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DOF: 05/08/2020
2PROGRAMA Nacional de Financiamiento del Desarrollo 22020-2024

PROGRAMA Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
PROGRAMA SECTORIAL
DERIVADO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2019-2024
Contenido
1.- Fundamento normativo de elaboración del programa
2.- Siglas y acrónimos
3.- Origen de los recursos para la instrumentación del Programa
4.- Análisis del estado actual
Crecimiento y estabilidad macroeconómica
Ingresos
Gasto público
Federalismo fiscal
Sistemas financiero y de pensiones
Financiamiento y banca de desarrollo
5.- Objetivos prioritarios
5.1.- Relevancia del objetivo prioritario 1: Crecimiento y estabilidad macroeconómica
5.2.- Relevancia del objetivo prioritario 2: Ingresos
5.3.- Relevancia del objetivo prioritario 3: Gasto público
5.4.- Relevancia del objetivo prioritario 4: Federalismo fiscal
5.5.- Relevancia del objetivo prioritario 5: Sistema financiero y de pensiones
5.6.- Relevancia del objetivo prioritario 6: Financiamiento y banca de desarrollo
6.- Estrategias prioritarias y acciones puntuales
7.- Metas para el bienestar y Parámetros
8.- Epílogo: Visión hacia el futuro
Recuadros
Recuadro 1: Política fiscal contracíclica y regla fiscal en México
Recuadro 2: Medidas anunciadas para el impulso del Sector Financiero
Recuadro 3: Avances en la banca de desarrollo durante 2019
1.- Fundamento normativo de elaboración del programa
En el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024 (Pronafide) se presentan los objetivos y las estrategias prioritarias, así como las acciones puntuales en los sectores hacendario y financiero que asegurarán la disponibilidad de recursos necesarios para incrementar la inversión e impulsar el desarrollo del país. Asimismo, en el Programa se delinea el plan de acción para promover la inclusión financiera, fortalecer el marco de responsabilidad hacendaria y mantener la estabilidad macroeconómica del país.
El Programa está orientado a implementar una política económica que considere la existencia de restricciones internas y externas, de manera que su diseño asegure la viabilidad de las políticas del Gobierno de México, cuyo fin es reducir las desigualdades económicas y sociales entre los diferentes grupos poblacionales y entre las regiones del país.
El Pronafide tiene sustento en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 16, 22 y 23 de la Ley de Planeación; 9 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y la fracción II del artículo 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De conformidad con los artículos 25 y 26 constitucionales, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, garantizando que este sea integral y sustentable, que vele por el fortalecimiento de la soberanía nacional y su régimen democrático, y que a través del fomento del crecimiento económico y una distribución equitativa del ingreso y la riqueza se llegue al pleno ejercicio de la libertad y al respeto de las garantías consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En apego a lo dispuesto por los artículos 9, 16, 22 y 23 de la Ley de Planeación, las dependencias de la Administración Pública Federal deberán planear y conducir sus actividades en congruencia con la planeación nacional del desarrollo, a través de la elaboración de programas sectoriales, dentro de los cuales se encuentra el Pronafide.
Por último, el Pronafide deriva del Plan Nacional de Desarrollo 2020-2024, y se encuentra estrechamente vinculado con las políticas financieras del país, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su elaboración, publicación, ejecución y seguimiento, en términos de los artículos 9 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
2.- Siglas y acrónimos
Afore                Administradoras de Fondos para el Retiro
Bancomext        Banco Nacional de Comercio Exterior
Banjercito          Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada
Banobras           Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
Bansefi             Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros
BID                  Banco Interamericano de Desarrollo
CFE                 Comisión Federal de Electricidad
CNBV               Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Conapo             Consejo Nacional de Población
Coneval            Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Consar              Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
DOF                 Diario Oficial de la Federación
ENAFIN            Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas
ENIF                Encuesta Nacional de Inclusión Financiera
ENOE               Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
EPE                 Empresas Productivas del Estado
EUA                 Estados Unidos de América
FIRA                Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura
FMI                  Fondo Monetario Internacional
FND                 Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
Fonacot             Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
Fonadin             Fondo Nacional de Infraestructura
Fonden             Fondo de Desastres Naturales
Fovissste           Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
IEPS                Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
IGIE                 Impuesto General de Importación y Exportación
IMSS                Instituto Mexicano del Seguro Social
INEGI               Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Infralatam          Infraestructura de América Latina y el Caribe
ISR                  Impuesto Sobre la Renta
ISSSTE             Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
 
IVA                  Impuesto al Valor Agregado
LFPRH             Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
mbd                 Miles de Barriles Diarios
MiPyMEs           Micro, Pequeñas y Medianas empresas
mmd                 Miles de millones de dólares
mmp                 Miles de millones de pesos
NA                   No aplica
Nafin                Nacional Financiera
ND                   No disponible
OCDE               Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
OFI                  Organismos financieros internacionales
Pemex              Petróleos Mexicanos
PIB                  Producto Interno Bruto
PISA                Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, por sus siglas en inglés.
PND                 Plan Nacional de Desarrollo
Pronafide           Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo
PRONAIB          Programa Nacional de Infraestructura para el Bienestar
RFP                 Recaudación Federal Participable
RFSP               Requerimientos Financieros del Sector Público
SAR                 Sistema de Ahorro para el Retiro
SHCP               Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SHF                 Sociedad Hipotecaria Federal
SHRFSP           Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público
Siefore              Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro
Sofomes            Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
STPS               Secretaría del Trabajo y Previsión Social
UDLAP             Universidad de las Américas Puebla
3.- Origen de los recursos para la instrumentación del Programa
La totalidad de las acciones que se consideran en este Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus Objetivos prioritarios, Estrategias prioritarias y Acciones puntuales, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación u operación de dichas acciones y el seguimiento y reporte de las mismas, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto participantes en el Programa, mientras éste tenga vigencia.
4.- Análisis del estado actual
Con base en el PND 2019-2024, el Pronafide tiene como objetivo contribuir a la mejora sostenida de la calidad de vida de la población, bajo los principios de austeridad, honestidad y combate a la corrupción que caracterizan los compromisos del Gobierno de México. Para lograrlo, este Gobierno está comprometido con alcanzar un nivel de desarrollo económico que garantice el uso eficiente y sostenible de los recursos, así como la generación de los medios, bienes, servicios y capacidades humanas para garantizar el bienestar. Asimismo, como parte de la labor del Estado se asegurará que en este proceso no se margine a ninguna persona, grupo social o territorio, garantizando el ejercicio pleno de los derechos de los individuos.
Para impulsar el desarrollo económico, en el Pronafide 2020-2024 se establecen las estrategias prioritarias que permitirán asegurar los recursos fiscales y financieros necesarios para que el Gobierno de México lleve a cabo las acciones que permitan incrementar el bienestar de la población. Además de delimitar las fuentes de financiamiento internas y externas del Gobierno, al interior del Programa también se establecen estrategias que tendrán un impacto positivo en la inversión, la productividad y el crecimiento mediante el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica y de la hacienda pública; la inclusión y uso de tecnología en el sistema financiero; una mayor coordinación con el sector privado para el financiamiento de proyectos de infraestructura; y la distribución de los recursos públicos de manera eficiente y justa, enfocada principalmente a la reducción de brechas de desigualdad entre la población y las regiones.
Las acciones establecidas en el Pronafide 2020-2024 tienen como base los principios rectores establecidos en el PND 2019-2024. En particular, el Programa se rige por los principios de "Economía para el bienestar" y "No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera", al buscar un crecimiento económico incluyente que contribuya al bienestar y a la inclusión de la población en situación de vulnerabilidad mediante acciones puntuales que promuevan la cobertura de bienes públicos, el fortalecimiento del mercado interno y la eficiencia del uso de los recursos, manteniendo una política fiscal responsable.
México ha logrado avances importantes en materia de estabilidad económica, como son finanzas públicas sanas, que han conseguido una trayectoria sostenible de la deuda pública; una estructura sólida de la deuda pública con un manejo prudente de riesgos, priorizando la contratada en moneda nacional, a tasa fija y a largo plazo; un tipo de cambio flexible, que ha amortiguado el efecto de los choques externos; unos sistemas financiero y asegurador sólidos, con niveles de capitalización y de liquidez adecuados; una amplia red de acuerdos internacionales, y la autonomía del Banco de México que ha permitido alcanzar niveles de inflación bajos y el mantenimiento de las expectativas de inflación ancladas. Además, la estabilidad macroeconómica en el país se ha mantenido por más de 20 años, incluso ante escenarios internacionales adversos con elevada volatilidad en los mercados financieros, como sucedió durante la crisis financiera global del 2008, ante la caída en los precios internacionales del petróleo en 2013, y de manera más reciente, ante la incertidumbre global derivada de las tensiones comerciales, los conflictos geopolíticos y los efectos económicos derivados de las medidas implementadas para contener la pandemia asociada a la enfermedad denominada COVID-19.
Si bien es cierto que los avances logrados en materia de estabilidad económica se han visto traducidos en bienestar para la población, los logros alcanzados tienen dos límites importantes, ya que por un lado, ha estado ausente un marco fiscal que permita llevar a cabo una política de estabilización del ciclo económico de manera más decidida y que mantenga la credibilidad de las finanzas públicas y, por otro lado, la estabilidad macroeconómica no ha sido una condición suficiente para lograr un mayor crecimiento económico ni una distribución más equitativa de la riqueza. En este sentido, la mejora sostenible en el bienestar de la población requiere de ampliar la capacidad para generar valor en la economía a través de crecimiento y de asegurar que la distribución de los frutos de este crecimiento beneficie a toda la población.
De esta manera, en adición a mantener y profundizar las políticas orientadas a la estabilidad macroeconómica, es necesario continuar mejorando el marco fiscal y abordar los problemas estructurales que han impedido al país aprovechar los avances en materia de estabilidad económica, los cuales también han contribuido a agudizar las brechas de desigualdad en la población. Algunos de estos factores están relacionados con niveles insuficientes de inversión, que se reflejan en infraestructura física y social deficiente y distribuida de manera desigual; rezago habitacional de la población de menores ingresos; baja inclusión financiera; sistemas financiero y de seguros poco profundos y muy concentrados; un sistema pensionario que no cubre las necesidades futuras de la población y que genera presiones a las finanzas públicas; bajos niveles de recaudación de los gobiernos subnacionales; baja recaudación asociada a la alta elusión y evasión fiscal, y falta de eficacia en la implementación del gasto social para reducir las brechas de pobreza y desigualdad.
Bajo este escenario, los objetivos y las estrategias prioritarias, así como las acciones puntuales delimitadas en el Pronafide 2020-2024 están encaminadas a atender algunas de las principales causas en los sectores hacendario y financiero que han impedido el bienestar y el desarrollo nacional, las cuales se describen a continuación.
Crecimiento y estabilidad macroeconómica
En el contexto actual de la economía global de disputas comerciales, conflictos geopolíticos y los efectos económicos de las medidas tomadas en todo el mundo para detener la propagación del COVID-19, nuestro país dispone de fundamentos macroeconómicos sólidos que le permiten hacer frente al entorno, entre los cuales destacan: i) finanzas públicas sanas; ii) el programa de coberturas petroleras; iii) los fondos de estabilización, que suavizan los efectos cíclicos de la economía; iv) el tipo de cambio flexible; v) la regulación y supervisión prudencial del sistema financiero, para mantener su estabilidad y la expansión de financiamiento dentro de condiciones de competencia; vi) la apertura comercial, que permite aprovechar las ventajas comparativas de la economía mexicana; vii) la estructura de la deuda pública, que minimiza los riesgos de crisis de deuda; y viii) la autonomía del Banco de México en la conducción de la política monetaria que ha permitido mantener las expectativas de inflación ancladas y precios estables. Todo lo anterior representa la base para lograr un crecimiento económico a través del cual se mejore de manera continua y sostenida el bienestar de toda la población.
Ahora bien, en los últimos años el país ha enfrentado un crecimiento económico bajo respecto a países con niveles de desarrollo similar y disminuciones en su productividad respecto a años anteriores. Con datos del FMI, entre los años 2000 y 2018, el crecimiento promedio anual del ingreso per cápita fue 0.8%, menor que el crecimiento promedio de países como Brasil (1.3%), Colombia (2.7%), Corea del Sur (3.2%), Turquía (3.6%) y China (8.5%). Además de este bajo crecimiento, existen importantes brechas regionales entre el norte y el sur del país. Por ejemplo, Nuevo León tiene un ingreso per cápita cuatro veces mayor que Oaxaca y, si se mantuvieran las tasas de crecimiento actuales, a Oaxaca le tomaría cerca de 200 años igualar el nivel actual del ingreso per cápita de Nuevo León(1).

Utilizando información comparable a nivel internacional, entre 2000 y 2017 la productividad total de los factores en México tuvo una caída promedio anual de 0.9%. En contraste, en países de América Latina como Colombia y Argentina se incrementó 0.3 y 0.1%, respectivamente, y en los países miembros de la OCDE aumentó 0.4%. Aunado a los bajos niveles de crecimiento económico y de productividad, el nivel de pobreza se ha mantenido en niveles muy elevados y prácticamente sin cambio en los últimos 10 años. De acuerdo con Coneval, de 2008 a 2018 el porcentaje de población en situación de pobreza pasó de 44.4 a 41.9%. Sin embargo, debido al crecimiento poblacional esto significa que de 49.5 millones de personas ahora son 52.4 millones de personas las que viven en situación de pobreza.
Una de las principales herramientas para combatir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población es el crecimiento económico inclusivo. Para lograrlo, el Gobierno de México debe procurar e incentivar un mayor crecimiento económico y asegurar que los frutos de este crecimiento ayuden a reducir las brechas de desigualdad del país.
Adicionalmente, la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para alcanzar el crecimiento económico sostenido pues genera estabilidad de precios y certidumbre entre los agentes económicos para la toma de decisiones. Históricamente, México ha enfrentado episodios de crisis económicas que significaron caídas importantes en la actividad económica y disminuyeron de manera significativa el bienestar de la población con menores recursos. Estas crisis han reflejado la importancia de contar con políticas públicas encaminadas a lograr y mantener la estabilidad macroeconómica del país, lo que nos permitirá tener la capacidad de enfrentar condiciones adversas tanto internas como externas.
La estabilidad macroeconómica se logra con estabilidad fiscal, finanzas públicas sanas y un manejo adecuado de la deuda pública, principalmente. Las últimas modificaciones del marco normativo de la LFPRH y de su Reglamento han sido importantes para la estabilidad fiscal, sin embargo, estas han sido insuficientes; en particular, no han permitido que el Gobierno pueda llevar a cabo una política fiscal que permita ejercer un papel contracíclico en la economía. La presente administración reconoce estas áreas de oportunidad y por ello propondrá e impulsará las modificaciones necesarias para lograrlo.
Recuadro 1: Política fiscal contracíclica y regla fiscal en México
La política fiscal debe de ejercer un rol contracíclico en la economía. En este sentido, la función del gobierno deberá ser generar ahorros fiscales en momentos de crecimiento económico y desahorros fiscales en tiempos de bajo crecimiento económico, con el fin de estabilizar las finanzas públicas durante el ciclo económico y que estas actúen como un estabilizador de la economía.
Este tipo de política fiscal contracíclica es deseable en un país como México, en donde el tamaño de los estabilizadores fiscales es pequeño, principalmente por la base impositiva limitada debido a los elevados niveles de informalidad en la economía.
La estabilidad de las finanzas públicas del país se rige bajo el marco normativo de la LFPRH y su Reglamento, que en 2014 y 2015 sufrieron su última modificación importante donde se determinó una nueva regla fiscal con tres directrices:
1.     Un balance público en equilibrio, al descontar la inversión de las EPE y del Gobierno Federal1;
2.     Una meta anual de los RFSP, el concepto más amplio del balance presupuestario, determinada por la capacidad de financiamiento del sector público federal, y
3.     Un límite máximo al gasto corriente estructural.2
A pesar de que en los últimos años México se ha beneficiado de la prudencia fiscal para mantener la estabilidad macroeconómica, la actual regla fiscal no ha cumplido con el objetivo de consolidar la disciplina presupuestaria y lograr la sostenibilidad de las finanzas y deuda públicas en el mediano y largo plazo. Por ello, para esta Administración es importante promover un cambio en el diseño fiscal, tomando como punto de partida un diseño institucional comúnmente conocido como "reglas fiscales de segunda generación", las cuales incluyen:
a)    El establecimiento de un ancla fiscal de mediano plazo, que en principio podría determinarse por un nivel de deuda máxima sostenible y un mecanismo creíble y acotado temporalmente para una consolidación fiscal que permita regresar a niveles debajo de este máximo cuando por circunstancias excepcionales se rebase.
b)    La introducción de consideraciones que permitan la sostenibilidad fiscal y, al mismo tiempo, la estabilización del ciclo económico (por ejemplo, una regla de gasto estructural, donde se establece un aumento máximo del gasto asociado al crecimiento de largo plazo de los ingresos, aproximado por el incremento en la tendencia del PIB).
c)     La creación y el uso de un fondo contracíclico que permita ahorrar en la parte alta del ciclo y usar los recursos para financiar el gasto en la parte baja del ciclo.
d)    Cláusulas de escape efectivas que deben contemplar solo un rango bien definido de factores, incluyendo claramente cuándo deben aplicarse y especificar cómo volver a implementar los compromisos de la regla fiscal.
e)    El fortalecimiento de la transparencia fiscal y la introducción de un consejo fiscal asesor independiente.
1/ El monto máximo de inversión a descontar de la meta de balance público se establece anualmente en la Ley de Ingresos de la Federación.
2/ El gasto corriente estructural corresponde al gasto neto total excluyendo los siguientes rubros de gasto: no programable, pensiones y jubilaciones, inversión física y financiera, y el gasto de Pemex y CFE.
Otro elemento fundamental de la estabilidad macroeconómica es mantener un perfil de riesgo adecuado de la deuda pública, lo cual requiere de un manejo transparente y responsable. La evidencia empírica en México muestra que en los periodos en los que la deuda pública se incrementó significativamente, como en la década de los ochenta, o cuando su estructura generó descalces financieros que incrementaron la vulnerabilidad en términos de plazo, tasa y moneda, como en los años que precedieron a la crisis de 1994, las finanzas públicas fueron vulnerables ante la materialización de choques, tanto internos como externos, que afectaron la estabilidad de precios y además desencadenaron crisis económicas importantes en el país.
Actualmente, el nivel y la estructura de la deuda pública del país permiten que México tenga un manejo de riesgos adecuado para enfrentar escenarios adversos. Esta Administración está comprometida con un marco fiscal responsable, que permita mantener una trayectoria sostenible de la deuda pública, con un nivel estable o decreciente como proporción del PIB en el corto, mediano y largo plazo.
 

Adicionalmente, el sector energético es una pieza clave para las finanzas públicas y el desarrollo de nuestro país. Se estima que los ingresos públicos asociados al sector(2) representan casi un tercio del total, sin contar las tributaciones que hacen las empresas públicas y privadas en materia de ISR e IVA. Lo anterior, sumado a la relevancia de los energéticos en la actividad económica y en las necesidades básicas de la población, muestra la importancia del fortalecimiento de la industria.
En este sentido, Pemex y la CFE enfrentan retos estructurales que se gestaron hace décadas y han debilitado su posición financiera, lo que les ha impedido realizar las inversiones necesarias para crecer y ayudar a satisfacer las necesidades energéticas del país. En el caso de Pemex, destaca la baja disponibilidad de recursos para invertir en exploración y producción de hidrocarburos, una vez que se descuentan de los ingresos, los diferentes gastos y pagos de impuestos y derechos. Para la CFE, resalta una estructura de ingresos y costos que se ha quedado relativamente rezagada y que limita el desarrollo de la infraestructura requerida para llevar el servicio eléctrico a donde es más valorado.
En este contexto, el reto y la oportunidad consisten en impulsar un crecimiento balanceado del sector, donde la inversión pública y la privada se complementen para promover, además de crecimiento económico, un desarrollo incluyente y sostenible que ayude a resolver las distintas brechas existentes en nuestro país y deje un legado para las generaciones futuras.
Ingresos
En México, los ingresos del Sector Público, en particular los tributarios, son muy bajos en comparación con países con un nivel de desarrollo similar, lo cual limita la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios públicos, incentivar el crecimiento a través del gasto en áreas estratégicas y lograr una reasignación de recursos que ayude a reducir las brechas sociales existentes, promoviendo el desarrollo económico del país.
Con información de Cuenta Pública 2019, los ingresos presupuestarios del Sector Público representaron el 22.2% del PIB en 2019. Del total, los ingresos petroleros contribuyeron con el 3.9% del PIB, mientras que los ingresos no petroleros aportaron el 18.3%. Dentro de los ingresos no petroleros, los ingresos tributarios en 2019 representaron el 13.2% del PIB, mientras que en 2009 representaron únicamente el 9.3%. A pesar del incremento observado en los últimos diez años, la recaudación es claramente inferior a la de países con un desarrollo similar.
 
Los ingresos petroleros se han reducido en los últimos años como consecuencia de la caída de la plataforma de producción de petróleo, ocasionada tanto por el agotamiento de los yacimientos más importantes, como por la falta de inversión estratégica para compensarla, lo que ha generado presiones en las finanzas públicas. De acuerdo con Pemex, entre 2009 y 2019 la empresa redujo su producción de crudo en 33.7%, pasando de 2,601 mbd, a 1,724 mbd. Durante el mismo periodo, los ingresos petroleros pasaron de representar 7.2% del PIB en 2009 a solo 3.9% en 2019.

A pesar de que la recaudación tributaria se ha fortalecido en los últimos años, México continúa posicionándose como uno de los países con menores niveles de recaudación a nivel internacional. Con base en la metodología de la OCDE, a nivel de gobierno general(3), México recaudó 16.2% del PIB en 2017, la tasa más baja entre los países miembros de dicha organización, cuya tasa promedio de recaudación fue de 34.2% del PIB y por debajo de la recaudación promedio de América Latina, la cual fue de 22.8% del PIB.
El bajo nivel de recaudación se debe en gran medida a la evasión y elusión fiscal, así como a la existencia de tratamientos fiscales preferenciales. La UDLAP estimó que en 2016 el ISR y el IVA tuvieron tasas de evasión, respecto a su recaudación potencial, de 19.2 y 16.4%, respectivamente. En conjunto la evasión del IVA, ISR, IEPS e IGIE representó 2.6% del PIB en dicho año.(4)
Existen factores distintos a la evasión y elusión fiscal que resultan en una baja recaudación, entre los que se incluyen: el bajo crecimiento económico; la percepción de que el sistema tributario es inequitativo e injusto; la concepción de que existe corrupción en la ejecución del gasto público y en los procesos administrativos de la autoridad tributaria; los altos costos administrativos del cumplimiento de obligaciones tributarias, y un amplio sector informal en la economía que reduce la base gravable.
Bajo este contexto, es necesario fortalecer la recaudación a través de mayor eficiencia recaudatoria, mediante la reducción de espacios regulatorios que posibilitan la evasión y elusión, así como con la simplificación del cumplimiento de obligaciones fiscales mediante facilidades administrativas. Por ello es importante mejorar los mecanismos de supervisión, aumentar las sanciones por el incumplimiento de las normas fiscales y reducir los costos administrativos en el pago de impuestos.
El fortalecimiento de la recaudación generará una mayor disponibilidad de recursos al Estado para proveer bienes y servicios públicos de calidad, mientras se reduce la dependencia de los ingresos petroleros, asegurando así la estabilidad fiscal. Posteriormente, después de lograr una mayor eficiencia en la recaudación, se podrá buscar reformar el marco tributario tomando como base los principios de progresividad, neutralidad, simplicidad y eficiencia.
Gasto público
De acuerdo con el BID, la eficiencia del gasto se debe medir en función de los efectos que los recursos asignados tienen sobre las condiciones sociales y económicas de los países. De esta forma, un gasto público poco eficiente limita la contribución del sector público a tres de sus ámbitos de competencia: la equidad distributiva, la estabilidad macroeconómica y la asignación de recursos productivos. Al mismo tiempo, es importante destacar que una ejecución ineficiente del gasto tiene efectos negativos sobre la creación de infraestructura y sobre la provisión de servicios públicos de salud y educación, entre otros.
En este sentido, según cifras presentadas por diversos organismos internacionales, nuestro país enfrenta desafíos importantes en la materia, tanto en términos generales como a nivel de implementación en sectores específicos. Un ejemplo de esta situación es que el componente Eficiencia del gasto del Índice de Competitividad Global (2017-2018) ubicó a México en el lugar 121 de 137 países, con información del Foro Económico Mundial, al resaltar la existencia de rezagos en la provisión de bienes y servicios públicos.
En materia de infraestructura, al interior del Reporte de Competitividad Global 2019, México ocupó el lugar 54 de 141 países; lo anterior considerando la conectividad, la eficiencia y la calidad de la infraestructura de transporte (carretera, portuaria, aeroportuaria y ferroviaria), así como la infraestructura relativa a servicios públicos (agua y electricidad). En lo relativo a la infraestructura carretera, México se ubica en el lugar 34 de 141 países, mientras que en materia de infraestructuras aeroportuaria, portuaria y ferroviaria alcanza los sitios 25, 38 y 69, respectivamente.
Respecto al nivel del gasto social, definido como el conjunto de prestaciones en efectivo, provisiones en especie de bienes y servicios e incentivos fiscales con objeto social, México es el país de la OCDE que asigna el menor monto de su presupuesto, como porcentaje del PIB, a este rubro (7.5% del PIB en 2016), cifra menor al promedio de los países miembros de la Organización, de 20.5% del PIB.
En materia de gasto público en salud, México presenta diferencias en comparación con el resto de los países miembros de la OCDE, ubicándose en el último sitio entre 36 países con una asignación estimada del 2.8% del PIB en 2018, 3.8 puntos porcentuales del PIB menos que el promedio. Aunado a lo anterior, esta cifra muestra una tendencia decreciente desde 2013, año en el cual la asignación de gasto público en salud se ubicó en 3.1% del PIB, nivel 0.3% del PIB mayor al nivel estimado para 2018.
En cuestión de educación, el gasto público destinado para todos los niveles educativos (incluyendo investigación y desarrollo) representó el 16.4% del gasto público total en 2016, muy por encima del promedio de los países miembros de la OCDE (10.8%); mientras que respecto del PIB concentró el 4.2%, cifra ligeramente inferior al promedio de esa organización (4.4%). En relación con este último indicador, cabe resaltar que en el país se ha observado un comportamiento ascendente a lo largo de los últimos años. No obstante estas cifras, los resultados de la prueba PISA 2018 divulgados por la OCDE sugieren que la calidad de la educación no ha mostrado incrementos significativos, considerando que México se ubicó debajo del promedio de países miembros de la organización, al igual que en el estudio publicado en el año 2015.
Por su parte, en materia de implementación de la gestión para resultados es de resaltar el avance que México ha tenido, lo que le ha llevado a ocupar uno de los primeros lugares en América Latina. Entre 2007 y 2013 su valuación en el Índice de gestión para resultados en el desarrollo pasó de 3.2 a 4.0. De lo anterior se identifica que, en complemento a las acciones referidas en materia de asignación presupuestal, es necesario consolidar las metodologías y los sistemas para llevar a cabo el monitoreo y la evaluación del desempeño de los programas y políticas públicas, que redunde en la generación de información objetiva que permita una mejora continua de las intervenciones y, en consecuencia, de la calidad del gasto público, potencializando así el impacto de los recursos federales en el desarrollo social y económico de nuestro país. En este contexto, el fortalecimiento de los criterios y metodologías para llevar a cabo la evaluación de los programas y proyectos de inversión permitirá coadyuvar a una mejor asignación de los recursos destinados a gasto de inversión.
Adicionalmente, resaltan los avances que se han observado en materia de armonización contable, resultado de la participación en la adecuación y fortalecimiento de un número importante de disposiciones técnicas y jurídicas relativas al registro de operaciones, la generación de información y la rendición de cuentas; esto en el marco de las instancias que al respecto establece la normatividad correspondiente. Lo anterior es relevante toda vez que las referidas disposiciones, además de ser aplicables a los entes públicos federales, lo son para aquellos de orden local, incidiendo en la generación y provisión de más y mejor información disponible para la ciudadanía por parte de los entes públicos. Otro resultado importante es el relativo a la evaluación del avance en la armonización contable, el cual ha permitido conocer el cumplimiento de los entes públicos respecto de la normatividad aplicable.
Ante el contexto descrito, y frente a una realidad en la que los recursos públicos son limitados, es prioritario para esta Administración programarlos, presupuestarlos y controlarlos de tal forma que se revierta la actual tendencia de su asignación entre gasto corriente y gasto de inversión, para así orientarlos a la atención de las necesidades más apremiantes que se presentan en materia de educación, salud, seguridad, combate a la pobreza, infraestructura, entre otras.
Federalismo fiscal
 
La coordinación fiscal en México es uno de los pilares que sustentan las haciendas públicas de los gobiernos subnacionales y permite un reparto de facultades en materia de ingresos y de responsabilidades de gasto entre los tres órdenes de gobierno.
Bajo el arreglo institucional vigente, las entidades federativas y los municipios cuentan con recursos federales que reciben como transferencia directa del Gobierno Federal, así como con recursos propios que son recaudados directamente por cada gobierno subnacional. Entre los recursos federales que reciben destacan los siguientes:
El nivel de participaciones federales e incentivos económicos, como proporción del PIB, ha presentado una tendencia creciente, desde 1.9% del PIB en 1980 a 3.8% del PIB en 2019. Lo anterior debido a modificaciones efectivas en la Ley de Coordinación Fiscal, como las implementadas en 2008 y 2014, y en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos, bajo las cuales se sustenta el pacto fiscal entre los tres órdenes de gobierno desde 1980.
En contraste con los recursos de origen federal, el desempeño de la recaudación local (impuestos y derechos estatales, incluyendo el impuesto predial y los derechos por suministro de agua) ha sido bajo, el cual además es una de las variables que se usa para la distribución de las participaciones federales. Esta recaudación, medida como proporción del PIB, no ha tenido cambios significativos en el tiempo y se ha ubicado en un nivel promedio constante de 1.2% del PIB en los últimos años.
 

Junto a la baja recaudación local también existe una brecha amplia en la eficiencia recaudatoria entre las entidades federativas, medida en términos de la recaudación por habitante, en donde la entidad más eficiente recauda 12 veces más por persona que la menos eficiente.
En el ámbito municipal, el cobro del impuesto predial presenta niveles bajos de recaudación como proporción del PIB, alcanzando en 2017 tan solo 0.2% del PIB. Este nivel de recaudación se encuentra por debajo del promedio de los miembros de la OCDE (1.1% del PIB) e incluso por debajo del promedio de los países de América Latina (0.4% del PIB).

La recaudación del impuesto predial no solo es baja sino que también se concentra en pocos municipios del país. Con cifras de la SHCP, en 2018, excluyendo la Ciudad de México, 80% de la recaudación de predial a nivel nacional fue generada por tan solo 118 municipios; 18% por 693 municipios; y el 1.9% restante por 1,637 municipios, localizados principalmente en el sureste del país. Asimismo, a nivel estatal, el impuesto predial se concentra en pocos municipios: en 11 estados más de 50% de su recaudación de predial se concentró en un solo municipio, en su mayoría en las ciudades capitales. Lo anterior se vincula con factores de capacidad administrativa que incluyen una gestión deficiente del impuesto y de los padrones, valores catastrales desactualizados y problemas de regularización de la propiedad; y con factores sociales como son los altos niveles de pobreza y el rezago social de la población, marginación y distribución territorial de la población.
Contar con una baja recaudación en el ámbito subnacional limita el gasto social y la inversión en infraestructura de los gobiernos subnacionales, además de incidir de manera negativa en sus coeficientes de distribución de participaciones federales. Por ello, es necesario mejorar la coordinación fiscal entre los tres órdenes de gobierno para así promover finanzas públicas sanas, sostenibles y con los recursos económicos suficientes para satisfacer las necesidades de la población en el ámbito subnacional.
Sistemas financiero y de pensiones
Los sistemas financiero y de pensiones presentan problemas estructurales que, pese a sus fortalezas en términos de capitalización y liquidez, limitan una mayor penetración entre la población, al tiempo que no logran satisfacer las necesidades de financiamiento que requiere el país para su desarrollo.
Sector bancario
El sector bancario cuenta con niveles de capitalización y de liquidez sólidos que el Gobierno de México debe mantener a través de regulación y supervisión efectivas. A diciembre de 2019, el índice de capitalización promedio de la banca múltiple fue de 16.0%, mientras que a septiembre del mismo año, el promedio del coeficiente de cobertura de liquidez fue de 194.2%, ambos por encima de los mínimos regulatorios de Basilea III(5), de 10.5% para el índice de capitalización y de 100% para el coeficiente de cobertura de liquidez, respectivamente.
Asimismo, a partir de 2015 se ha llevado a cabo de forma anual la Evaluación de Desempeño de las Instituciones de Banca Múltiple(6), mediante la cual se evalúa el grado de orientación y cumplimiento del objeto social y de apoyo al desarrollo de las fuerzas productivas por parte de los bancos, así como su aportación al crecimiento de la economía nacional con apego a las sanas prácticas y usos bancarios. De la evaluación realizada en 2017, 43 de las 48 instituciones evaluadas resultaron aprobadas, mientras que para 2018, 47 de 50 instituciones aprobaron. La evaluación constante en esta materia permitirá a las instituciones de banca múltiple mejorar el cumplimiento de su objetivo social, así como sus prácticas de apoyo al financiamiento.
La cartera de crédito de la banca múltiple al sector privado, como porcentaje del PIB, pasó de 12.4% en diciembre de 2010 a 18.8% en diciembre de 2019. El financiamiento interno al sector privado otorgado por los bancos en México se compara desfavorablemente con el de otros países del continente. Para muestra, en 2018 este financiamiento representó 26.8% del PIB nacional, mientras para Chile representó 81.3% del PIB; para Brasil, 61.8% del PIB, y para Estados Unidos, 52.1% del PIB(7). Lo anterior señala que se deben de crear acciones que impulsen el crédito por parte de la banca múltiple, especialmente para aquellos sectores que todavía presentan rezagos.
Mercado de valores
El mercado de valores no ha logrado constituirse como una alternativa importante para el financiamiento de empresas y proyectos productivos. Al cierre de 2019, 145 empresas estaban listadas en bolsas de valores mexicanas, cifra similar al nivel de hace 15 años y rezagada respecto a otros países latinoamericanos, como Brasil o Chile con 328 y 283 empresas listadas, respectivamente. Por otro lado, la capitalización del mercado para el cierre de 2018 fue de 31.5% del PIB, nivel inferior en relación con otros países latinoamericanos como Brasil y Chile, con 49.1 y 84.1%, respectivamente, así como con el promedio de los países de la OCDE de 108.3% y de Latinoamérica y el Caribe de 40%, como porcentaje del PIB.
 

Inclusión financiera
Aún persisten rezagos importantes en materia de inclusión financiera entre la población y las empresas. Si bien de 2012 a 2018 ha habido incrementos significativos en los niveles de acceso y de uso de los productos y servicios que ofrece el sistema financiero, estos todavía son bajos en comparativos internacionales. Por ejemplo, el promedio de la población de los países de América Latina con una cuenta de ahorro en un banco fue de 54% en 2017, mientras que en México fue de 37%.(8) Asimismo, en México aún se cuenta con muy poca penetración de servicios bancarios entre las MiPyMEs. En 2018, de acuerdo con la ENAFIN, solo 23% de las empresas tenía cuentas de depósito empresarial, el 11% tenían tarjeta de crédito y el 18% utilizó la dispersión de nómina ofrecida por los bancos. Para las microempresas la inclusión es menor, ya que solo el 6% reportó contar con tarjeta de crédito empresarial y el 9% dispersó la nómina a través del servicio bancario.
La causa de una baja penetración del sistema financiero es multifactorial y se relaciona con canales de acceso al sistema financiero insuficientes (por ejemplo: sucursales, cajeros, terminales punto de venta, corresponsales, etc.), niveles de educación financiera bajos y poco conocimiento de los mecanismos de protección al consumidor, entre otros. Este escenario demanda un impulso mayor a la inclusión financiera, con acciones puntuales que atiendan a los factores mencionados previamente. Así, el objetivo es incrementar el acceso a los productos y servicios financieros para que sirvan como herramientas que mejoren el bienestar de las personas, en particular, de los grupos en situación de vulnerabilidad, quienes son los más relegados dentro del sistema financiero.

Sistema de pensiones
El sistema de pensiones presenta actualmente importantes áreas de oportunidad, entre las que destacan:
i)     Fragmentación (sistemas distintos a nivel federal para las personas trabajadoras cubiertas por los Apartados "A" o "B" del Artículo 123 Constitucional, sistemas distintos a nivel de las entidades federativas y municipios, universidades públicas, etc.) que impide la portabilidad de derechos y que, por lo mismo, afectan la eficiencia del mercado laboral;
ii)     Cobertura, toda vez que estos sistemas cubren a menos del 50% de la fuerza laboral del país;
 
iii)    Suficiencia, pues para la mayoría de los sistemas, el nivel de pensión que ofrecen es inferior a la expectativa que tienen las personas trabajadoras, y
iv)    Viabilidad financiera, ya que la mayoría de los sistemas de las entidades federativas presentan problemas de liquidez y solvencia y, en el caso de las personas trabajadoras cubiertas por la Ley del Seguro Social de 1973, el régimen transitorio implica una carga fiscal que en las próximas dos décadas podría alcanzar el equivalente a 4% del PIB.
Estos factores hacen que sea imperativo plantear una reforma integral que reconozca todas las fuentes de ingresos a las que puedan acceder las personas adultas mayores incluyendo el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, los programas ocupacionales y el ahorro voluntario que cada persona trabajadora decida hacer. Todo ello a través de un sistema único que contribuya a dar certidumbre al bienestar de las personas adultas mayores, que asegure la portabilidad de derechos y ahorro, y que a su vez esté garantizada su viabilidad financiera sin afectar la solidez de las finanzas públicas en el corto y largo plazo.
Por otro lado, las Afore se han convertido en el inversionista institucional más relevante en México, al contar con 29.6% del ahorro interno que representa 16.5% del PIB, situándolo como el segundo intermediario financiero más importante del país, solo por debajo de la banca comercial. El rendimiento anual promedio del Sistema, desde su inicio hace 23 años hasta al mes de abril de 2020, es de 5.27% real y de 11.01% nominal. La regulación prudente en materia de inversiones ha permitido la diversificación de los portafolios de inversión de las Siefore, lo que posibilita enfrentar adecuadamente los riesgos y procurar la obtención de mayores rendimientos. La flexibilización gradual del régimen de inversión fomentará una mayor participación de las Afore en los mercados de capitales, para generar una mayor profundidad y liquidez a los títulos emitidos por las empresas privadas, incluidas las MiPyMEs, ofreciendo opciones diversas para canalizar el ahorro a proyectos productivos en el sector privado y atender a empresas que actualmente no cuentan con alternativas de financiamiento.
Los avances en materia de educación financiera, así como el trabajo orientado a incrementar los puntos de contacto de las Afore con las personas trabajadoras, permitieron que al cierre de abril de 2020, el ahorro voluntario total, que incluye el ahorro voluntario y el solidario, alcanzara 96.7 mmp, reflejando un incremento de 22.7% real con respecto al mismo periodo del año anterior.
Dada la apertura actual promovida para el uso de tecnologías que incentivan una mayor competencia, facilidad y más canales de ahorro de largo plazo, y aprovechando los avances tecnológicos para contar con diversas opciones de ahorro a las personas trabajadoras, la SHCP en coordinación con la Consar, continuará trabajando en los mecanismos que faciliten la entrada de recursos al SAR, por medio de aportaciones voluntarias, y en los mecanismos que agilicen la disposición de estos recursos. Asimismo, por medio de los Comités de Educación Financiera se fomentará el SAR y se darán a conocer sus beneficios entre la población, de manera que las personas con base en un mayor conocimiento puedan lograr obtener una mayor pensión para su retiro.
En el periodo de 2013 a 2019, la comisión promedio del Sistema mostró una disminución de 24%, logrando ahorros para las personas trabajadoras de 9,673 mdp. Para 2020 el promedio simple de las comisiones que podrán cobrar las Afore es de 0.92%, ello representa una disminución de 6.1 puntos base respecto a la comisión promedio de 2019 (0.98%). La disminución de las comisiones aprobada para 2020 significará un ahorro para los trabajadores de alrededor de 2,873 mdp. Durante la presente administración, la Consar, a través de su Junta de Gobierno, estableció la metodología para la baja de comisiones con el objetivo de lograr una reducción que permita posicionarlas en niveles internacionales y emitió diversas disposiciones regulatorias que contribuirán a elevar la eficiencia con la que operan las Afore y, de manera paralela, inducir una trayectoria en las comisiones por servicios convergente hacia los mejores estándares internacionales.
No obstante, de acuerdo con la ENIF las Afore presentan la brecha de género más grande, con una diferencia de 18 puntos porcentuales entre mujeres y hombres, y el 70% de las mujeres piensa afrontar los gastos de su vejez con el apoyo de sus familiares, de algún programa social o de ambos, en comparación con el 41% de los hombres. Es por ello que se deben fortalecer e incrementar los esquemas de incorporación voluntaria a las Afores.
 

Sector asegurador
En el periodo de 2014 a 2019, el sector asegurador registró un crecimiento de 29.7% real en sus reservas, lo cual demuestra solidez y solvencia para enfrentar escenarios adversos, como los sismos del 2017. Asimismo, la rentabilidad financiera del sector pasó de 18.0% a 24.7% en el mismo periodo; sin embargo, la penetración sigue siendo un reto para el mercado. De acuerdo con la OCDE, al cierre del 2018, México ocupó la posición 33 de 37 países en penetración de seguros (calculado como las primas brutas emitidas respecto
del PIB) con un indicador de 2.3% del PIB, es decir, 6.6 puntos porcentuales menor que el indicador calculado para el total de los países miembros de la OCDE.
En cuanto al sector agropecuario, al cierre de 2019, la penetración de las primas directas del seguro agrícola fue del 0.01% del PIB, proporción que se ha mantenido con variaciones marginales durante los últimos 5 años. Lo anterior, impacta en mayor medida a productores de pequeña y mediana escala que carecen de instrumentos para mitigar los riesgos que enfrenta el sector, lo que implica aportaciones de recursos públicos no presupuestados para atender las pérdidas.
Por otra parte, México se encuentra a la vanguardia en medidas encaminadas al desarrollo del marco integral en gestión del riesgo de desastres, incluyendo el uso efectivo de mecanismos de financiamiento y transferencia de riesgos para contener el riesgo fiscal derivado de los desastres. Cabe mencionar que, dada su ubicación geográfica, el país presenta una alta exposición al impacto de fenómenos naturales perturbadores que pudieran afectar la estabilidad de las finanzas públicas, la infraestructura pública y el bienestar de la población en situación de vulnerabilidad.
Actualmente, la estrategia para la gestión del riesgo de desastres tiene como base los instrumentos financieros del Fonden, con lo que se reduce la incertidumbre de asignar recursos financieros por eventos ocasionados por fenómenos naturales perturbadores, sin comprometer recursos públicos presupuestados, otorgando condiciones favorables para que se respete el gasto público. Lo anterior genera un ambiente de estabilidad macroeconómica que protege el crecimiento y el desarrollo económicos del país.
Financiamiento ilícito
En materia de financiamiento ilícito, se presentan áreas de oportunidad en las que el gobierno reforzará las acciones encaminadas al combate activo de los actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. Durante 2018, se presentaron 82 denuncias, así como la integración de 235 personas a la lista de personas bloqueadas. En 2019, se formularon 164 denuncias, la integración de 1,371 personas en listas de personas bloqueadas, así como la presentación de 85 vistas.
De 2018 a 2019 se observó un incremento del 100% en la presentación de denuncias mientras que se amplió de manera considerable la inclusión de listas de personas bloqueadas (483.4%) en el mismo periodo, por lo que es importante continuar con los esfuerzos para combatir de manera más eficaz estos delitos.
 
Actividades de combate a actos u operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita, 2016-
2019
 
2016
2017
2018
2019
Denuncias formuladas
112
113
82
164
Listas de Personas
Bloqueadas1
1,953
1,470
235
1,371
Vistas2
-
-
-
85
1/ Incluye personas directas y terceras relacionadas.
2/ El registro de la presentación de vistas inicio en diciembre del año 2018.
Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera, SHCP.
Financiamiento y banca de desarrollo
La banca de desarrollo contribuye a promover el desarrollo económico a través de la inclusión financiera y el acceso al crédito en sectores y grupos que enfrentan mayores limitaciones para acceder a estos. En específico, la oferta de financiamiento para el sector productivo nacional, especialmente para las MiPyMEs y la población rural, continúa siendo limitada, lo cual restringe su capacidad de hacer crecer su negocio y vincularse a cadenas de valor, disminuyendo así su productividad. De acuerdo con la CNBV, en 2018 la participación del crédito al sector privado representó únicamente 37% del PIB, mientras que en países de América Latina ascendió a alrededor de 48% y en países avanzados superó el 145%, según el Banco Mundial. Por su parte, datos del INEGI revelan que en 2017 solo 9.9% de las unidades de producción agropecuarias obtuvieron algún crédito o préstamo para financiar sus actividades.
En cuanto al acceso a los servicios financieros, la población en situación de vulnerabilidad sigue enfrentando limitaciones. Por ejemplo, de acuerdo con la CNBV en 2016 solo 8% de los municipios rurales tenía al menos una sucursal, 12% tenía un corresponsal y 21% tenía al menos una terminal punto de venta.
Por otra parte, en el país perdura un fuerte rezago en materia habitacional ya que el crédito en este sector se dirige hacia la población afiliada a los sistemas formales de seguridad social, excluyendo a la población no afiliada o de menores ingresos. En 2016, conforme a información de la SHF, alrededor de 9 millones de viviendas, 28.1% del total del país, se encontraban en situación de rezago habitacional, es decir, en condición de precariedad tanto en su construcción como en sus condiciones de habitabilidad. Además, la disminución en la producción de vivienda social y la acumulación de inventarios de vivienda dentro de las entidades federativas también representan un problema. En el país existe una demanda anual aproximada de un millón de viviendas, que supera en un 50% la oferta. Esta situación se debe en buena medida a que la oferta no se ubica en donde está la demanda, a que los precios son inaccesibles para quienes demandan la vivienda, a la falta de acceso a crédito, así como a escasos apoyos e instrumentos para la producción social asistida de vivienda mediante mecanismos de autoconstrucción. En México la compra de vivienda nueva solo es accesible para aquellas personas con ingresos mayores a cinco salarios mínimos por lo que, de acuerdo con el ingreso mensual estimado por el INEGI, en 2016 alrededor de 60% de las familias mexicanas se encontraban excluidas del mercado formal de la vivienda.
Por lo anterior, la banca de desarrollo reforzará sus estrategias de operación para propiciar una mayor inclusión financiera de su población objetivo y fortalecer su capacidad de otorgamiento de crédito y garantías, vigilando que los recursos se destinen a la atención de sus objetivos prioritarios para el cumplimiento de las metas. Asimismo, se pondrá especial énfasis en el diseño de programas con equidad de género y proyectos sostenibles, con el fin de disminuir disparidades sociales y territoriales.
Recuadro 3: Avances en la banca de desarrollo durante 2019
El Gobierno de México se propuso reestructurar la banca de desarrollo con el objetivo de mejorar la cobertura y focalización de su población objetivo e incrementar su eficiencia a través de la:
·  Transformación de Bansefi a Banco del Bienestar, junto con diversas modificaciones a su Ley orgánica para ampliar sus objetivos y facultades y cambiar sus obligaciones de forma potestativa a forma obligatoria.
·  Fusión de Nafin y Bancomext para aumentar la eficacia del financiamiento a sus sectores y eliminar la duplicidad de actividades, costos y oferta de productos.
·  Creación del Nuevo Sistema de Financiamiento Rural Integral constituido por Financiera Nacional de Desarrollo, Fideicomiso de Riesgo Compartido, Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural y Agroasemex, para formar una ventanilla única que permita aumentar la inclusión financiera, así como para que la población rural conozca los diversos programas y servicios financieros y solicite asesoría y capacitación.
 
En cuanto a infraestructura, existe una brecha significativa que no permite impulsar la conectividad de zonas marginadas y aisladas ni fomentar la competitividad de las empresas, contribuyendo así a un crecimiento desigual entre regiones. De acuerdo con Infralatam, en el periodo 2008-2015, la inversión pública y privada en infraestructura (agua, energía, telecomunicaciones y transporte) en México fue de 3.3% del PIB en promedio, nivel menor al observado en países con economías similares, como lo son Perú y Colombia, donde la inversión en infraestructura en 2015 alcanzó el 10.2 y 7.9% del PIB, respectivamente, según datos del BID. Asimismo, de acuerdo con Banobras, en 2018 el 85% de los municipios en México no contaba con acceso a financiamiento otorgado por la banca de desarrollo para llevar a cabo inversiones de largo plazo en infraestructura tales como agua, alcantarillado, pavimentación, drenaje, caminos y carreteras.
Durante 2019 se ha obtenido financiamiento de OFI por 1,924 millones de dólares para el Gobierno Federal y más de 327 millones de dólares para la banca de desarrollo en los sectores financiero, social, ordenamiento urbano y vivienda, agua, agropecuario, energía limpia, cambio climático y de bienestar, así como proyectos regionales. Actualmente, se tienen 31 proyectos en ejecución del Sector Público con más de 20 dependencias en 9 sectores.
Atender esta brecha en infraestructura no solo recae en su financiamiento, pues aunque México ha creado instrumentos que han incrementado la participación de inversionistas institucionales, se deben mejorar los mecanismos y criterios de selección y preparación de proyectos de inversión en infraestructura sostenible bajo esquemas de Asociación Público-Privada que además de generar crecimiento, mejoren la calidad de vida de la población, ayuden a proteger el medio ambiente y promuevan un uso eficiente de los recursos.
Por ello, resulta necesario: (i) incorporar una visión de planeación de largo plazo y de manejo de riesgos en el ciclo de inversión; (ii) mejorar criterios económicos, sociales, ambientales, y de gobernanza en los procesos de selección y priorización de proyectos de infraestructura; (iii) desarrollar mecanismos que mejoren las capacidades de preparación de una cartera de proyectos bancables bajo esquemas de Asociación Público-Privada en todos los niveles del gobierno, que esté alineada al PRONAIB y a los objetivos de desarrollo inclusivo del país; y iv) asesorar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que pretendan llevar a cabo proyectos de inversión con financiamiento de la banca de desarrollo, desde la evaluación de la idea hasta la etapa de pre-inversión, en el ámbito de sus atribuciones, con el fin de poder colaborar en primer orden en la planeación de la inversión y tener un mayor impacto en el bienestar social. Además, se buscará reducir los costos de transacción y agilizar los procesos para aprovechar mejor las fuentes de financiamiento de los OFI y tener un mayor impacto en los sectores prioritarios.
5.- Objetivos prioritarios
En este capítulo se describen los seis objetivos prioritarios que conforman el Pronafide 2020-2024, los cuales deberán guiar la elaboración de los programas institucionales que preparen las entidades sectorizadas al ramo Hacienda y Crédito Público.
Objetivos prioritarios del Pronafide
1.-
Fortalecer los fundamentos macroeconómicos para promover la estabilidad, el crecimiento económico equitativo y el bienestar de la población.
2.-
Fortalecer el sistema tributario para que sea más progresivo y equitativo a la vez que se incremente la recaudación.
3.-
Fomentar una mejor asignación de los recursos públicos federales destinados a gasto corriente y de inversión, para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal los orienten a acciones que permitan generar condiciones para impulsar el desarrollo del país, priorizando beneficiar a la población más desfavorecida.
4.-
Mejorar la coordinación fiscal entre los tres órdenes de gobierno con la finalidad de promover finanzas públicas subnacionales sanas y sostenibles.
5.-
Impulsar el desarrollo sostenible, la inclusión y la profundización del sistema financiero en favor del bienestar de la población y de la asignación eficiente de los recursos.
6.-
Ampliar y fortalecer el financiamiento y la planeación de la banca de desarrollo y otros vehículos de financiamiento de la Administración Pública Federal, así como fomentar una mayor inclusión financiera de los sectores objetivo y una mayor participación del sector privado, para contribuir al desarrollo económico sostenido del país y al bienestar social.
 
5.1.- Relevancia del objetivo prioritario 1: Crecimiento y estabilidad macroeconómica
Fortalecer los fundamentos macroeconómicos para promover la estabilidad, el crecimiento económico equitativo y el bienestar de la población.
La estabilidad macroeconómica se refiere a un estado de la economía en su conjunto en la que no se producen variaciones abruptas en el nivel de producción, el empleo y los precios, y donde las finanzas públicas están en una posición sostenible. Esto reduce la incertidumbre, propiciando las condiciones para que las personas y empresas puedan tomar decisiones en horizontes de más largo plazo, tales como son la inversión o la adquisición de una vivienda. Fenómenos asociados a la inestabilidad macroeconómica son muy perjudiciales para el bienestar de la población, por ejemplo, una alta inflación actúa como un impuesto altamente regresivo que afecta de manera desfavorable la distribución del ingreso. En este sentido, la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para promover el crecimiento y el desarrollo, así como para mejorar las oportunidades de las familias mexicanas.
México a lo largo de las últimas décadas ha logrado mantener la estabilidad macroeconómica a través de políticas económicas sólidas que le han permitido reducir los efectos de la incertidumbre causada por factores externos. No obstante, también se ha caracterizado por un bajo crecimiento económico y bajos niveles de productividad, acompañados de altos niveles de pobreza y desigualdad.
En los últimos años el país ha enfrentado un crecimiento económico bajo respecto a países con niveles de desarrollo similar. Con datos del FMI, entre los años 2000 y 2018, el crecimiento promedio anual del ingreso per cápita fue de 0.8%, menor que el crecimiento promedio de países como Brasil (1.3%), Colombia (2.7%), Corea del Sur (3.2%), Turquía (3.6%) y China (8.5%). Aunado al bajo nivel de crecimiento económico, el nivel de pobreza se ha mantenido en incidencia elevada y prácticamente sin cambio en los últimos 10 años. De acuerdo con Coneval, de 2008 a 2018 el porcentaje de población en situación de pobreza pasó de 44.4 a 41.9%. En este sentido, la estabilidad macroeconómica ha sido una condición necesaria, pero no suficiente para lograr un crecimiento inclusivo.
Actualmente, la economía mexicana es una economía muy abierta e integrada a las cadenas globales de valor y a los flujos de capital internacionales, por lo que es potencialmente más vulnerable a eventos externos adversos, como políticas comerciales restrictivas, aumento de incertidumbre a nivel global, incrementos en la aversión al riesgo y salida de capitales, que pueden repercutir en la estabilidad macroeconómica y afectar el bienestar de la población.
Por lo anterior, resulta primordial que el Estado continúe fortaleciendo los fundamentos macroeconómicos del país que den certidumbre de largo plazo a la economía, lo que permitirá hacer frente a los efectos adversos causados por contingencias externas. La economía mexicana ha sido resiliente a situaciones internacionales adversas como son caídas en los precios del petróleo, volatilidad en los mercados financieros y mayor incertidumbre relacionada con los conflictos comerciales globales, además del brote epidémico del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Para ello, es muy importante mantener la salud de las finanzas públicas y una trayectoria sostenible de la deuda pública, una política monetaria orientada a la estabilidad de precios, y un régimen de tipo de cambio de libre flotación que permita absorber los choques externos. Cabe señalar que si bien el manejo de las finanzas públicas ha sido prudente y la deuda pública como porcentaje del PIB se ha mantenido en niveles sostenibles, esta se incrementó de manera importante entre 2008 y 2016. De acuerdo con datos de la SHCP, el SHRFSP, la medida más amplia de la deuda neta del sector público, representaba 32.9% del PIB en 2008 y al cierre de 2016 alcanzó un nivel de 48.7% del PIB. Por ello, una de las prioridades de las finanzas públicas es asegurar que la deuda del sector público se mantenga en niveles sostenibles.
Propiciar un ambiente de estabilidad macroeconómica requerirá de diversos esfuerzos. El Gobierno de México propondrá mejoras a la normatividad y disciplina fiscal para establecer objetivos a mediano plazo para las finanzas públicas que provean de una mayor confianza sobre su sostenibilidad y permitan un papel más activo en la estabilización del ciclo económico.
Asimismo, se continuará con una estrategia que permita mitigar los riesgos y reducir las vulnerabilidades potenciales de la deuda pública a través de un manejo de su estructura, incluyendo un perfil adecuado de vencimientos y privilegiando el financiamiento en pesos y a tasa fija.
5.2.- Relevancia del objetivo prioritario 2: Ingresos
Fortalecer el sistema tributario para que sea más equitativo y progresivo a la vez que se incremente la recaudación.
La recaudación tributaria es la principal fuente de financiamiento del gobierno. Un sistema tributario eficiente, progresivo y neutral permite al Estado realizar sus funciones de proveer bienes y servicios públicos, así como su papel en la reasignación de recursos para contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad, fomentando el crecimiento y el desarrollo económico.
De acuerdo a la OCDE(9), en 2018 los ingresos tributarios en México, a nivel gobierno general, representaron 16.1% del PIB, cifra que se encuentra por debajo del nivel de países latinoamericanos como Brasil (33.1% del PIB) y Honduras (22.3% del PIB).(10) El bajo nivel de recaudación tributaria en México limita la capacidad del Estado de atender las necesidades de la población en áreas importantes para el desarrollo como educación, salud, seguridad pública e inversión en infraestructura.
Para poder financiar un mayor crecimiento y desarrollo económico, manteniendo la disciplina fiscal, resulta indispensable que el Estado cuente con mayores recursos. En este sentido, con el objetivo que se plantea se buscará fortalecer el sistema tributario para contar con finanzas públicas sostenibles con una menor vulnerabilidad ante cambios en las condiciones del mercado petrolero, de manera que se fortalezca la capacidad para la implementación de políticas públicas encaminadas a mejorar el bienestar general de la población.
Asimismo, como parte de este objetivo se proponen acciones encaminadas a erradicar la evasión y elusión fiscal, es decir, prácticas a través de las cuales algunos contribuyentes evitan o disminuyen su pago de impuestos. El objetivo de estas acciones es que cada contribuyente pague los impuestos que le correspondan. Para ello, se busca que la autoridad fiscal cuente con las herramientas necesarias para detectar de manera oportuna a aquellos contribuyentes que evaden impuestos, a través de prácticas como la emisión de comprobantes fiscales de operaciones simuladas. Adicionalmente, se han incrementado las penas legales de la evasión y el fraude fiscal, así como la probabilidad de detectar dichas prácticas, lo cual favorece la reducción de actividades ilícitas.
Una vez que se reduzcan los espacios regulatorios que facilitan esquemas de elusión y evasión fiscal y se incremente la eficiencia recaudatoria, se propondrán mejoras al marco tributario, con la finalidad de contar con un sistema tributario más justo y equitativo, teniendo como principios rectores la progresividad y la simplicidad
Finalmente, otra fuente de ingresos del Gobierno Federal son los ingresos no tributarios, los cuales en 2019 contribuyeron con 1.5% del PIB. Estos representan una fuente estable de ingresos públicos ya que se refieren a las contraprestaciones que realizan particulares por el uso y aprovechamiento de bienes de dominio público, como el espectro radioeléctrico, los recursos del subsuelo, el agua o el espacio aéreo, así como por los servicios que ofrece el Estado. Cabe señalar que una parte importante de la operación de diversas dependencias, entidades y organismos del Gobierno de México se fondea con ingresos no tributarios. El monto de las contraprestaciones, además, influye en el uso que se da a estos bienes y servicios, por lo que las tarifas elevadas o bajas tienen efectos sobre el nivel de utilización del bien público, lo que desde el punto de vista social tiene consecuencias sobre el bienestar de la población y el desarrollo del país. Por lo tanto, se fortalecerá la correcta determinación de estos pagos, los cuales pueden ayudar, en muchos casos, a la implementación de mecanismos competitivos para la asignación de concesiones.
5.3.- Relevancia del objetivo prioritario 3: Gasto público
Fomentar una mejor asignación de los recursos públicos federales destinados a gasto corriente y de inversión, para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal los orienten a acciones que permitan generar condiciones para impulsar el desarrollo del país, priorizando beneficiar a la población más desfavorecida.
Si bien el gasto público en nuestro país ha contribuido a mejorar las condiciones de bienestar de la población y a potenciar el desarrollo económico, no ha logrado reducir las brechas de desigualdad y pobreza entre los diversos grupos sociales, toda vez que su distribución y ejecución no han sido equitativas ni eficientes. Como muestra de lo anterior, de 2013 a 2018 el gasto corriente ejercido registró un importante crecimiento en su participación en el gasto programable excluyendo el gasto en pensiones y jubilaciones, pasando de 69.4% a 77.8%, impulsado principalmente por el incremento en la participación de los gastos en servicios personales (de 33.6% en 2013 a 36.8% en 2018) y de operación (de 21.5% en 2013 a 27.1% en 2018). Lo anterior ocurrió en perjuicio del gasto de inversión, cuya participación pasó de 30.6 a 22.2%, principalmente como resultado de una caída en la participación de la inversión física. La situación anterior fue causada por un ejercicio discrecional de los recursos públicos, en el cual no se priorizaba el beneficio social sino los privilegios, el dispendio, la suntuosidad y la frivolidad en el manejo del presupuesto. Lo anterior bajo un contexto de corrupción, facilitado por la impunidad generada por la inequitativa impartición de justicia.
Gasto corriente y gasto de inversión:
presupuesto ejercido, 2013, 2015 y 2018
(% de participación en el gasto programable*)
 
2013
2015
2018
Gasto corriente
69.4
70.9
77.8
Servicios personales
33.6
33.1
36.8
Subsidios
14.3
15.4
13.8
Gasto de operación
21.5
22.5
27.1
Gasto de inversión
30.6
29.1
22.2
Inversión física
21.7
20.8
16.6
Subsidios
4.1
4.2
2.4
Otros
4.9
4.0
3.2
*/ Excluyendo el gasto en pensiones y jubilaciones.
Fuente: SHCP, con información de la Cuenta Pública Federal correspondiente a los años 2013, 2015 y 2018.
Por su parte, respecto del análisis sobre el diseño de nuevas políticas en materia de gasto, se debe tomar en cuenta que al 1 de diciembre de 2018 la Administración Pública Federal contaba con más de 1,900 unidades contratantes de bienes, servicios, arrendamientos y obra pública, las cuales se encontraban fragmentadas y sin coordinación. Esta diversidad reduce la calidad de la planeación estratégica en materia de contrataciones, así como la limitada capacidad del sector privado para atender los procesos gubernamentales y la generación de abasto estratégico que formen el desarrollo de proveedores. De esta manera, la ineficacia y la falta de credibilidad del sistema de contrataciones públicas por parte de la ciudadanía generaron una
tendencia hacia la realización de reformas legales y al aumento de requisitos, con el propósito de aumentar los controles presupuestales en los últimos 10 años, lo cual solo creó un círculo vicioso dentro de las contrataciones públicas.
En este contexto, tomando como pilares las políticas públicas de anticorrupción, el ahorro y la austeridad, la Oficialía Mayor de la SHCP funge como ente público rector de los procedimientos de contrataciones públicas (refiriéndose a bienes, arrendamientos, servicios y obra pública), conforme a las mejores prácticas internacionales, lo que permite superar las debilidades que se presentan cuando las únicas funciones centralizadas de contrataciones se reducen a establecer y supervisar el marco normativo.
En materia de monitoreo y evaluación del desempeño, así como en la implementación de prácticas de armonización contable, si bien se han observado avances, para esta administración es fundamental que la información generada sea un instrumento que coadyuve a potencializar el desarrollo que nuestro país requiere, esto a través de mejores intervenciones públicas y de la provisión de más y mejor información financiera de los entes que integran la Administración Pública Federal. En este sentido, el mejoramiento y la consolidación de las acciones relacionadas al monitoreo del gasto público federal y a la evaluación de su desempeño potenciarán su impacto en el desarrollo económico y social de nuestro país.
Así, las acciones para mejorar la ejecución del gasto público permitirán dar cumplimiento a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, de esta forma, un manejo más eficiente de los recursos del sector público que permitirá mejorar su disponibilidad en beneficio del crecimiento económico y del bienestar de las personas, particularmente de aquellas en situación de vulnerabilidad.
5.4.- Relevancia del objetivo prioritario 4: Federalismo fiscal
Mejorar la coordinación fiscal entre los tres órdenes de gobierno con la finalidad de promover finanzas públicas subnacionales sanas y sostenibles.
El federalismo fiscal es una forma de organización del gobierno y de las relaciones intergubernamentales que contempla un reparto de fuentes de ingresos y responsabilidades de gasto entre los tres órdenes de gobierno. Para que los gobiernos subnacionales cuenten con finanzas públicas sanas y con los recursos económicos suficientes para satisfacer las necesidades de la población, resulta fundamental mejorar la coordinación fiscal y contar con una mayor corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno.
En México, el nivel de participaciones federales e incentivos económicos como proporción del PIB ha presentado una tendencia creciente, pasando de 1.9% del PIB en 1980 a 3.8% del PIB en 2019. Sin embargo, la recaudación local de impuestos y derechos estatales, así como del impuesto predial y de los derechos por suministro de agua, ha sido baja y sin aumentos significativos en el tiempo. En los últimos años el promedio de la recaudación local, medida como proporción del PIB, se ha mantenido en niveles constantes de 1.2% del PIB. Asimismo, la recaudación municipal del impuesto predial, presenta niveles bajos de recaudación como proporción del PIB, alcanzando en 2017 tan solo 0.2% del PIB, nivel por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE (1.1% del PIB) e incluso por debajo del promedio de los países de América Latina (0.4% del PIB).
En este sentido, existen áreas de oportunidad con respecto a la recaudación local en las que el Gobierno Federal puede incidir en un trabajo conjunto con los gobiernos subnacionales. Por ejemplo, mediante el intercambio de las experiencias exitosas que en materia de recaudación se han implementado en los estados y municipios. Lo anterior coadyuvará a aumentar los niveles históricos bajos de la recaudación local y la elevada concentración de la recaudación municipal en pocos municipios, lo cual impide un desarrollo más equilibrado de la nación.
Otra área de oportunidad se relaciona con los incentivos económicos que reciben los gobiernos subnacionales, los cuales se ubican por debajo del nivel potencial que pueden alcanzar. Un ejemplo de ello es el Anexo No. 1 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal referente a los Derechos asociados a la Zona Federal Marítimo Terrestre, cuya recaudación es baja. Asimismo, existen otros Anexos que son susceptibles de ser suscritos por parte de algunas entidades federativas y municipios, por ejemplo el correspondiente al Anexo número 4 que se refiere a los Derechos por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles ubicados en las riberas o zonas federales contiguas a los cauces de las corrientes y en los vasos o depósitos de propiedad nacional.
Por ello, a través de este objetivo se busca impulsar una mayor corresponsabilidad fiscal entre los tres órdenes de gobierno, orientada al logro de objetivos en materia de ingreso, gasto y deuda pública. En aras de fomentar dicha corresponsabilidad, resultará necesario impulsar la suscripción de los Anexos al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal con la finalidad de aprovechar de manera óptima las oportunidades que estos ofrecen.
Asimismo, a partir del análisis de las haciendas públicas subnacionales, se propondrán herramientas para aumentar la capacidad y autonomía financiera de los gobiernos estatales y municipales que resulten en el fortalecimiento de sus finanzas públicas. Finalmente, con el propósito de promover la disciplina financiera de las administraciones estatales y municipales, es fundamental el seguimiento puntual de los niveles de endeudamiento, de tal manera que se mantenga una trayectoria sostenible de la deuda pública en el ámbito subnacional.
Las estrategias y acciones específicas propuestas en este Programa coadyuvarán a que los gobiernos subnacionales puedan hacer frente a sus diversas responsabilidades de gasto, refuercen sus finanzas públicas y aumenten su capacidad para atender las necesidades de su población, generando sinergias con los esfuerzos realizados por el Gobierno Federal.
5.5.- Relevancia del objetivo prioritario 5: Sistema financiero y de pensiones
Impulsar el desarrollo sostenible, la inclusión y la profundización del sistema financiero en favor del bienestar de la población y de la asignación eficiente de los recursos.
El sistema financiero permite a las personas y a las empresas mantener y canalizar sus ahorros, a través del crédito, a proyectos productivos, administrar el riesgo implícito y los plazos que requieren para llevarse a cabo. El acceso a instrumentos de ahorro, a sistemas de pagos y al crédito, permite una mayor estabilidad económica ante eventos inesperados, un nivel de consumo más estable, así como una mayor seguridad en el manejo de sus recursos. En particular, las personas aumentan su capacidad para adquirir bienes de consumo duradero, formar un patrimonio, principalmente una vivienda propia, y ahorrar para el retiro. Por su parte, las empresas pueden manejar mejor su capital de trabajo y realizar inversiones, lo que les permite incrementar su productividad. Adicionalmente, el ahorro a través del sistema financiero, y en particular a través de fondos de pensiones, puede financiar inversiones en infraestructura, que requieren elevados montos de inversión y tienen un horizonte de plazo más largo.
Es por ello, que un sistema financiero desarrollado, profundo, bien capitalizado e incluyente genera confianza entre sus participantes, además de fomentar la competitividad en los mercados y una adecuada diversificación de riesgos, al tiempo que permite que los recursos se usen en los proyectos más productivos. Lo anterior promueve el desarrollo de infraestructura y el crecimiento sostenido e incluyente para la economía, permitiendo reducir las brechas de pobreza y desigualdad. Por su parte, un mercado de valores desarrollado y profundo da mayor certidumbre al fortalecer el gobierno corporativo al interior de las empresas y al permitir mayor transparencia a inversionistas.
En este sentido, la estabilidad financiera es una condición necesaria para el desarrollo sostenible del sistema financiero. Por ello, es indispensable tener un sistema sólido con regulación y supervisión que otorgue certidumbre a quienes participan en él, así como procurar su correcto funcionamiento y fomentar el sano y equilibrado desarrollo en su conjunto, protegiendo los intereses de quienes usan el sistema financiero.
Pese a su relevancia, el sistema financiero mexicano enfrenta restricciones estructurales que limitan su potencial. En primer lugar, el financiamiento interno al sector privado, como porcentaje del PIB, pasó de 23.6% en diciembre de 2010 a 36.9% en diciembre de 2019. De acuerdo con el Banco Mundial, en 2018 el financiamiento interno al sector privado en México representó 34.6% del PIB, el cual se compara negativamente con otros países de Latinoamérica como Chile (116.6%), Brasil (61.8%), y Colombia (50.0%). En segundo lugar, de acuerdo con el INEGI, México tiene una baja inclusión financiera, con una proporción importante de la población sin acceso a servicios financieros. En 2018, 32% de la población adulta no contaba con ningún producto financiero y solamente 47% tenía una cuenta de banco.
La exclusión del sistema financiero es particularmente acentuada en la población con menores ingresos, además de que se presentan importantes disparidades de género y entre regiones: la proporción de mujeres en México que no contó con ningún producto financiero en 2018 fue 35% y la proporción de hombres fue de 28%; por otra parte, mientras que un 40% de la población adulta en la región sureste no tuvo acceso a los servicios financieros, en la región noroeste esta proporción fue solo de 18%. En tercer lugar, el mercado de valores mexicano tiene una baja capitalización y es poco profundo, reduciendo su capacidad para financiar la inversión de largo plazo. En cuarto lugar, en México existe una alta concentración en el mercado accionario: a diciembre de 2019, las 7 empresas más bursátiles que cotizan en el mercado tienen el 46.8% de la capitalización total, mientras que para los mercados bursátiles de otros países esta participación es de 41.4% para Brasil, 37.2% en Chile, 22.4% en Canadá y 14.7% en Estados Unidos.
Por otro lado, el acceso al financiamiento a través del mercado de deuda se ha incrementado debido a las condiciones de alta liquidez que han prevalecido en los mercados internacionales en años recientes. Con datos del Banco de Pagos Internacionales, en el tercer trimestre de 2019 el saldo en circulación de los valores de deuda emitidos por residentes en México fue de 584.2 mmd, cifra que representó una variación del 1% respecto al mismo trimestre del año anterior. Para el mismo período, países como Perú, Colombia y Suiza registraron saldos de 50.9 mmd, 93.7 mmd y 384.2 mmd, con variaciones del 13.1, -8.6 y 1.8%, respectivamente. Respecto al plazo de vencimiento de la deuda, durante el tercer trimestre de 2019, la deuda de largo plazo representó el 84.8% para México, 86.1% para Perú, 95.5% para Colombia y 98.3% para Suiza, con variaciones del 1.6, 3.9, 1.1 y 0.2%, respectivamente, en relación con el mismo trimestre del año anterior.
Los vehículos que tienen un perfil de inversión a largo plazo han ganado popularidad en los últimos años y juegan un papel importante como catalizadores de inversión y generación de oportunidades para la diversificación, por lo cual es necesario fomentar su crecimiento. Estas inversiones se destinan a sectores estratégicos como: infraestructura (pública y privada), inmobiliario, energía o propiedades industriales. Lo anterior también da cuenta del efecto potencial en los procesos de inversión y sus efectos sobre el crecimiento.
Por otra parte, el sistema financiero cuenta con estrategias para el manejo de riesgos, que permite proteger las finanzas públicas y privadas del país. Además, brinda certeza ante eventos catastróficos, pues permite obtener recursos para afrontarlos de forma inmediata.
Será fundamental una mayor inclusión y educación financiera para el desarrollo económico del país. Fomentar el acceso así como el uso frecuente y responsable de los productos y servicios financieros que evite el sobreendeudamiento y otras prácticas financieramente no saludables, abona al crecimiento económico a través de una mayor cantidad de ahorro en la economía, una mejor asignación de recursos y el desarrollo de los mercados financieros. Asimismo, un sistema financiero más incluyente amplía las herramientas e incrementa las capacidades de la población para un mejor manejo de sus recursos económicos y financieros, para la inversión en proyectos productivos, para la acumulación de riqueza, para el desarrollo de resiliencia ante tiempos de adversidad económica y, en consecuencia, para la disminución de condiciones de vulnerabilidad y pobreza.
Aunado a lo anterior, es importante para contar con un el sistema de pensiones que aporte fundamentos sólidos a la economía. Los recursos de las personas trabajadoras canalizados a actividades productivas permiten el financiamiento a empresas y proyectos, que a su vez son una fuente importante de empleos. Con la generación de estos empleos, se incentiva la demanda agregada y se fomenta el crecimiento económico. Asimismo, invertidos adecuadamente, los fondos para el retiro impulsan y fortalecen el desarrollo nacional al tiempo que garantizan la generación de rendimientos y por tanto implican un retiro con mayor seguridad y tranquilidad para quienes trabajan.
Finalmente, la economía mexicana, incluyendo al sistema financiero, es una economía abierta e integrada en la actividad económica mundial, por ello es importante que el Gobierno de México genere confianza entre inversionistas internacionales y posicione al país como un destino seguro para la inversión en el sector financiero. El cumplimiento de los acuerdos internacionales, que incluyan los servicios financieros, como los que están contenidos en los tratados de libre comercio o los acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, entre otros, y la actualización de los mismos con una perspectiva de desarrollo sostenible, permite atenuar la incertidumbre en un escenario de tensiones comerciales. Asimismo, cada vez se reconoce más la importancia de los factores ambientales, sociales y de gobernanza, lo cual puede considerarse en la promoción de las inversiones en el desarrollo sostenible y los mercados emergentes, por lo que es necesario promover la adopción de mejores estándares y prácticas a este respecto.
5.6.- Relevancia del objetivo prioritario 6: Financiamiento y banca de desarrollo
Ampliar y fortalecer el financiamiento y la planeación de la banca de desarrollo y otros vehículos de financiamiento de la Administración Pública Federal, así como fomentar una mayor inclusión financiera de los sectores objetivo y una mayor participación del sector privado, para contribuir al desarrollo económico sostenido del país y al bienestar social.
El sistema financiero en México tiene una baja profundidad y penetración, una elevada concentración y un nivel bajo de acceso al crédito y servicios financieros para segmentos importantes de la población, principalmente para las MiPyMEs, la población rural y de bajos ingresos. Según datos de la CNBV, en 2018 la participación del crédito al sector privado únicamente representó 37% del PIB, mientras que en 2017 solamente 9.9% de las unidades de producción agropecuarias obtuvieron algún crédito o préstamo para financiar sus actividades, de acuerdo con el INEGI.
En este sentido, uno de los principales propósitos de la banca de desarrollo es subsanar estas fallas, cuidando que sus acciones no generen nuevos riesgos y distorsiones en los mercados de crédito. El objetivo prioritario que se plantea es ampliar y fortalecer el papel de la banca de desarrollo para impulsar el crecimiento económico y el bienestar social a través de un mayor financiamiento y servicios financieros a los sectores y actividades económicas que por sus características y condiciones enfrentan limitaciones de acceso a los provistos por los intermediarios financieros privados. En particular, se busca atender al sector rural por sus ciclos de producción, periodo de maduración y los riesgos que enfrenta; a las MiPyMEs, principalmente aquellas con productos nuevos y con potencial, pero que enfrentan riesgos que impiden el acceso directo al financiamiento privado; y a la población con bajos ingresos que no puede adquirir una vivienda por no contar con los requisitos mínimos solicitados por el sector formal.
Es importante mencionar que se buscará un nuevo enfoque para evaluar el desempeño de la banca de desarrollo. En las Administraciones anteriores, la medición de su desempeño privilegiaba el crecimiento del monto de financiamiento o de garantías otorgadas más que los resultados sobre la población objetivo. La presente Administración pretende redireccionar los esfuerzos de la banca de desarrollo hacia una meta para el bienestar basada en una mayor inclusión financiera, atendiendo los retos que persisten y priorizando la atención de los rezagos de los siguientes sectores prioritarios:
·   MiPyMEs a través de Nafin y Bancomext.
·   Proyectos de infraestructura en municipios a través de Banobras.
·   Disminución del rezago habitacional mediante SHF.
·   Población rural a través de FND y FIRA.
·   Servicios financieros y bancarización con apoyo de Banco del Bienestar y Banjercito.
Asimismo, se fortalecerá el papel de la banca de desarrollo como instrumento de mitigación de riesgos, toda vez que se cuenta con recursos monetarios para atender su plan de acción y sus programas financieros. Sin embargo, cuando sus mercados de atención se ven afectados o vulnerados en términos económicos por fenómenos, como pueden ser climáticos, financieros, de salud, entre otros, ajenos a su operación, la banca de desarrollo como brazo financiero del Gobierno Federal, tiene facultades para brindar el apoyo necesario, a través de la creación y aplicación de programas y productos de financiamiento, en condiciones preferenciales, que permitan mitigar los efectos negativos generados, contribuyendo así a impulsar y/o reactivar la actividad e ingresos de las empresas o sectores afectados.
Además, para lograr una mayor inclusión financiera, se impulsarán y reforzarán las acciones de la banca de desarrollo relativas a:
·   Apoyar el desarrollo de ecosistemas orientados a sectores estratégicos de la economía, mediante instrumentos tales como microcrédito, cartas de crédito, factoraje, garantías a intermediarios financieros y capital de riesgo.
·   Financiar proyectos en conjunto con la banca comercial y que pueden tener un alto impacto en la economía regional y nacional garantizando la viabilidad del mercado.
·   Apoyar el desarrollo de infraestructura como carreteras, sistemas de agua, energías limpias, puertos, aeropuertos, desarrollo municipal y proyectos de urbanización, así como emisión de bonos con un impacto social.
La importancia de la inversión en infraestructura radica en que promueve la reducción en los costos de transacción, la conectividad de zonas marginadas y aisladas, y una mejor integración de las cadenas productivas, permitiendo un mayor acceso a los mercados tanto nacionales como globales, incrementando la competitividad y reduciendo las desigualdades regionales. Además, aumentar estratégicamente la inversión pública permite lograr que los efectos positivos de la infraestructura se multipliquen, elevando la tasa de retorno del capital privado, y por tanto, incentivando una mayor inversión y empleo.
En México la inversión pública y privada en infraestructura se encuentra muy por debajo de países con economías similares al ubicarse en 3.3% del PIB en comparación con 10.2 y 7.9% en Perú y Colombia, respectivamente, de acuerdo con cifras de Infralatam de 2015. Por ello, se buscará reducir la brecha de financiamiento en infraestructura sostenible. Se promoverá la eficiencia en la gestión de la inversión a través de la asistencia en etapas tempranas en la formulación de proyectos, de mayor coordinación entre la SHCP y otras dependencias de la Administración Pública Federal, y de mecanismos que incorporen criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Todo esto con el objetivo de mejorar la preparación, evaluación y aprobación de proyectos y así garantizar que el financiamiento esté dirigido a los proyectos viables que traerán un mayor beneficio a la población.
Además, el Gobierno de México cuenta con otros vehículos para impulsar el desarrollo de infraestructura y coadyuvar a reducir la brecha de financiamiento como es el caso del Fonadin, el cual fue creado con el objetivo de desarrollar infraestructura en los sectores de comunicaciones, transporte, agua, medio ambiente y turismo. Es importante señalar que ante las necesidades actuales de inversión en infraestructura y el reducido espacio presupuestal existente, es necesario revisar y fortalecer la operación de estos vehículos para incrementar la capacidad de financiamiento del sector privado para el desarrollo de infraestructura sostenible y de calidad.
Adicionalmente, se continuará con una estrategia de financiar proyectos utilizando recursos provenientes de los OFI, los cuales representan una fuente de fondeo complementaria para la actual administración y para la banca de desarrollo. Debido a su alto grado de calificación de riesgo de crédito, los OFI son una opción competitiva de financiamiento externo de largo plazo que brinda liquidez y permite el acceso a donaciones y asistencia técnica. Los OFI agregan valor a las acciones que el Gobierno de México realiza en diversos sectores a través del intercambio de conocimiento, mejores prácticas internacionales y acompañamiento técnico durante todo el ciclo de los proyectos, así como transparencia en el uso de recursos y evaluación de impacto de los programas que México implementa.
6.- Estrategias prioritarias y acciones puntuales
En este capítulo se describen las estrategias y las acciones puntuales que se proponen en el Pronafide 2020-2024 para lograr los objetivos planteados en el capítulo anterior. El Pronafide cuenta con seis objetivos, 35 estrategias y 150 acciones puntuales que reflejan las políticas que el Gobierno de México llevará a cabo dentro del sector hacendario y financiero.
Objetivo prioritario 1: Crecimiento y estabilidad macroeconómica
Fortalecer los fundamentos macroeconómicos para promover la estabilidad, el crecimiento económico equitativo y el bienestar de la población.
Estrategia prioritaria 1.1: Fortalecer las finanzas públicas, a través de mejoras al marco fiscal que contribuyan a la estabilidad macroeconómica de largo plazo y que permitan hacer frente a las fluctuaciones del ciclo económico.
Acción puntual
1.1.1
Impulsar mejoras al marco fiscal en materia de política contracíclica que contribuyan a un mejor manejo y sostenibilidad de las finanzas públicas.
1.1.2
Fortalecer el marco legal de los fondos de estabilización para cubrir las contingencias financieras asociadas con el ciclo económico.
1.1.3
Disminuir la vulnerabilidad de las finanzas públicas ante caídas del precio del petróleo.
1.1.4
Robustecer la identificación y el análisis de riesgos fiscales para identificar, anticipar y contrarrestar condiciones financieras adversas.
1.1.5
Establecer mecanismos para llevar a cabo un análisis técnico, externo e independiente de las variables macroeconómicas utilizadas para la formulación de la postura fiscal.
 
Estrategia prioritaria 1.2: Aumentar la transparencia y rendición de cuentas en las finanzas públicas.
Acción puntual
1.2.1
Fortalecer la presentación de informes de estadísticas fiscales en congruencia con las mejores prácticas internacionales.
1.2.2
Publicar notas metodológicas de las estimaciones de finanzas públicas.
1.2.3
Llevar a cabo una política de comunicación transparente sobre el manejo del endeudamiento público que permita a los inversionistas y al público en general conocer los objetivos y la estrategia del manejo del crédito público.
Estrategia prioritaria 1.3: Cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal manteniendo un nivel de costo y riesgo adecuado dadas las características de las finanzas públicas del país.
Acción puntual
1.3.1
Financiar las necesidades de recursos del Gobierno Federal en su mayor parte, mediante pasivos denominados en moneda nacional, de largo plazo y a tasa fija.
1.3.2
Utilizar el crédito externo solo como complemento de la deuda interna, cuando las condiciones en los mercados internacionales sean favorables.
 
Estrategia prioritaria 1.4: Mejorar el perfil de vencimientos de deuda y sus características de costo y riesgo.
Acción puntual
1.4.1
Realizar operaciones de manejo de pasivos que permitan mejorar el perfil de vencimiento de la deuda y/o mejorar la estructura de costo.
1.4.2
Desarrollar y fomentar las condiciones de liquidez de los bonos del Gobierno Federal en los mercados internos y externos.
1.4.3
Realizar un manejo integral de los riesgos del portafolio de deuda pública.
 
Estrategia prioritaria 1.5: Promover las estrategias del Gobierno Federal para fomentar un sistema financiero sano y robusto, a través de la colaboración en Foros Multilaterales, Mecanismos Regionales de Cooperación y Organismos Financieros Internacionales.
Acción puntual
1.5.1
Participar de manera activa en los órganos de gobierno de los Organismos Financieros Internacionales, ejerciendo los derechos corporativos de México y obteniendo financiamiento y asistencia técnica que permita fortalecer la estrategia del gobierno federal para mantener finanzas públicas sanas.
1.5.2
Promover convenios de colaboración internacional en los foros multilaterales y mecanismos de cooperación regional y bilateral que promuevan el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia económica y financiera para fortalecer la estrategia del gobierno federal que permita mantener finanzas públicas sanas, en coadyuvancia con las dependencias involucradas
 
Estrategia prioritaria 1.6: Definir políticas públicas que promuevan la productividad y el crecimiento económico del país.
Acción puntual
1.6.1
Identificar factores que inhiben la productividad, la asignación eficiente de recursos, la inversión, la competencia y la innovación para promover el crecimiento económico.
1.6.2
Impulsar políticas públicas que promuevan aumentos en la productividad, la diversidad laboral, la inclusión financiera, la inversión física pública y privada, y la competencia de los sectores económicos del país.
1.6.3
Coordinar el diseño e implementación de políticas públicas que incidan en un aumento de la productividad y el crecimiento, especialmente aquellas que deriven del Comité Nacional de Concertación y Productividad.
1.6.4
Dar seguimiento a la implementación de políticas públicas en materia de productividad económica en las que la SHCP funge como coordinador para promover el crecimiento económico y maximizar el impacto esperado.
Estrategia prioritaria 1.7: Potenciar la contribución del sector energético al desarrollo económico y al bienestar de la población.
Acción puntual
1.7.1
Implementar una política hacendaria integral, a partir de un diagnóstico de su situación actual y evaluación del mismo, para contribuir a mejorar la posición financiera de Pemex e impulsar su inversión en proyectos que agreguen valor para el Estado mexicano, asegurando que se mantenga la salud financiera del país.
1.7.2
Coadyuvar el saneamiento estructural de las finanzas de la CFE, a partir de un diagnóstico de su situación, a fin de liberar recursos de la empresa y del sector público para gasto de inversión prioritario.
1.7.3
Coadyuvar al desarrollo y materialización de proyectos productivos en el sector energético, en colaboración con las autoridades competentes, que permita impulsar la actividad económica y el bienestar social.
1.7.4
Diseñar y aplicar mecanismos para mitigar el impacto de la volatilidad en los precios de los energéticos, que permita generar mejoras en el poder adquisitivo de la población y fomente la competitividad de las empresas, tomando en cuenta los objetivos de desarrollo incluyente y sostenible del país, en coadyuvancia con las dependencias involucradas.
 
Objetivo prioritario 2: Ingresos
Fortalecer el sistema tributario para que sea más equitativo y progresivo a la vez que se incremente la recaudación.
Estrategia prioritaria 2.1: Impulsar mejoras al marco tributario, así como detectar y combatir oportunamente conductas fiscales ilegales, para asegurar que la población contribuya de forma equitativa al financiamiento del desarrollo.
Acción puntual
2.1.1
Fortalecer la regulación y legislación tributaria para cerrar espacios de evasión y elusión fiscales. .
2.1.2
Diseñar, implementar y promover la utilización de herramientas tecnológicas que permitan un mejor control en sectores susceptibles de prácticas ilegales.
2.1.3
Facilitar y simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de todos los contribuyentes.
 
Estrategia prioritaria 2.2: Promover acciones en materia fiscal que estimulen el desarrollo y fortalecimiento de la economía.
Acción puntual
2.2.1
Diseñar, implementar y promover instrumentos fiscales que permitan atraer inversiones y detonar la actividad económica desde una perspectiva regional.
2.2.2
Garantizar estímulos fiscales en los sectores estratégicos para el desarrollo siempre y cuando dichos estímulos sean compatibles con la sostenibilidad de las finanzas públicas.
 
Estrategia prioritaria 2.3: Promover un sistema impositivo justo y progresivo que contribuya a lograr una distribución más equitativa de la carga fiscal entre contribuyentes.
Acción puntual
2.3.1
Adecuar la legislación fiscal para que considere la economía digital, asegurando que aporten a los ingresos públicos y regularicen su actividad.
2.3.2
Fortalecer la política tributaria para que la población con mayor capacidad de pago aporte en mayor medida.
Estrategia prioritaria 2.4: Facilitar y promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras de la población contribuyente, apoyándose en herramientas tecnológicas.
Acción puntual
2.4.1
Modernizar y favorecer el pre-llenado de los documentos fiscales y aduaneros a fin de incentivar el cumplimiento voluntario.
2.4.2
Promover y facilitar el uso de herramientas digitales para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas y empresas.
 
Estrategia 2.5: Maximizar el beneficio social y la recaudación derivados del uso o aprovechamiento de los bienes de la Nación por particulares y de los servicios que brinda el Estado.
Acción puntual
2.5.1
Optimizar las cuotas de derechos y los montos de aprovechamientos asociados al uso o explotación de bienes del dominio público y a servicios que presta el Estado.
2.5.2
Promover el uso de mecanismos competitivos en el otorgamiento de concesiones, para obtener los mayores beneficios posibles para las finanzas públicas y los usuarios finales.
2.5.3
Fortalecer el esquema de tarifas de los servicios que brindan los organismos del Gobierno Federal, con la finalidad de que reflejen adecuadamente el costo de provisión, incentiven un uso eficiente de los servicios y cuiden el poder adquisitivo de la población.
 
Objetivo prioritario 3: Gasto público
Fomentar una mejor asignación de los recursos públicos federales destinados a gasto corriente y de inversión, para que las dependencias, entidades y demás instituciones públicas los orienten a acciones que permitan generar condiciones para impulsar el desarrollo del país, priorizando beneficiar a la población más desfavorecida.
Estrategia prioritaria 3.1: Establecer los mecanismos que permitan el ejercicio de los recursos públicos con criterios de eficiencia, los cuales aseguren la generación de ahorros presupuestarios sin comprometer los objetivos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo ni las metas institucionales.
Acción puntual
3.1.1
Establecer los lineamientos para reorientar los recursos de la Administración Pública Federal, en caso de que se realicen reestructuras a las dependencias y entidades, sujetándose a las normas de control presupuestario.
3.1.2
Emitir normas presupuestarias de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, que permitan obtener ahorros presupuestarios.
3.1.3
Contribuir a la instrumentación de una política de gasto en materia de servicios personales acorde al presupuesto autorizado, mediante la emisión de normas, en su caso, y el fortalecimiento de los sistemas institucionales.
 
Estrategia prioritaria 3.2: Incrementar la calidad y eficiencia del gasto en la Administración Pública Federal con base en los resultados de las acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación de los programas presupuestarios.
Acción puntual
3.2.1
Emitir normativa en materia de programación presupuestaria que coadyuve a la eficacia y eficiencia del gasto.
3.2.2
Avanzar en la integración y comunicación de los sistemas de información relacionados con el proceso presupuestario.
3.2.3
Promover el uso de la información del desempeño de políticas y programas para fortalecer la adopción del Presupuesto basado en Resultados en la gestión pública.
3.2.4
Fortalecer la oferta de capacitación en materia de seguimiento, monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y transparencia en los servidores públicos de los tres poderes y órdenes de gobierno.
3.2.5
Generar instrumentos que permitan valorar de manera sintética el desempeño y la mejora en la gestión de los programas presupuestarios.
3.2.6
Promover la mejora en la calidad de la información que las dependencias y entidades registran al realizar la actualización de las Matrices de Indicadores para Resultados con base en los criterios que para ese efecto se emitan.
 
Estrategia prioritaria 3.3: Promover el desarrollo económico y la competitividad de las cadenas de proveeduría nacionales a través de las contrataciones públicas con abasto estratégico.
Acción puntual
3.3.1
Coordinar la planeación de la política general en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y contratación de obra pública del Gobierno Federal para que las contrataciones consolidadas, las no consolidadas y la contratación de obra pública se lleven a cabo con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.
3.3.2
Promover el abasto estratégico del Gobierno Federal fomentando la proveeduría a través de procesos de compra pública competitivos e incluyentes que busquen las mejores condiciones para la Administración Pública Federal.
3.3.3
Proponer y desarrollar el marco normativo para la estrategia integral y digital de contrataciones públicas con mecanismos eficientes, eficaces, robustos y confiables.
3.3.4
Monitorear las contrataciones consolidadas y la estandarización de procesos de contratación, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales para obtener las mejores condiciones para el Estado, en la contratación de bienes y servicios, con el objetivo de generar ahorros.
 
Estrategia prioritaria 3.4: Generar información objetiva, útil y sistemática sobre el desempeño de los programas y políticas, para promover la mejora continua de las intervenciones y mejorar la calidad del gasto público.
Acción puntual
3.4.1
Mejorar el esquema de vinculación entre los programas que derivan del Plan Nacional de Desarrollo y los programas presupuestarios, así como llevar a cabo análisis de desempeño a nivel de política pública, para promover la coordinación interinstitucional y asegurar la congruencia en las acciones de la Administración Pública Federal.
3.4.2
Fortalecer los mecanismos de monitoreo y evaluación del desempeño de programas y políticas que emplean recursos federales para contribuir a mejorar la eficiencia del gasto público.
3.4.3
Actualizar los sistemas informáticos utilizados para agilizar las tareas de seguimiento y evaluación realizadas con dependencias y entidades, así como las plataformas de consulta, difusión y el diseño de los reportes que se generan.
3.4.4
Promover el proceso de creación de nuevos programas presupuestarios con el propósito de promover su alineación con los objetivos establecidos en la planeación nacional.
3.4.5
Hacer del conocimiento de los entes públicos la información del desempeño de las políticas y programas a su cargo para promover mejoras en su diseño, gestión y seguimiento.
3.4.6
Difundir con la ciudadanía, mediante el uso de las tecnologías de la información y redes sociales, la información del desempeño de las políticas y programas.
3.4.7
Promover prácticas de transparencia presupuestaria en los distintos niveles de gobierno.
3.4.8
Fortalecer la capacitación a servidores públicos de los tres niveles de gobierno en materia de gestión para resultados, fomentando el uso de tecnologías de la información.
3.4.9
Impulsar la toma de decisiones presupuestarias basada en la información del desempeño de programas y políticas.
3.4.10
Colaborar en el diseño e implementación de una metodología que identifique las previsiones de gasto para el anexo transversal "Mitigación de los efectos del Cambio Climático" del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación respectivo, así como en el diseño de los indicadores de resultados para dar seguimiento a los avances correspondientes.
Estrategia prioritaria 3.5: Optimizar los procedimientos para evaluar y registrar programas y proyectos de inversión a partir de las mejores prácticas y de la experiencia internacional, con el fin de coadyuvar en la eficiencia de la asignación del gasto de inversión.
Acción puntual
3.5.1
Simplificar la regulación en materia de evaluación de los programas y proyectos de inversión con el uso de procedimientos que incidan en la mejora continua.
3.5.2
Implementar un procedimiento de autorización secuencial para evaluar y registrar programas y proyectos de inversión desde la etapa de concepción y hasta la etapa de ejecución.
3.5.3
Fortalecer los procedimientos de evaluación socioeconómica para la determinación de la conveniencia de llevar a cabo proyectos de infraestructura con participación privada.
3.5.4
Impulsar las mejores prácticas de análisis y evaluación de los programas y proyectos de inversión a través de la coordinación con instituciones y organismos nacionales e internacionales, con la finalidad de mantener la mejora continua de las metodologías de evaluación.
 
Estrategia prioritaria 3.6: Fortalecer la armonización de la información financiera de los entes públicos a partir de lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y sus disposiciones en beneficio de una mayor transparencia y rendición de cuentas.
Acción puntual
3.6.1
Dar continuidad al programa de evaluaciones de la armonización contable.
3.6.2
Realizar el inventario de los sistemas de contabilidad que utilizan los entes públicos.
3.6.3
Fortalecer los esquemas de seguimiento del cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental por parte de los sujetos obligados, a partir de las disposiciones emitidas al respecto, a fin de avanzar en la armonización contable y reducir los rezagos que se presenten en la homologación de la generación y presentación de los resultados financieros.
3.6.4
Apoyar el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones que de esta deriven, a través de la atención a consultas, para avanzar en la armonización contable y en la homologación de la generación y presentación de los resultados financieros.
3.6.5
Mantener actualizada la emisión de disposiciones normativas en materia de contabilidad gubernamental para apoyar la elaboración de los registros de las actividades financieras derivadas del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación y avanzar en la armonización contable de los entes públicos, con el propósito de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
3.6.6
Mantener actualizado el Sistema de Contabilidad Gubernamental con base en las disposiciones normativas y metodológicas consideradas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y las que sean emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable aplicables al ejercicio de los recursos públicos, con el propósito de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
3.6.7
Mantener actualizado el Sistema para la Integración de la Cuenta Pública y el Sistema para la Integración del Informe de Avance de Gestión Financiera, con base en las disposiciones normativas y metodológicas consideradas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los preceptos del Sistema de Contabilidad Gubernamental y las modificaciones legislativas y normativas aplicables al ejercicio de los recursos públicos, con el propósito de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Objetivo prioritario 4: Federalismo fiscal
 
Mejorar la coordinación fiscal entre los tres órdenes de gobierno con la finalidad de promover finanzas públicas subnacionales sanas y sostenibles.
Estrategia prioritaria 4.1: Mejorar la coordinación fiscal e impulsar una mayor corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno, orientada al logro de objetivos en materia de ingreso, gasto y deuda pública.
Acción puntual
4.1.1
Fortalecer y ampliar las acciones establecidas en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos, para que las entidades federativas y municipios obtengan mayores recursos a través de los incentivos económicos derivados de dicha colaboración.
4.1.2
Mejorar los mecanismos de diálogo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las entidades federativas y los municipios, en materia de ingresos de origen federal, ingresos locales y deuda pública, promoviendo la participación de los gobiernos locales en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
 
Estrategia prioritaria 4.2: Analizar las haciendas públicas de las entidades federativas y municipios, y brindarles apoyo técnico para el fortalecimiento de sus finanzas.
Acción puntual
4.2.1
Coadyuvar en la consolidación de las haciendas públicas de los gobiernos subnacionales, identificando áreas de oportunidad para mejorar la recaudación local.
4.2.2
Fomentar la generación de mayores ingresos propios de los gobiernos subnacionales a través de la difusión de las mejores prácticas hacendarias.
4.2.3
Proponer acciones de mitigación a los problemas estructurales de las entidades federativas y municipios en materia de adeudos con Organismos Federales.
4.2.4
Asistir a los gobiernos subnacionales que así lo soliciten, en el fortalecimiento de sus haciendas públicas a través del desarrollo de capacidades técnicas.
4.2.5
Promover la disciplina financiera de los gobiernos estatal y municipal, a fin de contribuir en el uso responsable de la deuda pública subnacional.
4.2.6
Dar seguimiento a la medición de los niveles de endeudamiento de las entidades federativas, municipios y entes públicos distintos a la administración pública centralizada de dichos órdenes de gobierno para fomentar una trayectoria sostenible de la deuda pública subnacional.
 
Estrategia prioritaria 4.3: Impulsar la participación de los gobiernos subnacionales en el financiamiento de proyectos de infraestructura para promover el desarrollo regional.
Acción puntual
4.3.1
Articular la participación de los gobiernos subnacionales en el desarrollo de proyectos de infraestructura, así como su financiamiento, en sinergia con estrategias nacionales como el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), promoviendo la participación de la Banca de Desarrollo.
4.3.2
Fortalecer la operación de los Fondos de Aportaciones Federales destinados a la inversión en infraestructura, mediante la generación de sinergias con otros recursos federales y locales.
Objetivo prioritario 5.- Sistema financiero y de pensiones
 
Impulsar el desarrollo sostenible, la inclusión y la profundización del sistema financiero en favor del bienestar de la población y de la asignación eficiente de los recursos.
Estrategia prioritaria 5.1.- Fortalecer los mecanismos de identificación de riesgos que afecten el sistema financiero y establecer acciones para mitigarlos con el objetivo de mantener y fortalecer la estabilidad financiera.
Acción puntual
5.1.1
Fomentar la coordinación entre las autoridades financieras encargadas de regular y supervisar las instituciones que forman parte del sistema financiero, así como desarrollar e implementar políticas y procedimientos que procuren su estabilidad y solidez.
5.1.2
Fortalecer los mecanismos de respuesta ante incidentes o desequilibrios que vulneren el buen funcionamiento de las instituciones financieras para minimizar su impacto en la estabilidad financiera del país.
5.1.3
Mantener actualizado el marco regulatorio de las instituciones financieras y demás sujetos supervisados, considerando, en su caso, las mejores prácticas internacionales, para fortalecer la arquitectura del sistema financiero.
5.1.4
Fomentar la coordinación y colaboración entre autoridades y entidades del sistema financiero para prevenir y mitigar los posibles riesgos relacionados con la seguridad de la información
5.1.5
Impulsar la modernización de los sistemas tecnológicos, de control interno y de seguridad entre las entidades financieras, para la prevención de fraudes y ataques cibernéticos que pudieran vulnerar la seguridad de las personas usuarias y del sistema financiero.
 
Estrategia prioritaria 5.2.- Fomentar la competencia entre los intermediarios financieros para generar mejores condiciones de acceso al financiamiento, productos y servicios financieros entre la población y el sector empresarial.
Acción puntual
5.2.1
Promover el desarrollo de los mercados de crédito, de seguros y de pensiones para incrementar de manera sostenible el financiamiento hacia los sectores estratégicos de la economía.
5.2.2
Continuar impulsando el desarrollo del sector de las instituciones de tecnología financiera a través del fortalecimiento del marco regulatorio y así mejorar las condiciones de competencia y fomentar un mayor acceso al financiamiento y a los servicios financieros.
5.2.3
Promover un mayor desarrollo del mercado de valores impulsando la participación de más empresas e inversionistas para incrementar el financiamiento bursátil en el sector empresarial e incentivar la oferta de una mayor diversidad de productos de inversión.
5.2.4
Revisar y, en su caso, proponer actualizaciones al marco regulatorio aplicable a las instituciones del sector de ahorro y crédito popular para promover su fortalecimiento y solidez financiera, e incrementar la oferta de productos y servicios en el mercado.
5.2.5
Generar y promover, en coordinación con las dependencias competentes, los instrumentos financieros para impulsar proyectos que contribuyan al crecimiento bajo en carbono.
 
Estrategia prioritaria 5.3.- Fomentar un mayor acceso y uso responsable de los distintos productos y servicios financieros entre la población y las empresas, con la finalidad de aumentar el bienestar, la movilidad social y el desarrollo económico en el país.
Acción puntual
5.3.1
Profundizar la inclusión financiera de las personas y las empresas, con estrategias especiales para los grupos y territorios que históricamente han estado en situación de exclusión, así como dar seguimiento a los programas gubernamentales relacionados.
5.3.2
Promover, en coordinación con las dependencias competentes, mayor financiamiento y servicios financieros para personas emprendedoras, mujeres, MiPyMEs e integrantes del sector rural.
5.3.3
Promover el uso de medios digitales para la dispersión de los beneficios de programas sociales así como la provisión de contenidos de educación financiera en dichos programas.
5.3.4
Fortalecer las acciones en educación financiera con pertinencia cultural, perspectiva de género y acorde al ciclo de vida para mejorar las competencias financieras de la población.
5.3.5
Fortalecer y difundir los mecanismos de protección dirigidos a la población y a las empresas en su relación con intermediarios financieros para fomentar la equidad y salvaguarda de derechos e intereses entre ellos.
5.3.6
Fomentar el uso de herramientas tecnológicas y medios de pago electrónicos entre la población para profundizar el acceso y uso de productos y servicios del sistema financiero.
5.3.7
Promover el fortalecimiento y la consolidación de los sistemas de información, identificación y autenticación para la provisión de servicios financieros.
5.3.8
Fortalecer la regulación para promover y facilitar mayor financiamiento mediante emisiones bursátiles e incentivar la participación de un mayor número de empresas e inversionistas en el mercado de valores.
5.3.9
Fortalecer la evaluación del desempeño de las instituciones de banca múltiple en su contribución a las fuerzas productivas del país y al desarrollo regional.
5.3.10
Promover el envío de remesas a través de medios seguros y a precios competitivos mediante estrategias de inclusión y educación financiera de los mexicanos en el exterior.
 
Estrategia prioritaria 5.4.- Fomentar la adopción de estándares y mejores prácticas internacionales que contribuyan al desarrollo de México en materia de servicios financieros.
Acción puntual
5.4.1
Dar seguimiento a los compromisos internacionales establecidos relativos a la regulación y supervisión del sistema financiero y promover la colaboración con organismos internacionales, para la adopción de los mejores estándares y prácticas a este respecto, que contribuyan al cumplimiento de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible.
5.4.2
Participar en la negociación y actualización de acuerdos internacionales y con agencias de otros países, que incluyan a los servicios financieros con la finalidad de adoptar las mejores prácticas en la regulación y supervisión para potenciar el desarrollo sostenible del país y salvaguardar la integridad y estabilidad del sistema financiero.
 
Estrategia prioritaria 5.5.- Fortalecer el sistema de pensiones y garantizar el manejo eficiente de los recursos pensionarios para lograr sostenibilidad financiera, cobertura e incremento de la tasa de reemplazo del sistema de pensiones en el país, así como contribuir al financiamiento de empresas productivas en México.
Acción puntual
5.5.1
Impulsar la transformación de los distintos sistemas pensionarios del país (incluyendo organismos descentralizados, paraestatales, entidades federativas y municipios) para alcanzar una cobertura universal efectiva, un esquema socialmente justo y financieramente viable que brinde certidumbre y bienestar a las personas adultas mayores y contribuya al mismo tiempo a una mayor movilidad laboral.
5.5.2
Diseñar e implementar nuevas alternativas de ahorro voluntario como un mecanismo para incrementar la tasa de reemplazo de las personas trabajadoras.
5.5.3
Impulsar una mayor eficiencia para reducir el cobro de comisiones hasta alcanzar los niveles internacionales en beneficio del ahorro de las personas trabajadoras.
5.5.4
Fomentar que los fondos de pensiones inviertan en proyectos productivos y de infraestructura nacional rentables, mediante la flexibilización del régimen de inversión, el análisis de los riesgos ambientales y la inversión en sectores prioritarios que promuevan el desarrollo del país y la creación de empleo, avanzando hacia una inversión socialmente responsable de los recursos de las personas trabajadoras.
 
Estrategia prioritaria 5.6.- Incrementar la penetración de los seguros en el sistema financiero y fortalecer la estrategia financiera integral de manejo de riesgos, con el fin de proteger a los sectores en situación de vulnerabilidad y al patrimonio de los tres órdenes de Gobierno.
Acción puntual
5.6.1
Incentivar la creación de nuevos productos y vehículos de aseguramiento para llegar a diferentes sectores de la población, mediante canales de distribución alternativos y productos innovadores, así como el uso de herramientas tecnológicas a través de empresas de tecnología financiera.
5.6.2
Fortalecer el desarrollo del seguro y administración integral de riesgos del sector agropecuario a través de una mayor eficacia en la dispersión del subsidio a la prima, una mayor coordinación entre las instituciones públicas financieras y no financieras que apoyan al campo, y por medio de la regulación y supervisión de los Fondos de Aseguramiento Agropecuario.
5.6.3
Procurar una mayor eficiencia de los esquemas de aseguramiento de bienes y personas de la Administración Pública Federal, asesorándolas y brindándoles apoyo técnico, con el fin de lograr coberturas más robustas y ahorros en el costo de las primas pagadas.
5.6.4
Reforzar la estrategia ante riesgos públicos para atender los efectos causados por fenómenos naturales perturbadores y cambio climático al patrimonio y fuente de ingresos de las familias, así como al patrimonio y finanzas del sector público, a través de un enfoque de gestión integral de riesgos y una coordinación adecuada entre gobiernos estatales y municipales.
 
Estrategia prioritaria 5.7.- Proteger el sistema financiero y la economía nacional del uso de recursos de procedencia ilícita y de las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, a través de la obtención de elementos útiles para investigar y perseguir los delitos y las operaciones realizadas con dichos recursos.
Acción puntual
5.7.1
Incrementar las denuncias ante el Ministerio Público para la disminución de las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento y/o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como aquellas previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
5.7.2
Ampliar la inclusión en las listas de personas bloqueadas a aquellas que se relacionen directa o indirectamente con la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento y/o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, contribuyendo a la disminución de estos.
5.7.3
Incrementar la presentación de vistas (forma de hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes los probables actos delictivos de su competencia), con la finalidad de que se puedan iniciar los procedimientos administrativos y/o penales a que haya lugar, conforme a derecho.
5.7.4
Fomentar la coordinación entre las autoridades encargadas de supervisar el régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, con el fin de lograr una homologación en los estándares aplicables a las distintas entidades y actividades financieras en México.
 
Objetivo prioritario 6.- Financiamiento y banca de desarrollo
Ampliar y fortalecer el financiamiento y la planeación de la banca de desarrollo y otros vehículos de financiamiento de la Administración Pública Federal, así como fomentar una mayor inclusión financiera de los sectores objetivo y una mayor participación del sector privado, para contribuir al desarrollo económico sostenido del país y al bienestar social.
Estrategia prioritaria 6.1: Promover el acceso a los servicios financieros de la banca de desarrollo, a través de esquemas y programas de financiamiento así como otros productos financieros, que permitan una mayor inclusión de su población objetivo que enfrenta limitaciones de acceso al sistema financiero privado formal.
Acción puntual
6.1.1
Impulsar una mayor inclusión financiera de MiPyMEs, población rural, grupos en situación de vulnerabilidad y personal de las fuerzas armadas a través del diseño de nuevos programas, productos y servicios financieros para el bienestar social y el crecimiento económico.
6.1.2
Promover el acceso de la población de bajos ingresos y de la población en condiciones de rezago habitacional a programas y productos de financiamiento, incluido el crédito hipotecario de la banca de desarrollo, con el objetivo de impulsar su inclusión financiera.
6.1.3
Impulsar un mayor acceso al crédito para proyectos de infraestructura de las entidades federativas y municipios, con especial énfasis en aquellos con alto grado de marginación, para mejorar la calidad de vida de la población.
6.1.4
Desarrollar mecanismos que incentiven esquemas de entrada de nuevas personas acreditadas, así como la graduación hacia el sistema financiero privado de personas acreditadas con financiamiento de corto plazo con diez o más años de antigüedad, para impulsar la competitividad y productividad de los sectores.
6.1.5
Impulsar el crecimiento en el uso de cuentas bancarias para que las personas beneficiarias puedan generar un historial bancario y acceder a esquemas de financiamiento.
 
Estrategia prioritaria 6.2: Impulsar un mayor financiamiento con la participación del sector privado en los sectores prioritarios para contribuir al desarrollo económico nacional.
Acción puntual
6.2.1
Impulsar un mayor financiamiento a través de crédito y garantías a los sectores que atiende la banca de desarrollo, para impulsar la productividad y competitividad en apoyo del crecimiento económico y el desarrollo sostenible del país.
6.2.2
Desarrollar estrategias de colocación de crédito en primer y segundo piso para fortalecer la presencia de la banca de desarrollo en su población objetivo.
6.2.3
Fortalecer la oferta de esquemas y programas de garantías que incentiven una mayor participación de los intermediarios financieros privados, bancarios y no bancarios, a fin de aumentar y mejorar las condiciones de financiamiento a los sectores prioritarios.
 
6.2.4
Fortalecer, con las instancias correspondientes, el otorgamiento de crédito destinado a mejoramiento, autoproducción y adquisición de vivienda en rezago habitacional, así como promover nuevos mecanismos de financiamiento para la población en situación de vulnerabilidad que enfrenta limitantes de acceso a estos instrumentos, impulsando el desarrollo de vivienda sustentable.
6.2.5
Aumentar el financiamiento de la banca de desarrollo, en coordinación con otras dependencias del Gobierno Federal, a empresas de actividades tradicionales, estratégicas y/o que participen en el comercio exterior.
6.2.6
Impulsar el financiamiento a proyectos de edificación, vivienda, transporte, sectores agropecuario, forestal y pesquero, e infraestructura.
6.2.7
Impulsar la participación del sector privado en el financiamiento de infraestructura a través de iniciativas que propicien la transparencia, la rendición de cuentas y la certidumbre, que permita que la infraestructura se desarrolle como una clase de activo confiable y atractivo para la inversión.
6.2.8
Propiciar, en coordinación con las dependencias, la incorporación de criterios sociales, de medio ambiente y de gobernanza en proyectos de infraestructura nuevos y existentes, con el objetivo de desarrollar infraestructura resiliente que abone en la disminución de la desigualdad en el país.
6.2.9
Coadyuvar en el diseño e implementación de esquemas que mejoren el proceso de preparación de proyectos y que disminuyan la ocurrencia de riesgos de sobreplazos y sobrecostos, así como las posibilidades de corrupción.
 
Estrategia prioritaria 6.3: Impulsar y facilitar el uso y la contratación de los servicios financieros y de transacciones electrónicas que ofrece la banca de desarrollo para incrementar el acceso de la población y de los sectores objetivos.
Acción puntual
6.3.1
Fomentar mecanismos y acciones para la dispersión de los recursos de programas gubernamentales que se otorgan a través de cuentas bancarias en zonas desatendidas, a fin de lograr una mayor inclusión financiera y contribuir al bienestar social.
6.3.2
Impulsar mecanismos y acciones para el desarrollo de la infraestructura financiera necesaria por parte del Banco del Bienestar, que permitan un mayor alcance y penetración a nivel nacional.
6.3.3
Promover el uso de sistemas de pago electrónicos seguros y eficientes orientados a la población objetivo de la banca de desarrollo para propiciar un mayor uso de transacciones electrónicas y el aprovechamiento de nuevas tecnologías.
6.3.4
Fomentar el uso de aplicaciones tecnológicas financieras (Fintech) viables bajo un marco de mitigación de riesgo, para fomentar el uso de nuevas tecnologías.
6.3.5
Diseñar productos y servicios financieros dirigidos a mujeres para fomentar su inclusión financiera.
6.3.6
Robustecer los esquemas de los seguros de crédito a la vivienda, a fin de potenciar y mejorar los estándares de otorgamiento de crédito hipotecario de la población con menores ingresos que atiende la banca de desarrollo.
6.3.7
Consolidar el uso del seguro de crédito agropecuario entre productores pequeños para aumentar el nivel de financiamiento por las entidades del sistema financiero de fomento, a fin de dar mayor certidumbre al desarrollo de actividades agropecuarias.
 
Estrategia prioritaria 6.4: Realizar acciones en materia de educación y capacitación financiera, a fin de contribuir en el uso eficiente y responsable de los recursos y servicios financieros.
Acción puntual
6.4.1
Otorgar capacitación, educación financiera y asistencia técnica a la población beneficiaria de los programas y esquemas de financiamiento, así como de otros servicios financieros que ofrece la banca de desarrollo, haciendo énfasis en mujeres, empresas dirigidas por mujeres, personas jóvenes y otros grupos en situación de vulnerabilidad, a fin de contribuir a una mayor inclusión financiera.
6.4.2
Otorgar capacitación y asistencia técnica a entidades federativas y municipios para hacer un uso más eficiente de los recursos financieros y poder acceder al crédito otorgado por la banca de desarrollo y otras instituciones financieras.
 
Estrategia prioritaria 6.5: Fortalecer la participación del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) en el desarrollo y mantenimiento de infraestructura, con el fin de que sea un articulador y multiplicador de financiamiento público y privado y que contribuya a atender las necesidades de infraestructura en el país.
Acción puntual
6.5.1
Fortalecer la capacidad financiera del Fonadin, a través de estrategias de manejo de pasivos, para multiplicar las inversiones públicas y privadas en proyectos que reduzcan la brecha de financiamiento de infraestructura.
6.5.2
Impulsar la adopción de salvaguardas ambientales, sociales y de gobernanza en el Fonadin, con el objetivo de que incentiven la participación del sector privado en la inversión de proyectos de infraestructura sostenible.
6.5.3
Establecer un sistema de planeación que seleccione, priorice y prepare mejor, en términos financieros, los proyectos de infraestructura apoyados por el Fonadin, con el fin de maximizar sus beneficios potenciales en términos de desarrollo social y económico.
6.5.4
Invertir en los activos concesionados del Fonadin bajo un plan de gestión de activos que procure la sostenibilidad financiera del fondo y la calidad en el servicio de sus activos.
 
Estrategia prioritaria 6.6: Promover el uso de financiamiento para los proyectos de inversión y de política pública por medio de Organismos Financieros Internacionales (OFI) con el fin de aprovechar el acompañamiento en la implementación, la asistencia técnica, y las condiciones financieras favorables que ofrecen dichos organismos.
Acción puntual
6.6.1
Coordinar el programa de financiamiento con OFI para canalizar préstamos y garantías y atender parte de las necesidades financieras del Gobierno Federal y de la banca de desarrollo.
6.6.2
Negociar, contratar y dar seguimiento a los préstamos otorgados por los OFI para asegurar el manejo eficiente de recursos otorgados, reduciendo los costos de transacción de las operaciones.
6.6.3
Coordinar el programa de asistencias técnicas con OFI y alinearlo a las prioridades nacionales para fomentar el desarrollo sostenible de sectores estratégicos del Gobierno Federal.
6.6.4
Vincular los apoyos obtenidos de los OFI para desarrollar e implementar programas y proyectos de alto impacto social.
 
Estrategia prioritaria 6.7: Coadyuvar, en etapas tempranas, en la formulación de programas y proyectos de inversión impulsados por la banca de desarrollo, así como en el informe de ejecución y la evaluación ex post de los programas y proyectos que generen un alto beneficio social y que favorezcan el desarrollo económico.
Acción puntual
6.7.1
Coadyuvar en la asesoría de programas y proyectos de inversión, en los que intervenga la banca de desarrollo, desde la etapa de conceptualización, planeación y desarrollo para asegurar su impacto social.
6.7.2
Incrementar la calidad de evaluación en los estudios de los programas y proyectos de inversión a través de apoyo técnico de la banca de desarrollo con énfasis en proyectos que contengan un enfoque de mitigación y adaptación al cambio climático.
6.7.3
Contribuir al análisis de la conveniencia de desarrollar programas y proyectos de inversión con participación privada.
6.7.4
Desarrollar un atlas de productividad que permita planear y realizar análisis sobre el estado actual y las necesidades de infraestructura.
6.7.5
Diseñar una estrategia de solución sistemática para atender problemas relacionados con el desarrollo y la implementación de proyectos de infraestructura a lo largo de su ciclo de vida.
6.7.6
Impulsar mecanismos de coordinación de los sectores público y privado para fomentar la planeación y agilizar la gestión de proyectos de infraestructura a lo largo de su ciclo de vida bajo una visión estratégica.
 
7.- Metas para el bienestar y Parámetros
Meta para el bienestar del Objetivo prioritario 1
ELEMENTOS DE LA META PARA EL BIENESTAR
Nombre
1.1 Deuda bruta del sector público no financiero como porcentaje del PIB.
Objetivo prioritario
Fortalecer los fundamentos macroeconómicos para promover la estabilidad, el crecimiento económico equitativo y el bienestar de la población.
Definición o
descripción
Se refiere al Saldo de deuda bruta correspondiente a la definición del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público sin considerar la deuda de las entidades del Sector Público Financiero como proporción del Producto Interno Bruto Anual.
Nivel de
desagregación
Nacional
Periodicidad o
frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o
periódico
Acumulado
Unidad de medida
Porcentaje del PIB
Periodo de
recolección de
los datos
Enero a diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad
de la
información
Marzo
Tendencia esperada
Constante
Unidad
responsable de
reportar el
avance
Unidad de Planeación Económica de la Hacienda
Pública, SHCP
Método de cálculo

Donde:

Observaciones
Un resultado menor o igual que la línea base es considerado favorable. Un valor por encima de la línea base y por debajo de la meta 2024 es considerado favorable. Un resultado por encima de la meta 2024 es considerado desfavorable.
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
Deuda del sector público no
financiero
Valor
variable 1
12,063,151.2
Fuente de información
variable 1
SHCP
Nombre variable 2
Producto Interno Bruto Anual
Valor
variable 2
23,491,507.0
Fuente de información
variable 2
INEGI
Sustitución en
método de cálculo

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
51.4
Un resultado menor o igual que la línea base es considerado favorable. Un valor por encima de la línea base y por debajo de la meta 2024 es considerado favorable. Un resultado por encima de la meta 2024 es considerado desfavorable.
Año
2018
Meta 2024
Nota sobre la meta 2024
70.0
Un resultado por debajo de la meta 2024 se considera favorable al ser menor del valor máximo de la Deuda del sector público no financiero como porcentaje del PIB.
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
41.4
44.6
47.3
51.2
54.7
52.0
51.4
51.5
METAS
2020
2021
2022
2023
2024
70.0
70.0
70.0
70.0
70.0
 
Parámetro 1 del Objetivo prioritario 1
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO
Nombre
1.2 Índice global de productividad laboral de la economía.
Objetivo prioritario
Fortalecer los fundamentos macroeconómicos para promover la estabilidad, el crecimiento económico equitativo y el bienestar de la población.
Definición o
descripción
Muestra la evolución de la producción en comparación con la variación de los recursos laborales utilizados en el proceso productivo. Un valor mayor en el índice es indicativo de una mayor productividad de quienes trabajan.
Nivel de
desagregación
Nacional
Periodicidad o
frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o
periódico
Periódico
Unidad de medida
Índice
Periodo de
recolección de
los datos
Enero a diciembre.
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad
de la
información
Marzo
Tendencia esperada
Ascendente
Unidad
responsable de
reportar el
avance
Unidad de Planeación Económica de la Hacienda
Pública, SHCP
 
Método de cálculo
Este índice resulta de la división del Índice del PIB real y el Índice de las Horas Trabajadas, multiplicado por 100. La medición del trabajo en términos de horas ilustra de manera más precisa el rendimiento del factor trabajo respecto a una medición basada en el número de personas (o puestos de trabajo), debido a las jornadas laborales desiguales.

Donde:
IGPLE= Índice Global de Productividad Laboral de la Economía.
IPIB= Índice del Producto Interno Bruto a precios constantes.
IHT= Índice de Horas Trabajadas.
Observaciones
Un valor mayor en el índice es indicativo de una mayor productividad de quienes trabajan.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
Índice del Producto Interno Bruto a precios constantes
Valor
variable 1
100
Fuente de
información
variable 1
STPS e INEGI,
ENOE
Nombre variable 2
Índice de Horas Trabajadas
Valor
variable 2
100
Fuente de
información
variable 2
STPS e INEGI,
ENOE
Sustitución en
método de cálculo

VALOR DE LÍNEA BASE DEL PARÁMETRO
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
100
 
Año
2018
SERIE HISTÓRICA DEL PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
97
97
99
100
100
101
100
Parámetro 2 del Objetivo prioritario 1
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO
Nombre
1.3 Plazo promedio de vencimiento de la deuda interna.
Objetivo prioritario
Fortalecer los fundamentos macroeconómicos para promover la estabilidad, el crecimiento económico equitativo y el bienestar de la población.
Definición o
descripción
Consiste en el número de años que faltan en promedio para el vencimiento de los valores gubernamentales, ponderando todos estos valores conforme a su monto. Este es un indicador de riesgo en el manejo de la deuda, entre más alto sea el plazo de vencimiento menor es el riesgo en el manejo de la deuda.
Nivel de
desagregación
Nacional
Periodicidad o
frecuencia de medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o periódico
Periódico
Unidad de medida
Años
Periodo de recolección
de los datos
Cierre de diciembre de cada año
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de la
información
Marzo
Tendencia esperada
Constante
Unidad responsable de
reportar el avance
Unidad de Crédito Público, SHCP
Método de cálculo
El plazo promedio ponderado de vencimiento de los valores gubernamentales es el promedio de los tiempos restantes (generalmente expresados en años) para el pago del principal de los valores gubernamentales, ponderados por los montos correspondientes;

Donde:
P= Plazo promedio ponderado de vencimiento del valor gubernamental,
pi= Tiempo que falta para amortizar el principal i,
mi= Monto a pagar en el plazo pi, y
n= Número de valores gubernamentales.
Observaciones
El plazo promedio de vencimiento de la deuda mide el tiempo que falta para pagar la deuda.
Un resultado por encima de la línea base se considera favorable al aumentar el tiempo restante para pagar la deuda, mientras que un resultado por debajo de la línea base se considera desfavorable al disminuir el tiempo restante del pago de la deuda.
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
Tiempo que falta
para amortizar el
principal
Valor variable 1
46,127,459.94
Fuente de
información
variable 1
SHCP
Nombre variable 2
Monto de la Deuda
Interna en Valores
Gubernamentales
Valor variable 2
5,796,125.85
Fuente de
información
variable
SHCP
Sustitución en
método de cálculo

VALOR DE LÍNEA BASE DEL PARÁMETRO
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
8.0
 
Año
2018
SERIE HISTÓRICA DEL PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
8.0
7.9
8.1
7.9
8.0
8.1
8.0
 
Meta para el bienestar del objetivo prioritario 2
ELEMENTOS DE LA META PARA EL BIENESTAR
Nombre
2.1 Ingresos no petroleros del Gobierno Federal como porcentaje del PIB
Objetivo prioritario
Fortalecer el sistema tributario para que sea más equitativo y progresivo a la vez que se incremente la recaudación.
Definición o
descripción
Mide la recaudación de ingresos del Gobierno Federal (tributarios y no tributarios) como porcentaje del PIB de un mismo año.
Nivel de desagregación
Nacional
Periodicidad o
frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o
periódico
Acumulado
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de
recolección de
los datos
Enero a diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de
la información
Febrero
Tendencia esperada
Ascendente
Unidad
responsable de
reportar el avance
Unidad de Política de Ingresos Tributarios,
SHCP
Método de cálculo

Observaciones
El parámetro no considera ingresos extraordinarios de los ingresos no tributarios.
Las cifras se reportan en millones de pesos.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
Ingresos no
petroleros del
Gobierno
Federal
Valor variable 1
3,203,437.0
Fuente de
información
variable 1
SHCP y SAT
Nombre variable 2
PIB
Valor variable 2
23,491,507.0
Fuente de
información
variable 2
INEGI
Sustitución en método
de cálculo

 
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
13.6
Los ingresos no tributarios no incluyen ingresos no recurrentes.
Año
2018
Meta 2024
Nota sobre la meta 2024
14.3
Los ingresos no tributarios no incluyen ingresos no recurrentes.
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
10.2
10.7
11.0
13.3
14.1
13.6
13.6
13.6
METAS
2020
2021
2022
2023
2024
14.3
14.3
14.3
14.3
14.3
 
Parámetro 1 del objetivo prioritario 2
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO
Nombre
2.2 Ingresos tributarios como porcentaje del PIB.
Objetivo
prioritario
Fortalecer el sistema tributario para que sea más equitativo y progresivo a la vez que se incremente la recaudación.
Definición o
descripción
Mide la proporción que representan los ingresos tributarios netos del año de referencia respecto al Producto Interno Bruto (PIB) del país para ese mismo año.
Nivel de
desagregación
Nacional
Periodicidad o
frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o
periódico
Acumulado
Unidad de
medida
Porcentaje
Periodo de
recolección de
los datos
Enero a diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de
la información
Marzo
Tendencia
esperada
Ascendente
Unidad
responsable de
reportar el avance
Servicio de Administración Tributaria
Método de
cálculo

Observaciones
El PIB del año de referencia se obtiene del promedio de los valores a precios corrientes del PIB de los cuatro trimestres que conforman dicho año.
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable
1
Ingresos tributarios del
Gobierno Federal 2018
Valor variable 1
3,062,334
Fuente de
información
variable 1
SHCP
Nombre variable
2
PIB
Valor variable 2
23,491,507
Fuente de
información
variable 2
INEGI
Sustitución en
método de
cálculo

VALOR DE LÍNEA BASE DEL PARÁMETRO
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
13.0
 
Año
2018
SERIE HISTÓRICA DEL PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
8.3
9.6
10.3
12.7
13.5
13.0
13.0
Parámetro 2 del objetivo prioritario 2
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO
Nombre
2.3 Ingresos no tributarios como porcentaje del PIB.
Objetivo
prioritario
Fortalecer el sistema tributario para que sea más equitativo y progresivo a la vez que se incremente la recaudación.
Definición o
descripción
Mide la proporción que representan los ingresos no tributarios netos del año de referencia respecto al Producto Interno Bruto (PIB) del país para ese mismo año.
Nivel de
desagregación
Nacional
Periodicidad o
frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o
periódico
Acumulado
Unidad de
medida
Porcentaje
Periodo de
recolección de los
datos
Enero a diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de la
información
Marzo
Tendencia
esperada
Ascendente
Unidad responsable
de reportar el
avance
Unidad de Política de Ingresos No Tributarios, SHCP
Método de
cálculo

Observaciones
El PIB del año de referencia se obtiene del promedio de los valores a precios corrientes del PIB de los cuatro trimestres que conforman dicho año.
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre
variable 1
Ingresos no
tributarios del
Gobierno
Federal 2018
Valor variable 1
267,545.46
Fuente de
información variable 1
SHCP
Nombre
variable 2
PIB 2018
Valor variable 2
23,491,507
Fuente de
información variable 2
INEGI
Sustitución en
método de
cálculo

VALOR DE LÍNEA BASE DEL PARÁMETRO
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
1.14
 
Año
2018
SERIE HISTÓRICA DEL PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1.36
1.72
1.72
2.18
2.72
2.49
1.14
Meta para el bienestar del Objetivo prioritario 3
ELEMENTOS DE LA META PARA EL BIENESTAR
Nombre
3.1 Cociente de Impacto de los Servicios Personales.
Objetivo prioritario
Fomentar una mejor asignación de los recursos públicos federales destinados a gasto corriente y de inversión, para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal los orienten a acciones que permitan generar condiciones para impulsar el desarrollo del país, priorizando beneficiar a la población más desfavorecida.
Definición o
descripción
Mide el monto ejercido del rubro de servicios personales respecto del gasto programable.
Nivel de
desagregación
Administración Pública Federal
Periodicidad o
frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o
periódico
Acumulado
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de
recolección de
los datos
Enero a diciembre
Dimensión
Eficiencia
Disponibilidad
de la
información
Mayo
Tendencia esperada
Descendente
Unidad
responsable de
reportar el
avance
Unidad de Política y Control Presupuestario, SHCP
Método de cálculo

Donde:
 
Observaciones
Los montos de las variables de cálculo se expresan en pesos.
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
Monto ejercido del rubro de
servicios personales de la
Administración Pública Federal
en 2018.
Valor
variable 1
1,119,230,190,076
Fuente de
información
variable 1
Cuenta Pública
2018
Nombre variable 2
Monto ejercido del rubro de
gasto programable de la
Administración Pública Federal
en 2018.
Valor
variable 2
3,956,733,479,447
Fuente de
información
variable 2
Cuenta Pública
2018
Sustitución en
método de cálculo

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
28.3
 
Año
2018
Meta 2024
Nota sobre la meta 2024
26.5
 
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
28.5
27.8
27.1
26.8
25.3
27.8
28.3
27.4
METAS
2020
2021
2022
2023
2024
28.3
27.8
27.4
26.9
26.5
Parámetro 1 del Objetivo prioritario 3
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO
Nombre
3.2 Cociente de Recomposición del Gasto Programable
Objetivo
prioritario
Fomentar una mejor asignación de los recursos públicos federales destinados a gasto corriente y de inversión, para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal los orienten a acciones que permitan generar condiciones para impulsar el desarrollo del país, priorizando beneficiar a la población más desfavorecida.
Definición o
descripción
Mide el monto ejercido del gasto de inversión respecto del gasto corriente.
Nivel de
desagregación
Administración Pública
Federal
Periodicidad o
frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o
periódico
Acumulado
Unidad de
medida
Porcentaje
Periodo de
recolección de
los datos
Enero a diciembre.
Dimensión
Eficiencia y calidad
Disponibilidad de
la información
Mayo
Tendencia
esperada
Ascendente
Unidad
responsable de
reportar el
avance
Unidad de Política y Control Presupuestario, SHCP
Método de
cálculo

Donde:
Observaciones
Los montos de las variables de cálculo se expresan en pesos.
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable
1
Monto ejercido del gasto de
inversión en 2018
Valor
variable 1
731,226,779,910
Fuente de
información
variable 1
Cuenta Pública
2018
Nombre variable
2
Monto ejercido de gasto
corriente en 2018
Valor
variable 2
2,567,429,948,904
Fuente de
información
variable 2
Cuenta Pública
2018
Sustitución en
método de
cálculo

VALOR DE LÍNEA BASE DEL PARÁMETRO
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
28.5
 
Año
2018
SERIE HISTÓRICA DEL PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
38.4
44.2
41.2
41.0
50.8
35.1
28.5
28.0
Parámetro 2 del Objetivo prioritario 3
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO
Nombre
3.3 Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal con desempeño aprobatorio en el Índice de Seguimiento al Desempeño (ISeD)
Objetivo prioritario
Fomentar una mejor asignación de los recursos públicos federales destinados a gasto corriente y de inversión, para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal los orienten a acciones que permitan generar condiciones para impulsar el desarrollo del país, priorizando beneficiar a la población más desfavorecida.
Definición o
descripción
Porcentaje de programas presupuestarios de la Administración Pública Federal del gasto programable con desempeño alto y medio alto en el ISeD.
Nivel de desagregación
Administración Pública Federal
Periodicidad o
frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o
periódico
Periódico
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de
recolección de
los datos
De enero del año previo a marzo del año en
curso
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad
de la
información
Del 1 al 15 de julio
Tendencia esperada
Ascendente
Unidad
responsable de
reportar el
avance
Unidad de Evaluación del Desempeño, SHCP
Método de cálculo

Para medir el desempeño alto y medio alto se considera un resultado igual o mayor a 0.6 en el ISeD (en una escala de 0 a 1) de los programas presupuestarios de los ramos administrativos, ramos generales y entidades sujetas a control presupuestario directo que forman parte del gasto programable y que ejercieron recursos fiscales en el periodo valorado.
 
Observaciones
 
El ISeD integra la valoración de cuatro dimensiones:
1.   La dimensión de diseño incorpora las siguientes variables:
a. Existencia de un diagnóstico que justifique la manera en que el programa presupuestario contribuirá al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la dependencia o entidad.
b. Valoración cuantitativa que el programa presupuestario ha recibido en las evaluaciones externas en materia de diseño.
c. En caso de que aplique, existencia de un documento que norme la operación del programa presupuestario.
d. Valoración cuantitativa de la calidad de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), o en su caso, de la relevancia de los indicadores de los programas que tienen Fichas de Indicadores del Desempeño (FID).
2.   La dimensión de seguimiento contempla variables que permiten dar seguimiento a la gestión de los programas presupuestarios:
a. Porcentaje de campos obligatorios llenados correctamente en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G).
b. Consistencia entre el avance de los indicadores de componentes y el avance de los indicadores de Propósito de la MIR.
c. Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas de indicadores de nivel de componente de la MIR o, en su caso, de indicadores de las FID clasificados como de gestión.
d. Población atendida en el ejercicio fiscal valorado.
3.   La dimensión de resultados integra variables que muestran el avance en el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas presupuestarios:
a. Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas de indicadores de nivel de propósito de la MIR o, en su caso, de indicadores de las FID clasificados como estratégicos.
b. Hallazgos de las evaluaciones externas que sustentan que el programa presupuestario ha generado resultados positivos en la problemática que atiende.
4.   La dimensión de mejora continua incluye:
a. La atención y cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones externas.
b. La cultura de la evaluación como valoración del compromiso del programa presupuestario para realizar evaluaciones que contribuyan a su mejora continua.
c. Índice de Calidad de la Información como valoración de la calidad de la información que los gobiernos locales reportan sobre el desempeño del gasto federalizado.
El ISeD mide los resultados del desempeño de los programas presupuestarios utilizando la siguiente escala de valores:
 
Escala Cuantitativa
Escala Cualitativa
0.80 1
Alto
0.60 - 0.79
Medio alto
0.40 - 0.59
Medio
0.20 - 0.39
Medio bajo
0 - 0.19
Bajo
 
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
Número de programas presupuestarios del gasto programable que cuentan con una valoración de desempeño alto y medio alto en el ISeD.
Valor variable 1
249
Fuente de
información
variable 1
Sistema de
Evaluación del
Desempeño, SHCP.
Nombre variable 2
Total de programas presupuestarios del gasto programable con valoración en el ISeD.
Valor variable 2
535
Fuente de
información
variable
Sistema de
Evaluación del
Desempeño, SHCP.
Sustitución en método
de cálculo

VALOR DE LÍNEA BASE DEL PARÁMETRO
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
46.5%
No es posible definir una serie histórica del parámetro,
considerando que se trata de una nueva metodología de
medición sintética de desempeño.
Año
2020
 
Meta para el bienestar del objetivo prioritario 4
ELEMENTOS DE LA META PARA EL BIENESTAR
Nombre
4.1 Tasa real promedio de crecimiento del monto de Incentivos Económicos pagado a las entidades federativas en el periodo 2019-2024.
Objetivo prioritario
Mejorar la coordinación fiscal entre los tres órdenes de gobierno con la finalidad de promover finanzas públicas subnacionales sanas y sostenibles.
Definición o
descripción
Mide la tasa real promedio de crecimiento del monto pagado de los Incentivos Económicos a las entidades federativas en el periodo 2019-2024.
Nivel de desagregación
Nacional
Periodicidad o frecuencia
de medición
Anual
Tipo
Estratégica
Acumulado o periódico
Acumulado
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de recolección de
los datos
Enero a diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de la
información
Enero
Tendencia esperada
Ascendente
Unidad responsable de
reportar el avance
Unidad de Coordinación con Entidades
Federativas, SHCP
Método de cálculo
Se calculará la tasa real promedio de crecimiento del monto de Incentivos Económicos pagado a las
entidades federativas en el periodo 2019-2024.

Donde:
Observaciones
El monto de Incentivos Económicos incluye: Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), Fondo de compensación ISAN, Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios y otros establecidos en los diversos Anexos al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
Incentivos
Económicos
2017
Valor variable 1
42,341.9
Fuente de
información
variable 1
SHCP
Nombre variable 2
Incentivos
Económicos
2018
Valor variable 2
44,592.7
Fuente de
información
variable 2
SHCP
Nombre variable 3
INPC 2017
Valor variable 3
95.57296
Fuente de
información
variable 3
INEGI
Nombre variable 4
INPC 2018
Valor variable 4
100.25542
Fuente de
información
variable 4
INEGI
Sustitución en método
de cálculo

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
0.4
 
Año
2018
Meta 2024
Nota sobre la meta 2024
0.5
 
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-38.5
-5.1
2.7
19.2
15.6
19.6
0.4
3.1
METAS
2020
2021
2022
2023
2024
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
 
Parámetro 1 del objetivo prioritario 4
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO
Nombre
4.2 Porcentaje de suscripciones de Convenios de Colaboración Administrativa en materia del Impuesto Predial.
Objetivo prioritario
Mejorar la coordinación fiscal entre los tres órdenes de gobierno con la finalidad de promover finanzas públicas subnacionales sanas y sostenibles.
Definición o
descripción
Porcentaje de Convenios de Colaboración Administrativa en materia del Impuesto Predial que las entidades federativas suscriben con sus municipios, con relación al potencial de Convenios susceptibles de suscribir, a fin de que dichos municipios mejoren la administración de dicho impuesto y participen del 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal (FFM) a que hace referencia el artículo 2-A, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal, en el periodo 2019-2024.
Nivel de
desagregación
Nacional
Periodicidad o frecuencia de medición
Anual
Tipo
Estratégica
Acumulado o periódico
Acumulado
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de recolección de los datos
Enero a diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de la información
Junio
Tendencia esperada
Ascendente
Unidad responsable de reportar el
avance
Unidad de Coordinación con
Entidades Federativas, SHCP
Método de cálculo

Donde:
Observaciones
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
Número de Convenios de Colaboración Administrativa en materia del Impuesto Predial que suscribe Aguascalientes con sus municipios y que participaron del 30% del excedente del FFM en 2018.
Valor
variable 1
9
Fuente de
información
variable 1
Unidad de
Coordinación con
Entidades
Federativas
(UCEF)
Nombre variable 2
Número de Convenios de Colaboración Administrativa en materia del Impuesto Predial que suscribe Baja California con sus municipios y que participaron del 30% del excedente del FFM en 2018.
Valor
variable 2
0
Fuente de
información
variable 2
UCEF
Nombre variable 3
Número de Convenios de Colaboración Administrativa en materia del Impuesto Predial que suscribe Baja California Sur con sus municipios y que participaron del 30% del excedente del FFM en 2018.
Valor
variable 3
0
Fuente de
información
variable 3
UCEF
Nombre variable 4
Número de Convenios de Colaboración Administrativa en materia del Impuesto Predial que suscribe Campeche con sus municipios y que participaron del 30% del excedente del FFM en 2018.
Valor
variable 4
10
Fuente de
información
variable 4
UCEF
Nombre variable 5
Número de Convenios de Colaboración Administrativa en materia del Impuesto Predial que suscribe Chiapas con sus municipios y que participaron del 30% del excedente del FFM en 2018.
Valor
variable 5
25
Fuente de
información
variable 5
UCEF
 
Nombre variable 6
Número de Convenios de Colaboración Administrativa en materia del Impuesto Predial que suscribe Chihuahua con sus municipios y que participaron del 30% del excedente del FFM en 2018.
Valor
variable 6
54
Fuente de
información
variable 6
UCEF
Nombre variable 7
Número de Convenios de Colaboración Administrativa en materia del Impuesto Predial que suscribe Coahuila de Zaragoza con sus municipios y que participaron del 30% del excedente del FFM en 2018.
Valor
variable 7
8
Fuente de
información
variable 7
UCEF
Nombre variable 8
Número de Convenios de Colaboración Administrativa en materia del Impuesto Predial que suscribe Colima con sus municipios y que participaron del 30% del excedente del FFM en 2018.
Valor
variable 8
0
Fuente de
información
variable 8
UCEF
Nombre variable 9
Número de Convenios de Colaboración Administrativa en materia del Impuesto Predial que suscribe Durango con sus municipios y que participaron del 30% del excedente del FFM en 2018.
Valor
variable 9
38
Fuente de
información
variable 9
UCEF
Nombre variable 10
Número de Convenios de Colaboración Administrativa en materia del Impuesto Predial que suscribe Guanajuato con sus municipios y que participaron del 30% del excedente del FFM en 2018.
Valor
variable 10
0
Fuente de
información
variable 10
UCEF
Nombre variable 11
Número de Convenios de Colaboración Administrativa en materia del Impuesto Predial que suscribe Guerrero con sus municipios y que participaron del 30% del excedente del FFM en 2018.
Valor
variable 11
0
Fuente de
información
variable 11
UCEF
Nombre variable 12
Número de Convenios de Colaboración Administrativa en materia del Impuesto Predial que suscribe Hidalgo con sus municipios y que participaron del 30% del excedente del FFM en 2018.
Valor
variable 12
0
Fuente de
información
variable 12
UCEF
Nombre variable 13
Número de Convenios de Colaboración Administrativa en materia del Impuesto Predial que suscribe Jalisco con sus municipios y que participaron del 30% del excedente del FFM en 2018.
Valor
variable 13
63
Fuente de
información
variable 13
UCEF
 
Nombre variable 14
Número de Convenios de Colaboración Administrativa en materia del Impuesto Predial que suscribe México con sus municipios y que participaron del 30% del excedente del FFM en 2018.
Valor
variable 14
71
Fuente de
información
variable 14
UCEF
Nombre variable 15
Número de Convenios de Colaboración Administrativa en materia del Impuesto Predial que suscribe Michoacán con sus municipios y que participaron del 30% del excedente del FFM en 2018.
Valor
variable 15
5
Fuente de
información
variable 15
UCEF
Nombre variable 16
Número de Convenios de Colaboración Administrativa en materia del Impuesto Predial que suscribe Morelos con sus municipios y que participaron del 30% del excedente del FFM en 2018.
Valor
variable 16
3
Fuente de
información
variable 16
UCEF