DOF: 08/10/2015
ACUERDO General que regula los procedimientos de adquisición, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios, obra pública y los servicios relacionados con la misma, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

ACUERDO General que regula los procedimientos de adquisición, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios, obra pública y los servicios relacionados con la misma, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.- Comisión de Administración.- Secretaría.

ACUERDO GENERAL QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, PRESTACION DE SERVICIOS, OBRA PÚBLICA Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION.
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO UNICO
ARTICULO 1. OBJETO.
El presente Acuerdo General tiene por objeto establecer las bases y procedimientos a los que deberá sujetarse el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las contrataciones que celebre en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios de cualquier naturaleza, obra pública y servicios relacionados con la misma, en ejercicio de su presupuesto de egresos, a fin de que se ajusten a los criterios previstos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el desempeño de las funciones inherentes, los servidores públicos deberán conducirse con diligencia, rectitud, imparcialidad, honradez, legalidad y respeto, así como atender estrictamente las disposiciones jurídicas que regulan sus obligaciones, el conflicto de interés y los casos en que deberán abstenerse y de excusarse para conocer de determinados asuntos. [Modificado mediante Acuerdo 173/S6(16-VI-2015)]
ARTICULO 2. DEFINICIONES.
Para los efectos de interpretación y aplicación del presente Acuerdo se entenderá por:
I.           Área de Adquisiciones: La Dirección General de Recursos Materiales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
II.          Área de Obras: La Unidad de Control de Obras y Conservación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
III.          Área de Transparencia: La Dirección General de Enlace y Transparencia. [Adicionado mediante Acuerdo 110/S4(29-IV-2014)]
IV.         Área Financiera: La Coordinación Financiera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
V.          Área Jurídica: La Coordinación de Asuntos Jurídicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
VI.         Área Solicitante: Todas aquellas áreas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que requieran bienes, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma;
VII.        Área Técnica: Aquella área del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación especialista en una materia;
VIII.        Comisión: La Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
IX.         Comité: El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obra Pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
X.          Contraloría: La Contraloría Interna del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
XI.         Contratista: La persona física o moral con la que se celebren contratos de obra pública, o de servicios relacionados con la misma, según corresponda;
XII.        Coordinación de Adquisiciones: La Coordinación de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública;
XIII.        Delegados Administrativos: Los Delegados Administrativos de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
XIV.       Días Hábiles: Todos los días del año, con excepción de los previstos en el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los que determine la Sala Superior a
través de sus acuerdos generales, o la Comisión de Administración;
XV.        Dictamen resolutivo legal: Documento que contiene la determinación del Área Jurídica, derivada del análisis y evaluación de la documentación legal presentada por los proveedores, prestadores de servicios o contratistas participantes en los diversos procedimientos regulados en el presente Acuerdo;
XVI.       Dictamen resolutivo financiero: Documento que contiene la determinación del Área Financiera, derivada del análisis respecto de la situación contable y financiera en que se encuentran los proveedores, prestadores de servicios o contratistas participantes en los diversos procedimientos regulados en el presente Acuerdo;
XVII.      Dictamen resolutivo económico: Documento que contiene la determinación derivada del análisis pormenorizado de las propuestas económicas presentadas por los proveedores, prestadores de servicios o contratistas participantes en los diversos procedimientos regulados en el presente Acuerdo;
XVIII.      Dictamen resolutivo técnico: Documento que contiene la determinación del Área Solicitante, derivada del análisis de la evaluación efectuada respecto del cumplimiento de los requisitos y características de los bienes a adquirir y/o servicio u obra a contratar, previstos en las bases de contratación respectivos;
XIX.       Ley: La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;
XX.        Licitante: Persona física o moral que participa en los procedimientos de licitación pública y de invitación a cuando menos tres proveedores o contratistas;
XXI.       Prestador de servicios: La persona física o moral que otorgue servicios de cualquier naturaleza, salvo los relacionados con obra pública;
XXII.      Proveedor: La persona física o moral que suministre bienes u ofrezca en arrendamiento bienes muebles;
XXIII.      Proyecto arquitectónico: El que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra. Se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas y dibujos, entre otros;
XXIV.     Proyecto de ingeniería: el que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones y detalles, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad;
XXV.      Proyecto ejecutivo: el conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónico y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e información suficientes para que ésta se pueda llevar a cabo;
XXVI.     Racionalidad de precios: Es el ejercicio que permite razonar y/o evaluar, de acuerdo a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, la aplicación de los recursos públicos destinados al pago de las contrataciones materia del presente Acuerdo. El estudio de la racionalidad está sujeto a la comprobación de la utilidad y eficacia, para satisfacer las necesidades institucionales a las que esté destinado el gasto; [Modificado mediante Acuerdo 333/S12(10-XII-2013)]
XXVII.     Secretario Administrativo: El titular de la Secretaría Administrativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y [Modificado mediante Acuerdo 333/S12(10-XII-2013)]
XXVIII.    Tribunal: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. [Adicionado mediante Acuerdo 333/S12(10-XII-2013)]
ARTICULO 3. NATURALEZA DE LOS CONTRATOS
Los contratos que celebre el Tribunal en la materia del presente Acuerdo son de carácter administrativo, y estarán destinados a satisfacer sus necesidades para el debido cumplimiento de sus atribuciones.
Cuando se celebren convenios de adjudicación o contratos con las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal, del Distrito Federal, o con instituciones educativas de carácter público, y cuando existan disposiciones normativas que establezcan que aquéllas no pueden suscribir convenios en los que se pacten garantías o penas convencionales, entre
otras de la misma naturaleza, se les exceptuará de su inclusión en el instrumento jurídico que corresponda, independientemente de salvaguardar los intereses del Tribunal. [Modificado mediante Acuerdo 149/S6(11-VI-2013)]
ARTICULO 4. ADQUISICIONES.
Las adquisiciones comprenderán los actos en virtud de los cuales, por una parte el proveedor se obliga a suministrar determinado bien mueble, y por la otra el Tribunal, a pagar por ello un precio determinado en dinero, mediante la formalización del contrato o pedido.
En los contratos o pedidos de adquisiciones podrá incluirse la instalación de los bienes muebles por parte del proveedor en inmuebles del Tribunal, siempre y cuando éstos no formen parte integral de estos últimos.
Para la adquisición de bienes muebles remanufacturados o reconstruidos, con independencia del monto de la adquisición, se requerirá de la aprobación del Comité, previa justificación correspondiente, para lo cual se deberá realizar un estudio del costo beneficio, considerando, en su caso, el avalúo emitido por institución de crédito o de terceros capacitados para ello, expedido dentro de los seis meses previos y vigente al momento de la adjudicación del contrato, para que se demuestre la conveniencia de la adquisición comparativamente con bienes nuevos; los citados estudios y avalúos deberán integrarse al expediente de la contratación respectiva.
ARTICULO 5. ARRENDAMIENTOS.
Los arrendamientos comprenderán los actos en virtud de los cuales, por una parte el arrendador se obliga a conceder el uso o goce temporal de un bien mueble, y por la otra el Tribunal se compromete a pagar un precio determinado en dinero.
El Área de Adquisiciones o los Delegados Administrativos, en el ámbito de su respectiva competencia, presentarán los estudios de factibilidad, con base en la información presentada por el Área Solicitante a efecto de justificar la celebración del contrato de arrendamiento simple o arrendamiento financiero de bienes muebles. En el contrato de arrendamiento podrá estipularse la opción a compra de dichos bienes.
El Comité podrá autorizar el arrendamiento financiero cuando éste represente un ahorro en comparación con los recursos que se emplearían para pagar, en su caso, un arrendamiento simple, incluyendo los gastos y costos asociados.
ARTICULO 6. SERVICIOS.
Quedan comprendidos los servicios profesionales, consultorías, estudios e investigaciones, y en general cualquier otro de naturaleza análoga, excepto los servicios relacionados con obra pública, los servicios personales bajo el régimen de honorarios y aquéllos cuya contratación se rija por alguna ley específica.
Tratándose de servicios que incluyan el suministro de bienes, cuando el valor estimado de estos últimos sea superior al cincuenta por ciento del valor total de la contratación, la operación se considerará como adquisición de bienes muebles.
ARTICULO 7. IMPACTO AMBIENTAL.
El Tribunal en sus adquisiciones, mantenimiento y servicios cuidará el equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente.
En materia de obra vigilará que en la ejecución de las obras el posible daño que se pueda causar al medio ambiente con sustento en la evaluación de impacto ambiental y urbano, previstos por las leyes correspondientes.
Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieran deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a las autoridades que tengan atribuciones en la materia.
ARTICULO 8. ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES.
La Coordinación de Recursos Humanos y Enlace Administrativo del Tribunal, deberá contratar los seguros necesarios para la protección de los bienes propiedad del Tribunal. Salvo que por la naturaleza del bien o el tipo de riesgos a los que estén expuestos, el costo de aseguramiento represente una erogación que no guarde relación directa con el beneficio que pudiera obtenerse, o bien, se constate que no exista oferta de seguros en el mercado, en tales supuestos se requerirá autorización del Comité.
El Área de Obras, gestionara ante la Coordinación de Recursos Humanos y Enlace Administrativo del Tribunal, lo conducente para el aseguramiento de las obras a partir de su recepción.
ARTICULO 9. PAGOS POR ADELANTADO.
El Tribunal no financiará a proveedores o prestadores de servicios, no se considerará como operación de financiamiento el otorgamiento de anticipos, los cuales en todo caso, deberán garantizarse.
 
El Comité podrá autorizar el pago de suscripciones, seguros o de otros servicios, en los que no sea posible pactar que su costo sea cubierto después de que la prestación del servicio se realice cuando se trate de operaciones superiores al monto vigente de actuación para adjudicación directa. El Secretario Administrativo y el Coordinador de Adquisiciones podrán autorizarlo previa solicitud debidamente fundada y motivada del Área Solicitante, cuando se trate de operaciones iguales o inferiores al monto para adjudicación directa, haciendo un reporte al Comité de manera trimestral.
ARTICULO 10. MARCO NORMATIVO APLICABLE A LOS ACTOS MATERIA DEL PRESENTE ACUERDO.
Los actos que celebre el Tribunal en la materia del presente Acuerdo, se regirán por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley, las disposiciones de este Acuerdo y las demás que en la propia materia se emitan, aplicándose de manera supletoria el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
ARTICULO 11. OBSERVANCIA DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.
Los servidores públicos del Tribunal deberán cumplir las disposiciones establecidas por la Ley y el presente Acuerdo, observando en todo momento las obligaciones contenidas en el artículo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
La responsabilidad administrativa derivada de los actos que se realicen en contravención a lo anterior, será determinada conforme lo dispuesto en el Título Octavo de la Ley y las disposiciones especiales aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera resultar de dichos actos.
ARTICULO 12. INSTANCIAS COMPETENTES PARA INTERPRETAR EL PRESENTE ACUERDO.
Para la interpretación y la aplicación del presente Acuerdo, serán competentes la Comisión, el Comité y el Secretario Administrativo, en el ámbito de sus respectivas competencias.
ARTICULO 13. INSTANCIA RESOLUTORA DE LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON BASE EN EL PRESENTE ACUERDO.
Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación y cumplimiento de los contratos celebrados con base en este Acuerdo, serán resueltas por los Tribunales Federales.
TITULO SEGUNDO
DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION Y APOYO
CAPITULO UNICO
ARTICULO 14. DE LA COMISION.
La Comisión además de las atribuciones constitucionales y legales, para los efectos del presente Acuerdo tendrá las siguientes:
I.     Autorizar los Programas Anuales de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, así como el de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma;
II.     Determinar los montos de actuación para los procedimientos de contratación;
III.    Autorizar las adjudicaciones cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestal;
IV.   Autorizar la celebración de contratos fuera del territorio nacional;
V.    Resolver en forma definitiva e inatacable las inconformidades y los recursos de revisión a que se refiere este Acuerdo, y [Modificado mediante Acuerdo 105/S4(21-IV-2015)]
VI.   Las demás que le atribuya expresamente el presente Acuerdo.
ARTICULO 15. OBJETO DEL COMITE.
El Tribunal contará con un Comité, que será un órgano colegiado con carácter permanente, que tiene por objeto dictaminar, discutir, proponer, y en su caso, autorizar la adquisición de bienes y contratación de servicios, arrendamientos, obra pública y servicios relacionados con la misma que se requieran.
ARTICULO 16. DE SU INTEGRACION.
 
El Comité estará integrado en los términos siguientes:
Con derecho a voz y voto:
Presidente:    El Secretario Administrativo;
Vocales:       El Coordinador de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública;
                   El Coordinador Financiero;
                   El Coordinador de Recursos Humanos y Enlace Administrativo;
                   El Director General de Administración Regional;
Con voz y sin voto:
Asesor
Permanente:  El Coordinador de Asuntos Jurídicos;
                   El Contralor Interno;
                   El Director General de Enlace y Transparencia; [Adicionado mediante Acuerdo 110/S4(29-IV-2014)]
Invitado
Permanente:  El Director General de Planeación y Evaluación Institucional;
Secretario
Técnico:        El Director General de Recursos Materiales;
Invitados:      Titulares de las diversas áreas del Tribunal, cuya intervención considere necesaria el Presidente, para aclarar aspectos técnicos o administrativos relacionados con los asuntos sometidos a la consideración del Comité.
El Coordinador de Adquisiciones, suplirá las ausencias del Presidente del Comité. Los integrantes con derecho a voz y voto, así como los asesores permanentes, podrán designar por escrito, en caso de ausencia, a sus respectivos suplentes, los cuales participarán con las mismas atribuciones que tiene asignadas el titular.
Las ausencias del Secretario Técnico las suplirá el funcionario que designe el Presidente del Comité.
La responsabilidad de cada integrante del Comité quedará limitada al voto o comentario que emita u omita, en lo particular, respecto al asunto sometido a su consideración, con base en la documentación que le sea presentada. Las determinaciones y opiniones de los miembros del Comité, no comprenderán las acciones u omisiones que posteriormente se generen durante el desarrollo de los procedimientos de contratación o cumplimiento de los contratos.
ARTICULO 17. FUNCIONAMIENTO DEL COMITE.
Las sesiones del Comité se celebrarán en los siguientes términos:
I.           Habrá dos sesiones ordinarias al mes, salvo que no existan asuntos a tratar. Sólo en casos justificados se podrán realizar reuniones extraordinarias;
II.          El Comité sesionará válidamente con la presencia de tres de sus integrantes, pero en ningún caso podrán llevarse a cabo sin la presencia del Presidente o, en su caso, del Coordinador de Adquisiciones, como Presidente suplente.
             Las decisiones se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos. En caso de empate el Presidente del Comité tendrá voto de calidad;
III.          La convocatoria y el orden del día, junto con la documentación soporte, se entregarán a los integrantes del Comité con dos días hábiles de anticipación a la convocatoria para la celebración de las sesiones ordinarias, y con un día hábil previo a la celebración de sesiones extraordinarias;
IV.         De cada sesión se levantará un acta con los acuerdos tomados, la cual será suscrita por los integrantes asistentes;
V.          Los asuntos que se sometan a consideración del Comité, se presentarán conforme al orden del día que apruebe el Presidente;
VI.         En el orden del día, invariablemente deberá incluirse un apartado correspondiente al seguimiento de acuerdos emitidos en las sesiones anteriores. En el punto correspondiente a asuntos generales, podrán incluirse asuntos de carácter informativo;
VII.        A más tardar en la primera sesión del año deberá presentarse a consideración de los miembros
del Comité, el calendario de sesiones ordinarias, los Programas Anuales de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y el de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, así como los montos de actuación que regirán para los distintos procedimientos de contratación en el ejercicio de que se trate, los cuales se someterán a consideración de la Comisión;
VIII.        El contenido de la información y documentación de los asuntos sometidos a consideración del Comité por las Áreas Solicitantes que los presenten, será bajo la total y absoluta responsabilidad de éstas;
IX.         Los asuntos que se sometan para autorización del Comité, se presentarán a través de un informe con la documentación soporte, el cual será elaborado por las Áreas Solicitantes; que deberá contener como mínimo: antecedentes, motivación y/o justificación, fundamento legal y punto de acuerdo;
X.          Los acuerdos que tome el Comité quedarán asentados en el formato de acuerdo que será elaborado por el Secretario Técnico y aprobado por el propio Comité, al cual dará lectura antes de recabar las firmas correspondientes, y
XI.         Se invitará a los titulares de las Áreas Solicitantes cuando presenten algún asunto al Comité.
ARTICULO 18. DEL COMITE.
Conforme a lo previsto en el presente Acuerdo, al Comité corresponde:
I.           Validar los Programas Anuales de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y el de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma y someterlo a la autorización de la Comisión;
II.          Verificar que los Programas Anuales de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios, y el de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, cuenten con los recursos financieros suficientes;
III.          Autorizar los fallos de los procedimientos de contratación con base en los informes ejecutivos correspondientes;
IV.         Aprobar las adjudicaciones sustentadas en los supuestos de excepción previstos en el artículo 73 de este Acuerdo;
V.          Aprobar los modelos de convocatoria, bases, contratos, pedidos, órdenes de servicio, orden de compra y de trabajo, así como sus actualizaciones;
VI.         Autorizar la suspensión, terminación anticipada o rescisión de los contratos;
VII.        Autorizar la modificación en monto y/o plazo a los contratos cuando las modificaciones rebasen el veinticinco por ciento;
VIII.        Informar sobre el ejercicio de sus funciones a la Comisión, cuando sea requerido;
IX.         Someter anualmente a la consideración de la Comisión por conducto del Presidente del Comité, los montos de actuación a que deberán sujetarse los procedimientos de licitación pública, invitación a cuando menos tres proveedores o contratistas y adjudicación directa;
X.          Aprobar, en los casos debidamente justificados, la adquisición de bienes muebles remanufacturados o reconstruidos;
XI.         Autorizar la exención de contratar seguros cuando por la naturaleza de los bienes o el tipo de riesgos a los que estén expuestos, el costo de aseguramiento represente una erogación que no guarde relación directa con el beneficio que se obtendría, o se constate que no exista oferta de seguros en el mercado;
XII.        Autorizar el pago anticipado de suscripciones, seguros, licencias o de otros servicios, en los que no sea posible pactar que su costo sea cubierto después de que el servicio sea prestado, cuando se trate de operaciones superiores al monto vigente de actuación para adjudicaciones directas;
XIII.        Autorizar la contratación de asesorías técnicas externas;
XIV.       Autorizar los trabajos extraordinarios en los contratos de obra pública cuando estos rebasen el 25% del contrato original;
 
XV.        Autorizar los ajustes de precios y de costos pactados en los instrumentos jurídicos correspondientes;
XVI.       Aprobar el programa de aseguramiento de los bienes patrimoniales del Tribunal;
XVII.      Autorizar la exención de la obligación de presentar la garantía de cumplimiento, previa justificación del Área Solicitante, en las contrataciones que rebasen el monto de adjudicación directa, de acuerdo a la naturaleza de los bienes o servicios de que se trate;
XVIII.      Autorizar el otorgamiento de anticipos;
XIX.       Establecer Subcomités específicos temporales para la revisión de bases o atender aspectos relevantes del Comité;
XX.        Autorizar el uso de algún procedimiento de contratación diverso a los regulados en este Acuerdo;
XXI.       Resolver en sesión pública todas las cuestiones relacionadas con la materia no previstas en el presente Acuerdo. [Modificado mediante Acuerdo 173/S6(16-VI-2015)]
Para tal efecto, se deberá levantar el acta correspondiente, además de ser videograbada, a fin de transparentarla en el portal de internet del Tribunal, y [Adicionado mediante Acuerdo 173/S6(16-VI-2015)]
XXII.      Las demás que le señale la Comisión, o que le atribuya expresamente la normativa interna.
ARTICULO 19. DEL PRESIDENTE.
El Presidente del Comité tendrá las siguientes funciones:
I.           Informar a la Comisión sobre el ejercicio de las atribuciones del Comité, cuando sea requerido;
II.          Convocar al Comité a reuniones ordinarias y extraordinarias, cuando sea necesario;
III.          Autorizar las convocatorias así como el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias;
IV.         Presidir, dirigir y moderar las sesiones, así como emitir su voto respecto de los asuntos puestos a consideración del Comité;
V.          Requerir a las diversas áreas del Tribunal la asesoría y estudio pormenorizado de cuestiones de carácter técnico especializado respecto de asuntos que sean sometidos al Comité. Cuando juzgue necesario, podrá citar a sus titulares para que concurran a las sesiones correspondientes con el carácter de asesores temporales o invitados;
VI.         Representar al Comité;
VII.        Vigilar el correcto funcionamiento del Comité;
VIII.        Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y demás ordenamientos de la materia, observando en todo momento las obligaciones contenidas en el artículo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y
IX.         Recibir, tramitar e integrar los recursos de revisión interpuestos de conformidad con el presente Acuerdo. [Adicionado mediante Acuerdo 105/S4(21-IV-2015)]
X.          Las demás que le sean encomendadas por la Comisión y el propio Comité.
ARTICULO 20. DE LOS VOCALES.
Los vocales tendrán las funciones siguientes:
I.           Asistir a las reuniones ordinarias o extraordinarias que celebre el Comité;
II.          Aprobar el orden del día de la sesión correspondiente;
III.          Dar su opinión y emitir su voto respecto de los asuntos puestos a su consideración;
IV.         Remitir al Secretario Técnico, en su caso, y de manera oportuna, los documentos de los asuntos que deseen someter a la consideración del Comité;
V.          Verificar que el desarrollo de las sesiones del Comité se realice de conformidad con el presente Acuerdo;
 
VI.         Cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y demás ordenamientos en la materia, observando en todo momento las obligaciones contenidas en el artículo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y
VII.        Las demás funciones que le sean encomendadas por el Comité.
ARTICULO 21. DEL SECRETARIO TECNICO.
El Comité se auxiliará en lo administrativo con un Secretario Técnico, que será el Director General de Recursos Materiales del Tribunal, quien se encargará de lo siguiente:
I.           Elaborar y someter a la autorización del Presidente del Comité la convocatoria y el orden del día de la sesión correspondiente;
II.          Verificar la debida integración de la documentación de los puntos que se someterán a la consideración del Comité;
III.          Remitir a los integrantes del Comité las convocatorias y el material de trabajo preparado para las reuniones ordinarias o extraordinarias;
IV.         Pasar lista de asistencia para determinar si existe quórum en la sesión a celebrarse;
V.          Suscribir los oficios cuya expedición haya acordado el Comité;
VI.         Comunicar mediante oficio a las áreas correspondientes, los acuerdos del Comité, anexando de ser necesaria, copia de la documentación soporte, para que atiendan el o los compromisos a su cargo, en el ámbito de sus responsabilidades;
VII.        Elaborar las actas de las sesiones que se someterán a la aprobación del Comité e integrarlas al expediente respectivo;
VIII.        Certificar las copias de las actas que se generen en las sesiones, así como los demás documentos que obren en los archivos del propio Comité, cuando proceda su expedición;
IX.         Registrar los acuerdos del Comité y darles el debido seguimiento;
X           Vigilar que el archivo de los documentos analizados por el Comité esté completo y se mantenga actualizado, cuidando su conservación por el tiempo mínimo que marca la normativa aplicable;
XI.         Vigilar que cada asunto aprobado por el Comité esté respaldado con la firma de los miembros asistentes a la sesión celebrada;
XII.        Cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley y demás ordenamientos en la materia, observando en todo momento las obligaciones contenidas en el artículo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y
XIII.        Las demás funciones que le sean encomendadas por la Comisión o el Presidente del Comité.
ARTICULO 22. DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO.
Conforme a lo previsto en el presente Acuerdo, al Secretario Administrativo le corresponde:
I.           Suscribir los instrumentos jurídicos que deriven de los procedimientos de contratación;
II.          Suscribir las resoluciones de las rescisiones administrativas de los instrumentos jurídicos que haya firmado;
III.          Autorizar las modificaciones a los programas anuales de ejecución;
IV.         Autorizar el pago por adelantado en las contrataciones en que se justifique debidamente, siempre y cuando no rebasen el monto vigente de actuación para adjudicación directa;
V.          Autorizar la exención de la obligación de presentar la garantía de cumplimiento en las contrataciones que autorice, previa justificación del Área Solicitante;
VI.         Autorizar la modificación a los contratos en materia de adquisiciones, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, cuando el monto a autorizar rebase el quince por ciento y hasta el veinticinco por ciento del monto contratado, y
VII.        Las demás que le atribuya expresamente el presente Acuerdo.
 
ARTICULO 23. DE LA COORDINACION DE ADQUISICIONES.
Conforme a lo previsto en el presente Acuerdo al Coordinador de Adquisiciones, corresponde:
I.           Autorizar la adjudicación de aquéllas adquisiciones y contratación de servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma que no superen el monto de adjudicación directa;
II.          Suscribir las órdenes de trabajo o de servicios, pedidos, contratos y demás instrumentos jurídicos que deriven de los procedimientos de contratación;
III.          Coordinar con las áreas correspondientes del Tribunal la elaboración y seguimiento de los Programas Anuales de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios, y el de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma;
IV.         Autorizar el inicio de los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos t res proveedores o contratistas y designar a los servidores públicos que presidirán los eventos;
V.          Aprobar y suscribir las convocatorias a las licitaciones públicas;
VI.         Declarar desierta o cancelar el procedimiento de licitación pública o invitación a cuando menos tres proveedores o contratistas de conformidad con lo previsto en el presente acuerdo;
VII.        Autorizar los trabajos extraordinarios en los contratos de obra pública cuando estos no rebasen el 15% del contrato original;
VIII.        Implementar los mecanismos para tener informadas a las diversas áreas del Tribunal sobre los procedimientos de contratación iniciados;
IX.         Autorizar el pago por adelantado en las contrataciones en que se justifique debidamente, siempre y cuando no rebase el monto de adjudicación directa;
X.          Informar mensualmente al Comité sobre las adjudicaciones que modifiquen los programas anuales de ejecución;
XI.         Autorizar las modificaciones en monto o plazo, a los pedidos, órdenes de servicio, de trabajo y contratos, hasta el quince por ciento del monto originalmente contratado;
XII.        Autorizar la exención de la obligación de presentar la garantía de cumplimiento en las contrataciones que autorice, previa justificación del Área Solicitante;
XIII.        Designar al servidor público que fungirá como Supervisor Interno de Obra;
XIV.       Implementar los mecanismos necesarios para el intercambio de información con los Delegados Administrativos, relacionada con las adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, que incidan en el presupuesto de estas últimas, a fin de que den seguimiento y evalúen el cumplimiento de sus Programas Anuales de Ejecución, y
XV.        Las demás que le atribuya expresamente el presente Acuerdo.
ARTICULO 24. DE LOS DELEGADOS ADMINISTRATIVOS.
Conforme lo previsto en el presente Acuerdo, a los Delegados Administrativos les corresponde:
I.           Autorizar las adjudicaciones directas que deban formalizarse mediante órdenes de servicio, pedidos de conformidad con los lineamientos y el monto de actuación vigentes, o las operaciones que les autorice la Comisión de Administración;
II.          Solicitar al Área Jurídica la elaboración de los contratos en el ámbito de su competencia;
III.          Solicitar las fianzas que procedan y remitirlas al Área Jurídica para su dictamen;
IV.         Elaborar, en su caso, el finiquito correspondiente para dar por concluidos parcial o totalmente los contratos en materia de adquisiciones, mediante firma de conformidad a la recepción de los bienes o servicios;
V.          Presentar al Comité por conducto de su Secretario Técnico, un informe trimestral de las adjudicaciones directas de su competencia;
VI.         Realizar adjudicaciones urgentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 del presente Acuerdo.
VII.        Las demás que le atribuya expresamente el presente Acuerdo
 
ARTICULO 25. DEL AREA JURIDICA.
Conforme a lo previsto en el presente Acuerdo al Área Jurídica corresponde:
I.           Presentar al Comité opinión fundada y motivada respecto de la declaratoria de impedimento para contratar;
II.          Elaborar el dictamen resolutivo legal que dispone el artículo 63 del presente Acuerdo;
III.          Emitir opinión respecto del anticipo no amortizado;
IV.         Solicitar y Dictaminar las fianzas presentadas por los proveedores y contratistas;
V.          Elaborar los instrumentos jurídicos correspondientes, y
VI.         Las demás que le atribuya expresamente el presente Acuerdo.
ARTICULO 26. DEL AREA FINANCIERA.
Conforme a lo previsto en el presente Acuerdo al Área Financiera corresponde:
I.           Elaborar el dictamen resolutivo financiero, a que se refiere el artículo 63 del presente Acuerdo;
II.          Coadyuvar en la elaboración de los Programas Anuales de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios, y el de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma;
III.          Entregar las fianzas a solicitud del proveedor o contratista, previo oficio de liberación expedido por el Área Solicitante, y
IV.         Las demás que le atribuya expresamente el presente Acuerdo.
ARTICULO 27. DEL AREA DE ADQUISICIONES.
Conforme a lo previsto en el presente Acuerdo al Área de Adquisiciones, corresponde:
I.           Elaborar el Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios;
II.          Rendir un informe mensual al Comité sobre el cumplimiento y avance de los Programas Anuales de Ejecución y sus modificaciones;
III.          Informar trimestralmente al Comité de los procedimientos de contratación que se lleven a cabo;
IV.         Requerir al Área Solicitante, el dictamen resolutivo técnico que determine la solvencia de las propuestas;
V.          Elaborar el dictamen resolutivo económico que dispone el artículo 65 del Acuerdo;
VI.         Requerir al Área Solicitante la justificación de adquisición de equipos en los que éstos sólo operen con insumos específicos de la marca del mismo equipo;
VII.        Presidir los eventos concursales, suscribir las actas y expedir las constancias que correspondan;
VIII.        Determinar el procedimiento de contratación, de conformidad con los montos de actuación;
IX.         Elaborar el informe ejecutivo que disponen los artículos 66 y 85 del Acuerdo;
X.          Suscribir las órdenes de trabajo, de servicios, pedidos, requisiciones y órdenes de compra, en los términos y condiciones conforme a las disposiciones correspondientes;
XI.         Notificar por escrito el fallo de adjudicación a los participantes, en caso de no celebrarse sesión pública;
XII.        Realizar las contrataciones urgentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 del presente Acuerdo;
XIII.        Solicitar oportunamente al Área Jurídica la elaboración de los contratos, una vez aprobadas las adjudicaciones que deriven de licitación pública y de invitación a cuando menos tres, y
XIV.       Las demás que le atribuya expresamente el presente Acuerdo.
 
ARTICULO 28. DEL AREA DE OBRAS.
Conforme a lo previsto en el presente Acuerdo al Área de Obras, corresponde:
I.           Elaborar el Programa Anual de Ejecución de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma;
II.          Rendir un informe mensual al Comité sobre el cumplimiento y avance del Programa Anual de Ejecución y sus modificaciones;
III.          Informar trimestralmente al Comité de las adjudicaciones directas que lleve a cabo;
IV.         Elaborar el dictamen resolutivo técnico que determine la solvencia de las propuestas;
V.          Elaborar el dictamen resolutivo económico que dispone el artículo 65 del Acuerdo;
VI.         Analizar la justificación de la necesidad del Área Solicitante en materia de obra pública;
VII.        Elaborar el finiquito correspondiente, con base en la recepción de conformidad de la obra o servicios relacionados con la misma;
VIII.        Elaborar un informe respecto del anticipo no amortizado, el cual deberá contener la opinión del Área Jurídica, a fin de someterlo al Comité para efectos del cobro de la garantía;
IX.         Solicitar al Área Jurídica, la elaboración de los contratos, una vez aprobadas las adjudicaciones;
X.          Llevar el control de las obras y aprobar las estimaciones y sus generadores;
XI.         Tramitar ante el Área de Finanzas en caso de existir un pago pendiente al finiquito de la obra;
XII.        Requerir al contratista la garantía por defectos y vicios ocultos, cuando proceda;
XIII.        Gestionar a petición del contratista la cancelación de las fianzas que correspondan, y
XIV.       Las demás que le atribuye expresamente el presente Acuerdo.
ARTICULO 29. DEL AREA SOLICITANTE.
Conforme a lo previsto en el presente Acuerdo, al Área Solicitante le corresponde, a través del Titular:
I.           Presentar al Área de Adquisiciones, de Obras, y/o Delegados Administrativos la información necesaria para la integración de los Programas Anuales de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios, y el de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma;
II.          Solicitar y Justificar por escrito al Área de Adquisiciones y/o Área de Obras sus necesidades no contempladas en los programas anuales de ejecución respectivos;
III.          Firmar como solicitante las órdenes de trabajo o de servicios, requisiciones, pedido u otro similar, por medio del cual se soliciten y adjudiquen bienes, servicios y obra pública, así como en calidad de testigo los contratos de su competencia;
IV.         Elaborar en su caso, el finiquito correspondiente para dar por concluidos parcial o totalmente los contratos en materia de adquisiciones, mediante firma de conformidad a la recepción de los bienes o servicios;
V.          Solicitar al Área Jurídica, la elaboración de los contratos adjudicados de manera directa;
VI.         Elaborar el dictamen técnico a que se refiere el artículo 64 del presente Acuerdo;
VII.        Someter a la consideración de la Comisión las contrataciones cuya vigencia rebasen un ejercicio presupuestal;
VIII.        Asistir a las sesiones del Comité a presentar los asuntos que someta a consideración del mismo. En caso de enviar algún suplente, éste debe tener un nivel inmediato inferior al titular, con pleno conocimiento del asunto a tratar, de lo contrario, se presentará el asunto sustentado en las constancias con que se dispongan;
IX.         Dar cumplimiento a los acuerdos que le sean comunicados por el Secretario Técnico del Comité, y
X.          Las demás que le atribuya expresamente el presente Acuerdo.
 
ARTICULO 30. DE LA CONTRALORIA.
Conforme a lo previsto en el presente Acuerdo, a la Contraloría corresponde:
I.           Analizar los documentos que le sean turnados por el Comité;
II.          Dar opinión respecto de los asuntos puestos a consideración del Comité y proponer recomendaciones preventivas en los casos que lo amerite;
III.          Ejercer la facultad de control y vigilancia sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo, en el marco de sus atribuciones que le establece la Ley, el Reglamento y demás disposiciones que emita la Comisión;
IV.         Sustanciar el procedimiento de inconformidad y presentar a la Comisión el dictamen de resolución respectivo, y
V.          Las demás que le atribuye expresamente el presente Acuerdo.
ARTICULO 30 BIS. DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA.
Conforme a lo previsto en el presente Acuerdo, al Área de Transparencia le corresponde:
I.           Analizar los documentos que le sean turnados por el Comité;
II.          Dar opinión respecto de procedimientos de adquisiciones, y proponer acciones en materia de transparencia;
III.          Emitir elementos técnicos sobre la publicidad o reserva de las contrataciones, en términos de las disposiciones legales aplicables, y
IV.         Las demás que le atribuye expresamente el presente Acuerdo. [Adicionado mediante Acuerdo 110/S4(29-IV-2014)].
TITULO TERCERO
DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
CAPITULO UNICO
ARTICULO 31. SISTEMATIZACION Y CALENDARIZACION DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE EJECUCION.
Los Programas Anuales de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, y de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, comprenden la planeación y proyección sistematizada y calendarizada de las adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, a nivel de programa y unidad responsable.
La Comisión anualmente autorizará los Programas Anuales de Ejecución con base en los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos aprobado para el Tribunal.
La Dirección General de Sistemas del Tribunal, en el primer bimestre del ejercicio que corresponda, deberá publicar en la página de Internet, los Programas Anuales de Ejecución, así como sus modificaciones, de manera trimestral.
ARTICULO 32. ASPECTOS DEL PROGRAMA ANUAL DE EJECUCION DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS.
El Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios deberá contemplar, entre otros, los siguientes aspectos:
l.           Los objetivos y metas;
ll.          Los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos correspondientes a las contrataciones, así como su calendarización;
lll.          Las acciones conducentes a la realización de las contrataciones;
lV.         Los programas institucionales del Tribunal;
V.          Las asignaciones que se hayan contemplado en el Presupuesto de Egresos del Tribunal, con base en el Plan Estratégico de Desarrollo Informático para el caso de bienes y servicios informáticos;
Vl.         Las áreas del Tribunal responsables de la ejecución;
Vll         Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que en su caso requieran las áreas del
Tribunal;
Vlll.        Los requerimientos programados de conservación, mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles;
lX.         La existencia de bienes que figuren en los inventarios del Tribunal, así como la estimación del tiempo de consumo para que los requerimientos se hagan en cantidad suficiente que garantice el abasto oportuno a las Áreas Solicitantes;
X.          Proyección de los procesos de licitación e invitación a cuando menos tres proveedores, que de manera consolidada se realizarán;
XI.         Las fechas límites para el trámite y solicitud de los procesos de adquisición correspondientes, y
XII.        Las demás para lograr un efectivo abastecimiento de bienes y servicios, que permitan el eficaz ejercicio de las atribuciones que le corresponde al Tribunal.
ARTICULO 33. ASPECTOS DEL PROGRAMA ANUAL DE EJECUCION DE OBRA PÚBLICA.
El Programa Anual de Ejecución de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma deberá contemplar los siguientes aspectos:
I.           Los estudios de preinversión programados que, en su caso, se requieran para sustentar la factibilidad técnica, económica y ecológica de los trabajos;
II.          Los objetivos y metas;
III.          Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras públicas, incluyendo, cuando corresponda, las obras principales, las de infraestructura, las complementarias y accesorias, así como las acciones para poner aquéllas en servicio;
IV.         Las necesidades programadas para la conclusión de la obra pública en proceso;
V.          Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde deba realizarse la obra pública;
VI.         Los resultados previsibles;
VII.        La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la realización de estudios y proyectos, así como de la ejecución de los trabajos;
VIII.        Las fechas previstas de iniciación y terminación de los trabajos;
IX.         Las investigaciones, asesorías, supervisión, consultorías y estudios que se requieran, incluyendo los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios;
X.          La adquisición del predio urbano que, en su caso, se haya previsto para realizar la obra requerida;
XI.         La regularización del régimen de propiedad o uso de los predios;
XII.        La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas;
XIII.        Los trabajos de conservación, mantenimiento preventivo mayor y correctivo, de los bienes inmuebles a su cargo;
XIV.       Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran;
XV.        Toda instalación pública deberá asegurar la accesibilidad, evacuación, libre tránsito sin barreras arquitectónicas, para todas las personas; cumplir con las normas de diseño, de señalización que se emitan, en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demás instalaciones análogas para las personas con capacidades diferentes;
XVI.       Los análisis que deban realizarse previamente, en los casos de adaptación, remodelación, instalación, ampliación, adecuación, restauración, conservación, mantenimiento y modificación de inmuebles que no sean propiedad del Tribunal, y
 
XVII.      Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta, según la naturaleza, características y complejidad de la obra.
ARTICULO 34. CONTRATACION DE CONSULTORIAS, ASESORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.
Las áreas que requieran contratar servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, previamente verificarán en sus archivos la existencia de trabajos sobre la materia de que se trate.
En el supuesto de que se advierta la existencia de dichos trabajos y se compruebe que los mismos satisfacen los requerimientos del Área Solicitante, no procederá la contratación, con excepción de aquellos trabajos necesarios para su adecuación, actualización o complemento.
Una vez verificado lo anterior, las Áreas Solicitantes a través del Área de Adquisiciones, podrán solicitar al Comité la contratación de los servicios mencionados, para lo cual deberán acompañar a la solicitud de autorización, el dictamen que motive y justifique su procedencia, así como la opinión del área correspondiente de que no se cuenta con el personal capacitado disponible, ni equipo y materiales necesarios para su realización.
ARTICULO 35. AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL Y LA RENDICION DE CUENTAS SOBRE SU CUMPLIMIENTO.
Una vez autorizados los programas anuales por la Comisión, el cumplimiento de éstos en lo específico, será responsabilidad de las Áreas Solicitantes, así como de las competentes para su ejecución, en el ámbito de sus atribuciones.
Dichas áreas deberán rendir cuentas del cumplimiento y avance de los programas anuales, mediante informes mensuales que conjuntará y procesará la Coordinación de Adquisiciones, a fin de ponerlos a consideración del Comité.
ARTICULO 36. CONTRATACIONES NO PROGRAMADAS.
Las Áreas Solicitantes previa disponibilidad presupuestal podrán solicitar a las Áreas de Adquisiciones y de Obras, según corresponda, la contratación de bienes, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, que no se encuentren en los Programas anuales de ejecución.
El Área Financiera previa verificación presupuestal, adoptará los mecanismos necesarios a fin de que las Áreas Solicitantes cuenten con saldo disponible en la partida presupuestal respectiva, de conformidad con los lineamientos correspondientes.
ARTICULO 37. CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES.
Se podrán convocar, adjudicar o contratar la adquisición de bienes, prestación de servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, solamente cuando cuenten con la certificación presupuestal correspondiente.
Para la realización de obra pública se requerirá contar con los estudios, proyectos, especificaciones de construcción y el programa anual de ejecución totalmente terminados.
En el caso de obras públicas que por sus características permitan proyectos integrales o llave en mano, deberán contar con un avance en su desarrollo que permita a los licitantes preparar una propuesta solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida, en concordancia con el programa anual de ejecución convenido.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores, será responsabilidad de los servidores públicos que autoricen el proyecto ejecutivo.
ARTICULO 38. CONTRATACIONES QUE REBASEN UN EJERCICIO FISCAL O INICIEN EN EL SIGUIENTE.
En las contrataciones materia del presente Acuerdo, cuya ejecución rebase el ejercicio presupuestal en el que se autoricen, se deberá atender a lo dispuesto en la normativa interna aplicable.
Se podrán convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya vigencia o plazo de ejecución inicie en el ejercicio fiscal siguiente.
En términos del presente artículo los pagos respectivos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de la vigencia o plazo de ejecución, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la falta de éstos origine responsabilidad alguna para las partes.
 
Sólo se dará trámite a este tipo de contrataciones, si el Área Solicitante que requiere el bien, servicio u obra acredita haber solicitado los recursos respectivos en el Proyecto de Presupuesto del año siguiente o en su caso, la autorización previa de la Comisión.
ARTICULO 39. REQUERIMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES PARA LA CONTRATACION.
Las Áreas Solicitantes requerirán por escrito al Área de Adquisiciones, al Área de Obras y según corresponda a los Delegados Administrativos, la contratación de las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, de acuerdo a sus necesidades.
TITULO CUARTO
DE LOS PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
CAPITULO PRIMERO
GENERALIDADES
ARTICULO 40. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION.
Las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma se adjudicarán mediante licitación pública, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Cuando no resulte idóneo celebrar licitación pública para asegurar las condiciones referidas, se adjudicarán mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores o contratistas, concurso público sumario o de manera directa.
[Modificado mediante Acuerdo 265/S9(8-IX-2015)]
ARTICULO 41. REQUISITOS Y CONDICIONES.
En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, debiendo proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.
Las comunicaciones que se realicen entre los servidores públicos y los participantes se efectuarán preferentemente por escrito (físico o electrónico) con la finalidad de que exista constancia del asunto, sin perjuicio de lo señalado por las disposiciones jurídicas aplicables.
[Modificado mediante Acuerdo 173/S6(16-VI-2015)]
ARTICULO 42. CONDICIONES NO NEGOCIABLES.
Las condiciones contenidas en las Bases de licitación, invitación a cuando menos tres proveedores, prestadores de servicios o contratistas, en el concurso público sumario y en las propuestas presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.
[Modificado mediante Acuerdo 265/S9(8-IX-2015)]
ARTICULO 43. INICIO Y CONCLUSION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION.
La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria; en el caso de invitación a cuando menos tres proveedores, prestadores de servicios o contratistas, con la entrega de la invitación y, en el concurso público sumario, con el envío de las solicitudes de cotización; dichos procedimientos concluyen con la emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo.
[Modificado mediante Acuerdo 265/S9(8-IX-2015)]
Todas las etapas del proceso de adjudicación y contratación, cuya naturaleza lo permita, serán videograbadas y resguardadas en la Secretaría Técnica del Comité y formarán parte del expediente de la licitación correspondiente. Concluido el proceso se harán públicas en el portal de internet del Tribunal, para privilegiar el principio de máxima publicidad. [Modificado mediante Acuerdo 173/S6(16-VI-2015)]
ARTICULO 44. OBSERVADORES Y TESTIGOS SOCIALES.
A los actos relativos de los procedimientos de contratación que se refiere este Acuerdo, podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia, se ajusten a los horarios establecidos, se identifiquen, acrediten su personería para el caso de que asistan a nombre de
alguna persona moral y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. En su caso, el Comité podrá autorizar que se gire la invitación a testigos sociales.
ARTICULO 45. DEL USO DE MEDIOS ELECTRONICOS.
Las licitaciones públicas podrán llevarse a cabo a través de medios electrónicos conforme a las disposiciones que emita la Comisión.
ARTICULO 46. FIDEICOMISOS Y MANDATOS.
No se podrán crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos, para llevar a cabo las contrataciones o para evadir lo previsto en este Acuerdo.
ARTICULO 47. COMPRAS CONSOLIDADAS.
El Tribunal podrá realizar contrataciones consolidadas, de manera conjunta con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y/o el Consejo de la Judicatura Federal.
ARTICULO 48. CRITERIO DE COSTO BENEFICIO.
Previo al procedimiento de contratación, el Área Solicitante deberá considerar los casos en los que resulte conveniente aplicar el criterio de adjudicación denominado costo beneficio, en cuyo caso, en las bases de licitación o invitación a cuando menos tres proveedores o contratistas se establecerá lo siguiente:
I.           La información que para la aplicación de este criterio deberán presentar los licitantes como parte de su propuesta;
II.          El método de evaluación que se utilizará, el cual deberá ser medible y comprobable, considerando los conceptos que serán objeto de evaluación, tales como mantenimiento, operación, consumibles, rendimiento u otros elementos, vinculados con el factor de temporalidad o volumen de consumo, así como las instrucciones que deberá tomar en cuenta el licitante para elaborar su propuesta; y
III.          De ser necesario el método de actualización de los precios de los conceptos considerados en el criterio de evaluación.
Tratándose de servicios, también se podrá utilizar el criterio de adjudicación de costo beneficio, aplicando en lo procedente lo dispuesto en este artículo.
En los casos a que se refiere este artículo, la adjudicación se hará a la propuesta que presente el mayor beneficio neto, mismo que corresponderá al resultado que se obtenga de considerar el precio, más el de los conceptos que se hayan previsto en el método de evaluación.
Para la adquisición de equipos, en los que éstos solo operen con insumos específicos de la marca del mismo equipo, salvo dictamen y justificación del Área solicitante, deberá aplicarse el criterio de evaluación a que se refiere este artículo, debiendo considerar para ello el importe de los consumibles requeridos como mínimo para un año, tomando como referencia los precios de lista que deberá proporcionar el licitante en su propuesta.
Para el suministro por parte del contratista, de equipos integrados a la obra, en los que éstos solo operen o deban operar para garantía de eficiencia y eficacia con la marca del mismo equipo ya instalado en el Tribunal, invariablemente y bajo su responsabilidad, se debe contar con el dictamen y justificación del Área Solicitante y/o técnica.
ARTÍCULO 48 BIS.
La Secretaría Administrativa, los Órganos Auxiliares, las Coordinaciones, las Direcciones Generales, así como las demás áreas administrativas que lleven a cabo procesos de adjudicación y de contratación o cualquier otra relacionada, al recibir o conocer de toda solicitud o petición de audiencia sobre asuntos de la competencia del Comité, lo harán del conocimiento de éste mediante informe ejecutivo que deberán rendir de conformidad con el artículo 17, fracción IX, de este Acuerdo General. [Adicionado mediante Acuerdo 173/S6(16-VI-2015)]
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
ARTICULO 49. DEFINICION.
Es el procedimiento público mediante el cual el Tribunal asigna o adjudica a la persona física o moral que le ofrece las condiciones más convenientes, en las adquisiciones, prestación de servicios y obra pública.
 
Licitación pública nacional es aquella en la que sólo pueden participar personas de nacionalidad mexicana.
En el caso de que los bienes seleccionados para adjudicación estén constituidos por más de un ochenta por ciento de materiales no nacionales, deberá establecerse en las bases y en el dictamen correspondiente, que el proveedor se compromete a garantizar la suficiencia de refacciones, accesorios y servicio para que esos bienes se mantengan en utilidad y funcionamiento por al menos cinco años.
Tratándose de obra pública, únicamente podrán participar contratistas de nacionalidad mexicana.
En la licitación pública internacional, podrán participar proveedores de cualquier nacionalidad, otorgándoseles el mismo trato que a los nacionales.
Se convocará preferentemente a licitación nacional y solamente cuando se presente alguno de los supuestos que a continuación se indican se convocará a licitación internacional:
l.           Cuando no exista oferta en cantidad o calidad de proveedores nacionales, previa investigación de mercado que se realice;
ll.          Cuando resulte conveniente para el Tribunal en términos de precio, y
lII.          En los demás casos en que así lo determine el Tribunal.
ARTICULO 50. PRESUPUESTO BASE.
El presupuesto base es el valor referencial de los bienes, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, a adquirir o contratar y se determinará por el Área de Adquisiciones y el Área de Obras mediante un valor aproximado o promedio de la información obtenida con alguna de las formas siguientes :
I.           Con la información que se encuentre disponible en CompraNet;
II.          La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente;
III.          La obtenida de los otros órganos del Poder Judicial de la Federación y de las entidades y dependencias del Estado Mexicano;
IV.         La obtenida a través de páginas de Internet, o por algún otro medio, siempre y cuando se cuente con la constancia de la información proporcionada que permita su verificación, y
V.          La obtenida a través de la información histórica con que cuente el Área de Adquisiciones o el Área de Obras.
ARTICULO 51. CONVOCATORIA.
La convocatoria de la licitación pública deberá prever como mínimo los siguientes aspectos:
I.           Indicación de que el Tribunal es quien convoca a la licitación pública;
II.          La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán consultar y adquirir las bases y especificaciones de la licitación, su costo y forma de pago;
III.          La descripción general, normas de calidad, cantidad y unidad de medida de los bienes o servicios objeto de la licitación. En el caso de arrendamiento la indicación de si es con opción a compra; para obra pública o de los servicios relacionados con la misma el lugar donde se llevarán a cabo;
IV.         La indicación de la fecha, hora y lugar de celebración de la junta de aclaraciones a las bases, del acto de apertura de propuestas y en su caso, de la visita al lugar en donde se prestarán los servicios, se entregarán los bienes, se realizará la obra o en que se prestarán los servicios relacionados con la misma;
En materia de obra pública y servicios relacionados con la misma, además deberá incluirse:
V.          Plazo de ejecución de los trabajos determinados en días naturales, y
VI.         Porcentaje de anticipo, que en su caso, se otorgaría.
Las convocatorias se publicarán en la sección especializada del Diario Oficial de la Federación, así como en la página de Internet del Tribunal.
ARTICULO 52. DEFINICION DE BASES.
Las bases son las condiciones, cláusulas o estipulaciones específicas necesarias, de tipo jurídico,
contable, técnico y económico, que se establecen para regular tanto el procedimiento de licitación como el contrato que se derive y su ejecución.
El Área de Adquisiciones y/o el Área de Obras, según corresponda, elaborarán las bases de la licitación, ajustándose a los modelos de bases aprobados por el Comité, el que podrá autorizar las modificaciones que se requieran cuando se necesite incluir condiciones distintas por las particularidades de la contratación. En dichas bases se deberá hacer del conocimiento de proveedores y contratistas los criterios que se tomarán en cuenta para la evaluación de las propuestas.
En las bases de la licitación deberá indicarse que los licitantes que se encuentren en posibilidad de ofertar insumos por debajo de los precios de mercado, deberán incluir en su propuesta económica la documentación soporte respectiva.
En las bases de licitación no se podrán establecer requisitos que limiten la libre participación de los interesados.
ARTICULO 53. COSTO E INSCRIPCION.
Cuando las bases impliquen un costo, éste será fijado en razón de la recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria y de la reproducción de los documentos que se entreguen.
El costo de las bases deberá ser cubierto directamente por los interesados en la Tesorería del Tribunal o en el lugar que se indique en la convocatoria, mediante pago en efectivo, cheque certificado o de caja a nombre del Tribunal o depósito en la cuenta bancaria que se determine. Dicho pago deberá cubrirse previamente a su inscripción.
Para tener derecho a presentar propuestas, los interesados deberán inscribirse a la licitación en las oficinas del Área de Adquisiciones o en su caso con el Delegado Administrativo, presentando el recibo de pago correspondiente. En caso de que la licitación pública se realice en alguno de los Estados de la Federación, en las bases se indicará el lugar en que deberán inscribirse los interesados.
ARTICULO 54. REQUISITOS MINIMOS DE LAS BASES.
Las bases se pondrán a disposición de cualquier interesado para su consulta y revisión, proporcionándose igual información a todos los participantes, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante el periodo de entrega y contendrán como mínimo lo siguiente:
I.           Indicación de que el Tribunal es quien convoca a la licitación pública;
II.          La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal, la personalidad de su representante, la experiencia y capacidad técnica y financiera;
III.          Fecha, hora y lugar de las juntas de aclaraciones a las bases de la licitación, en su caso señalar si la asistencia es obligatoria u optativa; fecha, hora y lugar de celebración del acto de la presentación y apertura de propuestas; y comunicación del fallo y firma del contrato;
IV.         La indicación de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes, servicios o trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes;
V.          La indicación de que las propuestas deberán presentarse en idioma español. Los anexos técnicos y folletos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes o servicios, acompañados de una traducción simple al español;
VI.         Moneda en que se cotizará y efectuará el pago respectivo, en los casos en que se determine efectuar los pagos en moneda extranjera, los mismos se realizarán en moneda nacional al tipo de cambio publicado por el Banco de México en la fecha del pago;
VII.        Criterios claros y detallados para la evaluación de las propuestas y la adjudicación de los contratos;
VIII.        La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las propuestas presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas;
IX.         Descripción completa de los bienes o servicios, información específica que requieran respecto a mantenimiento, asistencia técnica y capacitación, así como la relación de refacciones que deberán cotizarse cuando sean parte integrante del contrato;
X.          Condiciones de pago, señalando el momento en que se haga exigible;
XI.         Datos sobre las garantías; así como la indicación de si se va a otorgar anticipo, en cuyo caso deberá señalarse el porcentaje respectivo y el momento en que se entregará;
 
XII.        Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio donde se entregaran los bienes, se prestarán los servicios o se ejecutarán los trabajos, indicando si es o no obligatoria;
XIII.        Plazo y condiciones de entrega de los bienes o la prestación de los servicios determinado en días naturales, indicando la fecha estimada de inicio y término de los mismos; así como la indicación del lugar, dentro del territorio nacional, donde deberán efectuarse las entregas. Cuando se trate de diferentes lugares de entrega, podrá establecerse que se propongan precios para cada uno de éstos o uno solo para todos ellos;
XIV.       En el caso de contratos abiertos, la información a que alude el artículo 118 de este Acuerdo;
XV.        La pena convencional que sea aplicable por atraso en la entrega de los bienes, en la prestación de los servicios o en la ejecución de los trabajos;
XVI.       La indicación de que el licitante ganador que, dentro del plazo previsto en el artículo 120, no firme el contrato por causas a él imputables será imposibilitado temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos;
XVII.      Modelo de contrato al que se sujetarán las partes;
XVIII.      En su caso, términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación de los licitantes cuando las propuestas sean enviadas a través del servicio postal, de mensajería o por medios remotos de comunicación electrónica. El que los licitantes opten por utilizar alguno de estos medios para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de una licitación;
XIX.       La indicación de que no podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas o impedidas conforme a cualquiera de las normas que rigen en la materia a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Asimismo, la indicación de que los participantes deberán presentar manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación establecidos en este Acuerdo, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos de lo anterior, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:
a.   Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción, y
b.   Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas. La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación. La falsedad en la manifestación a que se refiere esta fracción, será sancionada en los términos de este Acuerdo. En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta fracción, o si de la información y documentación con que cuente el Tribunal se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, no se procederá a la firmar de los contratos correspondientes;
XX.        Las condiciones de precio, en las que se precisará si se trata de precios fijos o variables;
XXI.       Las previsiones relativas a los términos y condiciones a las que se sujetará la devolución y reposición de bienes por motivos de fallas de calidad o cumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación;
XXII.      El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la adquisición, arrendamiento de bienes, prestación de los servicios, y para la ejecución de la obra pública y servicios relacionados con la misma;
XXIII.      La indicación de que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la indicación de que los mencionados derechos, para el caso de la contratación de servicios de consultoría, asesorías, estudios e investigaciones, se estipularán a favor del Tribunal, en los términos de las disposiciones legales aplicables;
XXIV.     La indicación de que cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participación;
XXV.      Las causas por las que podrá ser declarada desierta o cancelada la licitación, y
XXVI.     Datos sobre las garantías, porcentajes, forma y términos del anticipo que se conceda, así como su amortización.
 
En materia de obra pública, además deberán incluirse:
XXVII.     La indicación de contratación del aseguramiento de las obras;
XXVIII.    Información específica sobre las partes de los trabajos o servicios que en su caso, podrán subcontratarse;
XXIX.     Plazo y condiciones de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha estimada de inicio y término de los mismos;
XXX.      El procedimiento de ajuste de costos, en su caso;
XXXI.     Catálogo de conceptos y alcance de los mismos; así como los proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la propuesta; normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción aplicables; en el caso de las especificaciones particulares, deberán ser firmadas por el responsable del proyecto;
XXXII.     Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos de referencia que deberán precisar el objeto y alcances del servicio; las especificaciones generales y particulares; el producto esperado, y la forma de presentación, en su caso cuando resulte conveniente los tabuladores de las cámaras industriales y colegios de profesionales que deberán servir de referencia para determinar los sueldos y honorarios profesionales del personal técnico;
XXXIII.    Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, la que deberá llevarse a cabo posteriormente al último día de la venta de bases;
XXXIV.   Tratándose de contratos a precios unitarios o mixtos en su parte correspondiente, el procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse, así como el catálogo de conceptos, cantidades, unidades de medición, el que deberá ser firmado por el responsable del proyecto; la relación de conceptos de trabajo más significativos, de los cuales deberán presentar análisis, relación de los costos básicos de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción que intervienen en dichos análisis. En todos los casos se deberá prever que cada concepto de trabajo esté debidamente integrado, soportado, perfectamente en las especificaciones de construcción y normas de calidad solicitadas, procurando que estos conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo requeridos por el proyecto;
XXXV.    La relación de materiales y equipo de instalación que, en su caso, proporcione el Tribunal debiendo acompañar los programas de suministro correspondientes, y
XXXVI.   Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y magnitud de los trabajos, deberán cumplir los interesados, precisando cómo serán considerados en la evaluación.
Las bases que se emitan para las licitaciones públicas en materia de servicios relacionados con la misma, se exceptúan de contener los requisitos mínimos a que se refiere este artículo, ajustándose a los requerimientos conforme a la naturaleza de la contratación.
Para la participación, adjudicación o contratación no podrán exigirse requisitos que tengan por objeto limitar la libre participación. En ningún caso deberán establecerse requisitos o condiciones imposibles de cumplir.
ARTICULO 55. DE LA DOCUMENTACION CONTABLE EN MATERIA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.
De acuerdo con las características, magnitud y complejidad de los servicios o de los bienes, en las bases de la licitación se solicitará a los participantes la documentación contable necesaria, para que acrediten su capacidad financiera.
Para tal efecto se les solicitará original y copia simple, para su cotejo de:
I.           La declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente al último ejercicio fiscal, así como de los pagos provisionales del ejercicio en curso, hasta el mes previo a la presentación de la propuesta; y
II.          Los estados financieros que consistirán preferentemente, de manera enunciativa mas no limitativa, de balance general y estado de resultados.
             En materia de obra pública además deberá presentar:
III.          La declaración de contar con el capital de trabajo solicitado en las bases.
 
En caso de tener la obligación legal, los estados financieros deberán presentarse debidamente auditados y, en su caso, dictaminados de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Tratándose de personas morales que no se encuentren legalmente obligadas, bastará la entrega de estados financieros debidamente firmados por funcionario facultado.
En el caso de personas físicas con actividad empresarial, será suficiente la entrega de su estado de situación patrimonial con firma autógrafa.
Dicha documentación no se solicitará en las adjudicaciones directas.
ARTICULO 56. MODIFICACION DE LAS BASES.
El Tribunal, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar aspectos establecidos en la bases, a más tardar el quinto día hábil previo al acto de presentación y apertura de propuestas, debiendo comunicar a los licitantes dichas modificaciones a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen.
Las modificaciones que se mencionan en el párrafo anterior en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes, servicios o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.
Cualquier modificación a las bases de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de las bases y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de sus propuestas.
ARTICULO 57. ACLARACION A LAS BASES DE LICITACION.
El Tribunal podrá celebrar las juntas de aclaraciones que considere necesarias, las cuales deberán celebrarse posterior a la visita al sitio de entrega de los bienes, prestación de los servicios y/o realización de los trabajos, atendiendo a las características, magnitud y complejidad de los mismos objeto de la licitación pública. La asistencia a la junta de aclaraciones es optativa para los licitantes, pero solo podrán solicitar aclaraciones, las personas que hayan adquirido las bases correspondientes.
El servidor público que presida la junta de aclaraciones deberá ser asistido invariablemente por un representante del área técnica y del Área Solicitante, a efecto de que brinde el apoyo requerido para dar contestación a las solicitudes de aclaración correspondientes. Dichas solicitudes deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en las bases de la licitación pública, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona, pues en caso de que no cumplan con este requisito podrán ser desechadas. En todo caso, en la junta de aclaraciones solo procederán aquellas modificaciones a las bases que no limiten la libre participación o incluyan requisitos imposibles de cumplir por los licitantes.
Las solicitudes de aclaración, podrán enviarse a través de correo electrónico o entregarse personalmente por escrito, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones.
En caso de que se celebren más de una junta de aclaraciones, entre la última y el acto de presentación y apertura de propuestas deberá existir un plazo de al menos cinco días hábiles. De resultar necesario, la fecha señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de propuestas podrá diferirse.
De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar las solicitudes de aclaración y las respuestas del Tribunal, la que contendrá la firma de los licitantes que hubieren asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas. Será responsabilidad de los licitantes que no asistan a la junta de aclaraciones, recoger la copia del acta levantada al efecto.
ARTICULO 58. VISITA.
En caso de adquisiciones, prestación de servicios y de obra pública, podrá realizarse una visita al lugar en que se prestarán o ejecutarán los mismos, y tendrá como objeto que los licitantes conozcan las condiciones del entorno ambiental y urbano, así como las características referentes al grado de dificultad de los servicios a prestar y/o de los trabajos a ejecutar, así como sus implicaciones de carácter técnico. De dicha visita se expedirá a los participantes una constancia de asistencia, la cual será requisito para tener derecho a presentar propuestas.
Durante la visita al lugar no se responderá pregunta alguna, ya que éstas se atenderán durante la junta de aclaraciones.
ARTICULO 59. ENTREGA DE LAS PROPUESTAS.
 
La entrega de las propuestas se efectuará en el acto de apertura, pudiéndose presentar fuera d el sobre la documentación legal y contable, pero siempre en el sobre cerrado las propuestas técnica y económica.
Las propuestas deberán presentarse por escrito en original, en papelería membretada del licitante sin tachaduras o enmendaduras, firmada autógrafamente en la última hoja del documento que las contenga, rubricada y foliada en todas sus hojas por el representante legal o persona legalmente autorizada.
En caso de detectarse deficiencias en el foliado de las propuestas técnica y económica, el servido r público que presida el acto, procederá a subsanarlas en presencia de los participantes en el procedimiento.
ARTICULO 60. DE LA PARTICIPACION CONJUNTA.
En las licitaciones públicas se aceptarán propuestas conjuntas. Para ello se incluirán en las bases de licitación los requisitos necesarios para la presentación de dichas propuestas. En todo caso, deberán observar lo siguiente:
I.           Tendrán derecho a participar, obteniendo alguno de los integrantes del grupo, solamente un ejemplar de bases;
II.          Las personas que integran la agrupación deberán celebrar un convenio de proposición conjunta, en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:
a)   Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;
b)   Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;
c)   La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta y con el procedimiento de licitación, mismo que firmará la propuesta;
d)   La descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante de la agrupación, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y
e)   Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.
III.          En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante común de la agrupación deberá señalar que la propuesta se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la facción II de este artículo se presentará con la propuesta y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formará parte del mismo como uno de sus anexos.
IV.         Para determinar la capacidad financiera, se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o solidaría, y
V.          Los demás que el Tribunal estime necesarios de acuerdo a las particularidades de la licitación.
En el supuesto de que resulte adjudicada una propuesta conjunta, el contrato deberá ser firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta o sus apoderados, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad.
ARTICULO 61. APERTURA DE PROPUESTAS.
El acto de apertura de propuestas se realizará en sesión pública que presidirá el servidor público autorizado, debiendo contar con la intervención de la Contraloría, del Área Jurídica y del Área Financiera, los que actuarán en el ámbito de su respectiva competencia.
La Contraloría y el Área Jurídica intervendrán en los actos de apertura de los procedimientos que se realicen en el interior de la República conforme a sus atribuciones. De no ser posible dicha intervención, se hará mediante video conferencia y se deberá enviar a la Contraloría y al Área Jurídica copia de toda la documentación generada durante los mismos.
 
El acto de apertura de propuestas se realizará el día, lugar y hora señalados en la convocatoria respectiva conforme a lo siguiente:
l.           Se celebrara en un solo evento.
ll.          Los licitantes entregarán sus propuestas conforme a lo indicado en el artículo 59 de este Acuerdo.
Los participantes deberán permanecer en el acto de apertura hasta su conclusión, de no ser así, la propuesta que presenten no será tomada en consideración, para las siguientes etapas del procedimiento. [Modificado mediante Acuerdo 149/S6(11-VI-2013)]
Una vez recibida la documentación legal, contable, técnica y económica presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido, se descalificarán a las que hubieren omitido alguno de los requisitos establecidos en las bases.
Las propuestas presentadas serán rubricadas por dos participantes cuando menos y por el servidor público que preside el acto y el representante de la Contraloría y el Área Jurídica.
En caso de que la apertura de las propuestas no se realice en la misma fecha, por caso fortuito o fuerza mayor, los sobres cerrados que las contengan serán firmados en los términos señalados en el párrafo anterior, y quedarán en custodia del Área de Adquisiciones la cual informará en dicho acto la fecha, lugar y hora en que se continuará con la apertura.
Del acto de apertura de propuestas, se levantará acta circunstanciada la cual será firmada por los asistentes haciéndose constar su desarrollo de manera detallada e incluyéndose textualmente las observaciones que, en su caso, manifiesten los concursantes. La falta de firma por parte de algún proveedor o contratista no invalidará el contenido del acta.
Las propuestas desechadas serán devueltas transcurridos diez días hábiles contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación, previa solicitud por escrito del proveedor o contratista.
ARTICULO 62. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.
En todos los casos se deberá verificar que las propuestas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de la licitación o de la invitación y sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos y oferte el precio solvente más bajo. Se podrá evaluar al menos las dos propuestas cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.
En las Bases de licitación pública deberán establecerse los rubros y subrubros de las propuestas técnica y económica que integran la propuesta; la calificación numérica o de ponderación que puede alcanzarse u obtenerse con cada uno de ellos; el mínimo de puntaje o porcentaje que los licitantes deberán obtener en la evaluación de la propuesta técnica para continuar con la evaluación de la propuesta económica, y la forma en que deberán acreditar el cumplimiento de los aspectos requeridos por la convocante en cada rubro o subrubro para la obtención de puntos o unidades porcentuales.
Los mecanismos para evaluar la solvencia de las propuestas deberán guardar relación con cada uno de los requisitos y especificaciones señalados para la presentación de las propuestas.
Para la evaluación de la solvencia de las propuestas se aplicará además, dependiendo la complejidad de la contratación, alguno de los siguientes mecanismos:
I.           Binario: consiste en determinar la solvencia de las propuestas a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones legales, financieras, técnicas y económicas requeridas por la convocante.
II.          De puntos o porcentajes: que consiste en determinar la solvencia de las propuestas, a partir del número de puntos o unidades porcentuales que obtengan las propuestas conforme a la puntuación o ponderación establecida en la convocatoria a la licitación pública.
Quedan comprendidos entre los requisitos cuyo incumplimiento, por sí mismos, no afecten la solvencia de la propuesta, el proponer un plazo de entrega menor al solicitado, tratándose de adquisiciones y prestación de servicios, en cuyo caso, prevalecerá el estipulado en las bases de licitación; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica; el no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida. En ningún caso podrán suplirse las deficiencias sustanciales de las propuestas presentadas.
ARTICULO. 63. EVALUACION LEGAL Y FINANCIERA PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPUESTAS.
La documentación legal y financiera presentada estará sujeta a un análisis a fin de acreditar a satisfacción del Tribunal su situación jurídica y su solvencia financiera, para lo cual el Área Jurídica y el Área Financiera elaborarán los dictámenes resolutivos legal y financiero, los cuales se sujetarán a lo siguiente:
I.           El dictamen resolutivo legal contendrá la determinación sobre el cumplimiento de los diversos requisitos relacionados con la existencia legal de la empresa, el alcance de las facultades de su
representante y la inexistencia de motivos de restricción para contratarla.
II.          El dictamen resolutivo financiero contendrá la determinación sobre el cumplimiento de los diversos requisitos contables y financieros por parte de los proveedores, prestadores de servicios, contratistas o prestadores de servicios relacionados con la obra, en los términos establecidos en las bases conforme al análisis de la documentación que hubiesen presentado, tomando en cuenta que los requisitos solicitados disminuirán para contrataciones de montos menores o cuando los pagos respectivos se realicen una vez recibidos los bienes a plena satisfacción.
Los criterios para evaluar los requisitos legales y financieros se establecerán en las bases o invitación correspondientes.
ARTICULO 64. EVALUACION TECNICA EN MATERIA DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA.
El dictamen resolutivo técnico realizado por el Área Solicitante y/o el Área Técnica, o en su caso, por el Área de Obras, determinará el cumplimiento por parte de cada una de las propuestas presentadas, de las condiciones y requerimientos técnicos señalados en las bases, conforme a las disposiciones generales aprobadas por el Tribunal, para lo cual realizará el estudio y análisis pormenorizado de las propuestas técnicas, y en los casos que se estime necesario de pruebas de rendimiento de las muestras presentadas por los proveedores o prestadores de servicios, verificando que cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas de calidad que corresponda, previamente indicadas en las referidas bases, y en obra pública el análisis sobre la experiencia y capacidad de los participantes, sobre las características de los materiales requeridos por las normas de calidad, así como de especificaciones generales y particulares de construcción, conforme lo establecido en las bases respectivas.
La evaluación de las propuestas de bienes y/o servicios que se realice deberá contener por lo menos los siguientes aspectos:
I.           El material, modelo y diseño del producto que los licitantes están ofertando deberá ser el solicitado;
II.          El Tribunal de acuerdo a lo señalado en las bases podrá realizar cualquier tipo de prueba destructiva para verificar la veracidad y calidad de los materiales así como pruebas de laboratorio, si así se considera y evalúa necesario;
III.          Las muestras físicas se someterán a las pruebas que considere necesarias el Área Solicitante o el usuario final;
IV.         Dimensionamiento. Se verificarán todas las medidas que hayan sido establecidas en las bases de la licitación, con el objetivo de comprobar si las muestras cumplen con este rubro, debiendo evaluar, en su caso, las variaciones dentro de un parámetro razonable, y
V.          Que la planeación integral propuesta por la empresa a evaluar, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los servicios a desarrollar.
En tratándose de las propuestas de obra pública sobre la base de precios unitarios y/o tiempo determinado se deberá evaluar como mínimo:
a.          Que el programa de ejecución corresponda al plazo de ejecución establecido por el Tribunal;
b.          Que los programas específicos de suministros y utilización, calendarizados y cuantificados, sean congruentes con el programa de ejecución general de los trabajos;
c.          Que los programas de suministro y utilización de materiales de mano de obra o maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos en el procedimiento constructivo a ejecutar;
d.          Que los insumos propuestos correspondan a los programas presentados;
e.          Que en el consumo del material por unidad de medida para el concepto de trabajo, se consideren los desperdicios, mermas, y en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate;
f.           Que las características, especificaciones, calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, cumplan los requerimientos establecidos por el Tribunal en las normas de calidad, especificaciones generales y particulares de construcción;
g.          Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;
h.          Que los rendimientos en la mano de obra, se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo, considerando rendimientos observados en otras obras contratadas; y
 
i.           Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición;
Tratándose de propuestas técnicas a precio alzado, además se deberá verificar:
j.           Que los suministros y utilización de los insumos sean acordes con el proceso constructivo para su correcto aprovechamiento y uso;
k.          Que las características, especificaciones, calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, cumplan con los requerimientos de las bases para realizar los trabajos correspondientes.
ARTICULO 65. EVALUACION ECONOMICA EN MATERIA DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA.
Para la adjudicación de los contratos, además de los aspectos señalados en cuanto a la evaluación de las propuestas, se considerará para evaluar la solvencia económica de la propuesta que corresponda:
A.          El presupuesto base que al efecto se elabore, así como el precio comparativo o estimado, según las características, complejidad y magnitud de los bienes, servicios o de los trabajos a adjudicarse; y
B.          El presupuesto base servirá de parámetro comparativo para determinar la solvencia económica de las propuestas. No se considerará solvente aquella que rebase el 20% del precio fijado, salvo aprobación del Comité.
El dictamen resolutivo económico realizado por el Área de Adquisiciones y el Área de Obras, con base en el estudio pormenorizado de las propuestas económicas presentadas, deberá contener cuando menos los siguientes aspectos:
I.           Análisis comparativo de precios ofertados contra el presupuesto base.
II.          Pronunciamiento sobre si los proveedores, prestadores de servicios y contratistas cumplen los requisitos solicitados para la contratación, relativos al plazo de entrega, forma de pago y descripción de garantías de los bienes, servicios o trabajos.
III.          En el caso de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, además se deberá verificar:
a.   Que en los conceptos que integran la propuesta, se establezca el precio unitario; revisando que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente;
b.   Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, estén estructurados con costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad adecuados;
c.   Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción;
d.   Que los precios básicos de adquisición de los materiales, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes de mercado;
e.   Que los costos básicos de mano de obra, se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a sueldos y salarios de técnicos y trabajadores:
f.    Que los costos horarios por la utilización de maquinaria y equipo de construcción, se determinen por hora efectiva de trabajo;
g.   Que los análisis de costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad, se hayan estructurado conforme se señaló en las bases correspondientes;
h.   Que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran; y
i.    Que los programas específicos de erogación de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.
 
IV.         Tratándose de obra pública a precio alzado, además se deberá verificar:
a.   Que en todas y cada una de las actividades se establezca su importe;
b.   Que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran;
c.   Que exista congruencia en la red de actividades, la cédula de avances, pagos programados y el programa de ejecución, además de que sea acorde con el procedimiento constructivo; y
d.   Que los programas específicos de erogaciones sean congruentes con el programa general de ejecución y que los insumos propuestos correspondan a los períodos de los programas presentados.
ARTICULO 66. INFORME EJECUTIVO.
El Área de Adquisiciones elaborará un informe ejecutivo que deberá contener los siguientes aspectos:
I.           El dictamen resolutivo legal;
II.          El dictamen resolutivo financiero;
III.          El dictamen resolutivo técnico;
IV.         El dictamen resolutivo económico;
V.          El desarrollo del procedimiento de licitación incluyendo las incidencias que en su caso se hayan presentado, y
VI.         La propuesta de adjudicación al concursante que ofrezca las mejores condiciones para el Tribunal.
El informe ejecutivo deberá someterse a consideración del Comité a fin de que realice su valoración formal, y con base en ello, en su caso, autorice el fallo respectivo.
ARTICULO 67. NOTIFICACION DEL FALLO.
Una vez autorizada la adjudicación se comunicará el fallo a los participantes en sesión pública.
En caso de que no sea posible celebrar sesión pública para dar a conocer el fallo de adjudicación, el Área de Adquisiciones deberá notificar por escrito a los participantes.
El fallo deberá contener como mínimo lo siguiente:
a.          Nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas como resultado de su análisis detallado y las razones que se tuvieron para ello;
b.          Nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron determinadas como solventes;
c.          Nombre del o los licitantes a quienes se adjudique el contrato, indicando en su caso, la o las partidas, conceptos, montos asignados u obra pública;
d.          Información sobre la firma del contrato, presentación de garantías y, en su caso, entrega de anticipo, conforme a las bases de licitación o de invitación.
ARTICULO 68. ADJUDICACION A LA SEGUNDA PROPUESTA.
Cuando notificada la adjudicación del total de partidas o de alguna partida, o de los servicios o trabajos, alguno de los licitantes ganadores no sostuviera su oferta, el Comité podrá autorizar la adjudicación al licitante que hubiese ofertado la segunda mejor oferta solvente, siempre que la misma cumpla con los requerimientos de las bases, y el precio de la oferta no sea superior en un 20% del presupuesto base.
En caso de que se autorice la adjudicación a la segunda propuesta, el Área de Adquisiciones notificará por escrito al licitante que la ofertó.
ARTICULO 69. DESCALIFICACION.
El incumplimiento de las condiciones establecidas en las bases de la licitación y la contravención a lo dispuesto por el presente Acuerdo, por parte de algún participante, será motivo de descalificación, lo cual se hará de su conocimiento por escrito, debiéndose fundar y motivar formalmente la causa para descalificar su propuesta.
ARTICULO 70. LICITACION PÚBLICA DESIERTA.
Se declarará desierta la licitación pública en los siguientes supuestos:
l.           Que no se adquieran bases;
 
II.          Que no se presenten propuestas en el acto de apertura;
lIl.          Que ninguna de las propuestas presentadas reúna los requisitos establecidos en las bases de la licitación, y
lV.         Que los precios propuestos no fueren aceptables.
Una vez declarada desierta la licitación, se podrá realizar una segunda convocatoria para licitación o se efectuará la contratación mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores o contratistas. En la hipótesis de que también sea declarado desierto, el Comité podrá autorizar su adjudicación directa a propuesta del Área de Adquisiciones.
Tratándose de licitaciones en las que una o varias partidas se declaren desiertas en virtud de los supuestos antes enunciados, se procederá a su contratación mediante adjudicación directa, cuando así lo justifique su monto.
ARTICULO 71. CANCELACION DE LA LICITACION.
El Coordinador de Adquisiciones podrá cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas por caso fortuito o fuerza mayor, o cuando existan circunstancias debidamente justificadas que extingan la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o servicios de que se trate, o la contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma, y que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al Tribunal, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.
Cuando se realice la cancelación de una licitación pública se deberá notificar por escrito a los licitantes y a la Contraloría, dentro de los diez días hábiles siguientes a la cancelación, las razones justificadas que funden y motiven dicha determinación y se cubrirán el costo de las bases a los participantes.
Los licitantes podrán solicitar al Tribunal el costo de las bases en un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la fecha de la notificación de la cancelación de la licitación pública.
El mencionado gasto será pagado dentro de un término que no podrá exceder de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la solicitud del licitante.
ARTICULO 72. PLAZOS PARA LICITACIONES PÚBLICAS.
Las licitaciones públicas se realizarán en los plazos siguientes:
l.           La consulta y venta de bases se realizará durante un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria;
ll.          Entre el último día de venta de bases y el acto de apertura de propuestas deberá mediar un plazo mínimo de diez días hábiles;
III.          Para la emisión del informe ejecutivo deberá mediar un plazo máximo de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que tenga verificativo el acto de apertura de propuestas. En casos excepcionales y por la complejidad de la licitación, a juicio de la Coordinación de Adquisiciones, el plazo podrá prorrogarse hasta por diez días hábiles adicionales, y
IV.         Entre la presentación del informe ejecutivo al Comité y la emisión del fallo, mediará un plazo máximo de diez días hábiles.
CAPITULO TERCERO
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA
ARTICULO 73. EXCEPCIONES A LA LICITACION PÚBLICA.
Las contrataciones materia del presente Acuerdo que por su monto deban sujetarse a una licitación pública, podrán adjudicarse a través de una invitación a cuando menos tres proveedores o contratistas o adjudicarse en forma directa, en los siguientes supuestos:
I.           Adquisición de mobiliario y equipo de oficina que se obtiene con proveedores idóneos, para lograr la homogeneidad;
II.          Adquisición de bienes de marca determinada cuando existan razones justificadas;
III.          Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes debidamente justificados;
IV.         Tratándose de contratos que solo puedan celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras artísticas, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos;
 
V.          Servicios de pensión o estacionamiento, así como el mantenimiento o reparación de vehículos con características específicas de seguridad. En la contratación de los primeros, los aspectos fundamentales a considerar son las condiciones del lugar y su proximidad a los inmuebles donde se encuentren instalaciones del Tribunal. [Modificado mediante Acuerdo 333/S12(10-XII-2013)]
             En la contratación de los segundos, se deben considerar las condiciones de seguridad específica de cada vehículo; así mismo, se debe hacer uso de la garantía que otorgue la proveedora y en su caso realizar las acciones necesarias para conservar dicha garantía. [Modificado mediante Acuerdo 333/S12(10-XII-2013)]
VI.         Adquisición de bienes, prestación de servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma que por razones de seguridad y/o confidencialidad para el Tribunal, se requiera contratar con alguna persona física o moral;
VII.        Servicios profesionales prestados por una persona física, siempre que sean realizados por ella misma sin requerir de la utilización de más de un especialista o técnico;
VIII.        Adquisición de bienes y servicios, así como contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma, por circunstancias específicas que hayan generado un rezago considerable en la instalación o reubicación de áreas administrativas u órganos jurisdiccionales, debidamente autorizados, o bien, se presenten situaciones extraordinarias que impliquen su instalación o reubicación inmediata;
IX.         Contratación de proyectos relacionados con obra pública que se requieran para la readaptación o remodelación de algún inmueble del Tribunal, cuando resulte conveniente contratar con el profesionista que haya realizado el proyecto de construcción original;
X.          Servicios de hospedaje y transportación nacional e internacional que se requieran para el desempeño de comisiones o eventos oficiales, de conformidad con la norma interna;
XI.         Material bibliohemerográfico;
XII.        Contrataciones de prestadores de servicios para la impartición de cursos y talleres socioculturales, de servicios de alimentos, de alquiler de recintos para la realización de eventos culturales, de servicios integrales de turismo, de visitas guiadas a centros culturales y de servicios de transporte requeridos;
XIII.        Contrataciones que se celebren con alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal, del Distrito Federal, o con Instituciones Educativas de carácter público.
XIV.       Servicios específicos de información, bases de datos, ponencias, asesoría, investigación, estudio s, dictámenes y otros que sean necesarios para las funciones inherentes de la presidencia del Tribunal, y
XV.        Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones cuando la información que se tenga que proporcionar a los licitantes para la elaboración de su proposición, se encuentre reservada en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y en la normatividad interna de la materia en el Tribunal.
ARTICULO 74. DETERMINACION ANUAL DE LOS PARAMETROS PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION POR LICITACION PÚBLICA.
Para la determinación del procedimiento de contratación se atenderá a los montos de actuación que autorice la Comisión, los que serán determinados anualmente a propuesta del Comité a más tardar en el primer mes del ejercicio de que se trate, de acuerdo al volumen de presupuesto que se haya destinado para las contrataciones materia del presente Acuerdo en el Presupuesto de Egresos correspondiente.
Las operaciones que se realicen al amparo de la presente disposición no deberán fraccionarse con el objeto de quedar comprendidas en un procedimiento diverso de contratación.
Se considerará que existe fraccionamiento cuando en las contrataciones se presente las circunstancias siguientes:
I.           Adquirir un bien o servicio determinado en distintos momentos y que sumandos estos, excedan los montos de actuación establecidos para cada tipo de operación, en un mismo ejercicio fiscal.
II.          Los bienes, servicios, objeto de la contratación, sean para el mismo fin; y en el caso de obra pública y servicios relacionados con la misma, los trabajos objeto de la contratación se refieran a la misma obra o proyecto.
 
III.          El Área de Adquisiciones o el Área Solicitante pudieron prever las contrataciones en un solo procedimiento, sin que se haya realizado de esta forma.
IV.         Las solicitudes de contratación se realicen por la misma Área Solicitante y el área contratante sea la misma, o bien, el Área Solicitante sea la misma y el área contratante sea diferente.
ARTICULO 75 CONTRATACIONES QUE NO REBASEN 300 VECES EL SALARIO MINIMO.
El Área de Adquisiciones y los Delegados Administrativos podrán realizar contrataciones objeto de este Acuerdo, mediante el instrumento legal correspondiente, comprobadas con la factura o comprobante fiscal respectivo, y sin necesidad de contar con dos cotizaciones, cuando el monto no exceda 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, siempre y cuando la suma de éstos no rebase en un año el monto de actuación para adjudicación directa. [Modificado mediante Acuerdo 333/S12(10-XII-2013)]
ARTICULO 76. RENOVACION SIN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.
Tratándose de servicios básicos e indispensables que el Tribunal se encuentre recibiendo de manera regular, los contratos respectivos podrán ser renovados sin necesidad de realizar un nuevo procedimiento de adjudicación, en caso de que así convenga a sus intereses, de conformidad con lo siguiente:
I.           Se cuente con dictamen del Área Solicitante en la que se deberá justificar la necesidad de continuar con los servicios de que se trate y se evalúe la calidad de los servicios;
II.          Dentro de la justificación se indicará el incremento pretendido, el que deberá ser siempre menor o igual al índice nacional de precios al consumidor que publica el Banco de México;
III.          Invariablemente se requerirá la autorización del Comité
Las renovaciones que se autoricen serán por una sola ocasión y por el lapso de un año. Los contratos plurianuales que se venzan en el ejercicio fiscal que corresponda, se podrán renovar por una sola ocasión de manera plurianual, y previa autorización de la Comisión.
ARTICULO 77. RESTRICCIONES PARA CONTRATAR.
El Tribunal se abstendrá de solicitar, invitar, inscribir y recibir propuestas o celebrar contratos en la materia, con las personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
I.           Las que se encuentren inhabilitadas por cualquiera de los órganos competentes de la Administración Pública Federal, atendiendo al plazo que se hubiere determinado en la resolución respectiva;
II.          Derogada; [Modificado mediante Acuerdo 149/S6(11-VI-2013)]
III.          Aquéllas con las que los servidores públicos que intervengan en cualquier forma en la adjudicación del contrato tengan interés personal, familiar, de negocios, incluyendo los que puedan obtener algún beneficio para ellos, sus cónyuges, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales, de negocios, para socios o sociedades, incluyendo sus representantes legales, respecto de los cuales el servidor público o las personas antes referidas formen, hayan formado parte así como las hayan representado durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate;
IV.         Respecto de aquellas sobre las cuales el Tribunal haya formulado declaración de impedimento para contratar, por actualizarse alguno de los siguientes supuestos:
a.   Cuando a juicio del Área de Adquisiciones y/o del Área de Obras se advierta que para efectos de presentar la propuesta acordaron con otro u otros fijar los precios de los bienes o servicios, y tratándose de la obra pública o servicios relacionados con ésta, acordaron con otro u otros fijar los precios de la obra pública o servicios relacionados con esta, precio alzado o unitario, el costo de los materiales, salarios o demás conceptos objeto de la licitación;
b.   Si proporcionaron información falsa para participar en un concurso;
c.   Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos no formalicen el contrato adjudicado;
d.   Los proveedores, contratistas o prestadores de servicios relacionados con la obra que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como
consecuencia, causen daños o perjuicios al Poder Judicial de la Federación;
e.   Los proveedores, contratistas o prestadores de servicios relacionados con la obra que actúen con dolo o mala fe en alguna fase del procedimiento de contratación, en la celebración del contrato, así como durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una inconformidad;
f.    Los proveedores, contratistas o prestadores de servicios relacionados con la obra que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación;
g.   Los proveedores, contratistas o prestadores de servicios relacionados con la obra que se encuentren en situación de retraso en las entregas de los bienes, en la prestación de los servicios o el avance de obra, por causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u otros contratos celebrados con la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Consejo de la Judicatura Federal, siempre y cuando éstos últimos, por tal motivo, hayan resultado gravemente perjudicados, lo que calificará la instancia competente;
h.   Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado;
i.    Las que hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por este Acuerdo y demás disposiciones aplicables; y
j.    Se haya rescindido contrato celebrado con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal o el propio Tribunal, por causa imputable al proveedor o contratista con independencia de que se hayan causado o no daños y perjuicios. [Modificado mediante Acuerdo 149/S6(11-VI-2013)]
      El plazo de impedimento para contratar, no será menor de tres meses ni mayor de cinc o años, plazo que comenzará a correr a partir del día siguiente a la fecha de la notificación de la resolución respectiva.
      En caso de que se hayan causado daños y perjuicios al Tribunal, el plazo de impedimento para contratar no será menor a seis meses. [Modificado mediante Acuerdo 149/S6(11-VI-2013)]
V.          Las que pretendan participar en un procedimiento de adjudicación y previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación, supervisión o control, laboratorio de análisis, control de calidad, laboratorio de mecánica de suelos, resistencia de materiales y radiografías industriales, preparación de especificaciones de construcción, presupuesto o elaboración de cualquier otro documento, así como asesorías para la licitación de la adjudicación del contrato de la misma adquisición, arrendamiento, servicio u obra pública;
VI.         Aquéllas a las que se les declare en concurso mercantil conforme a la ley de la materia o en su caso, sujetas a concurso de acreedores o alguna figura análoga;
VII.        Aquellas que presenten propuestas en una misma partida de un bien, servicio, o un procedimiento de contratación, que se encuentren vinculadas entre sí por algún representante, socio o asociado común;
VIII.        Las que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, elaboren dictámenes, peritajes o avalúos, cuando se requiera dirimir controversias entre tales personas y el Tribunal; y
IX.         Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello de conformidad con las disposiciones aplicables.
ARTICULO 78. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACION DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR.
Las declaratorias de impedimento en los supuestos a los que se refiere la fracción IV del artículo anterior, se sujetarán a lo siguiente:
 
I.           Cualquier área del Tribunal o la Contraloría, tan pronto conozcan que algún proveedor, contratista o prestadores de servicios relacionados con la obra haya incurrido o tengan elementos suficientes para presumir que puedan incurrir en alguno de los supuestos contemplados en la fracción IV del artículo precedente, deberán dar aviso por escrito a Área Jurídica de tal situación, dentro de los tres días siguientes a que tengan conocimiento remitiéndole al efecto un informe pormenorizado sobre los hechos que constituyan la causal de impedimento, acompañado de la documentación y los elementos que así lo ameriten;
II.          Una vez recibida la información y las pruebas pertinentes, el Área Jurídica iniciará la integración y análisis de los elementos remitidos para determinar si se acredita la causal de impedimento imputada, haciendo del conocimiento del proveedor, contratista o prestadores de servicios relacionados con la obra, el inicio del procedimiento, los términos del mismo, las causas que lo motivan, así como sus consecuencias, concediéndose un plazo de cinco días hábiles para que manifieste, bajo protesta de decir verdad, por sí o por medio de su representante legal lo que a su derecho convenga, respecto de los actos que se le imputan y ofrezca las pruebas que considere procedentes; y
III.          Una vez transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, con o sin la manifestación del proveedor, contratista o prestadores de servicios relacionados con la obra imputado, el Área Jurídica procederá a elaborar una opinión, debidamente fundada y motivada, dentro de los cinco días hábiles siguientes, sobre los hechos contenidos en el informe respectivo y, en su caso, los argumentos y pruebas del proveedor haciéndola del conocimiento del Comité para que ésta resuelva lo conducente.
Para graduar la declaratoria correspondiente se considerarán: los daños o perjuicios que se hubieren producido al Tribunal, el carácter intencional o no de la acción u omisión en que incurrió el licitante, contratista o proveedor; la gravedad de la causa y las condiciones de éstos.
Las declaraciones de impedimento, se notificarán por conducto del Área Jurídica al proveedor o contratista, así como a los titulares de la Contraloría, al Área de Adquisiciones, al Área de Obras y a los Delegados Administrativos, para su conocimiento.
Las Áreas de Adquisiciones y de Obras deberán inscribir la declaratoria respectiva, una vez que quede firme, en el expediente del proveedor o contratista, según corresponda, así como difundirla por los medios que estimen idóneos a las unidades administrativas vinculadas a los procesos de adjudicación del Poder Judicial de la Federación, a fin de que se abstengan de solicitar y recibir propuestas o celebrar contratos con éstos, durante el plazo que se determine. [Modificado mediante Acuerdo 105/S4(21-IV-2015)]
Para tal efecto el Tribunal llevará en forma coordinada con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el Consejo de la Judicatura Federal un padrón de proveedores o contratistas que hayan incurrido en alguna causa de impedimento, donde se señalen el nombre de la persona física o moral, los periodos y la causa, así como los datos que se consideren relevantes, el que se mantendrá actualizado por los medios de comunicación o de difusión electrónica que se consideren necesarios.
ARTICULO 79. MOTIVOS DE DESCALIFICACION
Los concursantes podrán ser descalificados conforme a los siguientes supuestos:
I.           Cuando algún participante acuerde con otro, u otros, fijar los precios objeto del procedimiento;
II.          Cuando el participante se encuentre en alguno de los supuestos de impedimento previstos en este Acuerdo;
III.          Cuando algún participante, durante el desarrollo del procedimiento y antes de la emisión del fallo, sea objeto de embargo, huelga estallada, concurso mercantil o liquidación;
IV.         Cuando el participante no entregue la documentación que se señale en la convocatoria o en las bases, y
V.          Cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos señalados en la convocatoria y bases.
ARTICULO 80. REQUISITOS PARA ADJUDICAR EL CONTRATO.
Una vez hecha la evaluación de las propuestas, el contrato se adjudicará, de entre los participantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación o invitación correspondiente, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas
por el Tribunal, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Si resultare que dos o más propuestas son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el Tribunal, el contrato se adjudicará de la siguiente manera:
I.           En materia de obras públicas y servicios relacionados con ellas, a quien presente la propuesta que resulte económicamente más conveniente para el Tribunal.
             Dicha propuesta será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretendan contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; y aquella que, además reúna los criterios de evaluación previamente establecidos por el Tribunal, siempre y cuando su precio o monto no represente una variación mayor al 10% del precio base; y
II.          En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta solvente cuyo precio sea el más bajo.
             Si derivado de la evaluación de las propuestas se obtuviera un empate en el precio de dos o más de estas, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre el Tribunal en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demás boletos empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales propuestas. Este procedimiento deberá preverse en las bases de licitación.
Los contratos que se celebren a través de adjudicación directa, serán asignados a la persona que ofrezca al Tribunal las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás características pertinentes, previo estudio comparativo de las ofertas que se realice, en el que deberá incluirse el costo por los servicios adicionales que requiere el Tribunal, como son, entre otros, garantías, fletes, instalación y, en algunos casos, capacitación.
CAPITULO CUARTO
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES O CONTRATISTAS
ARTICULO 81. DEFINICION.
La invitación a cuando menos tres proveedores o contratistas es el procedimiento de contratación que se realiza como excepción a la licitación pública, en los supuestos siguientes:
I.           Cuando el importe de la contratación se ubica dentro del monto de actuación autorizado por la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y
II.          Cuando se lleva a cabo previa autorización del Comité, por actualizarse alguno de los su puestos a que se refiere el artículo 73 del presente Acuerdo.
ARTICULO 82. PROCEDIMIENTO
El procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores o contratistas, iniciará con la invitación mediante oficio o por medios electrónicos que realice el Área de Adquisiciones y concluirá con la firma del contrato.
La invitación se podrá difundir en la página de Internet del Tribunal, a efecto de que otros interesados presenten sus propuestas.
En caso de requerirse, se realizará la visita al lugar y la junta de aclaraciones, éstas se realizarán de conformidad con la invitación correspondiente.
Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente se deberá contar con un mínimo de tres propuestas susceptibles de evaluar técnicamente.
Se considerarán propuestas para evaluar técnicamente, las que cumplan con la valoración de los requisitos legales y contables.
ARTICULO 83. INVITACION.
La invitación se acompañará de la información que resulte pertinente en cuanto a la descripción de los bienes, servicios u obra requeridos, a fin de que los proveedores o contratistas se encuentren en posibilidad de presentar sus propuestas.
 
En caso de que dicha invitación se efectúe por haberse declarado desierta una licitación pública, la información que se acompañe a la misma, podrá ser simplificada por el Área de Adquisiciones de acuerdo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, bienes o servicios, previo acuerdo con el Área Solicitante.
ARTICULO 84. RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS.
El procedimiento de recepción y apertura de propuestas podrá realizarse en sesión pública, de acuerdo con las formalidades específicamente detalladas en la invitación correspondiente.
En caso de que a juicio del Área de Adquisiciones no resulte necesario realizar sesión pública, se procederá conforme a lo siguiente:
I.           En la invitación se señalará el lugar, horario y plazo en que deberán ser presentadas las propuestas;
II.          Las propuestas serán recibidas en sobre cerrado por el Área de Adquisiciones;
III.          Para la apertura de las propuestas, deberá asistir la Contraloría, el Área Jurídica y el Área Financiera, conforme lo previsto en la invitación correspondiente, y
IV.         Los plazos de presentación de las propuestas se fijarán en cada operación atendiendo a las características, complejidad y magnitud de la contratación.
ARTICULO 85. INFORME EJECUTIVO.
Para la adjudicación del contrato, el Área de Adquisiciones elaborará un informe ejecutivo que contendrá los mismos requisitos que el informe emitido en la licitación pública, previstos en el artículo 66 del presente Acuerdo.
El informe ejecutivo deberá someterse a consideración del Comité, a fin de que realice su valoración formal, y con base en ello, en su caso, autorice el fallo respectivo.
ARTICULO 86. NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION.
Una vez autorizada la adjudicación por el Comité, el Área de Adquisiciones procederá a notificar por escrito el fallo a los participantes.
ARTICULO 87. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES O CONTRATISTAS DECLARADA DESIERTA.
La Coordinación de Adquisiciones declarará desierta la invitación a cuando menos tres proveedores o contratistas en los siguientes supuestos:
l.           Que en el acto de entrega y apertura de propuestas no se presenten cuando menos tres proveedores o contratistas invitados;
ll.          Que ninguna de las propuestas presentadas reúna los requisitos establecidos en las bases de la invitación;
lII.          Que los precios propuestos no fueren aceptables, de conformidad con la información con que se cuente;
IV.         Que no se cuente con un mínimo de tres propuestas susceptibles de evaluar técnicamente, y
V.          Por razones de interés general.
Una vez declarada desierta la invitación a cuando menos tres proveedores o contratistas, por primera ocasión, el Área de Adquisiciones, procederá a realizar una nueva invitación a cuando menos tres proveedores o contratistas, salvo que existan razones justificadas para proponer una adjudicación directa, lo cual se someterá a la autorización del Comité. En caso de que por segunda ocasión sea declarada desierta la invitación a cuando menos tres proveedores o contratistas, el contrato podrá adjudicarse directamente.
CAPITULO QUINTO
ADJUDICACION DIRECTA
ARTICULO 88. DEFINICION.
Es la forma de contratación que se lleva a cabo cuando se actualiza alguno de los supuestos siguientes:
I.           Que el monto de la operación no rebase el máximo establecido para tal efecto por la Comisión;
II.          Cuando sea declarada desierta una invitación a cuando menos tres proveedores y contratistas;
llI.          Que resulte conveniente para los intereses del Tribunal, tratándose de alguno de los casos de
excepción a los que se refiere el artículo 73 de este Acuerdo; y
IV.         Que la contratación sea urgente debido a caso fortuito o fuerza mayor.
ARTICULO 89. SELECCION DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA.
La adjudicación directa que se realice en virtud del monto de actuación, conforme lo previsto en el presente Acuerdo, se llevará a cabo, seleccionando de entre dos cotizaciones cuando menos, al proveedor o contratista, que proponga o garantice las mejores condiciones en términos de calidad, precio, oportunidad y demás condiciones pertinentes.
Cuando la adjudicación directa se efectúe derivada del mantenimiento o reparación de vehículos con características específicas de seguridad, o bien para conservar las garantías que otorguen las proveedoras de éstos vehículos, se podrá adjudicar sin necesidad de contar con dos cotizaciones que se mencionan en el primer párrafo del presente artículo, debiéndose sustentar la racionalidad de los precios. [Modificado mediante Acuerdo 333/S12(10-XII-2013)]
De las operaciones que se celebren al amparo del presente artículo, se deberá presentar un informe trimestral al Comité.
ARTICULO 90. PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DIRECTA PARA CASOS DE EXCEPCION.
Para la adjudicación directa que se realice tratándose de alguno de los casos de excepción a los que se refiere el artículo 73 de este Acuerdo, se deberá realizar el procedimiento siguiente:
l.           El Área de Adquisiciones, con base en la justificación del Área Solicitante, y con la evaluación del área técnica, en su caso, presentará al Comité la propuesta de adjudicación debidamente fundada y motivada, en la que se justifique el supuesto de excepción correspondiente, señalando el monto de la misma, y acompañando, en su caso, el curriculum del proveedor o contratista propuesto y demás condiciones o elementos que considere pertinentes, debiendo sustentar la racionalidad de los precios;
ll.          El Comité, con base en los documentos y demás elementos aportados resolverá lo procedente, y
lll.          Se procederá a la formalización del contrato o pedido respectivo.
ARTICULO 91. PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACION DIRECTA EN CASOS URGENTES.
Tratándose de la adjudicación directa que se realice en virtud de resultar urgente la operación por caso fortuito o fuerza mayor, y no sea posible adjudicar mediante los procedimientos de licitación pública, invitación a cuando menos tres proveedores o contratistas o, en su caso, por concurso público sumario, en el tiempo requerido para atender la eventualidad, se estará al procedimiento siguiente:
I.           El Área de Adquisiciones y los Delegados Administrativos, previo informe que justifique la urgencia por parte del Área Solicitante, realizará la contratación respectiva. Dicha contratación deberá limitarse a lo estrictamente necesario para afrontar la eventualidad; y
II.          El Área de Adquisiciones y los Delegados Administrativos presentarán un informe al Comité, en el que señalarán los motivos por los cuales se presentó la urgencia, la identidad del proveedor o contratista, y el monto del contrato.
En estos supuestos no se requerirán dos cotizaciones para la adjudicación correspondiente.
[Modificado mediante Acuerdo 265/S9(8-IX-2015)]
ARTÍCULO 91 BIS. CONCURSO PÚBLICO SUMARIO.
Aquellas contrataciones cuyo presupuesto base se ubique dentro de los parámetros que, en su caso, determine la Comisión, podrán ser adjudicadas mediante el procedimiento denominado concurso público sumario, el cual se sujetará a las reglas siguientes:
I.           Para la investigación de mercado se solicitará cotización mediante escrito dirigido a cuando menos tres proveedores o contratistas, que puedan suministrar los bienes, prestar los servicios o ejecutar la obra pública.
             A la solicitud de cotización se agregarán las bases del procedimiento, las cuales contendrán información que otorgue a los participantes igualdad de condiciones y acceso a la información, especialmente por lo que se refiere a las especificaciones técnicas o características particulares, requisitos de tiempo y lugar de entrega, forma y plazos de pago, penas convencionales, anticipos y garantías; así como cualquier otra que asegure la efectiva concurrencia y la equidad en el trato;
 
II.          En la misma fecha en que se envían las solicitudes de cotización a que se refiere la fracción anterior, se publicará en la página de Internet del Tribunal, la convocatoria y bases del procedimiento, para lo cual el área correspondiente deberá realizar las acciones necesarias para llevar a cabo la publicación de las mismas;
III.          A las bases deberá acompañarse el proyecto de contrato, pedido u orden de servicio que se pretenda firmar;
IV.         Los participantes en el procedimiento contarán con un plazo máximo de cinco días hábiles para presentar sus propuestas, contados a partir del día en que se les solicite la cotización y se publique la convocatoria y bases en la página de Internet del Tribunal.
             En el caso de que se requiera realizar visita al sitio o junta de aclaraciones, el plazo antes referido se contará a partir del día siguiente al en que se realice dicho evento.
             Los participantes podrán presentar sus propuestas directamente en el Área de Adquisiciones o de Obras, según corresponda, ya sea en original, servicio postal o por medios electrónicos, en la fecha y horario señalados en la convocatoria y las bases;
V.          El dictamen resolutivo técnico de las propuestas presentadas sólo comprenderá la congruencia entre las características del bien, servicio u obra solicitados y lo ofertado y será elaborado en el plazo de tres días hábiles a partir del momento en el que reciba copia de los documentos anexos a las cotizaciones. Los dictámenes resolutivos restantes se elaborarán en el mismo plazo;
VI.         Simultáneamente y en el mismo plazo, se efectuará la evaluación de las propuestas económicas mediante la elaboración de una tabla comparativa de condiciones, incluyendo precios;
VII.        La autorización de adjudicación del procedimiento la otorgará el Comité, mediante acuerdo, en un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir de la recepción de los dictámenes resolutivos que correspondan.
             Dicho acuerdo deberá estar debidamente fundado y motivado respecto del proveedor o contratista a adjudicar, exponiendo las razones por las que su propuesta reúne las mejores condiciones, así como que existe la presunción de certeza de que el proveedor o contratista cumplirá dentro del plazo establecido, las obligaciones que asumirá con la firma del instrumento jurídico correspondiente, con base en el historial que tenga, por ser recurrente o por la información que, en su caso, sea recabada por las áreas competentes del Tribunal;
VIII.        Tomando en cuenta lo previsto en la fracción anterior, bastará con la opinión del Área Técnica, siempre y cuando el pago de dichas contrataciones se pacte a ser realizado con posterioridad a la recepción de los bienes, prestación de servicios o ejecución de la obra pública, a entera satisfacción del Tribunal;
IX.         La garantía de cumplimiento y, en su caso, la de vicios ocultos serán exigibles en los términos del presente Acuerdo.
             De no requerirse la garantía de cumplimiento, en el instrumento contractual que corresponda, en lo aplicable, será necesario exigir al adjudicado la entrega de la garantía que cubra los requisitos a que se refiere el capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor;
X.          En caso de que el proveedor, prestador de servicios o contratista a adjudicar, requiera de anticipo para la entrega de los bienes, la prestación de los servicios o ejecución de la obra pública a contratar, también será exigible la garantía de anticipo a que alude el artículo 131 de este Acuerdo;
XI.         El fallo del procedimiento se hará del conocimiento de los participantes a través de un comunicado en la página de Internet del Tribunal y en el caso del participante al que le haya favorecido el fallo, se le hará saber personalmente mediante oficio de adjudicación, para que en el plazo de cinco días hábiles formalice el instrumento legal respectivo;
 
XII.        En este procedimiento bastará con una sola propuesta que resulte procedente para adjudicar el contrato en términos del artículo 134 constitucional;
XIII.        En el fallo podrá declararse desierto el concurso público sumario, si no se presentan propuestas, si ninguna propuesta obtiene resultado favorable en todos los dictámenes resolutivos aplicables o si los precios propuestos no fueran solventes de conformidad con la información disponible;
XIV.       Al declarar desierto el concurso público sumario, se podrá expedir una diversa convocatoria y bases para realizar un nuevo concurso público sumario o bien para llevar a cabo la adjudicación directa, y
XV.        Todo lo no contemplado en el presente artículo, siempre y cuando no contravenga las reglas específicas para el concurso público sumario, le será aplicable lo establecido en los demás procedimientos regulados en este Acuerdo, incluidos los motivos de descalificación y cancelación.
[Modificado mediante Acuerdo 265/S9(8-IX-2015)]
TITULO QUINTO
DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
CAPITULO UNICO
ARTICULO 92. OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.
I.           Para los efectos de este Acuerdo, se considerarán obras públicas los trabajos que tengan por objeto:
1.          La construcción, conservación, adaptación, reparación, demolición, remodelación, instalación, ampliación, adecuación, restauración y modificación de bienes inmuebles;
2.          Los proyectos integrales o llave en mano, que son aquellas contrataciones en las cuales el contratista se obliga desde la realización del proyecto ejecutivo de la obra, hasta su terminación total, incluyendo su operación; y cuando se requiera, la transferencia de tecnología;
3.          La instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las pruebas de operación de bienes muebles que se incorporaren, adhieran o destinen a un inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean proporcionados por la convocante al contratista; o bien, cuando incluyan la adquisición o suministro por parte del contratista y su precio sea menor al de los trabajos que se contraten;
II.          Se considerarán como servicios relacionados con las obras públicas, los trabajos que tengan por objeto:
1.          La instalación de bienes muebles cuando estos formen parte integral del inmueble;
2.          Los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con la misma;
3.          La planeación, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de ingeniería básica, estructural, de instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecánica así como de cualquier otra especialidad de la ingeniería que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública;
4.          Los estudios técnicos y dictámenes parciales o integrales de proyectos ejecutivos;
5.          Los estudios técnicos de mecánica de suelos, sismología, topografía, geología, aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito;
6.          Los estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad técnico económica, ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y restitución de la eficiencia de las instalaciones;
7.          Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de laboratorio de análisis y control de calidad; de resistencia de materiales; de preparación de especificaciones de construcción, presupuestación o la elaboración de cualquier otro documento o trabajo para la adjudicación del
contrato de obra correspondiente;
8.          Los dictámenes, peritajes, avalúos y estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de las instalaciones en un bien inmueble, y
9.          Todos aquellos análogos a los antes enunciados.
ARTICULO 93. ASEGURAMIENTO DE LAS OBRAS.
En materia de obra pública, cuando el monto sea superior al correspondiente a una invitación a cuando menos tres contratistas, a quien se le adjudique deberá mantener adecuada y satisfactoriamente aseguradas las obras desde su inicio y hasta su total terminación, salvo que por su naturaleza o el tipo de riesgos a los que estén expuestos el costo de aseguramiento represente una erogación que no guarde relación directa con el beneficio que pudiera obtenerse.
Asimismo, se deberá prever cuando así proceda la obligación de los contratistas de adquirir una póliza de seguro de responsabilidad civil.
ARTICULO 94. DE LOS PERMISOS, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS.
El Área de Obras, así como los contratistas, observarán las disposiciones que en materia de desarrollo urbano, de ecología, de patrimonio cultural e histórico y de construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal.
Cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberán tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, así como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de vía, sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas. En las bases de licitación se precisarán, en su caso, aquellos trámites que corresponderá realizar al contratista.
ARTICULO 95. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.
El Tribunal podrá reconocer la contratación y pago de trabajos no considerados en los alcances de los contratos de obra celebrados, cuando se trate de trabajos extraordinarios requeridos por una necesidad de incrementar a los originalmente contratados, que se consideren necesarios para su seguimiento y conclusión, siempre y cuando se presenten los siguientes supuestos:
I.           Se trate de trabajos que sean provocados por factores ajenos al Tribunal o al contratista; por cambios motivados por avances tecnológicos que incidan sustancialmente en la operación de las obras e instalaciones o por incrementar la eficacia o seguridad de las mismas;
II.          Se trate de trabajos que no estén incluidos en los alcances del contrato ni tengan por objeto modificar o subsanar omisiones o errores del contratista en el proyecto ejecutivo contratado o incumplimientos de éste; y
III.          Se trate de trabajos en los que sea posible determinar los volúmenes, cantidades, costos y alcances de los mismos.
ARTICULO 96. JUSTIFICACION DE LOS CONTRATOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.
Para que sea factible el reconocimiento de los trabajos extraordinarios no considerados en los alcances de los contratos a que se refiere el artículo anterior, la contratación de los mismos por el Tribunal, procederá siempre y cuando:
I.           Se justifique técnicamente por el responsable de la ejecución de los trabajos, avalado por el Área de Obras, la necesidad de su realización; y
II.          Que dichos trabajos se formalicen mediante el convenio modificatorio al contrato respectivo.
El pago de los trabajos relativos quedará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal de que se trate.
ARTICULO 97. ANTICIPO EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA.
El otorgamiento del anticipo se deberá establecer desde las Bases, pactarse en los contratos, y se sujetará a lo siguiente:
I.           Se podrá otorgar hasta un treinta por ciento de anticipo del monto total del contrato, para que el contratista inicie los trabajos de la obra contratada.
             Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, el otorgamiento del anticipo será determinado por la convocante atendiendo a las características, complejidad y magnitud del servicio;
 
II.          El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista una vez dictaminada la fianza por parte del Área Jurídica, con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo dentro de un plazo máximo de diez días hábiles, posteriores a la firma del contrato, no procederá el diferimiento, y
III.          El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del costo financiero de su propuesta.
Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestario, y se inicien en el último trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, el Tribunal podrá otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignación autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestaria para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate. Siempre y cuando no rebase el 30% del valor del contrato.
ARTICULO 98. EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato y el Área de Obras oportunamente pondrá a disposición del contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. El atraso en la entrega del inmueble prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. La entrega deberá constar por escrito, mediante el acta respectiva.
Previo a la ejecución de los trabajos, se establecerán, según sea el caso, a los responsables de la ejecución de los trabajos en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma, que serán la supervisión interna de obra, la supervisión técnica externa y el superintendente de construcción.
ARTICULO 99. SUPERVISION INTERNA.
La supervisión interna deberá recaer en un servidor público adscrito al Área de Obras designado por el Coordinador de Adquisiciones, quien fungirá como su representante en la supervisión, vigilancia y revisión de los trabajos, incluyendo la elaboración de las estimaciones presentadas por los contratistas.
Las funciones del Supervisor Interno del Tribunal, serán las siguientes:
I.           Supervisión, vigilancia y revisión de los trabajos;
II.          Toma de las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que presente el supervisor técnico externo o el contratista, con relación al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato;
III.          Dar apertura a la bitácora, la cual quedará bajo su resguardo, y por medio de ella dar las instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el contratista;
IV.         Vigilar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados, y rendimientos pactados en el contrato. Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, de proceso, entre otros, deberá recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables del Área de Obras o de cualquier otra autoridad del Tribunal;
V.          Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitectónicos, de ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales, especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios o alcance de las actividades de obra, programas de ejecución y suministros o utilización, términos de referencia y alcance de los servicios;
VI.         Revisar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato;
VII.        Elaborar las estimaciones, verificando que cuenten con los números generadores que las respalden;
VIII.        Coordinar con los servidores públicos e instancias responsables del Tribunal, las terminaciones anticipadas o rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los trabajos, para su formalización;
IX.         Solicitar y en su caso tramitar los convenios modificatorios necesarios;
X.          Rendir informes periódicos, así como un informe final sobre el cumplimiento del contratista en los
aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos;
XI.         Preparar para su autorización y firma el finiquito del contrato;
XII.        Verificar la correcta conclusión de los trabajos, debiendo vigilar que la unidad que deba operar la obra, reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final de la obra ejecutada, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento; así como los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados;
XIII.        Cuando exista la necesidad de realizar cambios al proyecto, a sus especificaciones o al contrato, el supervisor interno del Tribunal informará al Área de Obras, y en su caso a las instancias competentes, las circunstancias del caso a efecto de analizar las alternativas de solución y determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecución y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y
XIV.       Las demás funciones que le señale el Área de Obras o la instancia competente del Tribunal.
ARTICULO 100. SUPERVISION TECNICA EXTERNA.
La supervisión técnica externa es la que se realiza por contrato, cuando por las características, complejidad y magnitud de los trabajos así se requiera, la cual será responsable directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, asimismo deberá verificar la procedencia de las estimaciones y generadores que presenten los contratistas, y someterlas a la aprobación del supervisor interno de obra, para efectos de iniciar los trámites de pago.
Los contratos de supervisión con terceros, deberán ajustarse a los lineamientos que para tal efecto determine el Tribunal.
Las funciones de la supervisión externa iniciarán previamente a la ejecución de la obra, y deberán ser establecidas en los contratos que se suscriban, de acuerdo a los términos de referencia de cada procedimiento de adjudicación, que en todos los casos formarán parte de aquéllos.
ARTICULO 101. SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.
El superintendente de construcción, en caso de que así se requiera por la complejidad, magnitud y características de la obra, es la persona que al efecto designe el contratista, quien deberá quedar previsto en el contrato de obra pública que al efecto se suscriba. Asimismo, deberá estar facultado por el contratista para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, así como contar con facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.
El Tribunal podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción designado, teniendo la obligación el contratista de nombrar otro que reúna los requisitos exigidos.
ARTICULO 102. BITACORA.
Para la obra pública y los servicios relacionados con la misma será obligatorio el uso de la bitácora, en la cual se consignará, el orden y equilibrio entre las partes que firmen el contrato, debiéndose registrar los asuntos relevantes que se presenten, los acontecimientos que resulten diferentes a los establecidos en el contrato y sus anexos, así como aquéllos que den fe del cumplimiento de eventos significativos en tiempo y situaciones ajenas a la responsabilidad de las partes, teniendo dicho documento el carácter de registro oficial y legal de la obra o los servicios. La bitácora será el medio de comunicación convencional entre las partes y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos.
La bitácora estará bajo la responsabilidad y custodia de la supervisión interna de la obra y quedará integrada en el archivo de los proyectos.
La elaboración, control y seguimiento de la bitácora podrá llevarse por medios de comunicación convencional o por medios remotos de comunicación electrónica.
La bitácora se ajustará atendiendo al medio de comunicación a través del cual se opere, y deberá considerar en lo aplicable, como mínimo lo siguiente:
a.          Que las fojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de que se trate;
b.          Se debe contar al menos con un original para el Tribunal y dos copias, una para el contratista y otra para la supervisión;
c.          Las copias deberán ser desprendibles no así las originales, y
d.          El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada caso: número,
clasificación, fecha, descripción del asunto, y en forma adicional ubicación, causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad, si la hubiere, y fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.
Para el uso de la bitácora, las partes en el contrato, atendiendo al medio de comunicación a través del cual se opere, deberán observar las siguientes reglas generales:
I.           Se deberá iniciar con una nota especial relacionando como mínimo la fecha de apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre, firma del personal autorizado, domicilios, teléfonos, datos del contrato y alcances descriptivos de los trabajos, las características del sitio donde se desarrollarán; la inscripción de los documentos que identifiquen oficialmente al supervisor interno y en su caso, al supervisor externo, así como al superintendente, quienes serán los responsables para realizar registros en la bitácora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos registros;
II.          Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente respetando, sin excepción, el orden establecido;
III.          Las notas o asientos deberán efectuarse claramente, con tinta indeleble y letra legible;
IV.         Cuando se cometa algún error de escritura o de redacción, la nota deberá anularse por quien la emita, abriendo de inmediato otra nota con el número consecutivo que le corresponda y con la descripción correcta;
V.          La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras, será nula;
VI.         No se deberá sobreponer ni añadir texto alguno a las notas de bitácora, ni entre renglones, márgenes o cualquier otro sitio, de requerirse, se deberá abrir otra nota haciendo referencia a la de origen;
VII.        Se deberán cancelar los espacios sobrantes de una foja al completarse el llenado de las mismas;
VIII.        Una vez firmadas las notas de la bitácora, los interesados podrán retirar sus respectivas copias;
IX.         Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución será posterior, debiendo en este último caso, relacionar la nota de resolución con la que le dé origen, y
X.          El cierre de la bitácora, se consignará en una nota que dé por terminados los trabajos.
Para cada una de las bitácoras se deberá especificar su uso, precisando como mínimo los siguientes aspectos, los cuales deberán asentarse inmediatamente después de la nota de apertura:
I.           Horario en el que se podrá consultar y asentar notas, el que deberá coincidir con las jornadas de trabajo de campo;
II.          Prohibir la modificación de las notas ya firmadas, así sea por el responsable de la anotación original;
III.          Establecer la obligación de asentar en la bitácora los aspectos relativos a la revisión y autorización de estimaciones, números generadores, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato, así como lo relacionado a las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente que deban implementarse, y
IV.         En los casos en que la elaboración, control y seguimiento de la bitácora se realice por medios de comunicación convencionales, ésta deberá permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio, sin que la bitácora pueda ser sustraída del lugar de los trabajos.
Por lo que se refiere a contratos de servicios, la bitácora deberá contener como mínimo las modificaciones autorizadas a los alcances del contrato, las ampliaciones o reducciones de los mismos y los resultados de las revisiones que efectúen el Tribunal, así como las solicitudes de información que tenga que hacer el contratista, para efectuar las labores encomendadas.
La elaboración, control y seguimiento de la bitácora por medios remotos de comunicación electrónica requerirá:
a.          La existencia del programa informático relativo para el uso de la bitácora, el cual será autorizado por la Contraloría y deberá garantizar la inalterabilidad de la información que se registre;
 
b.          El medio de identificación electrónica, y
c.          La certificación del medio de identificación electrónica.
ARTICULO 103. SUJECION DEL CONTRATISTA A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE CONSTRUCCION.
El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y debiendo sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale el Tribunal. Las responsabilidades, los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del contratista.
ARTICULO 104. ESTIMACIONES.
Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularán preferentemente con una periodicidad no mayor de un mes contados a partir de su ejecución. El contratista deberá presentarlas a la supervisión en los términos establecidos en el contrato, considerando las características, magnitud y complejidad de los trabajos a ejecutar, debiendo acompañar la documentación que acredite la procedencia de su pago. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte del Tribunal, cuando éstas hayan sido aprobadas por la supervisión interna.
ARTICULO 105. RED DE ACTIVIDADES Y RUTA CRÍTICA
Para la medición y pago de los trabajos, se deberá utilizar la red de actividades con ruta crítica, cédulas de avances, de pagos programados y el programa de ejecución de los trabajos, los que deben ser congruentes y complementarios entre sí.
ARTICULO 106. DESGLOSE DE ACTIVIDADES.
En el programa de ejecución de los trabajos, el contratista deberá desglosar las actividades principales de obra a realizar y representar en forma gráfica, mediante diagrama de barras, la fecha de inicio y terminación y duración de cada actividad en los que se realizará la obra o servicio de que se trate.
Para efecto de seguimiento y control de los trabajos, las actividades principales de obra podrán desglosarse en sub-actividades, las que no deberán afectar la estructura de la red de actividades ni las cantidades y costos indicados en las cédulas de avances y de pagos programados que sirvieron de base para adjudicar el contrato respectivo.
ARTICULO 107. EVALUACION DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS.
El desglose de actividades deberá ser de tal forma que se puedan evaluar objetivamente los avances físicos y financieros de los trabajos, conforme a los programas de ejecución, utilización y suministros; esto con el fin de detectar desviaciones y analizar posibles alternativas de solución.
Cuando durante la ejecución de los trabajos se detecten desviaciones que no afecten el costo o el plazo de los trabajos pactados en el contrato, se podrá realizar una revisión a la red de actividades para estructurar las medidas correctivas que permitan el cumplimiento del contrato.
ARTICULO 108. REPROGRAMACION EN OBRA PÚBLICA.
Para efectos de medición y pago de los trabajos contratados, el Tribunal reprogramará las actividades principales de obras, a efecto de compensar las actividades no realizadas pero contempladas en el programa original del proyecto, por las no incluidas en dicho programa pero si ejecutadas, sin que esto implique la modificación al monto o plazo originalmente pactados.
Cuando los trabajos ejecutados no correspondan a los alcances, la cantidad o los volúmenes requeridos en las bases de licitación, en las especificaciones del contrato o en la propuesta del contratista adjudicado, el Tribunal realizará descuentos o deductivas al monto inicialmente convenido en el contrato original.
ARTICULO 109. CONCLUSION DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA.
El contratista comunicará al Área de Obras la terminación parcial o total de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste, dentro del plazo de cinco días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, el Área de Obras contará con un plazo de cinco días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad, en tanto los entregue
formalmente al Área correspondiente. Se deberá invitar a la Contraloría al evento de entrega recepción de los trabajos, para que participe en el mismo.
Verificados físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término estipulado en el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda con el Tribunal para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partir de su emisión.
Determinado el saldo total, el Tribunal pondrá a disposición del contratista el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.
ARTICULO 110. VIGILANCIA DE LA DOCUMENTACION TECNICA.
Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, cuando así se haya previsto en el contrato, el Área de Obras vigilará que la unidad que debe operarla reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.
ARTICULO 111. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.
Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, el Tribunal dará por concluido el contrato respectivo, dejando únicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, así como la garantía que se contempla en el artículo 132 de este Acuerdo, por lo que ya no será factible atender en sede administrativa las reclamaciones de pago que presente el proveedor o contratista con posterioridad a su formalización.
El Área de Obras, para dar por concluidos, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes en los contratos, deberá elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos.
ARTICULO 112. CONTENIDO DEL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO EN MATERIA DE OBRA PUBLICA.
El documento donde conste el finiquito de los trabajos, formará parte del contrato y deberá contener como mínimo lo siguiente:
I.           Lugar, fecha y hora en que se realice;
II.          Nombre y firma del residente de obra y, en su caso, del supervisor de los trabajos por parte del Tribunal así como del superintendente de construcción de la contratista;
III.          Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente;
IV.         Importe contractual y real del contrato, el cual deberá incluir los volúmenes reales ejecutados de acuerdo al contrato y a los convenios celebrados;
V.          Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios;
VI.         Relación de las estimaciones, indicando los gastos aprobados, así como los créditos a favor y en contra de cada una de las partes, señalando los conceptos generales que le dieron origen y su saldo resultante, de igual forma deberá contemplar la fecha, lugar y hora en que fueron o serán liquidadas;
VII.        Las razones que justifiquen la aplicación de penas convencionales o de sobrecostos;
VIII        Datos de la estimación final;
IX.         Dictamen de procedencia de la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, y
 
X.          La declaración, en su caso, de que el contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.
Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones, de las partes en el contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de las partes de que no existen otros adeudos y, por lo tanto, se darán por extinguidos los derechos y obligaciones que generó el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación al no ser factible el pago indicado y se procederá a elaborar el acta administrativa prevista en el último párrafo del artículo 109 de este Acuerdo.
ARTICULO 113. RESULTADO DEL FINIQUITO.
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor del contratista, el Tribunal deberá liquidarlos como lo señala el segundo párrafo del artículo 104 de este Acuerdo.
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor del Tribunal, su importe se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados o entregados y si no fueran suficientes éstos, deberá exigirse su reintegro. En caso de no obtenerse reintegro, el Tribunal podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes. El finiquito se considera como un documento base de la acción para exigir el pago de las cantidades pendientes por cubrir a favor del Tribunal.
ARTICULO 114. RETENCIONES,
En caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los mismos, por causas imputables al contratista, el Tribunal podrá aplicar retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, consistentes en un diez por ciento del valor de los trabajos no ejecutados, conforme al programa de ejecución convenido. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso de acuerdo al citado programa.
Una vez cuantificadas las retenciones económicas, se harán del conocimiento del contratista mediante nota de bitácora u oficio.
De existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactados en el contrato y trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder del Tribunal. La cantidad determinada por concepto de pena convencional que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución pactado en el instrumento jurídico, se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado el Tribunal.
Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecución original, las retenciones económicas o pena convencional, se calcularán considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa convenido.
ARTICULO 115. PAGO DE LA SUPERVISION EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN PLAZO.
Cuando la contratista, por causas imputables a ella misma, exceda el plazo estipulado en el contrato de obra pública deberá cubrir el importe diario de la supervisión externa que haya contratado el Tribunal, de acuerdo a los precios autorizados y respetando la forma de pago pactada para dicha supervisión, durante la ejecución de los trabajos o en el periodo de finiquito.
ARTICULO 116. DE LAS DEDUCTIVAS POR TRABAJOS DE DEFICIENTE CALIDAD.
En caso de detectarse que no se han ejecutado determinados trabajos en los contratos celebrados que ya fueron pagados, el Área de Obras procederá a realizar el cálculo del importe de los mismos, a fin de aplicar la deductiva correspondiente.
Igualmente, podrá revisar la calidad de los trabajos ejecutados verificando que cumplan con las especificaciones solicitadas para éstos, por lo que en el supuesto de encontrarse deficiencias en la calidad de los trabajos, procederán a practicar una evaluación para determinar la corrección, o reposición de los mal ejecutados o bien la aplicación de la deductiva que corresponda.
En ambos casos, la deductiva se hará efectiva en el siguiente pago, estimación o en el finiquito.
 
Lo anterior, sin perjuicio de aplicar las penas convencionales que procedan y/o en su caso, hacer efectiva la garantía correspondiente.
TITULO SEXTO
DE LOS CONTRATOS
CAPITULO PRIMERO
DE LA FORMALIZACION Y TIPOS DE CONTRATOS
ARTICULO 117. DEFINICION.
Para los efectos del presente Acuerdo, se denominan contratos a los convenios por los cuales se crean o transfieren obligaciones y derechos.
El contrato se formalizará a través del documento en el que se hará constar el acuerdo de voluntades entre el Tribunal y el proveedor o contratista, derivado del procedimiento de adjudicación correspondiente.
Corresponderá al Área Jurídica la elaboración y actualización de los modelos de contrato que deban celebrarse en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, para ser sometidos a la aprobación del Comité, en los términos del artículo 18, fracción V, de este Acuerdo; asimismo le corresponderá emitir el dictamen respecto de los modelos de pedidos así como de órdenes de servicios, de trabajo y órdenes de compra que ponga a su consideración la Coordinación de Adquisiciones.
ARTICULO 118. CONTRATOS ABIERTOS.
Para los casos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios en que no sea posible precisar con exactitud los conceptos y cantidades materia de la contratación, se podrán celebrar contratos abiertos conforme a lo siguiente:
l.           Se establecerá la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir, arrendar o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición o el arrendamiento, en el caso de servicios, se establecerá el plazo mínimo y máximo para la prestación, o el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse;
ll.          Se hará una relación con la descripción completa de los bienes o servicios, incluyendo sus correspondientes precios unitarios;
lII.          Su vigencia no excederá del ejercicio presupuestal correspondiente a aquel en que se suscriban, salvo que se obtenga autorización por la Comisión; y
IV.         En los contratos se establecerá la periodicidad con que se efectuará el pago de los bienes entregados o de los servicios prestados.
ARTICULO 119. CONTENIDO MINIMO DE LOS CONTRATOS.
Los contratos que se celebren en el marco del presente Acuerdo deberán contener como mínimo, lo siguiente:
I.           La manifestación de que se cuenta con la suficiencia presupuestal para cumplir con las obligaciones del pago o pagos correspondientes;
II.          Procedimiento conforme al que se adjudicó;
III.          Objeto del contrato; la descripción pormenorizada de los bienes, servicios y de la obra pública de que se trate, deberá constar en las propuestas técnica y económica, que debidamente firmada por los proveedores o contratistas formará parte integral del contrato de que se trate;
IV.         Vigencia autorizada;
V.          Porcentaje y forma de amortización del anticipo que, en su caso, se otorgue;
VI.         Plazos, forma y lugar en que se entregarán los bienes, se prestarán los servicios o se ejecutarán los trabajos de obra y, en su caso, la supervisión de ésta;
VII.        Plazos, forma y lugar de pago;
VIII.        Forma y términos de las garantías que se otorguen a favor del Tribunal;
 
IX.         Penas convencionales;
X.          Causas de terminación del contrato;
XI.         Rescisión administrativa en caso de incumplimiento por causas imputables al proveedor o contratista; Para el caso de los contratos en materia de obra pública, además de las fracciones citadas anteriormente, se deberá especificar lo siguiente:
XII.        Plazos para la verificación de la terminación de la obra y de elaboración del finiquito que corresponda, y
XIII.        Procedimiento para resolver discrepancias sobre problemas de carácter técnico y administrativo.
ARTICULO 120. PLAZO PARA FORMALIZAR CONTRATOS.
Los contratos deberán formalizarse dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir de la notificación de la adjudicación correspondiente.
Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables a él, en el plazo establecido en el párrafo anterior, el Comité podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato de la siguiente manera:
a.          En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja. Para el caso de obra pública y servicios relacionados con la misma, al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el Tribunal.
b.          El orden de adjudicación no podrá ser superior al 20 %, del presupuesto base.
c.          El atraso en la entrega del anticipo, por causas imputables al Tribunal, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.
d.          Los derechos y obligaciones que deriven de los contratos, no podrán cederse en forma parcial o total a favor de otra persona, con excepción de los derechos de cobro.
e.          En aquellas adjudicaciones en las que a juicio del Área de Adquisiciones o del Área de Obras resulte necesario elaborar un contrato, por la complejidad técnica y monto de la operación, dicho instrumento se elaborará conforme a los modelos tipo aprobados por el Comité. En caso contrario, podrá optarse por formalizar la adjudicación mediante un pedido o una orden de servicio o de trabajo, según corresponda.
ARTICULO 121. MODIFICACION.
Los contratos que se celebren en la materia objeto del presente Acuerdo podrán ser modificados conforme a lo siguiente:
I.           La Coordinación de Adquisiciones por razones fundadas, podrá por una sola ocasión autorizar el incremento o disminución en la cantidad de bienes adquiridos mediante la modificación a los contratos vigentes, siempre que el monto total de la modificación no rebase el quince por ciento de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente.
             Igual porcentaje se aplicará a las modificaciones o prórrogas que se hagan respecto de la vigencia de los contratos de arrendamiento o prestación de servicios.
             En el supuesto de que se requiera modificar la cantidad de bienes o servicios adquiridos, en un porcentaje superior al indicado, el Área Solicitante deberá justificar su procedencia ante quien corresponda para su aprobación.
             Tratándose de contratos en los que se incluyan bienes o prestación de servicios de diferentes características, el porcentaje se aplicará para cada partida o concepto de los bienes o servicios de que se trate, y
             En materia de obra pública y servicios relacionados con la misma, autorizará la modificación de los contratos a precios unitarios o los mixtos en la parte que corresponda a la figura de precios unitarios antes mencionada, siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original y en conjunto no rebasen el quince por ciento.
II.          En los casos de adquisiciones, prestación de servicios y de obra pública y servicios relacionados con la misma, cuando se encuentren por arriba del porcentaje indicado y hasta el veinticinco por ciento se requerirá autorización del Secretario Administrativo.
III.          Si las modificaciones exceden del veinticinco por ciento indicado, se requerirá de la autorización
del Comité.
             Cuando en forma excepcional, se requieran de modificaciones adicionales, invariablemente se requerirá la autorización del Comité.
Cuando se autorice modificar el monto o plazos establecidos en el contrato, se deberá adjuntar la documentación técnica y económica que sustente las modificaciones pactadas en el instrumento jurídico respectivo.
Las modificaciones al plazo serán independientes a las del monto de los contratos, aun cuando para fines de su formalización pueden integrarse en un solo documento.
Si el contratista se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecución convenido, por causas no imputables a él, deberá notificarlo al Área de Obras, mediante anotación en la bitácora y por escrito, presentando durante la vigencia del contrato y hasta veinte días hábiles previos a la conclusión del mismo, su solicitud de ampliación y la documentación justificatoria.
Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos extraordinarios no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo por escrito al Área de Obras para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sin excepción alguna, sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización del Área de Obras, por oficio y asentado en la bitácora.
Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades adicionales o conceptos extraordinarios no previstos originalmente, el Comité podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos extraordinarios no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.
Cuando se trate de contratos cuyos trabajos se refieran al mantenimiento o restauración de los inmuebles a que hace mención el artículo 5 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en los que no sea posible determinar el catálogo de conceptos, las cantidades de trabajo, las especificaciones correspondientes o el programa de ejecución, las modificaciones en cuanto a monto y plazo del contrato, deberán ser autorizados por el Comité.
En ningún caso se podrán hacer modificaciones en los contratos que impliquen variación a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones ventajosas al proveedor o contratista adjudicado, comparadas con las establecidas originalmente.
Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito mediante convenio. En el caso de pedidos, órdenes de servicio o de trabajo, mediante la suscripción de un adéndum, en los términos previstos en el presente Acuerdo.
ARTICULO 122. LÍMITE DE LAS MODIFICACIONES.
Las modificaciones a los contratos que señala el artículo anterior, en ningún caso se podrán efectuar modificaciones que sumadas al monto total del contrato originalmente celebrado, superen los montos de actuación que dieron origen al procedimiento de contratación en virtud del cual se adjudicó el mismo; en caso contrario se deberá obtener autorización del Comité.
ARTICULO 123. ANTICIPO EN MATERIA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.
En las contrataciones en materia de adquisiciones de bienes y servicios, podrá otorgarse a los proveedores hasta el treinta por ciento de anticipo del monto total del contrato, siempre que resulte conveniente para el Tribunal en términos de oportunidad, calidad y precio, conforme a la justificación elaborada por el Área Solicitante.
Tratándose de contrataciones de adquisiciones, los anticipos se otorgarán únicamente cuando se trate de adquisición de bienes de fabricación especial o sobre diseño, y en aquéllas en que por las condiciones del mercado, y a solicitud del Área Solicitante, debidamente fundada y motivada, resulte procedente y no cause perjuicio al Tribunal.
Una vez que se determine otorgar anticipo, deberá establecerse en las bases de la licitación o en la invitación a participar, a fin de que los interesados tomen en cuenta dicha circunstancia para la elaboración de la propuesta.
ARTICULO 124. AMORTIZACION DEL ANTICIPO.
 
El anticipo será amortizado con cada pago que se realice al proveedor o contratista por entrega de los bienes o uso y disfrute del bien arrendado, descontándose el porcentaje que se haya otorgado por dicho concepto. En el caso de adquisiciones de bienes o servicios los anticipos se amortizarán en el año que se otorguen.
Para el caso de obra pública, la amortización deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, durante el ejercicio en que se otorgue, acompañadas de la documentación que acredite su procedencia, debiéndose liquidar el saldo por amortizar con la firma del finiquito.
ARTICULO 125. PAGOS EN EXCESO.
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor o contratista, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses que se calcularán conforme a una tasa que será igual a la establecida por el Código Fiscal de la Federación como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Tribunal.
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista o proveedor sean compensadas en la estimación, factura o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.
En caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, el proveedor o contratista deberá reintegrar el anticipo y, en su caso, los pagos que haya recibido de más, así como los intereses correspondientes calculados conforme a lo indicado con anterioridad. Los intereses se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y pagos efectuados se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Tribunal.
ARTICULO 126. AJUSTE DE PRECIOS.
A solicitud del proveedor o contratista y cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en los contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, que originen un aumento o reducción del precio pactado o de los costos de los trabajos, estos podrán ser ajustados de común acuerdo por las partes, tomando como parámetro los índices nacionales de precios que determine el Banco de México. Para tal efecto, el Área de Adquisiciones o el Área de Obras según corresponda, elaborarán un informe que contenga la propuesta de ajuste de precios o costos, emitiendo su opinión respecto de la procedencia y se presentará al Comité a fin de que lo autorice.
En materia de obra pública el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos, financiamiento y utilidad originalmente pactados en el contrato.
El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito, mediante convenio.
En las contrataciones plurianuales materia de este acuerdo, el Comité podrá autorizar fórmulas de modificación de precios conforme a los índices nacionales e internacionales aplicables, a propuesta del Área de Adquisiciones.
ARTICULO 127. RECEPCION Y VERIFICACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS.
El Área de Adquisiciones será responsable de la recepción de los bienes muebles, cuando sea necesario se requerirá la validación del Área Solicitante.
En el caso de la recepción de los servicios prestados, será responsabilidad del Área Solicitante que se verifique que se cumplan con las especificaciones establecidas en el contrato respectivo.
El Área de Adquisiciones cuando considere necesario podrá solicitar la validación del área técnica correspondiente.
CAPITULO SEGUNDO
DE LAS GARANTIAS
ARTICULO 128. OTORGAMIENTO DE GARANTIAS.
En las contrataciones que se realicen en el Tribunal en las materias objeto del presente Acuerdo, los proveedores y contratistas deberán otorgar a favor de la Tesorería de la Federación las garantías previstas
en el presente Acuerdo.
Dichas garantías podrán constituirse mediante fianza otorgada por institución debidamente autorizada, depósito en efectivo en la cuenta que se señale por el Tribunal, o por cualquier otro medio para garantizar las obligaciones del contrato.
ARTICULO 129. DICTAMEN DE ASUNTOS JURIDICOS.
Las garantías a que se refiere este capítulo, deberán contar invariablemente con el dictamen del Área Jurídica, sobre los requisitos legales y su validez.
ARTICULO 130. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.
Para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los proveedores o contratistas, derivadas de los contratos que se celebren en la materia y que excedan la cantidad equivalente a diez veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, fijado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, elevado a un año en el momento de la contratación, la garantía que deberá presentarse será por un monto equivalente al diez por ciento del total del contrato respectivo, sin contar el impuesto al valor agregado.
La garantía de cumplimiento deberá estar dictaminada antes de realizarse cualquier pago. En caso de no presentarla el Tribunal podrá rescindir el contrato y lo asignará conforme a lo dispuesto por el artículo 120, de este Acuerdo.
La garantía deberá permanecer vigente hasta el cumplimiento total del objeto del contrato, incluyendo, en su caso, la prórroga o espera que se autorice. El Área de Adquisiciones o el Área de Obras, según corresponda, a petición del Área Solicitante deberá expresar por escrito la procedencia de la devolución y cancelación de la misma.
El Comité, el Secretario Administrativo y el Coordinador de Adquisiciones podrán exentar la presentación de la garantía de cumplimiento, en las contrataciones que respectivamente autoricen, previo dictamen de justificación del Área Solicitante.
ARTICULO 131. GARANTIA EN LA APLICACION DEL ANTICIPO.
En caso de que se haya autorizado otorgar anticipo, los proveedores o contratistas, deberán entregar al Tribunal una garantía equivalente al cien por ciento del anticipo para garantizar su debida aplicación o, en su caso, la devolución del importe recibido. Dicha garantía deberá presentarse contra la recepción del anticipo.
La garantía deberá constituirse en la misma moneda en la que se otorgue el anticipo de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, permanecerá vigente hasta la amortización total del mismo, o en su caso, hasta la conclusión de los servicios contratados o entrega de los bienes; en éstos supuestos deberá contener la indicación expresa de que el otorgante acepta continuar garantizando el monto cubierto en el caso de que se concedan prórrogas o esperas al proveedor o contratista.
Para liberar la garantía relativa a la debida inversión del anticipo, El Área Solicitante deberá manifestar su conformidad por escrito, en virtud de haber sido totalmente amortizado el anticipo otorgado.
De no haber surgido responsabilidad a cargo del proveedor al término de la vigencia de la garantía, el área correspondiente emitirá por escrito su conformidad para su cancelación.
En materia de obra pública, la garantía que se otorgue permanecerá vigente hasta la debida amortización del anticipo.
ARTICULO 132. GARANTIA POR VICIOS OCULTOS O DEFECTOS.
Concluidos los trabajos en materia de obra pública o entregados los bienes el contratista o proveedor quedará obligado a responder de los vicios ocultos o defectos que resultaren en los mismos.
Esta garantía deberá estar vigente por un plazo de doce meses, contados a partir del día en que se reciben los trabajos o se entreguen los bienes; esta fianza deberá constituirse por el equivalente al diez por ciento del monto total contratado incluido el Impuesto al Valor Agregado.
En caso de presentarse vicios ocultos o responsabilidades a cargo del proveedor o contratista, el Área de Adquisiciones o el Área de Obras, se lo comunicará por escrito, y si no lo corrige dentro del plazo que se le otorgue para tal efecto, se hará efectiva la garantía, sin perjuicio de las acciones legales que pudiera emprender el Tribunal.
Quedarán a salvo los derechos del Tribunal para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este artículo.
 
Esta garantía deberá ser entregada al momento de suscribir el acta de entrega-recepción correspondiente.
ARTICULO 133. PENA CONVENCIONAL.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por parte del proveedor o contratista, siempre y cuando no se hubiere establecido la obligación de presentar garantía de cumplimiento, dará lugar a la imposición de una pena convencional del diez por ciento del monto total del instrumento jurídico que corresponda.
ARTICULO 134. PENA CONVENCIONAL POR ATRASO.
En el caso de que el proveedor o contratista no entregue los bienes, preste los servicios o realice los trabajos contratados en el plazo pactado en el instrumento jurídico respectivo, por causas imputables a él, el tribunal podrá aplicar una pena convencional por atraso, equivalente al monto que resulte de aplicar el diez al millar diario del valor que importen los bienes pendientes de entrega, los servicios no prestados o los trabajos no ejecutados, la cual no excederá del monto de la garantía de cumplimiento del contrato. En caso de que exceda el monto de la garantía, se considerará que existe incumplimiento, iniciando el procedimiento de rescisión administrativa en los términos del presente Acuerdo.
El importe que resulte de la pena por atraso se descontará del pago que se le deba realizar al proveedor o contratista.
ARTICULO 135. COBRO DE LA GARANTIA POR INCUMPLIMIENTO.
Cuando el Área Solicitante determine que existe incumplimiento imputable al proveedor o contratista, deberá gestionar ante el Área Jurídica que se haga efectiva la garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato; sin perjuicio de las demás acciones legales que estos determinen.
ARTICULO 136. COBRO DE LA GARANTIA DE ANTICIPO.
En caso de que se haya otorgado anticipo al proveedor o contratista y que no sea debidamente amortizado o reintegrado al Tribunal, el Área Solicitante o el Área de Obras deberá gestionar ante el Área Jurídica que se haga efectiva la garantía, sin perjuicio de las demás acciones legales que estos determinen.
CAPITULO TERCERO
TERMINACION Y SUSPENSION DE LOS CONTRATOS
ARTICULO 137. SUPUESTOS DE TERMINACION DE CONTRATOS.
Los contratos celebrados en la materia objeto del presente Acuerdo podrán darse por terminados, sin responsabilidad para el Tribunal, en los siguientes supuestos:
l.           Por cumplimiento de su objeto;
ll.          Por rescisión;
lII.          Por caso fortuito o fuerza mayor;
IV.         Por razones de orden público o de interés general, y
V.          Por mutuo consentimiento.
ARTICULO 138. TERMINACION DE CONTRATOS POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO.
Se tendrán por terminados los contratos por cumplimiento de su objeto cuando se hayan satisfecho totalmente las obligaciones derivadas de ellos, o en su caso, al tratarse de contratos en los que se presten servicios por un periodo determinado, haya transcurrido el plazo de su vigencia.
ARTICULO 139. PROCEDIMIENTO DE RESCISION EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.
De considerarse un posible incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de los proveedores y contratistas estipuladas en el contrato, el Área Solicitante informará dicho incumplimiento al Área Jurídica para que inicie el procedimiento de rescisión, quien notificará a los proveedores o contratistas, que se les otorga un término de 10 días para que expongan lo que a su derecho convenga y presenten las pruebas que estimen pertinentes en relación al incumplimiento que se les imputa.
Hecho lo anterior, se presentará al Comité el proyecto de resolución respectivo
 
ARTICULO 140. RESCISION ADMINISTRATIVA
En caso de que el Comité determine la procedencia de la rescisión administrativa, solicitará al Área Jurídica que elabore la resolución correspondiente.
La resolución de rescisión deberá ser comunicada al proveedor o contratista, dentro del término de 10 días hábiles contados a partir de su emisión.
ARTICULO 141. TERMINACION DE CONTRATOS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.
Los contratos podrán darse por terminados en cualquier momento de su vigencia, sin responsabilidad para las partes, por caso fortuito o fuerza mayor.
En el supuesto de que el proveedor o contratista solicite la terminación deberá informar al Área Solicitante dicha circunstancia, para lo cual aportará los elementos que acrediten la misma. El Área Solicitante con base en dichos elementos presentará al Comité un informe a efecto de que éste determine la terminación del contrato.
Cuando la terminación del contrato sea por parte del Tribunal, no deberá realizar pago alguno por concepto de gastos no recuperables.
ARTICULO 142. TERMINACION POR CAUSAS JUSTIFICADAS, DE ORDEN PUBLICO O DE INTERES GENERAL.
El Tribunal previa aprobación de su Comité podrá dar por terminados los contratos anticipadamente por razones justificadas, de orden público o de interés general.
ARTICULO 143. EFECTOS DE LA TERMINACION.
De actualizarse el supuesto de los dos artículos anteriores, bastará para ello una comunicación que dirija por escrito en este sentido al proveedor o contratista, sin más responsabilidad para el Tribunal que la de cubrir el importe de los bienes entregados, servicios prestados o trabajos que efectivamente haya ejecutado hasta ese momento.
ARTICULO 144. TERMINACION POR MUTUO CONSENTIMIENTO.
Los contratos podrán darse por terminados por mutuo consentimiento, cuando así convenga a los intereses de ambas partes. El motivo por el cual resulte conveniente dar por terminado el contrato deberá estar debidamente justificado.
Para tal efecto, las Áreas Solicitantes elaborarán un informe que contenga la fundamentación y motivación correspondiente, así como la existencia o no de perjuicios que se pudieran causar al Tribunal, mismo que someterá a la consideración del Comité para su aprobación.
Únicamente podrá darse por terminado el contrato en los términos del presente artículo en caso de que el proveedor o contratista no haya incurrido en alguna causal de incumplimiento.
CAPITULO CUARTO
DE LA SUSPENSION DE LOS EFECTOS DE LOS CONTRATOS
ARTICULO 145. SUSPENSION TEMPORAL DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES. Procederá la suspensión temporal de las relaciones contractuales en los siguientes casos:
I.           Por caso fortuito o fuerza mayor, y
II.          Por causa justificada o por razones de interés general,
Para el primer supuesto, el Área Solicitante verificará las causas y en su caso, determinará la procedencia de la suspensión temporal, en todo o en parte, respecto del suministro de bienes, arrendamientos, la prestación de servicios o trabajos de obra pública, informando en la próxima sesión ordinaria al Comité. La temporalidad de ésta suspensión no podrá ser mayor de 15 días hábiles.
Por causa justificada o por razones de interés general el Secretario Administrativo, a petición del Área Solicitante, podrá autorizar la suspensión, en todo o en parte, del suministro de bienes, arrendamientos, la prestación de servicios o trabajos de obra pública.
La suspensión se deberá comunicar por escrito a los proveedores y contratistas, según corresponda, En dicha notificación, se señalará el plazo máximo de la suspensión, cuyo término podrá ser diferido en una sola ocasión hasta por el término autorizado originalmente.
En caso de que la suspensión esté ligada a un hecho de realización cierta, pero de fecha indeterminada,
el periodo de la suspensión estará sujeto a la actualización de ese evento, sin perjuicio de que se pueda optar por la terminación anticipada.
ARTICULO 146. DEL ACTA DE SUSPENSION.
En la suspensión originada por caso fortuito o fuerza mayor, el Área Solicitante, con la intervención en carácter de testigos de un representante de la Coordinación de Adquisiciones, de la Contraloría y del Área Jurídica, deberá levantar un acta circunstanciada la cual deberá contener como mínimo lo siguiente:
I.           Lugar, fecha y hora de inicio;
II.          Los hechos que motivan la suspensión;
III.          Nombre y firma de los participantes por parte del Tribunal y el representante legal del proveedor o contratista;
IV.         Datos de identificación de los bienes no entregados, servicios no prestados o trabajos no ejecutados que se suspenderán, y las medidas que se tomarán para su reanudación, y
V.          El plazo de la suspensión.
En materia de obra pública si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de una sola acta circunstanciada o registrarlos en la bitácora.
ARTICULO 147. TERMINACION ANTICIPADA POR PARTE DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS.
Los proveedores o contratistas podrán solicitar al Tribunal la terminación anticipada de los contratos por causa justificada, acompañando a su solicitud la documentación comprobatoria que estimen pertinente.
Al respecto, el Área Solicitante efectuará el análisis correspondiente y emitirá un informe que deberá contener la opinión del Área Jurídica, el cual presentará al Comité para su aprobación.
ARTICULO 148. RESCISION Y TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATOS CON SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR.
En los casos de rescisión o terminación anticipada de contratos en que se otorgó anticipo, el saldo pendiente de amortizar se reintegrará al Tribunal en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión o terminación al proveedor o contratista; en caso contrario, se hará efectiva la garantía presentada para la debida inversión del anticipo.
TITULO SEPTIMO
INCONFORMIDAD
CAPITULO UNICO
ARTÍCULO 149. DE LA INCONFORMIDAD.
La Contraloría conocerá de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres proveedores o contratistas que se indican a continuación:
I.           En la licitación pública procederá en contra de:
a.-  La convocatoria a la licitación;
b.-  La junta de aclaraciones;
c.-  La apertura de propuestas, y
d.-  El fallo.
II.          En la invitación a cuando menos tres proveedores o contratistas procederá en contra de:
a.-  La junta de aclaraciones;
b.-  La apertura de propuestas;
c.    El fallo, y
d.-  Contra la falta de notificación del fallo.
La inconformidad sólo podrá presentarse, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que tenga conocimiento del acto, por el interesado que haya adquirido las bases correspondientes, o recibida la invitación respectiva.
En los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado propuestas conjuntas, la inconformidad
sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la misma.
Transcurrido el plazo indicado, prescribe para los interesados el derecho de inconformarse, sin perjuicio de que la Contraloría pueda actuar en cualquier tiempo en términos de ley.
ARTICULO 150. REQUISITOS DEL ESCRITO DE INCONFORMIDAD.
La inconformidad deberá presentarse por el o los promoventes por escrito en las oficinas de la Contraloría, y cumplir con lo siguiente:
I.           Acreditar, en su caso, la personalidad jurídica que ostenten;
II.          Manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos relativos al acto o actos impugnados, y
III.          Ofrecer, en su caso, las pruebas que consideren pertinentes, debidamente integradas para su valoración.
La falta de personalidad y de la manifestación de protesta de decir verdad serán causas de desechamiento de la inconformidad, así mismo la manifestación de hechos falsos dará origen al ejercicio de las acciones legales conducentes.
El escrito debe contener:
1.          El nombre del inconforme y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación por instrumento público o mediante el convenio respectivo.
             Cuando se trate de participantes que hayan presentado propuesta conjunta, deberán designar un representante común;
2.          Domicilio para oír y recibir notificaciones en el Distrito Federal;
3.          El acto que se impugna, fecha de su emisión o notificación o, en su defecto, en que tuvo conocimiento del mismo;
4.          Las pruebas que ofrece relacionadas con los actos que impugna, y
5.          Los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del o los actos impugnados, y los motivos de inconformidad.
La Contraloría prevendrá al promovente cuando hubiere omitido alguno de los requisitos señalados en las fracciones 1 y 2 de este artículo, a fin de que subsane dichas omisiones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo en el plazo de dos días hábiles se desechará su inconformidad,
ARTICULO 151. DICTAMEN DE CONTRALORIA.
Presentada la inconformidad, la Contraloría solicitará un informe a la Coordinación de Adquisiciones, en caso de ser necesario, también requerirá un informe al área solicitante respecto de los hechos materia de la inconformidad y al cual se deberá acompañar la documentación soporte. Dicho informe deberá ser rendido dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud correspondiente. La Contraloría, dentro de un plazo que no excederá de cinco días hábiles siguientes a la recepción del informe emitirá un dictamen que contenga su opinión respecto de los hechos materia de la inconformidad. Dicho dictamen se presentará a la Comisión a fin de que resuelva lo procedente.
ARTICULO 152. SUSPENSION EN CASO DE INCONFORMIDAD.
Al conocer de una inconformidad la Contraloría podrá suspender el procedimiento de contratación en caso de que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de este Acuerdo y demás aplicables, o bien, si de continuarse el procedimiento de contratación, pudieran producirse daños o perjuicios al Tribunal.
El promovente de una inconformidad podrá solicitar la suspensión, misma que se otorgará siempre y cuando no se cause perjuicio al interés general ni se contravengan disposiciones de orden público.
Cuando el inconforme sea quien solicite la suspensión, la Contraloría podrá exigir que se otorgue fianza por el monto que fije ésta, tomando en cuenta los posibles daños y perjuicios que pudiera causar al Tribunal o al tercero perjudicado, quien a su vez podrá otorgar contrafianza por el mismo monto de la fianza, en cuyo caso quedará sin efectos la suspensión.
ARTICULO 153. RESOLUCION DE LA INCONFORMIDAD.
La resolución que emita la Comisión, respecto de la inconformidad presentada, tendrá por objeto resolver sobre la validez de los actos impugnados, y en su caso, determinar las medidas conducentes para la regularización o reposición del procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad que proceda respecto de los servidores públicos que hayan intervenido. La resolución que se emita será inatacable.
 
ARTÍCULO 154. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA.
Las resoluciones definitivas recaídas a los procedimientos de rescisión administrativa e impedimento para contratar establecidos en los artículos 78 y 140 del presente Acuerdo General, podrán ser impugnadas mediante el recurso de revisión administrativa, el cual se interpondrá por escrito, señalando:
I.           Nombre del recurrente o de quien promueve en su nombre, acompañando la documentación necesaria para acreditar su personería.
             Cuando quien promueva a nombre del recurrente afirme tener reconocida su representación en el procedimiento de contratación del que emane la resolución recurrida, le será admitida siempre que precise las constancias respectivas.
II.          Domicilio para oír y recibir notificaciones.
III.          Identificar la resolución que impugna y señalar detalladamente los agravios que le causan.
IV.         Ofrecer y aportar las pruebas que estime pertinentes.
V.          Firma del promovente.
ARTÍCULO 155. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA.
El recurso de revisión se interpondrá dentro del plazo de cuatro días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución que se pretenda impugnar, por conducto de la presidencia del Comité.
La interposición del recurso ante un órgano o área diferente al señalado en el párrafo anterior, no interrumpirá el plazo de presentación.
La tramitación del recurso se seguirá conforme a las siguientes reglas:
I.           Dentro de los cinco días siguientes a la recepción del escrito del recurso de revisión, la presidencia del Comité ordenará la integración del expediente.
II.          La presidencia del Comité podrá mandar requerir al promovente para que aclare alguna irregularidad en el escrito de interposición; cuando haya omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 154 de este Acuerdo; no se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personería o éste resulte insuficiente; o cuando existan circunstancias que a juicio de la presidencia del Comité deban subsanarse o precisarse.
             De no subsanar las deficiencias, irregularidades u omisiones señaladas en el párrafo anterior dentro del plazo de tres días siguientes al requerimiento, se perderá el derecho para hacerlo y se continuará con el trámite respectivo.
             Cuando el recurso se presente fuera de plazo o no se acredite la personería de quien promueva a nombre del recurrente, la presidencia del Comité someterá a consideración de la Comisión el desechamiento del recurso.
III.          Una vez integrado el expediente, será remitido al Área Jurídica, quien dentro de los diez días siguientes a su recepción, procederá a elaborar una opinión, debidamente fundada y motivada, sobre los agravios expuestos y las pruebas ofrecidas por el recurrente; realizado lo anterior, devolverá el expediente y la opinión a la presidencia del Comité para que, dentro de las veinticuatro horas siguientes, remita las constancias a la Comisión.
IV.         Recibidas las constancias, la Comisión emitirá la resolución correspondiente, misma que podrá confirmar, modificar o revocar la resolución recurrida.
V.          Las resoluciones que emita la Comisión serán definitivas e inatacables, en términos de lo dispuesto por los artículos 99, párrafo décimo y 100, párrafo noveno, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTÍCULO 156. SUSPENSIÓN
La interposición del recurso de revisión suspenderá la ejecución de la resolución impugnada. [Adicionado mediante Acuerdo 105/S4(21-IV-2015)]
TRANSITORIOS
 
[...]
TRANSITORIOS A LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO GENERAL QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OBRA PÚBLICA Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, APROBADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, MEDIANTE ACUERDO 265/S9(8-IX-2015), EMITIDO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
PRIMERO. La Comisión de Administración aprueba las reformas y adiciones al Acuerdo General que regula los procedimientos de Adquisición, Arrendamiento de Bienes Muebles, Prestación de Servicios, Obra Pública y los Servicios relacionados con la misma, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente acuerdo.
TERCERO. Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
CUARTO. Para su mayor difusión, publíquese en la página Intranet e Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como en el Diario Oficial de la Federación.
EL SUSCRITO, LICENCIADO JORGE ENRIQUE MATA GÓMEZ, SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN VIII, DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CITADO ÓRGANO JURISDICCIONAL.
CERTIFICA
Que el presente documento en 52 fojas, corresponde al "Acuerdo General que regula los procedimientos de adquisición, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios, obra pública y los servicios relacionados con la misma del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación", cuyas reformas y adiciones fueron aprobadas por la Comisión de Administración mediante acuerdo 265/S9(8-IX-2015) emitido en la Novena Sesión Ordinaria, celebrada el 8 de septiembre de 2015, que obra en los archivos de la Coordinación de Asuntos Jurídicos. DOY FE.
México, Distrito Federal, 23 de septiembre de 2015.- El Secretario de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jorge Enrique Mata Gómez.- Rúbrica.
 

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