DOF: 16/05/2017
ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se ejerce la facultad de atracción y se aprueban los Lineamientos para el cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales,

ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se ejerce la facultad de atracción y se aprueban los Lineamientos para el cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales, del ámbito federal y local; así como para el reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional Electoral.- Consejo General.- INE/CG61/2017.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EJERCE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN Y SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁMBITO FEDERAL Y LOCAL; ASÍ COMO PARA EL REINTEGRO O RETENCIÓN DE LOS REMANENTES NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA
ANTECEDENTES
I.       El 30 de marzo de 2006 se publicó el decreto por el que se expidió la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual entró en vigor el 1 de abril de 2006.
II.      El 8 de octubre de 2009, el IFE y el SAT celebraron el "Convenio para el control y cobro de créditos fiscales determinados por el Instituto Federal Electoral, derivados de multas impuestas por infracciones relativas a los incisos b), c), d), e), f), g) y h), del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales" (COFIPE), cuyo objetivo era establecer las bases y los mecanismos de colaboración entre ambas instituciones, para el intercambio de información relativa a las multas administrativas no fiscales, así como a las multas impuestas por el IFE a los sujetos de responsabilidades por infracciones cometidas a las disposiciones electorales señaladas en el artículo 341 del COFIPE, con excepción del numeral 1, inciso a), referente a los partidos políticos, a fin de que el SAT contara con los elementos para poder realizar el cobro de estos aprovechamientos mediante el procedimiento administrativo de ejecución en los términos del marco legal y normativo respectivo.
III.     El 30 de octubre de 2013, el IFE y el SAT suscribieron el "Addendum al Convenio para el control y cobro de créditos fiscales determinados por Instituto Federal Electoral, derivados de multas impuestas por infracciones relativas a los incisos b), c), d), e), f), g) y h), del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales".
IV.     Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en su Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, que el Instituto Nacional Electoral (INE) es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos; asimismo, es autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, regido por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
V.      En el citado Decreto, en su artículo 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo, se establece que corresponde al Consejo General del INE la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos relativas a los procesos electorales (federal y local), así como de las campañas de los candidatos.
VI.     El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE).
VII.    El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), en la que se establece, entre otras cuestiones: i) la distribución de competencias en materia de partidos políticos; ii) los derechos y obligaciones de los partidos políticos; iii) el financiamiento de los partidos políticos; iv) el régimen financiero de los partidos políticos; v) la fiscalización de los partidos políticos; vi) disposiciones aplicables de las agrupaciones políticas nacionales y a las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político.
VIII.   El 19 de noviembre de 2014, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG264/2014, por el que se expide el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; así como el acuerdo INE/CG263/2014 por el que expidió el Reglamento de Fiscalización y se abroga el Reglamento de Fiscalización aprobado el 4 de julio de 2011 en sesión extraordinaria del Consejo General del IFE mediante el Acuerdo CG201/2011.
IX.     En sesión extraordinaria celebrada el 19 de noviembre de 2014, el Consejo General del INE aprobó
el Acuerdo INE/CG268/2014, por el que se expide el Reglamento Interior del Instituto.
X.      El 23 de febrero de 2015, el INE y el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SAT) celebraron el "Convenio de colaboración para la coordinación de acciones relacionadas con el intercambio de información y cobranza", cuyo objetivo es establecer las bases y mecanismos de cooperación entre ambas instituciones, a fin de garantizar el óptimo y oportuno intercambio de información y documentación que por razón de su función posean y que, en términos de las disposiciones aplicables, puedan ser objeto de intercambio para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, así como la entrega, recepción, control y cobro de créditos fiscales, derivados de sanciones y multas competencia del INE por infracciones a las disposiciones legales en materia electoral.
        Convenio de colaboración que extinguió y dejó sin efectos al Convenio y Adenda señalados en los apartados I y II.
XI.     El 12 de agosto de 2015, en sesión extraordinaria el Consejo General del INE aprobó diversas resoluciones respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a diputados federales en el proceso ordinario federal 2014-2015; a los cargos de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral local ordinario 2014-2015 en los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora, así como las resoluciones del Consejo General del Instituto, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a diputados locales, ayuntamientos y jefaturas delegacionales, correspondientes al Proceso Electoral 2014-2015, en el Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Tabasco y Yucatán; en la discusión respectiva la mayoría de los integrantes del Consejo General del INE votaron en contra de que los partidos políticos reintegren al erario los montos de financiamiento público para campaña que no fueron utilizados.
XII.    El 16 de agosto de 2015, el partido MORENA, a través del Lic. Horacio Duarte Olivares, representante propietario ante el Consejo General del INE, presentó recurso de apelación para contravenir la resolución respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos de gobernador, diputados y ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral local ordinario 2014-2015, dicha impugnación quedó radicada bajo el recurso de apelación identificado con la clave alfa numérica SUP-RAP-498/2015.
XIII.   El 19 de agosto y 7 de septiembre de 2015, respectivamente, la Sala Superior del TEPJF determinó escindir el medio de impugnación referido en el numeral anterior, para formar los recursos de apelación identificados con las claves SUP-RAP-558/2015 y SUP-RAP-647/2015, respectivamente.
XIV.   El 7 de octubre de 2015 la Sala Superior del TEPJF, en sesión pública, aprobó por unanimidad de votos la Jurisprudencia 31/2015 con el rubro: "MULTAS. EL DESTINO DE LOS RECURSOS OBTENIDOS POR SU IMPOSICIÓN EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DEPENDE DEL PROCESO ELECTORAL DE QUE SE TRATE."
XV.    El 6 de noviembre de 2015 se aprobaron las reglas generales en relación al procedimiento de liquidación de los Partidos Políticos Nacionales que no obtuvieron el porcentaje mínimo de la votación establecido en la Ley para conservar su registro mediante Acuerdo INE/CG938/2015.
XVI.   El 2 de diciembre de 2015, la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-647/2015, determinando que los partidos políticos sí tienen la obligación implícita de reintegrar al erario público los recursos que fueron asignados específicamente para gastos de campaña, y que no fueron devengados o comprobados de forma debida, ordenando al INE emitir un acuerdo por el que se estableciera el procedimiento mediante el cual los partidos políticos realicen el reintegro de los recursos públicos no erogados o que no fueron acreditados su uso y destino, en los términos siguientes:
"(...)
SÉPTIMO.- Efectos. Toda vez que los agravios del partido político apelante han resultado fundados, lo procedente es ordenar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral lleve a cabo de manera inmediata lo siguiente:
1. Emita un acuerdo por el que se establezcan las normas que regulen todo el procedimiento necesario que deben seguir los partidos políticos para realizar el reintegro
de los recursos públicos, a fin de respetar los principios de certeza y legalidad. Para ello deberá tomar en consideración los Lineamientos de la presente ejecutoria.
2. Asimismo, deberá emitir las determinaciones conducentes, a fin de que los partidos políticos reintegren al erario público federal o local, según corresponda, el financiamiento público para gastos de campaña que no fue erogado o no se acreditó su uso y destino.
(...)"
XVII.  El 16 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria del Consejo General del INE se aprobó el Acuerdo INE/CG1047/2015 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado el 19 de noviembre de 2014 en sesión extraordinaria del Consejo General del INE mediante Acuerdo INE/CG263/2014, modificado a su vez mediante Acuerdo INE/CG350/2014 el 23 de diciembre de 2014.
XVIII. En la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, celebrada el 4 de mayo de 2016 se aprobó el Acuerdo INE/CG320/2016 por el que se modifica el artículo 9, numeral 1, inciso f), fracción IX y se adiciona la fracción X del Reglamento de Fiscalización, aprobado el 16 de diciembre de 2015, en sesión extraordinaria del Consejo General del INE mediante Acuerdo INE/CG1047/2015, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del TEPJF en el SUP-RAP-19/2016.
XIX.   El 15 de junio de 2016, en sesión extraordinaria el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG479/2016, por el que se modifica el artículo 8, párrafo 1, inciso b), y se adiciona un párrafo al artículo 10 del Reglamento Interior del INE.
XX.    El 15 de junio de 2016, en sesión extraordinaria el Consejo General del INE, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del TEPJF en la sentencia recaída al SUP-RAP-647/2015, aprobó el Acuerdo número INE/CG471/2016 mediante el cual emitió los Lineamientos para reintegrar el remanente no ejercido del financiamiento público otorgado para gastos de campaña en los Proceso Electorales Federales y Locales.
XXI.   Aprobación de los Lineamientos para regular los flujos de información entre el INE y los OPLE. El 25 de noviembre de 2016, en sesión extraordinaria el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG803/2016 por el que expide los Lineamientos para regular los flujos de información entre el INE y los OPLE, en formatos y bases de datos homogéneos que permitan su incorporación a la RedINE; cuya finalidad es fortalecer la comunicación interinstitucional entre autoridades electorales, así como coordinar la generación, estandarización y publicación de información a su cargo, vinculada con los procesos electorales, a efecto de que contribuya a la observancia del principio rector de máxima publicidad de la función electoral y el fortalecimiento de la transparencia y el acceso a la información pública.
XXII.  Sentencia dictada por la Sala Superior en el SUP-RAP-515/2016. El 11 de enero de 2017 la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-515/2016, mediante la cual determinó confirmar el contenido del oficio INE/UTF/DA-L/22647/16 por el que la UTF notificó la confronta al Partido Político Morena respecto de los remanentes del citado instituto político, determinados por la Unidad Técnica de Fiscalización, en la campaña correspondiente al Proceso Electoral 2014-2015.
XXIII. Aprobación del Reglamento de Elecciones del INE. En sesión extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, por el que se expide el Reglamento de Elecciones del Instituto, el cual fue impugnado por los partidos Nueva Alianza, MORENA, de la Revolución Democrática, Acción Nacional y del Trabajo.
XXIV. Sentencia dictada por la Sala Superior en el SUP-RAP-460/2016 y acumulados. El 2 de noviembre de 2016 la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en los recursos de apelación SUP-RAP-460/2016 y acumulados, mediante la cual determinó modificar el Acuerdo INE/CG661/2016. En lo que interesa, se suprimió en su totalidad el artículo 41, así como el inciso e) del numeral 1 del artículo 42 del Reglamento de Elecciones.
XXV.  El 21 de diciembre de 2016, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG875/2016 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización.
XXVI. El 13 de marzo de 2017, mediante oficio se presentó la solicitud al Secretario Ejecutivo, por parte de los Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral, Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Enrique Andrade González, Benito Nacif Hernández y Ciro Murayama Rendón, en términos de los artículos 41, Base V, Apartado C, segundo párrafo inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 120, numeral 3 y 124 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 39, numeral 1, inciso c); 40, numeral 3; 47, numeral 1; 60 y 64 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, para poner a consideración del Consejo General el ejercicio de la facultad de atracción y los Lineamientos para el cobro de las sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales, de ámbito federal y local, así como para el reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del Financiamiento Público para Gastos de Campaña.
CONSIDERANDO
1.      De conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base I, segundo párrafo de la Constitución federal, los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.
2.      Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base II, primer y penúltimo párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales; fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las campañas electorales; así como ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten.
        Por otra parte, el citado artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, en relación con los artículos 29, 30, párrafo 2 y 31, párrafo 1, de la LEGIPE, establece que el INE es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.
3.      La citada disposición constitucional determina que el INE es autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; que en su estructura contará con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia, que la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de sus órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los Organismos Públicos Locales, y que los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones.
4.      Que de conformidad con el Apartado B, inciso a), numeral 6 del artículo 41, Base II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que corresponde al INE, para los procesos federales y locales la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, coaliciones y candidatos, por lo que dichas funciones se encontrarán a cargo del Consejo General del Instituto. La Ley desarrollará las atribuciones del Consejo General para la realización de la función en cita, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la aplicación de sanciones correspondientes. Finalmente, en cumplimiento de sus funciones el Consejo General no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, para lo cual contará con el apoyo de las autoridades federales y locales.
5.      El artículo 44, párrafo 1, incisos gg) y jj) de la LEGIPE establece como atribuciones del Consejo General, aprobar y expedir los Reglamentos, Lineamientos y acuerdos para ejercer las facultades previstas en el Apartado B de la Base V del artículo 41 de la Constitución federal; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las atribuciones señaladas en la ley.
        De ello se observa que el legislador no sólo confirió al Consejo General la facultad expresa para aprobar los cuerpos normativos atinentes a la organización y desarrollo de los procesos electorales, sino que, además, lo dotó de una facultad más amplia al precisar que para el ejercicio de sus atribuciones tiene la potestad de emitir las normas jurídicas secundarias que coadyuven al ejercicio de sus funciones. Esta atribución está encaminada a que procure que las normas sean efectivas para alcanzar los objetivos que les dieron origen.
 
6.      Que los artículos 51, párrafo 2, 459, párrafo 1, inciso c), y 470 de la LEGIPE disponen que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) es el órgano competente para la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores ordinarios, así como de instruir el procedimiento especial sancionador.
7.      En términos de lo establecido en el artículo 71, párrafo 1, inciso i), del Reglamento Interior en cita, la UTCE tiene dentro de sus atribuciones la de efectuar las gestiones necesarias para dar vista a las autoridades hacendarias, a efecto de que se proceda al cobro de las multas impuestas en los procedimientos ordinarios y especiales sancionadores, que no haya sido pagadas en la DEA, en los términos establecidos en la resolución correspondiente.
8.      El artículo 55, párrafo 1, inciso d) de la LEGIPE, establece que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) tiene dentro de sus facultades la de ministrar a los Partidos Políticos Nacionales el financiamiento público al que tienen derecho conforme a lo señalado en la normatividad.
9.      Los artículos 60, párrafo 1, inciso e) y 119, párrafo 1, de la LEGIPE, establecen que a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL) le corresponde la coordinación entre el INE y los OPLE para el desarrollo de la función electoral.
10.    El artículo 104, párrafo 1, inciso a) de la LEGIPE impone a los OPLE la obligación de aplicar las normas, criterios o formatos que expida el INE.
        Asimismo, prevé que la incorporación de temas que en principio son de la competencia originaria de los referidos organismos, tiene como finalidad establecer requisitos mínimos y homologados que rijan esos procedimientos y actividades en procesos electorales futuros, en algunos casos, que sean de orientación y, en otros, por su vinculación con actividades propias del INE, que permitan cumplir con el ejercicio adecuado de esas atribuciones.
11.    Los artículos 190, 191, 192, párrafo 2 y 196, párrafo 1, de la LEGIPE, en relación con el numeral 72, párrafo 1 del Reglamento Interior del INE, establecen que la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General por conducto de su Comisión de Fiscalización, quien para el cumplimiento de sus funciones contará con una Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), la cual se encargará de la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos, los precandidatos, los aspirantes a candidatos independientes, los candidatos independientes, los candidatos de partidos políticos, las agrupaciones políticas nacionales, las organizaciones de observadores electorales respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como de investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los sujetos obligados , así como vigilar que el origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos observen las disposiciones legales y, en caso de incumplimiento de las obligaciones de la materia, imponer las sanciones que procedan conforme a la normatividad vigente.
12.    El artículo 458, párrafos 7 y 8 de la LEGIPE establece que las multas deberán ser pagadas en la DEA y prevé la facultad del INE para dar vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan al cobro de las multas relativas al régimen sancionador electoral, que no hayan sido pagadas en dicha Dirección conforme a la legislación aplicable; y, en el caso de los partidos políticos, señala que el monto de las multas se restará de sus ministraciones de gasto ordinario conforme a lo que se determine en la resolución correspondiente.
        Asimismo, dispone que los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas del régimen sancionador electoral serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) en los términos de las disposiciones aplicables, cuando sean impuestas por las autoridades federales y a los organismos estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación cuando sean impuestas o cobradas por las autoridades locales.
13.    Que el artículo 50, párrafo 1, inciso u), del Reglamento Interior del INE establece que corresponde a la DEA recibir el pago de las multas impuestas en las resoluciones dictadas en los procedimientos ordinarios y especiales sancionadores, así como realizar los respectivos trámites a fin de remitir los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas al CONACyT, de conformidad con lo establecido en la Legislación Electoral.
14.    El artículo 73, párrafo 1, incisos a), d) y e), del referido Reglamento Interior establece que la
UTVOPL tiene dentro de sus atribuciones la de coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas en el seguimiento de las distintas funciones que competen a los OPLE y que impactan en las funciones propias del INE; así como dar seguimiento e informar a la Comisión de Vinculación con relación a las funciones delegadas a los OPLE, y promover la coordinación entre el Instituto y los OPLE para el desarrollo de la función electoral.
        En términos del artículo 67, párrafo 1, inciso k), del citado Reglamento Interior le corresponde a la Dirección Jurídica del INE coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en el trámite y sustanciación de los medios de impugnación que sean de su competencia.
15.    Que de conformidad con lo establecido en los artículos 43, párrafo 4, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y 342, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización, las multas que determine el Consejo General del INE, que no hayan sido recurridas, o que sean confirmadas por el TEPJF, deberán ser pagadas en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la LEGIPE en el plazo que señale la resolución y, en caso de no precisarlo, dentro de los 15 días siguientes contados a partir de la notificación de la resolución de mérito; transcurrido el plazo sin que el pago se hubiera efectuado, el Instituto podrá deducir el monto de la multa de la siguiente ministración del financiamiento público que corresponda al partido sancionado.
Del remanente de campaña
16.    Que el artículo 222 Bis del Reglamento de Fiscalización, establece lo que a la letra se transcribe:
"Libro Segundo
Título VI. Procesos Electorales
Capítulo 4. Campañas
Sección 6. Del reintegro del financiamiento público de campaña
Artículo 222 Bis. (Adicionado)
Del reintegro del financiamiento público para campaña
El financiamiento público que reciban los partidos políticos y candidatos independientes para gastos de campaña, deberán ser utilizados exclusivamente para estos fines.
Los partidos políticos y candidatos independientes deberán devolver al Instituto o al Organismo Público Local, el monto total del financiamiento público para campaña que hubieran recibido y que no utilicen en el Proceso Electoral correspondiente. El reintegro de los recursos deberá realizarse dentro de los 5 días hábiles posteriores a que hubiera quedado firme el Dictamen y la resolución correspondiente.
En caso de no cumplir con la obligación descrita en el párrafo anterior, el Consejo General del INE o del Organismo Público Local correspondiente, iniciará el procedimiento ateniente con la finalidad de hacer exigible la devolución.
Para la determinación del saldo o remanente a devolver al Instituto o al Organismo Público Local, según corresponda, la Unidad Técnica tomará en consideración los movimientos de ingresos y egreso registrados por los partidos políticos y candidatos independientes en el Sistema en Línea de Contabilidad y los reportes específicos que para este propósito se generen debidamente validados por los representantes de finanzas de los sujetos obligados.
El saldo o remanente a devolver que se determine de conformidad con el numeral anterior, deberá incorporarse en el Dictamen Consolidado de la campaña electoral que para tal efecto elabore la Unidad Técnica.
Los partidos políticos deberán reportar las operaciones por las que hayan llevado a cabo el reintegro de los recursos en el informe anual ordinario del año en el que hayan reintegrado los recursos, conservando la documentación comprobatoria.
El Consejo General aprobará los Lineamientos para regular los procedimientos específicos y plazos para realizar el reintegro del financiamiento público de campaña que no hubiera sido utilizado para estos fines, en los que se detallarán los procedimientos y plazos correspondientes."
 
17.    Que el artículo tercero transitorio de los LINEAMIENTOS PARA REINTEGRAR EL REMANENTE NO EJERCIDO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO OTORGADO PARA GASTOS DE CAMPAÑAS EN LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES Y LOCALES, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA SUP-RAP-647/2015 DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, de manera integral señalan lo siguiente en su Artículo Transitorio tercero:
" ...
En el caso del Proceso Electoral 2014-2015, el saldo a devolver será incluido en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos de los Partidos Políticos Nacionales y locales correspondientes al ejercicio dos mil quince.
La devolución a la Tesorería de la Federación y en el caso local a su equivalente, por concepto de remanente no ejercido del financiamiento público otorgado para gastos de campañas en los procesos electorales 2014-2015 y 2015-2016, se realizará a más tardar después de 60 días de haber sido aprobado el presente Acuerdo, siempre y cuando el Dictamen del Proceso Electoral, hubiera quedado firme."
18.    Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, toda entidad que reciba transferencias de financiamiento público para gastos de campaña y que por cualquier motivo al 31 de diciembre conserve recursos, incluyendo rendimientos, deberán reintegrar el importe disponible a la Tesorería de la Federación.
19.    Que en la sentencias dictadas en los SUP-RAP-458/2016 y SUP-RAP-515/2016 el órgano jurisdiccional señaló que la obligación de los partidos de reintegrar los recursos públicos otorgados para gastos de campaña no devengados, no erogados, o cuyo uso y destino no acreditó, no deriva de la actualización de alguna infracción, sino de la obligación que, como entidad de interés público, tiene de reintegrar inmediatamente los recursos públicos aportados por el Estado que no hayan sido devengados, o cuya aplicación no se haya comprobado de forma debida, en cumplimiento a los principios de transparencia y rendición de cuentas. En consecuencia, al no constituir el reintegro de los citados recursos públicos una sanción, la autoridad administrativa en realidad no está ejerciendo una facultad sancionadora susceptible de extinguirse por caducidad, sino acatando los mandatos tanto constitucionales como legales relacionados con el correcto ejercicio de los recursos. En ese sentido vale la pena retomar un fragmento de la sentencia SUP-RAP-458/2016:
"De ese modo, no asiste razón a este instituto político de que la responsable omitió precisar porcentajes y plazos para que se reintegre el financiamiento público no ejercido en las ministraciones mensuales que por financiamiento público le corresponde, porque, es la medida que realiza la autoridad a partir de que constituye el remanente del financiamiento público destinado a las campañas electorales no gastado, el cual tampoco reintegró en los plazos previstos en la normatividad, y ante tal incumplimiento, las autoridades electorales locales retendrán el remanente a reintegrar de las ministraciones mensuales de financiamiento público inmediatas siguientes, hasta cubrir el monto total del remanente, lo que significa que el plazo es inmediato hasta que se cubra el sobrante, circunstancia que también dependerá de la cantidad de financiamiento que reciba."
20.    Que la Sala Superior ha establecido que los partidos políticos reintegren de forma inmediata, al erario federal o local, los remanentes de financiamiento público de campaña no erogado. En este sentido, y cuando el partido político no reintegre voluntariamente el remanente, es procedente que la autoridad administrativa proceda a realizar el reintegro de los remanentes de financiamiento público de campaña no erogado, con cargo a las ministraciones mensuales de financiamiento ordinario que correspondan al sujeto obligado. No obstante, de aplicar ese criterio, algunos partidos políticos podrían quedarse por un largo período sin financiamiento ordinario, como consecuencia del elevado monto de recursos que deben devolver por este concepto.
21.    Que aunque la devolución del financiamiento de campaña no erogado es una obligación inmediata que implica retener la ministración mensual de la prerrogativa de los partidos hasta liquidar la totalidad del remanente, se estima que la devolución no debería afectar de tal forma al partido político que le impida realizar sus actividades sustantivas. En razón de ello, se considera que la retención máxima de la ministración mensual de financiamiento ordinario no debería exceder el 50% (cincuenta por ciento).
 
22.    No obstante, algunos Partidos Políticos Nacionales con acreditación local en las entidades federativas, entre ellos los acreditados en Hidalgo, estarían obligados a devolver remanentes de campaña no erogados hasta por 38 meses.
        En el SUP-RAP-458/2016, la Sala Superior estableció un criterio en el que hace solidarios a los Comités Ejecutivos Nacionales de los Partidos Políticos Nacionales con acreditación local cuando éstos pierdan su registro local y, por lo tanto, el financiamiento local:
"En el caso de que los sujetos obligados no realicen el reintegro de los remanentes en el plazo señalado en este artículo, las autoridades electorales lo retendrán de las ministraciones mensuales de financiamiento público inmediatas siguientes, hasta cubrir el monto total del remanente. En el caso de que un partido político con acreditación local haya dejado de recibir financiamiento público, el Comité Ejecutivo Nacional o su equivalente, del Partido Político Nacional correspondiente, será el responsable".
Más adelante, en esa misma sentencia, la Sala Superior reiteró la obligación solidaria de los Comités Ejecutivos Nacionales respecto de los remanentes de los Partidos Políticos Nacionales con acreditación local:
"...porque al tratarse de un remanente que el partido político en el ámbito local no devolvió, y que tampoco puede cobrarse en el entorno estatal, al haber constituido financiamiento público para procesos comiciales en una entidad el cual no fue gastado debe devolverse, por ello es que al pertenecer al Partido Político Nacional es a éste a quien le corresponderá hacer la devolución."
Tomando esos criterios como precedente, y atendiendo a la necesidad de que los remanentes de campaña no erogados se reintegren a la brevedad posible, lo procedente sería trasladar esta obligación al Comité Ejecutivo Nacional del partido político en cuestión, en los casos en que la obligación se prolongue por un período superior a 6 meses.
23.    Que el órgano jurisdiccional ha señalado en la sentencia SUP-RAP-515/2016 que la autoridad administrativa electoral no conserva de manera indefinida la potestad de sancionar o exigir el cumplimiento de la obligación referida, pues dicha circunstancia implicaría una grave afectación al principio de seguridad jurídica. La potestad de la autoridad electoral para requerir a los partidos la devolución de los remanentes de los recursos públicos que les hayan sido asignados para gastos de campaña, y que no hayan sido erogados, o debidamente acreditados, es susceptible de extinguirse por prescripción en el plazo de 5 años, contado a partir de que haya quedado firme el Dictamen Consolidado de la campaña electoral correspondiente, así como la resolución que lo apruebe. En el supuesto de que el requerimiento de pago se encuentre relacionado con el financiamiento de los Procesos Electorales Federales y locales 2014-2015, o 2015-2016, la potestad se extingue por prescripción a partir de la fecha en que se emita la determinación de los saldos finales, prevista en el artículo Tercero Transitorio de Acuerdo INE/CG471/2016.
24.    Que tal como lo ha razonado el órgano jurisdiccional, el reintegro de los remanentes tiene una naturaleza distinta a la de las sanciones derivadas de infracciones en materia de financiamiento y gasto, pues, la obligación de reintegrar los recursos públicos no erogados, o cuyo uso y destino no acreditan los partidos, constituye una obligación hacendaria en su carácter de entidades de interés público, por lo que en cabal observancia a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con la finalidad de dar eficacia al Sistema de Fiscalización y dotar de plena ejecución a los Lineamientos contenidos en el Acuerdo INE/CG471/2016, es dable sostener que la retención de los remanentes no reintegrados por los sujetos obligados en los plazos establecidos para ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 de los Lineamientos a que se refiere el acuerdo citado, deberá realizarse por las autoridades electorales en orden preferente a la ejecución de las sanciones firmes.
25.    Que al tratarse de recursos que deben reintegrarse de forma inmediata a la tesorería federal o local, según corresponda, el retraso en la devolución se traduce en un menoscabo al erario público ya que los recursos pierden poder adquisitivo por el efecto del incremento de los precios de acuerdo con la evolución del Índice Nacional de Precios al Consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los recursos que se reintegran a las tesorerías, son destinados a actividades propias del Estado; por ello, al hacerlo tardíamente, se disminuye la capacidad de aprovechamiento de estos recursos, ya que pierden valor con el paso del tiempo. En razón de lo anterior y en caso de que no se reintegre el remanente de campaña no erogado en los plazos previstos en el Acuerdo INE/CG471/2016, se considera pertinente actualizar el saldo insoluto de conformidad con el factor de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
 
Del cobro de sanciones
26.    Que de conformidad con la Jurisprudencia 31/2015 emitida por el TEPJF de rubro: "MULTAS. EL DESTINO DE LOS RECURSOS OBTENIDOS POR SU IMPOSICIÓN EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DEPENDE DEL PROCESO ELECTORAL DE QUE SE TRATE.", las multas por irregularidades en materia electoral siempre serán impuestas por la autoridad nacional en términos de sus atribuciones, salvo en los casos en que delegue dicha facultad a los Organismos Públicos Locales. Ahora bien, los recursos obtenidos por la imposición de sanciones económicas serán destinados al CONACyT o a los organismos estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, dependiendo del tipo de Proceso Electoral Federal o local de que se trate; pues, el destino de los recursos obtenidos por la aplicación de las multas impuestas debe privilegiar el ámbito en que se presentó la irregularidad sancionada.
27.    Que de conformidad con lo sostenido por la Sala Superior del TEPJF en el recurso de apelación SUP-RAP-407/2016 se podrá considerar la capacidad económica de un sujeto obligado a nivel nacional, en el caso de que los Partidos Políticos Nacionales con acreditación local no cuenten con los recursos suficientes para afrontar las sanciones correspondientes.
28.    Asimismo, en esa sentencia el citado órgano jurisdiccional precisó que el monto de las sanciones que imponga la autoridad administrativa electoral no está limitado por el monto total de financiamiento público estatal que reciben los partidos políticos, pues, de lo contrario, se generarían incentivos contrarios al efecto disuasivo que tienen las sanciones. En ese sentido, si ante la imposición de diversas sanciones el partido político infractor deja de recibir la totalidad de la ministración que por concepto de financiamiento público local le corresponde, ello no es contrario a la normativa electoral, al ser consecuencia de la responsabilidad del partido en la comisión de conductas infractoras que ameritaban la imposición de una sanción.
29.    Que es importante tener presente que las sanciones que no hayan sido objeto de impugnación ante alguna de las Salas del TEPJF, se considerarán firmes en el momento que haya vencido el plazo para recurrirlas, aun cuando formen parte de la misma resolución impugnada por otras sanciones. Asimismo, se considerarán firmes aquellas sanciones que habiendo sido impugnadas, hayan sido confirmadas por el órgano jurisdiccional competente.
30.    Respecto de las sanciones que fueron objeto de revocación, se considerarán firmes las sanciones, una vez que se emita la resolución o acuerdo mediante el que se acata la sentencia y que haya vencido el plazo para impugnar dicho acto.
31.    De conformidad con lo establecido en el artículo 41 constitucional, y los artículos 190, 191, 192, párrafo 2 y 196, párrafo 1, de la LEGIPE, el INE es la única autoridad que tiene como atribución la fiscalización de Partidos Políticos Nacionales y locales, así como aspirantes, precandidatos, candidatos de partido e independientes en las elecciones del ámbito federal y local, por ende, la imposición de sanciones en materia de fiscalización es competencia exclusiva del INE. En el mismo sentido, de acuerdo al artículo 99, párrafo cuarto, fracción VIII de la Constitución, le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolver de forma definitiva e inatacable la determinación e imposición de sanciones por parte del INE. De ahí, que las sanciones que se encuentren firmes, así como la forma de cobro de las mismas, no pueden ser modificadas por otras autoridades administrativas o jurisdiccionales locales.
32.    Las reglas generales sobre el procedimiento de liquidación de partidos políticos en el artículo 12 establecen que:
"En el caso de los partidos políticos con registro nacional que obtuvieron el 3% de votación a nivel federal y que no obtuvieron a nivel local el porcentaje necesario para recibir prerrogativas y que presenten multas pendientes de cobro, el Organismo Público Local deberá notificarlas al Instituto Nacional Electoral y al Comité Ejecutivo Nacional del partido de que se trate, para los efectos procedentes"
        Por lo que al referirse a retenciones de ministraciones mensuales que realizará el INE, se debe incluir en los presentes Lineamientos el procedimiento mediante el cual serán registrados dichos descuentos.
Atribución de atracción del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
33.    Acorde con lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado C, párrafo segundo, inciso c) de la Constitución, así como 32, numeral 2, inciso h), y 120, numeral 3 de la LEGIPE, el INE además de las facultades propias que tiene respecto a la organización de elecciones federales y locales, cuenta con otras que le otorgan potestad para atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia
de los OPLE, cuando su procedencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación sin que exista una intromisión injustificada en la competencia originaria de éstos ni respecto de las legislaturas de las entidades federativas.
34.    Que los artículos 32, numeral 2, inciso h) y 120, numeral 3 de la LEGIPE, establecen como atribución de este INE, atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los OPLE, cuando su trascendencia así lo amerite, o para sentar un criterio de interpretación.
        En razón de lo anterior, y considerando la relevancia que tiene el cobro de las sanciones impuestas por el INE y las autoridades jurisdiccionales electorales, del ámbito federal y local, así como para realizar el reintegro o retención de remanentes no ejercidos del financiamiento público por los partidos políticos, esta autoridad considera necesaria la emisión de los presentes criterios a fin de establecer el procedimiento para el cobro de sanciones y reintegro de remanentes a cargo de los OPLE.
35.    Que el artículo 44, numeral 1, incisos b), j), ee), gg) y jj) de la LEGIPE, establece que es atribución del Consejo General de este Instituto vigilar el adecuado funcionamiento de sus órganos; vigilar que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a la Ley General Electoral y la LGPP, y, que cumplan con las obligaciones a que están sujetos; ejercer las facultades de asunción, atracción y delegación, así como en su caso, aprobar la suscripción de convenios, respecto de Procesos Electorales Locales, conforme a las normas contenidas en la Ley; dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones; aprobar y expedir los Reglamentos, Lineamientos y acuerdos para ejercer las facultades previstas en el Apartado B, de la Base V del artículo 41 de la Constitución.
36.    Que de conformidad con el numeral 1, del artículo 124 de la LEGIPE, la petición para que el Consejo General ejerza la facultad de atracción a que se refiere el inciso c) del Apartado C, de la Base V del artículo 41 de la Constitución, se formulará por al menos cuatro de los Consejeros Electorales del Instituto o la mayoría del Consejo General del OPLE. Asimismo, en dicho precepto se establece que el Consejo General ejercerá la facultad de atracción siempre que exista la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos.
37.    Que el numeral 2, del artículo 124 de la LEGIPE, establece que la petición de atracción deberá contener los elementos señalados en el párrafo 4, del artículo 121 del citado ordenamiento legal y podrá presentarse en cualquier momento.
38.    Que de conformidad con el numeral 3, del artículo 124 de la LEGIPE, se considera que una cuestión es trascendente cuando la naturaleza intrínseca del asunto permita que éste revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o alteración del desarrollo del Proceso Electoral o de los principios rectores de la función electoral local.
39.    Que el artículo 124, numerales 4 y 5 de la LEGIPE, señala que para la atracción de un asunto a fin de sentar un criterio de interpretación, el Instituto deberá valorar su carácter excepcional o novedoso, así como el alcance que la resolución pueda producir tanto para la sociedad en general, como para la función electoral local, por la fijación de un criterio jurídico para casos futuros o la complejidad sistemática de los mismos y que las resoluciones correspondientes a esta función las emitirá el Consejo General, con apoyo en el trabajo de sus comisiones y con apoyo del Consejo General del OPLE.
40.    Que la solicitud formulada por los Consejeros Electorales, señalada en el Antecedente XXIV del presente Acuerdo, versa sobre la atribución de este Instituto para ejercer la facultad de atracción respecto a la intervención que tienen los OPLE en el cobro de multas impuestas por el INE; de aquellas de los órganos jurisdiccionales electorales, del ámbito federal y local; así como para la retención y reintegro de los remanentes no ejercidos de financiamiento público por los partidos políticos
        Lo anterior a efecto de que, en ejercicio de la facultad de atracción, emita los criterios para el cobro de sanciones impuestas por el INE y autoridades jurisdiccionales electorales, de ámbito federal y local; así como para el reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del Financiamiento Público para Gastos de Campaña.
41.    En este contexto, el artículo 38 numeral, 1 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (en adelante Reglamento), regulan la tramitación, sustanciación y resolución de los procedimientos de atribuciones especiales de asunción, atracción y delegación, propias de la función electoral.
 
42.    En términos del artículo 39, inciso c), del referido Reglamento, se entiende por atracción la facultad del Instituto de conocer, para su implementación, cualquier asunto específico y concreto de la competencia de los OPLE, por su interés, importancia o trascendencia, o bien, cuando ante lo novedoso del caso sea necesario establecer un criterio interpretativo.
43.    El artículo 40, numeral 1, del Reglamento dispone que el ejercicio de las facultades especiales, entre las cuales se encuentra la atracción, se determinará mediante la resolución que al respecto emita el Consejo General.
44.    Conforme al artículo 40, numeral 3, del Reglamento, en el caso de que la solicitud sea presentada por los Consejeros Electorales del Instituto no será necesario acreditar los requisitos señalados en los incisos a), b) y d) del artículo 121, numeral 4, de la LEGIPE, relativos al nombre de los peticionarios, acreditación de su calidad como solicitantes, y las pruebas que acreditan su petición.
45.    Que los artículos 60 al 64 del Reglamento, regulan el procedimiento de atracción.
46.    Así, el artículo 64 del Reglamento, establece que cuando por la urgencia del asunto se requiera sustanciar un procedimiento más expedito, el Consejo General podrá resolver la solicitud respectiva, sin agotar los plazos y procedimientos establecidos en el Reglamento.
De la trascendencia del asunto materia del acuerdo de atracción
47.    La trascendencia del asunto que nos ocupa radica en el interés superior de este INE de establecer los criterios a través de los cuales los OPLE, en auxilio de esta autoridad electoral nacional, realizarán el cobro de las sanciones impuestas por este Instituto o por las autoridades jurisdiccionales electorales, del ámbito federal y local, a los partidos políticos y otros sujetos obligados, así como el reintegro de los remanentes no ejercidos del financiamiento público de campaña y, a partir de ello, definir con claridad la forma en que se ejecutará el cobro o reintegro respectivo.
48.    La definición de los Lineamientos para llevar a cabo el cobro de sanciones y remanentes generará certeza y claridad, tanto para las autoridades electorales locales, como para los sujetos obligados, en relación al procedimiento único a través del cual se deberá ejecutar el cobro de sanciones y el reintegro de remantes. Lo anterior porque, a través de los criterios que sienta este Consejo General se precisa, entre otros aspectos, el orden en el que se deberán cobrar las multas y obtener el reintegro de los remanentes, el porcentaje máximo de deducción de las ministraciones, y el plazo en el cual se deberá ejecutar.
49.    En ese sentido, se considera que la trascendencia del asunto motivo de atracción, consiste en esclarecer dudas y establecer un procedimiento único para la ejecución del cobro de multas o reintegro de remanentes, y evitar con ello la aplicación de criterios distintos por parte de los OPLE.
De los presentes Lineamientos
50.    De lo antes expuesto, se desprende que el Instituto debe establecer los Lineamientos que deben regir el cobro de sanciones impuestas por el propio INE y autoridades jurisdicciones electorales, en el ámbito federal y local, así como el reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña; a fin de estandarizar la manera en que se presenta la información y así estar en condiciones de realizar su aplicación de manera uniforme, confiable y segura.
        Así, los presentes Lineamientos tienen como objeto:
a.   Regular la ejecución de las sanciones impuestas a los Partidos Políticos Nacionales, Partidos Políticos Nacionales con acreditación local, partidos políticos locales, agrupaciones políticas, aspirantes a candidatos independientes, precandidatos, candidatos de partidos políticos y candidatos independientes, así como a ciudadanos personas físicas y morales, y organizaciones de observadores electorales, derivado de actos relacionados con los Procesos Electorales Federales y locales y del ejercicio de la función electoral, así como para el reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña.
b.   Generar mecanismos de coordinación entre las áreas del INE y los OPLE, para la ejecución de las sanciones determinadas a los Partidos Políticos Nacionales, Partidos Políticos Nacionales con acreditación local, partidos políticos locales, agrupaciones políticas, aspirantes a candidatos independientes, precandidatos y candidatos, así como a ciudadanos, personas físicas y morales, y organizaciones de observadores electorales, derivadas de los Procesos Electorales Federales y locales y del ejercicio de la función electoral, así como para el reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña;
en observancia de los principios de certeza, legalidad y máxima publicidad.
De la sistematización de la información
51.    Que el pago de multas y el reintegro de remanentes de campaña no erogados son procedimientos complejos en los que intervienen diversas áreas de este Instituto y de los OPLE, desde su imposición y hasta su ejecución y entero. Por ello, es necesario estandarizar y sistematizar esta información con la finalidad de facilitar su consulta y propiciar el correcto seguimiento y ejecución de las sanciones y el reintegro de los remanentes de campaña no erogados.
52.    Que es necesario que las bases de datos que generen las diversas áreas del INE y los OPLE con motivo de los procesos electorales y del ejercicio de la función electoral se encuentren disponibles en una plataforma informática, lo que garantizará que la ciudadanía, instituciones, partidos políticos y autoridades, encuentren información relevante y homogénea vinculada con sanciones en materia de fiscalización, procedimientos ordinarios sancionadores, procedimientos especiales sancionadores y medidas de apremio o correcciones disciplinarias, impuestas, en su caso, a los Partidos Políticos Nacionales, Partidos Políticos Nacionales con acreditación local, partidos políticos locales, agrupaciones políticas, aspirantes a candidatos independientes, precandidatos, candidatos, candidatos independientes, personas físicas y personas morales; así como la relativa al reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña; lo que contribuye al fortalecimiento de la transparencia y el acceso a la información pública.
Con base en los antecedentes y consideraciones expuestos, y con fundamento en lo previsto en los artículos 41, Base I, segundo párrafo, Base II, primer y penúltimo párrafos y apartado B, inciso a), numeral 6, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, párrafo 2 y 31, párrafo 1, 44, párrafo 1, incisos gg) y jj), 51, párrafo 2, 55, párrafo 1, inciso d), 60, párrafo 1, inciso e), 104, párrafo 1, inciso a), 119, párrafo 1, 190, 191, 192, párrafo 2, 196, párrafo 1, 458, párrafos 7 y 8, 459, párrafo 1, inciso c) y 470 de la LEGIPE; 50, párrafo 1, inciso u), 67, párrafo 1, inciso k), 71, párrafo 1, inciso i), 72, párrafo 1 y 73, párrafo 1, incisos a), d) y e), del Reglamento Interior del INE; 43, párrafo 4 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; 222 Bis y 342, párrafo 1 del Reglamento de Fiscalización y 54, párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; se emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se ejerce la facultad de atracción respeto a los criterios para el cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales, del ámbito federal y local, así como para el reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña.
SEGUNDO. Se aprueban los Lineamientos para el cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales, del ámbito federal y local, así como para el registro y seguimiento del reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña.
TERCERO. Se instruye a la Junta General Ejecutiva a desarrollar un sistema informático para el registro, seguimiento y ejecución del cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales, del ámbito federal y local, así como para el registro y seguimiento del reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña. Asimismo, para desarrollar y difundir el manual operativo de este sistema.
CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, notifique a los Consejeros Presidentes de los Organismos Públicos Locales Electorales para que, por su conducto, se notifique a los integrantes de sus Consejos Generales el presente Acuerdo y su anexo.
QUINTO. El presente Acuerdo y su anexo, entrarán en vigor a partir de su aprobación y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
TRANSITORIOS
PRIMERO. En tanto no exista el sistema informático para el registro, seguimiento y ejecución del cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales, del ámbito federal y local, así como para el registro y seguimiento del reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña, las obligaciones que derivan del presente Acuerdo se llevarán en registros en hojas de cálculo en Excel y control documental de todas las actuaciones realizadas en cumplimiento a los mismos y, una vez que se cuente con el sistema se deberá migrar la información correspondiente.
 
Para efectos de lo anterior, la Dirección Jurídica del INE proporcionará, en un plazo no mayor a 30 días naturales, a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPLE, los formatos en Excel que utilizarán los OPLE para registrar la información descrita en los Lineamientos.
El Instituto deberá emitir un informe al corte de cada mes, que contenga las sanciones impuestas en dicho período así como las que hayan quedado firmes, mismo que será hecho del conocimiento de los OPLE a través de su Unidad Técnica de Vinculación.
Los OPLE deberán emitir un informe al corte de cada mes, que contenga las sanciones impuestas, los remanentes cobrados y las sanciones cobradas en dicho período, mismo que será hecho del conocimiento de la Unidad de Vinculación del Instituto.
SEGUNDO. Las sanciones y remanentes de financiamiento de campaña que a la fecha de la aprobación del presente Acuerdo no hayan sido saldados, o en su caso se encuentren impugnados ante la autoridad jurisdiccional, deberán capturarse en las hojas de cálculo de Excel.
TERCERO. Una vez que entre en operación el sistema informático, se deberá publicar un informe trimestral en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral para informar el estado que guarda el seguimiento de sanciones y remanentes de los sujetos obligados.
El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 15 de marzo de 2017, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
Se aprobó en lo particular eliminar la referencia al artículo 17 A del Código Fiscal de la Federación y que se haga referencia al factor de inflación de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por ocho votos a favor de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno y Licenciado Javier Santiago Castillo.
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la transferencia de la deuda, en su caso, de una representación local al Órgano Nacional del Partido respectivo, en los términos del Proyecto de Acuerdo originalmente circulado, por ocho votos a favor de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno y Licenciado Javier Santiago Castillo.
Se aprobó en lo particular por lo que hace a las medidas de apremio en los términos del Proyecto de Acuerdo originalmente circulado, por siete votos a favor de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno y Licenciado Javier Santiago Castillo.
Se aprobó en lo particular por lo que hace al reintegro de los remanentes en los términos del Proyecto de Acuerdo originalmente circulado, por nueve votos a favor de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles.
El Consejero Presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.
Los anexos pueden ser consultados en las siguientes direcciones electrónicas:
http://www.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/ife-v2/ds/ds-cg/ds-sesionescg/cg-acuerdos/ 2017/03_marzo/cgex201703-15-1/cg1ex201703-ap9-x1.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/ife-v2/ds/ds-cg/ds-sesionescg/cg-acuerdos/2017/03_marzo/cgex201703-15-1/cg1ex201703-ap9-x2.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/ife-v2/ds/ds-cg/ds-sesionescg/cg-acuerdos/2017/03_marzo/cgex201703-15-1/cg1ex201703-ap9-votobeatrizgalindo.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/ife-v2/ds/ds-cg/ds-sesionescg/cg-acuerdos/2017/03_marzo/cgex201703-15-1/cg1ex201703-15-ap9-votomarcobanos.pdf
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