por los riesgos a la seguridad que representan los accidentes e incidentes en esa industria. De acuerdo con la Secretaría de Energía, el robo a los oleoductos y gasoductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha representado una pérdida anual de cerca de 5 mil millones de pesos.
Asimismo, especial importancia e impacto económico representó el crecimiento de inseguridad en la red carretera del país, que forma parte fundamental de la infraestructura económica y permite el flujo de bienes, personas y capital a través del territorio nacional. El robo en carretera se incrementó 250% de 2006 a 2012, resaltando un aumento del 167% de los cometidos con violencia, y un incremento de robo a transporte de carga del 237%.(7)
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE 2012), el transporte de bienes o productos por carreteras y autopistas es la actividad con mayor percepción de riesgo para las empresas (43%).
1.6 Delitos Cibernéticos
La adopción y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación se han incrementado en gran parte de las sociedades contemporáneas. Se estima que en el mundo existen alrededor de 2,700 millones de cibernautas(8) y en México alrededor de 45 millones(9). La evolución de dichas tecnologías ha contribuido al desarrollo de las sociedades que han sabido incorporarlas y aprovecharlas en sus actividades cotidianas.
Por la importancia del tema, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla diversas acciones relacionadas con el impulso a la economía digital y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, en noviembre de 2013 el Gobierno de la República publicó la "Estrategia Digital Nacional", que es el plan de acción para fomentar la adopción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación e insertar a México en la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
Ahora bien, en los últimos años la delincuencia organizada ha hecho uso de estas tecnologías para coordinar y cometer delitos de alto impacto, como pornografía infantil, secuestro, extorsión y trata de personas. De la misma manera, se han utilizado estos medios para realizar fraudes, usurpación de identidad, acceder ilícitamente a sistemas y equipos de informática y cometer delitos contra los derechos de autor.
Una de las características del delito informático es que no tiene fronteras, dada la característica inherente de interconexión del Internet, situación que se vuelve aún más compleja dado que los delincuentes cibernéticos comenten actividades que afectan tanto a ciudadanos como a las infraestructuras estratégicas de distintos países.
La Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, a través de la División Científica de la Policía Federal, registró en el periodo diciembre 2012 a noviembre 2013 las siguientes cifras sobre delitos que se cometen a través de internet: 18,775 denuncias realizadas por la ciudadanía a través del Centro Nacional de Atención Ciudadana , número 088; 550 requerimientos de autoridades ministeriales de delitos contra menores; 1,304 sobre delitos de alto impacto; así como, 20,835 incidentes de seguridad informática detectados por medio del patrullaje a la red pública de Internet. Estas cifras representan un incremento de 23% para el primer caso, 25% para el segundo, 54% para el tercero, 92% para el cuarto y en conjunto 49%, respecto a las registradas en el periodo de diciembre 2011 a noviembre 2012.
1.7 Sistema Penitenciario Nacional
El Sistema Penitenciario Nacional está conformado por los centros penitenciarios del ámbito federal y local. Durante décadas, este componente crucial de los sistemas de seguridad pública ha sufrido un deterioro importante.
Si bien, en los últimos años se han realizado inversiones en infraestructura para expandir la capacidad instalada, la población penitenciaria ha crecido a ritmos constantes, por lo que no se ha logrado disminuir la sobrepoblación en el sistema, en particular en los centros estatales. En diciembre de 2013 se registró una sobrepoblación del 24.4% en el país, que se traduce en la falta de 48,341 espacios de reclusión.
Fuente: Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPyRS)
Esta situación, además de representar un reto para la seguridad de los centros penitenciarios, implica condiciones que atentan contra los derechos de la población en reclusión. Por ello, es necesaria la salvaguarda de los derechos humanos de los internos, estableciendo un régimen de ejecución de penas que garantice la seguridad de las personas y condiciones de vida digna.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), existen grandes deficiencias en las condiciones de gobernabilidad de los centros penitenciarios: aún no se cuenta en su totalidad con manuales de procedimientos para el uso de la fuerza, existe insuficiencia del personal de seguridad y custodia, y se presentan deficiencias durante el proceso de imposición de sanciones disciplinarias, entre otros.
El sistema penitenciario ha fallado en su función de evitar que algunos internos continúen delinquiendo, ya que existen redes delictivas que operan desde los centros penitenciarios y victimizan a la sociedad a través de la extorsión telefónica y otras acciones. De la misma manera, el registro de incidentes como fugas y riñas en centros penitenciarios locales, los cuales se duplicaron en los últimos dos años, da cuenta de la falta de capacitación y control del personal penitenciario para hacer frente a estas problemáticas.
 
Fuente: Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPyRS)
Debe notarse que aún no se ha cumplido con el objetivo fundamental que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el sistema penitenciario: la reinserción del sentenciado a la sociedad. El periodo de prisión debe ser utilizado constructivamente para asegurar que, en todo lo que sea posible, al retornar a la comunidad, los sentenciados sean capaces de vivir respetando la ley.
1.8 Planteamiento de la Estrategia de Seguridad Pública
El Gobierno de la República ha planteado desde el comienzo de la administración una nueva Estrategia de Seguridad Pública cuyos objetivos fundamentales son reducir la violencia y restablecer las condiciones de convivencia pacífica y ordenada para todos los mexicanos.
En concordancia con la nueva estrategia, en agosto de 2013, el Presidente de la República planteó la Política Pública de Seguridad y Procuración de Justicia, la cual permite establecer con claridad las prioridades en esta materia y les otorga un contenido programático. Esta Política Pública está sustentada en diez apartados:
I.     Prevención del delito y reconstrucción del tejido social
II.    Justicia Penal Eficaz
III.    Profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos de policía
IV.   Transformación del sistema penitenciario
V.    Promoción y articulación de la participación ciudadana
VI.   Cooperación Internacional
VI.   Información que sirva al ciudadano
VII.  Coordinación entre autoridades
IX.   Regionalización
X.    Fortalecimiento de la inteligencia
Los documentos programáticos de la Administración Pública Federal vinculados con el tema de seguridad pública son el complemento operativo que da sustento a la nueva Estrategia de Seguridad Pública y permiten alcanzar los objetivos de la Política Pública de Seguridad y Justicia. Dicha Estrategia se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, así como en el presente Programa Nacional de Seguridad Pública.
 
La finalidad primordial de este Programa es lograr un México en Paz, que tenga al ciudadano y a su familia como centro de las políticas de seguridad. Las ciudades, los pueblos y las carreteras deberán volver a ser espacios de tranquilidad, donde los mexicanos puedan transitar con seguridad, sin temor de perder la libertad o la vida.
La prioridad es reducir la violencia, por medio de la atención de los delitos que más afectan a las personas, tales como: homicidio, secuestro y extorsión.
El logro de este objetivo requiere sumar esfuerzos de las distintas instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno a través de un sistema de coordinación y cooperación que genere orden, confianza y corresponsabilidad. Para servir a la sociedad, las corporaciones, lejos de competir entre sí, deben coordinarse y trabajar en un frente común.
Al inicio de esta Administración se rediseñó el marco institucional de la Administración Pública Federal, otorgando nuevas facultades a la Secretaría de Gobernación entre las que, sumadas a las que tenía con anterioridad, destacan: la seguridad pública, la seguridad nacional, la prevención del delito, la protección de los derechos humanos, la atención a víctimas del delito y personas desaparecidas, así como la relación política y de coordinación con los otros Poderes de la Unión y con los Gobiernos de las Entidades Federativas.
En este nuevo marco institucional se establecen los elementos centrales de una Estrategia de Seguridad Pública que asegure:
a.     La efectiva coordinación entre las dependencias federales de seguridad, y de éstas con las Entidades Federativas, bajo la conducción del Secretario de Gobernación.
       La coordinación con los gobiernos de las Entidades Federativas es un elemento esencial para la definición de prioridades y compromisos en los trabajos conjuntos contra la delincuencia y la violencia.
       Los responsables de dirigir la estrategia de seguridad pública en las Entidades Federativas, en el marco de sus respectivas competencias, son los gobernadores en coordinación con las autoridades municipales, así como el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
       Lo anterior siguiendo el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública de dividir al país en cinco regiones, al reconocer las diferencias delictivas y de capacidad de respuesta por región.
b.     La cooperación internacional es esencial para hacer frente a las organizaciones delictivas transnacionales. Por ello, se fortalecerá el diálogo e intercambio de información y la colaboración con otras naciones, en especial con las de nuestra región: Estados Unidos y los países de Centroamérica. Todo ello bajo el principio de responsabilidad compartida y garantizando el pleno respeto a nuestra soberanía.
c.     Reordenar funcional y territorialmente la respuesta operativa ante las organizaciones delictivas, en el marco de las acciones coordinadas entre la Policía Federal y las instituciones que coadyuvan con las autoridades civiles en funciones de seguridad pública. Este reordenamiento se realizará partiendo del entendimiento de las características de los grupos delictivos en cada región y de sus índices de violencia, así como de los ámbitos de acción territorial, la capacidad de respuesta diferenciada, la especialización y entrenamiento de cada institución.
Se continuará con los esfuerzos para aprehender a los líderes de las organizaciones delictivas; no obstante, las acciones se orientarán principalmente a:
     Desarticular los grupos y organizaciones delictivas con mayores niveles de violencia.
     Debilitar las estructuras financieras de las mismas, por medio de la detención de operadores, contadores, administradores y personal financiero.
     Romper los mecanismos intermedios de operación y vínculos con redes o cadenas de la economía del delito y con otras organizaciones delictivas.
     Recuperar territorios con amplia presencia de grupos y organizaciones delictivas.
Para lograr una mejor coordinación con las autoridades de las Entidades Federativas y reforzar el control de sus operaciones, la Policía Federal desconcentrará su estructuras de mando y operación en las cinco regiones del país.
       El retiro de las fuerzas armadas como apoyo en tareas de seguridad pública será gradual, como respuesta a la consolidación de las instituciones policiales.
d.     El uso de inteligencia por encima de la fuerza, a partir de la definición de procedimientos claros para
la integración, análisis, explotación, e intercambio de información que apoye la toma de decisiones a nivel estratégico y operativo en la desarticulación de las organizaciones delictivas.
       Se requiere avanzar en un cambio estructural, que permita la fusión de información estratégica, lo cual se logrará con la instalación de cinco centros regionales de inteligencia, en apoyo a las tareas de seguridad pública de las Entidades Federativas.
       Se reconoce la necesidad de establecer protocolos de integración de información y documentación de casos para la judicialización de las investigaciones de los delitos, en apoyo al ministerio público.
       A fin de fortalecer las capacidades de actuación e investigación de las policías, es necesario abrir la consulta de los registros y bases de datos nacionales de seguridad pública, como un servicio de información a las instituciones en la materia. Su eficacia como herramienta en el combate a la delincuencia se medirá, no sólo por el número y actualización de sus registros, sino por el uso de la información y sus resultados.
e.     La estrategia se focalizará a la atención de los delitos que más impactan a la sociedad y a la economía.
       La acción concurrente de la Federación y las Entidades Federativas para reducir la violencia, específicamente la relacionada con homicidios dolosos, secuestros y extorsiones, requiere la definición clara de prioridades y compromisos para atender las ciudades, carreteras y zonas de mayor incidencia y con mayores niveles de violencia.
       Reducir la violencia y recuperar la tranquilidad de los mexicanos implica además reducir la incidencia de delitos del orden común como son el robo a transeúnte, robo a casa habitación, robo a negocio y robo de vehículos, principalmente aquellos cometidos con violencia, por lo que requieren de la atención prioritaria de las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y municipios, con el decidido apoyo de las instituciones federales.
       Es decisivo atacar las finanzas de las estructuras delictivas, ya que con ello se restringe su capacidad de operación. La prevención e investigación de las operaciones con recursos de procedencia ilícita se desarrollará en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República, promoviendo el intercambio de información entre instancias nacionales e internacionales con competencia en la materia y reforzando el área especializada de la Policía Federal.
       Asimismo, para debilitar las estructuras económicas de los grupos delictivos se dará especial atención a la prevención e investigación de los delitos vinculados a la "Economía Ilegal", estas acciones se realizarán a través de esquemas de cooperación entre instituciones de seguridad pública, de procuración de justicia y de autoridades administrativas como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
       Es necesario incrementar el uso de herramientas tecnológicas para atender con mayor efectividad el fenómeno emergente y creciente de los delitos cibernéticos que conllevan un alto impacto a la sociedad (extorsión, trata de personas, pornografía de menores) y a la economía (fraude electrónico, robo de identidad y delitos contra derechos de autor).
f.      El fortalecimiento de las instituciones federales en el control de los puertos, aeropuertos y puntos fronterizos se constituye en un elemento fundamental para reducir el impacto económico y la capacidad operativa de las organizaciones delictivas. El resguardo de las fronteras servirá como contención al tráfico de drogas, armas, dinero y mercancía ilegal (aquélla que viole normas fiscales, de comercio exterior, derechos de autor, propiedad industrial, sanitarias y de protección al medio ambiente). Asimismo, abonará a reducir la incidencia de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
       Para lograr esto último, se reforzará la presencia policial en las fronteras y la coordinación interinstitucional tanto entre instancias de seguridad, como entre éstas y autoridades administrativas como la aduanera, migratoria y sanitaria. Asimismo, se fortalecerán los controles administrativos de ingresos y salidas al país de personas y bienes.
g.     La vinculación de las policías con la ciudadanía requiere de la activa participación de organizaciones empresariales, gremiales, sociales, comunitarias y no gubernamentales, a nivel nacional, regional y local, para generar confianza y credibilidad en los esfuerzos que las instituciones de seguridad pública desarrollan en el combate a la delincuencia y la reducción de la violencia.
       Es fundamental que las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno escuchen permanentemente las demandas de las organizaciones y los ciudadanos, conozcan sus necesidades y acerquen el trabajo de la policía a la sociedad.
 
       Se requiere motivar a los grupos y comunidades afectados por las actividades delictivas para que presenten denuncias y compartan con las autoridades información de utilidad para las investigaciones; y que se concierten compromisos y se definan los mecanismos para darles seguimiento.
       La sociedad vinculada con las instituciones de seguridad pública debe coadyuvar a la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos, además de permitir dar atención puntual a las denuncias de posible corrupción del personal.
h.     El fortalecimiento institucional es una premisa fundamental de la estrategia de seguridad pública que recoge los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y de las Conferencias Nacionales en tres temas prioritarios: mando único policial en los estados, modelo nacional de evaluación y control de confianza, así como formación y desarrollo policial.
       Un elemento esencial de la transformación institucional es la creación en la Policía Federal de la División de Gendarmería, como un cuerpo de apoyo al control territorial que permita reforzar la atención a zonas con alta presencia de grupos de la delincuencia organizada, con mayores índices de violencia y con debilidad institucional para contenerla.
       La División de Gendarmería de la Policía Federal extenderá gradualmente sus funciones a la vigilancia de instalaciones estratégicas, aeropuertos y puntos fronterizos prioritarios.
       El Gobierno de la República apoyará la decisión de cada estado sobre el modelo de mando único policial y el esquema operativo por el que opte: estructuras de mando; perfiles de reclutamiento y selección; formación y capacitación; indicadores de evaluación del desempeño policial; mecanismos de supervisión y control; y, protocolos sobre el uso de la fuerza.
       Con relación al Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, se aplicarán evaluaciones focalizadas, orientadas a la identificación de riesgos en atención a la categoría jerárquica, acceso a información privilegiada o confidencial, y grado de responsabilidad y mando o decisión del cargo; todo ello sin disminuir el rigor metodológico y calidad de las evaluaciones.
       Este esquema de evaluación incluye la consideración, en el proceso de evaluación y control de confianza, de las diversas problemáticas que enfrentan las entidades de acuerdo con sus características particulares, como la presencia de organizaciones de delincuencia organizada, índice delictivo e indicadores sociodemográficos.
       Es primordial reconocer que la toma de decisiones sobre ascensos y permanencia no se sustenta únicamente en las evaluaciones de control de confianza y que éstas no sustituyen la supervisión permanente de la operación, así como la evaluación del desempeño de los elementos, sino que son una herramienta importante para valorar su ingreso y permanencia.
       En materia de formación profesional, se actualizará el programa Rector de Profesionalización que señala los objetivos, estrategias y acciones para fortalecer la formación inicial y continua para el desarrollo de las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.
       Para fortalecer las instituciones de seguridad pública estatales, del Distrito Federal y municipales, destaca el compromiso de instalar y operar cinco academias regionales, cuyas prioridades serán la formación y acreditación de cuadros de mandos y de instructores por especialidad.
       Asimismo, se instalará el Consejo Académico del Centro Nacional de Formación de Mandos, como instancia rectora en los planes y programas de estudios destinados a la capacitación de mandos de las instituciones de seguridad pública.
i.      La entrada en vigor en 2016 del Nuevo Modelo de Justicia Penal Acusatorio implica una renovación de las instituciones involucradas hacia un modelo que contribuya a abatir la impunidad, que logre una procuración de justicia efectiva y combata la corrupción.
       Para ello, se promoverá la formación intensiva del personal policial y penitenciario en la aplicación de los procedimientos de este nuevo sistema En el marco del Programa Rector de Profesionalización y a través de la coordinación entre la Secretaría Técnica para la implementación del Sistema de Justicia Penal, la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad y la Procuraduría General de la República, se desarrollará un programa homologado de formación para las policías Federal y de las Entidades Federativas, con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
j.      Para promover la reinserción social efectiva, se reorientará el Sistema Nacional Penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, capacitación, educación, salud y deporte.
       Por otra parte, garantizar el control y seguridad de los centros penitenciarios del país es una prioridad impostergable para evitar fugas y motines; abatir la corrupción; y, sobre todo, romper el vínculo de los
internos con organizaciones delictivas que operan tanto dentro como fuera de los centros.
       Asimismo, se requiere reducir la presión y sobrecupo en los centros penitenciarios estatales y municipales, por medio del traslado de sentenciados del fuero federal y de internos de alta peligrosidad del fuero común a centros federales.
Por último, debe remarcarse que la implementación de la estrategia de seguridad pública estará orientada por dos criterios transversales y prioritarios: el respeto y protección de los derechos humanos y la perspectiva de género. Lo que significa que cada una de las líneas de acción previstas en el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 deberá ejecutarse mediante un apego estricto a los derechos fundamentales y con perspectiva de género.
CAPÍTULO II. ALINEACIÓN A LAS METAS NACIONALES
Meta
Nacional
Objetivo de la Meta
Nacional
Estrategia del
Objetivo de la Meta
Nacional
Alineación a los
objetivos de los
programas sectoriales
Objetivos del Programa
Nacional de Seguridad
Pública
México en
Paz
1.3 Mejorar las
condiciones de
seguridad pública
Estrategia 1.3.2
Promover la
transformación
institucional y fortalecer
las capacidades de las
fuerzas de seguridad
Programa Sectorial de
Gobernación Objetivo
2. Mejorar las
condiciones de
seguridad y justicia.
Objetivo 1
Consolidar una coordinación
efectiva para el diseño,
implementación y evaluación
de la política de seguridad
pública.
Objetivo 2
Reducir la incidencia de los
delitos con mayor impacto en
la población.
Objetivo 3
Reducir la incidencia de los
delitos vinculados a la
"Economía Ilegal".
Objetivo 4
Desarrollar en las
instituciones de seguridad
pública esquemas de
proximidad y cercanía con la
sociedad.
Objetivo 5
Fortalecer las capacidades de
las instituciones policiales.
Objetivo 6
Fortalecer el sistema
penitenciario nacional y el
especializado en menores de
edad que infringen la ley
penal.
México en
Paz
 
1.2. Garantizar la
Seguridad Nacional
Estrategia 1.2.3.
Fortalecer la
Inteligencia del Estado
Mexicano para
identificar, prevenir y
contrarrestar riesgos y
amenazas a la
Seguridad Nación.
Programa Sectorial de
Marina
Objetivo 3. Consolidar
la Inteligencia Naval
para identificar, prevenir
y contrarrestar riesgos y
amenazas que afecten a
la Seguridad Nacional.
Objetivo 1
Consolidar una coordinación
efectiva para el diseño,
implementación y evaluación
de la política de seguridad
pública.
Objetivo 2
Reducir la incidencia de los
delitos con mayor impacto en
la población.
México en
Paz
 
1.2. Garantizar la
Seguridad Nacional
Estrategia 1.2.1.
Preservar la integridad,
estabilidad y
permanencia del
Estado Mexicano.
Estrategia 1.2.2.
Preservar la paz, la
independencia y
soberanía de la nación.
Programa Sectorial de
Defensa Nacional
Objetivo 1.
Contribuir a preservar la
integridad, estabilidad,
independencia y
Soberanía del Estado
Mexicano.
Objetivo 1
Consolidar una coordinación
efectiva para el diseño,
implementación y evaluación
de la política de seguridad
pública.
Objetivo 2
Reducir la incidencia de los
delitos con mayor impacto en
la población.
Objetivo 3
Reducir la incidencia de los
delitos vinculados a la
"Economía Ilegal".
México en
Paz
 
1.2. Garantizar la
Seguridad Nacional
Estrategia 1.2.3.
Fortalecer la
Inteligencia del Estado
Mexicano para
identificar, prevenir y
contrarrestar riesgos y
amenazas a la
Seguridad Nación.
Programa Sectorial de
Defensa Nacional
Objetivo 2. Fortalecer el
Sistema de Inteligencia
Militar.
Objetivo 1
Consolidar una coordinación
efectiva para el diseño,
implementación y evaluación
de la política de seguridad
pública.
México en
Paz
 
1.4 Garantizar un
sistema de justicia
penal eficaz,
expedito, imparcial y
transparente
Estrategia 1.4.1.
Abatir la impunidad.
Estrategia 1.4.2.
Lograr una procuración
de justicia efectiva.
Estrategia 1.4.3
Combatir la corrupción
y transparentar la
acción pública en
materia de justicia para
recuperar la confianza
ciudadana.
Programa Nacional de
Procuración de
Justicia
Objetivo 1.
Fortalecer la confianza
ciudadana en las
instituciones de
Procuración de Justicia.
Objetivo 2
Reducir la incidencia de los
delitos con mayor impacto en
la población.
Objetivo 4
Desarrollar en las
instituciones de seguridad
pública esquemas de
proximidad y cercanía con la
sociedad.
México
Incluyente
2.3. Asegurar el
acceso a los
servicios de salud
Estrategia 2.3.2 Hacer
de las acciones de
protección, promoción
y prevención un eje
prioritario para el
mejoramiento de la
salud.
Estrategia 2.3.4
Mejorar la atención de
la salud a la población
en situación de
vulnerabilidad
Programa Sectorial de
Salud
Objetivo 1.
Consolidar las acciones
de protección,
promoción de la salud y
prevención de
enfermedades
Objetivo 4
Desarrollar en las
instituciones de seguridad
pública esquemas de
proximidad y cercanía con la
sociedad
 
México
Incluyente
2.1. Garantizar el
ejercicio efectivo de
los derechos sociales
para toda la población
Estrategia 2.1.2
Fortalecer el desarrollo
de capacidades en los
hogares con carencias
para contribuir a
mejorar su calidad de
vida e incrementar su
capacidad productiva.
Programa Sectorial de
Salud
Objetivo 4.
Cerrar las brechas
existentes en salud
entre diferentes grupos
sociales y regiones del
país.
Objetivo 4
Desarrollar en las
instituciones de seguridad
pública esquemas de
proximidad y cercanía con la
sociedad
México con
Educación de
calidad
3.2 Garantizar la
inclusión y la equidad
en el sistema
educativo
3.2.1 Ampliar las
oportunidades de
acceso a la educación
en todas las regiones y
sectores de la
población.
3.2.2 Ampliar los
apoyos a niños y
jóvenes en situación de
desventaja o
vulnerabilidad
3.3.3 Crear nuevos
servicios educativos,
ampliar los existentes y
aprovechar la
capacidad instalada de
los planteles
Programa Sectorial de
Educación Objetivo 3
Asegurar mayor
cobertura, inclusión y
equidad educativa entre
todos los grupos de la
población para la
construcción de una
sociedad más justa.
 
Objetivo 1
Consolidar una coordinación
efectiva para el diseño,
implementación y evaluación
de la política de seguridad
pública.
Objetivo 4
Desarrollar en las
instituciones de seguridad
pública esquemas de
proximidad y cercanía con la
sociedad
México
Próspero
4.2: Democratizar el
acceso al
financiamiento de
proyectos con
potencial de
crecimiento.
4.2.1. Promover el
financiamiento a través
de instituciones
financieras y del
mercado de valores.
4.2.2. Ampliar la
cobertura del sistema
financiero hacia un
mayor número de
personas y empresas
en México, en
particular para los
segmentos de la
población actualmente
excluidos.
4.2.3. Mantener la
estabilidad que permita
el desarrollo ordenado
del sistema financiero,
incluyendo los sectores
de aseguramiento y
ahorro para el retiro
Programa Nacional de
Financiamiento del
Desarrollo
Objetivo 5.
Fomentar la inclusión,
educación, competencia
y transparencia de los
sistemas financiero,
asegurador y de
pensiones para
incrementar su
penetración y cobertura,
a la vez que mantengan
su solidez y seguridad.
Objetivo 1
Consolidar una coordinación
efectiva para el diseño,
implementación y evaluación
de la política de seguridad
pública.
Objetivo 2
Reducir la incidencia de los
delitos con mayor impacto en
la población.
 
México
Próspero
4.4. Impulsar y
orientar un
crecimiento verde
incluyente y facilitador
que preserve nuestro
patrimonio natural al
mismo tiempo que
genere riqueza,
competitividad y
empleo.
4.4.1. Implementar una
política integral de
desarrollo que vincule
la sustentabilidad
ambiental con costos y
beneficios para la
sociedad.
4.4.2. Implementar un
manejo sustentable del
agua, haciendo posible
que todos los
mexicanos tengan
acceso a ese recurso.
4.4.3. Fortalecer la
política nacional de
cambio climático y
cuidado al medio
ambiente para transitar
hacia una economía
competitiva,
sustentable, resiliente y
de bajo carbono.
4.4.4. Proteger el
patrimonio natural.
Programa Sectorial de
Medio Ambiente y
Recursos Naturales
Objetivo 5. Detener y
revertir la pérdida de
capital natural y la
contaminación del agua,
aire y suelo.
 
Objetivo 1
Consolidar una coordinación
efectiva para el diseño,
implementación y evaluación
de la política de seguridad
pública.
Objetivo 3
Reducir la incidencia de los
delitos vinculados a la
"Economía Ilegal".
 
México
Próspero
4.1 1 Aprovechar el
potencial turístico de
México para generar
una mayor derrama
económica en el país.
4.11.2. Impulsar la
innovación de la oferta
y elevar la
competitividad del
sector turístico
Programa Sectorial de
Turismo
Objetivo 2. Fortalecer
las ventajas
competitivas de la oferta
turística.
Objetivo 1
Consolidar una coordinación
efectiva para el diseño,
implementación y evaluación
de la política de seguridad
pública.
 
México con
Responsa-
bilidad
Global
5.1 Ampliar y
fortalecer la presencia
de México en el
mundo.
 
5.1.1 Consolidar la
relación con Estados
Unidos y Canadá a
partir de una visión
integral y de largo
plazo que promueva la
competitividad y la
convergencia en la
región, sobre la base
de las
complementariedades
existentes.
5.1.2 Consolidar la
posición de México
como un actor regional
relevante, mediante la
profundización de los
procesos de
integración en marcha
y la ampliación del
diálogo y la
cooperación con los
países de América
Latina y el Caribe.
5.1.3 Consolidar las
relaciones con los
países europeos sobre
la base de valores y
objetivos comunes, a
fin de ampliar los
vínculos políticos,
comerciales y de
cooperación.
Programa Sectorial de
Relaciones Exteriores
Objetivo 2
Contribuir activamente
en los foros
multilaterales en torno a
temas de interés para
México y el mundo.
Objetivo 1
Consolidar una coordinación
efectiva para el diseño,
implementación y evaluación
de la política de seguridad
pública.
 
 
Estrategia
Transversal del Plan
Nacional de
Desarrollo
Línea de Acción de la
Estrategia Transversal del
Plan Nacional de Desarrollo
Objetivo del Programa
Estrategias del Objetivo del
Programa
 
Estrategia I.
Democratizar la
Productividad.
 
Impulsar la correcta implementación de las estrategias para la construcción de un México en Paz, con el objetivo de reducir el impacto de la inseguridad en los costos de operación de las empresas y productores del país.
Objetivo 3.- Reducir la incidencia de los delitos vinculados a la "Economía Ilegal".
 
Estrategia 3.1 Coordinar acciones entre instituciones de seguridad pública y autoridades administrativas facultadas para sancionar ilícitos relacionados con la "Economía Ilegal".
Estrategia 3.2 Identificar y neutralizar puntos de internamiento al país, así como centros de producción, almacenamiento y distribución de "Mercancía Ilegal".
Estrategia 3.3 Incrementar acciones coordinadas para reducir la incidencia del robo a transporte de carga en carreteras y vías férreas.
Estrategia 3.4 Reducir la incidencia del robo de hidrocarburos y su comercialización ilícita.
 
Estrategia II.
Gobierno Cercano y
Moderno.
 
Estrechar desde la Oficina de la Presidencia, la Secretaría de Gobernación y demás instancias competentes, la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y promover la participación ciudadana en la gestión pública.
Evaluar y retroalimentar las acciones de las fuerzas de seguridad con indicadores claros, medibles y transparentes.
Impulsar la congruencia y consistencia del orden normativo mexicano en sus distintos niveles, así como un sistema jurídico efectivo y eficiente que garantice certidumbre jurídica.
Promover la eficiencia en el Sistema de Justicia Formal y Alternativa.
Colaborar en la promoción de acciones para una mayor eficacia de la justicia en los estados y el Distrito Federal.
Fortalecer la investigación y el desarrollo científico para sustentar mejor las acusaciones haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Difundir, con apego a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos, la información pública gubernamental.
Promover el respeto a los derechos humanos y la relación con los organismos nacionales e internacionales en la materia.
Objetivo 4.- Desarrollar en las instituciones de seguridad pública esquemas de proximidad y cercanía con la sociedad.
 
Estrategia 4.1 Fomentar una efectiva vinculación y corresponsabilidad entre las instituciones de seguridad pública y la sociedad.
Estrategia 4.2 Fomentar el uso de "Inteligencia Social", como complemento de la inteligencia policial, para identificar factores de riesgo para la seguridad.
Estrategia 4.3 Desarrollar herramientas y aplicaciones en plataformas múltiples, para identificar y atender oportunamente las denuncias y demandas ciudadanas.
Estrategia 4.4 Fomentar una cultura policial que promueva el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugne por su promoción y defensa.
Estrategia 4.5 Establecer en las instituciones policiales esquemas de protección a las víctimas de delitos, violaciones de derechos humanos y desastres naturales.
Estrategia 4.6 Implementar mecanismos de comunicación y entrega de información orientados a la evaluación y retroalimentación ciudadana y rendición de cuentas.
 
Estrategia III.
Perspectiva de
Género.
Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres.
Establecer medidas especiales orientadas a la erradicación de la violencia de género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Entidades Federativas y municipios.
Garantizar el cumplimiento de los acuerdos generales emanados del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mediante una coordinación eficaz entre los diversos órdenes de gobierno.
Fortalecer el Banco Nacional de Datos e Información sobre Violencia contra las Mujeres, con la participación de las Entidades Federativas.
Simplificar los procesos y mejorar la coordinación en los planos federal, estatal y municipal, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
Acelerar la aplicación cabal de las órdenes de protección para las mujeres que se enfrentan a riesgos.
Promover la armonización de protocolos de investigación policial de homicidios de mujeres.
Propiciar la tipificación del delito de trata de personas y su armonización con el marco legal vigente.
Llevar a cabo campañas nacionales de sensibilización sobre los riesgos y consecuencias de la trata de personas orientadas a mujeres, así como sobre la discriminación de género y los tipos y modalidades de violencias contra las mujeres.
Capacitar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de Migración y su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, sobre las causas,
Objetivo 4.- Desarrollar en las instituciones de seguridad pública esquemas de proximidad y cercanía con la sociedad.
4.7 Incorporar la Perspectiva de Género en la actuación de las instituciones de seguridad pública, de manera transversal.
 
Capacitar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de Migración y su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, sobre las causas, consecuencias e incidencia de la trata de mujeres y las diferentes formas de explotación, así como en la atención a las víctimas de estos delitos.
Promover el enfoque de género en las actuaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Incorporar acciones específicas para garantizar la seguridad e integridad de las mujeres.
 
Alineación con el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres PROIGUALDAD 2013-2018
Objetivo del Programa
Nacional para la Igualdad
de Oportunidades y no
Discriminación contra las
Mujeres PROIGUALDAD
2013-2018
Estrategia(s) del Objetivo del
Programa Nacional para la
Igualdad de Oportunidades y
no Discriminación contra las
Mujeres PROIGUALDAD
2013-2018
Objetivo del Programa
Nacional de Seguridad
Pública 2014-2018
Estrategia del Programa
Nacional de Seguridad
Pública 2014-2018
Objetivo transversal 1:
Alcanzar la igualdad
sustantiva entre mujeres y
hombres y propiciar un
cambio cultural respetuoso
de los derechos de las
mujeres.
Estrategia 1.2 Promover
acciones afirmativas para
garantizar el ejercicio de los
derechos de las mujeres y
evitar la discriminación de
género.
Estrategia 1.3 Promover el
liderazgo y participación
significativa de las mujeres en
cargos y puestos de toma de
decisiones.
Estrategia 1.5 Promover
valores que contribuyan al
cambio social y cultural en
favor de la igualdad y el
respeto de los derechos
humanos
Objetivo 4.- Desarrollar en
las instituciones de
seguridad pública esquemas
de proximidad y cercanía
con la sociedad.
Estrategia 4.5 Establecer
en las instituciones
policiales esquemas de
protección a las víctimas
de delitos, violaciones de
derechos humanos y
desastres naturales.
Estrategia 4.7 Incorporar la
"Perspectiva de Género"
en la actuación de las
instituciones de seguridad
pública, de manera
transversal.
Objetivo transversal 2:
Prevenir, atender, sancionar
y erradicar la violencia contra
mujeres y niñas, y
garantizarles acceso a una
justicia efectiva.
Estrategia 2.1 Incrementar,
promover y fortalecer la
prevención integral y eficaz de
la violencia contra mujeres y
niñas
Estrategia 2.3 Fortalecer los
servicios de atención a las
mujeres y niñas en todos los
tipos y modalidades de
violencia
Objetivo transversal 5:
Generar entornos seguros y
amigables de convivencia
familiar y social, actividades
de tiempo libre y movilidad
segura para las mujeres y las
niñas.
Estrategia 5.1 Incorporar el
género y la participación de las
mujeres en la política de
seguridad pública, prevención
de la violencia y la
delincuencia
Objetivo transversal 6:
Incorporar las políticas de
igualdad de género en los
tres órdenes de gobierno y
fortalecer su
institucionalización en la
cultura organizacional.
Estrategia 6.3 Orientar y
promover la integración de la
igualdad de género en el
diseño, ejecución y evaluación
de las políticas públicas
 
CAPÍTULO III. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
A continuación se presentan los objetivos, estrategias y líneas de acción que permitirán mejorar las condiciones de seguridad pública en el país; la cuales se aplicarán de manera coordinada y corresponsable entre los tres órdenes de gobierno, de acuerdo con la distribución de competencias que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Objetivo 1.- Consolidar una coordinación efectiva para el diseño, implementación y evaluación de la política de seguridad pública.
La seguridad pública requiere de la suma y esfuerzos de las dependencias federales, estatales y municipales. Para brindar un efectivo servicio a la sociedad, las corporaciones, lejos de competir entre sí, deben coordinarse y trabajar en un frente común. La coordinación efectiva entre autoridades, en un marco de respeto a las competencias de los tres órdenes de gobierno, resulta una condición indispensable para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como para preservar las libertades, el orden y la paz pública.
El reconocimiento de las diferencias y necesidades regionales es un elemento esencial para la definición de prioridades y compromisos en el trabajo conjunto contra la delincuencia y la violencia. Por esta razón, en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública se acordó dividir al país en cinco regiones de coordinación operativa, lo cual responde a la necesidad de enfocar los esfuerzos institucionales en función de las particularidades de cada "Región", en aras de lograr una respuesta oportuna y eficaz.
 
Adicionalmente, la cooperación internacional a través del diálogo y el intercambio ordenado y permanente de experiencias con otras naciones, es esencial para el diseño y complemento de políticas y acciones que permitan hacer frente a las organizaciones criminales transnacionales.
Estrategia 1.1 Promover mecanismos de coordinación entre dependencias del Gobierno de la República para garantizar la efectividad en las políticas de seguridad.
Líneas de Acción:
1.1.1 Asegurar la comunicación y la colaboración entre las dependencias de seguridad del Gobierno de la República.
1.1.2 Impulsar la participación de las instituciones de seguridad pública en la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (CIPSVyD).
1.1.3 Fortalecer la cooperación entre la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad (OCNS) y la Procuraduría General de la República (PGR).
1.1.4 Establecer esquemas de coordinación interinstitucional para garantizar el respeto a los derechos humanos y la atención a víctimas.
1.1.5 Vincular a las instituciones de los Sectores, Salud, Educación, Turismo y Medio Ambiente en acciones de seguridad pública.
1.1.6 Impulsar un fondo para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en materia de seguridad pública.
1.1.7 Establecer mecanismos de intercambio de información estadística, epidemiológica y costos de violencia y lesiones con el Sector Salud.
Estrategia 1.2 Desarrollar y fortalecer mecanismos de coordinación efectiva entre el Gobierno de la República, las Entidades Federativas y los municipios.
Líneas de Acción:
1.2.1 Implementar un esquema de regionalización en el marco de coordinación entre las instituciones de seguridad pública.
1.2.2. Realizar reuniones regionales entre titulares de las dependencias de seguridad del Gobierno de la República, los gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
1.2.3 Definir coordinadamente temas, delitos prioritarios y objetivos específicos por entidad federativa y por "Región".
1.2.4 Impulsar una coordinación efectiva entre las policías de las Entidades Federativas y de sus municipios.
1.2.5 Afianzar la vinculación de las instituciones de seguridad pública con la Comisión de Seguridad de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
1.2.6 Impulsar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para desarrollar e implementar protocolos homologados en materia forense.
1.2.7 Establecer mecanismos de cooperación técnica y táctica con las instituciones de seguridad pública de las Entidades Federativas y los municipios.
1.2.8 Fortalecer la coordinación en el ámbito del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
 
1.2.9 Promover operaciones y estrategias coordinadas de prevención e investigación del delito en zonas limítrofes de las Entidades Federativas.
1.2.10 Fortalecer las capacidades de gestión de las autoridades locales para implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación de los programas de seguridad.
Estrategia 1.3 Fortalecer las instancias de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) e impulsar el cumplimiento de los acuerdos que adopten.
Líneas de Acción:
1.3.1 Promover el cumplimiento de los acuerdos generados en el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) y en las "Conferencias Nacionales del SNSP".
1.3.2 Fortalecer las Comisiones Permanentes del CNSP.
1.3.3 Consolidar los mecanismos para que el SNSP cuente con información eficaz, oportuna y de calidad.
1.3.4 Definir mecanismos de coordinación para disminuir delitos del fuero común, con el acuerdo de las "Conferencias Nacionales del SNSP"
1.3.5 Impulsar desde la CNSPM una mayor participación de las autoridades municipales y delegacionales en tareas de seguridad pública.
1.3.6 Acordar en las instancias de coordinación del SNSP mecanismos y estrategias coordinados para reducir el homicidio, secuestro y extorsión.
1.3.7 Promover la colaboración de las instituciones policiales con la Coordinación Nacional Antisecuestro.
1.3.8 Impulsar el uso de la "Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común para Fines Estadísticos".
1.3.9 Promover que las instituciones policiales adopten y utilicen la "Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos".
Estrategia 1.4 Impulsar el intercambio eficaz de inteligencia para la seguridad pública.
Líneas de Acción:
1.4.1 Fortalecer las capacidades de análisis de datos susceptibles de convertirse en información para la toma de decisiones.
1.4.2 Establecer mecanismos de coordinación para tareas de inteligencia a fin de potencializar capacidades y optimizar los recursos.
1.4.3 Promover el desarrollo de sistemas de análisis geoespacial y su integración con los sistemas existentes para generar productos de inteligencia.
1.4.4 Fortalecer y sistematizar los mecanismos para neutralizar la capacidad económica de la delincuencia, con apoyo de la inteligencia financiera.
1.4.5 Proponer mecanismos especializados de recolección de información, así como de manejo de fuentes para producir inteligencia.
1.4.6 Optimizar el funcionamiento de unidades de inteligencia operacional, mediante la generación y aplicación de protocolos de actuación.
1.4.7 Desarrollar herramientas de búsqueda y correlación de información, en apoyo a unidades de análisis e inteligencia en las Entidades Federativas.
1.4.8 Impulsar un sistema único de análisis de información con la base nacional de datos criminales en materia de secuestro.
Estrategia 1.5 Definir una agenda de cooperación internacional estratégica en materia de
seguridad.
Líneas de Acción:
1.5.1 Impulsar mecanismos de cooperación internacional para fortalecer la seguridad en las fronteras norte y sur, atendiendo sus diferencias regionales.
1.5.2 Promover el intercambio de experiencias con agencias de seguridad de otros países.
1.5.3 Establecer mecanismos para el intercambio de información con instancias internacionales para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
1.5.4 Fortalecer la cooperación e intercambio de información para prevenir y atender la trata de personas, especialmente de mujeres y niños.
1.5.5 Fortalecer los mecanismos de cooperación internacional para reducir el tráfico de armas de fuego.
1.5.6 Incrementar la colaboración e intercambio de información internacional para atender delitos informáticos.
1.5.7 Impulsar esquemas de cooperación para atender y proteger a migrantes víctimas de delitos.
1.5.8 Desarrollar mecanismos para prevenir el tráfico ilícito de migrantes y regular los flujos de personas deportadas, respetando sus derechos humanos.
1.5.9 Estrechar la colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores e instituciones de seguridad pública, para impulsar conjuntamente la agenda internacional de seguridad.
Estrategia 1.6 Promover la actualización y adecuación de la normatividad en materia de seguridad pública.
Líneas de Acción:
1.6.1 Impulsar la armonización de la normatividad nacional sobre seguridad pública y darle seguimiento en las instancias de coordinación del SNSP.
1.6.2 Promover la emisión de la legislación única en materia de ejecución de medidas cautelares y de ejecución de sanciones penales.
1.6.3 Impulsar la modernización del marco jurídico en materia de delitos informáticos.
1.6.4 Promover reformas a la Ley Federal de Seguridad Privada para fortalecer la regulación y supervisión en la materia.
1.6.5 Promover que la normatividad y protocolos de actuación de las instituciones de seguridad enfaticen el respeto de los derechos humanos.
1.6.6 Impulsar reformas legales en materia de rendición de cuentas y evaluación ciudadana de la función policial.
1.6.7 Fortalecer el marco jurídico respecto a la participación de la comunidad en actividades de seguridad pública.
1.6.8 Promover la alineación de la legislación local en materia de secuestro y trata de personas, con las Leyes Generales respectivas.
Estrategia 1.7 Coordinar una agenda entre instituciones de seguridad pública federales y locales,
para impulsar la implementación del "Sistema Penal Acusatorio".
Líneas de Acción:
1.7.1 Desarrollar un grupo de coordinación que diseñe y monitoree el esquema de actuación y responsabilidades entre policías, peritos y ministerios públicos.
1.7.2 Desarrollar y generar capacidades en policías y peritos facultados para intervenir en el lugar de los hechos, procedimientos y medidas cautelares.
1.7.3 Impulsar la armonización del marco normativo en materia de justicia penal y de seguridad pública.
1.7.4 Desarrollar, junto con las Instituciones de Procuración de Justicia, esquemas comunes de capacitación, protocolos de actuación y manuales de gestión.
1.7.5 Generar programas dirigidos a la ciudadanía, de difusión y capacitación sobre el "Sistema Penal Acusatorio".
Objetivo 2.- Reducir la incidencia de los delitos con mayor impacto en la población.
En los últimos años la sociedad mexicana ha sufrido el flagelo de la delincuencia, por lo que una de sus aspiraciones es vivir sin el temor de ser víctima de algún delito. Por ello un objetivo prioritario es reducir la violencia y recuperar la paz y la tranquilidad de todos los mexicanos.
El incremento en la actividad delincuencial con impacto directo en la sociedad es visible. No obstante, la violencia que se ha presentado en el país en los últimos años no está generalizada y se encuentra ubicada en determinadas zonas. De ahí la relevancia del componente de regionalización en la estrategia.
Para reducir los delitos que más impactan a la sociedad, las acciones de las instituciones de seguridad se orientarán a recuperar la paz y armonía en territorios con alta incidencia delictiva o presencia de grupos delictivos, y no únicamente en la atención al narcotráfico. Se dará prioridad a la desarticulación de los grupos delictivos cuya acción conlleva altos niveles de violencia e impacto en la población, vinculados a cadenas de la economía del delito y dedicados a la comisión de delitos que más impactan a la sociedad.
Además de continuar con las detenciones de los líderes de organizaciones delictivas, los esfuerzos se enfocarán a debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada, así como sus estructuras logísticas y operativas.
Todo lo anterior se llevará a cabo enfatizando el uso de la inteligencia por encima de la fuerza y con respeto absoluto a los derechos humanos.
De esta manera, con base en el trabajo coordinado y corresponsable entre autoridades del Gobierno de la República y de los gobiernos de las entidades federativas, se habrá de atender prioritariamente los delitos de mayor impacto a la sociedad: homicidio doloso, secuestro y extorsión.
Estrategia 2.1 Dar prioridad a la disminución de delitos de alto impacto por su grado de violencia.
Líneas de Acción:
2.1.1 Atender en forma prioritaria los delitos de alto impacto: homicidio doloso, secuestro, extorsión, trata de personas y robo con violencia.
2.1.2 Aplicar inteligencia estratégica, táctica y operativa en la atención de los delitos de alto impacto.
2.1.3 Impulsar protocolos homologados de recolección de información, atención y actuación para prevenir
e investigar "Homicidios de Odio" y "Feminicidio".
2.1.4 Fortalecer las capacidades humanas, operativas y tecnológicas de las unidades especializadas contra el secuestro.
2.1.5 Implementar mecanismos de recopilación de información, atención y actuación para prevenir y sancionar la extorsión en todas sus modalidades.
2.1.6 Promover y difundir el uso de líneas de atención ciudadana para dar respuesta inmediata a delitos de alto impacto social.
2.1.7 Garantizar la efectiva prevención, investigación y sanción de hechos violentos hacia grupos en situación de vulnerabilidad.
2.1.8 Llevar a cabo operativos coordinados contra la trata de personas.
2.1.9 Desarrollar e impulsar en los tres órdenes de gobierno protocolos de actuación y búsqueda de personas no localizadas y desaparecidas.
2.1.10 Implementar mecanismos para prevenir e investigar los delitos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos.
Estrategia 2.2 Focalizar acciones de las instituciones de seguridad pública a la desarticulación de grupos delictivos con altos niveles de violencia.
Líneas de Acción:
2.2.1 Identificar las organizaciones delictivas, sus integrantes, ámbitos de acción y territorios, para acotar su actuación y capacidad de violencia.
2.2.2 Definir esquemas de colaboración e implementar operativos conjuntos para desarticular grupos delictivos que actúan con alto nivel de violencia.
2.2.3 Aprovechar los registros y bases de datos nacionales de seguridad pública y la infraestructura tecnológica para generar inteligencia contra organizaciones delictivas.
2.2.4 Dirigir despliegues coordinados de fuerzas de seguridad, conforme su capacidad de respuesta y características de organizaciones delictivas en cada "Región".
2.2.5 Fortalecer los mecanismos para prevenir la posesión y portación de armas prohibidas o para uso exclusivo de las fuerzas armadas.
2.2.6 Promover la homologación de protocolos operativos y de investigación de las unidades especializadas contra el secuestro del país.
Estrategia 2.3 Fortalecer la presencia de las instituciones de seguridad pública en los municipios, zonas metropolitanas y carreteras con mayores índices delictivos.
Líneas de Acción:
2.3.1 Implementar operativos coordinados para restablecer el orden y la paz en zonas de riesgo por presencia de la delincuencia organizada.
2.3.2 Implementar operativos coordinados con autoridades locales para garantizar la seguridad en ciudades, zonas metropolitanas y municipios con mayor índice delictivo.
 
2.3.3 Mejorar la vigilancia en carreteras y puntos específicos para prevenir la comisión de delitos de alto impacto.
2.3.4 Promover coordinadamente esquemas de vigilancia por sectores o cuadrantes, considerando la incidencia delictiva por zona.
2.3.5 Fortalecer la presencia institucional del Estado a través de la División de Gendarmería de la PF.
2.3.6 Promover la supervisión civil y de organismos de derechos humanos en los operativos coordinados.
2.3.7 Fortalecer la presencia de las instituciones policiales por medio de operativos para la prevención de accidentes en carreteras.
2.3.8 Establecer un sistema de respuesta aire-tierra con equipos de reacción en las regiones que así lo requieran.
2.3.9 Promover el incremento del número de elementos policiales atendiendo factores criminológicos y necesidades específicas por zona.
Estrategia 2.4 Desarticular las estructuras logísticas y operativas de la delincuencia organizada.
Líneas de Acción:
2.4.1 Fortalecer mecanismos coordinados para prevenir delitos contra la salud, en su modalidad de producción, tráfico, transporte y comercio de drogas ilícitas.
2.4.2 Continuar con los esfuerzos para detener a los líderes de las organizaciones delictivas y miembros clave de la delincuencia organizada.
2.4.3 Desarticular los mecanismos de suministro a la delincuencia organizada de armas, operaciones con recursos de procedencia ilícita y personal especializado.
2.4.4 Fortalecer la inteligencia para ubicar los principales accesos al país de drogas ilícitas y precursores químicos para su fabricación.
2.4.5 Generar e intercambiar información de inteligencia entre órdenes de gobierno para desarticular los grupos de la delincuencia organizada.
2.4.6 Aprehender a miembros de las estructuras intermedias de la delincuencia organizada y de grupos delictivos locales de apoyo.
2.4.7 Impulsar el despliegue operativo ante organizaciones delictivas mediante el uso de inteligencia y tecnología.
2.4.8 Implementar operativos para identificar y desmantelar laboratorios clandestinos utilizados para la fabricación de drogas sintéticas.
2.4.9 Investigar y desarticular redes de corrupción entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y la delincuencia organizada.
Estrategia 2.5 Debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada.
Líneas de Acción:
2.5.1 Fortalecer los instrumentos de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
 
2.5.2 Impulsar el intercambio de información entre autoridades financieras, instituciones policiales y de procuración de justicia.
2.5.3 Identificar y poner a disposición de la autoridad competente a miembros de las estructuras financieras de la delincuencia organizada.
2.5.4 Instrumentar operativos en contra de los delitos de falsificación, alteración y destrucción de moneda.
2.5.5. Capacitar a las instituciones policiales en temas de prevención e investigación de operaciones financieras ilegales.
2.5.6 Realizar operativos coordinados para desarticular estructuras y sistemas financieros de la delincuencia organizada.
Estrategia 2.6 Implementar acciones coordinadas para reducir la incidencia de los delitos que más afectan el patrimonio de las personas.
Líneas de Acción:
2.6.1 Promover el uso de cámaras de vigilancia en zonas públicas, garantizando el respeto a la privacidad.
2.6.2 Promover la "Prevención del Delito Mediante el Diseño Ambiental".
2.6.3 Implementar operativos coordinados entre los tres órdenes de gobierno para reducir la incidencia de robo de vehículos.
2.6.4 Realizar operativos de verificación y vigilancia en centros de compra y venta de vehículos usados y autopartes.
2.6.5 Identificar y desarticular a las organizaciones de la delincuencia organizada vinculadas con el robo de vehículos.
2.6.6 Fortalecer y mantener actualizado el Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados.
2.6.7 Consolidar el Registro Público Vehicular e impulsar el suministro oportuno de información al mismo.
2.6.8 Impulsar la definición de prioridades y estrategias locales en la prevención e investigación de los delitos patrimoniales.
Estrategia 2.7 Detectar y atender oportunamente los delitos cibernéticos.
Líneas de Acción:
2.7.1 Fortalecer las capacidades y la infraestructura tecnológica de las instituciones de seguridad pública para prevenir e investigar delitos cibernéticos.
2.7.2 Desarrollar investigación científica para la prevención e investigación de los delitos cibernéticos.
2.7.3 Implementar acciones contra delitos cibernéticos de mayor impacto: pornografía infantil, fraude, extorsión, usurpación de identidad y contra derechos de autor.
2.7.4 Diseñar protocolos de operación para la prevención de delitos cibernéticos en las instancias que administran información considerada reservada o confidencial.
2.7.5 Promover la creación y fortalecimiento de unidades especializadas en la prevención e investigación de delitos que se cometen por internet.
 
2.7.6 Desarrollar un modelo de policía cibernética para las Entidades Federativas.
2.7.7 Generar indicadores y estadísticas de delitos informáticos para el diseño de estrategias de prevención.
2.7.8 Impulsar acciones para consolidar los esquemas de seguridad cibernética que coadyuven al desarrollo de la economía digital.
2.7.9 Fortalecer la seguridad de la infraestructura tecnológica estratégica del país.
Objetivo 3.- Reducir la incidencia de los delitos vinculados a la "Economía Ilegal".
Los ilícitos vinculados a la "Economía Ilegal" impactan negativamente la creación de empleos y el crecimiento del país, así como al desarrollo de sectores productivos que actúan en el marco de la legalidad; disminuyen la participación de empresas formales en el mercado; significan una competencia desleal para las empresas que actúan con apego a la ley; e inhiben la aparición continua de nuevos y mejores productos y servicios, pues desalientan la innovación y la creatividad.
Con la inclusión de este Objetivo en el Programa Nacional de Seguridad Pública, se busca fortalecer la atención a los ilícitos que más afectan a los sectores productivos y a la economía nacional, como son el robo y comercialización ilícita de hidrocarburos, los delitos contra derechos de autor y propiedad industrial, delitos ambientales, contrabando, adulteración de bebidas alcohólicas y medicamentos, así como robo a transporte de carga.
El éxito en el combate a la "Economía Ilegal" contribuirá a democratizar la productividad y a reducir el impacto de la inseguridad en los costos de operación de las empresas y productores del país.
Por otra parte, prevenir e investigar estos delitos de manera efectiva contribuirá a la desarticulación de los grupos delictivos que afectan la tranquilidad de los mexicanos, ya que la "Economía Ilegal" fortalece las estructuras financieras de la delincuencia organizada, con los fuertes flujos de ingresos que genera a la misma.
Estrategia 3.1 Coordinar acciones entre instituciones de seguridad pública y autoridades administrativas facultadas para sancionar ilícitos relacionados con la "Economía Ilegal".
Líneas de Acción:
3.1.1 Desarrollar una agenda estratégica de trabajo en la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Combate a la "Economía Ilegal".
3.1.2 Apoyar con las capacidades de investigación de la PF a las autoridades administrativas que previenen y sancionan la "Economía Ilegal".
3.1.3 Impulsar mecanismos de coordinación para promover la participación de autoridades locales y municipales en el combate a la "Economía Ilegal".
3.1.4 Promover intercambio de información de instituciones de seguridad pública con SAT, IMPI y COFEPRIS, y realizar operativos con su participación.
3.1.5 Identificar y desarticular a grupos delictivos que explotan minas sin contar con las concesiones correspondientes.
 
3.1.6 Atender coordinadamente los delitos ambientales de mayor impacto a los recursos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad.
3.1.7 Formular propuestas de actualización al marco jurídico sobre prevención y combate a la "Economía Ilegal".
3.1.8 Generar información pública oportuna, estadísticas y bases de datos sobre la "Economía Ilegal".
3.1.9 Celebrar convenios de colaboración entre instituciones policiales, de procuración de justicia y autoridades administrativas facultadas para sancionar la "Economía Ilegal".
Estrategia 3.2 Identificar y neutralizar puntos de internamiento al país, así como centros de producción, almacenamiento y distribución de "Mercancía Ilegal".
Líneas de Acción:
3.2.1 Ubicar los principales accesos al país de "Mercancía Ilegal", a través de acciones coordinadas de inteligencia.
3.2.2 Realizar trabajos de inteligencia para detectar e inhabilitar centros de producción, almacenamiento y distribución de "Mercancía Ilegal".
3.2.3 Recabar información de los sectores productivos afectados, sobre puntos de internamiento, centros de producción, almacenamiento y distribución de "Mercancía Ilegal".
3.2.4 Concertar acciones de capacitación, y especialización de servidores públicos que previenen e investigan delitos vinculados a la "Economía Ilegal".
3.2.5 Detectar y desarticular a las organizaciones de la delincuencia organizada que operan en la "Economía Ilegal".
3.2.6 Identificar los canales de comercialización de mercancía robada.
Estrategia 3.3 Incrementar acciones coordinadas para reducir la incidencia del robo a transporte de carga en carreteras y vías férreas.
Líneas de Acción:
3.3.1 Identificar rutas, períodos y áreas geográficas en que se presenta la mayor incidencia en robo a transporte de carga.
3.3.2 Aumentar la vigilancia en carreteras y vías férreas donde se registre con mayor frecuencia el robo a transporte de carga.
3.3.3 Fomentar el intercambio de información de geo localización y en tiempo real sobre robo a transporte de carga.
3.3.4 Promover que los sectores afectados reporten inmediatamente el robo a transporte de carga, para asegurar la reacción oportuna.
3.3.5 Propiciar que los sectores afectados compartan con las autoridades información para prevenir e investigar el robo a transporte de carga.
3.3.6 Crear y mantener actualizadas las bases de datos sobre robo a transporte de carga.
3.3.7 Promover el uso de tecnologías de geo localización y rastreo satelital en el transporte de carga.
Estrategia 3.4 Reducir la incidencia del robo de hidrocarburos y su comercialización ilícita.
Líneas de Acción:
 
3.4.1 Promover la investigación coordinada entre Policía Federal (PF), PGR, Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Petróleos Mexicanos (PEMEX).
3.4.2 Realizar operativos interinstitucionales con participación de PF, PGR, PEMEX y SAT.
3.4.3 Acordar protocolos conjuntos de actuación e investigación aplicables a las autoridades que participen en los operativos interinstitucionales.
3.4.4 Fomentar el uso de herramientas tecnológicas para prevenir e investigar el robo de hidrocarburos.
3.4.5 Incrementar la vigilancia en las zonas donde atraviesan los ductos de PEMEX con mayor incidencia de robo.
3.4.6 Ubicar las rutas de distribución y empresas que comercializan combustible robado.
3.4.7 Impulsar reformas legislativas que faciliten la prevención, investigación y persecución del robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
3.4.8 Promover la capacitación a elementos policiales, respecto a la prevención e investigación del robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
Objetivo 4.- Desarrollar en las instituciones de seguridad pública esquemas de proximidad y cercanía con la sociedad.
Los resultados de las instituciones policiales dependen en gran medida de la confianza que la ciudadanía deposita en ellas. El debilitamiento de las instituciones policiales ha generado un distanciamiento de la ciudadanía, que se hace constar en los resultados que arrojan mediciones de percepción como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).
Por tal razón, uno de los Objetivos de este Programa es acercar a las instituciones policiales con los ciudadanos.
La sociedad tiene mucho que aportar a la prevención e investigación del delito. Por ello, debe asegurarse la participación de organizaciones empresariales, gremiales, sociales, comunitarias y no gubernamentales, a nivel nacional, regional y local, para generar confianza y credibilidad en los esfuerzos que las instituciones de seguridad pública desarrollan en la prevención de la delincuencia y la reducción de la violencia.
Se requiere que las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno atiendan las demandas de las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos, que conozcan las necesidades de éstos y acerquen el trabajo de la policía a la sociedad, mostrando los retos, avances, esfuerzos y dificultades.
Estrategia 4.1 Fomentar una efectiva vinculación y corresponsabilidad entre las instituciones de seguridad pública y la sociedad.
Líneas de Acción:
4.1.1 Promover la atención y colaboración con organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, regional y local.
4.1.2 Promover en la población una cultura para la prevención de actos de corrupción en las instituciones policiales.
4.1.3 Impulsar la participación de las instituciones policiales en la recuperación de espacios públicos y acciones de prevención social del delito.
 
4.1.4 Promover campañas de sensibilización en materia de cultura de paz y habilidades para la vida, especialmente con niñas, niños y adolescentes.
4.1.5 Aumentar la difusión de la imagen y la labor policial.
4.1.6 Fortalecer la vinculación ciudadana a través de acciones de carácter social, cultural y recreativo.
4.1.7 Contribuir en la prevención del delito a través de talleres interactivos de orientación para la disminución de factores de riesgo.
4.1.8 Fomentar la cultura de la legalidad y corresponsabilidad entre las instituciones de seguridad pública y la ciudadanía.
4.1.9 Promover la "Prevención Situacional del Delito".
4.1.10 Impulsar campañas que modifiquen las normas sociales y culturales que promueven la violencia.
Estrategia 4.2 Fomentar el uso de "Inteligencia Social", como complemento de la inteligencia policial, para identificar factores de riesgo para la seguridad.
Líneas de Acción:
4.2.1 Realizar diagnósticos locales o comunitarios de seguridad.
4.2.2 Establecer canales de comunicación accesibles con la ciudadanía, a través de reuniones de seguimiento y evaluación de la función policial.
4.2.3 Crear un portal de información a la ciudadanía en materia de seguridad pública.
4.2.4 Impulsar la consolidación de consejos ciudadanos de seguridad.
4.2.5 Diseñar acciones de sensibilización y prevención social para atender a los diversos grupos de población, principalmente aquéllos en vulnerabilidad.
4.2.6 Difundir información sobre la cultura de seguridad personal, especialmente entre mujeres, niños y jóvenes.
4.2.7 Fomentar el interés de la población para generar y mantener entornos seguros, mediante acciones de proximidad y de coparticipación social.
4.2.8 Elaborar material de difusión de seguridad pública, con lenguaje claro que favorezca la formación cívica y la prevención del delito.
4.2.9 Impulsar la cultura de seguridad cibernética, especialmente entre niños y jóvenes, para prevenir que sean víctimas de delitos por internet.
4.2.10 Difundir información para prevenir la extorsión telefónica.
Estrategia 4.3 Desarrollar herramientas y aplicaciones en plataformas múltiples, para identificar y atender oportunamente denuncias y demandas ciudadanas.
Líneas de Acción:
4.3.1 Desarrollar mecanismos de colaboración del modelo de llamadas de emergencia y atención
ciudadana en seguridad pública (066, 089 y 088).
4.3.2 Propiciar la mejora continua y la incorporación de nuevas tecnologías en el sistema de atención a llamadas de emergencia.
4.3.3 Fortalecer el uso de redes sociales para la atención y denuncia ciudadana.
4.3.4 Implementar mecanismos de denuncia ciudadana para reportar actos de corrupción.
4.3.5 Promover instrumentos de denuncia ciudadana en aeropuertos y carreteras del país.
4.3.6 Impulsar mecanismos de difusión para que la población conozca los servicios de atención a la violencia de género.
4.3.7 Promover la participación ciudadana a través de dispositivos y programas que faciliten la denuncia anónima.
4.3.8 Realizar una campaña de difusión para propiciar el buen uso del 066, 089 y 088.
Estrategia 4.4 Fomentar una cultura policial que promueva el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugne por su promoción y defensa.
Líneas de Acción:
4.4.1 Implementar en las instituciones de seguridad pública protocolos de uso legítimo de la fuerza, con respeto a los derechos humanos.
4.4.2 Atender oportunamente las recomendaciones y sentencias emitidas por organismos nacionales e internaciones encargados de proteger derechos humanos.
4.4.3 Incorporar las recomendaciones y sentencias por violaciones a derechos humanos, como políticas de prevención y garantías de no repetición.
4.4.4 Promover desde los mandos el respeto y garantía de los derechos humanos de los ciudadanos y los policías.
4.4.5 Incorporar el enfoque de derechos humanos y la "Perspectiva de Género" en la formación, capacitación, especialización y actualización policial.
4.4.6 Promover, dentro y fuera de las instituciones de seguridad, una cultura de respeto de los derechos humanos de los policías.
4.4.7 Desarrollar e implementar protocolos de actuación especializados para los diversos grupos en situación de vulnerabilidad.
4.4.8 Otorgar estímulos, recompensas y condecoraciones a los integrantes de Instituciones de seguridad pública que implementen mejores prácticas en derechos humanos.
4.4.9 Promover el intercambio de información y experiencias relacionadas con respeto de los derechos humanos y atención a víctimas.
4.4.10 Impulsar protocolos de actuación de las instituciones policiales en materia de violencia familiar, e incluirlos en los programas de capacitación.
Estrategia 4.5 Establecer en las instituciones policiales esquemas de protección a las víctimas de delitos, violaciones de derechos humanos y desastres naturales.
Líneas de Acción:
4.5.1 Promover medidas de "Reparación Integral", atendiendo las diferencias entre víctimas de delitos y de
violaciones a derechos humanos.
4.5.2 Impartir capacitación policial en atención de crisis a víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos, especialmente mujeres y niños.
4.5.3 Capacitar al personal de las instituciones policiales en materia de prevención y atención a víctimas de violencia de género.
4.5.4 Impulsar un protocolo, de alcance nacional, para la detección y tratamiento de víctimas de delitos violentos.
4.5.5 Acelerar la aplicación cabal de las órdenes de protección para las mujeres que se enfrentan a riesgos.
4.5.6 Atender con perspectiva multicultural a víctimas de violencia en comunidades indígenas y rurales.
4.5.7 Simplificar los procesos y mejorar la coordinación para prevenir y atender la violencia contra las mujeres y niñas.
4.5.8 Impulsar mecanismos de protección a la seguridad de los denunciantes, víctimas y testigos de delitos, que reciban amenazas.
4.5.9 Promover que las instituciones policiales colaboren en la atención oportuna de situaciones de alto riesgo o desastres por causas naturales.
4.5.10 Establecer protocolos de colaboración y apoyo a autoridades de protección civil.
Estrategia 4.6 Implementar mecanismos de comunicación y entrega de información orientados a la evaluación y retroalimentación ciudadana y rendición de cuentas.
Líneas de Acción:
4.6.1 Generar y difundir sistemáticamente información sobre incidencia delictiva, que sea útil a la ciudadanía.
4.6.2 Establecer mecanismos de evaluación y retroalimentación de la política de seguridad pública a través de indicadores claros, transparentes y públicos.
4.6.3 Impulsar la evaluación ciudadana con la medición permanente de la opinión, percepción y confianza en las instituciones de seguridad pública.
4.6.4 Impulsar la transparencia y acceso a la información para que se promueva una efectiva rendición de cuentas ante la ciudadanía.
4.6.5 Implementar mecanismos orientados a la rendición de cuentas y entrega de información útil y transparente a las víctimas de delitos.
4.6.6 Implementar, a nivel regional, estrategias de comunicación para informar sobre los resultados de las acciones coordinadas de seguridad.
4.6.7 Elaborar e implementar protocolos de comunicación con respeto a los derechos humanos, sin hacer apología a la violencia.
4.6.8 Fortalecer la transparencia de información relativa al ejercicio de fondos y subsidios federales en materia de seguridad pública.
4.6.9 Incorporar a la sociedad civil organizada en el monitoreo de la implementación del "Sistema Penal Acusatorio".
4.6.10 Incluir en la información estadística sobre incidencia delictiva el número de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión.
 
Estrategia 4.7 Incorporar la "Perspectiva de Género" en la actuación de las instituciones de seguridad pública, de manera transversal.
Líneas de Acción:
4.7.1 Promover el intercambio de información y experiencias internacionales sobre incorporación de la "Perspectiva de Género" en políticas de seguridad pública.
4.7.2 Impulsar la incorporación de la "Perspectiva de Género" de manera transversal en la normatividad sobre seguridad y justicia.
4.7.3 Promover igualdad de oportunidades laborales y de promoción de grado en las instituciones de seguridad pública, con "Perspectiva de Género".
4.7.4 Implementar campañas para erradicar la violencia y discriminación con motivo de género en las instituciones de seguridad pública.
4.7.5 Desarrollar protocolos para que las instituciones de seguridad pública atiendan a mujeres y niñas víctimas de delitos, sin discriminación.
4.7.6 Incluir temas de no discriminación en la formación, capacitación y especialización de las instituciones de seguridad pública.
4.7.7 Promover "Acciones Afirmativas" para incrementar la participación plena de las mujeres en las tareas de seguridad pública.
4.7.8 Desarrollar campañas y acciones para prevenir la violencia de género, especialmente la vinculada con trata de mujeres y niñas.
4.7.9 Promover la vinculación de las instituciones de seguridad pública con la CONAVIM.
Objetivo 5.- Fortalecer las capacidades de las instituciones policiales.
Para mejorar las condiciones de seguridad pública es necesario promover la transformación institucional y fortalecer la capacidad de las fuerzas de seguridad pública.
Actualmente los procesos de actuación policial difieren en cada una de las entidades federativas y municipios del país, lo que dificulta la coordinación entre los cuerpos policiales para implementar adecuadamente las acciones operativas.
El fortalecimiento de las instituciones policiales incluye elementos como la consolidación de la carrera policial, las acciones de capacitación, el reconocimiento a la labor de los policías, nuevos esquemas de evaluación; así como dotar a las instituciones del equipo necesario para realizar sus tareas.
Para lograr el máximo desempeño es fundamental fortalecer el desarrollo policial en los tres órdenes de gobierno; establecer coordinadamente estándares mínimos de actuación y capacitación; así como definir parámetros homologados de selección, capacitación, actuación, evaluación y certificación del personal en las instituciones de seguridad pública del país.
Estrategia 5.1 Fortalecer la profesionalización, la infraestructura y el equipamiento de las instituciones policiales del país.
Líneas de Acción:
5.1.1. Actualizar el Programa Rector de Profesionalización para diseñar uno nuevo de alcance nacional,
con apartados específicos por región.
5.1.2 Instaurar Consejos Académicos Regionales para dar seguimiento a las acciones encaminadas a consolidar el desarrollo policial de las instituciones policiales.
5.1.3 Establecer cinco academias regionales de formación, capacitación, actualización y especialización, para personal de las instituciones policiales.
5.1.4 Orientar esfuerzos institucionales para elevar las capacidades de las academias e institutos regionales, estatales y municipales.
5.1.5 Homologar los contenidos de los programas de formación inicial y continua en temas básicos de la función policial.
5.1.6 Diseñar un modelo homologado de estándares mínimos de capacitación y actuación policial en coordinación con entidades federativas y municipios.
5.1.7 Incluir en los programas de formación inicial y continua temas de vinculación, atención ciudadana y prevención del delito.
5.1.8 Fortalecer la capacitación y proporcionar el equipamiento necesario para mejorar la integración del Informe Policial.
5.1.9 Promover que todas las unidades especializadas contra el secuestro del país sean capacitadas en un proceso conjunto por PGR, PF y CISEN.
5.1.10 Impulsar que las instituciones policiales cuenten con el equipo e infraestructura adecuada para desarrollar sus funciones.
Estrategia 5.2 Dignificar la labor policial, mediante el impulso y homologación del servicio profesional de carrera, prestaciones sociales y mejora de percepciones.
Líneas de Acción:
5.2.1 Impulsar la implementación de sistemas de desarrollo policial que contemplen procedimientos de carrera policial, profesionalización, certificación y régimen disciplinario.
5.2.2 Implementar acciones para propiciar el desarrollo, estabilidad y seguridad del personal policial de todas las Entidades Federativas.
5.2.3 Promover la aplicación de perfiles de ingreso, permanencia y promoción del personal policial considerando escala jerárquica y funciones que realizan.
5.2.4 Impulsar convenios de colaboración para incrementar el número de créditos hipotecarios otorgados a los elementos de las instituciones policiales.
5.2.5 Fomentar convenios de colaboración con instituciones de salud para mejorar las condiciones laborales y sistematizar acciones que incidan en la calidad de vida.
5.2.6 Implementar sistemas de ascensos que propicien el desarrollo y reconocimiento policial basado en el desempeño, profesionalización, experiencia y mérito.
5.2.7 Establecer programas de pensiones, becas y préstamos a policías como parte del sistema de desarrollo policial.
5.2.8 Fortalecer y consolidar las Unidades de Asuntos Internos y las Comisiones de Honor y Justicia de las instituciones policiales.
5.2.9 Implementar sistemas complementarios de seguridad social para el personal policial.
 
Estrategia 5.3 Fortalecer el Sistema Nacional de Acreditación y Control de Confianza.
Líneas de Acción:
5.3.1 Diseñar modelos estandarizados de evaluación y certificación policial que contemplen el nivel jerárquico y funciones del personal de seguridad pública.
5.3.2 Mejorar los esquemas de evaluación de control de confianza para el ingreso y permanencia del personal de las instituciones policiales.
5.3.3 Fortalecer la plantilla de evaluadores de los Centros Estatales de Control de Confianza.
5.3.4 Reforzar los procesos de evaluación y control de confianza con información de instancias de supervisión del desempeño y evaluación policial.
5.3.5 Promover que todas las unidades especializadas contra el secuestro del país sean evaluadas por PGR, CISEN o PF.
5.3.6 Implementar un Código de Ética, que promueva los derechos humanos, en el sistema de acreditación y control de confianza.
Estrategia 5.4 Impulsar la especialización de los integrantes de las instituciones policiales del país.
Líneas de Acción:
5.4.1 Crear un Centro Nacional de Formación de Mandos Policiales, en el que se impartan programas de actualización y capacitación especializada.
5.4.2 Desarrollar un Programa de Formación y Capacitación para Mandos Policiales de acuerdo con el nivel, perfil y funciones.
5.4.3 Implementar un programa de formación, evaluación, actualización y certificación para instructores por tipo de especialidad.
5.4.4 Establecer perfiles de instructores y docentes que establezcan requisitos de selección, ingreso, actualización y permanencia.
5.4.5 Establecer mecanismos de colaboración con instituciones dedicadas a la especialización e investigación científica y tecnológica en materia de seguridad pública.
5.4.6 Incluir en el Programa Rector de Profesionalización contenidos específicos para la escala básica y para mandos.
5.4.7 Instalar el Consejo Académico del Centro Nacional de Formación de Mandos, como instancia rectora en planes y programas de estudios para mandos.
5.4.8 Desarrollar e impartir programas jurídicos, victimológicos, de investigación e inteligencia para contar con elementos especializados en atención al secuestro.
Estrategia 5.5 Fortalecer los sistemas para el intercambio de información y fomentar su uso en los tres órdenes de gobierno.
Líneas de Acción:
5.5.1 Reorientar los registros y bases de datos nacionales de seguridad pública como un servicio a las instituciones en la materia.
5.5.2 Propiciar la consulta permanente y la mejora continua de los registros y bases de datos del SNSP.
5.5.3 Promover la integración y uso de sistemas de información geográfica para la investigación de los delitos.
5.5.4 Desarrollar esquemas de asesoría técnica de servicios de tecnología y comunicación para las instituciones de seguridad pública.
 
5.5.5 Apoyar la capacitación de los usuarios para el aprovechamiento y explotación de los registros y bases de datos del SNSP.
5.5.6 Impulsar el fortalecimiento de los sistemas de radio y telecomunicaciones, en apoyo a la operación de instituciones policiales.
5.5.7 Impulsar mecanismos informáticos para facilitar el intercambio de información entre instituciones policiales y de procuración de justicia.
5.5.8 Establecer mecanismos de coordinación operativa para el intercambio de información en tiempo real, favoreciendo la interoperabilidad tecnológica.
5.5.9 Modernizar los Centros de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4) e interconectarlos con la Red Nacional de Telecomunicaciones.
Estrategia 5.6 Capacitar a las instituciones policiales del país para la correcta aplicación del "Sistema Penal Acusatorio".
Líneas de Acción:
5.6.1 Desarrollar un programa nacional de capacitación sobre función policial en el "Sistema Penal Acusatorio", acorde al Programa Rector de Profesionalización.
5.6.2 Realizar foros regionales sobre el "Sistema Penal Acusatorio" para intercambiar experiencias, opiniones y mejores prácticas.
5.6.3 Promover la formación de instructores en el "Sistema Penal Acusatorio".
5.6.4. Establecer un procedimiento para la certificación de instructores en el "Sistema Penal Acusatorio" por parte de SETEC.
5.6.5 Incluir en los programas de formación inicial y formación continua materias relacionadas con el "Sistema Penal Acusatorio".
5.6.6 Impulsar la capacitación del personal policial enfatizando los necesarios mecanismos de colaboración entre policías, ministerios públicos y peritos.
Estrategia 5.7 Fortalecer la regulación y supervisión de las empresas de seguridad privada, e impulsar que coadyuven a la prevención del delito.
Líneas de Acción:
5.7.1 Mantener permanentemente actualizados los registros de prestadores de servicios de seguridad privada.
5.7.2 Desarrollar mecanismos de detección, sanción y, en su caso, regularización de las empresas que operan sin registro.
5.7.3 Promover que las autoridades competentes supervisen que los elementos de seguridad privada cuenten con controles de confianza aprobados.
5.7.4 Promover que los elementos de seguridad privada tengan una cédula de identificación expedida por la autoridad.
5.7.5 Implementar mecanismos de supervisión y control de la capacitación del personal de seguridad privada.
5.7.6 Evaluar los programas de capacitación del personal de las empresas de seguridad privada y promover su actualización.
5.7.7 Impulsar que los centros privados de capacitación se encuentren reconocidos por autoridades de seguridad pública o de educación pública.
 
5.7.8 Fomentar una cultura de transparencia, prevención de delitos y de denuncia por parte de los elementos de seguridad privada.
5.7.9 Establecer mecanismos de intercambio de información sobre reportes de incidencia delictiva que recaben las empresas de seguridad privada.
Objetivo 6.- Fortalecer el sistema penitenciario nacional y el especializado en menores de edad que infringen la ley penal.
El sistema penitenciario requiere de un replanteamiento integral a nivel nacional que rompa con inercias y viejos paradigmas que han prevalecido hasta la actualidad y lo han convertido en un sector en situación crítica. Ello genera factores de riesgo que incrementan la violencia, tanto dentro de los centros de reinserción social, como a través de sus vínculos con grupos y redes delictivas en el exterior.
Para promover la reinserción social efectiva, es indispensable organizar el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte.
Se requiere reducir la presión y sobrecupo en los centros penitenciarios, a través de la ampliación y modernización de la infraestructura penitenciaria, así como por medio de reformas legislativas para restringir la prisión preventiva, reducir las penas y promover la imposición de sanciones alternativas a la prisión, cuando se trate de delitos no graves.
A la vez resulta indispensable establecer nuevos mecanismos para garantizar el control y seguridad de la operación penitenciaria.
Por otro lado, es impostergable la profesionalización y el impulso al servicio de carrera de los custodios.
Asimismo, por mandato constitucional debe instaurarse un nuevo sistema de justicia integral para menores que infringen la ley penal, que garantice los derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos; y que tenga como fin la reintegración social y familiar del menor, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades.
Estrategia 6.1 Consolidar los mecanismos para el control y seguridad de los centros penitenciarios del país.
Líneas de Acción:
6.1.1 Promover la clasificación ágil de los internos en los centros penitenciarios, de conformidad con la normatividad establecida en la materia.
6.1.2 Promover el traslado de internos procesados y sentenciados del fuero federal y común de alta peligrosidad a centros penitenciarios federales.
6.1.3 Establecer protocolos sistemáticos de operación para el control y seguridad penitenciaria con respeto a los derechos humanos.
6.1.4 Instrumentar programas de supervisión penitenciaria y de centros de internamiento para menores que infringen la ley penal.
6.1.5 Vigilar el respeto de la clasificación institucional, atendiendo al perfil y cercanía domiciliaria, salvo las excepciones que señala la Constitución.
6.1.6 Implementar medidas efectivas para que no ingresen objetos prohibidos a los centros penitenciarios.
6.1.7 Promover mecanismos que permitan la identificación plena del interno, a fin de evitar evasiones o confusiones respecto a su filiación.
6.1.8 Impulsar el incremento del número de custodios, considerando la población penitenciaria de cada
centro de reinserción.
6.1.9 Impulsar que los sentenciados por secuestro se internen en módulos especiales de centros penitenciarios de alta seguridad.
Estrategia 6.2 Reforzar la infraestructura, equipamiento y tecnología del Sistema Penitenciario Nacional.
Líneas de Acción:
6.2.1 Promover la utilización de estructuras funcionales, tecnologías y equipamiento que favorezca la operación del "Sistema Penal Acusatorio".
6.2.2 Regular los modelos de prestación de servicios que las empresas privadas brindan para la construcción y operación de centros penitenciarios.
6.2.3 Mejorar y ampliar la infraestructura penitenciaria y para menores de edad, con base en la normatividad vigente.
6.2.4 Impulsar la tecnología y equipamiento del Sistema Penitenciario Nacional y el especializado en menores de edad.
6.2.5 Promover la correcta aplicación de los fondos y subsidios federales asignados al fortalecimiento del sistema penitenciario.
6.2.6 Revisar la estructura física de centros penitenciarios, para optimizar los niveles de seguridad acorde con los estándares de derechos humanos.
6.2.7 Suministrar información oportuna para mantener actualizadas las bases de datos que integran el Sistema Nacional de Información Penitenciaria.
6.2.8 Fortalecer la sistematización y actualización de los expedientes de internos sentenciados y procesados.
6.2.9 Fortalecer los sistemas estadísticos para la generación de información penitenciaria.
6.2.10 Promover el establecimiento de centros de rehabilitación psicosocial para atender a la población penitenciaria con padecimientos psiquiátricos.
Estrategia 6.3 Romper el vínculo de los internos con organizaciones delictivas al interior y exterior de los centros penitenciarios.
Líneas de Acción:
6.3.1 Implementar medidas efectivas para el bloqueo de señales celulares, a efecto de inhibir actividades delictivas cometidas desde los centros penitenciarios.
6.3.2 Integrar información, coordinación y aplicación de inteligencia para identificar y dar seguimiento al sentenciado de alto impacto liberado.
6.3.3 Proponer el uso de tecnologías para el seguimiento de sentenciados liberados anticipadamente por beneficios de ley.
6.3.4 Impulsar programas para la prevención del delito dirigidos a los internos, con la finalidad de reducir la reincidencia.
6.3.5 Establecer mecanismos para evaluar la reinserción previo al otorgamiento de la libertad anticipada y darle seguimiento a quienes la obtengan.
Estrategia 6.4 Implementar mecanismos de reinserción social, con esquemas de seguimiento y control de la evolución del interno y del preliberado.
Líneas de Acción:
6.4.1 Promover el trabajo, capacitación, educación, salud y deporte como medios para la reinserción
social.
6.4.2 Impulsar programas de reinserción social efectiva en apego a derechos humanos y la "Perspectiva de Género".
6.4.3 Promover acuerdos con sectores privados y sociales para impulsar acciones intramuros y extramuros tendientes a lograr la reinserción social efectiva.
6.4.4 Promover la consulta con especialistas en la materia a través de foros académicos para conocer propuestas para la reinserción social.
6.4.5 Promover dentro del sistema penitenciario nacional las mejores prácticas nacionales e internacionales, con fomento a la cultura de paz.
6.4.6 Brindar atención psicosocial a los familiares de internos que viven en Centros de Reinserción Social.
6.4.7 Impulsar reformas legislativas para evitar la sobrepoblación penitenciaria, a través de libertades anticipadas, reducción de penas y sanciones alternativas.
6.4.8 Impulsar la homologación de protocolos, reglamentación y procesos de los centros penitenciarios, en coordinación con las Entidades Federativas.
6.4.9 Impulsar convenios de colaboración con instituciones educativas, para que se impartan carreras técnicas y enseñanza de oficios a los internos.
6.4.10 Propiciar acciones de vinculación con el sector empresarial, para promover que se brinden empleos a los internos que sean liberados.
Estrategia 6.5 Fortalecer el sistema de justicia para menores que infringen la ley penal, en la parte relativa a ejecución de medidas.
Líneas de Acción:
6.5.1 Implementar programas de atención para menores de edad, privilegiando el interés superior, la protección y especificidad de la materia.
6.5.2 Promover la homologación de procesos, servicios y operación de centros para menores de edad que infringen la ley penal.
6.5.3 Instrumentar la coordinación nacional del sistema especializado para menores de edad que infringen la ley penal.
6.5.4 Fortalecer programas de reintegración social y familiar de menores, con apego a derechos humanos y a las mejores prácticas.
6.5.5 Elaborar modelos de operación en materia de seguridad, custodia, análisis de incidencias y controles en centros de internamiento para menores.
6.5.6 Crear e impulsar la consolidación de unidades especializadas para menores de edad que infringen la ley penal.
6.5.7 Promover el diseño e implementación de evaluaciones para medir la efectividad de la reintegración social y familiar.
6.5.8 Elaborar protocolos de actuación que garanticen el respeto de los derechos humanos de los menores que infringen la ley penal.
Estrategia 6.6 Consolidar la profesionalización del personal penitenciario y del especializado en menores de edad, y capacitarlos en el "Sistema Penal Acusatorio".
Líneas de Acción:
6.6.1 Definir e implementar perfiles de puesto para personal penitenciario y especializado para atención de menores que infringen la ley penal.
 
6.6.2 Promover la homologación de los procedimientos de reclutamiento, selección, formación y permanencia del personal del sistema penitenciario.
6.6.3 Establecer el programa de profesionalización para el personal penitenciario y el especializado en atención de menores.
6.6.4 Aplicar un sistema de evaluación del desempeño en los centros penitenciarios con mecanismos de control y rendición de cuentas.
6.6.5 Capacitar al personal penitenciario respecto a prevención de la violencia de género y respeto de los derechos humanos.
6.6.6 Impulsar la certificación de la actuación de los cuerpos de seguridad penitenciarios en el "Sistema Penal Acusatorio".
6.6.7 Promover la homologación en la capacitación sobre el "Sistema Penal Acusatorio" alineado a la formación de elementos de instituciones penitenciarias.
6.6.8 Elaborar protocolos de actuación para las operaciones conjuntas de los cuerpos de seguridad penitenciaria y la policía procesal.
CAPÍTULO IV. INDICADORES
OBJETIVO
INDICADORES
1. Consolidar una coordinación efectiva para el diseño, implementación y evaluación de la política de seguridad pública.
1.1 Número total de reuniones regionales de los titulares de las dependencias de seguridad del Gobierno de la República con los gobiernos de las entidades federativas.
2. Reducir la incidencia de los delitos con mayor impacto en la población.
2.1 Tasa de homicidios dolosos registrados por cada 100,000 habitantes.
2.2 Hogares según condición de victimización por cada 1,000 hogares.
3. Reducir la incidencia de los delitos vinculados a la "Economía Ilegal".
3.1 Tasa de robos a camiones de carga a nivel nacional por cada 10,000 unidades en circulación.
3.2 Prevalencia en victimización de empresas por cada 10,000 empresas.
4. Desarrollar en las instituciones de seguridad pública esquemas de proximidad y cercanía con la sociedad.
4.1 Percepción del desempeño institucional.
4.2 Percepción sobre la seguridad en colonia o localidad.
4.3 Número de recomendaciones emitidas por la CNDH a la Policía Federal por presuntas violaciones a los derechos humanos por cada 10,000 policías.
5. Fortalecer las capacidades de las instituciones policiales.
5.1 Certificación de instructores de las instituciones policiales en el "Sistema Penal Acusatorio".
5.2 Número de mandos que recibieron capacitación especializada.
6. Fortalecer el sistema penitenciario nacional y el especializado en menores de edad que infringen la ley penal.
6.1 Número de internos en hacinamiento en los centros penitenciarios del país.
6.2 Número de recomendaciones emitidas por la CNDH al Sistema Penitenciario Federal por presuntas violaciones de los derechos humanos por cada 10,000 internos.
 
 
FICHA DE INDICADOR
Elemento
Características
Indicador:
1.1 Número total de reuniones regionales de los titulares de las dependencias de seguridad del Gobierno de la República con los gobiernos de las entidades federativas.
Objetivo Nacional
1. Consolidar una coordinación efectiva para el diseño, implementación y evaluación de la política de seguridad pública.
Descripción general:
Mide la cantidad total de reuniones realizadas entre los titulares de las dependencias de seguridad del Gobierno de la República y los gobiernos de las entidades federativas a lo largo de la presente administración.
Unidad de medida: Reunión
Observaciones:
La coordinación como requisito básico de la política de seguridad pública del Gobierno de la República, requiere medir los esfuerzos que realizan los titulares de las dependencias de seguridad del Gobierno de la República y los gobiernos de las entidades federativas.
Periodicidad:
Anual
Fuente:
Dependencias de seguridad del Gobierno de la República
Referencias adicionales:
Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad
Línea base 2013
Meta 2018
25
100
 
Anexo Indicador 1.1
La coordinación como requisito básico de la política de seguridad pública del Gobierno de la República, requiere medir los esfuerzos que realizan los titulares de las dependencias de seguridad del Gobierno de la República y los gobiernos de las entidades federativas.
En este sentido, la importancia de este indicador radica en que permitiría reconocer el nivel de coordinación que se ha alcanzado en cada una de las cinco regiones. En estas reuniones se establecen acuerdos con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad pública en todas las entidades federativas.
En la línea base, se aprecia la realización de 25 reuniones, las cuales se habrán de mantener y consolidar con el propósito de alcanzar, al menos, 100 reuniones regionales durante la presente administración.
FICHA DE INDICADOR
Elemento
Características
Indicador:
2.1 Tasa de homicidios dolosos registrados por cada 100,000 habitantes.
Objetivo nacional:
2. Reducir la incidencia de los delitos con mayor impacto en la población.
Descripción general:
Mide el número de homicidios dolosos registrados en el país en relación con el total de la población nacional.
Unidad de medida: Número de averiguaciones previas por homicidio doloso registradas.
Observaciones:
El dato de homicidios es reportado por el SESNSP a partir de la información proporcionada por las procuradurías de justicia o fiscalías de las entidades federativas.
La población del país se obtiene de los datos anuales publicados por CONAPO.
Número de homicidios dolosos entre la población total por 100,000.
TH=Tasa de homicidios dolosos
H=Núm. de homicidios dolosos registrados
Pt=Población total del país.

Periodicidad:
Anual
La línea base y la meta 2018 son cifras relativas al total anual; la medición se hace conforme a los registros mensuales, que permiten realizar las comparaciones pertinentes en cada momento.
Fuente:
SESNSP
Referencias adicionales:
SESNSP
CONAPO
Línea base 2013
Meta 2018
15.3 por cada 100,000 habitantes
12.8 por cada 100,000 habitantes
 
Anexo Indicador 2.1
La meta de este indicador se plantea con el propósito de que la tasa retorne a los niveles que presentó antes del incremento atípico que registró a partir de 2008.
La meta que se plantea toma en consideración la tendencia que ha registrado el fenómeno en los dos años previos a la línea base, la cual es descendente.
Adicionalmente, la meta establecida refleja un comportamiento esperado del fenómeno, semejante al que se ha presentado en otros países que han padecido incrementos atípicos en la violencia.
Finalmente, la meta planteada para 2018 acercará al país al estándar internacional de tasas de homicidio doloso de un solo dígito.
 
FICHA DE INDICADOR
Elemento
Características
Indicador:
2.2 Hogares según condición de victimización por cada 1,000 hogares.
Objetivo Nacional
2. Reducir la incidencia de los delitos con mayor impacto en la población.
Descripción general:
Mide el número de hogares que manifiestan en la encuesta ENVIPE haber sido víctimas de delito, por cada cien mil hogares
Unidad de medida: casos de número de hogares víctimas de delito por cada mil hogares
Observaciones:
(Número de hogares victimizados que reportaron en la ENVIPE haber sido víctimas de delito /el número de total de hogares ) × 1,000
TPI: Prevalencia de victimización de hogares.
Hv: Hogares que fueron víctimas de delito.
H: Número total de hogares

Periodicidad:
Anual
Fuente:
INEGI. ENVIPE
Referencias adicionales:
Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad / Unidad de Planeación Prospectiva y Seguridad Privada
Línea base 2013
Meta 2018
324 por cada mil hogares
291 por cada mil hogares
 
Anexo Indicador 2.2
Este indicador nos permite medir el grado de eficacia de las acciones emprendidas con el objeto de disminuir la victimización de los hogares del país. La medición de este indicador lo realiza anualmente el INEGI mediante la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), serie estadística generada por el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ), coordinado y normado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Con base en el levantamiento de la ENVIPE 2013, se identifica que 32,420 hogares por cada cien mil fueron víctimas de delito. Con este valor se determinó la línea base para el indicador Hogares según condición de victimización. De esta forma y con el propósito de reducir la incidencia que actualmente se registra, se plantea una reducción de 2% anual de la tasa de victimización de hogares.
Es de resaltar que este indicador es concordante y aporta al cumplimiento del indicador VII.1.2 del Plan Nacional de Desarrollo (Tasa de Victimización).
FICHA DE INDICADOR
Elemento
Características
Indicador:
3.1 Tasa de robos a camiones de carga a nivel nacional por cada 10,000 vehículos automotores de carga en circulación.
Objetivo nacional
3. Reducir la incidencia de los delitos vinculados a la "Economía Ilegal".
Descripción general:
Mide el número de robos a camiones de carga registrados en el país en relación con el parque vehicular de transporte de carga.
Unidad de medida: Número de averiguaciones previas iniciadas/ número de vehículos automotores de carga registrados.
Observaciones:
Número de robos a camiones de carga registrados en el país por cada 10,000 vehículos automotores de carga.
Tr=Tasa de robo a camión de carga
R= Número de robos registrados
PVt=Parque vehicular total

El dato es reportado por el SESNSP a partir de la información proporcionada por las procuradurías de justicia o fiscalías de las entidades federativas.
La fuente para vehículos automotores de carga es la SCT en su documento anual "Estadística básica del autotransporte federal".
Periodicidad:
Mensual
Fuente:
SESNSP
SCT -Estadística básica del autotransporte federal
Referencias adicionales:
SESNSP
Línea base 2013
Meta 2018
8.4 por cada 10,000 vehículos
5.7 por cada 10,000 vehículos
 
Anexo Indicador 3.1
 
El robo a transporte de carga tiene un fuerte impacto en la economía, razón por la cual se busca su disminución. En ese sentido, este indicador mide el número de robos a transporte de carga registrados en el país por cada 10,000 vehículos registrados por SCT, teniendo como objetivo que al final de la administración se logre la disminución en la comisión de este delito.
Tomando en cuenta que el fenómeno delictivo en nuestro país registró cifras históricas de incrementos de la incidencia delictiva, se plantea una reducción al 2018 de 30% en la tasa de los robos a camiones de carga registrados a nivel nacional
FICHA DE INDICADOR
Elemento
Características
Indicador:
3.2 Prevalencia en victimización de empresas por cada 10,000 empresas.
Objetivo nacional
3. Reducir la incidencia de los delitos vinculados a la "Economía Ilegal".
Descripción general:
Mide el número de unidades económicas que manifiestan en la ENVE haber sido víctimas del delito, por cada diez mil unidades económicas.
Unidad de medida: casos por 10,000
Observaciones:
(Número de unidades económicas que manifiestan haber sido víctimas del delito / Total de unidades económicas) × 10,000
Tp: Tasa de prevalencia
UEV: Número de unidades económicas que manifiestan haber sido víctimas del delito
UE: Total de unidades económicas

Periodicidad:
Bienal
Fuente:
INEGI. ENVE
Referencias adicionales:
Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad/ Unidad de Planeación Prospectiva y Seguridad Privada
Línea base 2013
Meta 2018
3,737 por cada 10 mil unidades económicas
3,363 por cada 10 mil unidades económicas
 
Anexo Indicador 3.2
Con una temporalidad bienal y con base en la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) se evaluará si se va alcanzado la meta propuesta, consistente en la disminución de la victimización por cada 10,000 unidades.
De esta forma, se plantea una reducción de 10% de la tasa de victimización de empresas, equivalente a una disminución de 2% anual. El resultado correspondiente a la meta propuesta es de 3,363 unidades económicas victimizadas por cada 10 mil unidades existentes en el país.
FICHA DE INDICADOR
Elemento
Características
Indicador:
4.1 Percepción del desempeño institucional
Objetivo nacional
4. Desarrollar en las instituciones de seguridad pública esquemas de proximidad y cercanía con la sociedad.
Descripción general:
Mide el porcentaje de la población estimada de 18 años y más que, de acuerdo con la ENVIPE, identifica a las policías (estatal y federal) y que manifiesta que su trabajo es muy efectivo o algo efectivo.
Unidad de medida: Porcentaje
Observaciones:
(Número de personas de más de 18 años que identifican a la policía y manifiestan que su trabajo es muy efectivo o algo efectivo / Número de población estimada de 18 años y más por entidad) × 100
Periodicidad:
Anual
Fuente:
INEGI-ENVIPE
Referencias adicionales:
Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad/ Unidad de Planeación Prospectiva y Seguridad Privada
Línea base 2013
Meta 2018
58% PF
47% policía estatal
68% PF
57% policía estatal
 
Anexo Indicador 4.1
Con base en la ENVIPE 2013, la línea base del desempeño institucional para la Policía Federal y las policías estatales se evaluó con niveles de 58% y 47% respectivamente. Lo anterior, con base en la suma de los porcentajes de la población que respondieron que el desempeño de dichas instituciones era "muy efectivo" y "algo efectivo".
Con este valor relativo tomado del ENVIPE 2013 se determinó la línea base para el indicador Porcentaje de la población que siente confianza hacia la PF y la policía estatal, y se espera un avance ascendente del 2% anual.
FICHA DE INDICADOR
Elemento
Características
Indicador:
4.2 Percepción sobre la seguridad en colonia o localidad.
Objetivo nacional
4. Desarrollar en las instituciones de seguridad pública esquemas de proximidad y cercanía con la sociedad.
Descripción general:
Mide el porcentaje de personas mayores de 18 años que, de acuerdo con la ENVIPE, considera segura la colonia o localidad donde habitan en relación con el total de personas de 18 años y más.
Unidad de medida: Porcentaje
Observaciones:
(Número de personas de 18 años y más que considera segura su colonia o localidad / Número de población estimada de 18 años y más por entidad) × 100
Periodicidad:
Anual
Fuente:
INEGI. ENVIPE
Referencias adicionales:
Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad/ Unidad de Planeación Prospectiva y Seguridad Privada
Línea base 2013
Meta 2018
56%
66%
 
Anexo Indicador 4.2
Este indicador lo mide anualmente el INEGI a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE); el cual es generado por el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ) coordinado y normado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
 
El propósito de la ENVIPE es recabar información a nivel nacional y por entidad federativa sobre el fenómeno de la victimización delictiva y la percepción social respecto a la seguridad pública. De acuerdo con el levantamiento de la ENVIPE 2013, el 55.6% de la población consideran segura su colonia o localidad; en este sentido la línea base del indicador se determinó a partir de este valor relativo.
Se espera que el porcentaje de la población que considera segura su colonia o localidad avance ascendentemente un 2% anual, lo anterior con base en los resultados reflejados en la ENVIPE 2011.
FICHA DE INDICADOR
Elemento
Características
Indicador:
4.3 Número de recomendaciones emitidas por la CNDH a la Policía Federal por presuntas violaciones a los derechos humanos por cada 10,000 policías.
Objetivo nacional
4. Desarrollar en las instituciones de seguridad pública esquemas de proximidad y cercanía con la sociedad.
Descripción general:
Mide el número de recomendaciones emitidas por la CNDH a la Policía Federal por presuntas violaciones a los derechos humanos por cada 10,000 elementos policiales.
Unidad de medida: (Número de recomendaciones por cada 10 mil elementos policiales.
Observaciones:
Número total de recomendaciones por violaciones a los derechos humanos que la CNDH emite a la PF y la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad.
Tr Tasa de recomendaciones
R=Número de recomendaciones
It=Total de policías de la PF

Periodicidad:
Mensual
Fuente:
CNDH
Referencias adicionales:
Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad.
Línea base 2013
Meta 2018
2.8 por cada 10,000 policías
1.9 por cada 10,000 policías
 
Anexo Indicador 4.3
Este indicador será medido a partir del número de recomendaciones, emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la Policía Federal, el cual tiene como propósito evaluar el desempeño de la función policial con respeto irrestricto a los derechos humanos.
La línea base se determinó de acuerdo a la información publicada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su página de internet.
En este sentido, la meta para 2018, será reducir la tasa de recomendaciones por cada 10 mil policías a menos de 2 recomendaciones por año; lo cual significará una reducción en la tasa del 32%.
FICHA DE INDICADOR
Elemento
Características
Indicador:
5.1 Certificación de instructores de las instituciones policiales en el "Sistema Penal Acusatorio".
Objetivo nacional
5. Fortalecer las capacidades de las instituciones policiales.
Descripción general:
Mide el número acumulado de instructores de las instituciones policiales certificados por SETEC en "Sistema Penal Acusatorio" a lo largo de la presente administración.
SETEC es el órgano que apoya a las autoridades locales y federales en la implementación del Sistema de Justicia Penal, cuando así se lo soliciten.
La certificación que otorga SETEC es un proceso voluntario. Las cifras que se muestran se refieren a número de docentes certificados sobre función policial en investigación del delito, de acuerdo con el "Sistema Penal Acusatorio".
Unidad de Medida: Instructores certificados.
Observaciones:
Mide en números absolutos cuántos instructores de las instituciones policiales del país han sido certificados en "Sistema Penal Acusatorio" por SETEC.
Periodicidad:
Anual
Fuente:
SETEC
Referencias adicionales:
Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad/SETEC
Línea base 2013
Meta 2018
343
593
 
Anexo Indicador 5.1
El indicador mide el número de instructores policiales del país que han sido certificados en el "Sistema Penal Acusatorio" por la Secretaría Técnica para la implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC).
La cifra base es proporcionada por SETEC y la meta se estima en un incremento de 73% con relación a la línea base, al pasar de 343 a 593 instructores certificados por SETEC, que corresponden a seis instructores capacitados por entidad federativa (192 instructores) y al 100% de los instructores de la Policía Federal
FICHA DE INDICADOR
Elemento
Características
Indicador:
5.2 Número de mandos que recibieron capacitación especializada
Objetivo nacional
5. Fortalecer las capacidades de las instituciones policiales.
Descripción general:
Unidad de medida: mandos que han recibido capacitación especializada.
Observaciones:
Mide el número acumulado de mandos de las instituciones policiales del país que han recibido el Diplomado en Mando Policial y otros cursos de capacitación especializada a lo largo de la presente administración.
Periodicidad:
Anual
Fuente:
Coordinación del Sistema de Desarrollo Policial de PF.
Referencias adicionales:
Coordinación del Sistema de Desarrollo Policial de PF.
Línea base 2013
Meta 2018
170
1,200
 
Anexo Indicador 5.2
De acuerdo con el compromiso presidencial de implementar un Plan Nacional de Capacitación de Mandos y con base en los acuerdos adoptados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su II Sesión Extraordinaria celebrada el 18 de diciembre de 2012, se desarrolló el Diplomado en Mando Policial dirigido al alto mando de la PF, los Secretarios de Seguridad Pública y los más altos mandos de las policías estatales y municipales. La duración del Diplomado es de 135 horas.
En este sentido la línea base del indicador se determinó de acuerdo al número de elementos capacitados en el 2013. El cumplimento de la meta se dará a partir de 8 grupos de 30 personas por año, lo que significaría 1200 elementos al término de la presente administración.
FICHA DE INDICADOR
Elemento
Características
Indicador:
6.1 Tasa de internos en hacinamiento en los centros penitenciarios del país.
Objetivo nacional
6. Fortalecer el sistema penitenciario nacional y el especializado en menores de edad que infringen la ley penal.
Descripción general:
Mide el nivel de hacinamiento en centros penitenciarios.
Observaciones:
([Población de internos/ número total de espacios] -1) × 100
Th: Tasa de hacinamiento,
It: Número total de internos
Et: Número total de espacios. (Capacidad)

Periodicidad:
Anual
Fuente:
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS)
Referencias adicionales:
OADPRS
Línea base 2013
Meta 2018
24.4%
14.4%
 
Anexo Indicador 6.1
El indicador mide la sobrepoblación en el sistema penitenciario federal. En el periodo 2006-2012, la sobrepoblación se mantuvo estable debido al incremento en la capacidad de internamiento del sistema penitenciario federal.
En este sentido, se estima una meta de reducción de la sobrepoblación de 10%, que representa 2% anual.
FICHA DE INDICADOR
Elemento
Características
Indicador:
6.2 Número de recomendaciones emitidas por la CNDH al Sistema Penitenciario Federal por presuntas violaciones de los derechos humanos por cada 10,000 internos.
Objetivo nacional
6. Fortalecer el sistema penitenciario nacional y el especializado en menores de edad que infringen la ley penal.
Descripción general:
Mide el número de violaciones acreditadas a los derechos humanos de los internos del sistema penitenciario federal.
Unidad de medida: recomendación /interno
Observaciones:
Número de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a centros penitenciarios federales.
Tr Tasa de recomendaciones
R=Número de recomendaciones
It=Total de internos en centros federales

Periodicidad:
Anual
Fuente:
CNDH
Referencias adicionales:
Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad/OADPRS
Línea base 2013
Meta 2018
2.4 recomendaciones por cada 10,000 internos
2.8 recomendaciones por cada 10,000 internos
 
Anexo Indicador 6.2
Este indicador será medido a partir del número de recomendaciones, emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al OADPRS, el cual tiene como propósito evaluar el desempeño de la función penitenciaria con apego al respeto irrestricto a los derechos humanos.
La línea base se determinó de acuerdo a la información publicada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su página de internet. Se propone una disminución del 15% de 2013 a 2018, lo que equivale a un 3% anual.
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
Dependencias
Secretaría de Gobernación
Procuraduría General de la República
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Secretaría de la Defensa Nacional
Secretaría de Marina
Secretaría de Relaciones Exteriores
Secretaría de Salud
Secretaría de Turismo
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Entidades
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Petróleos Mexicanos
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
La relación de dependencias y entidades aquí referida no es exhaustiva ni limitativa pues podrán incorporarse otras que, en el marco de sus atribuciones, contribuyan a la ejecución del Programa. Además, la perspectiva nacional y de cooperación interinstitucional del Programa comprende la participación y/o colaboración de los poderes de la unión, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, los órganos autónomos y las demás instancias e instituciones nacionales e internacionales que coadyuven a su adecuado cumplimiento, en estricto apego a lo establecido en la Constitución, las leyes y demás disposiciones normativas aplicables.
La correspondencia entre las dependencias y entidades participantes y los objetivos y estrategias del Programa se detallan en el Anexo 1.
TRANSPARENCIA
Conforme con lo establecido en el artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, "el derecho de acceso a la información pública se interpretará conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre derechos humanos; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y la interpretación que de los mismos hayan realizado los órganos internacionales especializados".
La presente Administración asume la transparencia como uno de los principales elementos de la nueva relación entre gobierno y sociedad, para una eficaz rendición de cuentas y combate a la corrupción.
La Secretaría de Gobernación, con estricto apego a la normatividad aplicable en materia de transparencia, difundirá y publicará en la página de internet www.gobernacion.gob.mx al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo, publicará cada año en el medio electrónico referido, los avances en los objetivos, indicadores y metas del Programa Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con la normatividad aplicable.
SIGLAS Y ACRÓNIMOS
CIPSVyD
Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
CISEN
Centro de Investigación y Seguridad Nacional
CNDH
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
CONAVIM
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
OCNS
Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad
CNSP
Consejo Nacional de Seguridad Pública
CNSPM
Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal
COFEPRIS
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
IMPI
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
INEGI
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INM
Instituto Nacional de Migración
OADPRS
Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social
PEMEX
Petróleos Mexicanos
PF
Policía Federal
PGR
Procuraduría General de la República
SAT
Servicio de Administración Tributaria
SESNSP
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
SETEC
Secretaría Técnica para la implementación del Sistema de Justicia Penal
SNSP
Sistema Nacional de Seguridad Pública
SRE
Secretaría de Relaciones Exteriores
GLOSARIO
Para efectos de este Programa Nacional de Seguridad Pública el uso de los siguientes términos tendrá el significado que a continuación se enuncia. A lo largo del documento dichos términos se escribieron con mayúsculas y entrecomillados para destacar que existe una definición en el glosario.
Acciones Afirmativas: Medidas temporales cuyo fin es acelerar la participación en condiciones de igualdad en el ámbito político, económico, social, cultural y civil, o en cualquier otro ámbito de un grupo que sufre de discriminación estructural, como las mujeres.(10)
Conferencias Nacionales del SNSP: Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Economía Ilegal: delitos que afectan a los sectores productivos, menoscaban la economía nacional y las finanzas públicas; y que vulneran normas sobre derechos de autor, propiedad industrial, comercio exterior, riesgos sanitarios y protección al medio ambiente. Abarca delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial, contrabando, adulteración de bebidas alcohólicas y medicamentos, delitos ambientales, robo a transporte de carga, así como robo y comercialización ilícita de hidrocarburos.
Economía Informal: actividades lícitas que eluden el pago de impuestos o las contribuciones a la seguridad social, así como medidas de control administrativo. Como ejemplos se pueden citar la venta de comida en puestos callejeros, los talleres domésticos o la comercialización de productos legales en tianguis.(11)
Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE): Es una encuesta realizada por el INEGI que permite realizar estimaciones a nivel nacional sobre la prevalencia delictiva que afecta a las empresas del país, la cifra negra, las características del delito, el contexto de la victimización y el impacto económico y social en las empresas.(12)
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE): es un proyecto del INEGI, que tiene como propósito recabar información con representatividad a nivel nacional y estatal, que permita llevar a cabo estimaciones de la prevalencia e incidencia delictiva que afecta a los hogares y a las personas integrantes del hogar, la cifra negra, las características del delito, las víctimas y el contexto de la victimización. Asimismo, busca obtener información sobre la percepción de la seguridad pública y sobre el desempeño y experiencias con las instituciones a cargo de la seguridad pública y la justicia.(13)
Feminicidio: privar de la vida a una mujer por razones de género. Se consideran razones de género cuando se presenta cualquiera de los siguientes supuestos: la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida; existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público o la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.(14)
Homicidios de Odio: homicidio cometido por la condición social o económica; vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido; origen étnico o social; la nacionalidad o lugar de origen; el color o cualquier otra característica genética; sexo; lengua; género; religión; edad; opiniones; discapacidad; condiciones de salud; apariencia física; orientación sexual; identidad de género; estado civil; ocupación o actividad de la víctima.(15)
Inteligencia Social: mecanismo de vinculación entre la sociedad y las autoridades, mediante el cual la comunidad, las asociaciones gremiales y los diversos grupos y organizaciones de la sociedad civil aportan información que, como complemento de la investigación e inteligencia policial, sirve para la identificación de factores de riesgo para la seguridad pública.
Mercancía Ilegal: bienes robados y aquéllos que violan derechos de autor y de propiedad industrial; normas sanitarias, fiscales, de comercio exterior y ambientales.
Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.(16)
Prevención del Delito Mediante el Diseño Ambiental: Concepto basado en la idea de que los delitos ocurren en determinados espacios debido a las oportunidades que ofrece el entorno físico. Esto permite plantear que es posible alterar el entorno físico de manera que se disminuya la probabilidad de que ocurran delitos. Existen códigos ambientales que favorecen la comisión de delitos como un espacio oscuro, acumulación de basura, grafiti, entre otras. La Prevención del Delito Mediante el Diseño Ambiental propone cinco conceptos: control natural de accesos, vigilancia natural, mantenimiento, reforzamiento territorial y participación comunitaria.(17)
Prevención Situacional del Delito: La prevención en el ámbito situacional consiste en modificar el entorno para propiciar la convivencia y la cohesión social, así como disminuir los factores de riesgo que facilitan fenómenos de violencia y de incidencia delictiva, mediante:
I. El mejoramiento y regulación del desarrollo urbano, rural, ambiental y el diseño industrial, incluidos los sistemas de transporte público y de vigilancia;
II. El uso de nuevas tecnologías;
III. La vigilancia respetando los derechos a la intimidad y a la privacidad;
IV. Medidas administrativas encaminadas a disminuir la disponibilidad de medios comisivos o facilitadores de violencia, y
V. La aplicación de estrategias para garantizar la no repetición de casos de victimización.(18)
Reparación integral: comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.(19)
Región: las cinco zonas del país que prevé el Acuerdo 12/II-SE/2012, tomado en la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que se celebró el 17 de diciembre de 2012. Dichas regiones se conforman de la siguiente manera
Zona Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora;
Zona Noreste: Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas;
Zona Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas;
Zona Centro: Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y
Zona Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.(20)
 
Sistema Penal Acusatorio: Sistema de Justicia Penal Acusatorio que prevé el Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008 y que entrará en vigor cuando lo señale la legislación secundaria, lo que deberá ocurrir a más tardar el 18 de junio de 2016.
Mediante esta reforma el procedimiento penal transita del sistema semi-inquisitorio al acusatorio y oral, cuyos principios generales se prevén en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(21)
ANEXO 1. CORRESPONDENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES POR ESTRATEGIA DEL PROGRAMA
A continuación se establece de manera enunciativa y no limitativa la correspondencia por estrategia de las instituciones participantes en la ejecución del Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018
La ejecución de las estrategias establecidas en el Programa se llevará a cabo mediante acciones coordinadas y corresponsables entre los tres órdenes de gobierno y con estricto apego a la distribución de competencias que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad.
OBJETIVO
ESTRATEGIAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
PARTICIPANTES
Objetivo 1.- Consolidar una
coordinación efectiva para
el diseño, implementación
y evaluación de la política
de seguridad pública
Estrategia 1.1 Promover mecanismos de coordinación entre dependencias del Gobierno de la República para garantizar la efectividad en las políticas de seguridad
1) Secretaría de Gobernación
2) Secretaría de Relaciones Exteriores
3) Secretaría de la Defensa Nacional
4) Secretaría de Marina
5) Secretaría de Hacienda y Crédito Público
6) Secretaría de Educación Pública
7) Secretaría de Salud
8) Procuraduría General de la República
9) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Estrategia 1.2 Desarrollar y fortalecer mecanismos de coordinación efectiva entre el Gobierno de la República, las Entidades Federativas y los municipios.
1) Secretaría de Gobernación
2) Secretaría de Relaciones Exteriores
3) Secretaría de la Defensa Nacional
4) Secretaría de Marina
5) Secretaría de Hacienda y Crédito Público
6) Secretaría de Educación Pública
7) Secretaría de Salud
8) Procuraduría General de la República
9) Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Estrategia 1.3 Fortalecer las instancias de coordinación del SNSP e impulsar el cumplimiento de los acuerdos que adopten.
1) Secretaría de Gobernación
 
Estrategia 1.4 Impulsar el intercambio eficaz de inteligencia para la seguridad pública.
1) Secretaría de Gobernación
2) Secretaría de la Defensa Nacional
3) Secretaría de Marina
4) Secretaría de Hacienda y Crédito Público
5) Secretaría de Salud
6) Procuraduría General de la República
Estrategia 1.5 Definir una agenda de cooperación internacional estratégica en materia de seguridad
 
1) Secretaría de Gobernación
2) Secretaría de Relaciones Exteriores
3) Secretaría de la Defensa Nacional
4) Secretaría de Marina
5) Secretaría de Hacienda y Crédito Público
6) Procuraduría General de la República
Estrategia 1.6 Promover la actualización y adecuación de la normatividad en materia de seguridad pública
1) Secretaría de Gobernación
Estrategia 1.7 Coordinar una agenda entre instituciones de seguridad pública federales y locales, para impulsar la implementación del "Sistema Penal Acusatorio"
1) Secretaría de Gobernación
 
Objetivo 2.- Reducir la
incidencia de los delitos
con mayor impacto en la
población
Estrategia 2.1 Dar prioridad a la disminución de delitos de alto impacto social por su grado de violencia
1) Secretaría de Gobernación
2) Secretaría de la Defensa Nacional
3) Secretaría de Marina
Estrategia 2.2 Focalizar acciones de las instituciones de seguridad pública a la desarticulación de grupos delictivos con altos niveles de violencia
1) Secretaría de Gobernación
2) Secretaría de la Defensa Nacional
3) Secretaría de Marina
Estrategia 2.3 Fortalecer la presencia de las instituciones de seguridad pública en los municipios, zonas metropolitanas y carreteras con mayores índices delictivos
1) Secretaría de Gobernación
 
Estrategia 2.4 Desarticular las estructuras logísticas y operativas de la delincuencia organizada
1) Secretaría de Gobernación
2) Secretaría de la Defensa Nacional
3) Secretaría de Marina
Estrategia 2.5 Debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada
1) Secretaría de Gobernación
2) Secretaría de Hacienda y Crédito Público
3) Procuraduría General de la República
Estrategia 2.6 Implementar acciones coordinadas para reducir la incidencia de los delitos que más afectan el patrimonio de las personas
1) Secretaría de Gobernación
 
Estrategia 2.7 Detectar y atender oportunamente los delitos cibernéticos
1) Secretaría de Gobernación
2) Secretaría de Marina
3) Secretaría de la Defensa Nacional.
4) Procuraduría General de la República
Objetivo 3.- Reducir la
incidencia de los delitos
vinculados a la Economía
Ilegal
 
Estrategia 3.1 Coordinar acciones entre instituciones de seguridad pública y autoridades administrativas facultadas para sancionar ilícitos relacionados con la "Economía Ilegal"
1) Secretaría de Gobernación
2) Secretaría de Hacienda y Crédito Público
3) Secretaría de Salud
4) Procuraduría General de la República
5) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Estrategia 3.2 Identificar y neutralizar puntos de internamiento al país, así como centros de producción, almacenamiento y distribución de "Mercancía Ilegal"
1) Secretaría de Gobernación
2) Secretaría de Hacienda y Crédito Público
3) Secretaría de Salud
4) Procuraduría General de la República
5) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Estrategia 3.3 Incrementar acciones coordinadas para reducir la incidencia del robo a transporte de carga en carreteras y vías férreas
1) Secretaría de Gobernación
 
Estrategia 3.4 Reducir la incidencia del robo de hidrocarburos y su comercialización ilícita
 
1) Secretaría de Gobernación
2) Secretaría de Hacienda y Crédito Público
3) Procuraduría General de la República
4) Petróleos Mexicanos
Objetivo 4.- Desarrollar en
las instituciones de
seguridad pública
esquemas de proximidad y
cercanía con la sociedad
 
Estrategia 4.1 Fomentar una efectiva vinculación y corresponsabilidad entre las instituciones de seguridad pública y la sociedad
1) Secretaría de Gobernación
 
Estrategia 4.2 Fomentar el uso de Inteligencia Social", como complemento de la inteligencia policial, para identificar factores de riesgo para la seguridad.
1) Secretaría de Gobernación
 
Estrategia 4.3 Desarrollar herramientas y aplicaciones en plataformas múltiples, para identificar y atender oportunamente denuncias y demandas ciudadanas
1) Secretaría de Gobernación
 
Estrategia 4.4 Fomentar una cultura policial que promueva el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugne por su promoción y defensa.
1) Secretaría de Gobernación
 
Estrategia 4.5 Establecer en las instituciones policiales esquemas de protección a las víctimas de delitos, violaciones de derechos humanos y desastres naturales.
1) Secretaría de Gobernación
 
Estrategia 4.6 Implementar mecanismos de comunicación y entrega de información orientados a la evaluación y retroalimentación ciudadana y rendición de cuentas.
1) Secretaría de Gobernación
 
4.7 Incorporar la "Perspectiva de Género" en la actuación de las instituciones de seguridad pública, de manera transversal.
1) Secretaría de Gobernación
 
Objetivo 5.- Fortalecer las
capacidades de las
instituciones policiales.
Estrategia 5.1 Fortalecer la profesionalización, la infraestructura y el equipamiento de las instituciones policiales del país.
1) Secretaría de Gobernación
Estrategia 5.2 Dignificar la labor policial, mediante el impulso y homologación del servicio profesional de carrera, prestaciones sociales y mejora de percepciones.
1) Secretaría de Gobernación
Estrategia 5.3 Fortalecer el Sistema Nacional de Acreditación y Control de Confianza
1) Secretaría de Gobernación
Estrategia 5.4 Impulsar la especialización de los integrantes de las instituciones policiales del país
1) Secretaría de Gobernación
Estrategia 5.5 Fortalecer los sistemas para el intercambio de información y fomentar su uso en los tres órdenes de gobierno.
1) Secretaría de Gobernación
Estrategia 5.6 Capacitar a las instituciones policiales del país para la correcta aplicación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
1) Secretaría de Gobernación
Estrategia 5.7 Fortalecer la regulación y supervisión de las empresas de seguridad privada, e impulsar que coadyuven a la prevención del delito.
1) Secretaría de Gobernación
 
Objetivo 6.- Fortalecer el
sistema penitenciario
nacional y el especializado
en menores de edad que
infringen la ley penal
 
Estrategia 6.1 Consolidar los mecanismos para el control y seguridad de los centros penitenciarios del país.
1) Secretaría de Gobernación
Estrategia 6.2 Reforzar la infraestructura, equipamiento y tecnología del Sistema Penitenciario Nacional
1) Secretaría de Gobernación
Estrategia 6.3 Romper el vínculo de los internos con sus organizaciones delictivas al interior y exterior de los centros penitenciarios
1) Secretaría de Gobernación
Estrategia 6.4 Implementar mecanismos de reinserción social, con esquemas de seguimiento y control de la evolución del interno y del preliberado.
1) Secretaría de Gobernación
Estrategia 6.5 Fortalecer el sistema de justicia para menores que infringen la ley penal, en la parte relativa a ejecución de medidas
1) Secretaría de Gobernación
 
Estrategia 6.6 Consolidar la profesionalización del personal penitenciario y del especializado en menores de edad, y capacitarlos en el "Sistema Penal Acusatorio"
1) Secretaría de Gobernación
AGRADECIMIENTOS
Derivado de la coordinación de esfuerzos y de las consultas realizadas por la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad para elaborar el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, este refleja las opiniones, comentarios y aportaciones de organizaciones de la sociedad civil, académicos, organismos internacionales, instancias de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependencias y entidades del Gobierno de la República, de las 32 Entidades Federativas y de órganos autónomos, que contribuyeron a edificar y fortalecer el presente documento.
Organizaciones de la sociedad civil: México Evalúa; Causa en Común; Instituto Mexicano para la Competitividad; Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia; Cohesión Comunitaria e Innovación Social; Instituto de Excelencia en Seguridad Humana y Estudios Estratégicos; Saber Se Estrategia y Operación; Líderes en el Estudio, Diseño y Evaluación de políticas Públicas de Prevención, Seguridad y Justicia; Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tracto Camiones; Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar; Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana; Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección de Vehículos; Asociación Latinoamericana de Pequeñas y Medianas Empresas; Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles; Cámara Nacional de Autotransporte de Pasajeros y Turismo; Abastos y Precios de la Industria Restaurantera; Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica; Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia; Cámara Nacional de la Industria del Vestido; Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados; Cámara Nacional de la Platería y Joyería; México Unido contra la Delincuencia; Asociación Mexicana de Bancos; Asociación Nacional del Transporte Privado; Centro de Investigación para el Desarrollo; Asociación Mexicana de Ferrocarriles; Consejo Mexicano de la Carne; Club de Rotarios de México; Observatorio Nacional Ciudadano; Comisión Unidos contra la Trata; Grupo Coppel; Impulse México; American Chamber; Equipo Original; México SOS; GCI Consultores; Metlife México; Banamex; MAS Ciudadanía; Tapa México; y Grupo Bimbo.
 
Académicos y especialistas de las siguientes instituciones: Centro de Investigación y Docencia Económicas; Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social; Colegio de México; Colegio Nacional de Profesionistas en Administración Policial; Instituto Tecnológico Autónomo de México; Universidad Autónoma Metropolitana; Universidad Nacional Autónoma de México; Proyectos Estratégicos Consultoría; Universidad Panamericana.
Organismos Internacionales: Banco Interamericano de Desarrollo; Organización Internacional del Trabajo; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional; Representación de la Unión Europea en México.
Consejo Nacional de Seguridad Pública: Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Dependencias y Entidades del Gobierno de la República: Oficina de la Presidencia de la República a través de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional; Coordinación de Asesores del Secretario de Gobernación; Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación; Subsecretaria de Gobierno de la Secretaria de Gobernación; Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación; Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación; Comité Especializado en Seguridad de la información de la División Científica de Policía Federal Instituto Nacional de Migración; Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal; Centro de Investigación y Seguridad Nacional; Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda Pública y Crédito Público; Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud; Instituto Nacional de Salud Pública; Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública; Subsecretaría de Planeación; Prospectiva y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social; Dirección General de Planeación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Dirección General para la atención de Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de Marina; Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; Instituto de la Juventud; Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; Instituto Nacional de las Mujeres e Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Gobernadores de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro de Arteaga, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
__________________________
 
1     Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Diario Oficial de la Federación, 20 de mayo de 2013, México.
2     Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2013
3     Zona Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora. Zona Noreste: Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. Zona Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas. Zona Centro: Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Zona Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
4     Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2011) Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México.
5     Cfr. Peñaloza, Pedro José, Garza Salinas, Mario A. (Coordinadores), Los Desafíos De La Seguridad Pública En México, UNAM, Universidad Iberoamericana, PGR; México, 2002, p.p. 169-185.
6     Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
7     Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
8     Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 2013.
9     Estudio "Hábitos de los usuarios de Internet en México 2013"AMIPCI.
10    Cfr. Preguntas Frecuentes Unidad de Igualdad de Género, SCJN, disponible en http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=faq&id_rubrique=195
11    Instituto Mexicano para la Competitividad
12    INEGI http://www.INEGI.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/establecimientos/otras/enve/enve2012/default.aspx
13    INEGI http://www.INEGI.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/default.aspx
14    Cfr. artículo 325 Código Penal Federal y artículo 148 bis Código Penal para el Distrito Federal
15    Cfr. Artículo 138 fracción VIII del Código Penal para el Distrito Federal.
16    Ley General de Acceso a las Mujeres a un Vida Libre de Violencia
17    Queensland Government; Crime Prevention Through Environmental Design; 2007 / Timothy D Crowe, Crime Prevention Through Environmental Design; 1991 / Rau Macarena, Prevención del Crimen mediante el diseño ambiental en Latinoamérica. Un llamado de acción ambiental comunitaria; 2005.
18    Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
19    Ley General de Víctimas.
20    Diario Oficial de la Federación, 10 de enero de 2013, México.
21    El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Desde la Perspectiva Constitucional, Poder Judicial de la Federación, Secretaría Técnica para la implementación del Sistema de Justicia Penal; México, 2011.

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