DOF: 31/03/2015
ACUERDO mediante el cual se aprueba el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos

ACUERDO mediante el cual se aprueba el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS.
CONSIDERANDO
1.     Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, modificando entre otros, el artículo 6o. el cual establece que la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.
2.     Que en términos del artículo octavo transitorio del Decreto antes mencionado, en tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a las leyes respectivas en materia de transparencia, el organismo garante que establece el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto en el propio Decreto y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG).
3.     Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 establece que los recursos económicos asignados a los entes autónomos se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia.
4.     Que además el artículo 37, fracción XVI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, establece que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) tiene entre otras atribuciones, la de elaborar su Reglamento Interior y demás normas de operación.
5.     Que a la fecha, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, el IFAI se rige por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto y el relativo a las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IFAI.
6.     Que en virtud de lo establecido por el artículo 1o., párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, prevé que las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que cuenten con un régimen específico en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en la Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control.
7.     Que como consecuencia de lo señalado en el considerando anterior, se llevó a cabo un proceso de integración y consulta con diversas áreas del IFAI a fin de integrar el Reglamento que establece los criterios y procedimientos necesarios en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que el Instituto requiere.
8.     Que es necesario que el IFAI cuente con la norma que regule las adquisiciones, arrendamientos y servicios, bajo los principios de eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia de los recursos con los que cuenta, para el cumplimiento de sus metas y objetivos.
9.     Que el presente Reglamento retoma los supuestos señalados por la Constitución y en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público adecuándolos a las funciones y atribuciones de los servidores públicos involucrados en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del propio Instituto.
10.   Que el Reglamento define su propio glosario, asimismo se incorporan supuestos de excepción a los procesos de licitación que permiten suscribir contratos, con instituciones académicas, culturales,
educativas y organizaciones civiles, así como las obras y contenidos editoriales derivados del Comité Editorial, y los productos derivados de los certámenes y convocatorias que emita el Instituto vinculados con la promoción de los derechos de acceso a la información y protección de datos.
11.   Que asimismo, se prevé en el Reglamento la ampliación del monto en la adquisición de bienes y servicios para la operación del Instituto, a efecto de solventar los requerimientos que este necesite para su adquisición oportuna, inmediata o que genere economías, siempre y cuando existan circunstancias que lo justifiquen.
12.   Que el Reglamento establece el conjunto de responsabilidades del titular de la Dirección General de Administración, entre las que se encuentra la de elaborar las políticas, bases y lineamientos que permitan regular las particularidades de cada proceso de licitación pública, invitación a cuando menos tres proveedores y adjudicación directa.
13.   Que por otra parte, establece la forma en que se integrará el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IFAI, involucrando a las áreas requirentes y haciéndolas corresponsables en la toma de decisiones; además de contar con un presidente y un secretario técnico, se incorpora a un Director General por cada Coordinación del Instituto en calidad de vocales, y como asesores al Contralor y al Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, permitiendo que las Unidades Responsables estén al tanto de los procesos de contratación.
14.   Que a su vez contempla la creación de un Sistema Electrónico denominado COMPRAIFAI, el cual contendrá información pública del Instituto sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, que deberá contener como mínimo la siguiente información: el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IFAI, Registro de Proveedores, Registro de Proveedores Sancionados; Convocatorias a la Licitación y sus modificaciones; Invitaciones a cuando menos tres proveedores; actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; datos de los contratos y convenios modificatorios; las adjudicaciones directas. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá el único medio electrónico por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.
15.   Que el Instituto contará con el Sistema Electrónico denominado COMPRAIFAI, por medio del cual transparentará todas sus operaciones realizadas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, el cual entrará en funcionamiento antes de que finalice el mes de diciembre de 2016. En tanto se establezca este sistema, el IFAI seguirá utilizando el sistema CompraNet.
16.   Que el Reglamento fortalece la autonomía y da certidumbre a las acciones del Instituto, ya que define claramente las facultades y atribuciones de la Contraloría en los procedimientos derivados de inconformidades que se promuevan contra las convocatorias, juntas de aclaraciones, actos de apertura, fallos, cancelaciones e incumplimiento en la suscripción de contratos, derivados de las licitaciones públicas e invitaciones a cuando menos tres proveedores.
17.   Que el Reglamento contempla las estrategias que permiten dar especial énfasis a la transparencia, la simplificación de los procedimientos de contratación y el mejoramiento de los controles del ejercicio del gasto incidiendo en el equilibrio contractual que debe existir entre el IFAI y sus proveedores.
18.   Que en los artículos 15, fracción V y 16, fracción III del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, faculta al Pleno para aprobar las disposiciones presupuestales y administrativas que sean necesarias para el funcionamiento y el ejercicio de las atribuciones, además de las normas que regirán la operación y administración del Instituto, así como sus reformas o adiciones.
19.   Que además, el Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, establece en su artículo 15, fracción III la facultad del Pleno para aprobar los proyectos de Acuerdo que los Comisionados propongan.
20.   Que en términos del artículo 21, fracción II del mismo ordenamiento, la Comisionada Presidente, propone al Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
Por las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o. y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 37, fracción XVI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 15 fracciones III y V, 16, fracción III y 21, fracción II del Reglamento Interior del Instituto; el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, conforme al documento anexo que forma parte del presente Acuerdo.
SEGUNDO.- Se Instruye a la Dirección General de Administración para que en un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, instale el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, a efecto de que éste emita el Manual de Integración y Funcionamiento del mismo.
TERCERO.- Se Instruye a la Dirección General de Administración para que un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, elabore y someta a consideración y en su caso, aprobación, del Pleno del IFAI las Políticas en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que complementan el presente Reglamento.
CUARTO.- Se Instruye a la Dirección General de Administración para que un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, elabore y someta a consideración y, en su caso, aprobación, del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto, las Bases y Lineamientos que complementan el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
QUINTO.- Se instruye a la Dirección General de Administración para que en un término no mayor a quince días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, lleve a cabo las acciones necesarias para la integración, autorización y correspondiente publicación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, para el ejercicio fiscal 2015.
SEXTO.- Se instruye a los titulares de las Coordinaciones para que en un término no mayor a tres días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, designen a los Directores Generales que fungirán como vocales en el Comité de Adquisiciones de este Instituto.
SÉPTIMO.- El presente Acuerdo, así como el Reglamento deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y en el portal del Instituto.
OCTAVO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Así lo acordó, por mayoría de votos, el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en sesión celebrada el día veintiséis de marzo de dos mil quince. Con los votos disidentes de los Comisionados María Patricia Kurczyn Villalobos y Joel Salas Suárez. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya lugar.
La Comisionada Presidente, Ximena Puente de la Mora.- Rúbrica.- El Comisionado, Francisco Javier Acuña Llamas.- Rúbrica.- La Comisionada, Areli Cano Guadiana.- Rúbrica.- El Comisionado, Oscar Mauricio Guerra Ford.- Rúbrica.- La Comisionada, María Patricia Kurczyn Villalobos.- Rúbrica.- El Comisionado, Rosendoevgueni Monterrey Chepov.- Rúbrica.- El Comisionado, Joel Salas Suárez.
ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/26/03/2015.04
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos
Título Primero
Disposiciones Generales
Capítulo Único
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones que regulan las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que realiza el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en cumplimiento de lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los principios de austeridad, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que lo rigen. Y será de carácter obligatorio para todas las Unidades Responsables que integran el Instituto.
No estarán dentro del ámbito de aplicación de este Reglamento los contratos o convenios que celebre el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Entes Públicos Autónomos, Entidades Federativas, Municipios y Órganos Políticos-Administrativos de las demarcaciones territoriales del Gobierno del Distrito Federal, incluyendo los Organismos Públicos Internacionales, siempre y cuando éstos tengan la capacidad para prestar el servicio por sí mismos y no requieran la contratación con un tercero para su realización.
En el mismo supuesto del párrafo anterior se encuentran las instituciones académicas, de investigación, culturales y organizaciones civiles que mediante convenio o contrato celebrados con el Instituto lleven a cabo acciones de capacitación, promoción y difusión en materia de acceso a la información, protección de datos, gobierno abierto y transparencia así como en la gestión de la información.
De igual manera, no están dentro del ámbito de aplicación del Reglamento las obras y contenidos editoriales derivados del Comité Editorial, así como los certámenes y convocatorias que sean seleccionados a partir de concursos que lleve a cabo el Instituto, y que se encuentren vinculados a la promoción de los derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos.
El Pleno del Instituto autorizará las Políticas en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IFAI. Asimismo el Comité del Instituto autorizará las Bases y Lineamientos que se refieren en este Reglamento, para lo cual el titular de la Dirección General de Administración, bajo su responsabilidad las elaborará, contando con el apoyo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y atendiendo la opinión de la Contraloría, documento que habrá de difundirse en el sitio electrónico del Instituto.
El Instituto se abstendrá de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos que evadan lo previsto en este Reglamento.
Los servidores públicos que participen en cualquiera de las etapas o fases de los procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, están obligados a desempeñar el encargo asignado con total apego al presente Reglamento y en caso que surjan conflicto de intereses con los mismos, deberán hacerlo del conocimiento de sus superiores jerárquicos, con el fin de que se tomen las acciones pertinentes al caso concreto.
Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
I.         Adquisición: las que contiene el artículo tres del presente Reglamento;
II.        Área contratante: la Dirección General de Administración del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos;
III.       Área requirente: aquélla que solicita o requiera formalmente la adquisición, arrendamiento de bienes y prestación de servicios para el cumplimiento de sus funciones;
IV.       Área técnica: aquélla que elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación; evalúa la propuesta técnica de las proposiciones y es responsable de responder en la junta de aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos realicen los licitantes. El área técnica podrá tener también el carácter de área requirente;
V.        Arrendamiento: figura jurídica a través de la cual una de las partes, designada como arrendador, se obliga a transferir temporalmente el uso y goce de un bien mueble o inmueble por un período determinado a otra parte que se denominará arrendatario, quien se obliga a pagar un precio cierto en dinero por ese uso y goce temporal;
VI.       Bienes: los que conforme al Código Civil Federal se consideren bienes muebles;
VII.      Comité: el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos;
VIII.     COMPRAIFAI: Sistema electrónico de información pública del Instituto sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios el cual deberá contener como mínimo la siguiente información: el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IFAI, Registro de Proveedores, Registro de Proveedores Sancionados; convocatorias a la licitación y sus modificaciones; invitaciones a cuando menos tres proveedores actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; datos de los contratos y convenios modificatorios; las adjudicaciones directas. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá el único medio electrónico por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación;
IX.       Contraloría: Contraloría del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos;
 
X.        Contrato o pedido: instrumento jurídico mediante el cual se acuerdan voluntades entre el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y los proveedores, creando o transmitiendo derechos y obligaciones;
XI.       Convocante: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos a través de la Dirección General de Administración.
XII.      DGA: Dirección General de Administración;
XIII.     DGAJ: Dirección General de Asuntos Jurídicos;
XIV.     Garantía: instrumento jurídico a través del cual el proveedor respalda el cumplimiento de las obligaciones contraídas con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y, en su caso, el anticipo que se hubiere otorgado;
XV.      Instituto: el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos;
XVI.     Investigación de mercado: verificación previa al inicio del procedimiento de contratación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios y proveedores de éstos, a nivel nacional o internacional, de organismos públicos o privados, de los bienes o prestadores de servicios, o una combinación de dichas fuentes de información; y del precio estimado basado en la información que se obtenga de las fuentes citadas;
XVII.    Ley de Transparencia: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;
XVIII.   Licitante: persona física o moral que oferta bienes o servicios que participe en cualquier procedimiento de contratación al amparo de este Reglamento;
XIX.     MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;
XX.      Ofertas subsecuentes de descuentos: modalidad utilizada en las licitaciones públicas en la que los licitantes, al presentar sus proposiciones tienen la posibilidad de que con posterioridad a la presentación y apertura del sobre cerrado que contenga su propuesta económica, realicen una o más ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones o características originalmente contenidas en su propuesta técnica;
XXI.     Pleno: órgano máximo de dirección y decisión del Instituto;
XXII.    Precio no aceptable: aquél que derivado de la investigación de mercado resulte superior en un diez por ciento al ofertado, respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación;
XXIII.   Precio conveniente: aquél que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación restándole el porcentaje que determine el Instituto en sus políticas, bases y lineamientos;
XXIV.   Presupuesto autorizado: el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica al Instituto, mismo que es aprobado por la Cámara de Diputados;
XXV.    Proveedor: persona física o moral a quien se le adjudica la adquisición, arrendamiento de algún bien o la prestación de un servicio y suscribiendo para tal efecto el respectivo contrato y/o pedido con el Instituto;
XXVI.   PAAAS: Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto;
XXVII.  Pobalines: Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto;
XXVIII. Reglamento: Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos;
XXIX.   Tratados: convenios regidos por el derecho internacional público celebrados por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos, y
XXX.    Unidad Responsable: área administrativa que es ejecutora de gasto.
 
Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan comprendidos:
I.         Las adquisiciones y los arrendamientos de bienes muebles;
II.        Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, que sean necesarios para la realización de las obras públicas por administración directa, o los que suministren al Instituto de acuerdo con lo pactado en los contratos de obras públicas;
III.       Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación por parte del proveedor, en inmuebles que se encuentren bajo la responsabilidad del Instituto, cuando su precio sea superior al de su instalación;
IV.       La contratación de los servicios relativos a bienes muebles que se encuentren incorporados o adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no implique modificación alguna al propio inmueble y sea prestado por persona cuya actividad comercial corresponda al servicio requerido;
V.        Contratación de servicios generales, mensajería, transportación de bienes muebles o personas en transportes terrestres, avión o marítimos;
VI.       La prestación de servicios de personas físicas, excepto la contratación de servicios personales subordinados o bajo el régimen de honorarios;
VII.      La contratación de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, y
VIII.     En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago para el Instituto, salvo que la contratación se encuentre regulada en forma específica por otras disposiciones legales.
          Corresponderá a superior jerárquico de la DGA, a solicitud del área requirente o en su caso del área convocante, determinar si un servicio se ubica en el supuesto de esta fracción.
Artículo 4.- La aplicación de este Reglamento será sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados.
Artículo 5.- Será responsabilidad de la DGA contratar los servicios correspondientes para mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes con que cuente el Instituto.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando por razón de la naturaleza de los bienes o el tipo de riesgos a los que están expuestos, el costo de aseguramiento represente una erogación que no guarde relación directa con el beneficio que pudiera obtenerse, o bien se constate que no exista oferta de seguros en el mercado para los bienes de que se trate, en este supuesto, el titular de la DGA autorizará previamente la aplicación de la excepción.
Artículo 6.- La interpretación del presente Reglamento corresponde al superior jerárquico de la DGA.
Artículo 7.- Serán supletorias de este Reglamento en lo que corresponda, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El Instituto podrá apegarse a las reglas que emita la Secretaría de Economía que tengan por objeto promover la participación de las MIPYMES; siempre y cuando no contravengan al presente Reglamento.
Artículo 8.- El Instituto contará con un sistema electrónico de información pública sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, el cual deberá contener como mínimo la información concerniente: al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IFAI, Registro de Proveedores, Registro de Proveedores Sancionados; convocatorias a la licitación y sus modificaciones; invitaciones a cuando menos tres proveedores; actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; datos de los contratos y convenios modificatorios y las adjudicaciones directas.
Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá el único medio electrónico por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.
Artículo 9.- Las áreas requirentes, previamente al arrendamiento de bienes muebles, deberán realizar los estudios de factibilidad a efecto de determinar la conveniencia de solicitar su adquisición, mediante arrendamiento con opción a compra.
Artículo 10.- Para determinar la conveniencia de adquirir bienes muebles usados o reconstruidos, el Instituto a través del área requirente, previa a su solicitud de contratación, deberá realizar un estudio de costo beneficio, mediante el cual se demuestre la conveniencia de su adquisición comparativamente con bienes nuevos; el citado estudio deberá efectuarse mediante avalúo conforme a las disposiciones aplicables, expedido dentro de los seis meses previos a su adquisición, cuando el bien tenga un valor superior a veinticinco mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el cual deberá integrarse al expediente de la contratación respectiva.
 
Artículo 11.- El Instituto no financiará a proveedores. No se considerará como operación de financiamiento el otorgamiento de anticipos, los cuales en todo caso deberán garantizarse en los términos del artículo 48 de este Reglamento.
Tratándose de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a sesenta días, el Instituto podrá otorgar en igualdad de circunstancias del diez al cincuenta por ciento de anticipo cuando se trate de MIPYMES, lo cual deberá ser previsto en la convocatoria a la licitación pública, en la invitación a cuando menos tres proveedores o en la solicitud de cotización, considerando entre otros factores, el monto de la contratación, el costo financiero del mercado y el tiempo de fabricación de que se trate.
La DGA dentro del presupuesto autorizado, por razones fundadas y motivadas, podrá autorizar el pago de manera anticipada de suscripciones, seguros o de otros servicios, en los que no sea posible pactar que su costo sea cubierto después de la prestación del servicio.
En el caso de licitación pública que utilice la evaluación de puntos y porcentajes, se otorgarán puntos en los términos de las Pobalines, a las personas físicas o empresas que cuenten con trabajadores con capacidades diferentes, en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados y cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, y cuando se trate de empresas de reciente creación. Asimismo, se otorgarán puntos a las MIPYMES que produzcan bienes con innovación tecnológica, conforme a la constancia correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual no podrá tener una vigencia mayor a cinco años.
De igual manera se otorgarán puntos a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto.
Artículo 12.- En los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto, las áreas requirentes y la DGA optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país y por la adquisición y arrendamiento de bienes producidos en el mismo y que cuenten con el porcentaje de contenido nacional indicado en el artículo 26 fracción I de este Reglamento, los cuales deberán contar en la comparación económica de las proposiciones, con un margen hasta del quince por ciento de preferencia en el precio respecto de los bienes de importación, conforme a las reglas que establezca la Secretaría de Economía.
Artículo 13.- Los actos, contratos, pedidos y convenios que el Instituto celebre en contravención con lo dispuesto por este Reglamento, serán nulos previa determinación de la Contraloría, los tribunales u otra autoridad competente en la materia.
La solución de las controversias se sujetará a lo previsto por el Título Séptimo de este Reglamento, sin perjuicio de lo establecido en los tratados en los que México sea parte.
Artículo 14.- Los contratos celebrados en el extranjero respecto de bienes, arrendamientos o servicios que deban ser utilizados o prestados fuera del territorio nacional, se regirán por la legislación del lugar donde se formalice el acto, aplicando en lo procedente los principios de este Reglamento.
Cuando los bienes, arrendamientos o servicios de procedencia extranjera hubieren de ser utilizados o prestados en el país, su procedimiento de contratación y los contratos deberán realizarse dentro del territorio nacional y en apego a las disposiciones del presente Reglamento.
Sin embargo, cuando el procedimiento de contratación y los contratos no puedan realizarse dentro del territorio nacional, los bienes, arrendamientos o servicios se podrán contratar en el extranjero aplicando los principios dispuestos por este Reglamento. Lo anterior siempre y cuando se acredite y se deje constancia en el expediente de contratación.
El dictamen de procedencia de la contratación prevista en el primero y tercer párrafo de este artículo será autorizado por el Comisionado o Comisionada Presidente del Instituto, o aquel servidor público en quien éste delegue dicha facultad. En ningún caso la delegación podrá recaer en servidor público con nivel inferior al de director general.
Artículo 15.- La DGA determinará los bienes, arrendamientos o servicios de uso general para todas las unidades responsables para el cumplimiento de objetivos y metas del Instituto, y de aquellos relacionados con prestaciones para sus servidores públicos, que en forma consolidada se podrán contratar, con objeto de obtener las mejores condiciones de calidad, eficiencia, eficacia, precio y oportunidad para el Instituto.
El Instituto podrá celebrar convenios específicos derivados de los contratos marco que tenga suscritos la Secretaría de la Función Pública, siempre y cuando se determine que los mismos resultan tener mejores condiciones en calidad, precio y oportunidad.
En las Pobalines se establecerán las condiciones para la celebración de los contratos antes referidos.
 
Artículo 16.- Tratándose de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones previamente a su contratación, las áreas requirentes deberán realizar una búsqueda en los archivos del Instituto así como solicitarle a la DGA verifique que no se hayan contratado con anterioridad, la realización de trabajos similares o iguales sobre la materia de que se trate, justificando por parte de sus titulares las razones y necesidades de su contratación.
En el supuesto de que se advierta la existencia de dichos trabajos y se compruebe que los mismos satisfacen las necesidades del área requirente, no procederá la contratación, con excepción de aquellos necesarios para su adecuación, actualización o complemento.
La contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, requerirá la autorización del Comisionado o Comisionada Presidente del Instituto, o de aquel servidor público en quien éste delegue dicha atribución, que en ningún caso podrá recaer en algún servidor público con nivel inferior al de Director General, así como el dictamen del área respectiva donde se manifieste que no se cuenta con personal capacitado o disponible para su realización.
Las áreas requirentes en la justificación de contrataciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo, deberán verificar y exponer lo siguiente:
I.         Que cuentan con recursos para dichos fines;
II.        Que las personas físicas y morales que presten los servicios no desempeñen funciones iguales o equivalentes a las del personal de plaza presupuestaria salvo que se requiera por falta de personal capacitado o disponible;
III.       Que las contrataciones de servicios profesionales sean indispensables para el cumplimiento de los programas autorizados;
IV.       Que se especifiquen los servicios profesionales a contratar, y
V.        Que se apeguen a lo establecido en el presupuesto del Instituto y las demás disposiciones generales aplicables.
Las áreas requirentes deberán remitir a la DGA un informe del resultado de los trabajos contratados o entregables conforme a lo pactado en el contrato o pedido, en un plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha en que se hayan recibido satisfactoriamente, indicando el resultado obtenido y la forma en la que contribuyeron al logro del objetivo para el cual se realizó la contratación, del cual será enviada una copia a la Contraloría por parte del área requirente.
Título Segundo
De la Planeación, Programación y Presupuesto
Capítulo Único
Artículo 17.- La planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios deberá ajustarse a los objetivos y programas autorizados del Instituto, así como a las disposiciones específicas aplicables del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Artículo 18.- Una vez aprobado el presupuesto por las autoridades correspondientes, la DGA durante el último trimestre del periodo fiscal, integrará el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto, con la información que durante el mes de noviembre envíen las Unidades Responsables de acuerdo con su planeación e incluyendo los casos que abarquen más de un ejercicio presupuestal, considerando.
I.         Los programas y proyectos que realicen las distintas áreas del Instituto;
II.        Tipo de procedimiento mediante el cual se tiene previsto llevar a cabo la adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de servicios;
III.       Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de los procedimientos de contratación;
IV.       Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo;
V.        La calendarización física y financiera de los recursos necesarios;
VI.       Las unidades responsables del Instituto, que se encargan de su instrumentación;
VII.      Sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones;
VIII.     La existencia en cantidad suficiente de los bienes; los plazos estimados de suministro; los avances tecnológicos incorporados en los bienes, y en su caso los planos, proyectos y especificaciones;
 
IX.       En su caso, las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a falta de éstas, las normas internacionales;
X.        Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles a su cargo, y
XI.       Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y características de las adquisiciones, arrendamientos o servicios.
Artículo 19.- El Instituto, a través de la DGA, pondrá a disposición del público en general, a través del COMPRAIFAI, durante el primer bimestre del año, su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, previa aprobación del Pleno.
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios contenidos en el citado programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para el Instituto, debiendo actualizarlo en forma trimestral para su presentación al Comité y su posterior publicación en el COMPRAIFAI.
Artículo 20.- El Instituto deberá establecer un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que tendrán las funciones siguientes:
I.         Revisar el programa y el presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y tomar conocimiento de sus modificaciones formulando las observaciones y recomendaciones convenientes;
II.        Dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de la excepción a la licitación pública por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, II, VI, VIII y X del artículo 41 de este Reglamento.
III.       Autorizar el proyecto de Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto que presente el titular de la DGA;
IV.       El Comité establecerá en dichas Bases y Lineamientos los aspectos de sustentabilidad ambiental, incluyendo la evaluación de las tecnologías que permitan la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y la eficiencia energética, que deberán observarse en las adquisiciones, arrendamientos y servicios con el objeto de optimizar y utilizar de forma sustentable los recursos para disminuir costos financieros y ambientales;
V.        Analizar trimestralmente el informe de resultados generales de las contrataciones que se realicen, la conclusión de las mismas y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se ejecuten en tiempo y forma, así como proponer medidas tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución;
VI.       En su caso, autorizar la creación del Subcomité Revisor de Convocatorias del Instituto, el cual deberá estar integrado por lo menos por:
a)    Un presidente;
b)    Secretario;
c)    Representante del área requirente;
d)    Dos Vocales, y
e)    Un representante de la DGAJ y de la Contraloría en calidad de asesores.
Las funciones del Subcomité Revisor de Convocatorias serán detalladas en el Manual de Funcionamiento correspondiente.
VII.      Elaborar y aprobar el Manual del Comité, y
VIII.     Coadyuvar al cumplimiento de este Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Artículo 21.- El Comité deberá estar integrado de la siguiente manera:
a)    Será presidido por el titular de la DGA, quien tendrá voto de calidad en caso de empate;
b)    Cada Coordinación del Instituto deberá nombrar un servidor público adscrito a la misma, quienes fungirán como vocales titulares, los cuales deberán tener un nivel jerárquico mínimo de Director General;
c)    El Director de Recursos Materiales y Servicios Generales participará en calidad de Secretario Técnico del Comité;
 
d)    La DGAJ y la Contraloría asistirán a las sesiones del Comité en calidad de asesores, con voz pero sin voto, debiendo pronunciarse de manera razonada en los asuntos que se presenten al Comité, sin que dichos pronunciamientos sean vinculantes para la toma de decisiones. Los asesores titulares no podrán tener un nivel jerárquico inferior al de Director de Área;
e)    El número total de miembros del Comité deberá ser impar, quienes invariablemente deberán emitir su voto en cada uno de los asuntos que se sometan a su consideración;
f)     El Comité dictaminará en la misma sesión los asuntos que se presenten a su consideración, y
g)    Los integrantes del Comité con derecho a voz y voto así como los asesores del mismo, podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que no deberán tener un nivel jerárquico inferior a Director de Área, de acuerdo con los criterios que establezca el Manual del Comité.
Artículo 22.- El Instituto, a través de la DGA, podrá convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios con cargo a su presupuesto autorizado y sujetándose al calendario de gasto correspondiente.
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que requieran iniciar y erogar recursos en el siguiente ejercicio fiscal, podrán ser contratados de manera anticipada con la autorización del Comité. Los referidos contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, en caso contrario no habrá responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo.
En las contrataciones plurianuales, la DGA conjuntamente con las áreas requirentes deberán determinar el presupuesto total así como el relativo a cada ejercicio fiscal que abarque. En la formulación del presupuesto de los ejercicios subsecuentes, se considerarán los montos de dichas contrataciones que se encuentren vigentes, dando prioridad a estas previsiones para el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
Para los efectos del párrafo anterior, la DGA observará lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las Disposiciones Generales para la Celebración de Contratos Plurianuales del Instituto.
Título Tercero
De los Procedimientos de Contratación
Capítulo Primero
Generalidades
Artículo 23.- El área contratante seleccionará de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquel que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Instituto las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes:
I.         Licitación pública;
II.        Invitación a cuando menos tres proveedores, o
III.       Adjudicación directa.
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública que emita el Instituto a través de la DGA, para que libremente se presenten proposiciones en sobre cerrado, mismas que serán abiertas públicamente.
Tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina fabricados con madera, requerirá certificados otorgados por terceros, previamente registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen el origen y el manejo sustentable de los aprovechamientos forestales de donde proviene dicha madera.
En las adquisiciones de papel para uso de oficina, éste deberá contener un mínimo de cincuenta por ciento de fibras de material reciclado o de fibras naturales no derivadas de la madera o de materias primas provenientes de aprovechamientos forestales manejados de manera sustentable en el territorio nacional que se encuentren certificadas conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior o de sus combinaciones y elaborados en procesos con blanqueado libre de cloro.
En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los licitantes, para lo cual el Instituto a través de la DGA proporcionará a todos igual acceso a la información con el fin de evitar favorecer a alguno de ellos.
Previo al inicio de los procedimientos de contratación previstos, las áreas requirentes deberán realizar una investigación de mercado de la cual se desprendan las condiciones que imperan en el mismo, respecto de la adquisición, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, a efecto de buscar las mejores condiciones para el Instituto.
Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación e invitación a cuando menos tres proveedores y las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.
La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de invitación a cuando menos tres proveedores, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con la emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo.
Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto.
A los actos de los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres proveedores de carácter presencial o mixta podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en los mismos, o en su caso, podrán transmitirse en vivo vía Internet, preservando la información de carácter reservado o confidencial conforme a la Ley de Transparencia.
Artículo 24.- La licitación pública conforme a los medios que se utilicen, podrá ser:
I.         Presencial, en la cual los licitantes exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones.
La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo se realizarán de manera presencial, a los cuales podrán asistir los licitantes, sin perjuicio de que el fallo pueda notificarse por escrito conforme a lo dispuesto por el artículo 36 de este Reglamento;
II.        Electrónica, en la cual exclusivamente se permitirá la participación de los licitantes a través del COMPRAIFAI, utilizando medios de identificación electrónica; las comunicaciones que se realicen por este medio producirán los efectos que señala el artículo 25 de este Reglamento.
La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, sólo se realizarán a través del sistema electrónico y sin la presencia de los licitantes en dichos actos, y
III.       Mixta, en la cual los licitantes, a su elección, podrán participar en forma presencial o electrónica en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo.
Artículo 25.- Las licitaciones públicas podrán llevarse a cabo a través del COMPRAIFAI, conforme a las disposiciones administrativas que emita el Instituto a través de la DGA, para ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía.
El sobre que contenga las proposiciones se entregará en la forma y medios que prevea la convocatoria a la licitación.
Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, se emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.
Los procedimientos que lleve a cabo el Instituto a través de la DGA, serán preferentemente mediante el mecanismo electrónico que ofrece el COMPRAIFAI, y sólo excepcionalmente por caso fortuito o fuerza mayor se recurrirá al mecanismo presencial. La procedencia para celebrar procedimientos de carácter mixto se definirá en las Pobalines.
 
En el caso de que exista una interrupción del COMPRAIFAI, el evento o etapa en que se encuentre el procedimiento se diferirá hasta que se restablezca el servicio o bien podrá continuar de manera presencial, previa solicitud del área requirente.
Capítulo Segundo
De la Licitación Pública
Artículo 26.- El carácter de las licitaciones públicas será:
I.         Nacional, en la cual únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir sean producidos en el país y cuenten, por lo menos, con un cincuenta por ciento de contenido nacional, el que se determinará tomando en cuenta la mano de obra, insumos de los bienes y demás aspectos que determine la Secretaría de Economía mediante reglas de carácter general.
El Instituto se apegará a las reglas de carácter general que disponga la Secretaría de Economía, donde se establezcan los casos de excepción correspondientes al grado de contenido nacional y al procedimiento para determinar los porcentajes del mismo.
Tratándose de la contratación de arrendamientos y servicios, únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana;
II.        Internacionales abiertas, en las que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, cualquiera que sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar y de los servicios a contratar.
En las licitaciones previstas en esta fracción, para determinar la conveniencia de precio de los bienes, arrendamientos o servicios, se considerará un margen hasta del quince por ciento a favor del precio más bajo prevaleciente en el mercado nacional, en igualdad de condiciones, respecto de los precios de bienes, arrendamientos o servicios de procedencia extranjera que resulten de la investigación de mercado correspondiente.
El Instituto podrá optar por realizar una licitación internacional abierta, cuando mediante el estudio de mercado se acredite que en el territorio nacional no existe proveedor o los que existen no puedan atender el requerimiento de este Instituto, en cuanto a cantidad, calidad y oportunidad o bien que el precio no sea aceptable.
Cuando en los procedimientos de contratación de servicios se incluya el suministro de bienes muebles y el valor de éstos sea igual o superior al cincuenta por ciento del valor total de la contratación, la operación se considerará como adquisición de bienes muebles.
Para efectos de lo anterior, en el concepto de suministro de bienes muebles sólo se considerarán los bienes que formarán parte del inventario del Instituto.
En las licitaciones públicas se podrá utilizar la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos para la adquisición de bienes muebles o servicios cuya descripción y características técnicas puedan ser objetivamente definidas y la evaluación legal y técnica de las proposiciones de los licitantes pueda realizarse en forma inmediata, al concluir la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, conforme a las Pobalines que expida el Instituto, siempre que se justifique el uso de dicha modalidad y que se constate que existe competitividad suficiente, de conformidad con la investigación de mercado correspondiente.
Tratándose de licitaciones públicas en las que participen de manera individual las MIPYMES, no se aplicará la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento.
Artículo 27.- La convocatoria a la licitación pública establecerá las bases conforme a las cuales se desarrollará el procedimiento y en las que se describirán los requisitos de participación, que deberá contener como mínimo:
I.         El nombre del Instituto, las áreas, convocante y requirente, en su caso;
II.        La descripción detallada de las adquisiciones, arrendamientos o servicios, así como los aspectos que la convocante considere necesarios para determinar el objeto y alcance de la contratación;
III.       La fecha, hora y lugar de celebración de la primera junta de aclaración a la convocatoria de la licitación, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de aquella en la que se dará a conocer el fallo, de la firma del contrato o pedido, en su caso, la reducción del plazo y si la licitación será presencial, electrónica o mixta y el señalamiento de la forma en la que se deberán presentar las proposiciones;
 
IV.       El carácter de la licitación y el idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones. Los anexos técnicos y folletos en el o los idiomas que determine la convocante;
V.        Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento, los cuales no deberán limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica;
VI.       El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica;
VII.      La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones y, en su caso, la firma del contrato o pedido. Asimismo, la indicación de que el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de contar con él;
VIII.     Precisar que será requisito el que los licitantes entreguen junto con el sobre cerrado una declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 49 y 63 de este Reglamento;
IX.       Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes;
X.        Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de la realización de pruebas, se precisará el método para ejecutarlas y el resultado mínimo que deba obtenerse, de acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;
XI.       La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales, si será contrato abierto y los requisitos para presentar proposiciones conjuntas y, en su caso, la justificación para no aceptarlas;
XII.      La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación o bien, de cada partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo licitante, o si la adjudicación se hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en precio que se considerará;
XIII.     Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación de los contratos, debiéndose utilizar preferentemente los criterios de puntos y porcentajes, o el de costo beneficio;
XIV.     El domicilio de las oficinas de la Contraloría en que podrán presentarse inconformidades, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 68 del presente Reglamento;
XV.      Señalamiento de las causas expresas de desechamiento que afecten directamente la solvencia de las proposiciones, entre las que se incluirá la comprobación de que algún licitante haya acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes;
XVI.     Modelo de contrato o pedido al que se sujetarán las partes, el cual deberá contener los requisitos a que se refiere el artículo 45 de este Reglamento;
XVII.    Moneda en que se cotizará la proposición y efectuará el pago respectivo;
XVIII.   Plazo y condiciones de entrega, así como la indicación del lugar;
XIX.     Datos sobre las garantías, y en caso de otorgarse anticipo, señalar el porcentaje respectivo y el momento en que se entregará;
XX.      Las previsiones relativas a los términos y condiciones a las que se sujetará la devolución y reposición de bienes por motivos de fallas de calidad o cumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación;
XXI.     El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de los servicios correspondientes, cuando sean del conocimiento del Instituto, y
XXII.    La indicación de que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad
intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor del Instituto, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.
Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se establecerán requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir. La convocante tomará en cuenta las recomendaciones previas que, en su caso, emita la Comisión Federal de Competencia Económica en términos de la Ley Federal de Competencia Económica.
Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública, la convocante podrá difundir el proyecto de la misma a través del COMPRAIFAI, al menos durante diez días hábiles, lapso durante el cual se recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin se establezca.
Los comentarios y opiniones que se reciban al proyecto de convocatoria serán analizados por el Instituto, a efecto de que lo procedente sea considerado para enriquecerlo.
Artículo 28.- La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través del COMPRAIFAI, su obtención será gratuita. En su caso, la DGA pondrá a disposición de los licitantes copia del texto de la convocatoria en el domicilio que para ello se establezca en la misma.
Artículo 29.- El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones internacionales no podrá ser inferior a veinte días naturales y para las licitaciones nacionales de quince días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en el COMPRAIFAI y considerando hasta el día anterior al que tenga lugar el evento de presentación y apertura de proposiciones.
Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este artículo porque existan razones debidamente acreditadas que previamente presente por escrito el área requirente, el titular de la DGA podrá reducir los plazos a no menos de diez días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes.
La determinación de estos plazos y sus cambios deberán ser acordes con la planeación y programación previamente establecida.
Artículo 30.- La DGA podrá modificar aspectos establecidos en la convocatoria, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundirlos en el COMPRAIFAI, a más tardar al día hábil siguiente.
Las modificaciones que se mencionan en el párrafo anterior en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros rubros o en variación significativa de sus características, ni podrán realizarse para limitar el número de licitantes.
Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formarán parte de la misma y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de sus proposiciones.
La DGA deberá realizar al menos una junta de aclaraciones, siendo optativa para los licitantes la asistencia a la misma.
Artículo 31.- Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente:
El acto será presidido por el titular de la DGA, el cual podrá delegar esta función en un servidor público con un nivel mínimo de subdirector, quien será asistido por un representante del área técnica o usuaria de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la contratación, a fin de que resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con la convocatoria. A este acto deberá asistir un representante de la DGAJ y de la Contraloría en carácter de asesores.
Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública, indicando el numeral o punto específico con el cual se relacionan. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante.
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a la convocatoria, presentarán un escrito mediante el cual expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando los datos generales del interesado y, en su caso, del representante legal.
Los licitantes podrán enviar preguntas por medio del correo electrónico que establezca la DGA para estos efectos y mediante el COMPRAIFAI, o bien podrán ser entregadas personalmente dependiendo del tipo de licitación de que se trate, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se haya programado la junta de aclaraciones.
El área contratante tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración, la que indique el sello de recepción de la DGA y, tratándose de las solicitudes presentadas a través del COMPRAIFAI, la hora que éste registre al momento de su envío.
En el evento que tenga lugar la junta de aclaraciones, el servidor público autorizado para presidirla dará lectura a las preguntas que hayan sido presentadas y a las respuestas emitidas por las áreas convocante y técnica.
Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de posteriores juntas, considerando que entre la última programada y el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. De resultar necesario, podrá diferirse la fecha establecida en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones.
De cada junta de aclaraciones se elaborará un acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los licitantes y las respuestas emitidas por la convocante. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.
Artículo 32.- La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y económica. En el caso de las proposiciones presentadas a través del COMPRAIFAI, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, de acuerdo con las disposiciones de operación que emita el Instituto para estos efectos. En los casos de Licitación Pública presencial la entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y económica.
La documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la proposición.
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales; para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigiría su cumplimiento. En este supuesto, la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica establecidos por el Instituto.
Para presentar proposiciones conjuntas las personas interesadas deberán celebrar un convenio de asociación donde se describan las partes del contrato que cada una de ellas se obliga a cumplir, incluyendo la manera en que se exigirá dicho cumplimiento; se designe a un representante común a quien se le otorgará poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública; se indique los nombres, domicilios y RFC de los integrantes, así como los datos de los instrumentos públicos que acrediten su personalidad jurídica en caso de personas morales, así como de sus reformas y modificaciones correspondientes.
Cuando a la proposición conjunta le sea adjudicado el contrato o pedido, dicho instrumento deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la misma, quienes se obligan en forma solidaria respecto de la totalidad de las obligaciones derivadas del contrato correspondiente.
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.
Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa del procedimiento de licitación se apegarán a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que el Instituto a través de la DGA determine los requisitos, características y condiciones de los mismos en el ámbito de sus atribuciones.
Cualquier licitante o la DGA podrán hacer del conocimiento de la Comisión Federal de Competencia, hechos en materia de la citada Ley, para que resuelva lo conducente.
Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la DGA podrá efectuar el registro de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación legal y administrativa que contenga la proposición, lo cual será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir la participación a quien decida presentar su documentación y proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos para la celebración del citado acto sin haberse registrado.
 
Artículo 33.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar y hora previstos en la convocatoria a la licitación, conforme a lo siguiente:
I.         Tratándose de proposiciones presentadas de manera electrónica:
a)    Se abrirá el módulo del COMPRAIFAI para descargar las proposiciones que hayan sido presentadas a través de este medio, depositando los archivos en el equipo que se haya dispuesto para tal efecto, y
b)    Se abrirán los archivos que contenga la documentación de cada proposición, verificando su presentación en forma cuantitativa, sin que ello implique la evaluación de su contenido.
II.        Tratándose de proposiciones presentadas de manera presencial:
a)    Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido, y
b)    De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que presida el evento, rubricarán las partes de las proposiciones que previamente se hayan indicado en la convocatoria de la licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente.
III.       Tratándose de proposiciones presentadas de manera mixta:
a)    El servidor público que presida el acto tomará las previsiones necesarias para recibir simultáneamente las proposiciones de los licitantes que participen de manera presencial y electrónica; y determinará si la apertura de los sobres iniciará con los que fueron recibidos de manera presencial o electrónica. El acto no podrá concluir hasta que se hayan abierto todos los sobres recibidos.
Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada.
En todos los casos, los licitantes y servidores públicos presentes podrán constatar la documentación presentada.
Se elaborará el acta que servirá de constancia de la celebración del evento de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se hará constar el importe de cada una de ellas; señalando lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.
El acta será firmada por todos los participantes, incluyendo el representante de la Contraloría, quien lo hará en calidad de testigo.
Tratándose de licitaciones en las que se utilice la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, después de la evaluación técnica, se indicará la fecha en que se dará inicio a las pujas de los licitantes.
Artículo 34.- Para la evaluación de las proposiciones deberá utilizarse el criterio indicado en la convocatoria a la licitación, debiendo considerar lo establecido en las Pobalines.
En todos los casos, la DGA y en su caso las áreas requirentes deberán verificar que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación; la utilización del criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria y oferte el precio más bajo, será aplicable cuando no sea posible utilizar los criterios de puntos y porcentajes o de costo beneficio. En este supuesto, la DGA evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.
Cuando las áreas requirentes soliciten bienes, arrendamientos o servicios que conlleven el uso de características de alta especialidad técnica o de innovación tecnología, deberán utilizar el criterio de evaluación de puntos y porcentajes o de costo beneficio.
Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones.
Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecte la solvencia de la proposición se considerarán: el proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir al Instituto podrá aceptarse; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica; el no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la totalidad de la información requerida; y el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la proposición presentada. En ningún caso la DGA o las áreas requirentes o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas.
El resultado de la evaluación de las proposiciones se presentará en dictámenes que emitirán el área requirente o técnica y la DGA en sus respectivas responsabilidades, mismos que sustentarán el fallo que se emita.
Artículo 35.- Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato o pedido se adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y, en su caso:
I.         A la proposición que haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes, o bien, de costo beneficio;
II.        De no haberse utilizado las modalidades mencionadas en la fracción anterior, a la proposición que hubiera ofertado el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Las proposiciones cuyos precios ofertados se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechadas por la DGA, y
III.       A quien oferte el precio más bajo que resulte del uso de la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, siempre y cuando la proposición resulte solvente técnica y económicamente.
Para los casos señalados en las fracciones I y II de este artículo, en caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de las MIPYMES, así como a las empresas de reciente creación o que implementen innovaciones tecnológicas de acuerdo a los criterios establecidos en las Pobalines.
En el caso de que dos o más proposiciones sean solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados en la convocatoria, uno de dos criterios ponderables para la toma de la decisión en la asignación del contrato o pedido será la consideración del precio más bajo.
De subsistir el empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación que realice la DGA, el cual consistirá en depositar en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada licitante empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente las demás boletas de los licitantes que resultaron empatados en esa partida, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. Si hubiera más partidas empatadas se llevará a cabo un sorteo por cada una de ellas, hasta concluir con la última que estuviera en ese caso.
Cuando se requiera llevar a cabo el sorteo por insaculación, la DGA deberá girar invitación a la Contraloría, para que en su presencia se lleve a cabo el sorteo; se elaborará el acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o falta de firma en el acta respectiva de los licitantes o invitados invalide el acto.
Tratándose de licitaciones públicas electrónicas, el sorteo por insaculación se realizará a través del COMPRAIFAI.
Cuando la DGA y/o las áreas requirentes detecten un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse.
En los casos previstos en el párrafo anterior, la DGA y/o las áreas requirentes no deberán desechar la propuesta económica y dejarán constancia de la corrección efectuada conforme al párrafo indicado en la documentación soporte utilizada para emitir el fallo que se integrará al expediente de contratación respectivo, asentando los datos que para el efecto proporcione el o los servidores públicos responsables de la evaluación.
Las correcciones se harán constar en el fallo a que se refiere el artículo 36 de este Reglamento. Si la propuesta económica del licitante a quien se adjudique el contrato o pedido fue objeto de correcciones y éste no las acepta, se aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 46 del Reglamento respecto del contrato o, en su caso, sólo por lo que hace a las partidas afectadas por el error, sin que por ello sea procedente imponer la sanción a que se refiere la fracción I del artículo 63 de este ordenamiento.
Artículo 36.- La DGA emitirá el fallo de la licitación a través del acta que se elabore, la cual deberá contener como mínimo lo siguiente:
I.         La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos incumplidos de la convocatoria;
II.        La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiéndolas en lo general. Se presumirá la solvencia de las proposiciones cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno;
III.       En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no es conveniente, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo correspondiente;
IV.       Nombre del o los licitantes a quien se adjudica el contrato o pedido, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo con los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante;
V.        Fecha, lugar y hora para la firma del contrato o pedido, la presentación de garantías y, en su caso, la entrega de anticipos, y
VI.       Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones.
En caso de que se declare desierta la licitación o alguna partida, se señalarán en el fallo las razones que lo motivaron.
En el fallo no se deberá incluir información considerada como reservada o confidencial, en los términos de la Ley de Transparencia.
Cuando la licitación sea presencial o mixta, se dará a conocer el fallo en junta pública a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieran presentado proposición, entregándoles copia simple del acta levantada. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través del COMPRAIFAI, el mismo día en que se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en dicho sistema electrónico.
En las licitaciones electrónicas el fallo, para efectos de su notificación, se dará a conocer a través del COMPRAIFAI el mismo día en que se celebre la junta pública. A los licitantes que no hayan asistido se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en dicho sistema electrónico.
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el acta correspondiente.
Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de este Reglamento.
Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la DGA y/o las áreas requirentes, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato o pedido, el servidor público que haya presidido el acto procederá a su corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma a la Contraloría dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma.
Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el servidor público responsable dará vista de inmediato a la Contraloría a efecto de que, previa intervención de oficio, emita las directrices para su reposición.
Artículo 37.- Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, deberán ser firmadas por los servidores públicos del Instituto que hayan asistido a los eventos, incluyendo al representante de la Contraloría en calidad de testigo y por los licitantes presentes, sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia simple a los participantes. Al finalizar cada evento se fijará un ejemplar del acta levantada en un lugar visible y de acceso público en el domicilio del Instituto, por un término no menor de cinco días hábiles. La DGA dejará constancia en el expediente de la licitación de la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia.
Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en el COMPRAIFAI para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al evento. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.
Artículo 38.- La DGA procederá a declarar desierta una licitación cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria o los precios de todos los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables.
En los casos en que no existan proveedores nacionales, en las Pobalines podrá establecerse un porcentaje menor al utilizado para determinar el precio no aceptable, sin que el mismo pueda ser inferior al cinco por ciento. Los resultados de la investigación y del cálculo para determinar la inaceptabilidad del precio ofertado se incluirán en el fallo a que alude el artículo 36 de este Reglamento.
Cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la necesidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en la convocatoria inicial, la DGA podrá emitir una segunda convocatoria, o bien optar por el supuesto de excepción previsto en el artículo 41 fracción V de este Reglamento. Cuando los requisitos o el carácter sean modificados con respecto a la primera convocatoria, se deberá convocar a un nuevo procedimiento.
El Instituto a través de la DGA podrá cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad de adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al propio Instituto. La determinación de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes, y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrá interponerse la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de este Reglamento.
Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, el Instituto cubrirá a los licitantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido, siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación pública o el contrato o pedido firmado, limitándose según corresponda a los siguientes conceptos:
I.         Costo de la preparación e integración de la proposición;
II.        Pasajes y hospedaje de la persona que haya asistido a la o las juntas de aclaraciones, al acto de presentación y apertura de proposiciones, al acto de fallo y a la firma del contrato o pedido, en caso de que el licitante no resida en el lugar donde se realice el procedimiento;
III.       Costo de la emisión de garantías, exclusivamente en el caso del licitante ganador, y
IV.       Los gastos en que el proveedor hubiera incurrido para cumplir con el contrato o pedido aún no firmado y los costos de los bienes producidos y entregados, o los servicios proporcionados, hasta el momento en que el proveedor suspenda su suministro o prestación por falta de firma del contrato o pedido por causas imputables al Instituto.
Los licitantes podrán solicitar al Instituto el pago de gastos no recuperables en un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la fecha de la cancelación de la licitación pública o la emisión del fallo respectivo, según corresponda.
Artículo 39.- El Instituto a través de la DGA podrá utilizar el abastecimiento simultáneo a efecto de distribuir entre dos o más proveedores las partidas de bienes o servicios, cuando se haya establecido en la convocatoria a la licitación, siempre que con ello no restrinjan la libre participación. La DGA podrá tomar en cuenta las recomendaciones previas que, en su caso, emita la Comisión Federal de Competencia Económica, en términos de la Ley Federal de Competencia Económica.
En este caso, los precios de los bienes o servicios contenidos en una misma partida y distribuidos entre dos o más proveedores, no podrán exceder del margen previstos en la convocatoria a la licitación, el cual no podrá ser superior al diez por ciento respecto de la proposición solvente más baja.
Capítulo Tercero
De las Excepciones a la Licitación Pública
 
Artículo 40.- En los supuestos que prevé el artículo 41 de este Reglamento, el Instituto bajo su responsabilidad, podrá optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos o pedidos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres proveedores o de adjudicación directa.
La selección del procedimiento de excepción que realice deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Instituto. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área requirente.
En cualquier supuesto, se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato o pedido a celebrarse, según investigación de mercado que se realice previamente a la adjudicación.
En estos casos, el titular de la DGA, a más tardar el último día hábil de cada mes, enviará a la Contraloría un informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia del escrito aludido en este artículo y de un dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las proposiciones y las razones para la adjudicación del contrato o pedido.
En caso del procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores que se encuentren en los supuestos establecidos en las fracciones II, VI, VII, VIII, IX y X del artículo 41 de este Reglamento, el área requirente enviará el escrito a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, y deberá acompañarse de los nombres y datos generales de las personas que serán invitadas; tratándose de adjudicaciones directas, en todos los casos deberá indicarse el nombre de la persona a quien se propone realizarla; en ambos procedimientos deberá acompañarse el resultado de la investigación de mercado que sirvió de base para su selección.
A los procedimientos de contratación de invitación a cuando menos tres proveedores y de adjudicación directa, le será aplicable el carácter a que hacen referencia las fracciones I y II del artículo 26 del presente Reglamento.
Artículo 41.- Se podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres proveedores o de adjudicación directa, cuando:
I.         No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado sólo existe un posible oferente, o se trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, o por tratarse de obras de arte;
II.        Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificados y justificados;
III.       Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla;
IV.       Se haya rescindido un contrato o pedido adjudicado a través de licitación pública, en cuyo caso se podrá adjudicar al licitante que haya obtenido el segundo o ulteriores lugares, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento. Tratándose de contrataciones en las que la evaluación se haya realizado mediante puntos y porcentajes o costo beneficio, se podrá adjudicar al segundo o ulterior lugar, dentro del referido margen;
V.        Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los mismos requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación, cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa de desechamiento porque afecta directamente la solvencia de las proposiciones;
VI.       Existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes de marca determinada, según escrito firmado por el titular del área requirente;
VII.      Se trate de adquisiciones, provenientes de personas que, sin ser proveedores habituales, ofrezcan éstos en condiciones favorables, en razón de encontrarse en estado de liquidación o disolución, o bien, bajo intervención judicial;
 
VIII.     Se trate de los servicios prestados por una persona física a que se refiere la fracción VI del artículo 3 de este Reglamento, siempre que éstos sean realizados por ella misma sin requerir de la utilización de más de un especialista o técnico;
IX.       Se trate de servicios de mantenimiento de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, establecer las cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes;
X.        Se acepte la adquisición de bienes o la prestación de servicios a título de dación en pago, en los términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación;
XI.       Se trate de la suscripción de contratos específicos que deriven de un contrato marco;
XII.      Cuando de acuerdo a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 40 de este Reglamento resulten procedentes para obtener las mejores condiciones de oportunidad para el Instituto y el personal que labora en éste, y
XIII.     Siempre y cuando la situación descrita no haya podido ser prevista, sea inesperada, súbita o tenga como consecuencia la materialización de riesgos que pongan en peligro los objetivos, funciones u operaciones del Instituto, tal señalamiento quedará bajo responsabilidad del titular del área requirente.
La dictaminación de la procedencia de la contratación y de que ésta se ubica en alguno de los supuestos contenidos en las fracciones III, IV, V, VII, IX, XI, XII y XIII de este artículo, será responsabilidad de la DGA como área convocante, previa justificación que presente el área requirente
Artículo 42.- La DGA podrá contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres proveedores o de adjudicación directa. Para la determinación de los montos máximos aplicables a estas contrataciones se podrán considerar los rangos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los cuales serán sometidos a la autorización del Comité. Estas modalidades de contratación serán procedentes siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo.
Si el monto de la operación corresponde a una invitación a cuando menos tres proveedores, podrá autorizarse la procedencia de la adjudicación directa por el titular de la DGA, previa justificación del área requirente.
Lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de este Reglamento resultarán aplicables a la contratación mediante los procedimientos de invitación a cuando menos tres proveedores y de adjudicación directa que se fundamenten en este artículo.
La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado al Instituto en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Para asegurar el cumplimiento de este porcentaje, las áreas requirentes preferentemente elegirán que sus procedimientos de contratación sean realizados a través de licitación pública.
En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores haya sido declarado desierto, el titular de la DGA, previa solicitud del área requirente, podrá adjudicar directamente el contrato.
En la adquisición o arrendamiento de bienes o contratación de servicios, cuyo monto sea inferior a quinientas veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, se podrá prescindir de cotizaciones, presentando únicamente el documento comprobatorio del gasto para sustentar la adjudicación directa.
En las adjudicaciones directas cuyo monto sea igual o superior a la cantidad anterior, se deberá contar con al menos tres cotizaciones con las mismas condiciones, y que se hayan obtenido en los treinta días previos a la adjudicación.
Cuando no sea posible contar con al menos tres cotizaciones, el área requirente deberá dejar constancia de que no existen al menos tres proveedores que puedan cotizar el bien o servicio con las condiciones o características requeridas o que no existen proveeduría de los bienes y servicios.
Se podrá cotizar bienes y servicios a través del COMPRAIFAI.
 
Artículo 43.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores se sujetará a lo siguiente:
I.         Se difundirá la invitación en el COMPRAIFAI;
II.        El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los licitantes. A dicho acto deberán de asistir la DGA, el representante del área requirente y/o técnica; asimismo la DGA invitará invariablemente al representante de la Contraloría en su calidad de testigo.
III.       Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente;
En caso de que no se presenten el mínimo de proposiciones señalado en el párrafo anterior, se podrá optar por declarar desierta la invitación, o bien, continuar con el procedimiento y evaluar las proposiciones presentadas. En el supuesto de que se haya presentado sólo una proposición, previa solicitud del representante del área requirente misma que se hará constar en el acta respectiva, la DGA podrá adjudicar el contrato si considera que reúne las condiciones requeridas, o bien proceder a la adjudicación directa conforme al último párrafo de este artículo;
IV.       Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada operación atendiendo al tipo de bienes, arrendamientos o servicios requeridos, así como a la complejidad para elaborar la proposición. Dicho plazo no podrá ser inferior a tres días naturales contados a partir de la entrega de la última invitación, y
V.        Le serán aplicables las demás disposiciones de la licitación pública contenidas en este Reglamento, siendo optativo para la DGA la realización de la junta de aclaraciones.
En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores haya sido declarado desierto, el titular de la DGA previa solicitud por escrito del área requirente, podrá adjudicar directamente el contrato o pedido siempre que no se modifiquen los requisitos establecidos en la invitación original.
Título Cuarto
De los Contratos
Capítulo Único
Artículo 44.- En las adquisiciones, arrendamientos y servicios se pactarán la condición de precio fijo. Sólo en casos justificados se podrán pactar en el contrato decrementos o incrementos a los precios, de acuerdo con la fórmula o mecanismo de ajuste que determine la convocante previamente a la presentación de las proposiciones.
Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de los bienes o servicios aún no entregados o prestados o aún no pagados, y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la proposición que sirvió de base para la adjudicación del contrato o pedido correspondiente, el Instituto a través de la DGA, con la opinión de la DGAJ deberá reconocer incrementos o requerir reducciones.
En aquellos casos en que sea autorizado el aumento o reducción al que refiere el párrafo anterior, se deberá informar al Pleno de tal determinación.
Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales se reconocerán los incrementos autorizados.
Artículo 45.- El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente:
I.         El nombre del Instituto;
II.        La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato o pedido, así como la indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios;
III.       Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato o pedido;
IV.       Plazo o vigencia de los contratos o pedidos, considerando, en su caso, la plurianualidad;
V.        Responsabilidad de las partes;
VI.       Las penalizaciones que se pacten;
VII.      Acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado, así como de su representante
legal;
VIII.     La descripción pormenorizada de los bienes, arrendamientos o servicios objeto del contrato o pedido adjudicado a cada uno de los licitantes en el procedimiento, conforme a su proposición;
IX.       El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes, arrendamientos o servicios, o bien, la forma en que se determinará el importe total;
X.        Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este último caso, la fórmula o condición en que se hará y calculará el ajuste, determinando expresamente el o los indicadores o medios oficiales que se utilizarán en dicha fórmula;
XI.       En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción a compra;
XII.      Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían los cuales no podrán exceder del cincuenta por ciento del monto total del contrato o pedido;
XIII.     Porcentaje, número y fechas o plazo de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen;
XIV.     Forma, términos y porcentaje para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato o pedido;
XV.       La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega;
XVI.     Moneda en que se cotizó y se efectuará el pago respectivo, el cual podrá ser en pesos mexicanos o moneda extranjera de acuerdo a la determinación de la convocante, de conformidad con la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos;
XVII.    Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes, arrendamientos o servicios, señalando el momento en que se haga exigible el mismo;
XVIII.   Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos que deberán observarse;
XIX.     Las causales de rescisión del contrato o pedido;
XX.      Las previsiones relativas a los términos y condiciones a las que se sujetará la devolución y reposición de bienes por motivos de fallas de calidad o cumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación;
XXI.     El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de los servicios correspondientes, cuando sean del conocimiento del Instituto;
XXII.    Condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes, arrendamientos o servicios, por causas imputables a los proveedores;
XXIII.   La indicación de que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor del Instituto, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables;
XXIV.   Los procedimientos para resolución de controversias, distintos al procedimiento de conciliación previsto en este Reglamento;
XXV.    El monto de la garantía;
XXVI.   Cláusula anticorrupción, y
XXVII.  Los demás aspectos y requisitos previstos en la convocatoria a la licitación e invitaciones a cuando menos tres proveedores, así como los relativos al tipo de contrato o pedido de que se trate.
Para los efectos de este Reglamento, la convocatoria a la licitación, el contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el contrato o pedido no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación y sus juntas de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en éstas.
Artículo 46.- Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el modelo de contrato o pedido del procedimiento de contratación y obligará al Instituto a través del titular de la DGA y al licitante a quien se haya adjudicado, a firmarlo en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien en la convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales previsiones, dentro de los veinte días naturales siguientes al de la citada notificación. Asimismo, con la notificación del fallo el Instituto solicitará la entrega de los bienes o prestación de servicios de acuerdo con lo establecido en la convocatoria.
Si el interesado no firma el contrato o pedido por causas imputables al mismo, conforme a lo señalado en el párrafo anterior, el Instituto sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el contrato o pedido al licitante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior al diez por ciento.
Tratándose de contrataciones en las que la evaluación se haya realizado mediante puntos y porcentajes o costo beneficio, se podrá adjudicar al segundo lugar, dentro del margen del diez por ciento de la puntuación, de conformidad con lo asentado en el fallo correspondiente, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación.
El licitante a quien se hubiere adjudicado el contrato no estará obligado a suministrar los bienes, arrendamientos o prestar el servicio, si el Instituto por causas imputables al mismo no lo firma. En este supuesto, el Instituto a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate.
El atraso de la DGA en la entrega de anticipos, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor.
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos o pedidos no podrán ser transferidos por el proveedor en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento expreso y por escrito del Instituto, a través de la DGA.
Artículo 47.- El Instituto podrá celebrar contratos abiertos para adquirir bienes, arrendamientos o servicios que se requieran de manera reiterada conforme a lo siguiente:
I.         Se establecerá la cantidad mínima y máxima de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar; o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse. La cantidad o presupuesto mínimo no podrá ser inferior al cuarenta por ciento de la cantidad o presupuesto máximo;
En casos de bienes que se fabriquen en forma exclusiva para el Instituto, la cantidad o presupuesto mínimo que se requiera no podrá ser inferior al ochenta por ciento de la cantidad o presupuesto máximo que se establezca. Se entenderá por bienes de fabricación exclusiva, los que requieren un proceso de fabricación especial determinado por el Instituto. No se podrán establecer plazos de entrega en los cuales no sea factible producir los bienes, y
II.        Se hará una descripción completa de los bienes, arrendamientos o servicios con sus correspondientes precios unitarios.
El área requirente con la aceptación del proveedor podrán realizar modificaciones a los contratos o pedidos hasta en un veinte por ciento de la cantidad o presupuesto máximo de alguna partida originalmente pactada, utilizando para su pago el presupuesto de otra u otras partidas previstas en el propio contrato o pedido, siempre que no resulte un incremento en su monto máximo total, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51 de este Reglamento.
Artículo 48.- Los proveedores que celebren los contratos a que se refiere este Reglamento garantizarán:
I.         Los anticipos que, en su caso, reciban. Las garantías deberán constituirse por la totalidad del monto de los anticipos, y
II.        El cumplimiento de los contratos.
Para los efectos de este artículo, la DGA en las Bases y Lineamientos fijará las condiciones, forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse, considerando los antecedentes de cumplimiento de los proveedores en los contratos celebrados con el Instituto, a efecto de determinar montos menores para éstos.
En los casos señalados en las fracciones III, VII y VIII del artículo 41 y 42 de este Reglamento, el titular de la DGA, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar al proveedor de presentar la garantía de cumplimiento del contrato respectivo.
La garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse en el plazo o fecha previstos en la convocatoria a la licitación, o en su defecto, a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo y, la correspondiente al anticipo se presentará
previamente a la entrega de éste, a más tardar en la fecha establecida en el contrato.
Las garantías que deban otorgarse conforme a este Reglamento se constituirán en favor del Instituto.
Artículo 49.- La DGA se abstendrá de recibir proposiciones o adjudicar contratos en las materias a que se refiere este Reglamento, con las personas siguientes:
I.         Aquellas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate;
II.        Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Contraloría;
III.       Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, el Instituto les hubiere rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de dos años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante la DGA por el plazo que se establezca en las Pobalines a que se refiere el artículo 1o. de este Reglamento, el cual no podrá ser superior a dos años calendario contados a partir de la notificación de la rescisión del segundo contrato;
IV.       Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Contraloría o de la Secretaría de la Función Pública en los términos del Título Sexto de este ordenamiento, del Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
V.        Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los bienes o en la prestación de los servicios por causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u otros contratos celebrados con el Instituto, siempre y cuando éste haya resultado gravemente perjudicado;
VI.       Aquellas que hayan sido declaradas sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga;
VII.      Aquellas que presenten proposiciones en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común.
Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración de dichas personas morales;
VIII.     Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento en que se encuentran interesadas en participar, cuando con motivo de la realización de dichos trabajos hubiera tenido acceso a información privilegiada que no se dará a conocer a los licitantes para la elaboración de sus proposiciones;
IX.       Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean parte;
X.        Las que celebren contratos y/o pedidos sobre las materias reguladas por este Reglamento sin estar facultadas para hacer uso de derechos de propiedad intelectual;
XI.       Las que hayan utilizado información privilegiada, proporcionada indebidamente por servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y, por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;
 
XII.      Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación;
XIII.     Aquellos licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos mismos, no hayan formalizado un contrato adjudicado con anterioridad por el Instituto. Dicho impedimento prevalecerá ante el Instituto por el plazo que se establezca en los Pobalines a que se refiere el artículo 1o. de este Reglamento, el cual no podrá ser superior a un año calendario contado a partir del día en que haya fenecido el término establecido en la convocatoria a la licitación o, en su caso, por el artículo 46 de este Reglamento, para la formalización del contrato o pedido en cuestión;
XIV.     Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposiciones establecidas en el presente Reglamento o por disposición de ley, y
XV.      Aquellas que hayan incurrido en alguna responsabilidad o las que se encuentren sancionadas en términos de lo que establecen los artículos 8 y 9 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.
La DGA deberá llevar el registro, control y difusión de las personas que se encuentren impedidas para celebrar contratos, el cual será difundido a través del COMPRAIFAI.
Artículo 50.- La fecha de pago al proveedor estipulada en los contratos quedará sujeta a las condiciones que establezcan los mismos; sin embargo, no podrá exceder de veinte días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato o pedido.
En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, el Instituto a solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor.
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior.
Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Instituto.
En caso de rescisión del contrato, el proveedor deberá reintegrar el anticipo y, en su caso, los pagos progresivos que haya recibido más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en este artículo. Los intereses se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Instituto.
La DGA establecerá en las Bases y Lineamientos el pago a proveedores a través de medios de comunicación electrónica.
Artículo 51.- Las áreas requirentes podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento del monto del contrato o pedido, o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a los instrumentos jurídicos citados que se encuentren vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen en conjunto el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases y Lineamientos.
Tratándose de contratos o pedidos en los que se incluyan dos o más partidas, el porcentaje al que hace referencia el párrafo anterior, se aplicará para cada una de ellas.
Cuando los proveedores demuestren la existencia de causas justificadas que les impidan cumplir con la entrega total de los bienes conforme a las cantidades pactadas en los contratos o pedidos, el Instituto a través de la DGA podrá modificarlos mediante la cancelación de partidas o parte de las cantidades originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebase el diez por ciento del importe total del contrato respectivo.
Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por las partes, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el contrato o quien lo sustituya o esté facultado para ello, debiendo contar con la revisión y validación de la DGAJ.
El Instituto se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor, comparadas con las establecidas originalmente.
Artículo 52.- La DGA pactará penas convencionales a cargo del proveedor por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, las que no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato o pedido, establecidas en las Bases y Lineamientos y serán determinadas en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente. En las operaciones en que se pacte el ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado.
Los proveedores quedarán obligados ante el Instituto a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato o pedido respectivo y en la legislación aplicable.
Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiere estar sujeta la importación de bienes objeto de un contrato o pedido, y en estos casos no procederán incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato.
Artículo 53.- El área contratante podrá establecer en las convocatorias a la licitación, invitaciones a cuando menos tres proveedores, así como en los contratos y pedidos, deducciones al pago de bienes o servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor. En estos casos, se establecerá en las Bases y Lineamientos, el límite de incumplimiento a partir del cual, la DGA previa solicitud del área requirente, podrá cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no entregados, o bien rescindir el contrato o pedido en los términos de este artículo.
Artículo 54.- La DGA podrá rescindir administrativamente en cualquier momento los contratos o pedidos cuando los proveedores incumplan sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente:
I.         Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;
II.        Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la DGA contará con un plazo de quince días hábiles para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el contrato o pedido deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro dicho plazo, y
III.       Cuando se rescinda el contrato o pedido se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar el área requirente por concepto de los bienes recibidos o los servicios prestados hasta el momento de rescisión.
Iniciado un procedimiento de conciliación, la DGA bajo su responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato o pedido, se hiciere entrega de los bienes o se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación del área requirente o técnica, de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando en su caso, las penas convencionales correspondientes.
La DGA podrá determinar no dar por rescindido el contrato o pedido, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, el área requirente o técnica deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión resultarían más inconvenientes.
Si no se da por rescindido el contrato o pedido, el Instituto a través de la DGA establecerá con el proveedor otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 51 de este Reglamento.
Cuando por motivo del atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, o el procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquel en que hubiere sido adjudicado el contrato o pedido, el área requirente podrá recibir los bienes o servicios, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo respetar los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este artículo se considerará nulo.
 
Artículo 55.- La DGA podrá dar por terminados anticipadamente los contratos o pedidos cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Instituto, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato o pedido, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Contraloría. En estos supuestos el Instituto reembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato o pedido correspondiente, limitándose a los siguientes conceptos:
a)    Los gastos no amortizados por concepto de:
I.     Oficinas, almacenes o bodegas que hubiere rentado el proveedor, con el objeto de atender directamente las necesidades de la prestación del servicio o la entrega de los bienes, y
II.     La instalación y retiro de equipo destinados directamente a la prestación del servicio o entrega de los bienes;
b)    El importe de los materiales y equipos de instalación permanente adquiridos por el proveedor para el cumplimiento del contrato, que no puedan ser utilizados por el mismo para otros fines, y
c)     Los gastos en que incurra el proveedor por concepto de liquidación del personal técnico y administrativo directamente adscrito a la prestación del servicio o entrega de los bienes, siempre y cuando hayan sido contratados para el cumplimiento del contrato y la liquidación se lleve a cabo ante autoridad competente.
Artículo 56.- Las áreas requirentes estarán obligadas a mantener los bienes adquiridos o arrendados en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, así como vigilar que los mismos se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados.
Para los efectos del párrafo anterior, la DGA en los contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios, deberá estipular las condiciones que garanticen su correcta operación y funcionamiento; en su caso, la obtención de una póliza de seguro por parte del proveedor, que garantice la integridad de los bienes hasta el momento de su entrega y, de ser necesario, la capacitación del personal que operará los equipos.
La adquisición de materiales cuyo consumo haga necesaria invariablemente la utilización de equipo propiedad del proveedor podrá realizarse siempre y cuando en la convocatoria a la licitación se establezca que a quien se adjudique el contrato deberá proporcionar el citado equipo sin costo alguno para el Instituto durante el tiempo requerido para el consumo de los materiales.
Artículo 57.- Cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o fuerza mayor, las áreas requirentes o técnicas, bajo su responsabilidad podrán suspender la prestación del servicio, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados y en su caso, se reintegrarán los anticipos no amortizados.
Cuando la suspensión obedezca a causas imputables al Instituto, éste a través de la DGA, reembolsará al proveedor los gastos no recuperables que se originen durante el tiempo que dure esta suspensión, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato o pedido, limitándose según corresponda a los siguientes conceptos:
a)    El treinta por ciento de las rentas del equipo inactivo o, si resulta más barato, los fletes del retiro y regreso del equipo al inmueble en el que se presta el servicio, y
b)    Hasta el veinte por ciento de la renta de las oficinas que hubiere arrendado el proveedor, con el objeto de atender directamente las necesidades del servicio.
Lo anterior, previa dictaminación del área requirente atendiendo la opinión que la DGAJ haya emitido al respecto.
En cualquiera de los casos previstos en este artículo, se pactará por las partes el plazo de suspensión, a cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato o pedido.
Los titulares de las áreas requirentes de los bienes o servicios serán los responsables de administrar y vigilar el cumplimiento de cada uno de los contratos, salvo que previa notificación, por escrito, designen formalmente al servidor público encargado de su administración y vigilancia, debiendo informar oportunamente de los cumplimientos, incumplimientos y el vencimiento de los mismos, a efecto de que con oportunidad se lleven a cabo las gestiones administrativas correspondientes.
Título Quinto
 
De la Información y Verificación
Capítulo Único
Artículo 58.- La DGA conservará en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de este Reglamento en los términos y plazos que disponga la normatividad aplicable.
Las proposiciones desechadas de la licitación pública o invitación a cuando menos tres proveedores, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes.
Artículo 59.- La DGA organizará un registro de proveedores, clasificando a las personas físicas o morales que lo integren de acuerdo con sus actividades, datos generales, nacionalidad e historial en materia de contrataciones y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos o pedidos que se hayan suscrito con el Instituto.
Dicho registro deberá ser permanente y estar a disposición de cualquier interesado a través del COMPRAIFAI, salvo aquella información de naturaleza reservada, en términos de la Ley de Transparencia.
El registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto a la inscripción de proveedores, sin que dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones.
Artículo 60.- La Contraloría, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en este Reglamento o en otras disposiciones aplicables y podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a la DGA, e igualmente podrá solicitar a los servidores públicos y a los proveedores que participen en ellas todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate, los cuales deberán proporcionar la información que en su momento se les requiera.
Las solicitudes de información y documentación que requiera la Contraloría a los servidores públicos y a los proveedores deberán formularse mediante oficio, señalando el plazo que se otorga para su entrega, el cual se determinará considerando la naturaleza y la cantidad de fojas de dicha información y documentación, sin que en ningún caso pueda ser inferior a cinco días naturales. En el supuesto de que los servidores públicos o los proveedores consideren que el plazo otorgado es insuficiente, podrán solicitar la ampliación del mismo, señalando las razones que lo justifiquen.
La Secretaría de Economía, atento a sus facultades y atribuciones podrá verificar que los bienes cumplan con los requisitos relativos al grado de contenido nacional o a las reglas de origen o mercado y, en caso de que éstos no cumplan con dichos requisitos, informará a la Contraloría.
Artículo 61.- La Contraloría o bien mediante las personas acreditadas en los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, podrán verificar la calidad de los bienes muebles que adquiera el Instituto.
El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya hecho la comprobación, así como por el proveedor y el representante del área requirente respectiva. La falta de firma del proveedor no invalidará dicho dictamen.
Todo servidor público que participe en cualquiera de las etapas del proceso de adquisiciones, arrendamientos y servicios, determinados en este Reglamento, está obligado a explicar y responder por el ejercicio del encargo recibido en un marco de transparencia y eficiencia.
El proceso de rendición de cuentas es la obligación que tiene todo servidor público sobre el cumplimiento de las funciones asignadas, así como de los objetivos específicos y generales del Instituto, promoviendo en todo momento las mejores condiciones para éste. El proceso se formalizará a través de la documentación que durante las diferentes etapas y procedimientos muestra la forma, en que se prepararán los formatos, análisis, evaluaciones, investigaciones, expedientes, informes, registros e información para cumplir con las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, documentos que se deberán publicar en la página del Instituto dentro de los quince días hábiles posteriores al término del proceso de contratación.
Título Sexto
Infracciones y Sanciones
Capítulo Único
 
Artículo 62.- Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de este Reglamento serán sancionados por la Contraloría con un monto que podrá ir desde los cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.
Cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen contratos o pedidos cuyo monto no exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, serán sancionados por la cantidad que resulte de diez hasta cuarenta y cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.
Artículo 63.- La Contraloría, además de la sanción a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos o pedidos regulados por este Reglamento, a las personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:
I.         Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen dos o más contratos o pedidos que les haya adjudicado el Instituto en el plazo de dos años calendario, contados a partir del día en que haya fenecido el término para la formalización del primer instrumento jurídico no formalizado;
II.        Los proveedores a los que el Instituto les haya rescindido administrativamente un contrato o pedido en dos o más ocasiones en un plazo de tres años;
III.       Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves al Instituto; así como, aquellos que entreguen bienes o servicios con especificaciones distintas de las convenidas;
IV.       Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del instrumento jurídico o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad;
V.        Las que se encuentren en el supuesto de la fracción XII del artículo 49 de este Reglamento, y
VI.       Aquellas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del artículo 77 de este Reglamento.
La inhabilitación que se imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Contraloría la haga del conocimiento de la DGA, mediante la publicación de la circular respectiva, en la página de Internet del Instituto y en el COMPRAIFAI.
Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el sancionado no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en términos del artículo anterior, la mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente.
Cualquier Unidad Responsable o servidor público del Instituto deberá, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de este Reglamento, informar y en su caso remitir a la Contraloría la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción.
En casos excepcionales, previa autorización de la Contraloría, la DGA podrá aceptar proposiciones de proveedores inhabilitados cuando resulten indispensables los servicios que ofrecen por ser éstos los únicos posibles oferentes en el mercado.
Artículo 64.- La Contraloría impondrá las sanciones considerando:
I.         Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la infracción;
II.        El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;
III.       La gravedad de la infracción, y
IV.       Las condiciones del infractor.
En la tramitación del procedimiento para imponer las sanciones a que se refiere este Título, la Contraloría deberá observar lo dispuesto por el Título Cuarto y demás aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicando supletoriamente tanto el Código Civil Federal, como el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Artículo 65.- La Contraloría aplicará las sanciones que procedan a quienes infrinjan las disposiciones de este Reglamento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
La Contraloría, en uso de sus atribuciones, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en este Reglamento, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el acto u omisión no es grave, o no implica la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial al Instituto, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, hubieren producido desaparecieron o se hayan resarcido.
Artículo 66.- Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere el presente Reglamento serán independientes de las de orden civil, penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.
Artículo 67.- No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de fuerza mayor o caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mismas, así como en el supuesto de la fracción IV del artículo 63 de este Reglamento.
Título Séptimo
De la Solución de las Controversias
Capítulo Primero
De la Instancia de Inconformidad
Artículo 68.- La Contraloría conocerá de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres proveedores que se indican a continuación:
I.         La convocatoria a la licitación y las juntas de aclaraciones.
En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado su interés por participar en el procedimiento, según lo establecido en el artículo 31 de este Reglamento, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones;
II.        La invitación a cuando menos tres proveedores.
Sólo estará legitimado para inconformarse quien haya recibido invitación, dentro de los seis días hábiles siguientes;
III.       El acto de presentación y apertura de proposiciones y el fallo.
En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pública;
IV.       La cancelación de la licitación.
En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su notificación, y
V.        Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato o pedido en los términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en este Reglamento.
En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los seis días hábiles posteriores a aquel en que hubiere vencido el plazo establecido en el fallo para la formalización del instrumento jurídico o, en su defecto, el plazo legal.
En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la misma.
Al escrito inicial de las inconformidades a que se refiere el artículo 69 de este Reglamento, deberá acompañarse la manifestación de interés para participar en el procedimiento con el acuse de recibo o sello de la DGA, o bien, la constancia que se obtenga de su envío en forma electrónica a través de COMPRAIFAI.
 
La omisión de exhibir el documento referido en el párrafo anterior será motivo de prevención en términos de lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 69 del Reglamento.
Artículo 69.- La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la Contraloría.
La interposición de la inconformidad en forma o ante autoridad diversa a la señalada en el párrafo anterior, no interrumpirá el plazo para su oportuna presentación.
El escrito inicial contendrá:
I.         El nombre del inconforme y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación mediante instrumento público.
Cuando se trate de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, en el escrito inicial deberán designar un representante común, de lo contrario, se entenderá que fungirá como tal la persona nombrada en primer término;
II.        Domicilio para recibir notificaciones personales, que deberá estar ubicado en el lugar en que resida la Contraloría. Para el caso de que no se señale domicilio procesal en estos términos, se le practicarán las notificaciones por estrados;
III.       El acto que se impugna, fecha de su emisión o notificación o, en su defecto, en que tuvo conocimiento del mismo;
IV.       Las pruebas que ofrece y que guarden relación directa e inmediata con los actos que impugna.
Tratándose de documentales que formen parte del procedimiento de contratación que obren en poder de la Convocante, bastará que se ofrezcan para que ésta deba remitirlas en copia autorizada al momento de rendir su informe circunstanciado, y
V.        Los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto impugnado y los motivos de inconformidad. La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de este Reglamento y a las demás que resulten aplicables.
Al escrito de inconformidad deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad del promovente y las pruebas que ofrezca, así como sendas copias del escrito inicial y anexos para la Convocante y para el tercero o terceros interesados, teniendo tal carácter el licitante a quien se hayan adjudicado el contrato.
La Contraloría, prevendrá al promovente cuando hubiere omitido alguno de los requisitos señalados en las fracciones I, III, IV y V de este artículo, a fin de que subsane dichas omisiones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo en el plazo de tres días hábiles se desechará su inconformidad, salvo el caso de las pruebas, cuya omisión tendrá como consecuencia que se tengan por no ofrecidas.
Tratándose de la fracción I de este artículo, no será necesario formular prevención alguna respecto de la omisión de designar representante común. De igual manera, no será necesario prevenir cuando se omita señalar domicilio para recibir notificaciones personales, en términos de la fracción II.
Artículo 70.- La inconformidad es improcedente:
I.         Contra actos diversos a los establecidos en el artículo 68 de este Reglamento;
II.        Contra actos consentidos expresa o tácitamente;
III.       Cuando el acto impugnado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del procedimiento de contratación del cual deriva, y
IV.       Cuando se promueva por un licitante en forma individual y su participación en el procedimiento de contratación se hubiera realizado en forma conjunta.
Artículo 71.- El sobreseimiento de inconformidad procede cuando:
I.         El inconforme desista expresamente;
II.        La convocante firme el contrato, en el caso de que el acto impugnado sea de aquéllos a los que se refiere la fracción V del artículo 68 de este Reglamento, y
III.       Durante la sustanciación de la instancia se advierta o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia que establece el artículo anterior.
Artículo 72.- Las notificaciones se harán:
 
I.         En forma personal, para el inconforme y el tercero o terceros interesados:
a)    La primera notificación y las prevenciones;
b)    Las resoluciones relativas a la suspensión del acto impugnado;
c)    La que admita la ampliación de la inconformidad;
d)    La resolución definitiva, y
e)    Las demás disposiciones o resoluciones que lo ameriten, a juicio de la Contraloría.
II.        Por estrados que se fijará en lugar visible y de fácil acceso al público en general, en los casos no previstos en la fracción anterior, o bien, cuando no se haya señalado por el inconforme, tercero o terceros interesados domicilio ubicado en el lugar donde resida la Contraloría, y
III.       Por oficio, aquéllas dirigidas a la Convocante.
Artículo 73.- Se decretará la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y los que de éste deriven, siempre que lo solicite el inconforme en su escrito inicial y se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de este Reglamento o a las que de él deriven y, además, no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
En su solicitud el inconforme deberá expresar las razones por las cuales estima procedente la suspensión, así como la afectación que resentiría en caso de que continúen los actos del procedimiento de contratación.
Solicitada la suspensión correspondiente, la Contraloría deberá acordar lo siguiente:
I.         Concederá o negará provisionalmente la suspensión; en el primer caso, fijará las condiciones y efectos de la medida, y
II.        Dentro de los tres días hábiles siguientes a que se haya recibido el informe previo de la convocante, se pronunciará respecto de la suspensión definitiva.
El acuerdo relativo a la suspensión contendrá las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para concederla o negarla.
En caso de resultar procedente la suspensión definitiva, se deberá precisar la situación en que habrán de quedar las cosas y se tomarán las medidas pertinentes para conservar la materia del asunto hasta el dictado de la resolución que ponga fin a la inconformidad.
La garantía no deberá ser menor al diez ni mayor al treinta por ciento del monto de la propuesta económica del inconforme, y cuando no sea posible determinar dicho monto, del presupuesto autorizado para la contratación de que se trate, según las partidas que, en su caso, correspondan. De no exhibirse en sus términos la garantía requerida, dejará de surtir efectos dicha medida cautelar.
La suspensión definitiva quedará sujeta a que el solicitante, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo relativo, garantice los daños y perjuicios que pudiera ocasionar. Si dentro del plazo descrito, el interesado no exhiba la garantía respectiva anta la Contraloría, ésta acordará que ha fenecido el plazo para exhibirla.
En el supuesto de que el inconforme exhiba la garantía en el plazo a que se refiere el párrafo anterior de este artículo, la Contraloría dará vista al tercero o terceros interesados, a efecto de que, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a aquél en que se notifique dicho proveído, otorgue contragarantía equivalente a la exhibida por el inconforme, supuesto en el cual la suspensión decretada dejará de surtir efectos.
A partir de que haya causado estado la resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad, podrá iniciarse incidente de ejecución de garantía, que se tramitará por escrito en el que se señalará el daño o perjuicio que produjo la suspensión de los actos, así como las pruebas que estime pertinentes.
Con el escrito incidental se dará vista al interesado que hubiere otorgado la garantía de que se trate, para efecto de que, dentro del plazo de diez días hábiles, manifieste lo que a su derecho convenga.
Una vez desahogadas las pruebas, en el término de diez días hábiles, la Contraloría resolverá el incidente planteado, en el que se decretará la procedencia de cancelar, o bien, de hacer efectiva la garantía o contragarantía de que se trate, según se hubiere acreditado el daño o perjuicio causado por la suspensión de los actos, o por la continuación de los mismos, según corresponda.
Si la Contraloría advierte manifiestas irregularidades en el procedimiento de contratación impugnado, podrá decretar de oficio la suspensión sin necesidad de solicitud ni garantía del inconforme, siempre que con ello no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El acuerdo relativo contendrá las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para decretarla.
Artículo 74.- La Contraloría examinará la inconformidad y si encontrare motivo manifiesto de improcedencia, la desechará de plano.
Recibida la inconformidad, se requerirá a la Convocante que rinda en el plazo de dos días hábiles un informe previo en el que manifieste los datos generales del procedimiento de contratación y del tercero o terceros interesados, y pronuncie las razones por las que estime que la suspensión resulta o no procedente, en los siguientes términos:
I.         El estado que guarde el procedimiento de contratación objeto de inconformidad;
II.        El nombre y domicilio del tercero o terceros interesados, en su caso;
I.         El monto económico autorizado del procedimiento de contratación del que deriva el acto impugnado y, en su caso, el monto del contrato adjudicado;
IV.       Las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión del acto impugnado solicitada por el inconforme o decretada de oficio por la Contraloría.
Se requerirá también a la Convocante que rinda en el plazo de seis días hábiles un informe circunstanciado, en el que se expondrán las razones y fundamentos para sostener la improcedencia de la inconformidad, así como la validez o legalidad del acto impugnado y se acompañará, en su caso, copia autorizada de las constancias necesarias para apoyarlo, así como aquéllas a que se refiere la fracción IV del artículo 69 de este Reglamento.
Se considerarán rendidos los informes aún recibidos en forma extemporánea, sin perjuicio de las posibles responsabilidades en que incurran los servidores públicos por dicha dilación.
Una vez conocidos los datos del tercero o terceros interesados, se le correrá traslado con copia del escrito inicial y sus anexos, a efecto de que, dentro de los seis días hábiles siguientes, comparezca al procedimiento a manifestar lo que a su interés convenga, resultándole aplicable, en lo conducente, lo dispuesto por el artículo 69 de este Reglamento.
El inconforme, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por recibido el informe circunstanciado, tendrá derecho de ampliar sus motivos de impugnación, cuando del mismo aparezcan elementos que no conocía.
La Contraloría en caso de estimar procedente la ampliación, requerirá a la Convocante para que en el plazo de seis días hábiles rinda el informe circunstanciado correspondiente, y dará vista al tercero interesado para que en el mismo plazo manifieste lo que a su interés convenga.
Artículo 75.- Desahogadas las pruebas, se pondrán las actuaciones a disposición del inconforme y tercero o terceros interesados a efecto de que dentro del plazo de tres días hábiles formulen sus alegatos por escrito. Los alegatos de las partes sólo se tendrán por rendidos cuando controviertan los argumentos de la inconformidad, o de la ampliación de la misma, los informes circunstanciados o las manifestaciones del tercero, según corresponda.
Cerrada la instrucción, la Contraloría dictará la resolución en un término de quince días hábiles.
Artículo 76.- La resolución contendrá:
I.         Los preceptos legales en que funde su competencia para resolver el asunto;
II.        La fijación clara y precisa del acto impugnado;
III.       El análisis de los motivos de inconformidad, para lo cual podrá corregir errores u omisiones del inconforme en la cita de los preceptos que estime violados, así como examinar en su conjunto los motivos de impugnación y demás razonamientos expresados por la convocante y el tercero interesado, a fin de resolver la controversia efectivamente planteada, pero no podrá pronunciarse sobre cuestiones que no hayan sido expuestas por el promovente;
IV.       La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el procedimiento;
V.        Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye, y
VI.       Los puntos resolutivos que expresen claramente sus alcances y efectos, en congruencia con la parte considerativa, fijando cuando proceda las directrices para la reposición de actos decretados nulos o para la firma del contrato o pedido.
Una vez que cause estado la resolución que ponga fin a la inconformidad, ésta será publicada en la página de Internet del Instituto.
 
Artículo 77.- La resolución que emita la Contraloría podrá:
I.         Sobreseer en la instancia;
II.        Declarar infundada la inconformidad;
III.       Declarar que los motivos de inconformidad resultan inoperantes para decretar la nulidad del acto impugnado, cuando las violaciones alegadas no resulten suficientes para afectar su contenido;
IV.       Decretar la nulidad total del procedimiento de contratación;
V.        Declarar fundada la inconformidad y decretar la nulidad del acto impugnado, para efectos de su reposición, subsistiendo la validez del procedimiento o acto en la parte que no fue materia de la declaratoria de nulidad, y
VI.       Ordenar la firma del contrato o pedido, cuando haya resultado fundada la inconformidad promovida en términos del artículo 68, fracción V de este Reglamento.
En los casos de las fracciones I y II, cuando se determine que la inconformidad se promovió con el propósito de retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme, previo procedimiento, en términos de los artículos 62 y 63 del presente Reglamento. Para ese efecto, podrá tomarse en consideración la conducta de los licitantes en anteriores procedimientos de contratación o de inconformidad.
La resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad o, en su caso, a la intervención de oficio podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes.
Artículo 78.- La convocante acatará la resolución que ponga fin a la inconformidad en un plazo no mayor de seis días hábiles. Sólo podrá suspenderse la ejecución de las resoluciones mediante determinación de autoridad administrativa o judicial competente.
El inconforme y el tercero o terceros interesados, dentro de los tres días hábiles posteriores a que tengan conocimiento del cumplimiento que haya dado la convocante a la resolución, o bien que haya transcurrido el plazo legal para tal efecto y no se haya acatado, podrán hacer del conocimiento de la autoridad resolutoria en vía incidental, la repetición, defectos, excesos u omisiones en que haya incurrido la convocante.
Con el escrito que se presente en los términos del párrafo anterior, se requerirá a la convocante para que rinda un informe en el plazo de tres días hábiles y dará vista al tercero o terceros interesados o al inconforme, según corresponda, para que en el mismo plazo manifieste lo que a su interés convenga.
Si se acredita que la resolución no fue cumplimentada según las directrices fijadas, la Contraloría dejará insubsistente el acto respectivo, y ordenará a la convocante su reposición en un plazo de tres días hábiles, de acuerdo a lo ordenado en la resolución que puso fin a la inconformidad. Si resultare que hubo una omisión total, requerirá a la convocante el acatamiento inmediato.
La resolución que ponga fin al incidente previsto en este artículo podrá impugnarse por el inconforme o tercero o terceros interesados mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes.
El desacato de la convocante a las resoluciones y acuerdos que emita la Contraloría en los procedimientos de inconformidad será sancionado de acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
En los casos en que existan contratos o pedidos derivados de los actos declarados nulos, dichos acuerdos serán válidos y exigibles hasta en tanto se da cumplimiento a la resolución, pero será necesario terminarlos anticipadamente cuando la reposición de actos implique que debe adjudicarse a un licitante diverso, deba declararse desierto el procedimiento o se haya decretado su nulidad total.
Artículo 79.- A partir de la información que conozca la Contraloría derivada del ejercicio de sus facultades de verificación, podrá realizar intervenciones de oficio a fin de revisar la legalidad de los actos a que se refiere el artículo 68 de este Reglamento.
El inicio del procedimiento de intervención de oficio será mediante el pliego de observaciones, en el que la Contraloría señalará con precisión las posibles irregularidades que se adviertan en el acto motivo de intervención.
De estimarlo procedente, podrá decretarse la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y los que de éste deriven, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de este Reglamento.
Resulta aplicable al procedimiento de intervención de oficio, en lo conducente, las disposiciones previstas en este Reglamento para el trámite y resolución de inconformidades.
 
Capítulo Segundo
Del Procedimiento de Conciliación
Artículo 80.- En cualquier momento los proveedores o la DGA podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento de los contratos o pedidos.
Una vez recibida la solicitud respectiva, la Contraloría señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá iniciar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud.
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia por parte del proveedor traerá como consecuencia tener por no presentada su solicitud.
En las Bases y Lineamientos se establecerán los aspectos relacionados con la presentación de la solicitud, su procedencia, las partes que intervienen y su actuación.
Artículo 81.- En la audiencia de conciliación, la Contraloría, tomando en cuenta los hechos manifestados en la solicitud y los argumentos que hiciere valer la DGA, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de este Reglamento, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.
Artículo 82.- En el supuesto de que las partes lleguen a un acuerdo durante la conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente. La Contraloría dará seguimiento a los acuerdos de voluntades, para lo cual la DGA deberá remitir un informe sobre el avance de cumplimiento del mismo en términos de este Reglamento. En caso de no existir acuerdos de voluntades, las partes podrán optar por cualquier vía de solución a su controversia.
Capítulo Tercero
Del Arbitraje, Otros Mecanismos de Solución de
Controversias y Competencia Judicial
Artículo 83.- Podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que surjan entre las partes por interpretación a las cláusulas de los contratos o por cuestiones derivadas de su ejecución, en términos de lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio. No será materia de arbitraje la rescisión administrativa, la terminación anticipada de los contratos o pedidos, así como aquellos casos que dispongan las Bases y Lineamientos.
Artículo 84.- El arbitraje podrá preverse en cláusula expresa en el contrato, pedidos o por convenio escrito posterior a su celebración. En las Bases y Lineamientos deberá establecerse el área o servidor público responsable para determinar la conveniencia de incluir dicha cláusula o firmar el convenio correspondiente.
Artículo 85.- El pago de los servicios a la persona que funja como árbitro no será materia del presente Reglamento.
Los costos y honorarios del arbitraje correrán por cuenta de las partes contratantes, salvo determinación en contrario en el laudo arbitral.
Artículo 86.- El procedimiento arbitral culminará con el laudo arbitral, y podrá considerarse para efectos de solventar observaciones formuladas por quienes tengan facultades para efectuarlas, sobre las materias objeto de dicho laudo.
Artículo 87.- Las partes podrán convenir otros mecanismos de solución de controversias para resolver sus discrepancias sobre la interpretación o ejecución de los contratos o pedidos.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Se instruye por única ocasión a la Dirección General de Administración para que en un término no mayor a quince días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, lleve a cabo las acciones necesarias para la integración, autorización y correspondiente publicación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, para el ejercicio fiscal 2015.
TERCERO.- Se instruye a la Dirección General de Administración para que elabore las Políticas, Bases y Lineamientos, a que hace referencia el párrafo quinto del artículo 1o. del presente Reglamento, en un término que no deberá de exceder de treinta días hábiles contados a partir de que entre en vigor el presente ordenamiento y someta las Políticas a la aprobación del Pleno; y las Bases y Lineamientos a la aprobación del Comité.
CUARTO.- El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos contará con un Sistema Electrónico denominado COMPRAIFAI para publicar los procedimientos establecidos en este Reglamento; mismo que entrará en operación antes de que finalice el mes de diciembre de 2016, en tanto no se desarrolle este sistema, la publicación de los procedimientos de contratación se seguirán llevando a cabo a través del sistema CompraNet.
QUINTO.- Los procedimientos de contratación, de inconformidades, de sanción a licitantes, proveedores o contratistas, y de recursos de revisión que se encuentren en trámite a la fecha de la entrada en vigor del presente Reglamento, continuarán hasta su conclusión en los términos y las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento vigente a la fecha.
SEXTO.- Los contratos celebrados antes de la entrada en vigor del presente Reglamento, continuarán regulándose hasta su terminación por las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento vigentes a la fecha del inicio del trámite.
SÉPTIMO.- Las Pobalines referidas en el presente Reglamento, deberán ser aprobadas a más tardar en los siguientes treinta días hábiles posteriores a la publicación de este Reglamento en el Diario Oficial de la Federación. En tanto, se aplicarán las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IFAI que se encuentran vigentes a la fecha.
(R.- 409365)
 

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