DOF: 28/09/2015
DECRETO Promulgatorio del Tratado en Materia de Asistencia Jurídica Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana, firmado en Roma el veintiocho de julio de dos mil once

DECRETO Promulgatorio del Tratado en Materia de Asistencia Jurídica Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana, firmado en Roma el veintiocho de julio de dos mil once.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ENRIQUE PEÑA NIETO, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a sus habitantes, sabed:
El veintiocho de julio de dos mil once, en Roma, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto, firmó ad referéndum el Tratado en Materia de Asistencia Jurídica Penal con el Gobierno de la República Italiana, cuyo texto en español consta en la copia certificada adjunta.
El Tratado mencionado fue aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el trece de marzo de dos mil doce, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinte de abril del propio año.
Las notificaciones a que se refiere el artículo 25 del Tratado, fueron recibidas en la Ciudad de México, el veinticuatro de abril de dos mil doce y el seis de agosto de dos mil quince.
Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, el veintitrés de septiembre de dos mil quince.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- La Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu Salinas.- Rúbrica.
EMILIO SUÁREZ LICONA, CONSULTOR JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES,
CERTIFICA:
Que en los archivos de esta Secretaría obra el original correspondiente a México del Tratado en Materia de Asistencia Jurídica Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana, firmado en Roma el veintiocho de julio de dos mil once, cuyo texto en español es el siguiente:
TRATADO EN MATERIA DE ASISTENCIA JURÍDICA PENAL ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ITALIANA
El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana, en adelante denominados "las Partes Contratantes";
DESEANDO mejorar y reforzar la cooperación en el campo de la asistencia jurídica en materia penal;
INTERESADOS en asegurar que la asistencia jurídica en materia penal entre las Partes Contratantes se lleve a cabo de manera rápida y eficaz, de conformidad con los principios del derecho internacional;
Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO 1
Alcances de la Asistencia Jurídica
1.    Las Partes Contratantes se comprometen a prestarse mutuamente la más amplia asistencia jurídica en materia penal para la investigación y persecución de los delitos, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado y su respectiva legislación nacional.
2.    Dicha asistencia comprenderá, en particular:
a)    la notificación de citatorios o de otras actuaciones judiciales;
b)    la obtención de actuaciones y documentos o, de ser así solicitado, la información sobre su contenido;
c)     la recepción de testimonios y de interrogatorios;
d)    la realización de peritajes;
 
e)    las demás actividades de práctica de pruebas, incluyendo la realización de inspecciones, de exámenes de lugares y personas, de cateos y de registros;
f)     el aseguramiento y el decomiso de ganancias, productos y cualquier objeto relacionado a un hecho delictivo;
g)    la transmisión de sentencias penales, de certificados de antecedentes penales y de información extraída de los archivos judiciales;
h)    el citatorio de testigos, partes ofendidas, personas sometidas a un procedimiento penal, peritos para comparecer voluntariamente ante la autoridad competente del Estado Requirente;
i)     cualquier otra forma de asistencia, de conformidad con el objeto de este Tratado, siempre y cuando no contravenga la legislación nacional del Estado Requerido.
3.    La asistencia no comprenderá la ejecución de órdenes restrictivas de la libertad personal ni la ejecución de penas o medidas coercitivas.
4.    El cumplimiento de los actos requeridos podrá ser presenciado por representantes de la autoridad competente del Estado Requirente, el cual remitirá la relación de los nombres y cargos de sus representantes, con un plazo razonable de anticipación a la fecha de la ejecución de la solicitud de asistencia jurídica con el objeto de hacer todas las gestiones necesarias al respecto.
5.    El presente Tratado no faculta a las autoridades competentes del Estado Requirente para ejercer en la jurisdicción territorial del Estado Requerido, funciones cuya competencia esté exclusivamente reservada a sus autoridades de conformidad con su legislación nacional.
ARTÍCULO 2
Doble Criminalidad
1.    La asistencia jurídica se podrá prestar inclusive cuando el hecho por el que se solicita no constituya un delito en el Estado Requerido.
2.    No obstante, cuando la solicitud de asistencia se refiera a la ejecución de cateos, incautaciones, decomiso de bienes y otras actuaciones que incidan en derechos fundamentales de las personas o resulten invasivas hacia lugares o cosas, la asistencia sólo se prestará si el hecho por el que se procede está previsto como delito también por la legislación nacional del Estado Requerido.
ARTÍCULO 3
Denegación o Aplazamiento de la Asistencia Jurídica
1.    La asistencia jurídica podrá ser denegada en los siguientes casos:
a)    cuando el cumplimiento de la solicitud sea contrario a la legislación nacional del Estado Requerido o no se ajuste a las disposiciones del presente Tratado o sea contrario a las obligaciones internacionales del Estado Requerido;
b)    cuando el delito por el que se solicita sea castigado por el Estado Requirente con una pena prohibida por la legislación del Estado Requerido;
c)     cuando el delito por el cual se solicita está considerado conforme a la legislación del Estado Requerido como un delito exclusivamente militar, político o como un delito conexo a éste. Para tal efecto, no se considera delito político:
i)     el homicidio u otro delito contra la vida, la integridad física o la libertad de un Jefe de Estado o de gobierno o de un miembro de su familia;
ii)     los delitos de terrorismo, ni cualquier otro delito excluido de tal categoría de conformidad con los tratados, convenios, o acuerdos internacionales de los que ambos Estados sean partes;
d)    si el Estado Requerido tiene motivos fundados para creer que cuestiones relativas a la raza, religión, sexo, nacionalidad, idioma, opiniones políticas o condiciones personales o sociales constituyen el fundamento de la solicitud de asistencia o que la situación de la persona respecto de la cual se solicita puede resultar perjudicada por cualquiera de esas cuestiones;
e)    si en contra de la persona por la que se solicita ya ha sido emitida una sentencia definitiva por el
mismo hecho en el Estado Requerido, siempre y cuando la persona no haya evadido, en caso de haber sido condenada, la ejecución de la pena;
f)     si el Estado Requerido considera que la ejecución de la solicitud de asistencia puede perjudicar su soberanía, su seguridad, el orden público u otros intereses nacionales esenciales;
g)    si la solicitud de asistencia no cumple con los requisitos a que se refiere el presente Tratado.
2.    La asistencia podrá ser denegada si la ejecución de los actos requeridos interfiere con una investigación o un procedimiento penal en curso en el Estado Requerido. Dicho Estado, de cualquier manera, podrá proponer que la ejecución de los actos requeridos sea diferida o sometida a determinadas condiciones.
3.    Si el Estado Requerido deniega o aplaza la asistencia jurídica lo informará al Estado Requirente de manera inmediata, motivando la denegación o el aplazamiento.
4.    Antes de denegar una solicitud o de aplazar su ejecución, el Estado Requerido tendrá la facultad de evaluar si la asistencia puede ser concedida bajo determinadas condiciones. Si el Estado Requirente acepta la asistencia bajo esas condiciones, estará obligado a respetarlas.
5.    El secreto bancario o tributario no podrá ser utilizado como argumento para denegar la asistencia jurídica.
ARTÍCULO 4
Ejecución de la Solicitud de Asistencia Jurídica
1.    El cumplimiento de la solicitud de asistencia jurídica se llevará a cabo de conformidad con la legislación nacional del Estado Requerido y de acuerdo con las disposiciones del presente Tratado.
2.    La práctica de las pruebas requeridas y su transmisión al Estado Requirente se realizarán a la brevedad.
3.    Si el Estado Requirente lo solicita expresamente, el Estado Requerido le informará sobre la fecha y el lugar de ejecución de los actos requeridos.
ARTÍCULO 5
Inmunidad y Prerrogativas
1.    Si la persona relacionada con la solicitud de asistencia jurídica, invoca inmunidad, prerrogativa, derechos o incapacidad según la legislación nacional del Estado Requerido, esta invocación será resuelta por la autoridad competente del Estado Requerido con anterioridad al cumplimiento de la solicitud y el resultado será comunicado al Estado Requirente por medio de la Autoridad Central.
2.    Si la persona invoca inmunidad, prerrogativa, derechos o incapacidad según la legislación nacional del Estado Requirente, tal invocación será informada por medio de las respectivas Autoridades Centrales, a fin de que las autoridades competentes del Estado Requirente resuelvan al respecto.
ARTÍCULO 6
Confidencialidad y Límites en el Empleo de la Información
1.    Los Estados mantendrán la confidencialidad de la solicitud de asistencia y las actuaciones relativas.
2.    El Estado Requirente no utilizará ninguna información, actuación o documento obtenidos en la ejecución del presente Tratado para fines distintos a los especificados, salvo que requiera el consentimiento del Estado Requerido, el cual podrá acceder o denegar, total o parcialmente, lo solicitado.
ARTÍCULO 7
Notificación de Actuaciones
1.    El Estado Requerido notificará sin demora todos los documentos que le sean transmitidos para tal finalidad.
2.    La solicitud que tenga por objeto la notificación de actuaciones será transmitida con razonable anticipación a la fecha en que las actuaciones deban llevarse a cabo.
3.    El Estado Requerido acreditará el cumplimiento de la notificación por medio de un documento de entrega, fechado y firmado por el destinatario, o por medio de una declaración de la autoridad competente del propio Estado Requerido haciendo constar el hecho, la fecha y la forma de notificación y entrega.
 
ARTÍCULO 8
Transmisión de Actuaciones
1.    Cuando la solicitud de asistencia tenga por objeto la transmisión de actuaciones o documentos, el Estado Requerido tendrá la facultad de transmitir copias certificadas de los mismos, salvo que el Estado Requirente solicite los originales.
2.    Los documentos y las actuaciones originales transmitidos al Estado Requirente serán devueltos al Estado Requerido tan pronto como sea posible, cuando este último así lo solicite.
ARTÍCULO 9
Cateos, Incautaciones y Decomisos
1.    El Estado Requerido, a solicitud del Estado Requirente, llevará a cabo las diligencias e investigaciones requeridas para averiguar si en su territorio se hallan ganancias del delito u objetos relacionados con éste y comunicará al Estado Requirente los resultados de las mismas. Al formular la solicitud, el Estado Requirente comunicará al Estado Requerido los motivos para considerar que en el territorio de este último pueden hallarse ganancias del delito u objetos relativos al delito.
2.    Una vez localizadas las ganancias de delito u los objetos relacionados con éste, de conformidad con el numeral 1 del presente Artículo, el Estado Requerido, a solicitud del Estado Requirente, adoptará las medidas previstas en su legislación nacional a fin de inmovilizar, incautar y decomisar las ganancias de delito y los objetos relacionados con éste.
3.    A solicitud del Estado Requirente, el Estado Requerido transferirá al Estado Requirente, total o parcialmente, las ganancias del delito y los objetos relacionados con éste o bien las sumas obtenidas de la venta de dichos bienes, bajo las condiciones que sean acordadas por ambos Estados.
4.    En la aplicación del presente Artículo, deberán respetarse en todo momento los derechos del Estado Requerido y de terceros, sobre dichas ganancias del delito u objetos relacionados con éste.
ARTÍCULO 10
Comparecencia de Personas en el Territorio del Estado Requerido
1.    El Estado Requerido obtendrá en su territorio, de conformidad con su legislación nacional, las declaraciones de testigos, partes ofendidas, personas sometidas a un procedimiento penal, peritos, las actuaciones, los documentos, los objetos y las demás pruebas mencionadas en la solicitud de asistencia jurídica y los transmitirá al Estado Requirente.
2.    Previa solicitud del Estado Requirente, la Autoridad Central del Estado Requerido informará, de conformidad con su propia legislación, a la Autoridad Central del otro Estado la fecha, hora y lugar donde se realizará la recepción del testimonio o prueba respectiva.
3.    A efecto de ejecutar la solicitud de asistencia jurídica, la autoridad competente del Estado Requerido notificará, mediante citatorio, a la persona cuya presencia se requiera para que sea oída o presente documentos u objetos, procediendo con las mismas modalidades que adopta para las investigaciones o los procedimientos judiciales de conformidad con su propia legislación nacional.
4.    La persona a escuchar será auxiliada en caso de necesidad por un intérprete y podrá reservarse el derecho a contestar cuando la legislación del Estado Requerido o del Estado Requirente lo permita.
5.    El Estado Requirente cumplirá cualquier condición acordada con el Estado Requerido relativa a los documentos u objetos que éste le entregue, incluyendo la protección del derecho de terceros sobre tales documentos y objetos.
ARTÍCULO 11
Comparecencia de Personas en el Territorio del Estado Requirente
1.    Cuando el Estado Requirente solicite la comparecencia, en calidad de testigo, parte ofendida, persona sometida a procedimiento penal, perito, de una persona que se encuentre en el territorio del Estado Requerido, para la realización de actuaciones procesales ante las autoridades competentes del propio Estado Requirente, el Estado Requerido invitará a la persona a comparecer en los términos señalados en la solicitud de asistencia jurídica formulada.
 
2.    La persona, cuando se encuentre en el territorio del Estado Requirente, gozará de las siguientes garantías:
a)    no se le aplicará ninguna medida coercitiva o sanción en caso de que no comparezca ante la autoridad competente;
b)    no será procesada, detenida o sujeta a cualquier otra restricción de la libertad personal por el Estado Requirente por cualquier hecho delictivo cometido previamente a su salida del territorio del Estado Requerido. Sin embargo, será responsable por el contenido de la declaración testimonial o del dictamen pericial que rinda. Dicha garantía no tendrá aplicación si la persona, estando en libertad para abandonar el territorio del Estado Requirente, no lo abandona en un periodo de treinta (30) días después de que oficialmente se le haya notificado que ya no se requiere su presencia o si, habiendo partido, regresa voluntariamente al territorio del Estado Requirente;
c)     no estará obligada a declarar en otros procedimientos distintos al que se refiere la solicitud de asistencia jurídica.
3.    El Estado Requerido notificará a la persona a ser trasladada mediante un citatorio que deberá contener la indicación de las garantías a que se refiere el numeral anterior y la información de que los gastos del traslado corresponderán al Estado Requirente.
4.    El Estado Requerido no podrá aplicar sanciones ni adoptar medida coercitiva alguna respecto de la persona que no comparezca al citatorio.
ARTÍCULO 12
Comparecencia Mediante Videoconferencia
1.    Si una persona se encuentra en el territorio del Estado Requerido y tiene que ser escuchada en calidad de testigo o perito por las autoridades competentes del Estado Requirente, este último podrá pedir que la entrevista se efectúe a través de videoconferencia.
2.    La comparecencia mediante videoconferencia podrá ser solicitada también para el interrogatorio de personas sujetas a un procedimiento penal de conformidad con la legislación del Estado Requerido. En este caso el defensor podrá estar presente sea en el lugar donde se encuentra la persona que comparece o ante la autoridad competente del Estado Requirente, en cuyo caso deberá poder comunicarse a distancia en forma reservada con su asistido.
3.    La comparecencia mediante videoconferencia se llevará a cabo siempre que la persona que debe ser escuchada o interrogada se encuentre detenida en el territorio del Estado Requerido, y en la medida de las posibilidades técnicas de éste.
4.    Los gastos relacionados con la videoconferencia serán reembolsados por el Estado Requirente al Estado Requerido, a menos que este último renuncie total o parcialmente al reembolso.
ARTÍCULO 13
Traslado Temporal de Personas Detenidas
1.    Cuando de conformidad con el Artículo 12, no fuere posible realizar la videoconferencia, el Estado Requerido, a solicitud del Estado Requirente, tendrá la facultad de trasladar temporalmente al Estado Requirente a una persona detenida en su propio territorio a fin de permitir su comparecencia ante una Autoridad competente del Estado Requirente para que rinda interrogatorio, testimonio u otro tipo de declaraciones, o bien para participar en otras actuaciones procesales, previo acuerdo por escrito entre los Estados con respecto al traslado y a sus condiciones.
2.    El traslado temporal de la persona podrá ser ejecutado a condición de que:
a)    no interfiera con investigaciones o procedimientos penales en curso en el Estado Requerido, en los que deba intervenir dicha persona;
b)    la persona trasladada se mantenga privada de la libertad por el Estado Requirente;
c)     La persona detenida deberá dar su consentimiento en el caso en que se deba proceder a su interrogatorio.
 
3.    El periodo transcurrido en situación de privación de libertad en el Estado Requirente será computado para los efectos de la ejecución de la pena impuesta en el Estado Requerido.
4.    Cuando para la ejecución del traslado temporal se prevea el tránsito de la persona detenida a través del territorio de un tercer Estado, el Estado Requirente presentará, de ser necesaria, la solicitud de tránsito respectiva a las Autoridades competentes del tercer Estado e informará oportunamente al Estado Requerido del resultado de la misma, transmitiendo la documentación correspondiente.
5.    El Estado Requirente regresará a la persona trasladada inmediatamente al Estado Requerido, una vez que se hayan concluido las actuaciones procesales a las que se refiere el numeral 1 del presente Artículo o bien al vencerse el plazo específicamente acordado por las Autoridades Centrales de ambos Estados.
6.    Para los efectos de este Artículo, resultarán aplicables las disposiciones contenidas en el Artículo 11, numeral 2.
ARTÍCULO 14
Protección de Personas Citadas o Trasladadas a la Parte Requirente
Cuando sea necesario, la Parte Requirente asegurará la protección de las personas citadas o trasladadas a su territorio.
ARTÍCULO 15
Intercambio de Información sobre los Procedimientos Penales
El Estado Requerido transmitirá al Estado Requirente, para los fines del procedimiento penal en el cual se formule la solicitud, la información sobre los procedimientos penales, los antecedentes penales y las condenas impuestas en su propio país respecto de nacionales del Estado Requirente.
ARTÍCULO 16
Intercambio de Información sobre la Legislación
Previa solicitud, los Estados se intercambiarán información sobre la legislación vigente o que se encontraba previamente en vigor y sobre los procedimientos judiciales en curso en sus respectivos países.
ARTÍCULO 17
Transmisión de Sentencias y Certificados de Antecedentes Penales
1.    Cuando el Estado Requerido trasmita una sentencia penal, deberá proporcionar también las indicaciones relativas al procedimiento respectivo, en caso de haber sido solicitadas por el Estado Requirente.
2.    Los certificados de antecedentes penales necesarios para la autoridad judicial del Estado Requirente en un procedimiento penal, serán trasmitidos a dicho Estado si en las mismas circunstancias podrían ser otorgados a las autoridades competentes del Estado Requerido.
ARTÍCULO 18
Solicitudes de Asistencia
1.    La asistencia será proporcionada a solicitud previa y escrita del Estado Requirente.
2.    El Estado Requerido procederá inmediatamente al cumplimiento de la solicitud de asistencia tan pronto como la reciba por fax, correo electrónico u otro medio de transmisión telemática análogo. El Estado Requirente transmitirá el original de la solicitud dentro de los diez (10) días siguientes. El Estado Requerido comunicará al Estado Requirente los resultados de la ejecución de la solicitud de asistencia sólo después de haber recibido el original de dicha solicitud.
3.    La solicitud deberá indicar:
a)    la autoridad competente que origina la solicitud;
b)    los datos de la investigación o del procedimiento penal a los que se refiere la solicitud y los datos generales de la persona contra la que se procede;
c)     los actos cuyo cumplimiento se solicita;
d)    la descripción de los hechos materia de investigación o procedimiento penal;
 
e)    las disposiciones penales aplicables al caso;
f)     cualquier otra información necesaria o útil para la ejecución de los actos requeridos y, en particular, para la identificación y ubicación del lugar donde se encuentra la persona a que se refiere la solicitud;
g)    las formas y las modalidades particulares eventualmente solicitadas para la ejecución de los actos, además de las generalidades de las autoridades y de los particulares que pudieran participar en los mismos;
h)    el plazo dentro del cual el Estado Requirente considera más oportuno y/o conveniente que la solicitud de asistencia sea cumplida;
i)     en su caso, la petición para que representantes de las autoridades competentes del Estado Requirente presencien el cumplimiento de los actos requeridos.
4.    La solicitud de asistencia también contendrá en la medida de lo posible, información sobre:
a)    el nombre completo, la fecha de nacimiento, el domicilio, el número de teléfono de las personas a las cuales deba efectuarse una notificación y su relación con la investigación o procedimiento penal en curso;
b)    la ubicación y la descripción del lugar a registrar o inspeccionar;
c)     la ubicación y la descripción de los bienes a asegurar o decomisar;
d)    las preguntas a ser formuladas al testigo o al perito;
e)    cualquier otra información que pueda ser útil para el Estado Requerido en el cumplimiento de la solicitud de asistencia.
5.    Si el Estado Requerido estima que el contenido de la solicitud no es suficiente para satisfacer las condiciones del presente Tratado, tendrá la facultad de solicitar ulterior información.
ARTÍCULO 19
Modalidades de Transmisión
1.    Las solicitudes de asistencia jurídica serán enviadas a través de las Autoridades Centrales de los Estados.
2.    La Autoridad Central para los Estados Unidos Mexicanos será la Procuraduría General de la República, Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica. La Autoridad Central para la República Italiana será el Ministerio de Justicia, Departamento de Justicia, Dirección General de Justicia Penal.
3.    Cada Parte Contratante comunicará a la Otra las eventuales modificaciones de la Autoridad Central por conducto diplomático.
ARTÍCULO 20
Idioma
Las solicitudes de asistencia jurídica así como las actuaciones y los documentos anexos deberán acompañarse de la traducción al idioma del Estado Requerido, y deberán estar firmados y contener los sellos oficiales de las autoridades competentes del Estado Requirente.
ARTÍCULO 21
Gastos
Quedarán a cargo del Estado Requerido los gastos relacionados con la ejecución de la solicitud de asistencia, salvo lo previsto en el Artículo 11, numeral 3, y en el Artículo 12, numeral 4, del presente Tratado.
ARTÍCULO 22
Relaciones con otros Instrumentos Internacionales
El presente Tratado se aplicará sin perjuicio de aquellas disposiciones que resulten más favorables y se encuentren contenidas en otros instrumentos internacionales bilaterales o multilaterales vigentes para las Partes Contratantes, ni de las eventuales disposiciones más favorables de asistencia jurídica en materia penal que se establezcan en la legislación nacional de los Estados.
 
ARTÍCULO 23
Otros Instrumentos de Cooperación
El presente Tratado no impedirá a los Estados prestarse otras formas de cooperación o asistencia jurídica en virtud de acuerdos específicos, de entendimientos o de prácticas compartidas, de ser conformes a sus ordenamientos jurídicos respectivos y a los tratados internacionales de los que sean partes.
ARTÍCULO 24
Solución de Controversias
1.    Las Autoridades Centrales de los Estados, a propuesta de uno de ellos, celebrarán consultas en materia de interpretación o aplicación de las disposiciones de este Tratado.
2.    Cualquier controversia sobre la interpretación y la aplicación del presente Tratado será resuelta mediante consulta entre las Autoridades Centrales.
3.    En caso de que éstas no lleguen a un acuerdo, la controversia será resuelta mediante consultas a través de los canales diplomáticos.
ARTÍCULO 25
Entrada en Vigor, Modificación y Terminación
1.    El presente Tratado entrará en vigor el trigésimo (30) día después de la fecha de recepción de la segunda notificación intercambiada entre las Partes Contratantes, a través de los canales diplomáticos, comunicando el cumplimiento de sus respectivos procedimientos internos necesarios para tal efecto.
2.    El presente Tratado podrá ser modificado en cualquier momento por acuerdo escrito entre las Partes Contratantes. Dichas modificaciones entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento establecido en el numeral 1 del presente Artículo, y formarán parte integrante de este Tratado.
3.    El presente Tratado permanecerá en vigor de manera indefinida. Sin embargo, cualquiera de las Partes Contratantes podrá darlo por terminado, en cualquier momento, mediante comunicación escrita dirigida a la otra Parte Contratante, por los canales diplomáticos. La terminación surtirá efectos ciento ochenta días (180) días después de la fecha de dicha comunicación. La terminación del Tratado no afectará el desahogo de las solicitudes iniciadas durante su vigencia.
4.    El presente Tratado se aplicará a cualquier solicitud formulada a partir de su entrada en vigor, inclusive en caso de que los delitos por los cuales se solicita la asistencia hubieren sido cometidos antes de la entrada en vigor del mismo.
En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Tratado.
Hecho en Roma el veintiocho de julio de dos mil once, en dos ejemplares originales en los idiomas español e italiano, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos: la Procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez.- Rúbrica.- Por el Gobierno de la República Italiana: el Ministro de Justicia, Nitto Francesco Palma.- Rúbrica.
La presente es copia fiel y completa en español del Tratado en Materia de Asistencia Jurídica Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana, firmado en Roma el veintiocho de julio de dos mil once.
Extiendo la presente, en diecinueve páginas útiles, en la Ciudad de México, el diecisiete de agosto de dos mil quince, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo.- Rúbrica.
 
 

En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición.
 


CONSULTA POR FECHA
Do Lu Ma Mi Ju Vi
crear usuario Crear Usuario
busqueda avanzada Búsqueda Avanzada
novedades Novedades
top notas Top Notas
quejas y sugerencias Quejas y Sugerencias
copia Obtener Copia del DOF
Publicaciones relevantes Publicaciones Relevantes
versif. copia Verificar Copia del DOF
enlaces relevantes Enlaces Relevantes
Contacto Contáctenos
filtros rss Filtros RSS
historia Historia del Diario Oficial
estadisticas Estadísticas
estadisticas Vacantes en Gobierno
estadisticas Ex-trabajadores Migratorios
La traducción es automática y puede contener errores o inconsistencias
INDICADORES
Tipo de Cambio y Tasas al 18/11/2019

UDIS
6.337013

Ver más
ENCUESTAS

¿Le gustó la nueva imagen de la página web del Diario Oficial de la Federación?

 

0.110712001508857610.jpg 0.192286001221699769.jpg 0.821786001312920061.gif 0.475545001508857915.jpg
Diario Oficial de la Federación

Río Amazonas No. 62, Col. Cuauhtémoc, C.P 06500, Ciudad de México
Tel. (55) 5093-3200, donde podrá acceder a nuestro menú de servicios
Dirección electrónica: www.dof.gob.mx

113

AVISO LEGAL | ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2019