DOF: 08/03/2017
ACUERDO que fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, en cuanto a la emisión de los actos administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable

ACUERDO que fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, en cuanto a la emisión de los actos administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 69-A, 69-E, 69-H y 69-I de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 13, 26, 27, 28, 31, 32, 32 Bis, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 Bis y 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y
CONSIDERANDO
Que el 9 de enero de 2017 fue suscrito el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, con el fin de impulsar los proyectos de inversión programados para 2017 y 2018, así como para fomentar nuevas inversiones en nuestra economía manteniendo la creación de empleos, el crecimiento económico y la competitividad; para ello, los sectores empresarial, sindical y del campo se comprometieron a privilegiar la productividad como medio para impulsar el crecimiento, el desarrollo, la competitividad y la mejora de los ingresos de los trabajadores del país. De la misma forma, se prevé la implementación de las reformas estructurales que eleven la competencia y la inversión en sectores clave de la economía;
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en la meta nacional "México Próspero", en su objetivo "Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo", incorpora como estrategia 4.7.2 la de implementar una mejora regulatoria integral y como una de sus líneas de acción la de fortalecer la convergencia de la Federación con los otros órdenes de gobierno, para impulsar una agenda común de mejora regulatoria que incluya políticas de revisión normativa, de simplificación y homologación nacional de trámites, así como medidas para facilitar la creación y escalamiento de empresas, fomentando el uso de herramientas electrónicas;
Que en el Enfoque transversal (México Próspero) del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la Estrategia I. "Democratizar la Productividad", establece como una de sus líneas de acción promover permanentemente la mejora regulatoria que reduzca los costos de operación de las empresas, aumente la competencia y amplíe el acceso a insumos a precios competitivos;
Que el costo económico total de los trámites y servicios federales al inicio de la presente administración representaba un monto equivalente a 4.25% del Producto Interno Bruto (PIB), y con los esfuerzos de simplificación impulsados por el Gobierno de la República al día de hoy el costo económico total de los trámites y servicios federales equivale a 2.78% del PIB, lo que implica que dichos costos se han reducido en un monto equivalente a 1.47% del PIB;
Que de conformidad con las buenas prácticas internacionales en materia de mejora regulatoria, las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, al momento de emitir nuevas regulaciones, deberán abrogar o derogar dos obligaciones regulatorias o dos actos que se refieran a la misma materia o sector económico regulado; para ello la Comisión Federal de Mejora Regulatoria vigilará que efectivamente exista una reducción en el costo de cumplimiento de la regulación para los particulares, y establecerá alternativas que reduzcan el mismo, lo cual generará importantes beneficios que se traducirán en bienestar social y mayor competitividad para las empresas en nuestro país, y
Que en este contexto, para reducir el universo regulatorio existente, he instruido a que se tomen las medidas para que las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, reduzcan el costo de cumplimiento de las mismas, he tenido a bien emitir el siguiente
ACUERDO
Artículo Primero. El presente Acuerdo tiene por objeto fijar los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, para la emisión de los actos administrativos de carácter general que impliquen costos de cumplimiento para los particulares a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Artículo Segundo. Para los efectos del presente Acuerdo, se entiende por:
I.     Comisión: la Comisión Federal de Mejora Regulatoria;
II.     Consejería: la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal;
III.    Dependencias y organismos descentralizados: las Secretarías de Estado y sus órganos administrativos desconcentrados, así como los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, sujetos al Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y
IV.   Ley: la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Artículo Tercero. Las dependencias y organismos descentralizados, deberán abstenerse de emitir actos administrativos de carácter general con costos de cumplimiento para los particulares, excepto por aquellos que:
I.     Pretendan atender una situación de emergencia, siempre que:
a)   Tengan una vigencia no mayor de seis meses, misma que, en su caso, podrá ser renovada por una sola ocasión por un periodo igual o menor;
b)   Se busque evitar un daño inminente, o bien, atenuar o eliminar un daño existente a la salud o bienestar de la población, a la salud animal y sanidad vegetal, al medio ambiente, a los recursos naturales o a la economía, y
c)   No se haya expedido previamente un acto con contenido equivalente para el cual se haya otorgado trato de emergencia;
II.     Con la expedición del acto administrativo de carácter general, la dependencia u organismo descentralizado cumpla con una obligación establecida en ley, así como en reglamento, decreto, acuerdo u otra disposición de carácter general expedidos por el Titular del Ejecutivo Federal;
III.    Con la expedición del acto administrativo de carácter general se atiendan compromisos internacionales;
IV.   El acto administrativo de carácter general, por su propia naturaleza, deba emitirse o actualizarse de manera periódica;
V.    Los beneficios aportados por el acto administrativo de carácter general, en términos de competitividad y funcionamiento eficiente de los mercados, entre otros, sean superiores a los costos de su cumplimiento por parte de los particulares, o
VI.   Se trate de reglas de operación de programas que se emitan de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda.
 
Artículo Cuarto. La dependencia u organismo descentralizado que pretenda expedir un acto administrativo de carácter general que se ubique en alguno de los supuestos del artículo que antecede, deberá indicarlo en el formulario de la Manifestación de Impacto Regulatorio correspondiente al anteproyecto de regulación que presente ante la Comisión.
La Comisión resolverá lo conducente en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en que recibió la solicitud. En los casos de emergencia a que se refiere la fracción I del artículo anterior, el plazo máximo de respuesta será de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se recibió la solicitud.
La dependencia u organismo descentralizado que discrepe respecto de la resolución de la Comisión a propósito de la no procedencia del supuesto invocado, deberá manifestar por escrito su inconformidad estableciendo los argumentos o justificaciones respectivos a dicha Comisión, en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de la notificación de la resolución mencionada. En caso de no realizarse dicha manifestación de inconformidad dentro del plazo indicado, se entenderá que la dependencia u organismo descentralizado no tiene objeción alguna respecto de la resolución emitida por la Comisión.
Una vez presentado el escrito de inconformidad, la Comisión tendrá un plazo máximo de dos días hábiles para remitirlo a la Consejería, adjuntando fotocopia del expediente respectivo que constará del formulario de la Manifestación de Impacto Regulatorio, del oficio de inconformidad de la dependencia u organismo descentralizado y del anteproyecto de regulación, a fin de que ésta resuelva en definitiva en un plazo máximo de treinta días hábiles.
La Consejería, podrá solicitar documentación o información adicional a la dependencia u organismo descentralizado, así como a la Comisión, a efecto de contar con mayores elementos para emitir su resolución, para que en un plazo no mayor de diez días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento presente la documentación o información respectiva, en cuyo caso se suspenderá el plazo establecido para la emisión de la resolución, el cual se reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquél en el que se reciba la documentación o información faltante.
Con independencia de lo anterior, la Consejería podrá convocar a la dependencia u organismo descentralizado, para que realicen las consideraciones o aclaraciones respectivas.
Artículo Quinto. Para la expedición de nuevos actos administrativos de carácter general, las dependencias y organismos descentralizados deberán indicar expresamente en el anteproyecto correspondiente, las dos obligaciones regulatorias o los dos actos que se abrogarán o derogarán y que se refieran a la misma materia o sector económico regulado. La Comisión deberá vigilar que efectivamente exista una reducción en el costo de cumplimiento de la regulación para los particulares.
A efecto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, las dependencias y organismos descentralizados deberán brindar la información que al efecto determine la Comisión en el formulario de la Manifestación de Impacto Regulatorio correspondiente. Con base en dicha información, la Comisión efectuará la valoración correspondiente y determinará en su dictamen si se cumple el supuesto antes mencionado, en los mismos plazos y términos a que se refiere el artículo Cuarto del presente Acuerdo.
Cuando la dependencia u organismo descentralizado discrepe respecto del dictamen de la Comisión, se llevará a cabo el mismo procedimiento que se establece en el artículo Cuarto, párrafos tercero a sexto del presente Acuerdo.
 
Artículo Sexto. Lo dispuesto en el artículo anterior no será aplicable a los actos administrativos de carácter general que se ubiquen en los supuestos de las fracciones I y VI del artículo Tercero del presente Acuerdo.
En caso de que en el sector económico a ser afectado por el acto administrativo de carácter general propuesto, no se identifiquen regulaciones susceptibles de ser abrogadas o derogadas, la autoridad promovente deberá indicar dicha situación en el formulario de la Manifestación de Impacto Regulatorio conducente, brindando la justificación que corresponda.
En este supuesto, la Comisión deberá valorar la información proporcionada por la dependencia u organismo descentralizado para emitir, de ser procedente, el dictamen correspondiente o, en su defecto, sugerir actos administrativos de carácter general susceptibles de ser abrogados o derogados, a través de la solicitud de ampliaciones y correcciones a que se refiere el artículo 69-I de la Ley o, en su caso, alternativas que efectivamente reduzcan para los particulares el costo de cumplimiento de la regulación.
Las sugerencias emitidas por la Comisión deberán ser valoradas por la dependencia u organismo descentralizado promovente para modificar su anteproyecto o bien reiterar su posición, en cuyo caso la Comisión analizará nuevamente la situación para emitir un posicionamiento definitivo a través del dictamen que, en su caso, corresponda.
Cuando la dependencia u organismo descentralizado discrepe respecto del dictamen de la Comisión, se llevará a cabo el mismo procedimiento que se establece en el artículo Cuarto, párrafos tercero a sexto del presente Acuerdo.
Artículo Séptimo. Corresponde a la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones en materia de responsabilidad administrativa, dar seguimiento al cumplimiento de lo establecido en este Acuerdo.
Artículo Octavo. El presente Acuerdo no resultará aplicable a los actos administrativos de carácter general que emita el Titular del Ejecutivo Federal.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. El presente Acuerdo abroga el Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2007.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a siete de marzo de dos mil diecisiete.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava.- Rúbrica.- El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán.- Rúbrica.- El Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.- Rúbrica.- El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.- Rúbrica.- El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Eduardo Calzada Rovirosa.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.- Rúbrica.- La Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González.- Rúbrica.- El Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer.- Rúbrica.- El Secretario de Salud, José Ramón Narro Robles.- Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica.- La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, María del Rosario Robles Berlanga.- Rúbrica.- La Secretaria de Cultura, María Cristina Irina García Cepeda García.- Rúbrica.- El Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero.- Rúbrica.
 

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