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DOF: 26/02/2018
OFICIO 500-05-2018-5918 de 12 de febrero de 2018 y su Anexo 1, consistente en la sentencia de 17 de noviembre de 2015 dictada por la Sala Especializada en Juicios en Línea del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dentro del exped

OFICIO 500-05-2018-5918 de 12 de febrero de 2018 y su Anexo 1, consistente en la sentencia de 17 de noviembre de 2015 dictada por la Sala Especializada en Juicios en Línea del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dentro del expediente 15/2063-24-01-03-09-OL.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio:500-05-2018-5918
Asunto:      Se comunica listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B primer párrafo del CFF o en contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo del artículo en comento y una vez resuelto el mismo el órgano jurisdiccional o administrativo dejó insubsistente el referido acto.
Esta Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e) y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; en los artículos 33, último párrafo, 63 y 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, así como en la regla 1.4., último párrafo, inciso d) de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, le comunica lo siguiente:
Que a los contribuyentes que se enlistan a continuación, en su momento, les fue notificado un Oficio de Presunción de inexistencia de operaciones amparadas con determinados comprobantes fiscales que emitieron, ello de conformidad con los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
Seguido el procedimiento previsto en el referido artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, y en términos del tercer párrafo del referido artículo, a los contribuyentes de referencia se les notifico la resolución definitiva como se indica a continuación:
Notificación al contribuyente del oficio de la RESOLUCIÓN DEFINITIVA.
 
R.F.C.
Nombre, denominación
o razón social del
Contribuyente
Número y fecha de la
Resolución Definitiva
Medio de notificación al contribuyente
Buzón Tributario
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Fecha en que
se notificó en
Buzón
Tributario
Fecha en que
surtió efectos la
notificación
Fecha de
fijación en
los estrados
de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en que
surtió efectos
la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en que
surtió efectos
la notificación
1
SPA0405074T9
SKEP PRACTICAS
ADMINISTRATIVAS
INTEGRALES, S.C. DE
R.L. DE C.V.
500-02-2014-41004 de
fecha 20 de noviembre
de 2014
 
 
 
 
12 de
diciembre de
2014
15 de
diciembre de
2014
 
Por lo anterior, los nombres o razón social de los contribuyentes a los que se les notificó las citadas resoluciones fueron agregados al listado a que se refiere el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, el cual fue publicado en el Diario oficial de la Federación, como a continuación se indica:
 
R.F.C.
Nombre del Contribuyente
Número y fecha de oficio que
contiene en Listado Global Definitivo
Fecha de publicación en el
Diario Oficial de la Federación

1
SPA0405074T9
SKEP PRACTICAS ADMINISTRATIVAS INTEGRALES, S.C.
DE R.L. DE C.V.
500-05-2015-9236 de fecha 27 de
marzo de 2015
15 de abril de 2015
 
Inconforme con el oficio de resolución definitiva, interpuso medio(s) de defensa el(los) cual(es) concluyeron con la siguiente sentencia:
 
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Medio de
defensa
Fecha de la
Resolución o
sentencia firme
Autoridad que
resolvió
Sentido de la resolución o sentencia
firme
1
SPA0405074T9
SKEP PRACTICAS ADMINISTRATIVAS INTEGRALES, S.C. DE R.L. DE C.V.
Juicio de Nulidad
17 de noviembre de 2015,
Sala Especializada en Juicios en Línea del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada contenida en el oficio número 600-63-01-2015-0253 de fecha 25 de marzo de 2015, emitida por la entonces Administración Local Jurídica de Villahermosa, en la que resolvió el recurso de revocación RR00014/15, en el cual, confirmó la resolución contenida en el oficio 500-02-2014-41004 de fecha 20 de noviembre de 2014, donde se determinó que no desvirtuaba la inexistencia de la operación amparada con el comprobante consignado en el oficio individual número 500-02-2014-8530 de fecha 09 de abril de 2014.
Nota: Anexo 1; en cumplimiento a lo instruido por la Sala Especializada en Juicios en Línea, se procede a inscribir la sentencia de 17 de noviembre de 2015, en el Diario Oficial de la Federación, con la finalidad de restituir a la demandante el goce de los derechos de los que fue privada por la ejecución de las resoluciones impugnadas. Anexo 1.
En virtud de lo antes expuesto, se informa que como consecuencia de la nulidad señalada en el párrafo que precede, el procedimiento del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación seguido a los contribuyentes antes descritos se considera que también ha quedado sin efectos.
Finalmente se informa que el hecho de que los contribuyentes antes señalados hayan obtenido una resolución favorable en contra del oficios de presunción y/o de resolución definitiva, no les exime de la responsabilidad que tengan respecto de otros comprobantes fiscales que hayan emitido sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que ampararon tales comprobantes, por lo cual, se dejan a salvo las facultades de la autoridad fiscal.
Atentamente
Ciudad de México, a 12 de febrero de 2018.- La Administradora Central de Fiscalización Estratégica, Ady Elizabeth García Pimentel.- Rúbrica.
Anexo 1.- En cumplimiento a la sentencia de fecha de fecha 17 de noviembre de 2015 emitida por la Sala Especializada en Juicios en Línea del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, procede a "inscribir la referida sentencia en la página de
internet del Servicio de Administración Tributaria y en el Diario Oficial de la Federación, ello a fin de restituir a la demandante en el goce de los derechos de que hubiese sido privada por la ejecución de las resoluciones impugnadas.", señalada en el Anexo 1 del presente oficio.


SALA ESPECIALIZADA EN JUICIOS EN LÍNEA.
EXPEDIENTE: 15/2063-24-01-03-09-OL.
ACTOR: SKEP PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS
INTEGRALES, S.C. DE R.L. DE C.V.
MAGISTRADO INSTRUCTOR: LUIS EDWIN
MOLINAR ROHANA.
SECRETARIA DE ACUERDOS: MARTHA
PATRICIA RIVERA HERNÁNDEZ.
México, Distrito Federal, a diecisiete de noviembre de dos mil quince.- Integrada la Sala Especializada en Juicios en Línea de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por los CC. Magistrados: GONZALO ROMERO ALEMAN Presidente de la Sala, FAUSTINO GERARDO HIDALGO EZQUERRA y LUIS EDWIN MOLINAR ROHANA, con la asistencia de la C. Secretaria de Acuerdos MARTHA PATRICIA RIVERA HERNANDEZ, con quien se actúa y da fe, conforme a lo previsto por los artículos 50 y 58-A de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede a dictar sentencia en el juicio citado al rubro, en los siguientes términos:
RESULTANDO
1 °.- Por escrito electrónico presentado el 5 de junio de 2015, a través del Sistema de Justicia en Línea de este Tribunal, compareció el C. Juan José Arellano Hernández, en representación legal de la persona moral SKEP PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS INTEGRALES, S.C. DE R.L. DE C.V., para demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio 600-63-01-2015-0253 emitida el 25 de marzo de 2015, por la Administradora Local Jurídica de Villahermosa, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, a través de la cual se resuelve el recurso de revocación RR00014/15, en el sentido de confirmar la resolución recurrida contenida en el oficio 500-02-2014-41004 de fecha 20 de noviembre de 2014, mediante la cual se resolvió que la actora: "no desvirtuó la inexistencia de la operación amparada con el comprobante emitido a la contribuyente que se señaló en el oficio individual número 500-02-2014-8530 de 9 de abril de 2014"; resolución recurrida que también impugna, así como el Acuerdo por el que se establece la Circunscripción Territorial de las Unidades Administrativas Regionales del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2013.
2 °.- Por auto de 10 de junio de 2015, se admitió a trámite la demanda en la vía ordinaria, y se emplazó a las autoridades demandadas en el presente juicio para que formularan su respectiva contestación a la demanda.
3 °.- Mediante documento electrónico presentado en el Sistema de Justicia en Línea el 18 de septiembre de 2015, las autoridades demandadas produjeron su contestación a la demanda y ofrecieron las pruebas que consideraron pertinentes.
4 º.- Por acuerdo de 21 de septiembre de 2015, se tuvo por formulada la contestación de la demanda; asimismo, se tuvo por cumplimentado el requerimiento formulado en el acuerdo admisorio respecto de la exhibición del expediente administrativo.
5 °.- Mediante auto de 13 de octubre de 2015, se otorgó a las partes el plazo legal para que formularan alegatos, habiéndolos formulado la parte actora a través del documento electrónico presentado el 26 de octubre de 2015.
6 °.- Por acuerdo de 28 de octubre de 2015, se declaró cerrada la instrucción en el presente juicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
CONSIDERANDO:
 
PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer del presente asunto en términos de lo ordenado por los artículos 2 °, 14, fracción XII, y penúltimo párrafo, 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y 23, fracción II, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
SEGUNDO.- En virtud de que la actora impugna el Acuerdo por el que se establece la Circunscripción Territorial de las Unidades Administrativas Regionales del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2013, se procede a analizar en primer término los argumentos encaminados a desvirtuar la legalidad de dicho Acuerdo, pues de resultar éste contrario a derecho, lo será también en vía de consecuencia el acto de aplicación impugnado por la parte actora.
Al respecto resulta aplicable la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro señala lo siguiente:
[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXI, Junio de 2010; Pág. 935
"JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. TÉCNICA PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE CARÁCTER GENERAL, IMPUGNADOS POR SU SOLA ENTRADA EN VIGOR O CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. Con la entrada en vigor de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a partir del primero de enero de dos mil seis, la hipótesis legal de procedencia del juicio de nulidad para combatir disposiciones de observancia general, ha evolucionado de tal forma que es legalmente factible impugnar mediante el juicio de referencia, entre otros, actos administrativos de carácter general, diversos a los reglamentos, ya sea que se controviertan como autoaplicativos o cuando el gobernado los impugne conjuntamente con el primer acto de aplicación. Al respecto, existen semejanzas relevantes entre el juicio de amparo contra leyes promovido por la sola entrada en vigor de la norma reclamada o con motivo de su primer acto de aplicación, con el juicio contencioso administrativo en el que se impugne la nulidad de un acto, acuerdo o decreto de carácter general en dichas vías, conforme a lo dispuesto por el artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; lo que permite aplicar en forma analógica la técnica del juicio de amparo contra leyes en la vía de constitucionalidad, que ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al examen de los actos, acuerdos o decretos de carácter general que realice el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en la vía de legalidad, con las particularidades propias de esta última y atendiendo a cada caso concreto. En efecto, en primer término se estima que para el examen en el juicio de nulidad de los actos administrativos de carácter general, impugnados por su sola entrada en vigor, es necesario que quien acude al juicio demuestre que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico, por lo que sólo una vez demostrado dicho extremo, se deberá proceder al examen de los planteamientos enderezados en contra del acto de carácter general combatido, declarando su nulidad o reconociendo su validez según sea el caso. En segundo lugar, para el estudio de la legalidad de los actos de carácter general combatidos en el juicio contencioso administrativo con motivo de su primer acto de aplicación, la técnica que por regla general rige en la vía de constitucionalidad para el juicio de amparo contra leyes en esos casos, se estima aplicable analógicamente al juicio fiscal, debiendo proceder el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de la siguiente forma: 1. Deberá examinar la procedencia del juicio contencioso administrativo respecto del acto concreto de aplicación con motivo del cual se combate también la ilegalidad del acto, acuerdo o decreto general que le sirve de fundamento legal; 2. En caso de estimar improcedente el juicio en contra del acto de aplicación, deberá sobreseer respecto de éste y, en vía de consecuencia, en relación con el acto de carácter general impugnado, al no poder desvincularse uno de otro; 3. En el diverso supuesto de que el juicio fiscal resulte procedente en relación con el acto concreto de aplicación, lo será también respecto del acto de carácter general impugnado, y la Sala Fiscal deberá analizar en primer término los planteamientos de ilegalidad formulados en contra de la norma general combatida, pues de resultar ésta contraria a derecho, lo será también en vía de consecuencia el acto de aplicación impugnado por la parte actora, obteniendo ésta una declaratoria de ilegalidad tanto de la norma como del acto, lo que le depara un mayor beneficio a la sola anulación de este último por vicios propios; y, 4. Sólo en caso de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa desestime los conceptos de impugnación enderezados a combatir la ilegalidad de la norma general respectiva, deberá reconocer la validez de esta última y, posteriormente, analizar los planteamientos de nulidad relativos al acto de aplicación por vicios propios, declarando su nulidad o reconociendo su validez. Es por tanto incorrecto que el mencionado tribunal analice en primer lugar las cuestiones de ilegalidad del acto de aplicación combatido por vicios propios, en forma previa al examen de los planteamientos de nulidad enderezados en contra del acto, acuerdo o decreto de carácter general, pues ello implica desvincular el análisis de ambos actos."
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO
 
Amparo directo 31/2010. 18 de marzo de 2010. Unanimidad de votos, con voto concurrente del Magistrado José Eduardo Téllez Espinoza. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretario: Alejandro Andraca Carrera.
Manifiesta medularmente la actora en el OCTAVO concepto de impugnación del escrito de demanda que el Acuerdo por el que se establece la Circunscripción Territorial de las Unidades Administrativas Regionales del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2013, y emitido por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, debe declararse nulo en virtud de que se dictó en contravención de las normas jurídicas aplicadas y dejándose de aplicar las debidas, ello en atención a que la autoridad emisora no funda su competencia por materia, grado y territorio, pues del mismo se advierte que no lo dicta en suplencia ni por ausencia de algún órgano de autoridad, lo que acarrea la nulidad lisa y llana de tal acto impugnado.
Que de la revisión de la competencia de la autoridad que emitió el referido Acuerdo se desprende que el procedimiento del mismo se encuentra viciado de ilegalidad, y por consecuencia es fruto de actos viciados desde su origen, ya que la autoridad que lo emite, no fundo su competencia para dictarlo y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación, por lo que se considera del todo ilegal, dado que es emitido de manera arbitraria y unilateral modificando situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica de su representada, al dejar a decisión de la autoridad la facultad decisoria para emitir los acuerdos que bajo su potestad administrativa les otorga la Ley.
Que del análisis efectuado al referido Acuerdo, se advierte que la autoridad no cita norma alguna que le de la facultad ejercida, ocasionando con ello que tal acto administrativo resulte ilegal por la ausencia de la cita de la competencia, y por ende, no otorga al particular plena certeza de que está actuando dentro de los límites y con las atribuciones que le confiere la ley para tales efectos, sin cumplir con el requisito de la debida fundamentación previsto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación.
Así también, señala la actora que solicita que al momento de dictar sentencia se adopte el criterio resuelto en un caso similar, por el Juez Quinto del centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz en fecha 20 de marzo del 2009, relativo al Juicio de Amparo 29/2009-I, promovido por Skep Prácticas Administrativas Integrales, S.C. de R.L. de C.V., en la cual resolvió que para considerar debidamente fundada y motivada la competencia de la autoridad se deben invocar las disposiciones legales, acuerdo o decreto que le otorgue facultades a la autoridad emisora del acto reclamado. Que en el caso ni el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, ni el Secretario de Hacienda y Crédito Público, tienen facultades para mandar publicar el Acuerdo en estudio en el Diario Oficial de la Federación, como lo hicieron, ya que el único facultado para hacer tales publicaciones en el Diario Oficial de la Federación lo es el Titular del Ejecutivo Federal, pues así lo dispone expresamente la Ley del Diario Oficial en su artículo 4 º, por lo que al contravenirse en su perjuicio tal disposición normativa, sin que las responsables justifiquen la razón de su actuar en contravencin a ella, deviene en ilegal el Acuerdo que nos ocupa al no haber sido publicado por orden de autoridad competente como lo es el Titular del Ejecutivo Federal, viciando de ilegalidad todo acto administrativo que se soporte en dicho Acuerdo y en consecuencia procede se declare la nulidad absoluta del acto demandado y de los actos impugnados que sustentan su emisión en el mismo, a efecto de soportar su competencia territorial.
Por su parte, el Jefe del Servicio de Administración Tributaria al formular su contestación a la demanda sostiene que son inoperantes los argumentos de la actora, toda vez que si bien el referido Acuerdo encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 2, segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, también lo es que debió combatirlo en unión del primer acto de aplicación, toda vez que se trata de un acto de naturaleza heteroaplicativo, por lo que el momento procesal oportuno era el momento en que le fueron notificadas las diversas resoluciones contenidas en los oficios 600-63-01-2015-050, de 21 de enero de 2015, 600-63-01-2015-089 de 5 de febrero de 2015 y 600-63-01-204-1389 de 12 de diciembre de 2014, emitidos por la Administración Local Jurídica de Villahermosa, que ofrece como pruebas, y no consentir el referido Acuerdo hasta la emisión de la resolución impugnada en el presente juicio.
Del análisis efectuado a los argumentos de ambas partes, así como de las pruebas que obran en el expediente electrónico del juicio en que se actúa, esta Sala considera que respecto de la impugnación del Acuerdo por el que se Establece la Circunscripción Territorial de las Unidades Administrativas Regionales del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2013, sobreviene la improcedencia del presente juicio, con base en las siguientes consideraciones:
El Acuerdo por el que se Establece la Circunscripción Territorial de las Unidades Administrativas
Regionales del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2013, y en vigor a partir del 16 de enero de 2013, en la parte que interesa, establece:
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REGIONALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.
ARISTOTELES NUÑEZ SANCHEZ, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o. y 14, fracciones I, III y IX de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 144 fracción I de la Ley Aduanera; 1o.; 2o.; 3o., fracciones VIII y XII; 9, último párrafo y 37 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y
Considerando
Que con fecha 13 de julio de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, expedido por el Ejecutivo Federal.
Que con el fin de delimitar la circunscripción territorial en la cual ejercerán sus facultades las unidades administrativas regionales del Servicio de Administración Tributaria, así como facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a los contribuyentes, resulta adecuado precisar la circunscripción territorial de las mismas.
Que la entrada y salida de las mercancías del territorio nacional, las maniobras de carga, descarga, transbordo y almacenamiento de las mismas, el embarque o desembarque de pasajeros y la revisión de su equipaje, no obstante se efectúa en lugares autorizados, en ocasiones éstos se encuentran fuera de los municipios en donde se encuentra la sede de la Aduana por lo que es necesario precisar la competencia territorial de las mismas.
Que para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes en materia de comercio exterior es necesario integrar secciones aduaneras, por lo cual se expide el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL DE LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS REGIONALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
(...)
Transitorios
Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se abroga el Acuerdo por el que se establece la Circunscripción Territorial de las Unidades Administrativas Regionales del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2008, así como sus acuerdos modificatorios publicados en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2008, 11 de noviembre de 2009, 23 de julio de 2010, 29 de noviembre de 2011, 11 de junio de 2012 y 31 de octubre de 2012, así como la Fe de Erratas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 2008.
Atentamente.
México, D. F., a 19 de diciembre de 2012.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez Sánchez.- Rúbrica.
De la parte del Acuerdo antes transcrito, se desprende que mediante tal acto de carácter general, el Jefe del Servicio de Administración Tributaria delimitó la circunscripción territorial en la que pueden ejercer sus facultades las unidades administrativas regionales que forman parte del Servicio de Administración Tributaria.
Ahora bien, el marco legal que regula la impugnación en el juicio contencioso administrativo federal de actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, se encuentra previsto en los artículos 2, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 14, penúltimo párrafo, de la Ley Orgánica de este Tribunal, los cuales disponen en la parte que interesa lo siguiente:
"Artículo 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones
administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación.
..."
"Artículo 14.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:
...
El Tribunal conocerá, además de los juicios que se promuevan contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación.
..."
De los preceptos antes transcritos se desprende que el juicio contencioso administrativo federal, procede en contra de actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio al gobernado.
Si bien el Acuerdo que ahora pretende impugnar la actora cumple con las características que deben reunir los acuerdos y resoluciones de carácter general, en tanto que se trata de un cuerpo normativo abstracto, emitido con el fin de delimitar la circunscripción territorial en la cual ejercerán sus facultades las unidades administrativas regionales del Servicio de Administración Tributaria, así como facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a los contribuyentes, por lo que para que afecte la esfera jurídica del gobernado, requiere ser individualizado mediante la emisión de un acto de autoridad.
Por tanto, el posible perjuicio que el referido Acuerdo pudiera ocasionar a un particular, requiere necesariamente que en el acto de molestia se precise la circunscripción territorial dentro de la cual la autoridad puede ejercer sus facultades, pues sólo así afectaría la esfera jurídica del gobernado, por lo cual resulta concluyente que dicho acuerdo tiene el carácter de heteroaplicativo para los gobernados, en tanto que necesita de un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio.
Lo anterior es acorde al criterio contenido en la Jurisprudencia P./J. 55/97, que se localiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, página 5, cuyo texto señala:
"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento."
Amparo en revisión 2104/91. Corporación Videocinematográfica México, S.A. de C.V. 20 de febrero de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez.
 
Amparo en revisión 1811/91. Vidriera México, S.A. y otros. 4 de junio de 1996. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López.
Amparo en revisión 1628/88. Vidrio Neutro, S.A. y otros. 4 de junio de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos.
Amparo en revisión 1525/96. Jorge Cortés González. 8 de mayo de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Gitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos.
Amparo en revisión 662/95. Hospital Santa Engracia, S.A. de C.V. 29 de mayo de 1997. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López.
En efecto, de la aplicación de las reglas rectoras para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas, utilizadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia P./J.55/97, transcrita con anterioridad, se concluye que el Acuerdo por el que se Establece la Circunscripción Territorial de las Unidades Administrativas Regionales del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2013, no tiene el carácter de autoaplicativa, pues ninguna de las disposiciones que contiene causa perjuicio a la hoy actora desde el inicio de su vigencia, en virtud de que no crean, transforman o extinguen situación alguna concreta de derecho por el sólo hecho de entrar en vigor.
Lo anterior denota que las disposiciones contenidas en el acuerdo ahora impugnado, son de naturaleza heteroaplicativa, puesto que, se reitera, requieren de un acto diverso condicionante para actualizar un perjuicio en el gobernado; esto es, la aplicación jurídica o material de esas disposiciones en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.
Así, es necesario, primero, que una diversa autoridad de las mencionadas en el referido Acuerdo emita un acto de molestia, en la que precise la circunscripción territorial dentro de la cual puede ejercer sus facultades, pues sólo así el citado Acuerdo afectaría la esfera jurídica del gobernado.
De tal manera, que si el acto que ahora pretende impugnar la empresa actora constituye un acuerdo de carácter general de naturaleza heteroaplicativa, es necesario analizar la procedencia de la demanda a la luz de lo dispuesto en los artículos 2, segundo párrafo y 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, conforme a los cuales se establece que para que proceda el juicio contencioso administrativo federal en contra de Actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general heteroaplicativos, es indispensable que se controviertan en unión a su primer acto de aplicación.
En efecto, el legislador estableció una condicionante para impugnar actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando no sean autoaplicativos, la cual consiste en que dicha impugnación debe realizarse en unión al primer acto de aplicación; tal circunstancia, como antes se indicó, atiende al momento en que el acto o disposición general causa un perjuicio a su destinatario, afectando con ello su interés jurídico, permitiendo así determinar el momento oportuno para promover el juicio contencioso administrativo.
En esas condiciones, en el juicio contencioso administrativo, para acreditar el interés jurídico del demandante y estar en condiciones de analizar la legalidad de una disposición de carácter general, es indispensable que la misma con motivo de un primer acto de aplicación haya irrumpido en la individualidad del gobernado, al grado de ocasionarle un agravio actual, real y directo en su esfera jurídica, es decir, el acto o disposición de carácter general, debe producir efectos en forma particular, concreta y personal en su destinatario.
Por ello, resulta trascedente determinar el momento en que una regla de carácter general de naturaleza heteroaplicativa es aplicada por primera vez, toda vez que dicha situación determinará cuando los efectos de la regla de carácter general se individualizan y se origina la afectación a la esfera jurídica del particular; al respecto, el Poder Judicial de la Federación ha establecido mediante diversos criterios que el primer acto de aplicación de una norma de carácter general consiste en un hecho por el cual se coloca a un sujeto en la hipótesis que esta contiene que trasciende a la esfera jurídica del gobernado causándole un perjuicio en su patrimonio jurídico.
 
Al respecto es de citarse, la siguiente tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
Novena Época
Registro: 190630
Instancia: Segunda Sala
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XII, Diciembre de 2000
Materia(s): Constitucional
Tesis: 2a. CLXXV/2000
Página: 447
"LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA. Conforme a la interpretación jurisprudencial que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo dispuesto en los artículos 4o., 73, fracciones V y VI, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, el primer acto de aplicación que permite controvertir, a través del juicio de garantías, la constitucionalidad de una disposición de observancia general, es aquel que trasciende a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ahora bien, en caso de que el citado acto de aplicación carezca de la fundamentación y motivación debidas, que provoquen la interrogante sobre si el peticionario de garantías realmente resintió la individualización de la norma controvertida, como puede ser el caso en que la situación de hecho del quejoso no se ubique en el supuesto de la norma o que la autoridad haya realizado una cita equivocada de la disposición aplicable, el juzgador de garantías deberá analizar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado, lo que le permitirá concluir que éste afecta su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente su impugnación. La anterior conclusión encuentra apoyo, inclusive, en la jurisprudencia 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", de la cual deriva que cuando se reclaman en amparo indirecto disposiciones de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación, una vez determinada la procedencia del juicio, debe estudiarse la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, en su caso, la legalidad del acto concreto de individualización, sin que ésta constituya impedimento alguno para que se aborde el estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas."
Amparo en revisión 2240/97. Inmobiliaria Pedro de Alvarado, S.A. de C.V. 11 de octubre del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.
Como se ha señalado, en el presente caso la parte actora pretende impugnar el Acuerdo por el que se Establece la Circunscripción Territorial de las Unidades Administrativas Regionales del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2013, considerando como primer acto de aplicación la resolución impugnada contenida en el oficio número 600-63-01-2015-0253, de fecha 25 de marzo de 2015; sin embargo la autoridad demandada al formular su contestación a la demanda exhibió diversas resoluciones emitidas a nombre de la empresa actora, en las que fundó su competencia en el citado Acuerdo impugnado, tales como las contenidas en los oficios 600-63-01-2015-050, de 21 de enero de 2015, 600-63-01-2015-089 de 5 de febrero de 2015, y 600-63-01-2014-1389, emitidas el 12 de diciembre de 2014, por el Administrador Local Jurídico de Villahermosa del Servicio de Administración Tributaria, que a manera de ejemplo se reproduce la última de las citadas, en la parte que interesa:
 

Conforme a lo anterior, se desprende que el referido Acuerdo impugnado fue aplicado a la hoy actora desde el 12 de diciembre de 2014, fecha en que se emitió la diversa resolución contenida en el oficio 600-63-01-2014-1389, de tal manera que al no impugnar dicho Acuerdo junto con la citada resolución como primer acto de aplicación, dentro del término de los 45 días hábiles contados a partir de la notificación de la referida resolución que establece el artículo 13, fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, consintió el Acuerdo por el que se Establece la Circunscripción Territorial de las Unidades Administrativas Regionales del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2013, toda vez que la resolución impugnada contenida en el oficio 600-63-01-2015-0253, de fecha 25 de marzo de 2015, no constituye el primer acto de aplicación de dicho Acuerdo que ahora pretende impugnar, por lo que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 8 °, fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que señala:
"Artículo 8o.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes:
(...)
IV. Cuando hubiere consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento si no se promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivas o juicio ante el Tribunal, en los plazos que señala esta Ley.
Se entiende que no hubo consentimiento cuando una resolución administrativa o parte de ella no impugnada, cuando derive o sea consecuencia de aquella otra que haya sido expresamente impugnada.
(...)"
En virtud de lo anterior, es procedente sobreseer el presente juicio en términos de lo señalado en la fracción II, del artículo 9 ° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, respecto de la impugnación del Acuerdo por el que se Establece la Circunscripción Territorial de las Unidades Administrativas Regionales del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2013, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción IV, del artículo 8 ° de la citada Ley.
 
TERCERO.- Con fundamento en los artículos 1 º y 50, cuarto párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en atención al principio de litis abierta, esta Juzgadora procede al estudio de los conceptos de impugnación dirigidos a controvertir la legalidad de la resolución impugnada, así como de la resolución recurrida, dado que cuando se impugna la resolución recaída a un recurso, se deben analizar no sólo los agravios encaminados a controvertir la legalidad de la resolución impugnada, sino los que controviertan la legalidad de la resolución recurrida.
Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia de este Tribunal que se transcribe a continuación:
"EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA REGULADO EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PERMITE AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN PLANTEADOS EN EL JUICIO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, INCLUSIVE, CUANDO A TRAVÉS DE ÉSTA SE HAYA DESECHADO EL RECURSO ADMINISTRATIVO.- Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 1 º y penúltimo párrafo del artículo 50, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el juicio contencioso administrativo se atiende a un principio de litis abierta, conforme al cual, en la sentencia que dicte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuando se impugne la resolución recaída a un recurso, se deben resolver, no sólo los agravios encaminados a controvertir la legalidad de la resolución impugnada, sino que además se deberán resolver los que controviertan la recurrida, analizándose los argumentos que pueden incluir los razonamientos que se refieran a la resolución recurrida, y los dirigidos a impugnar la nueva resolución; así como aquellas razones o motivos que reproduzcan agravios esgrimidos en el recurso administrativo en contra de la resolución originaria. En este sentido, si la actora interpone juicio contencioso administrativo en contra de la resolución recaída a un recurso de revocación intentado por ella, en la que se desechó por improcedente dicho medio de defensa, y al efecto este Tribunal administrativo determina la ilegalidad de dicho desechamiento y por tanto la procedencia del recurso, el Tribunal está obligado a analizar los conceptos de impugnación planteados en la vía recursal, siempre y cuando cuente con elementos necesarios, para analizar el fondo de la cuestión, contenidos en el acto administrativo recurrido."
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/3/2013)
PRECEDENTES: VI-P-2aS-54 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 202/06-13-02-3/735/06-S2-08-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1 de febrero de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Francisco Javier Marín Sarabia. (Tesis aprobada en sesión de 17 de abril de 2008) R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 7. Julio 2008. p. 58 VI-P-2aS-99 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2092/06-07-03-9/242/08-S2-07-01.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de julio de 2008, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González López. (Tesis aprobada en sesión de 3 de julio de 2008) R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 10. Octubre 2008. p. 461 VI-P-2aS-100 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2705/07-07-03-5/852/08-S2-07-01.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 21 de agosto de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista. (Tesis aprobada en sesión de 21 de agosto de 2008) R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 10. Octubre 2008. p. 461 VII-P-2aS-58 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3933/10-06-02-5/1026/11-S2-09-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de noviembre de 2011, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Francisco Cuevas Godínez.- Secretario: Lic. José de Jesús González López. (Tesis aprobada en sesión de 29 de noviembre de 2011) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 6. Enero 2012. p. 157 VII-P-2aS-269 Cumplimiento de Ejecutoria Núm. 6897/09-06-02-3/638/11-S2-10-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 25 de octubre de 2012, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar. (Tesis aprobada en sesión de 25 de octubre de 2012) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 18. Enero 2013. p. 310 Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria celebrada el jueves veintiuno de febrero de dos mil trece.- Firman para constancia, la Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Alma Rosa Navarro Godínez, Secretaria Adjunta de Acuerdos, quien da fe.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 20. Marzo 2013. p. 5
 
Por ser la caducidad una cuestión de orden público y estudio preferente, esta juzgadora procede al análisis del primer concepto de impugnación del escrito de demanda, relacionado con el primero y segundo agravios que hizo valer en su recurso de revocación, en los que aduce medularmente la actora, lo siguiente:
ESCRITO DE DEMANDA
"PRIMERO- De la violación a los artículos 38, fracción IV, 130 y 132, del Código Fiscal de la Federación, en relación con los artículos 1 º, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por indebida valoración de las pruebas, aportadas al recurso de revocación y por la indebida fundamentación y motivación de la resolución impugnada, vía recurso de revocación, toda vez que existen agravios que conllevaban a declarar la Nulidad Lisa y Llana de la resolución impugnada.
(...)
El argumento que se expuso a la autoridad va enfocado en relación a la CADUCIDAD a que hace referencia el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, por lo que es improcedente el argumento expuesto por la autoridad en el sentido de que sea improcedente dicho argumento al no tratarse de una sanción, ya que es claro y evidente de lo que se expuso era en atención a la violación determinada por la autoridad demandada respecto a la ilegal aplicación al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en virtud de existir la caducidad por parte de la autoridad fiscalizadora, situación que no tomo en cuenta debidamente la autoridad demandada al momento de resolver el recurso de revocación, violentando lo dispuesto en el artículo 132 del Código Tributario Federal.
En ese sentido, se debe entender la finalidad de las sanciones por consecuente tener presente su definición para lo cual la Real Academia de la Lengua Española establece por sanción lo siguiente:
Sanción. (Del lat. sanctÄ­o, -ōnis).
1. f. Pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores.
2. f. Autorización o aprobación que se da a cualquier acto, uso o costumbre.
3. f. Acto solemne por el que el jefe del Estado confirma una ley o estatuto.
4. f. Mal dimanado de una culpa o yerro y que es como su castigo o pena.
5. f. Estatuto o ley.
De lo anterior se denomina sanción a la consecuencia o efecto de una conducta que constituye a la infracción de una norma jurídica. Dependiendo del tipo de norma incumplida o violada, puede haber sanciones penales o penas; sanciones civiles y sanciones administrativas.
En ese sentido, la autoridad inobservo que el oficio 500-02-2014-8530 que señala expresamente la resolución contenida en el oficio 500-02-2014-41004, impugnada en el recurso de revocación, violentando en perjuicio de mi representada los artículos 1 º, 14 y 16 Constitucionales, arábigos 7.1, 8.2, 11.2, de la Convención Americana de Derechos Humanos, 12 y 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, V, IX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 67 del Código Fiscal de la Federación, violentando lo dispuesto en el artículo 132 del Código Fiscal de la Federación, ya que en caso de que si hubiera acontecido hubiera procedido a declarar la caducidad a que refiere el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, al darse ese supuesto y no en términos expuestos por la autoridad demandada en el oficio que se demanda respecto a que el procedimiento llevado a cabo por la autoridad no representa una sanción, lo cual evidentemente mi representada no lo expone como tal, sino que el argumento toral fue lo relativo a la caducidad de la autoridad a que refiere el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, situación por la cual no se da en la especie la supuesta simulación de operaciones que refiere la autoridad demandada, no dándose el supuesto a que alude el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, situación por la cual esa autoridad no debe otorgarle credibilidad a lo expuesto por la autoridad demandada, respecto a que el argumento expuesto por mi representada a que el procedimiento establecido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación es propiamente a conocer personas y/o empresas que simulan operaciones y no respecto a sanciones, lo cual evidentemente mi representada no realizo el argumento en tal sentido, sino más bien respecto a la ilegal determinación en contra de mi representada del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación en atención a que a la autoridad fiscal le han caducado sus facultades, violentando lo dispuesto en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación.
(...)
 
Contrario a lo determinado por la autoridad demandada en la resolución recurrida, seda el supuesto establecido en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, pues como se expuso en el escrito libre interpuesto ante la autoridad demandada, si bien la autoridad tiene previstas facultades en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, también lo es que la facultad sancionadora de la autoridad, ya ha caducado, lo que la autoridad demandada no valoro debidamente violando lo dispuesto en el artículo 132 del código Fiscal de la Federación.
La autoridad fiscal llevó a cabo la publicación del nombre de mi poderdante en el Diario Oficial de la Federación con apoyo en el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, el cual no puede aplicarse sin observar a lo dispuesto en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación.
(...)
La autoridad demandada basa sus manifestaciones en que conoció de hechos que le hacen presumir la existencia de operaciones inexistentes o simuladas y requiere se le compruebe la veracidad de tales actos, y en consecuencia impone una carga adicional a representada de destruir esa presunción de la autoridad, con la aportación de nuevas documentales o algún otro material probatorio. Sin embargo, con independencia de ello, no puede actuar ya en contra de mi representada, ya que los hechos que pretende investigar, ocurrieron en el ejercicio de 2007, los cuales a la fecha de notificación de su oficio de requerimiento, esto es, el 25 de abril de 2014, han transcurrido más de 6 años, situación que la autoridad demandada valoro indebidamente y lejos de exponer la justificativa del porque se excedió del plazo a que alude el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, procede indebidamente a exponer que no procede la aplicación del plazo a que alude el artículo de comentario sin exponer mayores razonamientos, violentando lo dispuesto en el artículo 132 del Código Fiscal de la Federación.
(...)"
RECURSO DE REVOCACIÓN.
PRIMERO.- (...) Al respecto, mi representada hace alusión respecto a lo solicitado por parte de mi representada a la autoridad demandada, lo es propiamente en su carácter de autoridad, y propiamente va enfocado el argumento en relación a la CADUCIDAD a que hace referencia el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, por lo que es improcedente el argumento expuesto por la autoridad en el sentido de que pretender ver el argumento expuesto por mi representada como una sanción, ya que es claro y evidente de lo que se expuso era en atención a la violación determinada por la autoridad demandada respecto a la ilegal aplicación al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en virtud de existir la caducidad por parte de la autoridad fiscalizadora y por tanto el oficio 500-02-2014-8530, viola en perjuicio de mi representada los artículos 1 °, 14 y 16 Constitucionales, arábigos 7.1, 8.2, 11.2, de la Convención Americana de Derechos Humanos, 12 y 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, V, IX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 67 del Código Fiscal de la Federación, lo cual la autoridad demandada no valoró debidamente violentando lo dispuesto en el artículo 132 del Código Fiscal de la Federación. (...)"
"SEGUNDO.- La resolución impugnada, viola en perjuicio de mi poderdante del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, al adolecer de la debida fundamentación y motivación, situación por la cual deberá dejarse sin efectos de manera lisa y llana, como lo establece el artículo 133, fracción In del Código Fiscal de la Federación, ello en virtud de que en el caso que nos ocupa se da el supuesto de la caducidad a que aluce el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación.
(...)
Se considera contrario a derecho lo expuesto por la autoridad demandada en la resolución que ahora se recurre, ello en atención a que omitió valorar debidamente lo expuesto por mi representada, haciendo una interpretación errónea de lo dispuesto en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, ya que en el caso que nos ocupa estamos ante la caducidad de las facultades de la autoridad fiscal.
Es de señalar que contrario a lo determinado por la autoridad demandada en la resolución recurrida, se da el supuesto establecido en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, pues como se expuso en el escrito libre interpuesto ante la autoridad demandada, si bien la autoridad tiene previstas facultades en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, también lo es que la facultad sancionadora de la autoridad, ya ha caducado.
(...)"
 
La autoridad demandada al formular su contestación a la demanda, esencialmente señala, lo siguiente:
"Se dice que los argumentos expuestos por la actora devienen de infundadas, toda vez que mi oponente pretende realizar una indebida interpretación y aplicación de lo previsto por el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, y para ello, resulta pertinente traer a colación lo previsto por dicho numeral, lo cual en su primer párrafo, dispone:
(...)
Como podemos advertir del numeral antes transcrito se advierte que la figura de la caducidad es un medio de seguridad jurídica para el contribuyente, pues la autoridad fiscal no puede determinar sancionar al contribuyente, una vez que se haya consumado el plazo previsto en el numeral, que se computará a partir de cada una de las hipótesis que prevé el consabido numeral.
Sin embargo, tratándose del ejercicio de facultades de comprobación, no entrañan la consecuencia jurídica de determinar una obligación en cantidad liquida, como en la especie, tratándose del procedimiento previsto en el ya referido artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, es inconcuso que la caducidad de facultades no es aplicable, precisamente porque en modo alguno se determinó una obligación fiscal en cantidad liquida, esto es, que haya culminado con un crédito fiscal a cargo de SKEP PRACTICAS ADMINISTRATIVAS INTEGRALES S.C. DE R.L. DE C.V.
Tampoco se determinó, alguna sanción de tipo pecuniaria a carga de la recurrente, con motivo del específico procedimiento previsto en el numeral 69-B del citado Código Fiscal, ello se advierte de la simple lectura de la resolución impugnada, con lo cual se evidencia la inoperancia del agravio esgrimido por la recurrente.
(...)
Así pues, tal y como lo resolvió correctamente mi representada, el procedimiento previsto por el artículo 69-B, del Código Fiscal de la Federación no prevé un procedimiento de determinación de contribuciones o aprovechamientos omitidos o sus accesorios, sino que únicamente busca identificar personas que expidan comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes.
..."
Esta Juzgadora considera fundado el concepto de impugnación que se analiza y con la trascendencia jurídica suficiente para provocar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, así como de la resolución recurrida, con base en las siguientes consideraciones:
Atendiendo a los planteamientos vertidos por la actora, señalados con antelación, la litis en el presente juicio se circunscribe a determinar si como lo aduce la hoy actora la resolución recurrida resulta ilegal, por haberse actualizado la figura de la caducidad prevista en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación.
En el expediente administrativo en que se actúa, obra la resolución recurrida contenida en el oficio 500-02-2014-41004, emitida el 20 de noviembre de 2014, cuya parte que interesa se reproduce a continuación:
 
(...)"
Del análisis efectuado a la resolución recurrida, la cual es valorada en términos del artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se desprende que el Administrador Central de Análisis Técnico Fiscal de la Administración General de Auditoria Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación y del análisis realizado al expediente abierto a nombre de la contribuyente hoy actora detectó que en el 6 de abril de 2007, emitió el comprobante fiscal a la contribuyente ISLAS GOWER Y COMPAÑÍA SUCESORES, S. EN C. DE C.V., por concepto de suministro de diversos servicios, cuya operación consideró inexistente, por los motivos precisados en la referida resolución recurrida.
El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, establece:
"Artículo 69-B.- Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.
En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince
días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado.
Transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no excederá de cinco días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer; notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, únicamente de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución.
Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos generales, que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.
Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo tercero de este artículo, contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan, mismas que deberán presentar en términos de este Código.
En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior, determinará el o los créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código."
Es pertinente señalar que el referido artículo fue adicionado mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, y de cuyo análisis se desprende que contempla la facultad para la autoridad fiscal de presumir la inexistencia de operaciones amparadas con comprobantes fiscales cuando detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados; estableciendo en el mismo el procedimiento a seguir para sancionar al controbuyente.
Ahora bien, el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, establece lo siguiente:
"Artículo 67.- Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente a aquél en que:
I. Se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga obligación de hacerlo. Tratándose de contribuciones con cálculo mensual definitivo, el plazo se computará a partir de la fecha en que debió haberse presentado la información que sobre estos impuestos se solicite en la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta. En estos casos </