DOF: 17/05/2017
ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se instruye a la Junta General Ejecutiva, para que a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, se realice la consulta a las comunidades y pueblos indígenas

ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se instruye a la Junta General Ejecutiva, para que a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, se realice la consulta a las comunidades y pueblos indígenas que resulten afectadas al equilibrar la integración del Distrito Electoral Local 22 en el Estado de Oaxaca, en acatamiento a lo señalado en la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída dentro del expediente SUP-RAP-677/2015 y acumulados.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional Electoral.- Consejo General.- INE/CG69/2017.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE INSTRUYE A LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA, PARA QUE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, SE REALICE LA CONSULTA A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS QUE RESULTEN AFECTADAS AL EQUILIBRAR LA INTEGRACIÓN DEL DISTRITO ELECTORAL LOCAL 22 EN EL ESTADO DE OAXACA, EN ACATAMIENTO A LO SEÑALADO EN LA SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA DENTRO DEL EXPEDIENTE SUP-RAP-677/2015 Y ACUMULADOS
ANTECEDENTES
1.     Reforma constitucional. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia políticaelectoral.
2.     Creación del Instituto Nacional Electoral. El 4 de abril de 2014, el Consejero Presidente, las y los Consejeros Electorales, rindieron protesta constitucional, con lo que se integró el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
3.     Expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, misma que abrogó al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
4.     Creación del Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de Distritación. El 19 de noviembre de 2014, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG258/2014, la creación del "Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de Distritación".
5.     Plan de Trabajo del Proyecto de Distritación Electoral 2015. El 26 de marzo de 2015, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, aprobó mediante Acuerdo INE/JGE45/2015, el plan de trabajo del proyecto de distritación para las entidades federativas con Procesos Electorales Locales 2015-2016 y 2016-2017, a través del cual particularmente, se definieron las actividades tendientes a la generación del primer y segundo escenario, así como al escenario final para la demarcación territorial de los Distritos electorales uninominales locales en que se divide el estado de Oaxaca, así como sus respectivas cabeceras distritales.
6.     Aprobación de la demarcación territorial de los Distritos electorales uninominales de Oaxaca. El 2 de septiembre de 2015, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG/827/2015, la demarcación territorial de los Distritos electorales uninominales locales en que se divide el estado de Oaxaca y sus respectivas cabeceras distritales.
7.     Resolución del recurso de apelación y diversos juicios para la protección de derechos político-electorales interpuestos en contra de la nueva demarcación de los Distritos electorales locales del estado de Oaxaca. El 23 de octubre de 2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el expediente SUP-RAP-677/2015 y acumulados, relativo al recurso de apelación y 2347 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, interpuestos en contra del Acuerdo INE/CG827/2015, por el que se aprobó la demarcación territorial de los Distritos electorales uninominales locales en que se divide el estado de Oaxaca y sus respectivas cabeceras distritales.
A través de la sentencia recaída al expediente en cita, el máximo tribunal en la materia, ordenó a este Consejo General, emitir una nueva determinación con la delimitación distrital local para el estado de Oaxaca, en la que se considerara al municipio de Santiago Jamiltepec, como parte del Distrito electoral local 22, con cabecera en Santiago Pinotepa Nacional. Asimismo, determinó que una vez concluido el procedimiento electoral 2015-2016 celebrado en el estado de Oaxaca, el Instituto Nacional Electoral tendría que llevar a cabo los actos necesarios para efecto de equilibrar la
integración de los Distritos electorales, previa consulta a las comunidades y pueblos indígenas.
8.     Acatamiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El 30 de octubre de 2015, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG923/2015, la modificación de la ubicación del municipio de Santiago Jamiltepec, en el estado de Oaxaca, para formar parte del Distrito 22 electoral local, con cabecera en el municipio Santiago Pinotepa Nacional, acatando la sentencia emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída dentro del expediente SUP-RAP-677/2015 y acumulados.
9.     Aprobación de la Jurisprudencia relativa a la realización de consultas indígenas. El 28 de octubre de 2015, los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aprobaron por unanimidad de votos, la Jurisprudencia 37/2015 cuyo rubro es: "CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBE REALIZARSE POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ELECTORALES DE CUALQUIER ORDEN DE GOBIERNO, CUANDO EMITAN ACTOS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR SUS DERECHOS", ordenando su notificación y respectiva publicación.
10.   Protocolo para la consulta a pueblos y comunidades indígenas en materia de distritación electoral. El 26 de febrero de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó mediante Acuerdo INE/CG93/2016, el "Protocolo para la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas en materia de Distritación Electoral".
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Competencia.
Este Consejo General es competente para instruir a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para que a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, se realice la consulta a las comunidades y pueblos indígenas que resulten afectadas al equilibrar la integración del Distrito Electoral Local 22 en el estado de Oaxaca, en acatamiento a lo señalado en la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída dentro del expediente SUP-RAP-677/2015 y acumulados, conforme a lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, párrafo 1, inciso a); 35; 36; 44, párrafo 1, incisos l), gg), hh) y jj) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, numeral 1, fracción I, Apartado A, inciso a); 5, numeral 1, inciso w) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.
SEGUNDO. Disposiciones normativas que sustentan la determinación.
El artículo 1, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandata que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
A su vez, la citada disposición constitucional determina en el párrafo tercero, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
En ese contexto, el artículo 2, párrafos del 1 y 2 de la Constitución Federal, señala que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.
Asimismo, los párrafos 3 y 4 de la disposición constitucional en comento, señala que son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que
deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.
De igual forma, el Apartado B, párrafos primero y segundo, fracción IX, párrafo primero del artículo 2 de la carta magna, refiere que la federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, de existir recomendaciones y propuestas de éstos, en su caso, serán incorporadas.
El artículo 41, Base V, Apartado A, párrafo primero de la ley suprema, en relación con los artículos 29; 30, párrafo 2 y 31, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevén que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.
Así, el artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 2 de la constitución federal, en relación con el diverso artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley General Electoral, señala que para los Procesos Electorales Federales y Locales, corresponde al Instituto Nacional Electoral definir la geografía electoral, que incluirá el diseño y determinación de los Distritos Electorales y su división en secciones electorales, así como la delimitación de las circunscripciones plurinominales y el establecimiento de cabeceras.
De acuerdo a lo previsto en el artículo 53, párrafo primero de la Carta Magna, la demarcación territorial de los 300 Distritos Electorales Uninominales, será la que resulte de dividir la población total del país entre los Distritos señalados. La distribución de éstos entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría.
El artículo 116, fracción II, párrafo tercero de la constitución federal, dispone que las legislaturas de los estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes.
Ahora bien, el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que, entre otras cosas, se adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 1 y se reforma el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que para establecer la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales deberá tomarse en consideración, cuando sea factible, la ubicación de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de propiciar su participación política.
Por otra parte, el artículo 1, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé que las disposiciones de dicha ley son aplicables a las elecciones en el ámbito federal y en el ámbito local respecto de las materias que establece la constitución federal.
El artículo 5, párrafo 1 del ordenamiento en comento, prevé que la aplicación de dicha ley corresponde, en sus respectivos ámbitos de competencia, al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los Organismos Públicos Locales y a las autoridades jurisdiccionales locales en la materia, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
El artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la Ley General Electoral, señala que este Consejo General tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al Registro Federal de Electores, ordenar a la Junta General Ejecutiva hacer los estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República en 300 Distritos Electorales Uninominales y su cabecera, su división en secciones electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los Distritos en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos.
Por su parte, el artículo 54, numeral 1, inciso h) de la ley referida, dispone que es atribución de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, mantener actualizada la cartografía electoral del país, clasificada por Entidad, Distrito Electoral Federal, Distrito Electoral Local, Municipio y Sección Electoral.
 
En términos del artículo 147, párrafos 2, 3 y 4 de la ley en la materia, la sección electoral es la fracción territorial de los Distritos Electorales Uninominales para la inscripción de los ciudadanos en el Padrón Electoral y en las listas nominales de electores. Cada sección tendrá como mínimo 100 electores y como máximo 3,000. El fraccionamiento en secciones electorales estará sujeto a la revisión de la división del territorio nacional en Distritos Electorales, en los términos del artículo 53 de la constitución federal.
Así, el artículo 158, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que esta Comisión Nacional de Vigilancia conocerá y podrá emitir opiniones respecto de los trabajos que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores se realice en materia de demarcación territorial.
Tal como lo disponen los párrafos 1 y 2 del artículo 214 de la citada ley, la demarcación de los Distritos Electorales Federales y Locales será realizada por este Instituto con base en el último censo general de población y los criterios generales determinados por el Consejo General; además, ordenará a la Junta General Ejecutiva realizar los estudios conducentes y aprobará los criterios generales. La Distritación deberá, en su caso, aprobarse antes de que inicie el Proceso Electoral en que vaya a aplicarse.
Asimismo, el artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, establece que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.
En ese sentido, el artículo 8, numeral 2, inciso d) de la Declaración en cita, señala que los Estados deberán establecer mecanismos eficaces preventivos de toda forma de asimilación o integración forzada.
Por su parte el artículo 19 de la Declaración en comento, dispone que los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas, antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su conocimiento libre, previo e informado.
Por otra parte, el artículo 2, párrafo 1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, señala que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.
El artículo 4 del Convenio en comento refiere que deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados. El goce sin discriminación de los derechos generales de la ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.
El artículo 6, numeral 1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, señala que al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán:
a)    Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
b)    Establecer los medios a través de los cuales, los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan, y
c)     Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para ese fin.
En ese orden de ideas, el numeral 2 del artículo citado previamente, refiere que las consultas llevadas a cabo en aplicación de ese Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un Acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.
De igual forma, el artículo 7, párrafo 3 del convenio de mérito, señala que los gobiernos deberán velar para que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que
las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.
En este tenor, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, notificó a este Instituto Nacional Electoral la Jurisprudencia 37/2015, cuyo rubro y texto son al tenor siguiente:
CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBE REALIZARSE POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ELECTORALES DE CUALQUIER ORDEN DE GOBIERNO, CUANDO EMITAN ACTOS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR SUS DERECHOS.- De la interpretación de los artículos 1° y 2° Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, se advierte que la Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. En ese sentido, las autoridades administrativas electorales de cualquier orden de gobierno, tienen el deber de consultar a la comunidad interesada, mediante mecanismos eficaces que garanticen su conocimiento, y por conducto de sus instituciones representativas, cada vez que pretendan emitir alguna medida susceptible de afectarles directamente, con el objeto de garantizar la vigencia de sus derechos indígenas y el desarrollo integral de pueblos y comunidades; sin que la opinión que al efecto se emita vincule a la autoridad administrativa, porque se trata de una consulta para determinar si los intereses de los pueblos indígenas serían agraviados.
De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en su sentencia del 27 de junio de 2012, con relación al caso de Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, que las consultas que se pretendan aplicar a los miembros de comunidades y pueblos indígenas deberán atender, principalmente, los siguientes parámetros:
a)    Previa, en las primeras etapas del Plan o proyecto a realizar, pues el hecho de informar a las comunidades y pueblos indígenas de manera posterior va en contra de la esencia del derecho a la consulta;
b)    Culturalmente adecuada, mediante procedimientos acordes, atendiendo a todas las especificidades de los pueblos y comunidades indígenas, como son sus costumbres, tradiciones y, sobre todo, instituciones representativas;
c)     Informada, esto es, los procedimientos que sean implementados para dar a conocer los proyectos y medidas, exigen la provisión plena de información precisa sobre la naturaleza y alcances del proyecto, pues sólo a sabiendas de todas las consecuencias y riesgos de cualquier naturaleza, los integrantes de pueblos y comunidades indígenas, podrán evaluar la procedencia del plan propuesto, y
d)    De buena fe, con el objeto de llegar a un Acuerdo basado en la libertad, la confianza y respeto mutuo.
Asimismo, el artículo 138, párrafo 1 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, precisa que el Proceso Electoral iniciará en la segunda semana del mes de noviembre de 2017.
Por otra parte, a través de la Resolución recaída al expediente SUP-RAP-677/2015, relativo al Recurso de Apelación interpuesto en contra del Acuerdo INE/CG827/2015, por el que se aprobó la demarcación territorial de los Distritos electorales uninominales locales en que se divide el estado de Oaxaca y sus respectivas cabeceras distritales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió lo siguiente:
"[...] una vez concluido el procedimiento electoral en curso, el Instituto Nacional Electoral lleve a cabo lo actos necesarios para efecto de equilibrar la integración de los Distritos electorales, previa consulta a las comunidades y pueblos indígenas. [...]
[...] ante lo fundado de los conceptos de agravio analizados, lo procedente conforme a Derecho es modificar el acuerdo impugnado, para efecto de ordenar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que emita, a la brevedad, una nueva determinación con la
delimitación distrital local para el Santiago Jamiltepec, como parte del Distrito electoral local 22 (veintidós), con cabecera en Santiago Pinotepa Nacional Estado de Oaxaca, en la que considere al municipio de Santiago Jamiltepec, como parte del Distrito electoral local 22 (veintidós), con cabecera en Santiago Pinotepa Nacional..."
En este sentido, y en atención a lo precisado en la Jurisprudencia 37/2015 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral en tanto autoridad administrativa electoral nacional tiene el deber de consultar a los pueblos y comunidades indígenas, mediante mecanismos eficaces que garanticen su conocimiento, y por conducto de sus instituciones representativas, cada vez que pretenda emitir medidas susceptibles de afectarles directamente, con el objeto de garantizar la vigencia de sus derechos y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, sin que la opinión que al efecto se emita vincule a esta autoridad administrativa, porque se trata de una consulta para determinar si los intereses de los pueblos y comunidades indígenas serían agraviados.
En razón de los preceptos normativos y las consideraciones expuestas, se considera que válidamente este Consejo General es competente para instruir a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para que a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, se realice la consulta a las comunidades y pueblos indígenas que resulten afectadas al equilibrar la integración del Distrito Electoral Local 22 en el estado de Oaxaca, en acatamiento a lo señalado en la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída dentro del expediente SUP-RAP-677/2015 y acumulados.
TERCERO. Motivos para instruir a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para que a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, se realice la consulta a las comunidades y pueblos indígenas que resulten afectadas al equilibrar la integración del Distrito Electoral Local 22 en el estado de Oaxaca, en acatamiento a lo señalado en la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída dentro del expediente SUP-RAP-677/2015 y acumulados.
Con motivo de la distritacion electoral local en el estado de Oaxaca, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y el Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de Distritación, conforme al plan de trabajo que, para tal efecto, aprobó la Junta General Ejecutiva de este Instituto, mediante Acuerdo INE/JGE45/2015, realizaron diversas actividades tendientes a la generación del primer y segundo escenario, así como al escenario final para las demarcaciones territoriales de los Distritos electorales uninominales locales en que se divide la entidad en cita y sus respectivas cabeceras distritales, con la participación de las representaciones partidistas acreditadas ante las Comisiones Nacional y Locales de Vigilancia y los Organismos Públicos Locales de dicha entidad.
Así, mediante Acuerdo INE/CG827/2015, se aprobó la demarcación territorial de los Distritos electorales uninominales locales en que se divide el estado de Oaxaca, así como sus respectivas cabeceras distritales.
Sin embargo, al dictar la sentencia recaída al recurso de apelación y diversos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que fueron interpuestos en contra del acuerdo en comento, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó a este Consejo General, emitir una nueva determinación con la delimitación distrital local para el estado de Oaxaca, en la que se considere al municipio de Santiago Jamiltepec, como parte del Distrito electoral local 22, con cabecera en Santiago Pinotepa Nacional.
Adicional a lo referido en el párrafo anterior, determinó que una vez concluido el Proceso Electoral 2015-2016 celebrado en el estado de Oaxaca, el Instituto Nacional Electoral tendría que llevar a cabo los actos necesarios para efecto de equilibrar la integración de los Distritos electorales, previa consulta a las comunidades y pueblos indígenas.
De esta forma, mediante Acuerdo INE/CG923/2015, este Consejo General dio acatamiento a la sentencia descrita en el párrafo que precede, modificando la ubicación del municipio de Santiago Jamiltepec, en los términos establecidos en la propia sentencia.
Ahora bien, una vez que concluyó el Proceso Electoral 2015-2016 en el estado de Oaxaca, resulta necesario que este Instituto, realice las actividades tendentes a dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-677/2015 y Acumulados, respecto de equilibrar el Distrito Electoral Local 22, previa consulta a las comunidades indígenas.
De esta forma, la Junta General Ejecutiva por conducto de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y el Comité Técnico para el Seguimiento de los Trabajos de Distritación, deberán generar una propuesta de nueva integración del multicitado Distrito Electoral 22 en el estado de
Oaxaca, que atienda el rango de desviación poblacional establecido en el acuerdo INE/CG195/2015, el cual deberá ser presentado a consideración de este Consejo General.
Sin embargo, para acatar la sentencia de referencia, resulta necesario que la Junta General Ejecutiva por conducto Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, consulte a las comunidades y pueblos índigenas que resulten afectados de equilibrar el referido Distrito Electoral 22, para que emitan su opinión respecto de su ubicación en los municipios que conforman el referido Distrito, y de ser atendibles, se incluyan en la propuesta de la nueva demarcación del Distrito Electoral 22 del estado de Oaxaca que será presentada a este Órgano Máximo de Dirección.
Lo anterior es así, toda vez que el máximo órgano jurisdiccional en la sentencia de referencia, señaló lo siguiente:
"[...]Al respecto, esta Sala Superior considera que no se cumplió lo previsto en las aludidas disposiciones constitucionales y convencionales, toda vez que si bien es cierto que la autoridad administrativa electoral nacional llevó a cabo los trabajos para determinar la nueva geografía electoral en colaboración con autoridades nacionales, estatales y municipales, así como con los partidos políticos, además de contar con la aprobación del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca, como se constata en el apartado de antecedentes de esta sentencia, también lo es que en autos no obra constancia alguna que se hubiera consultado a los pueblos mixtecos, ni tampoco a la autoridad municipal de Santiago Jamiltepec, antes de emitir el acuerdo impugnado.
[...]
No obstante lo anterior, no hay constancia de que en alguna de las comunidades mixtecas o en el municipio de Santiago Jamiltepec se hubieran llevado trabajos en forma conjunta con la población indígena, que hiciera suponer que se hubiera llevado consulta previa, libre, informada y de buena fe sobre los citados trabajos de demarcación territorial distrital.
[...]
En este orden de ideas, lo procedente sería revocar el acuerdo impugnado para efecto de que se lleve a cabo la consulta previa, libre, informada y de buena fe sobre los citados trabajos de demarcación distrital en Oaxaca. No obstante, esta Sala Superior considera que el objeto de tal consulta es saber el interés de los pueblos indígenas, siendo que, en el caso, ese interés ya se ha hecho manifiesto con la presentación de las 2,422 (dos mil cuatrocientas veintidós) demandas de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano precisadas en el proemio de esta sentencia, las cuales corresponden a 2,660 (dos mil seiscientos sesenta) promoventes, sin tomar en cuenta las demandas que no tienen firma autógrafa, en tanto que su pretensión es formar parte del Distrito electoral 22 (veintidós) con cabecera en Santiago Pinotepa Nacional.
[...]
Con esta determinación, se logra una mejor integración de los Distritos electorales, cumpliendo lo previsto en el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo Tercero Transitorio del Decreto de dieciocho de julio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de ese año, por el que se reformó el citado artículo de la Constitución federal, pues se deben tener en consideración los derechos político-electorales de los pueblos indígenas, tomando en cuenta su mejor convivencia, así como su dimensión cultural, poblacional y territorial.
Asimismo, con esta determinación se garantiza, en la medida de lo posible, la integración de Distritos electorales con municipios de población indígena, sin afectar la conformación de los demás Distritos, cuya demarcación territorial no fue controvertida.
Lo anterior, sin mengua de que una vez concluido el procedimiento electoral en curso, el Instituto Nacional Electoral lleve a cabo lo actos necesarios para efecto de equilibrar la integración de los Distritos electorales, previa consulta a las comunidades y pueblos indígenas.
En este orden de ideas, ante lo fundado de los conceptos de agravio analizados, lo procedente conforme a Derecho es modificar el acuerdo impugnado, para efecto de ordenar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que emita, a la brevedad, una nueva determinación con la delimitación distrital local para el Estado de Oaxaca, en la que considere al municipio de Santiago Jamiltepec, como parte del Distrito electoral local 22 (veintidós), con cabecera en Santiago Pinotepa Nacional."
 
De la transcripción anterior se advierte que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirma la integración de los Distritos electorales locales que no fueron recurridos y centra sus resolutivos a ordenar a este Instituto, se realicen los actos necesarios para equilibrar la integración del Distrito Electoral Local 22, previa consulta a las comunidades indígenas afectadas, tomando en consideración que el mismo quedó integrado con una desviación poblacional fuera del rango establecido en los criterios de distritación aprobados por este órgano máximo de dirección.
Por ello, la consulta indígena que deberá realizar la Junta General Ejecutiva por conducto de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, se aplicará únicamente sobre aquellas comunidades y pueblos que se vean afectados al equilibrar el multicitado Distrito electoral en esa entidad federativa.
En el entendido de que si para equilibrar el porcentaje de población en la integración de ese Distrito se abarcan otros municipios que no estén en este espacio territorial, entonces dicha consulta tendría que abarcar al resto de las comunidades a las que se les pudieran afectar sus derechos
Las actividades citadas deberán realizarse en apego a lo dispuesto en el Protocolo para la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas en materia de Distritación Electoral, aprobado el 26 de febrero de 2016, mediante Acuerdo INE/CG93/2016.
En tal virtud, se considera pertinente que este Consejo General instruya a la Junta General Ejecutiva de este Instituto, para que se realice la consulta indígena a las comunidades de los municipios referidos; y así, cumplir con lo mandatado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, obteniendo la opinión de estos pueblos y comunidades para que, en su caso, contribuyan para la conformación de las demarcaciones de los Distritos electorales uninominales locales del estado de Oaxaca, que resulten ajustados con motivo de equilibrar el Distrito electoral referido.
Por las razones expuestas, resulta conveniente que este Consejo General instruya a la Junta General Ejecutiva, para que a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, se realice la consulta a las comunidades y pueblos indígenas que resulten afectadas al equilibrar la integración del Distrito Electoral Local 22 en el estado de Oaxaca, en acatamiento a lo señalado en la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída dentro del expediente SUP-RAP-677/2015 y acumulados.
Con fundamento en los artículos 1, párrafos segundo y tercero; 2, párrafos del 1 al 4, y Apartado B, párrafos primero y segundo, fracción IX; 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero, segundo así como, Apartado B, inciso a), numeral 2; 53, párrafo primero; 116, fracción II, párrafo tercero; Tercero Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 2; 5, párrafo 1; 29; 30, párrafo 2 y 31, párrafo 1; 32, párrafo 1, inciso a), fracción II; 34, párrafo 1, inciso a); 35; 36; 43; 44, párrafo 1, incisos l), gg), hh) y jj; 45, párrafo 1, inciso o); 46, párrafo, inciso k); 54 párrafo 1, inciso h); 147 párrafos 2, 3 y 4; 158, párrafo 2 y 214 párrafos 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, numeral 1, fracción I, Apartado A, inciso a); 5, numeral 1 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; 19, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Sesiones y Funcionamiento de las Comisiones de Vigilancia, 2, 4, 6 y 7, párrafo 3 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; Jurisprudencias 52/2013 y 37/2015 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; sentencia del 27 de junio de 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída sobre el expediente SUP-RAP-677/2015 y acumulados y el Acuerdo INE/CG93/2016, este Consejo General en ejercicio de sus facultades, emite los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO. Se instruye a la Junta General Ejecutiva, para que a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, se realice la consulta a las comunidades y pueblos indígenas que resulten afectadas al equilibrar la integración del Distrito Electoral Local 22 en el estado de Oaxaca, en acatamiento a lo señalado en la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída dentro del expediente SUP-RAP-677/2015 y acumulados.
SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 15 de marzo de 2017, por diez votos a favor de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles.
 
El Consejero Presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.
El anexo puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica:
http://www.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/ife-v2/ds/ds-cg/ds-sesionescg/cg-acuerdos/2017/03_marzo/cgex201703-15-2/cg2ex201703-ap-unico-votopsr.pdf
______________________________
 

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