alerta Si el documento se presenta incompleto en el margen derecho, es que contiene tablas que rebasan el ancho predeterminado. Si es el caso, haga click aquí para visualizarlo correctamente.
 
DOF: 31/12/2020
4PROGRAMA Nacional Forestal 42020-20244

PROGRAMA Nacional Forestal 2020-2024.

Programa Nacional Forestal 2020-2024
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
PROGRAMA ESPECIAL DERIVADO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
1.- Índice
1.- Índice
2.- Fundamento normativo de elaboración del programa
3.- Siglas y acrónimos
4.- Origen de los recursos para la instrumentación del Programa
5.- Análisis del estado actual
6.- Objetivos prioritarios
6.1.- Relevancia del Objetivo prioritario 1: Promover el manejo forestal comunitario para el uso sostenible y diversificado de los recursos forestales, así como la integración y desarrollo de redes locales de valor competitivas que detonen economías locales para mejorar la calidad de vida de la población que habita en zonas forestales.
6.2.- Relevancia del Objetivo prioritario 2: Proteger los ecosistemas forestales de factores que deterioran la cobertura vegetal para mantener el patrimonio natural y contribuir a la mitigación al cambio climático, para el bienestar de la población que habita en las zonas forestales y de la sociedad en general, a través de una gestión territorial.
6.3.- Relevancia del Objetivo prioritario 3: Conservar y restaurar la capacidad de provisión de servicios ecosistémicos de áreas forestales estratégicas, mediante un enfoque incluyente y participativo que contribuya a garantizar un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de la población.
6.4.- Relevancia del Objetivo prioritario 4: Impulsar un nuevo modelo de gobernanza, pluralidad y participación social y ciudadana efectiva e incluyente, en el sector forestal.
6.5.- Relevancia del Objetivo prioritario 5: Promover una articulación institucional efectiva y mejorar el desarrollo de capacidades institucionales para la atención del sector forestal.
7.- Estrategias prioritarias y Acciones puntuales
8.- Metas para el bienestar y Parámetros
9.- Epílogo: Visión hacia el futuro
10.- Lista de dependencias y entidades participantes
2.- Fundamento normativo de elaboración del programa
De conformidad con el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, para lo cual deberá planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional a través de un sistema de planeación democrático que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.
Por su parte, el artículo 4o. de la CPEUM señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y que el Estado garantizará el respeto a este derecho.
 
Los artículos 2o. y 4o. de la Ley de Planeación (LP) señalan respectivamente i) que la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la CPEUM y ii) que es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la planeación nacional del desarrollo con la participación democrática de los grupos sociales.
Asimismo, el artículo 9o. de LP dispone que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) deberán planear y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional del desarrollo.
En este contexto, el 12 de julio de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 , el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción VII del artículo 74 de la CPEUM.
El PND establece 12 principios rectores como puntos centrales del nuevo consenso nacional, el cual tiene como centro la convicción de que el quehacer nacional en su conjunto el económico, el político, el social y el cultural-, debe estar orientado al bienestar de la población. Asimismo, el PND señala su actuación en: I. Política y Gobierno, II. Política Social y III. Economía.
En particular, la Política Social impulsará el desarrollo sostenible, como factor indispensable del bienestar, orientado a satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para cubrir sus propias necesidades, considerando principios éticos, sociales, ambientales y económicos para garantizar un futuro mínimamente habitable y armónico.
Ahora bien, los artículo 16, fracción VIII y 26 señalan respectivamente que i) las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal les corresponde coordinar la elaboración y ejecución de los programas especiales y regionales que correspondan conforme al ámbito de sus atribuciones y ii) que los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del país vinculadas al PND o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector.
Por otra parte el artículo 14 fracción I de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), establece que es atribución de la SEMARNAT formular y conducir la política nacional de desarrollo forestal sustentable y asegurar su congruencia con la política ambiental, así como las relacionadas con el desarrollo rural, mientras que el artículo 20, fracciones I y II de dicho ordenamiento legal , señala que la CONAFOR tiene las atribuciones de participar en la formulación y aplicación de la política nacional de desarrollo forestal sustentable, así como de organizar y aplicar los instrumentos de política forestal previstos en ley.
Es importante señalar que conforme al artículo 1o. de la LGDFS, la misma tiene por objeto regular y fomentar el manejo integral y sustentable de los territorios forestales, la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable.
Este ordenamiento dispone en su artículo 35 de la LGDFS a la planeación del desarrollo forestal como un instrumento para el diseño y ejecución de la política forestal, el cual deberá comprender dos vertientes:
·   De proyección correspondiente a los periodos constitucionales que correspondan a las administraciones, conforme a lo previsto en la LP para los programas sectoriales, institucionales y especiales, y
·   De proyección de largo plazo, por 25 años o más, por lo que la SEMARNAT y la CONAFOR elaborarán el Programa Estratégico Forestal Nacional, en el ámbito de sus respectivas competencias.
En tal virtud, el Programa Nacional Forestal 2020-2024 contribuirá a cumplir los compromisos internacionales en materia forestal que México ha adquirido al adherirse a una serie de acuerdos multilaterales. Entre estos acuerdos se encuentran: la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación; el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales; la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC); el Acuerdo de París; la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres; el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y las Metas de Aichi, y la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Adicionalmente, existen iniciativas internacionales a las que el Gobierno de México se ha adherido como el Desafío de Bonn (Bonn Challenge) y la Declaración de Nueva York sobre los Bosques.
Como parte de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas ante la CMNUCC, México ha establecido metas específicas como "Alcanzar una tasa de 0% de deforestación neta para 2030", "Incrementar las existencias totales de biomasa en ecosistemas bajo manejo forestal sustentable" y el "Manejo e incremento de los sumideros de carbono en áreas naturales protegidas".
Considerando que la CONAFOR tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de restauración, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos, la CONAFOR ha asumido el liderazgo para coordinar la elaboración, publicación, ejecución y seguimiento del Programa Nacional Forestal 2020-2024.
3.- Siglas y acrónimos
ANP: Áreas Naturales Protegidas.
APF: Administración Pública Federal.
BIENESTAR: Secretaría de Bienestar.
CDB: Convenio sobre la Diversidad Biológica.
CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres.
CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
CNPC: Coordinación Nacional de Protección Civil.
CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
CONAF: Consejo Nacional Forestal.
CONAFOR: Comisión Nacional Forestal.
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua.
CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
CONAZA: Comisión Nacional de Zonas Áridas.
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
EFC: Empresas Forestales Comunitarias.
ENAREDD+: Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal.
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
FGR: Fiscalía General de la República.
FIRA: Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura.
FND: Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
GEI: Gases efecto invernadero.
IIPS: Índice de Inclusión y Participación Social del Sector Forestal.
IMJUVE: Instituto Mexicano de la Juventud.
INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
INEGyCEI: Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
INIFAP: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres.
INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
 
LGDFS: Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
LP: Ley de Planeación.
NDC: Contribución Determinada a Nivel Nacional de México.
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.
PA: Procuraduría Agraria
PFC: Plantaciones Forestales Comerciales.
PIB: Producto Interno Bruto.
PND: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
PSA: Pago por Servicios Ambientales.
SADER: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
SAMOF: Sistema Satelital de Monitoreo Forestal.
SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes
SE: Secretaría de Economía.
SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.
SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional.
SEMAR: Secretaría de Marina.
SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
SENASICA: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
SENER: Secretaría de Energía.
SFP: Secretaría de la Función Pública.
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SIAP: Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera.
SIS: Sistema de Información de Salvaguardas.
SSPC: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
USCUSS: Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura.
4.- Origen de los recursos para la instrumentación del Programa
La totalidad de las acciones que se consideran en este Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus Objetivos prioritarios, Estrategias prioritarias y Acciones puntuales, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación u operación de dichas acciones y el seguimiento y reporte de las mismas, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto participantes en el Programa, mientras éste tenga vigencia.
5.- Análisis del estado actual
México está catalogado como uno de los 12 países mega diversos, es decir, aquellos que, en conjunto, albergan 70% de la flora y fauna terrestre a nivel mundial. La orografía, posición geográfica y condiciones climatológicas favorecen la formación de distintos ecosistemas y, por lo tanto, la presencia de una gran biodiversidad en México; cerca del 70% del territorio mexicano, 137.8 millones de hectáreas (ha.), está cubierto por algún tipo de vegetación forestal: matorrales xerófilos (41%), bosques templados (25%), selvas (22%), manglares y otras asociaciones de vegetación (1%), y otras áreas forestales (11%).(1)
Asimismo, México es un país culturalmente diverso, toda vez quedos de cada diez personas se consideran indígenas y 6.5% de la población habla alguna lengua indígena.(2) De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), existen 68 pueblos indígenas que corresponden con las 68 lenguas indígenas que se hablan en el territorio. Esta diversidad cultural está estrechamente vinculada con la riqueza natural de México, pues 75% de los territorios indígenas están cubiertos por vegetación natural, en los cuales se concentran más de la mitad de las selvas altas y medianas bosques mesófilo del país; la cuarta parte de los bosques de pino, y la cuarta parte de toda la producción de agua nacional.(3)
 
En las áreas forestales habitan 10.9 millones de personas(4), principalmente en condiciones de pobreza y marginación. Más de la tercera parte de la población indígena (35.6%) experimenta pobreza extrema, proporción significativamente mayor a la que se registra entre población no indígena (5.6%). De igual manera, la proporción de población en situación de pobreza extrema es mayor en zonas rurales (16.4%) que en zonas urbanas (4.5%)(5)
Otra característica relevante del contexto social es la tenencia colectiva de una proporción importante de la superficie forestal. Según el Atlas de Propiedad Social y Servicios Ambientales(6), la propiedad social abarca 15,584 núcleos agrarios que en conjunto acreditan la propiedad de 62.6 millones de ha. de bosques, selvas y vegetación forestal de zonas áridas. Esta superficie representa el 45% de la cobertura forestal del país.
En el mismo territorio también existen contrastes sociales, económicos, culturales y étnicos que suman a la biodiversidad existente, generando escenarios complejos por las interrelaciones que se presentan y las presiones que se ejercen sobre los recursos naturales. En este contexto, se genera un gran reto para lograr una adecuada funcionalidad ambiental, social y económica para la protección, restauración y uso sostenible de los ecosistemas terrestres, para luchar contra la desertificación y para frenar las causas subyacentes que inducen la pérdida de biodiversidad.
Los ecosistemas forestales son un bien público esencial para el desarrollo sostenible: proveen servicios ambientales vitales para los seres humanos, como son la regulación del ciclo hidrológico, la disponibilidad de agua, el control de la erosión y el secuestro de carbono, así como bienes maderables y no maderables, alimentos y, productos medicinales, que son estratégicos para el desarrollo colectivo social y económico, en armonía con el medio ambiente; asimismo, son fundamentales para alcanzar los ODS de la Agenda 2030 y se prevé que contribuyan con el 22% de la meta total de reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), correspondientes al compromiso de mitigación de México en 2030, adoptado en el marco del Acuerdo de París.
Conforme a los datos de la Sexta Comunicación Nacional de México ante la CMNUCC(7), el sector forestal representa el único sumidero neto de carbono, así como también una de las principales oportunidades para la mitigación del cambio climático, siendo capaz de absorber hasta el 24% del total de las emisiones nacionales.
La importancia del sector forestal para la adaptación al cambio climático ha quedado reflejada en la NDC(8), en la que se establecen acciones tendientes a la conservación, restauración y manejo sustentable de los ecosistemas forestales como medidas para incrementar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad ante los impactos negativos del cambio climático, bajo un enfoque de adaptación basado en ecosistemas.
De igual forma, de conformidad con la NDC, el sector forestal representa uno de los principales componentes para cumplir los compromisos de mitigación adoptados por México en el marco del Acuerdo de París, a través de acciones dirigidas a reducir la deforestación y degradación forestal para alcanzar una tasa cero de deforestación, incrementar los acervos de carbono mediante el manejo forestal sustentable y la restauración de terrenos forestales. Conforme a la NDC de México, se estima que el sector forestal cuenta con un potencial de mitigación de 46 millones de toneladas de CO2eq al año 2030, el cual representa alrededor del 23% del compromiso total de reducción de emisiones a dicho año; de continuar la pérdida de ecosistemas forestales, también se reducirá el potencial de mitigación del sector forestal, obligando que se adopten medidas más severas de reducción de emisiones en otros sectores con el fin de cumplir con la meta de mitigación establecida en la NDC.
La sustitución de materiales en la construcción de vivienda y la edificación, utilizando madera en lugar de acero o cemento, por ejemplo, es otro de los potenciales beneficios del sector forestal a la mitigación del cambio climático; la madera que se utiliza en la construcción, la edificación y la fabricación de muebles almacena carbono durante la vida útil, evitando que éste se libere nuevamente hacia la atmósfera.
De igual forma, la generación de energía a partir de biomasa forestal proveniente de bosques y selvas manejados sustentablemente, en sustitución de otras fuentes de energía, particularmente de combustibles fósiles, representa otra oportunidad para contribuir a la mitigación del cambio climático.
Sin embargo, México está perdiendo su cobertura forestal a una tasa bruta de 250 a 260 mil ha. por año y a una tasa neta de 127.8 mil ha. por año(9). El cambio de uso del suelo ilegal, la tala clandestina, el comercio ilegal de materias primas y productos forestales, los incendios, plagas y enfermedades forestales, y las prácticas inadecuadas de manejo forestal, contribuyen a la pérdida y la degradación de la cobertura forestal. A su vez, esta pérdida es la principal causa directa de la degradación de los ecosistemas terrestres y de la pérdida de la biodiversidad en nuestro país. De acuerdo con la SEMARNAT, 23.51% de la superficie nacional presenta procesos físicos o químicos de degradación y 21.4% presenta erosión eólica o hídrica.(10)
En particular, las selvas y los bosques mesófilos son las formaciones con menor superficie de vegetación primaria y son las comunidades vegetales que presentan mayor degradación. De este subconjunto, las selvas
altas y medianas son las más afectadas, pues presentan el menor porcentaje de vegetación primaria (23%).(11)
La degradación y pérdida de la cobertura forestal merman el patrimonio natural del país, disminuyen las oportunidades para generar alternativas de empleo e ingreso para los dueños y poseedores de los terrenos forestales en el medio rural, provocan una disminución de la capacidad para la producción agroalimentaria por la pérdida de suelo y agua, así como una disminución en sus capacidades de adaptación y mitigación al cambio climático, poniendo en riesgo el bienestar social y económico de la población.
Asimismo, la baja competitividad de las actividades silvícolas frente a otras actividades económicas -particularmente las de corto plazo-, alimentan el ciclo de marginación de los habitantes de las áreas forestales y de la deforestación, no siendo capaces de aprovechar la riqueza natural disponible y su potencial para convertirse en un motor del desarrollo sostenible mediante la generación de empleos, crecimiento económico y bienestar social.
El deterioro de los ecosistemas y el aprovechamiento no sustentable de los recursos forestales, son el resultado de procesos multifactoriales complejos que van más allá del sector forestal y que requieren de una política pública con enfoque transversal, territorial más que sectorial. En ellos inciden variables sociales, económicas e institucionales, tales como, la existencia de conflictos socio ambientales, conflictos agrarios, la débil cohesión y organización social al interior de las comunidades y ejidos, la deficiencia de capacidades técnicas y gerenciales, la insuficiente transferencia de tecnología para mejorar la productividad y competitividad del sector forestal, los altos costos de transacción y la dificultad para acceder al mercado, las dificultades para acceder a fuentes de financiamiento, la falta de políticas transversales que promuevan el manejo, la conservación y el aprovechamiento de los terrenos forestales bajo una perspectiva de manejo integrado del territorio, la falta de transparencia proactiva e información para apoyar la toma de decisiones, la inadecuada e insuficiente coordinación interinstitucional, y las deficiencias del marco regulatorio.
PROBLEMAS PÚBLICOS PRIORITARIOS
1. Bajo desempeño en producción, competitividad y uso diversificado de los recursos forestales
En promedio, durante el periodo 2013 - 2018(12), el valor de la producción forestal maderable y no maderable alcanzó un valor de 40,568 millones de pesos y contribuyó al 0.24% del PIB nacional Sin embargo, los niveles de producción se mantienen muy por debajo del potencial de aprovechamiento, transformación y comercialización existente.
De acuerdo con los registros de la SEMARNAT, México produce una tercera parte de los productos maderables que consume, es decir, la demanda se satisface con madera extraída ilegalmente o con importaciones. La balanza comercial da cuenta de ello, pues entre 2012 y 2016 registró un déficit promedio de 5,944 millones. Lo anterior representa una oportunidad desaprovechada, pues la producción maderable mantiene volúmenes bajos a pesar de que existe un mercado nacional en donde podría insertarse.
Entre los años 2000 y 2014, la producción forestal maderable presentó una clara tendencia a la baja. La producción disminuyó año con año, de 8.1 millones de m3 en el 2001 a 5.7 millones de m3 en 2014. Esta tendencia se revirtió en 2015, de modo que la producción alcanzó 9 millones de m3 en 2017. Sin embargo, cifras preliminares muestran que de nueva cuenta se redujo a 8.5 millones de m3 en 2018(13). El 75% del volumen total proviene de Durango, Oaxaca, Veracruz, Michoacán y Chihuahua.

Adicionalmente, la producción maderable es poco diversificada y de bajo valor agregado: 75% de la producción proviene del género pino y 69% corresponde a productos de escuadría, 9% a carbón y leña, 9% a productos celulósicos, 6% a durmientes, 5% a chapa y triplay y 2% a postes, pilotes y morillos. Lo anterior se traduce una pérdida de competitividad del sector frente a competidores internacionales y repercute en el potencial para la generación de empleos en el sector forestal, mientras que los empleos asociados con la extracción de la materia prima incrementaron en 11% de 2003 a 2016, los empleos asociados con los servicios de aprovechamiento se redujeron en 1.5% y los vinculados con la industria de la madera disminuyeron en 25% en este mismo periodo. La pérdida neta de empleos en el sector forestal en este periodo asciende a 17.4%.(14)
Por su parte, la producción forestal no maderable, es decir, de productos como resina, fibras, sotol, candelilla, heno, palmas, maguey, orégano, bambú, musgo y lechuguilla, presenta una tendencia contraria: ha aumentado de 62 mil a 99 mil toneladas entre 2007 y 2018.(15) Las entidades federativas con mayor producción forestal no maderable son Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí, el Estado de México y Durango; en conjunto, estas cinco entidades federativas producen el 62% del volumen total de productos no maderables. Si bien la producción no maderable va en aumento, es innegable que las actividades se han centrado en el aprovechamiento de madera. El desafío, entonces, es transitar hacia un paradigma de gestión integral de los ecosistemas y recursos forestales.
La alta proporción de superficie forestal en México bajo el régimen de propiedad social (45%) conlleva retos y oportunidades para incrementar la producción forestal sostenible. En 2019, 5.5 millones de hectáreas se encuentran bajo aprovechamiento forestal: 73% en bosques, 21% en selvas y 6% en zonas áridas. De esta superficie, 3.7 millones de hectáreas se encuentran en propiedad ejidal, 0.7 millones en propiedad comunal y 1.1 millones en pequeñas propiedades. Además, el volumen promedio autorizado por año es de 14 millones de millones de m3 rollo total árbol, de los cuales, 11.3 son autorizados a ejidos y comunidades, mientras que 2.7 millones de millones de m3 rollo total árbol, corresponde a pequeños propietarios.

A pesar de los avances que esto representa, existe aún superficie con potencial efectivo de incorporarse al aprovechamiento forestal sustentable, en bosques, selvas, acahuales y vegetación de zonas áridas. Entre las principales barreras para la incorporación de superficies al aprovechamiento sustentable, se encuentran el insuficiente desarrollo de condiciones habilitadoras para los propietarios y poseedores de terrenos forestales y ,un marco normativo y administrativo deficiente, factores que incrementa los costos de transacción que deben asumir, lo que desalienta su participación en este esquema de conservación y manejo.
Por otra parte, casi el 48% de la superficie forestal que se encuentra bajo aprovechamiento forestal, cuenta con un certificado que avala el desarrollo de buenas prácticas de manejo: 1.42 millones de ha. está certificada conforme al estándar internacional Forest Stewardship Council, 730 mil ha. fueron certificadas con el estándar nacional establecido en la NMX-AA-143-SCFI-2015 y, 500 mil ha. bajo el instrumento de Auditoría Técnica Preventiva. De los 2.65 millones de hectáreas certificadas, 2.5 millones son propiedad de ejidos y comunidades, mientras que las pequeñas propiedades aportan 150 mil ha(16). No obstante, es importante señalar que, a pesar de la importancia de la certificación del manejo forestal para garantizar el manejo sostenible de los ecosistemas, existen limitantes, como por ejemplo: los altos costos que representa para los productores, un mercado de productos forestales certificados poco desarrollado, poco conocido y de difícil acceso y esto se debe a que no existen mecanismos que promuevan el crecimiento de la demanda de productos certificados.
La acción colectiva constituye uno de los grandes retos para impulsar al manejo forestal comunitario y promover el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas forestales. El debilitamiento de las asambleas ejidales o comunales como órganos de gobierno legítimos; la exclusión específica de los procesos de toma de decisiones al interior de las comunidades; los conflictos agrarios; la anteposición de intereses individuales de corto plazo que privilegian la sobreexplotación de recursos a expensas del empobrecimiento de los recursos de uso común y la dificultad de los ejidos y comunidades para emprender a partir de modelos de negocio con visión estratégica, son factores que restringen el potencial de los ejidos y comunidades para aprovechar los recursos forestales de manera integral, sostenible y productiva.
La desigualdad organizativa, de ingresos y de capital humano inhibe los procesos empresariales al interior de los ejidos y comunidades. Por ello, sólo los grupos de ejidos y comunidades más desarrollados participan en las distintas etapas de la cadena de valor forestal, comercializan sus productos en el mercado estándar y han logrado ingresar a mercados especializados a través de la diversificación de productos con alto valor agregado. En este sentido, fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y gerenciales de las personas dueñas, poseedoras y habitantes de las áreas forestales es fundamental para convertir a las comunidades y ejidos en agentes capaces de autogestionar sus recursos forestales de manera productiva, integral y sostenible. Promover el manejo forestal comunitario sostenible contribuye a conservar los ecosistemas forestales y, de manera simultánea, impulsa la actividad económica y el desarrollo rural bajo en carbono y sostenible.
Durante las últimas décadas se ha impulsado el establecimiento y el desarrollo de PFC como estrategia para aumentar la producción forestal del país, mejorar la productividad y competitividad de las materias primas forestales, contribuir a reducir el déficit nacional de abasto de materias forestales y generar alternativas de desarrollo sostenible en las regiones rurales del país. Además, las PFC tienen el potencial de reducir la presión en el aprovechamiento de los bosques naturales. A nivel mundial, las PFC cubren 7% de la superficie forestal, pero producen cerca del 46% de la madera que consume la industria.(17) En México, 9% de la producción forestal proviene ya de PFC.(18)
Durante el periodo 2000-2018 se han establecido en México 350 mil hectáreas de PFC, de las cuales 225 mil son con fines maderables con especies como el eucalipto, cedro rojo, pino, teca y melina, siendo los estados con mayor superficie plantada los correspondientes a Tabasco, Veracruz, Campeche y Chiapas. Por otro lado, las PFC no maderables representan el 29% del total y se plantaron para la producción de fibras, gomas, ceras, hojas, bambú, árboles de navidad y dendroenergéticos y, aunque se encuentran en varias entidades federativas, Coahuila y San Luis Potosí concentran más de la mitad de la superficie de las PFC no maderables. Por último, sólo el 7% de las PFC son de doble propósito.
Si bien las PFC son una actividad rentable en el mediano y largo plazo, es una actividad que requiere una alta inversión, que conlleva riesgos y que impone periodos largos para la recuperación económica. Adicionalmente, el establecimiento y desarrollo exitoso de una PFC depende de la adecuada preparación de los terrenos, la disponibilidad de tecnología para la producción de planta de calidad y el correcto manejo de la PFC. Históricamente, esta actividad recibió incentivos gubernamentales a fin de reducir los costos de producción y disminuir los riesgos. Sin embargo, en la actualidad es necesario ampliar y diversificar los mecanismos de acompañamiento y financiamiento para el establecimiento y desarrollo de las PFC.
Otro factor crucial para entender los bajos niveles de productividad, competitividad y valor agregado en el sector forestal, es la desvinculación entre los silvicultores, la industria forestal y el mercado; por su parte, la agenda de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías no ha resultado en la transferencia de paquetes tecnológicos que respondan a las necesidades en el territorio y que optimicen la producción. Asimismo, el modelo de asistencia técnica y acompañamiento a ejidos, comunidades, productores e industriales no ha tenido los resultados esperados. En gran medida, lo anterior se debe a la heterogeneidad en la calidad de los servicios ofertados y en la dificultad para discriminar entre ellos.
A su vez, el uso de tecnología obsoleta y la resistencia a la adopción de prácticas sostenibles que contribuyan a incrementar la productividad están estrechamente relacionados a la dificultad para financiar la adquisición de nuevas tecnologías, los procesos de transformación y el aprovechamiento, los cuales se caracterizan por ciclos productivos de larga duración y altos niveles de riesgo inherentes a la actividad e incertidumbre asociada a la limitada disponibilidad de información para modelar escenarios. Por lo tanto, la oferta de esquemas de financiamientos adecuados y atractivos es muy reducida. Además, los ejidos y comunidades suelen presentar dificultades para ofrecer un bien inmueble como garantía de un crédito y, por lo tanto, quedan excluidos de la mayoría de los esquemas de financiamiento.
Adicionalmente, otros aspectos como la sobrerregulación del sector, la alta carga de trámites burocráticos y la mala calidad y escasa cantidad de caminos forestales elevan los costos de producción e impacta negativamente la competitividad. Asimismo, la desvinculación entre productores, centros de transformación y mercados inhibe la formación de procesos productivos escalonados caracterizados por la suma de valor agregado en cada etapa. Esta dinámica inhibe la transformación del perfil productivo en el sector forestal, pues incentiva la producción y comercialización de materia prima o bienes de bajo valor agregado sin marcadores diferenciadores importantes.
Para atender esta problemática, el Programa Nacional Forestal 2020-2024 estableció el objetivo prioritario 1 "Promover el manejo forestal comunitario para el uso sostenible y diversificado de los recursos forestales, así como la integración y desarrollo de redes locales de valor competitivas que detonen economías locales para mejorar la calidad de vida de la población que habita en zonas forestales", que a través de sus estrategias y acciones puntuales contribuirá a reducir en mediano plazo los problemas que han impedido el desarrollo y competitividad del sector forestal.
 
2. Procesos de deforestación y degradación forestal que ponen en riesgo el bienestar de las personas.
El modelo de crecimiento y desarrollo no sostenible que, al no internalizar el valor económico de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas forestales a las cuentas económicas que subyacen a la toma de decisiones, favorece formas de producción y consumo que incentivan la pérdida de cobertura vegetal. De manera particular, la inadecuada valoración económica de los bienes y servicios ecosistémicos, así como los altos costos de oportunidad en el corto plazo del uso del suelo forestal ante otros usos alternativos, incentivan la deforestación.
La deforestación y degradación son las principales causas de la pérdida de patrimonio natural en México. La deforestación puede ser producto de un proceso que ocurre en un solo paso o como producto de una degradación gradual que supone la pérdida sostenida de la cubierta vegetal y de la capacidad del suelo para lograr la regeneración, con la consecuente pérdida en la capacidad de los ecosistemas en la provisión de bienes y servicios ambientales. Esta situación es agudizada por problemas institucionales que limitan la transversalidad de políticas públicas y la colaboración intergubernamental.
Se reconoce que los procesos de deforestación y degradación de los recursos forestales tienen orígenes tanto internos como externos al sector forestal, por lo que solamente a través de una perspectiva de transversalidad en las acciones y políticas públicas y con un enfoque territorial, será posible reestructurar y reducir las presiones que existen sobre los ecosistemas forestales. Para lo cual, el Programa Nacional Forestal 2020-2024 estableció el objetivo prioritario 2 "Proteger los ecosistemas forestales de factores que deterioran la cobertura vegetal para mantener el patrimonio natural y contribuir a la mitigación al cambio climático, para el bienestar de la población que habita en las zonas forestales y de la sociedad en general, a través de una gestión territorial", que a través de sus estrategias y acciones puntuales atenderá de manera directa los siguientes problemas.
Deforestación y tala clandestina
El 95% de la deforestación ocurre de manera ilegal, pues la SEMARNAT solamente autoriza el cambio de uso del suelo en un promedio 12 a 13 mil ha. al año, mientras que la deforestación bruta promedio anual es de 250-260 mil ha.(19) Los procesos de deforestación de mayor impacto en términos de la extensión de superficie forestal perdida son aquellos que involucran actividades agropecuarias comerciales altamente rentables, como el cultivo de aguacate, la palma de aceite, la soya y la producción de carne, así como actividades de subsistencia (roza, tumba y quema, ganadería extensiva y cultivo de maíz y frijol). Otras actividades de alto impacto, pero con afectaciones menores en términos de superficie deforestada, son los desarrollos turísticos, la minería, los proyectos inmobiliarios y el cultivo de enervantes.
El SIAP dio a conocer que en 2016 la frontera agrícola tuvo una superficie de 24.6 millones de hectáreas, equivalente al 12.6% del territorio nacional. De acuerdo a las series cartográficas de uso del suelo y vegetación del INEGI, entre los años 1993 a 2016, el porcentaje de tierras destinadas para la agricultura creció un 12.6% pasando de 23 millones a 32.7 millones de hectáreas.
Adicionalmente, la debilidad del estado de derecho (que se refleja en la existencia de corrupción, insuficiente inspección y vigilancia, presencia del crimen organizado, impunidad) facilita la extracción clandestina y el "lavado" de materias primas forestales, principalmente madera, para uso comercial. La extracción y comercialización informal/ilegal de madera impacta negativamente la competitividad forestal. Estos productos compiten de manera directa con los productos de procedencia legal y crean distorsiones de mercado que desincentivan la inversión productiva en el sector forestal. Esta dinámica menoscaba el potencial del sector para generar empleos formales, contribuir a la economía rural, impulsar el desarrollo y favorecer el bienestar de las personas.
Incendios forestales
El fuego forma parte de la dinámica natural de algunos ecosistemas forestales, pero puede generar daños de gran magnitud en otros. La frecuencia y estacionalidad de los incendios determina qué especies del ecosistema persisten y cuáles perecen. Cuando los intervalos entre incendios son muy cortos o muy prolongados se produce una reducción de especies vegetales y una reducción de la biodiversidad. En la última década, los efectos del cambio climático han incidido en la frecuencia y la propagación de los incendios forestales mediante cambios en la alteración de la temperatura, la precipitación, la humedad en el ambiente, el viento, la dinámica de los combustibles forestales, la composición de las especies, la estructura de la vegetación y la humedad del suelo.
Además de los factores meteorológicos, existen otros elementos que inciden en el origen y la propagación de los incendios forestales, siendo los principales: la acumulación de combustibles forestales, que se presenta en bosques densos con falta de manejo silvícola y que se ve favorecida por factores como la sequía; los huracanes, la presencia de plagas o especies invasoras; la limitada capacidad de respuesta para la atención de incendios forestales dañinos por la falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los propietarios de los terrenos forestales; la falta de cultura y consciencia ambiental en la ciudadanía y, las quemas agropecuarias.
Los incendios forestales han magnificado su frecuencia, intensidad y peligrosidad, debido al cambio climático y a las omisiones en acciones preventivas. De esta manera, para el periodo 2009-2018 se tiene un promedio anual de 7,871 incendios, con una superficie afectada promedio de 385, 815 ha. por año. Sin embargo, los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), han superado por mucho este comportamiento.
Comparativo de incendios forestales y superficie afectada (al 31 de diciembre de cada año)

Plagas y enfermedades forestales
Las plagas forestales son una de las principales causas de degradación y pérdida de los ecosistemas en México. En los últimos diez años, la superficie con afectaciones de plagas y enfermedades alcanzó un promedio de 99,968 hectáreas (Figura 4). El efecto de la variación climática, originada por el calentamiento global es un factor que determina el comportamiento de insectos y patógenos y el efecto de su interacción en los ecosistemas forestales. Por lo tanto, se prevé que las alteraciones ambientales vinculadas al cambio climático tengan un impacto negativo en la salud de los ecosistemas forestales. El aumento de las temperaturas, los cambios en las precipitaciones, la acentuación de las sequías y el incremento en la concentración de CO2 en la atmósfera pueden llevar al desequilibrio de los ecosistemas forestales debido al cambio en el comportamiento de los insectos y patógenos y, por lo tanto, a un aumento gradual de la mortalidad de la vegetación forestal.
Los factores climáticos contribuyeron al incremento súbito de la superficie afectada por insectos descortezadores (de 18 mil ha. a 126 mil ha. en 2012), el agente causal de daño más importante en México por su amplia distribución en los bosques de coníferas y efecto mortal sobre los árboles afectados. Por su parte, los insectos defoliadores reducen el crecimiento de los árboles hasta en 30% y, en ocasiones, llegan a producir su muerte. Las plantas parasitarias constituyen otra amenaza importante para el sector forestal, pues merman el crecimiento de los árboles. En regiones forestales de producción maderable, las infecciones por muérdago causan hasta un 60% de pérdida del valor comercial de la madera. Además, la infestación por muérdago o por insectos defoliadores aumenta la vulnerabilidad de los árboles al ataque de insectos descortezadores.
3. Disminución de la capacidad de provisión de servicios ambientales
De conformidad con el informe titulado "Ecosystems and Human Well-Being: a framework for assessment"(20), el cual define a los servicios ambientales como los beneficios que la gente obtiene de los ecosistema, incluyen los servicios de provisión, de regulación y los culturales, así como los servicios de soporto que sustentan los anteriores, los cuales son considerados como un bien público esencial para el desarrollo. Sin embargo, la capacidad de provisión de servicios ambientales se encuentra en riesgo debido a los procesos de deforestación y degradación y a la falta de valoración de estos servicios y de su internalización en las políticas públicas.
En este contexto, los esquemas de pagos por servicios ambientales se implementan en México desde el año 2003 y ya cuentan con una evaluación de impacto publicada, con toda la rigurosidad científica y metodológica, respaldada por el CONEVAL, cuyos resultados se publicaron en 2018, en la cual se determina su efectividad para conservar la cobertura forestal, para crear capital social y para impulsar el manejo forestal.
Sin embargo, se requieren fortalecer las acciones para contrarrestar las causas subyacentes o indirectas económicas asociadas a los mayores costos de oportunidad de actividades intensivas no sustentables agropecuarias, forestales, extracción minera, extracción y manejo de hidrocarburos, construcción de zonas turísticas y desarrollo de zonas urbanas.
Asimismo, en el año 2017 la FAO estimó que el 63% de las tierras de México sufren algún tipo de degradación, experimentando pérdida de fertilidad que se traduce en la baja capacidad para producir alimentos, así como la inminente pérdida de biodiversidad. En un país con más de 120 millones de habitantes, la décima nación más poblada del mundo, la restauración de los terrenos constituye un tema obligado para la agenda de gobierno y dadas sus potenciales repercusiones, debe ser considerado un tema de seguridad nacional.
Además de la pérdida de disponibilidad y calidad de agua deben considerarse otros efectos negativos por la reducción de la cubierta forestal y el deterioro de los ecosistemas forestales; como consecuencia de la erosión y la degradación del suelo, aumentan los riesgos de daños ocasionados por lluvias, deslaves, inundaciones e incendios forestales.
Asimismo, provocan importantes alteraciones en la hidrología en términos de cantidad y calidad de agua disponible; el reconocimiento y valoración de la relación entre los bosques y el agua debe propiciar políticas que contribuyan a una adecuada gestión de los territorios con cobertura forestal, impulsando las actividades de conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales, que garanticen y puedan ampliar al máximo los beneficios del suministro hídrico.
Datos de 2017 publicados por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), indican que 480 municipios de 13 entidades federativas son los más vulnerables al cambio climático, la mayoría localizados en la región sur sureste del país, en estados donde se combinan pobreza, rezago social, pueblos originarios y biodiversidad.
En este contexto, es importante diseñar, desarrollar, implementar y consolidar una estrategia nacional de restauración forestal con un enfoque interdisciplinario, integral, intersectorial y, territorial de largo plazo que favorezca el manejo integrado de ecosistemas y cuencas para su uso sustentable y conservación.
Es por ello que el Programa Nacional Forestal 2020-2024, estableció el objetivo prioritario 3 "Conservar y restaurar la capacidad de provisión de servicios ecosistémicos de áreas forestales estratégicas, mediante un enfoque incluyente y participativo que contribuya a garantizar un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de la población".
4. Bajos niveles de gobernanza forestal, inclusión y participación ciudadana
Pese a la gran riqueza biocultural de México, la cultura de prevención, protección, manejo y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales es insuficiente. Existe un gran desconocimiento sobre la importancia y, por lo tanto, sobre el valor de los bienes y servicios que proveen estos ecosistemas. Lo anterior se traduce en prácticas inadecuadas de cultivo y aprovechamiento, así como en actitudes y comportamientos sociales poco favorables para la protección y conservación de los recursos forestales o el establecimiento de modelos de producción y consumo responsables con el cuidado del medio ambiente. La conducta colectiva resultante tiene un impacto negativo en la prevención, detección y atención oportuna de incendios y plagas y enfermedades forestales. También afecta la preservación de la cobertura forestal, pues este comportamiento incentiva prácticas que aceleran la deforestación.
La participación de los diferentes actores de la sociedad es cada vez más necesaria, con una mejor y más efectiva incidencia, no solo en el diseño de políticas públicas, sino también en su ejecución y posterior evaluación. Actualmente, aun cuando se cuenta con el CONAF y los Consejos Estatales Forestales, se identifican áreas de oportunidad para fortalecer su organización y operación, así como su articulación con otras plataformas de participación, asesoría y consulta disponibles.
La participación de mujeres, jóvenes y comunidades indígenas presenta barreras de tipo normativo y de deficiencias institucionales en el diseño de programas y acciones afirmativas que realmente igualen y faciliten las oportunidades de participación de estos grupos de atención específica.
Existe dificultad para generar y acceder a información oportuna y relevante sobre el sector forestal, lo cual dificulta la toma de decisiones estratégicas, tanto por parte de comunidades, ejidos, propietarios, legítimos poseedores, productores, industriales, investigadores, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos interesados, como por parte de las autoridades federales, estatales y municipales.
Persisten problemas de una asistencia técnica de baja calidad a los propietarios y poseedores de los recursos forestales, así como una desvinculación de la investigación y desarrollo tecnológico con las demandas y necesidades del sector forestal.
Para lo cual, el Programa Nacional Forestal 2020-2024, estableció el objetivo prioritario 4 "Impulsar un nuevo modelo de gobernanza, pluralidad y participación social y ciudadana efectiva e incluyente, en el sector forestal", orientado a contribuir a solucionar las problemáticas a las que se enfrenta el sector forestal en materia de gobernanza forestal, inclusión y participación ciudadana.
5. Deficiente transversalidad y coordinación entre instituciones de los tres órdenes de gobierno.
Hay causas de origen institucional y de políticas sectoriales contradictorias, que propician un efecto adverso en el manejo del territorio, por los programas de apoyos que compiten, principalmente del sector agroalimentario, contra los programas y acciones para impulsar el desarrollo forestal sustentable. No obstante, los propietarios y comunidades tienen pocos incentivos para mantener la sustentabilidad productiva de las tierras agropecuarias y forestales, por una parte, ante la pobreza rural que lucha por la subsistencia usando tierras ya erosionadas y, por otra parte, ante la presión de la demanda de los mercados nacionales e internacionales de productos alimenticios, minerales, combustibles, fibras, entre otros, aunado a que no se le ha dado valor institucional ambiental a los suelos y las tierras con manejo sustentable.
Se requiere mejorar la coordinación entre dependencias y entre órdenes de gobierno, conceptualizando el territorio como un paisaje integrado en el que sociedad y actores involucrados en la toma de decisiones, reconozcan que puede lograrse una funcionalidad más adecuada utilizando la planeación y el manejo basados en una lógica de territorios, paisajes y cuencas, y no una de polígonos de uso de suelo, de tal forma que se aspire a lograr unidades territoriales en el ámbito rural con múltiples usos de suelo capaces de ofrecer funcionalidad ambiental, social y económica(21). Para ello se estableció en el Programa Nacional Forestal 2020-2024, el objetivo prioritario 5 "Promover una articulación institucional efectiva y mejorar el desarrollo de capacidades institucionales para la atención del sector forestal".
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable publicada en junio de 2018 presenta áreas de oportunidad muy importantes, que obligan a atender los errores y duplicidades que contiene, lo cual genera una atención deficiente por parte de las instituciones responsables de atender lo dispuesto y genera costos adicionales a la ciudadanía. El CONAF expresó su opinión de integrar una propuesta de adecuación a la Ley vigente, así como también una revisión a los trámites y procedimientos que actualmente se revisan.
Los cinco problemas prioritarios antes expuestos, están estrechamente relacionados con los principios rectores del PND, principalmente con: "Economía para el bienestar"; "El mercado no sustituye al estado"; "Por el bien de todos, primero los pobres"; y "No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera". La relación en particular con este último, que realiza el planteamiento de "...Propugnamos un modelo de desarrollo respetuoso de los habitantes y del hábitat, equitativo, orientado a subsanar y no a agudizar las desigualdades, defensor de la diversidad cultural y del ambiente natural, sensible a las modalidades y singularidades económicas regionales y locales y consciente de las necesidades de los habitantes futuros del país, a quienes no podemos heredar un territorio en ruinas.", es vinculante con el Programa Nacional Forestal 2020 2024, liderado por la CONAFOR que estará impulsando a nivel local, bajo el enfoque de manejo integrado del territorio, desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación, restauración, aprovechamiento sustentable, producción, comercialización y educación técnica forestal, así como las cadenas productivas y redes de valor en materia forestal (Art. 15, LGDFS), al tiempo que contribuye al eje de actuación de Política Social del PND, que impulsará el desarrollo sostenible, como factor indispensable del bienestar, orientado a satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para cubrir sus propias necesidades, considerando principios éticos, sociales, ambientales y económicos para garantizar un futuro mínimamente habitable y armónico para las y los mexicanos.
6.- Objetivos prioritarios
El Programa Nacional Forestal 2020-2024, se elaboró a través de un proceso participativo de planeación estratégica, de participación y consulta ciudadana, y de retroalimentación por los órganos de consulta del sector forestal, y de dependencias de la APF. Durante los foros estatales de consulta ciudadana, se contó con la participación de dueños y poseedores de terrenos forestales, representantes de pueblos indígenas, jóvenes y mujeres silvicultoras o productoras, representantes de organizaciones de silvicultores o productores forestales, de las organizaciones de la sociedad civil, académicos e investigadores, industriales forestales, prestadores de servicios técnicos forestales, de los gobiernos estatales y municipales y, de las dependencias y entidades de la(APF).
Bajo dicho proceso participativo, se logró captar y documentar la percepción sobre la problemática actual a la que enfrenta el sector forestal, el nivel de gravedad, la prioridad de atención y el análisis de propuestas de solución. Con base en lo anterior el Programa Nacional Forestal 2020-2024, estableció 5 objetivos prioritarios, 26 estrategias y 188 acciones puntuales. Los objetivos prioritarios son:
Objetivos prioritarios del Programa Nacional Forestal 2020-2024
1.- Promover el manejo forestal comunitario para el uso sostenible y diversificado de los recursos forestales, así como la integración y desarrollo de redes locales de valor competitivas que detonen economías locales para mejorar la calidad de vida de la población que habita en zonas forestales.
2.- Proteger los ecosistemas forestales de factores que deterioran la cobertura vegetal para mantener el patrimonio natural y contribuir a la mitigación al cambio climático, para el bienestar de la población que habita en las zonas forestales y de la sociedad en general, a través de una gestión territorial.
3.- Conservar y restaurar la capacidad de provisión de servicios ecosistémicos de áreas forestales estratégicas, mediante un enfoque incluyente y participativo que contribuya a garantizar un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de la población.
4.- Impulsar en el sector forestal un nuevo modelo de gobernanza, pluralidad y participación social y ciudadana efectiva e incluyente.
5.- Promover una articulación institucional efectiva y mejorar el desarrollo de capacidades institucionales para la atención del sector forestal.
 
6.1.- Relevancia del Objetivo prioritario 1: Promover el manejo forestal comunitario para el uso sostenible y diversificado de los recursos forestales, así como la integración y desarrollo de redes locales de valor competitivas que detonen economías locales para mejorar la calidad de vida de la población que habita en zonas forestales.
El régimen de tenencia comunitaria de la mayor parte de los terrenos forestales de México representa un caso único en el mundo, como resultado de las reformas agrarias que surgieron a partir de la Revolución Mexicana, en las primeras décadas del siglo XX gran parte de los derechos de los terrenos forestales fueron transferidos a los ejidos y comunidades rurales, se estima que a final de los años setenta un 80% de la superficie forestal total del país estaba bajo el control comunitario.
México ha reconocido la importancia de conservar, manejar y restaurar activamente los ecosistemas forestales y con ello los invaluables bienes y servicios ambientales que ofrecen. Ha desarrollado políticas públicas específicas para promover que las comunidades que los habitan obtengan mejores oportunidades de bienestar a través de su manejo sustentable. Hoy en día, estos esfuerzos toman una mayor relevancia particularmente frente a los retos que nos impone el fenómeno del cambio climático.(22)
Las zonas forestales del país presentan fuertes disparidades con el resto del país, por ejemplo el porcentaje de viviendas particulares habitadas sin drenaje es casi cuatro veces mayor en las áreas forestales que en todo el país. Algo similar se observa respecto a la disponibilidad de agua entubada, en donde el porcentaje nacional es de 11% de viviendas sin este servicio y de 30% en las áreas forestales. Asimismo a pesar de que en México sólo 19% de las viviendas particulares habitadas están en áreas forestales, es ahí donde habita 45% de las sin acceso a la educación de 15 años y más, 68% de las viviendas sin drenaje, 67% de las viviendas sin energía eléctrica y otras características similares. Es decir, es en las áreas forestales donde se encuentran los mayores niveles de rezago.
En la actualidad existe una extensión considerable de terrenos forestales de propiedad comunal los cuales dependen de los ecosistemas forestales; a pesar de esto, muchos ejidos y comunidades a través de Empresas Forestales Comunitarias (EFC) han tenido experiencias de éxito en el manejo activo de sus bosques con fines productivos con diferentes niveles de integración y madurez, incluyendo una progresiva incorporación de superficies de manejo a esquemas de certificación, permitiendo demostrar que este tipo de actividad puede ser un motor de desarrollo regional que genera riqueza económica y bienestar social, además de asegurar su conservación y generación de importantes beneficios ambientales asociados a los ecosistemas forestales y a las cuales sin duda corresponde el derecho de contar con mejores oportunidades de desarrollo y calidad de vida.
Por otra parte, el Gobierno de México impulsará, en el marco de actuación de la Política Social, el desarrollo sostenible como factor indispensable del bienestar y ,para el sector forestal, el manejo forestal comunitario para el uso sostenible y diversificado de los recursos forestales será una alternativa viable para promover el desarrollo regional en el que pueden confluir valores de equidad, conservación ambiental y rentabilidad económica, contribuyendo a enfrentar el problema de la pobreza de las zonas rurales.
Actualmente, la problemática identificada muestra que gran parte de la superficie forestal con potencial para el aprovechamiento forestal maderable y no maderable no está incorporada a algún esquema de aprovechamiento debido ,principalmente, al bajo nivel de capacidades de organización de los dueños y poseedores de los terrenos forestales, lo cual está relacionado con el alto porcentaje de analfabetismo en estos lugares que repercute en una baja diversificación productiva y un bajo nivel de valor agregado de la producción forestal.
La experiencia del manejo forestal comunitario en México debe ser analizada en un contexto más amplio en el que las condiciones de los bosques, tanto de México como del mundo, han sufrido transformaciones de peso en los últimos años. El sector forestal debe enfrentar nuevos eventos y procesos, entre los más significativos se encuentran: las nuevas amenazas ambientales vinculadas al cambio climático; el incremento en la demanda nacional de productos forestales; el incremento de la influencia de los mercados internacionales y la globalización; la demanda emergente de servicios ambientales y el desarrollo de nuevos mercados para éstos; y la creciente preocupación internacional sobre las condiciones de gobernabilidad necesarias para asegurar el uso sustentable de los bosques.
México cuenta con una superficie potencial de 20.8 millones de hectáreas para incorporar al Manejo Forestal Sustentable, de las cuales 830 mil hectáreas son potenciales para establecer Plantaciones Forestales Comerciales.(23)
Hoy en día se ha apoyado la elaboración de estudios técnicos forestales a fin de que los dueños o poseedores de terrenos forestales obtengan autorización para el aprovechamiento legal de recursos maderables y no maderables en 444.6 mil hectáreas, que se incorporan o reincorporan al aprovechamiento y a la producción forestal. Además de apoyar el establecimiento de plantaciones forestales comerciales que contribuirán al incremento de la producción y competitividad del sector forestal.
La CONAFOR impulsará el manejo forestal comunitario para el uso sostenible y diversificado de los recursos forestales, mediante el diseño e implementación de una estrategia nacional de manejo forestal comunitario con enfoque territorial y biocultural bajo los principios de sustentabilidad, equidad e inclusión, para fortalecer la gobernanza local y las capacidades técnicas, organizacionales, asociativas, de planeación y empresariales; además de incrementar la superficie incorporada al manejo y uso sostenible de los recursos forestales maderables y no maderables, considerando su potencial productivo, los escenarios de cambio climático y los compromisos adoptados por nuestro país en materia de mitigación y adaptación al cambio climático.
Igualmente, la CONAFOR impulsará el establecimiento y desarrollo de plantaciones forestales comerciales en regiones con mayor potencial productivo, con respeto a las salvaguardas sociales y ambientales, y promoverá y apoyará los procesos de certificación y la ejecución de prácticas de mejoramiento silvícola que optimicen el potencial productivo y conserven la biodiversidad; además de apoyar y promover bajo un enfoque territorial, los procesos de abastecimiento y transformación de materias primas y productos forestales, con el propósito de impulsar su aprovechamiento óptimo e integral y la generación de valor agregado.
Además, la CONAFOR desarrollará y fortalecerá las redes locales de valor para vincular a productores, empresas e industrias forestales entre y con los mercados, con el propósito de detonar economías locales, impulsar el mercado interno y contribuir a disminuir el déficit de la balanza comercial forestal.
Es importante desarrollar e implementar una Estrategia Nacional de Financiamiento Forestal para ampliar la oferta y el acceso a mecanismos de financiamiento adecuados a los ciclos y procesos productivos del sector forestal. De ahí surge la importancia de este objetivo, ya que se orienta a fortalecer a los ejidos y comunidades del país, bajo la premisa de resolver desigualdades sociales y económicas, y mediante un enfoque de mitigación y adaptación al cambio climático.
6.2.- Relevancia del Objetivo prioritario 2: Proteger los ecosistemas forestales de factores que deterioran la cobertura vegetal para mantener el patrimonio natural y contribuir a la mitigación al cambio climático para el bienestar de la población que habita en las zonas forestales y de la sociedad en general, a través de una gestión territorial.
La pérdida de cobertura forestal en México continúa siendo alarmante, debido a las consecuencias que esto representa en el corto, mediano y largo plazo, tales como la reducción de especies de flora y fauna; actualmente existen 3,524 especies de plantas y animales de México incluidas en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La disminución de capacidad de absorción de CO2, la degradación de suelos y capacidad productiva, el detrimento de la capacidad de infiltración de agua a los mantos acuíferos y con ello la reducción de la capacidad de regulación de los ciclos hidrológicos, ha provocado inundaciones y desastres con cuantiosas pérdidas materiales y humanas en centros de población con mayor vulnerabilidad, así como el impacto en la variabilidad climática.
 
En materia de especies, México alberga una de las biotas más diversas del planeta. Por ello está en el grupo de países "mega diversos". La cifra de especies se estima entre las 180,000 y las 216,000, que significan entre 10 y 12% de las especies descritas en el mundo. Además de su elevada diversidad, muchas especies se distribuyen exclusivamente en México, son endémicas. Ejemplo de ello es que entre 50 y 60% de las especies conocidas de plantas del mundo se encuentran solamente en nuestro territorio, entre ellas 21 especies de pinos, 146 de agaves y 715 de cactáceas. Además, hay 163 especies endémicas de peces de agua dulce (42% del total mundial), 174 de anfibios (48% del total), 368 de reptiles (45% del total), 125 de aves (11% del total) y 169 de mamíferos (31% del total).
La principal causa de la deforestación es el cambio de uso del suelo para convertir los ecosistemas forestales en áreas agropecuarias, práctica que ha sido fomentada por la inadecuada aplicación de las políticas públicas de los tres niveles de gobierno a través de incentivos con deficiente coordinación, acompañamiento y supervisión.
Otro factor que atenta contra los bosques es la tala ilegal, un problema grave en nuestro país, pues se estima que el 70% del mercado nacional de madera tiene procedencia ilegal.
Los incendios forestales son otro de los factores que fragmentan los ecosistemas forestales y generan cambios de uso del suelo. Durante el período de 1970 a 2018 ocurrieron en promedio 7,088 incendios anuales con una afectación de 253,392 hectáreas por año.
Las plagas y enfermedades son otro de los factores que deterioran la cobertura forestal que, sumadas al incremento de sequías extremas y de los incendios forestales, se incrementa la vulnerabilidad de los ecosistemas forestales a las afectaciones por plagas y enfermedades. Durante el período de 2001 a 2018 se registraron afectaciones por plagas y enfermedades en 77,219 hectáreas en promedio al año.
De acuerdo con un análisis de la dinámica de cambio de los recursos forestales del país realizado por la CONAFOR, con información de las Cartas de Uso de Suelo y Vegetación (Series II, III, IV, V y VI) del INEGI para el Informe Nacional de la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2020, se estimó que en el periodo 1990 a 1999 la deforestación neta anual fue de 221 mil ha. por año, en tanto que para el periodo 2010 a 2015 fue de 122.5 mil ha. por año y para el periodo de 2015 a 2020 se estimó en 127.8 mil ha. por año.
Superficie deforestada y tasa de deforestación entre 1990 y 2020.
Indicador
1990-1999
2000-2005
2005-2010
2010-2015
2015-2020
Deforestación (pérdida de superficie
anual promedio calculado en miles de
ha)
-221
-163.1
-124.5
-122.5
-127.8(24)
Tasa de deforestación anual promedio
(%)
-0.31
-0.24
-0.184
-0.18
-0.193
De acuerdo con la problemática identificada, es de vital importancia proteger los ecosistemas forestales de factores que deterioran la cobertura vegetal para mantener el patrimonio natural y contribuir a la mitigación al cambio climático, favoreciendo el bienestar de la población que habita en las zonas forestales y de la sociedad en general, para lo cual el presente objetivo contempla cinco estrategias para hacer frente a las cuatro problemáticas principales: i) Implementar la ENAREDD+; ii) abatir la tala ilegal y el contrabando forestal; iii) manejo del fuego en ecosistemas forestales y disminución de la afectación por los incendios forestales; iv) manejo y control de las poblaciones de agentes causales de plagas y enfermedades; y v) controlar a través de acciones coordinadas el uso y manejo del fuego en la frontera agropecuaria - forestal.
La implementación de las estrategias contempla el trabajo interinstitucional con las dependencias involucradas en cada una de las problemáticas y que cuentan con atribuciones para contribuir de manera directa e indirecta a la solución de la problemática en las diferentes regiones del país.
De igual manera, con este objetivo y sus estrategias, se logrará disminuir la vulnerabilidad de los centros de población que corren mayor riesgo de ser afectados por los efectos del cambio climático, con lo que se contribuye a disminuir los riesgos ante referidos efectos.
6.3.- Relevancia del Objetivo prioritario 3: Conservar y restaurar la capacidad de provisión de servicios ecosistémicos de áreas forestales estratégicas, mediante un enfoque incluyente y participativo que contribuya a garantizar un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de la población.
Los servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas forestales son de vital importancia, ya que son la fuente de la vida en la tierra al brindarnos "servicios de regulación" que permiten regular el ciclo del
agua, regulan el clima y mantienen la calidad del aire que respiramos al capturar y almacenar el CO2 que se emite a la atmósfera por diversas fuentes, contribuye a moderar y reducir daños por fenómenos climatológicos extremos dentro de cuencas y microcuencas, previenen la erosión y conservación de la fertilidad del suelo, sostienen la mayor parte de la producción alimentaria y regulan las poblaciones de agentes causales de plagas y enfermedades.
Otro tipo de servicios que proveen son los "servicios de abastecimiento" tales como alimentos, materias primas maderables y no maderables; agua dulce y recursos medicinales. Los "servicios de apoyo o soporte" también son fundamentales para conservar el hábitat de diversos tipos de ecosistemas que sustentan los demás servicios ecosistémicos. Asimismo, proporcionan "servicios culturales" tales como espacios para actividades de recreación basadas en la naturaleza que permiten mantener la salud mental y física, actividades eco turísticas, apreciación estética e inspiración para la cultura el arte y el diseño, así como espacios para actividades espirituales y de sentido de pertenencia.
Sin embargo, debido a la baja valoración de los servicios ecosistémicos, principalmente por desconocimiento o bajo nivel de conciencia ambiental, a los altos costos de oportunidad del uso del suelo forestal ante otros usos alternativos con una mayor rentabilidad en menos tiempo, pero que presentan problemas de sostenibilidad en el largo plazo, al crecimiento demográfico y de los centros de población, a las actividades ilícitas que fragmentan los ecosistemas forestales y el tejido social, se ejerce una presión económica a la deforestación con cambios de uso del suelo forestal, ya sea de manera legal o ilegal, repercutiendo en la reducción y alteración de los ecosistemas y con ello la pérdida o disminución de la calidad, cantidad y constancia de los servicios ambientales que nos ofrecen.
Lo anterior, pone en riesgo la viabilidad económica de la sociedad con costos que se reflejan en la disminución de la capacidad de producción agroalimentaria, disminución de la calidad de vida, incremento de las brechas de pobreza, deterioro y pérdida de infraestructura, así como pérdidas humanas por desastres naturales.
México está perdiendo su cobertura forestal a una tasa bruta de 250 a 260 mil hectáreas por año y a una tasa neta de 127 mil hectáreas por año(25). El cambio de uso del suelo ilegal, la tala clandestina, el comercio ilegal de materias primas y productos forestales, los incendios, plagas y enfermedades forestales, y las prácticas inadecuadas de manejo forestal, son las principales causas directas que contribuyen a la pérdida y la degradación de la cobertura forestal.
La deforestación puede ser producto de un proceso que ocurre en un solo paso o como producto de una degradación gradual que supone la pérdida sostenida de la cubierta vegetal y de la capacidad del suelo para lograr la regeneración, con la consecuente pérdida en la capacidad de los ecosistemas en la provisión de bienes y servicios ambientales. De acuerdo con la SEMARNAT, 23.51% de la superficie nacional presenta procesos físicos o químicos de degradación y 21.4% presenta erosión eólica o hídrica.(26)
De acuerdo a las series cartográficas de uso del suelo y vegetación del INEGI, entre los años 1993 a 2016, el porcentaje de tierras destinadas para la agricultura creció un 12.6% pasando de 23 millones a 32.7 millones de hectáreas.(27)
Por otra parte, para el periodo 2009-2018 se tiene un promedio anual de 7,871 incendios, con una superficie afectada promedio de 385.8 mil hectáreas por año. Sin embargo, los últimos tres años (2017, 2018 y 2019) han superado por mucho este comportamiento.
Las plagas forestales son una de las principales causas de degradación y pérdida de los ecosistemas en México. En los últimos diez años, la superficie con afectaciones de plagas y enfermedades alcanzó un promedio de 99.9 mil hectáreas. El efecto el cambio climático es un factor que determina el comportamiento de insectos y patógenos y el efecto de su interacción en los ecosistemas forestales.
Conforme a los datos de la Sexta Comunicación Nacional de México ante la CMNUCC(28), el sector forestal representa el único sumidero neto de carbono, así como también una de las principales oportunidades para la mitigación del cambio climático, siendo capaz de absorber hasta el 24% del total de las emisiones nacionales.
Existen en México 480 municipios con vulnerabilidad alta y muy alta (20% de los existentes en el país) a impactos por el cambio climático, en particular a sequías, inundaciones y deslaves. Los escenarios de cambio climático que se estiman para México para el periodo comprendido de 2015 a 2039, son preocupantes. Se proyectan temperaturas anuales mayores hasta en 2°C en el norte del país, mientras que en la mayoría del territorio podrían oscilar entre 1 y 1.5°C. En el caso de la precipitación, se proyectó, en general, una disminución de entre 10% y 20%(29).
 
Actualmente, todos los tipos de servicios ambientales que prestan los ecosistemas muestran signos de deterioro, por ejemplo, la capacidad de absorción de los contaminantes que se emiten a la atmósfera y al suelo se han visto rebasados, la capacidad de regulación del clima se ha visto alterada en diversas regiones, el alto grado de presión sobre el recurso hídrico en las regiones del centro y norte del país, al cierre de 2017 se reportaron 105 acuíferos sobreexplotados de los 653 clasificados en el país, 18 con intrusión marina y 32 acuíferos con presencia de suelos salinos y agua salobre.
Finalmente, de acuerdo con estimaciones realizadas por Boyd R., Ibarraran ME. 2011(30), los costos del cambio climático, rondan en el orden de 1.1% del PIB anual, además de la regresividad de este costo, debido a que los pobres pierden mayor bienestar que los ricos.
De acuerdo con lo anterior, adquiere relevancia el diseño de intervenciones que permitan conservar y mejorar la capacidad de provisión de servicios ecosistémicos en áreas forestales estratégicas para la población, mediante un enfoque incluyente y participativo basado en la igualdad de derechos y la interculturalidad. Para lo cual, el presente objetivo se ha compuesto de tres estrategias que consisten en: i) restablecer las funciones ambientales en áreas forestales degradadas en microcuencas prioritarias, bajo un enfoque de manejo integrado del territorio con acciones de restauración productiva; ii) incorporar superficie a esquemas de conservación activa en zonas estratégicas para mantener la provisión de los servicios ambientales; y iii) incorporar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en todas las acciones de intervención en los ecosistemas forestales.
La estrategia contempla una secuencia en las acciones de restauración, conservación activa y uso sostenible de