DOF: 01/11/2001

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 52/99, relativo a la creación de un nuevo centro de población ejidal, que de constituirse se denominará Miguel Hidalgo y Costilla, Municipio de Tamazula de Gordiano, Jal.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Superior Agrario.- Secretaría General de Acuerdos.

  Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio agrario número 52/99, correspondiente al expediente institucional 2156, relativo al nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominará "Miguel Hidalgo y Costilla", Municipio de Tamazula de Gordiano, Estado de Jalisco, en cumplimiento a la ejecutoria dictada el tres de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de garantías DA615/99; juicio agrario que se encuentra relacionado con el diverso expediente 1457/93, correspondiente a la acción de dotación de tierras promovido por el poblado "Cerro del Comal" del municipio y estado antes mencionado, y

RESULTANDO:

  PRIMERO.- Por escrito de tres de enero de mil novecientos ochenta y seis, un grupo de campesinos  
de los municipios de Tamazula y Zapotiltic del Estado de Jalisco, solicitó la creación de un nuevo centro de población ejidal, que de constituirse se denominaría "Miguel Hidalgo y Costilla", al titular de la Secretaría  
de la Reforma Agraria, señalando como fincas susceptibles de afectación los predios denominados "Ojo de Agua", "Lo de Ovejo", "Las Borregas", "Milpillas", "El Saltito", "Candelillas", "El Mirador", "Media Luna" y "Palos Verdes", predios que se ubican en el Municipio de Zapotiltic, además de "El Panal", "La Tijera",  
"Cerro del Comal", "La Turbina", "El Juntadero", "El Charco Hediondo", "El Chilillo", "Los Amoles", "La Mesa de las Vigas", "Montecillo", "El Caballito" y "La Higuerita", estos últimos ubicados en el Municipio de Tamazula de Gordiano.

  SEGUNDO.- Turnada la petición de referencia a la Dirección de Nuevos Centros de Población Ejidal dependiente de la Dirección General de Procedimientos Agrarios, se instauró la acción intentada, el once de junio de mil novecientos ochenta y siete, correspondiéndole el expediente número 2156.

  El veinticuatro de junio de mil novecientos ochenta y siete, se publicó la solicitud de mérito en el Diario Oficial de la Federación, posteriormente y por oficio número 465955 de once de junio del mismo año,  
la Dirección General de Procedimientos Agrarios, giró instrucciones al delegado Agrario en el Estado de Jalisco, para que gestionara la publicación correspondiente en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, sin que aparezca constancia alguna de su publicación.

  TERCERO.- La Dirección General de Procedimientos Agrarios formuló proyecto, contenido en el oficio 465996 de veintidós de julio de mil novecientos ochenta y ocho, por el que propuso afectar una superficie total de 569-54-53 (quinientas sesenta y nueve hectáreas, cincuenta y cuatro áreas, cincuenta y tres centiáreas), a tomarse de las fracciones de los remanentes de las ex-Haciendas "Santa Cruz" y "El Cortijo" y del predio denominado "Cerro del Comal", ubicados en el Municipio de Tamazula (sic).

  CUARTO.- El dieciséis de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, la Comisión Agraria Mixta en el Estado de Jalisco, emitió opinión en el sentido de que se negara la creación del nuevo centro de población ejidal, en virtud de que los predios señalados como afectables se encontraban amparados con los certificados de inafectabilidad agrícola números 198792, 198892, 198956, 198893, 198954 y 198953.

  QUINTO.- Por su parte el Gobernador del Estado de Jalisco, también emitió su opinión el doce de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, proponiendo que se declarará improcedente la acción intentada, esgrimiendo los mismos razonamientos que hizo valer la Comisión Agraria Mixta de esa entidad federativa.

  SEXTO.- Con motivo de las notificaciones efectuadas, mediante escrito de quince de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, comparecieron al procedimiento Jorge Lancaster Jones y Verea y Guillermo Rosales Pérez Castro, con el carácter de apoderados legales del ingeniero Eduardo Lancaster Jones Verea, ingeniero Alberto Lancaster Jones Verea, Fanny Lancaster Jones Verea, Susana Verea Prieto de Martínez Alatorre y Jorge Verea Palomar, aportando las siguientes pruebas:

  1.- Testimonio notarial de quince de julio de mil novecientos ochenta y cinco, relativo al poder general para pleitos y cobranzas que a favor de Jorge Lancaster Jones Verea y Guillermo Rosales Pérez Castro, otorgaron los particulares de nombres antes apuntados.

  2.- Copia certificada de la escritura pública 6,004 de treinta y uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, relativa al contrato de compraventa por el cual Antonio Verea de L. Corcuera, Elena Verea de Prieto, Margarita Verea Prieto, Susana Verea Prieto de Martínez Alatorre, Javier Verea Prieto y Jorge Verea Palomar, adquirieron de la sucesión testamentaria de Javier Verea Vallarta, la superficie de 588-00-00 (quinientas ochenta y ocho hectáreas), derivadas de la ex hacienda "Santa Cruz" y "El Cortijo", ubicada en el Municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco.

  3.- Copias autorizadas de los certificados de inafectabilidad agrícola 198792, 198892, 198956, 198893, 198954 y 198953 que amparan las fracciones de terreno derivadas de la ex hacienda "Santa Cruz" y  
"El Cortijo", propiedad de los antes nombrados.

  4.- Siete copias certificadas de recibos oficiales del impuesto predial de las cuentas 2629, 1532, 1533, 1534, 3083, 2631 y 2632.

  5.- Copia certificada del oficio 103/86 de cuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, expedido por el centro de apoyo número 38 de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en el cual se señala que los predios propiedad de Fanny Lancaster Jones, Elena Verea Prieto y Alberto Lancaster Jones, Ricardo Lancaster Jones e Isabel Lancaster Jones, Jorge Lancaster Jones y Eduardo Lancaster Jones, Margarita Verea Prieto y Susana Verea Prieto se encontraban cultivados de maíz y maguey.

  6.- Copia certificada de la constancia expedida por el citado centro de apoyo, el nueve de septiembre  
de mil novecientos ochenta y ocho, en la cual se señala que los inmuebles pertenecientes a los acabados de nombrar, habían permanecido explotados durante treinta años consecutivos, dedicándose al cultivo  
de agave azul.

  7.- Copia certificada de la constancia expedida por la Presidencia Municipal de Tamazula de Gordiano, Jalisco, el diecisiete de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, en la que se señala que la familia Lancaster Jones Verea es propietaria del predio denominado "El Comal" (sic).

  8.- Copias autorizadas de certificados catastrales, expedidos por el Jefe de la Oficina Recaudadora de Renta de Tamazula de Gordiano, Jalisco de doce de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, relativas a las cuentas prediales de los inmuebles pertenecientes a los antes nombrados.

  9.- Copias certificadas de las actuaciones practicadas en las averiguaciones previas 293/87, 246/87, 467/87, 149/88 y 177/88, correspondientes a las denuncias que por los delitos de despojo y daños en propiedad ajena, formularon Eduardo Lancaster Jones Verea, Alberto Lancaster Jones Verea,  
Fanny Lancaster Jones Verea, Susana Verea Prieto Martínez Alatorre, Jorge Verea Palomar así como Jorge Lancaster Jones y Verea.

  10.- Copia del Diario Oficial de la Federación de siete de octubre de mil novecientos treinta y ocho, en la que se publicó la Resolución Presidencial de diez de noviembre de mil novecientos treinta y siete, por la cual se dotó al poblado denominado "Lo de Ovejo", Municipio de Zapotiltic, Jalisco, de la superficie de 903-60-00 (novecientas tres hectáreas, sesenta áreas), y en cuyo texto se menciona lo siguiente:

  "CONSIDERANDO TERCERO.- Atendiendo a que el fallo del Ciudadano Gobernador del Estado, dictado en este asunto con fecha veintiséis de octubre de mil novecientos treinta y siete, se ajusta en todo a las disposiciones agrarias vigentes, procede confirmar dicha sentencia y conceder en dotación definitiva  
a los vecinos de Lo de Ovejo una superficie total de 903-60-00 hectáreas de terrenos de riego que se llevarán en su totalidad de la hacienda de "Santa Cruz" y "El Cortijo", propiedad en mancomún y proindiviso de los señores Ricardo y Alberto Lancaster Jones y Mijares, superficie que se destinará para formar parcelas... en el concepto de que en todo caso deberá respetarse a la finca afectada la pequeña propiedad reducida al mínimo de conformidad con lo que establece el párrafo segundo de la fracción II del artículo 51 del Código Agrario, en relación con el 57 del propio ordenamiento, y que en este caso estará constituido por 37-80-00 hectáreas de riego en el potrero de Aguilillas (ilegible) hectáreas de temporal y 158-72-00 hectáreas de agostadero, con (ilegible) de labor en el de El Comal, equivalentes estas superficies a 100-00-00 hectáreas de riego teórico".

  SEPTIMO.- A fin de integrar correctamente el expediente del núcleo agrario que de constituirse se denominaría "Miguel Hidalgo y Costilla", así como determinar la afectabilidad de los predios multicitados,  
la Dirección General de Tenencia de la Tierra a través de la Dirección de Inafectabilidad Agrícola, Ganadera y Agropecuaria, el cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, instauró el procedimiento de nulidad de acuerdos presidenciales de fechas catorce de agosto de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de septiembre del mismo año; diez de julio de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el tres de agosto del mismo año; seis de febrero de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis  
de julio de mil novecientos sesenta y nueve; dieciséis de abril de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de julio de mil novecientos sesenta y nueve; seis de febrero de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de mil novecientos sesenta y nueve y quince de julio de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre del mismo año, así como el procedimiento de cancelación de los certificados de inafectabilidad agrícola números 198792, 198892, 198956, 198893, 198954 y 198953, expedidos en favor de María Guadalupe Isabel Francisca Lancaster y Verea y Javier Pérez Prieto; Elena Verea Prieto y Alberto Lancaster Jones y Verea; Jorge y Eduardo Lancaster Jones Verea; Antonia Verea Prieto de L. Corcuera y licenciado Jorge Verea Palomar; Isabel Lancaster Jones de Gutiérrez Solá e ingeniero Ricardo Lancaster Jones; Margarita Verea Prieto y Susana Verea Prieto de Martínez de la Torres, respectivamente, que amparan, en ese orden las fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII de la Ex-Hacienda "Santa Cruz" y "El Cortijo", fundando el motivo de dicho incidente en el resultado de los trabajos técnicos  
e informativos practicados en el año de mil novecientos ochenta y siete, de los que se llegó al conocimiento que las 496-21-00 (cuatrocientas noventa y seis hectáreas, veintiún áreas) aproximadamente que integran las fracciones referidas, se encontraron sin ningún tipo de explotación por más de dos años consecutivos y sin que mediara causa de fuerza mayor para ello
.

  La dirección competente mediante oficios del 642159 al 642164 todos del cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, procedió a notificar a todos los propietarios ya mencionados, a través de su apoderado legal Guillermo Rosales Pérez Castro, quien firmó los acuses de recibo correspondientes, el once de enero de mil novecientos noventa. En relación a Isabel Lancaster Jones de Gutiérrez Solá y Ricardo Lancaster Jones, firmaron los acuses de recibo a Ramiro Torres Barbosa, Gildardo Ibáñez Claustro y Simón Anaya Lara.

  OCTAVO.- Con base en los datos que aparecen en el expediente respectivo, la Dirección General de Tenencia de la Tierra, el once de octubre de mil novecientos noventa y uno, emitió dictamen, proponiendo dejar sin efectos jurídicos los acuerdos presidenciales materia del citado procedimiento y consecuentemente cancelar los certificados de inafectabilidad agrícola números 198792, 198892, 198956, 198893 y 198953, mismos que amparan las fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII de la ex-hacienda de "Santa Cruz" y "El Cortijo". Haciendo la aclaración, en lo que se refiere a la fracción VI amparada con el certificado de inafectabilidad agrícola número 198954 (expedido a nombre de Isabel Lancaster Jones Gutiérrez Solá y Ricardo Lancaster Jones) que debía de respetarse la superficie de 92-00-00 (noventa y dos hectáreas) en razón de que sus actuales propietarios, Gildardo Ibáñez Claustro, José Torres Magallón, Guillermo Torres Chávez y Ramiro Torres Barboza las han venido trabajando.

  NOVENO.- El Cuerpo Consultivo Agrario, mediante dictamen de catorce de marzo de mil novecientos noventa y dos, estimó que era procedente declarar la nulidad de acuerdos presidenciales, así como cancelar los certificados de inafectabilidad agrícola, anteriormente referidos, turnándose oportunamente los autos a este Tribunal Superior.

  DECIMO.- Por auto de catorce de enero de mil novecientos noventa y tres, se tuvo por radicado este juicio agrario, habiéndose registrado con el número 02/93, notificándose a los interesados y por oficio a la Procuraduría Agraria.

  UNDECIMO.- Mediante sentencia de veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y tres,  
este Tribunal Superior Agrario resolvió el juicio agrario 002/93, determinando lo siguiente:

  "...PRIMERO.- Se dejan sin efectos jurídicos los Acuerdos Presidenciales pronunciados el quince de julio, catorce de agosto, dieciséis de abril, diez de julio y seis de febrero, todos del año de mil novecientos sesenta y ocho, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro y veintiocho de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho, veintitrés de julio de mil novecientos sesenta y nueve, tres de agosto  
de mil novecientos sesenta y ocho y quince de julio de mil novecientos sesenta y nueve, por lo que se decreta la cancelación de los certificados de inafectabilidad agrícola números 198792, 198892, 198956, 198893 y 198953, expedidos en favor de María Guadalupe Isabel Francisca Lancaster y Verea y Javier Verea Prieto, Elena Verea Prieto y Alberto Lancaster Jones y Verea, Jorge y Eduardo Lancaster Jones Verea, Antonio Verea Prieto de L. Corcuera y licenciado Jorge Verea Palomar, y Margarita Verea Prieto y Susana Verea Prieto de Martínez de la Torre, respectivamente, los que en ese orden amparan las fracciones I, II, III, IV, V, VI (sic) y VII de la Ex-Hacienda, asimismo, la cancelación parcial del certificado 198954, y se deja sin efectos jurídicos también en forma parcial el Acuerdo Presidencial dictado el seis de febrero de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de julio de mil novecientos sesenta y nueve, expedido en favor de Isabel Lancaster Jones de Gutiérrez Solá y Ricardo Lancaster Jones, esta cancelación opera con base a lo señalado en el considerando tercero.

  SEGUNDO.- Se declara procedente la creación del nuevo centro de población ejidal, promovida por un grupo de campesinos de los municipios de Tamazula y Zapoltitic, del Estado de Jalisco, que se denominará "Miguel Hidalgo y Costilla", a ubicarse en el Municipio primeramente mencionado, de dicha Entidad Federativa.

  TERCERO.- Es de dotarse y se dota por la vía de nuevo centro de población ejidal que se denominará "Miguel Hidalgo y Costilla", una superficie total de 487-35-00 hectáreas (cuatrocientas ochenta y siete hectáreas, treinta y cinco áreas) de agostadero, que deberán localizarse de acuerdo al plano proyecto que obra en autos."

  DUODECIMO.- Inconforme con el fallo referido, Víctor Manuel Llamas Iñiguez, en representación de Eduardo Lancaster Jones Verea, Alberto Lancaster Jones Verea, Fanny Lancaster Jones Verea, Susana Verea Prieto de Martínez Alatorre, Jorge Verea Palomar y Jorge Lancaster Jones Verea, promovió juicio de garantías, del cual tocó conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrándose bajo el número 2285/94. Dicho órgano jurisdiccional emitió ejecutoria el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cinco, concediendo la protección constitucional a los quejosos,  
en atención a las siguientes consideraciones:

  "Ahora bien, en el octavo concepto de violación los quejosos aducen substancialmente, que los predios que defienden gozan de inafectabilidad en virtud de Resolución Presidencial de fecha diez de noviembre de mil novecientos treinta y siete, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de mil novecientos treinta y ocho, que dicen goza de eficacia jurídica y que esa prueba, no obstante haberla acompañado a su escrito de quince de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, la sala responsable omitió valorarla, con lo que consideran se violan en su perjuicio los artículos 14, 16 y 27 Constitucionales.

  Sobre ese particular, en el escrito de quince de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho,  
ya mencionado, los quejosos expresaron, entre otras cosas, lo siguiente:

  ...b).- las anteriores pequeñas propiedades inafectables descritas, aparte de los certificados de inafectabilidad agrícola que en forma individual se les otorgaron, gozan de una anterior declaratoria presidencial de inafectabilidad agraria, puesto que se desmembraron de 579-35-00 hectáreas de agostadero cerril de mala calidad, ubicadas en el Cerro del Comal, perfectamente deslindadas o delimitadas por las autoridades agrarias, y que constituyen la pequeña propiedad que se les respetó a las exhaciendas de  
"Santa Cruz" y "El Cortijo", por las Resoluciones Presidenciales que las afectaron para fincar los ejidos de los poblados de "Santa Cruz", Las Vallas y Soyatlán de Afuera, municipios de Tamazula, Estado de Jalisco;  
así como los ejidos de Zapotiltic, "El Cortijo" y Lo de Ovejo, estos tres últimos del Municipio de Zapotiltic, Jalisco, cuya inafectabilidad se expidió por señalamiento y reconocimiento expreso a nombre de los señores Ricardo y Alberto Lancaster Jones Mijares, siendo ellos entonces dueños de dichas exhaciendas, declaratoria ésta que quedó establecida en el considerando tercero de la Resolución Presidencial de fecha diez de noviembre de mil novecientos treinta y siete, que concedió la dotación de ejido al poblado de Lo de Ovejo, Municipio de Zapotiltic, Jalisco, cuya copia certificada también nos permitimos aportar como prueba documental pública de los actuales propietarios de tal superficie...

  Además, el Diario Oficial de fecha siete de octubre de mil novecientos treinta y ocho, que contiene la resolución que se ofreció como prueba en el escrito de quince de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, en la parte conducente, es del siguiente tenor:

  CONSIDERANDO TERCERO.- Atendiendo a que el fallo del Ciudadano Gobernador del Estado, dictado en este asunto con fecha veintiséis de octubre de mil novecientos treinta y siete, se ajusta en todo a las disposiciones agrarias vigentes, procede confirmar dicha sentencia y conceder en dotación definitiva a los vecinos de Lo de Ovejo una superficie total de 903-60-00 hectáreas de terrenos de riego que se llevarán en su totalidad de la hacienda de "Santa Cruz" y "El Cortijo", propiedad en mancomún y proindiviso de los señores Ricardo y Alberto Lancaster Jones y Mijares, superficie que se destinará para formar parcelas... en el concepto de que en todo caso deberá respetarse a la finca afectada la pequeña propiedad reducida al mínimo, de conformidad con lo que establece el párrafo segundo de la fracción II del artículo 51 del Código Agrario, en relación con el 57 del propio ordenamiento, y que en este caso estará constituido por 37-80-00 hectáreas de riego en el potrero de Aguilillas (ilegible) hectáreas de temporal y 158-72-00 hectáreas de agostadero, con (ilegible) de labor en el de El Comal, equivalente estas superficies a 100-00-00 hectáreas  
de riego teórico".

  De lo anteriormente transcrito se advierte que efectivamente, los quejosos ofrecieron como prueba una resolución presidencial que dicen contiene una declaratoria de inafectabilidad y que según afirman corresponde a los mismos predios que amparan los certificados de inafectabilidad agrícola que la Sala responsable canceló en la sentencia reclamada; por lo que dicha Sala, antes de resolver respecto de la creación del Nuevo Centro de Población Ejidal, hoy tercero perjudicado, debió ocuparse del análisis  
de lo alegado por los propietarios; hoy quejosos, en relación a la Resolución Presidencial contenida en el
Diario Oficial de la Federación antes transcrita, a fin de determinar si existía o no diversa declaratoria de inafectabilidad, si ésta se encontraba vigente y resolver lo que procediera conforme a Derecho.

  En consecuencia, la señalada omisión formal conculca lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley Agraria por lo que la sentencia reclamada resulta violatoria de los artículos 14 y 16 Constitucionales; lo que amerita, sin necesidades del estudio de los demás conceptos de violación, otorgar a la parte quejosa al amparo solicitado exclusivamente para el efecto de que el Tribunal responsable, dejando insubsistente la  
sentencia reclamada dicte otra en la cual se ocupe del estudio de las manifestaciones de los hoy  
quejosos y pruebas antes precisadas, hechas valer oportunamente por los hoy quejosos y resuelva conforme procede en Derecho".

  DECIMOTERCERO.- En acatamiento a la ejecutoria de mérito, este Tribunal en su carácter de autoridad responsable, aprobó acuerdo el catorce de febrero de mil novecientos noventa y seis, en el que se dejó insubsistente la sentencia dictada el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y tres.

  DECIMOCUARTO.- Posteriormente el dos de julio de mil novecientos noventa y seis, se emitió  
una nueva resolución, en la cual se dejaron sin efectos los acuerdos presidenciales de referencia, considerando procedente la creación del nuevo centro de población denominado "Miguel Hidalgo y Costilla", Municipio de Tamazula y Zapoltitic, Estado de Jalisco, a quien se le volvió a dotar de la superficie de  
487-35-00 (cuatrocientas ochenta y siete hectáreas, treinta y cinco áreas), propiedad de la familia Lancaster Jones y Verea.

  DECIMOQUINTO.- En contra de la referida resolución, Víctor Manuel Llamas Iñiguez, representante legal de los multicitados integrantes de la familia Lancaster Jones, interpuso recurso de queja en amparo,  
la cual se registró bajo el numero QA-1185/96; medio de impugnación del que correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano jurisdiccional que en sentencia de seis de diciembre de mil novecientos noventa y seis, resolvió:

  "...Es fundado el agravio que expresan los quejosos, hoy recurrentes.

  Es necesario destacar que en la sentencia dictada por este Tribunal con fecha treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cinco, en el juicio número DA2285/94, transcrita en el segundo resultando de la presente resolución, se concedió el amparo a Eduardo Lancaster Jones Verea y coagraviados, para el efecto de que el Tribunal responsable, dejando insubsistente la sentencia de fecha veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y tres, dictara otra en la cual se ocupara del estudio tanto de las manifestaciones  
de los hoy recurrentes, como de la prueba que se precisaron (sic) en esa ejecutoria de amparo y que consistieron en el escrito de fecha quince de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, apartado b, donde hicieron valer que: "aparte de los certificados de inafectabilidad agrícola que en forma individual se les otorgaron, gozan de una anterior declaratoria presidencial de inafectabilidad agraria, ...declaratoria  
ésta que quedó establecida en el considerando tercero de la Resolución Presidencial de fecha diez de noviembre (sic) de mil novecientos treinta y siete, que concedió la dotación de ejido al poblado de  
Lo de Ovejo, Municipio de Zapotiltic, Jalisco, cuya copia certificada nos permitimos aportar como prueba documental pública de los actuales propietarios de tal superficie..."; Resolución Presidencial contenida en el Diario Oficial de fecha siete de octubre de mil novecientos treinta y ocho y que en lo conducente se transcribió en la ejecutoria de amparo.

  Esto es, en la propia sentencia que concedió el amparo, claramente se determinó que el Tribunal responsable, antes de resolver respecto de la creación del Nuevo Centro de Población Ejidal,  
debía ocuparse de lo alegado por los propietarios hoy quejosos, en relación a la Resolución Presidencial contenida en el Diario Oficial de la Federación ya precisado, en el sentido de que allí se contiene una declaratoria de inafectabilidad y que según afirmaron los quejosos, corresponde a los mism (sic) s predios que amparan los certificados de inafectabilidad agrícola que el Tribunal responsable canceló en la sentencia entonces reclamada.

  No obstante lo anterior, según puede verse de la transcripción efectuada en el resultando tercero de la presente resolución, la autoridad responsable al dictar la sentencia hoy recurrida, de fecha dos de junio de mil novecientos noventa y seis, omitió hacerse cargo de las manifestaciones de los quejosos ya precisadas, así como de la Resolución Presidencial contenida en el Diario Oficial de la Federación de fecha siete de octubre de mil novecientos treinta y ocho; por lo cual se impone concluir que les asiste la razón a los quejosos recurrentes, cuando aducen que en esa nueva sentencia no se cumple con los términos expresamente ordenados en la ejecutoria que concedió la protección constitucional, omisión que implica violación a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo.

  En las relatadas condiciones, siendo fundado el agravio hecho valer por los quejosos y recurrentes, procede declarar fundado el presente recurso de queja".

  DECIMOSEXTO.- Mediante acuerdo de veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y siete, este Tribunal Superior Agrario dejó insubsistente la resolución emitida el dos de julio de mil novecientos noventa y seis, en acatamiento de la queja en amparo número 1185/96.

  DECIMOSEPTIMO.- El veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho, este Tribunal  
Superior emitió nuevamente sentencia en el presente asunto, cuyos puntos resolutivos que interesan, fueron  
del tenor siguiente:

  "SEGUNDO.- Se dejan sin efectos jurídicos los Acuerdos Presidenciales pronunciados el quince de julio, catorce de agosto, dieciséis de abril, diez de julio y seis de febrero, todos del año de mil novecientos sesenta y ocho, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro y veintiocho de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho, veintitrés de julio de mil novecientos sesenta y nueve, tres de agosto  
de mil novecientos sesenta y ocho y quince de julio de mil novecientos sesenta y nueve, por lo que se decreta la cancelación de los certificados de inafectabilidad agrícola números 198792, 198892, 198956, 198893 y 198953, expedidos en favor de María Guadalupe Isabel Francisca Lancaster y Verea y Javier Verea Prieto, Elena Verea Prieto y Alberto Lancaster Jones y Verea, Jorge y Eduardo Lancaster Jones  
Verea, Antonia Verea Prieto de L. Corcuera y licenciado Jorge Vera Palomar, y Margarita Vera Prieto y Susana Vera Prieto de Martínez de la Torre, respectivamente, los que en ese orden amparan las fracciones I, II, III, IV, V, VI (sic), y VII de la exhacienda "Santa Cruz", asimismo, la cancelación parcial del certificado 198954, y se deja sin efectos jurídicos también en forma parcial el Acuerdo Presidencial dictado el seis de febrero de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis  
de julio de mil novecientos sesenta y nueve, expedido en favor de Isabel Lancaster Jones de Gutiérrez Solá y Ricardo Lancaster Jones, esta cancelación opera con base a lo señalado en el resolutivo tercero del presente fallo. Asimismo, en relación con la Resolución Presidencial publicada en el Diario Oficial de la Federación de siete de octubre de mil novecientos treinta y ocho, debe estarse a lo establecido en el considerando quinto de esta resolución.

  TERCERO.- Se declara procedente la creación del Nuevo Centro de Población Ejidal, promovida  
por un grupo de campesinos de los Municipios de Tamazula y Zapoltitic, del Estado de Jalisco, que se denominará "Miguel Hidalgo y Costilla", a ubicarse en el Municipio primeramente mencionado, de dicha Entidad Federativa.

  CUARTO.- Es de dotarse y se dota por la vía de Nuevo Centro de Población Ejidal que se denominará "Miguel Hidalgo y Costilla", una superficie total de 487-35-00 hectáreas (cuatrocientas ochenta y siete hectáreas, treinta y cinco áreas) de agostadero, que deberán localizarse de acuerdo al plano proyecto para beneficiar a los 225 (doscientos veinticinco) campesinos capacitados que se relacionan en el considerando segundo de este fallo; de las fracciones de las exhaciendas de "Santa Cruz" y ""El Cortijo"", a tomarse de la siguiente forma: de la fracción I, 84-92-00 hectáreas (ochenta y cuatro hectáreas, noventa y dos áreas), propiedad de María Guadalupe Isabel Francisca Lancaster Jones y Verea y Javier Verea Prieto; 
de la fracción II, 72-60-00 hectáreas (setenta y dos hectáreas, sesenta áreas), propiedad de Elena Verea Prieto y Adalberto Lancaster Jones y Verea; de las fracciones III y VI, 103-00-00 hectáreas (ciento tres hectáreas), propiedad de Ricardo Lancaster Jones y Verea e Isabel Lancaster Jones y Verea; de la fracción V, 69-66-00 hectáreas (sesenta y nueve hectáreas, sesenta y seis áreas), propiedad de Antonia Verea Prieto de L. Corcuera y licenciado Jorge Verea Palomar; de la fracción VI, 36-00-00 hectáreas (treinta y seis hectáreas) en su parte Poniente, propiedad de Isabel Lancaster Jones de Gutiérrez Solá y Ricardo Lancaster Jones y de la fracción VII, 121-17-00 hectáreas (ciento veintiuna hectáreas, diecisiete áreas), propiedad de Margarita Verea Prieto y Susana Verea Prieto de Martínez de la Torre; lo anterior con fundamento en lo establecido por el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, aplicado a contrario sensu; superficie que pasará en propiedad al núcleo promovente, con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres; y en cuanto a la determinación del destino de las tierras y la organización económica y social del ejido, la asamblea resolverá de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria; y podrán constituir el Area de Asentamientos Humanos, la Parcela Escolar, la Unidad Agrícola Industrial para la Mujer y la Unidad Productiva para el Desarrollo Integral de la Juventud.

  QUINTO.- Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Jalisco; los puntos resolutivos de la misma, en el Boletín Judicial Agrario y en los estrados de este Tribunal; inscríbase en el Registro Público de la Propiedad correspondiente y procédase a hacer la cancelación respectiva. Asimismo, inscríbase en el Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir los certificados de derechos correspondientes, de acuerdo a las normas aplicables y conforme a lo establecido en esta sentencia. Y por otra parte proceda a tildar los certificados de inafectabilidad agrícola números 198792, 198892, 198956, 198353 y en forma parcial el 198954...".

  DECIMOCTAVO.- Inconforme con el anterior fallo, Víctor Manuel Llamas Iñiguez en su carácter de apoderado de Eduardo Lancaster Jones Verea, Alberto Lancaster Jones Verea, Fanny Lancaster Jones Verea, Susana Verea Prieto de Martínez Alatorre, Jorge Verea Palomar y Jorge Lancaster Jones Verea, promovió juicio de garantías que se radicó bajo el número DA615/99 ante el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien mediante ejecutoria de tres de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en atención a las siguientes consideraciones:

  "SEXTO.- Son fundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa,...

  En efecto, sostiene la parte quejosa que la resolución reclamada transgrede en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, porque en el procedimiento del juicio agrario, no se respetó la garantía de audiencia, ya que aduce el tribunal responsable se limitó a recibir de nueva cuenta el expediente agrario y a emitir la resolución correspondiente, sin emitir un nuevo acuerdo de radicación, haciéndosele de su conocimiento para darle la oportunidad de comparecer a objetar la documentación que se hubiera exhibido en el expediente y alegar lo que a su derecho conviniera...

  Ahora bien, en el presente caso, de las constancias que obran agregadas en el expediente agrario se advierte que con fecha 25 de febrero de 1998, el Magistrado ponente en el juicio agrario número 2/93, dictó el siguiente acuerdo: "Vistos los autos del expediente en que se actúa... y a fin de que este tribunal se encuentre en aptitud de dictar la resolución que corresponda, este Tribunal resuelve: PRIMERO.- Devuélvanse a la Secretaría de la Reforma Agraria por conducto del Cuerpo Consultivo Agrario el expediente de mérito, para el efecto de su debida integración, consistentes en tres legajos, que incluye dictamen y plano constantes de 649 fojas.- SEGUNDO.- Dése de baja en el libro de gobierno de este Tribunal para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.- TERCERO.- Remítase copia de este acuerdo al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en relación con la queja de amparo QA-1185/96".

  Posteriormente, el Magistrado instructor en el expediente agrario 2/93, dictó los siguientes acuerdos:

  "México, Distrito Federal, a 31 de marzo de mil novecientos ochenta y ocho.- Agréguese a sus antecedentes el oficio y anexos de cuenta, se tiene por devuelto el expediente administrativo del juicio al rubro anotado que remite el Cuerpo Consultivo Agrario para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por estrados y lístese".

  "México, Distrito Federal, a trece de abril de mil novecientos noventa y ocho.- Vista la cuenta que  
antecede y desprendiéndose de autos que los integrantes del Comité Particular Ejecutivo del poblado solicitante, tuvieron conocimiento de las causas por las cuales se había remitido su expediente al  
Cuerpo Consultivo Agrario; que ellos tenían en su poder copias certificadas de las constancias que se le requerían a dicha dependencia y que a fin de evitar dilaciones en el procedimiento han puesto las mismas  
a disposición de esta magistratura, por lo que actualmente se está en posibilidad de dictar sentencia, en tal virtud túrnense los autos a la vista del suscrito para emitir la resolución que en derecho proceda. Notifíquese por estrados y lístese".

  A continuación, el 24 de junio de 1998, el Tribunal Superior Agrario dictó la resolución reclamada en los términos que han quedado transcritos en esta ejecutoria.

  Ahora bien, de lo anterior se desprende que el expediente agrario número 2/93, fue dado de baja en el Libro de Gobierno del Tribunal Superior Agrario, para los efectos legales y administrativos a que hubiera lugar, por lo que al serle devuelto el expediente agrario por el Cuerpo Consultivo Agrario debió dictar auto de radicación, ordenando su notificación personal a las partes para que, en su caso, comparecieran a alegar lo que a su derecho correspondiera, máxime que, en el caso, la autoridad agraria de referencia remitió anexos a dicho Tribunal y que ante éste el poblado tercero perjudicado ofreció pruebas, en relación con las cuales se debió haber dado vista a la parte ahora quejosa.

  Consecuentemente, al haberse emitido la resolución reclamada sin dictar un nuevo auto de radicación,  
en el que se ordenara notificar personalmente a las partes para que pudieran comparecer a alegar lo que a su derecho correspondiera, debe decirse que se violó en perjuicio de la parte quejosa la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 Constitucional
, porque no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento; por lo que procede concederle el amparo y la protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable, dejando insubsistente la resolución reclamada, provea lo conducente en relación con la radicación del expediente y le notifique a las partes para los efectos legales a que haya lugar y, hecho lo anterior, en su oportunidad emita otra en la que resuelva lo que en derecho proceda, sin omitir valorar los medios probatorios y manifestaciones que, en su caso, hagan valer las partes...".

  DECIMONOVENO.- En cumplimiento a la anterior ejecutoria, este órgano jurisdiccional mediante proveído de treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, dejó insubsistente la resolución que había pronunciado en el presente asunto de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho.

  VIGESIMO.- Por proveído de ocho de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, dictado por el Magistrado Presidente de este Tribunal Superior, se tuvo por radicado el procedimiento relativo a la acción agraria de nuevo centro de población ejidal del poblado denominado "Miguel Hidalgo y Costilla", Municipio de Tamazula de Gordiano, Estado de Jalisco, bajo el número de expediente 52/99, ordenándose notificar dicho auto a los integrantes del Comité Particular Ejecutivo del poblado gestor así como a Jorge, Eduardo y Fanny de apellidos Lancaster Jones Verea, Alberto Lancaster Jones Verea, Susana Verea Prieto de Martínez de la Torre, Jorge Verea Palomar, sucesión de María Guadalupe Isabel Francisca Lancaster, Javier Verea Prieto, Elena Verea Prieto, Ricardo e Isabel de apellidos Lancaster Jones y Verea, Antonio Verea de L. Corcuera, Isabel Lancaster Jones de Gutiérrez Solá, Ricardo Lancaster Jones y Margarita Verea Prieto, propietarios de los inmuebles cuya afectación pretenden los solicitantes de tierras.

  VIGESIMO PRIMERO.- Mediante auto de veintiocho de abril de dos mil, se tuvo a Jorge Lancaster Verea, Alberto Lancaster Jones Verea, Fanny Lancaster Jones Verea, Susana Verea Prieto de Martínez y Jorge Verea Palomar, compareciendo en tiempo y por conducto de su apoderado legal, al presente procedimiento, señalando que habían sido notificados del auto de radiación de ocho de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. Cabe indicar que en el citado proveído se señaló a los promoventes que se les daba vista con las constancias del expediente para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Así también,  
se estableció que el presente asunto, guardaba estrecha relación con el diverso juicio agrario 1457/93, correspondiente a la acción de dotación de tierras promovido por el poblado Cerro del Comal, Municipio de Tamazula de Gordiano, Estado de Jalisco, razón por la cual se determinó que ambos asuntos debían resolverse conjuntamente.

  VIGESIMOSEGUNDO.- Por acuerdo de dos de junio de dos mil, previa notificación del auto de radicación de ocho de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se tuvo a los integrantes del órgano de representación del grupo de campesinos gestor, ofreciendo como pruebas de su parte todo lo actuado en el presente juicio.

  VIGESIMOTERCERO.- Integrado debidamente el expediente, oportunamente se turnaron los autos al Magistrado ponente para que formulara el proyecto de resolución correspondiente, y

CONSIDERANDO:

  PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero transitorio del decreto por el cual se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley Agraria; 1o., 2o. fracción I, 7o. y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

  SEGUNDO.- Que en la integración del expediente relativo al nuevo centro de población ejidal, que de constituirse se denominará "Miguel Hidalgo y Costilla", a ubicarse en el Estado de Jalisco, se observaron las formalidades esenciales del procedimiento, previstas por los artículos 326 al 333 de la Ley Federal de Reforma Agraria, toda vez que la solicitud del grupo gestor, fue debidamente publicada en el Diario Oficial de la Federación. Así también, se practicaron los trabajos técnicos informativos correspondientes,  
emitiendo opiniones oportunamente la Comisión Agraria Mixta, el Gobernador del Estado de Jalisco y el Cuerpo Consultivo Agrario. Asimismo, los promoventes manifestaron expresamente su conformidad para trasladarse al lugar en que fuera posible establecer el nuevo centro de población ejidal que ocupa nuestra atención y por otra parte, se advierte que fueron debidamente notificados los propietarios de los predios señalados como afectables, respetándoseles así las garantías de seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales.

  TERCERO.- En lo que se refiere a la capacidad individual y colectiva del grupo promovente, quedó acreditada de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria y por lo tanto reúnen los requisitos que establece el artículo 198 del ordenamiento legal invocado, toda vez que está integrado por un total de 225 (doscientos veinticinco) campesinos capacitados cuyos nombres no se relacionan, debido al sentido de este fallo.

  CUARTO.- De acuerdo con el artículo 80 de la Ley de Amparo, las sentencias que conceden la protección de la justicia federal tienen por objeto restituir al agraviado en el goce de la garantía violada, por lo que en apego a dicha disposición legal y en acatamiento a la ejecutoria de tres de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el juicio constitucional DA615/99, se procede emitir la presente resolución.

  QUINTO.- Ahora bien, por razón de técnica jurídica, antes de resolver respecto de la acción principal consistente en la creación del nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominará Miguel Hidalgo y Costilla, es pertinente ocuparse de la acción incidental, relativa a determinar si es procedente declarar la nulidad de acuerdos presidenciales, así como cancelar los certificados de inafectabilidad que amparan los terrenos pretendidos en afectación por el grupo de campesinos gestor de este expediente.

  Por lo tanto, conviene puntualizar que, el incidente de nulidad de acuerdos presidenciales y de cancelación de certificados de inafectabilidad en comento, fue instaurado por la Dirección General de Tenencia de la Tierra, a través de la Dirección de Inafectabilidad Agrícola, Ganadera y Agropecuaria, el cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, como consecuencia de los trabajos técnicos informativos llevados a cabo por el comisionado Salvador Acosta de la Cruz, contenidos en el informe de treinta de octubre de mil novecientos ochenta y siete, que obran en la parte final del legajo III, y a los cuales además se hace referencia en el dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario de seis de mayo de mil novecientos noventa y dos, de donde se desprende lo siguiente:

  "Que la fracción número 1 de los remanentes de las Ex-Haciendas de "Santa Cruz" y "El Cortijo", propiedad de la C. María Guadalupe Isabel, Francisco Lancaster Jones, inscrita en el Registro Público de la Propiedad con el número 122 del libro número 178, sección I de fecha 9 de junio de 1959, amparando una superficie aproximada de 84-92-00 Has. de agostadero cerril que se encontraron en completo estado de abandono por más de dos años consecutivos, tal y como se probaba con el hecho de que en el momento  
de la inspección ocular realizada el 23 de septiembre próximo pasado, se había observado que no existía explotación alguna de terreno, ni rastros de haber sido trabajado recientemente por parte de la titular de esa fracción, reforzando su dicho (sic) con el acta levantada en la fecha indicada, así con la certificación expedida en los mismos términos por la Autoridad Municipal de ese lugar en oficio número 19/984 de fecha 1o. de septiembre de 1984.

  Que la fracción número 2 de los remanentes de las Ex-Haciendas de "Santa Cruz" y "El Cortijo", es propiedad del C. Ing. ALBERTO LANCASTER JONES Y VEREA, con superficie aproximada de 72-60-00 Has. de agostadero cerril, inscrita con el número 123 del libro número 178, sección primera de fecha 9 de julio de 1959; se encontró en completo estado de abandono por más de dos años consecutivos, tal como se comprueba con el hecho de que en el momento de la inspección ocular realizada el día 23 de septiembre de 1987, se observó que no existe explotación alguna del terreno, ni rastros de haber sido trabajado recientemente, por parte del titular de esa fracción, reforzando su dicho, además del acta levantada en la fecha indicada, la certificación expedida en los mismos términos por la Autoridad Municipal de ese lugar, en oficio número 309 expediente 19/984 del 1o. de septiembre de 1984.

  Que la fracción número 3 de los remanentes de las Ex-Haciendas de "Santa Cruz" y "El Cortijo",  
es propiedad de la C. ISABEL LANCASTER JONES Y VEREA; inscrita con el número 6 del libro 25 de la sección I, en el extinto Registro de Tamazula, con superficie aproximada de 40-00-00 Has. de agostadero cerril, 106--52-00 Has. según el Registro Público de la Propiedad) que se encontraron en completo estado de abandono por más de dos años consecutivos, tal como se desprende del hecho, de no encontrar explotación alguna en el terreno, ni rastros de haber sido trabajado recientemente, por parte de la titular, reforzando su dicho con el acta levantada en esa fecha, la certificación expedida en los mismos términos por la Autoridad Municipal de ese lugar, en oficio número 309, expediente 19/984, de fecha 1o. de septiembre de 1984.

  Que la fracción número 4 de los remanentes de las Ex-Haciendas de "Santa Cruz" y "El Cortijo", es propiedad de los CC. JORGE Y EDUARDO LANCASTER JONES Y VEREA y está inscrita en el Registro Público de la Propiedad con el número 124, del libro 178 sección I de fecha 9 de junio de 1959, con superficie aproximada de 66-52-00 Has. de agostadero cerril, que se encontraron en completo estado de abandono por más de dos años consecutivos, que no existía explotación alguna de terreno, ni rastro de haber sido trabajado recientemente, por parte de los titulares de esa fracción reforzando su dicho además del acta levantada en esa fecha, la certificación expedida en los mismos términos por la Autoridad Municipal de ese lugar, en oficio 309, expediente 19/984, de fecha 1 de septiembre de 1984.

  Que la fracción número 7 de los remanentes de las ex-Haciendas de "Santa Cruz" y "El Cortijo", propiedad de la C. SUSANA VEREA PRIETO, inscrita con el número 127 del libro 178, sección I, de fecha 9 de junio de 1959, amparando una superficie aproximada de 121-17-00 Has. de agostadero cerril, que se encontraron en completo estado de abandono por más de dos años consecutivos, tal como se desprende del hecho de que al momento de la inspección realizada el día 23 de septiembre próximo pasado, se comprobó que no existía explotación alguna del terreno ni rastros de haber sido trabajado recientemente por parte de la titular de esa fracción, reforzando su dicho, además del acta levantada en esa fecha, la certificación expedida en los mismos términos por la Autoridad Municipal de ese lugar en oficio número 309, expediente 19/984,  
del 1o. de septiembre de 1984.

  Que la fracción número 5 y parte poniente de la fracción número 6 de los remanentes de las  
Ex-Haciendas "Santa Cruz" y "El Cortijo", es propiedad de JOSE VEREA PALOMAR E ISABEL LANCASTER JONES, con una superficie aproximada de 115-00-00 Has. de agostadero cerril de las cuales correspondían aproximadamente 40-00-00 Has. a la fracción número 6, propiedad de ISABEL LANCASTER JONES y el resto del terreno 75-00-00 Has. correspondientes a la fracción número 5, propiedad de JOSE VEREA PALOMAR, que se encuentran ambas fracciones en completo estado de abandono por más de dos años consecutivos, sin explotación alguna del terreno, ni rastros de haber sido trabajado recientemente por la titular de esa fracción; reforzando su dicho, además la certificación expedida en los mismos términos por  
la Autoridad Municipal del lugar, en oficio 309 expediente 19/984 del 1o. de octubre de 1984.

  Que expuesto lo anterior y por causa de inexplotación, contraviniendo el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, las siguientes fracciones de los remanentes de las Ex-Haciendas "Santa Cruz" y "El Cortijo" del Cerro del Comal, Municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco, se proponían para la creación del Nuevo Centro de Población Ejidal en cuestión, las siguientes superficies:

  FRACCION

  NUMERO PROPIETARIO SUPERFICIE

  1 MA. GUADALUPE FRANCISCA LANCASTER JONES 84-92-00 HAS

  2 ALBERTO LANCASTER JONES 72-60-00 HAS

  3 ISABEL LANCASTER JONES DE G. 40-00-00 HAS

  4 JORGE Y EDUARDO LANCASTER J. 66-52-00 HAS

  5 JORGE VEREA PALOMAR 75-00-00 HAS

  6 ISABEL VEREA PRIETO 121-17-00 HAS

        SUPERFICIE TOTAL 496-21-00 HAS

  Aclarando, que las 496-21-00 Has., de agostadero cerril, se encontraban en completo estado de abandono, por más de dos años consecutivos, como se había mencionado anteriormente y se desprendía  
del hecho, de que en el momento de la inspección ocular realizada el 23 de septiembre próximo pasado, (1987) se comprobó que no existía explotación alguna de terreno, ni rastros de haber sido trabajado recientemente por parte de los titulares de esas fracciones; reforzando el dicho, además del acta levantada en esa fecha la certificación expedida en los mismos términos, por la Autoridad Municipal de ese lugar en oficio número 309, expediente 18/984 del 1o. de septiembre de 1984."

  El informe acabado de relatar, tiene desde luego valor probatorio pleno al haber sido elaborado por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le conferían las leyes, sin embargo, los alcances jurídicos de los datos contenidos en los trabajos técnicos informativos de referencia, serán analizados y confrontados con los diversos medios de convicción que fueron aportados a los autos por los titulares de los predios derivados de la ex hacienda "Santa Cruz" y "El Cortijo".

  Ahora bien, Eduardo Lancaster Jones Verea, Alberto Lancaster Jones Verea, Fanny Lancaster Jones Verea, Susana Verea Prieto de Martínez Alatorre y Jorge Verea Palomar, en calidad de propietarios de los predios pretendidos en afectación por el grupo gestor de este expediente, a través de sus apoderados  
legales Jorge Lancaster Jones y Guillermo Rosales Pérez Castro, oportunamente comparecieron al procedimiento, mediante escrito de quince de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, aportando  
las siguientes pruebas:

  1.- Testimonio notarial de quince de julio de mil novecientos ochenta y cinco, relativo al poder general para pleitos y cobranzas que a favor de Jorge Lancaster Jones Verea y Guillermo Rosales Pérez Castro, otorgaron los particulares de nombres antes apuntados.

  2.- Copia certificada de la escritura pública 6,004 de treinta y uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, que contiene la protocolización del juicio testamentario a bienes de Javier Vera Vallarta,  
de donde se desprende que por resolución del Juez Sexto de lo Civil y de Hacienda de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, de cinco de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, se autorizó a la sucesión del antes nombrado a vender o adjudicar fuera de remate judicial los inmuebles rústicos que conformaban la masa hereditaria, ubicados en la ex hacienda "Santa Cruz" y "El -Cortijo", Municipio de Tamazula, Estado de Jalisco con superficie total de 588-00-00 (quinientas ochenta y ocho hectáreas), la cual conviene señalar había sido adquirida por el autor de la sucesión, mediante escritura pública 2168, de veinte de julio de mil novecientos cuarenta y dos de Ricardo Lancaster Jones y Mijares.

  Así también, en la escritura pública en comento, de treinta y uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, se consigna que como consecuencia de lo expuesto en el párrafo que antecede,  
se realizaron las siguientes adjudicaciones:

  a).- A María Guadalupe Isabel Francisca Lancaster Jones y Verea (también conocida como Fanny Lancaster Jones y Verea) y Javier Verea Prieto, se les adjudicó la fracción número I de la antigua hacienda "Santa Cruz" y "El Cortijo", con superficie de 84-92-00 (ochenta y cuatro hectáreas, noventa y dos áreas).

  b).- A Elena Verea Prieto y Alberto Lancaster Jones y Verea, se les adjudicó la fracción número II,  
con superficie de 72-60-00 (setenta y dos hectáreas, sesenta áreas) de la referida ex hacienda.

  c).- A Jorge Lancaster Jones y Verea, y Eduardo Lancaster Jones y Verea, se les adjudicó las fracciones III y IV; con extensión total de 106-52-00 (ciento seis hectáreas, cincuenta y dos áreas) de la ex hacienda  
"Santa Cruz" y "El Cortijo".

  d).- A Antonia Verea de L. Corcuera y Jorge Verea Palomar, se les adjudicó la fracción V, con superficie de 75-12-00 (setenta y cinco hectáreas, doce áreas).

  e).- A Ricardo Lancaster Jones e Isabel Lancaster Jones de Gutiérrez Solá, se les adjudicó la fracción VI de la multicitada ex hacienda, con superficie de 128-00-00 (ciento veintiocho hectáreas), y

  f).- A Margarita Verea Prieto y Susana Verea Prieto de Martínez Alatorre, se les adjudicó la fracción VII con superficie de 121-17-00 (ciento veintiuna hectáreas, diecisiete áreas), de la ex hacienda "Santa Cruz" y "El Cortijo".

  3.- Copias autorizadas de los certificados de inafectabilidad agrícola 198792, 198892, 198956, 198893, 198954 y 198953 que amparan las fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII derivadas de la ex hacienda "Santa Cruz" y "El Cortijo", propiedad de los antes nombrados.

  4.- Siete copias certificadas de recibos oficiales del impuesto predial de las cuentas 2629, 1532, 1533, 1534, 3083. 2631 y 2632, correspondientes al año de mil novecientos ochenta y ocho a nombre de Fanny Lancaster Jones, Elena Verea Prieto y Alberto Lancaster Jones, Ricardo Lancaster Jones e Isabel Lancaster Jones, Jorge Lancaster Jones y Eduardo Lancaster Jones, Margarita Vera Prieto y Susana Verea Prieto.

  5.- Copia certificada del oficio 103/86 de cuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, expedido por el centro de apoyo número 38 de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en el cual se señala que los inmuebles propiedad de Fanny Lancaster Jones, Elena Verea Prieto y Alberto Lancaster Jones, Ricardo Lancaster Jones e Isabel Lancaster Jones, Jorge Lancaster Jones y Eduardo Lancaster  
Jones, Margarita Verea Prieto y Susana Verea Prieto, conocido como predio "El Comal" se encontraba cultivado de maíz y maguey.

  6.- Copia certificada de la constancia expedida por el citado centro de apoyo, el nueve de septiembre  
de mil novecientos ochenta y ocho, en la cual se señala que los inmuebles pertenecientes a los acabados de nombrar, habían permanecido explotados durante treinta años consecutivos, dedicándose al cultivo  
de agave azul.

  7.- Copia certificada de la constancia expedida por la Presidencia Municipal de Tamazula de Gordiano, Jalisco, el diecisiete de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, en la que se señala que la familia Lancaster Jones Verea es propietaria del predio denominado "El Comal".

  8.- Copias autorizadas de certificados catastrales, expedidos por el Jefe de la Oficina Recaudadora de Renta de Tamazula de Gordiano, Jalisco de doce de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, relativas a las cuentas prediales de los inmuebles pertenecientes a los antes nombrados.

  9.- Copias certificadas de las actuaciones practicadas en las averiguaciones previas 293/87, 246/87, 467/87, 149/88 y 177/88, correspondientes a las denuncias que por los delitos de despojo y daños en las cosas, así como por asociación delictuosa, formularon Eduardo Lancaster Jones Verea, Alberto Lancaster Jones Verea, Fanny Lancaster Jones Verea, Susana Verea Prieto Martínez Alatorre, Jorge Verea Palomar así como Jorge Lancaster Jones y Verea, titulares de las fracciones de la primera a la séptima de la  
ex hacienda "Santa Cruz" y "El Cortijo", en contra de diversas personas que tenían en posesión los inmuebles propiedad de los antes nombrados.

  Cabe destacar que de las indicadas averiguaciones previas, se desprenden entre otras cosas  
las siguientes:

  a).- De la averiguación previa 293/87, integrada en virtud de la denuncia presentada por Jorge Lancaster Jones y Verea, en contra de Manuel Magaña Ochoa, Ezequiel Magaña Díaz, Manuel Novoa y Rufino González, por los delitos de despojo, daño en las cosas y asociación delictuosa, se conoce que en diligencia de nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, el indiciado Ezequiel Magaña Díaz compareció ante la representación ministerial, expresando medularmente: "Que desde hace aproximadamente unos quince años, en que tanto el de la voz como otros vecinos del poblado de Vista Hermosa, ...hemos venido trabajando unas fracciones de terreno, que se encuentran en el poblado de vista hermosa denominado  
El Comal, ya que trabajamos por parte, unas cuatro hectáreas o cinco hectáreas separadas cada una; y esto lo hicimos con el permiso verbal de los señores Ismael Guzmán Carrera y Salvador Rentería, ...los cuales según nos manifestaba tenían la autorización de los propietarios de esos predios que son los señores María Guadalupe, Isabel Francisca Lancaster Jones, Javier Verea Prieto... y actualmente nos encontramos promoviendo ante la reforma agraria una solicitud de tierras vía dotación, la cual consiste en que se nos reconozca la posesión que tenemos y legalmente se nos ponga en posesión de los mismos...".

  Por su parte y en la misma indagatoria cuyo estudio nos ocupa, Manuel Novoa Rodríguez en su calidad de presunto responsable de los delitos denunciados, en diligencia de nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, llevada a cabo ante el Ministerio Público respectivo, señaló: "Que en relación a lo manifestado por los denunciantes, ...es totalmente falso ...además de que quiero aclarar que Ezequiel Magaña Díaz, manifestó que se nos dio un permiso verbal para sembrar el predio denominado El Comal que se encuentra ubicado en el poblado de Vista Hermosa y que dicho permiso nos lo dio (sic) los señores Ismael Guzmán Cabrera y Salvador Rentería, quiero manifestar que éste fue un error involuntario que él dijo; ya que efectivamente se nos dio un permiso verbal para poder sembrar, pero dicho permiso nos lo dio el señor José Torres Magallón, el cual era el administrador de los señores María Guadalupe Isabel Francisca Lancaster Jones y Javier Pérez Prieto, y según tengo entendido que los señores Ismael Guzmán Cabrera y Salvador Rentería, tuvieron intervención cuando se trató de vender los potreros que integran la fracción de El Comal... que el de la voz no ha adquirido en compra terreno alguno, no obstante de estar viviendo también dentro del predio El Comal, sino que lo estoy haciendo en virtud de que hace aproximadamente un año, por parte de un funcionario de nombre Norberto Zamorano, el cual trabaja dentro de la Secretaría de la Reforma Agraria, ...nos dio la posesión tanto a mí como a mis hijos Alvaro Novoa y Eduardo Novoa, el cual nos entregó los terrenos, ...más como lo manifesté en ningún momento el de la voz he adquirido en compra terreno alguno que se ubique dentro del predio El Comal; aunque los demás habitantes, también tienen la posesión de los terrenos desde hace aproximadamente unos 9 años o más..."

  b).- Por su parte de las constancias que integran la averiguación previa 246/87, que se instauró ante el Ministerio Público de Tamazula de Gordiano, se conoce que el indiciado Manuel Magaña Díaz, compareció  
el nueve de junio de mil novecientos ochenta y siete, manifestando entre otras cosas los siguiente:

  "Es mi deseo declarar en relación a los hechos que se investigan dentro de la presente y para tal efecto manifiesto lo siguiente: Que el de la voz actualmente soy el presidente del comité particular del ejido del Cerro del Comal, el cual lo formamos un grupo de aproximadamente 60 personas, ahora bien resulta que hace aproximadamente unos 5 años que nuestro ejido el cual se compone de aproximadamente  
650 hectáreas a las que se les conoce con el nombre de los predios rústicos La Tijera, El Panal, El Charco Hediondo, Buenavista, El Contadero y La Turbina, nos fue dada en su totalidad la posesión por Norberto Zamorano Vizcarra, quien forma parte del Cuerpo Consultivo del Departamento Agrario de la Ciudad de México y todo fue únicamente de palabra ya que no contamos con un documento legal para dicha posesión, ya que la misma se encuentra en trámite, desde esa fecha hemos venido ocupando en una forma global  
la totalidad de la superficie ha que me he venido refiriendo ya que unas partes introducimos ganado y en otras hemos preparado las tierras para sembrarlas en el próximo temporal".

  Asimismo, dentro de la indicada averiguación previa 246/87, otro de los indiciados de nombre Manuel Novoa Rodríguez, compareció en diligencia de nueve de junio de mil novecientos ochenta y siete, manifestando entre otras cosas:

  "...Es mi deseo declarar en relación a los hechos que se investigan... y para tal efecto manifiesto lo siguiente: que no recuerdo su fecha exacta pero tendrá aproximadamente unos cinco años en que el de la voz formó parte del ejido de nombre El Comal, que se encuentra ubicado dentro de este Municipio, mismo que lo formamos un grupo de aproximadamente 64 personas entre hombres y mujeres, y actualmente la mesa directiva de nuestro ejido la forma el señor Manuel Magaña Díaz, Manuel Magaña Ochoa y Ezequiel Magaña Díaz, ...ahora bien resulta que tendrá aproximadamente unos cuatro años, cuando a nuestro ejido se le dio la posesión de aproximadamente 600 hectáreas por el licenciado Norberto Zamorano, del que no recuerdo su segundo apellido, pero forma parte del cuerpo consultivo de la Secretaría de la Reforma Agraria de la ciudad de México, y dicha posesión únicamente fue de palabra ya que inclusive yo desconozco si cuenten con algún documento legal para que nos acredite dicha posesión..."

  c).- En lo tocante a la averiguación previa 149/88 instruida por el agente del Ministerio Público de Tamazula de Gordiano, Jalisco, se conoce que en diligencia del primero de junio de mil novecientos ochenta y ocho, compareció en calidad de indiciado Ezequiel Magaña Díaz, quien manifestó:

  "Que el de la voz soy secretario de gestión y trámite de la unión nacional de trabajadores agrícolas, por lo que con tal carácter, una de mis obligaciones es orientar a los campesinos cuando tienen algún problema agrícola es por lo que quizás se me señala como encabezador del grupo a que se hace mención en la presente denuncia... así como también quiero agregar que tal como en su oportunidad lo acreditaré, existe una Resolución Presidencial, en la cual se le dota al grupo de campesinos de el cerro del comal de varios predios que se encuentran ubicados en el poblado de vista hermosa de este municipio, entre los cuales se encuentra la fracción a que hace mención la persona denunciante, el cual el grupo de campesinos de el cerro del comal ha venido poseyendo desde hace aproximadamente unos 15 años y el cual se compone de 500 hectáreas ...quiero aclarar que en el mes de diciembre del año próximo pasado el día 23 en una forma arbitraria y en la que participaron entre otros la familia Lancaster el señor Eduardo Rentería, Ricardo Ochoa, hicieron un realeo de nuestro ganado, ya que éste lo llevaron hacia el rastro municipal, y entonces en el predio que nosotros nos encontramos poseyendo, introdujeron ganado propiedad de ellos y actualmente creo que todavía traen ganado dentro del predio a que me he venido refiriendo..."

  En la indagatoria 149/88 que es materia de estudio, también compareció en su carácter de indiciado Javier Magaña Díaz, quien en diligencia de primero de junio de mil novecientos ochenta y ocho, expresó:

  "Que el de la voz es integrante del grupo de campesinos que nos encontramos habitando en la colonia denominada el cerro del comal, dicho grupo somos (sic) dirigidos por el Comité Particular Ejecutivo, el cual lo integran, el presidente, secretario y tesorero, señores Manuel Magaña Díaz, Delfino Olivares Villa y Manuel Magaña Ochoa, en el cual somos aproximadamente unos 58 integrantes, ...habitando el predio en el cual nos encontramos debido a que tendrá aproximadamente unos 15 años que lo estamos poseyendo, por lo que solicitamos se nos dotara ese terreno a todos los campesinos, y por Resolución Presidencial nos fue concedida dicha dotación, por lo cual con más razón desde entonces lo hemos venido trabajando en la siembra de maíz y utilizamos la pastura para el ganado, mismo que serán aproximadamente unas 250 cabezas de ganado, ...dicho terreno debido al ganado que tenemos, está circulado todo en su extensión con alambre de púas y poste de madera..."

  10.- Por último, es importante destacar que Eduardo Lancaster Jones Verea, Alberto Lancaster Jones Verea, Fanny Lancaster Jones Verea, Susana Verea Prieto de Martínez Alatorre, Jorge Verea Palomar así como Jorge Lancaster Jones y Verea, también ofrecieron como prueba de su parte, mediante escrito presentado el quince de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, copia del Diario Oficial de la Federación de siete de octubre de mil novecientos treinta y ocho, en la que se publicó la Resolución Presidencial de diez de noviembre de mil novecientos treinta y siete, por la cual se dotó al poblado denominado "Lo de Ovejo", Municipio de Zapotiltic, Jalisco, de la superficie de 903-60-00 (novecientas tres hectáreas, sesenta áreas), y en cuyo texto se menciona lo siguiente:

  "CONSIDERANDO TERCERO.- Atendiendo a que el fallo del Ciudadano Gobernador del estado, dictado en este asunto con fecha veintiséis de octubre de mil novecientos treinta y siete, se ajusta en todo a las disposiciones agrarias vigentes, procede confirmar dicha sentencia y conceder en dotación definitiva  
a los vecinos de Lo de Ovejo una superficie total de 903-60-00 hectáreas de terrenos de riego que se llevarán en su totalidad de la hacienda de "Santa Cruz" y "El Cortijo", propiedad en mancomún y proindiviso de los señores Ricardo y Alberto Lancaster Jones y Mijares, superficie que se destinará para formar parcelas...  
en el concepto de que en todo caso deberá respetarse a la finca afectada la pequeña propiedad reducida al mínimo, de conformidad con lo que establece el párrafo segundo de la fracción II del artículo 51 del Código Agrario, en relación con el 57 del propio ordenamiento
, y que en este caso estará constituido por 37-80-00 hectáreas de riego en el potrero de Aguilillas (ilegible) hectáreas de temporal y 158-72-00 hectáreas de agostadero, con (ilegible) de labor en el de El Comal, equivalentes estas superficies a 100-00-00 hectáreas de riego teórico".

  Ahora bien, una vez que han quedado reseñadas las diversas pruebas documentales que aportaron a los autos los titulares de las siete fracciones de la Exhacienda "Santa Cruz" y "El Cortijo" y confrontadas con el contenido de los trabajos técnicos informativos llevados a cabo por el comisionado Salvador Acosta de la Cruz, según informe de treinta de octubre de mil novecientos ochenta y siete, se concluye que no ha lugar a declarar la nulidad de los acuerdos presidenciales, como tampoco procede cancelar los certificados de inafectabilidad que amparan las indicadas fracciones de terrenos pertenecientes a María Guadalupe Isabel Francisca Lancaster y Verea y Javier Verea Prieto, Elena Verea Prieto y Alberto Lancaster Jones y Verea, Jorge y Eduardo Lancaster Jones, Antonio Verea Prieto de L. Corcuera y Jorge Verea Palomar, Isabel Lancaster Jones de Gutiérrez Solá y Ricardo Lancaster Jones, Margarita y Susana Verea Prieto, acciones agrarias que ocupan nuestra atención en este considerando, ello es así en virtud de las razones que enseguida se exponen.

  En efecto, es pertinente recordar que la Dirección General de Tenencia de la Tierra, al determinar el cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, instaurar el procedimiento para declarar la nulidad de los acuerdos presidenciales y de cancelar los certificados de inafectabilidad que se refieren a las siete fracciones de la multicitada Hacienda o Exhacienda "Santa Cruz" o "El Cortijo", propiedad de las personas antes nombradas, se sustentó en el hecho de que esos inmuebles, según informe de Salvador Acosta de la Cruz, de treinta de octubre de mil novecientos ochenta y siete, habían permanecido inexplotados por más de dos años consecutivos.

  Sin embargo, debe decirse que lo expuesto por el indicado comisionado, no produce plena convicción a este Organo Jurisdiccional, fundamentalmente porque si bien es cierto Salvador Acosta de la Cruz, refirió haber constatado la inexplotación que por más de dos años mantenían los predios que ocupan ahora nuestra atención, también es igualmente cierto que ha quedado plenamente demostrado, que tal circunstancia obedecía a una causa de fuerza mayor que impedía a los propietarios aprovechar o explotar esos inmuebles.

  Ciertamente, del análisis conjunto que se hace a las pruebas documentales reseñados bajo los números 2, 3 y 9 del presente considerando, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por provenir de servidores públicos en ejercicio de las atribuciones que les conferían las leyes, se advierte con meridiana claridad que mediante escritura pública 6004, de treinta y uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, la Exhacienda "Santa Cruz" y "El Cortijo", con extensión aproximada de 588-00-00 (quinientas ochenta y ocho hectáreas), ubicada en el Municipio de Tamazula de Gordiano, Estado de Jalisco, fue dividida y adjudicada en propiedad en los siguientes términos:

  Fracción I, propiedad de María Guadalupe Isabel Francisca Lancaster y Verea (también conocida como Fanny Lancaster y Verea) y Javier Verea Prieto.

  Fracción II, propiedad de Elena Verea Prieto y Alberto Lancaster Jones y Verea.

  Fracciones III y IV, propiedad de Jorge y Eduardo Lancaster Jones.

  Fracción V, propiedad de Antonia Verea Prieto de L. Corcuera y Jorge Verea Palomar.

  Fracción VI; propiedad de Isabel Lancaster Jones de Gutiérrez Solá y Ricardo Lancaster Jones.

  Fracción VII; propiedad de Margarita Verea Prieto y Susana Verea Prieto.

  Asimismo, se acredita que a los predios pertenecientes a las personas acabadas de nombrar, en los años de mil novecientos sesenta y ocho y mil novecientos sesenta y nueve, se les expidieron por parte del Presidente de la República, sendos Certificados de Inafectabilidad números 198792, 198892, 198956, 198893, 198954 y 198953, respectivamente. Conociéndose por último que los titulares de las siete fracciones en que fue dividida la Exhacienda "Santa Cruz" y "El Cortijo" en los años de mil novecientos ochenta y siete y mil novecientos ochenta y ocho, acudieron ante el Agente del Ministerio Público de Tamazula de Gordiano, Estado de Jalisco, denunciando que un grupo de personas habían cometido en su perjuicio los delitos de despojo, daños en las cosas y asociación delictuosa, formándose por tal motivo entre otras las averiguaciones previas 293/87, 246/87 y 149/88, constancias de las cuales, si bien no se demuestra que hubiesen concluido con una sentencia judicial condenatoria, también es cierto que tienen valor probatorio pleno, tanto por referirse a diligencias efectuadas ante la fe de un Ministerio Público, como porque contienen las declaraciones que los indiciados o presuntos responsables, pertenecientes al grupo de campesinos del poblado "Cerro del Comal", formularon de manera voluntaria, y en donde expresamente reconocieron que tenían la posesión del predio al cual conocían como "El Comal" o "Cerro del Comal" cuya propiedad correspondía entre otros a María Guadalupe Isabel Francisca Lancaster y Verea y Javier Verea Prieto.

  En efecto, conviene precisar que con motivo de la averiguación previa 292/97, ante el Agente del Ministerio Público de Tamazula de Gordiano, el nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, compareció Ezequiel Magaña Díaz, manifestando que junto con otros campesinos, desde quince años antes, venían trabajando, entre otros predios, el perteneciente a María Guadalupe Isabel Francisca Lancaster y Javier Verea Prieto, como consecuencia de un permiso verbal que les habían dado Ismael Carrera y Salvador Rentería, supuestos administradores de los propietarios de nombres antes señalados.

  Sin embargo, dentro de la misma averiguación previa en comento, otro de los presuntos responsables  
de nombre Manuel Novoa Rodríguez, declaró el nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y siete,  
que el permiso para ocupar los terrenos de María Guadalupe Isabel Francisca Lancaster Jones y Javier Prieto, lo había otorgado el Administrador de éstos de nombre José Torres Magallón, para después establecer que esos terrenos a los que conocía como predio "El Comal", aproximadamente un año antes  
(es decir en mil novecientos ochenta y seis), habían sido entregados a sus ocupantes, por un funcionario de la Secretaría de la Reforma Agraria.

  Por su parte, de la diversa averiguación previa 246/87, se desprende que ante el Agente del Ministerio Público de Tamazula de Gordiano, el nueve de julio de mil novecientos ochenta y siete, comparecieron Manuel Magaña Díaz y Manuel Novoa Rodríguez, quienes dijeron ser integrantes del poblado "Cerro del Comal", constituido por más de sesenta personas, reconociendo ambos que el poblado de referencia tenía la posesión del predio denominado "Cerro del Comal" (integrado por las fracciones "La Tijera", "El Panal",  
"El Charco Hediondo", "Buenavista", "El Contador" y "La Turbina"), como consecuencia de que un funcionario de la Secretaría de la Reforma Agraria, de manera verbal, los había concedido en dotación aproximadamente cinco años antes.

  Por último, de la averiguación previa 149/88, se conoce que ante el Ministerio Público de Tamazula de Gordiano, el primero de junio de mil novecientos ochenta y ocho, comparecieron los indiciados Ezequiel Magaña Díaz y Javier Magaña Díaz, manifestando entre otras cosas que la superficie de 500-00-00 (quinientas hectáreas) que tenían en posesión los campesinos del poblado "Cerro del Comal", durante quince años atrás, derivaba de una supuesta Resolución Presidencial, en virtud de la cual les habían dotado el predio denominado "Cerro del Comal".

  Ahora bien, de todo lo anteriormente expuesto es evidente que cuando el comisionado Salvador Acosta de la Cruz, practicó los trabajos técnicos informativos de treinta de octubre de mil novecientos ochenta y siete, y señaló que los predios pertenecientes a María Guadalupe Isabel Francisca Lancaster y Verea y Javier Verea Prieto, Elena Verea Prieto y Alberto Lancaster Jones y Verea, Jorge y Eduardo Lancaster Jones, Antonio Verea Prieto de L. Corcuera y Jorge Verea Palomar, Isabel Lancaster Jones de Gutiérrez Solá y Ricardo Lancaster Jones, Margarita y Susana Verea Prieto, ubicados en el Municipio de Tamazula de Gordiano, habían permanecido inexplotados por más de dos años consecutivos; no tomó en cuenta  
ni tampoco reportó que tal circunstancia se debía al hecho de que esos inmuebles estaban ocupados por un grupo de campesinos del poblado denominado "Cerro del Comal", lo cual constituía una causa de fuerza mayor que impedía que se aprovecharan por sus titulares, los inmuebles que ahora ocupan nuestra atención.

  La convicción anteriormente alcanzada, se robustece si se toman en cuenta dos aspectos más: Primero, de las constancias que integran el diverso expediente 1457/93, del índice de este Organo Jurisdiccional, relativo al procedimiento de dotación de tierras denominado "Cerro del Comal", Municipio de Tamazula de Gordiano, Estado de Jalisco, se conoce que al practicarse trabajos técnicos informativos complementarios por parte del ingeniero Carlos A. Serrano Arzola, contenidos en el informe de dieciséis de abril de dos mil uno, se concluyó que los predios amparados por los certificados de inafectabilidad 198792, 198892, 198956, 198893, 198954 y 198953, a nombre de María Guadalupe Isabel Francisca Lancaster y Verea y Javier Verea Prieto, Elena Verea Prieto y Alberto Lancaster Jones y Verea, Jorge y Eduardo Lancaster Jones, Antonio Verea Prieto de L. Corcuera y Jorge Verea Palomar, Isabel Lancaster Jones de Gutiérrez Solá y Ricardo Lancaster Jones, Margarita y Susana Verea Prieto, son exactamente los mismos inmuebles que conforman en su totalidad el predio denominado "Cerro del Comal", constituido de 574-35-00 (quinientas setenta y cuatro hectáreas, treinta y cinco áreas), ubicado en el Municipio de Tamazula de Gordiano, Estado de Jalisco, y que están en posesión de los campesinos del poblado "Cerro del Comal". Cabe mencionar, que en la realización de los indicados trabajos técnicos informativos complementarios, ordenados por este Organo Jurisdiccional, se contó con la presencia de los integrantes del Organo de Representación del Poblado que de constituirse se denominará nuevo centro de población ejidal "Miguel Hidalgo y Costilla".

  En segundo lugar, es pertinente señalar que aun en el supuesto de considerar que los terrenos pertenecientes a María Guadalupe Isabel Francisca Lancaster y Verea y Javier Verea Prieto, Elena Verea Prieto y Alberto Lancaster Jones y Verea, Jorge y Eduardo Lancaster Jones, Antonio Verea Prieto de L. Corcuera y Jorge Verea Palomar, Isabel Lancaster Jones de Gutiérrez Solá y Ricardo Lancaster Jones, Margarita y Susana Verea Prieto, hubiesen estado ocupados indistintamente por campesinos del poblado gestor de este expediente y por personas integrantes del poblado denominado "Cerro del Comal", lo cierto es que tal posesión no se demostró que hubiese derivado del consentimiento de los propietarios de esos inmuebles, tan es así que por esa razón se instruyeron las averiguaciones previas que quedaron reseñadas líneas arriba, en las cuales se denunciaron, entre otros, el delito de despojo a cargo de los ocupantes del poblado "Cerro del Comal"; averiguaciones que si bien no culminaron con una resolución judicial, no por eso dejan de tener valor probatorio, máxime cuando del legajo I, del expediente 1457/93, relativo al procedimiento de dotación de tierras del poblado "Cerro del Comal", se desprende que mediante convenio de veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y uno, que celebraron por una parte el presidente y secretario del Comité Particular Ejecutivo del poblado de referencia, y por otra el apoderado legal de la familia Lancaster Jones y Verea, éstos manifestaron que con la finalidad de solucionar los problemas correspondientes a los terrenos de la ex hacienda "Santa Cruz" y "El Cortijo", que se encontraron en posesión de los campesinos del poblado "Cerro del Comal", se desistían del proceso penal número 72/98, que ante el Juez de Primera Instancia de Tamazula, se ventilaba en contra de personas integrantes del referido poblado, comprometiéndose por su parte los dirigentes del poblado "Cerro del Comal" a dejar totalmente desocupada la superficie propiedad de la familia Lancaster Jones y Verea, sin que aparezca constancia de que esto último se hubiera cumplido. Igualmente, tampoco se comprobó que la indicada posesión, derive de una Resolución Presidencial de dotación de tierras, en virtud de que por lo que hace al procedimiento de nuevo centro de población ejidal, que de constituirse se denominará "Miguel Hidalgo y Costilla", se instauró el once de junio de mil novecientos ochenta y siete, y la primera resolución que se emitió a favor del citado poblado fue hasta el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y tres, por lo cual es inconcuso que en el año de mil novecientos ochenta y siete, los inmuebles pertenecientes a la familia Lancaster Jones, estaban ocupados ilegalmente, cuestión que evidentemente constituye una causa de fuerza mayor que impedía que el multicitado predio "Cerro del Comal", fuera aprovechado por sus propietarios durante más de dos años consecutivos.

  En tal orden de ideas, y toda vez que en la especie se acreditó suficientemente la concurrencia de la hipótesis normativa prevista en la parte final de la fracción II, del artículo 418 de la Ley Federal de Reforma Agraria, es decir, la existencia de una causa de fuerza mayor, que ha imposibilitado que María Guadalupe Isabel Francisca Lancaster y Verea y Javier Verea Prieto, Elena Verea Prieto y Alberto Lancaster Jones y Verea, Jorge y Eduardo Lancaster Jones, Antonio Verea Prieto de L. Corcuera y Jorge Verea Palomar, Isabel Lancaster Jones de Gutiérrez Solá y Ricardo Lancaster Jones, Margarita y Susana Verea Prieto, aprovecharan sus inmuebles durante más de dos años, consecuentemente no es procedente cancelar los certificados de inafectabilidad, que amparan los terrenos que fueron materia de este incidente, derivados de la Exhacienda "Santa Cruz" y "El Cortijo" y que son los siguientes:

  Certificado de inafectabilidad 198792, expedido el cuatro de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho, que ampara la fracción I, propiedad de María Guadalupe Isabel Francisca Lancaster y Verea (también conocida como Fanny Lancaster y Verea) y Javier Verea Prieto.

  Certificado de inafectabilidad 198892, expedido el veintinueve de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho, que ampara la fracción II, propiedad de Elena Verea Prieto y Alberto Lancaster Jones y Verea.

  Certificado de inafectabilidad 198956, expedido el veintitrés de julio de mil novecientos sesenta y nueve, que ampara las fracciones III y IV; propiedad de Jorge y Eduardo Lancaster Jones.

  Certificado de inafectabilidad 198893, expedido el tres de agosto de mil novecientos sesenta y ocho,  
que ampara la fracción V, propiedad de Antonia Verea Prieto de L. Corcuera y Jorge Verea Palomar.

  Certificado de inafectabilidad 198954, expedido el dieciséis de julio de mil novecientos sesenta  
y nueve, que ampara la fracción VI; propiedad de Isabel Lancaster Jones de Gutiérrez Solá y Ricardo Lancaster Jones.

  Certificado de inafectabilidad 198953, expedido el quince de julio de mil novecientos sesenta y nueve, que ampara la fracción VII, propiedad de Margarita Verea Prieto y Susana Verea Prieto.

  Acorde con lo expuesto en los anteriores párrafos, al no ser procedente la cancelación de los aludidos certificados de inafectabilidad, y al seguir éstos surtiendo todos sus efectos legales, resulta improcedente declarar la nulidad de los acuerdos presidenciales de quince de julio de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho; catorce de agosto de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho; dieciséis de abril de mil novecientos sesenta  
y ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de julio de mil novecientos sesenta y nueve; diez de julio de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de agosto de mil novecientos sesenta y ocho; seis de febrero de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de julio de mil novecientos sesenta y nueve,  
con base a los cuales se expidieron los multirreferidos certificados de inafectabilidad.

  Ahora bien, independientemente de la convicción aquí alcanzada, y con la finalidad de cumplimentar en sus términos la ejecutoria de seis de diciembre de mil novecientos noventa y seis, pronunciada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de queja Q.A.1185/96,  
a la cual se le hizo referencia en el resultando decimoquinto de esta resolución, se procede a valorar la copia certificada del Diario Oficial de la Federación, de siete de octubre de mil novecientos treinta y ocho, que fue ofrecida como prueba durante la substanciación del presente asunto, por parte de María Guadalupe Isabel Francisca Lancaster y Verea (también conocida como Fanny Lancaster Jones y Verea) y Javier Verea Prieto, Elena Verea Prieto y Alberto Lancaster Jones y Verea, Jorge y Eduardo Lancaster Jones, Antonio Verea Prieto de L. Corcuera y Jorge Verea Palomar, Isabel Lancaster Jones de Gutiérrez Solá y Ricardo Lancaster Jones, Margarita y Susana Verea Prieto, quienes aseveran que en el citado órgano de difusión, se encuentra publicado en la Resolución Presidencial de diez de noviembre de mil novecientos treinta y siete, en favor del poblado denominado "Lo de Ovejo", Municipio de Zapotiltic, Estado de Jalisco, en la cual se contiene una declaratoria de inafectabilidad sobre los predios propiedad de la familia Lancaster Jones.

  Al respecto, debe decirse que la indicada Resolución del Ejecutivo de la Unión, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha ya señalada, tiene valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y de su contenido se advierte en la parte que interesa, textualmente lo siguiente:

  "RESULTANDO PRIMERO:- Por escrito de 20 de septiembre de mil novecientos treinta y siete,  
los vecinos del poblado de que se trata, solicitaron con apoyo en las Leyes Agrarias, del ciudadano Gobernador de la mencionada Entidad Federativa, dotación de tierras por carecer de ellas para satisfacer  
sus necesidades...

  RESULTANDO CUARTO.- De los datos técnicos e informativos recabados de conformidad con lo que previene el Código Agrario, se llegó al conocimiento de que el poblado solicitante se encuentra en terrenos de la Hacienda de "Santa Cruz" y "El Cortijo", propiedad en mancomún y proindiviso de los señores Ricardo y Alberto Lancaster Jones, que mide después de deducir las afectaciones, 1,129-32 hs. como sigue: 941-40 de riego, 29-20 Hs. de temporal y 158-72 hs. de agostadero...

  CONSIDERANDO TERCERO.- Atendiendo a que el fallo del Ciudadano Gobernador del Estado,  
dictado en este asunto, con fecha 20 de octubre de 1937, se ajusta en todo a las disposiciones agrarias vigentes, procede confirmar dicha sentencia y conceder en dotación definitiva a los vecinos de Los de Ovejo una superficie total de 903-60 Hs. de terrenos de riego, que se tomarán en su totalidad de la hacienda de "Santa Cruz" y El Cortijo propiedad en mancomún y proindiviso de los señores Ricardo y Alberto Lancaster Jones y Minjares, superficie que se destinará para formar 226 parcelas, inclusive la escolar dejándose a salvo los derechos de los 89 capacitados restantes que no alcanzan parcela, a fin de que promuevan la creación de un nuevo de población agrícola, de acuerdo con la ley; en el concepto de que en todo caso deberá respetarse a la finca afectada la pequeña propiedad reducida al mínimo, de conformidad con lo que establece el párrafo segundo de la fracción II del artículo 51 del Código Agrario, en relación con el 57 del propio ordenamiento, y que en este caso estará constituido por 37-80 Hs. de riego, en el potrero de Aguilillas y  
20-20 Hs., de temporal y 158-72 Hs. de agostadero, de El Comal, equivalentes estas superficies a 100 Hs. de riego teórico."

  El fallo acabado de transcribir aun cuando se refiere a un poblado diferente al gestor de este expediente, ello de ninguna manera constituye un elemento para soslayar el hecho de que desde el diez de noviembre de mil novecientos treinta y siete, la Exhacienda "Santa Cruz" y "El Cortijo", propiedad de Ricardo y Alberto Lancaster Jones y Mijares, en una de sus partes, fue afectado para dotar de tierras al poblado "Lo de Ovejo", quedando reducido dicho predio, por disposición expresa del Ejecutivo de la Unión, a una pequeña propiedad inafectable para efectos agrarios.

  Así las cosas, ese señalamiento o declaratoria, tiene los mismos efectos y hace las veces también de un certificado de inafectabilidad, que obliga a respetar la pequeña propiedad a la cual fue reducida la Exhacienda "Santa Cruz" y "El Cortijo", sin que pueda jurídicamente ser objeto de una nueva afectación,  
pues para ello sería menester anular los alcances de la referida declaratoria de inafectabilidad, contenida  
en la Resolución Presidencial de diez de noviembre de mil novecientos treinta y siete, a través del procedimiento respectivo.

  Sirve de fundamento para esta última determinación, la siguiente jurisprudencia definitiva, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro:

  "AGRARIO. CERTIFICADO DE INAFECTABILIDAD, Y OTRAS DEFENSAS DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD. CONCEPTOS. Las defensas de la pequeña propiedad rural que instituye el Código Agrario tienen de común que se basan en que el Presidente de la República, suprema autoridad agraria, es quien ha declarado que se trata de una pequeña propiedad inafectable. Dichas defensas, instituidas por el Código Agrario, se pueden clasificar en tres categorías: 1a. La que establecen los artículos 105, 292 y 293 del Código en cita, que se refiere a la localización del áea inafectable dentro de una finca afectable;  
tales disposiciones presuponen que el propietario de un predio afectable, pero todavía no afectado, solicita la localización de la superficie inafectable, anticipándose a la afectación. El reconocimiento de dicha pequeña propiedad recibe el nombre de declaratoria. 2a. La que contiene el artículo 294 del mencionado Código Agrario, Aquí el reconocimiento de inafectabilidad por parte del Presidente de la República recibe la denominación de certificado de inafectabilidad e incluye el doble objeto de proteger los predios que por su extensión son inafectables (es decir, la pequeña propiedad de origen) y aquellos otros que de hecho,  
sin declaratoria presidencial, hubieran quedado reducidos a esa extensión. El nombre de "certificado de inafectabilidad" que emplea el artículo 294 es distinto al de "declaratoria" que en forma, en cierto modo gen,rico, usan los artículos referidos a la primera categoría. Pero, salvo la denominación, se equiparan en las dos figuras los rasgos esenciales de la tramitación, la autoridad que expide el documento, la publicación en el Diario Oficial y la inscripción en el Registro Agrario Nacional, cuando el artículo 338 dice, en su fracción XIII, que deben inscribirse en el mismo "los certificados de inafectabilidad y las declaratorias sobre señalamiento de superficies inafectables". 3a. Es la que contiene el artículo 252, fracción II, del Código Agrario,  
que dispone que las resoluciones presidenciales dotatorias contendrán: "Los datos relativos a las propiedades afectables para fines dotatorios y a las propiedades inafectables que se hubieren identificado durante la tramitación del expediente y localizado en el plano informativo correspondiente...". Como en los casos anteriores, también en éste, es la suprema autoridad agraria quien señala la pequeña propiedad inafectable a que queda reducida la que se afecta. La diferencia con la declaratoria de la primera categoría estriba en que mientras allá la inafectabilidad se declara antes de la afectación, aquí se hace con motivo de ella, pero en ambos casos se cumple el propósito constitucional de dejar a salvo la pequeña propiedad inafectable; por último, al igual que las declaratorias y los certificados de inafectabilidad, esta forma de reconocimiento de la pequeña propiedad también es inscrita en el Registro Agrario Nacional, al serlo la resolución presidencial que la contiene, en los términos del artículo 338, fracciones I y II, y como aquellos debe ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, además de los Periódicos Oficiales de las entidades correspondientes. A falta de una ley posterior a la reforma constitucional de 1946, que reglamente el certificado de inafectabilidad como título de legitimación activa para promover el amparo, es decir como defensa de la pequeña propiedad inafectable en la esfera judicial, sólo cabe acudir a las formas de reconocimiento de ella que instituye el Código Agrario, que son valederas actualmente, no sólo en el ámbito administrativo, sino también para promover el juicio de garantías. De las tres formas de reconocimiento de la pequeña propiedad inafectable que consagra el Código Agrario sólo una lleva la denominación de "certificado de inafectabilidad", que es la empleada por la reforma constitucional de 1946; pero no existe indicio alguno en el proceso de dicha reforma de que la misma hubiera tenido la intención de elegir uno solo de los tres medios de protección (el que lleva el nombre de certificado de inafectabilidad) como el único de acudir al amparo, desdeñando los demás y estableciendo en materia judicial una defensa mutilada respecto a la instituida en materia administrativa, que no podría justificarse por cuanto todos los reconocimientos de inafectabilidad que consagra el Código Agrario, y no sólo el llamado certificado de inafectabilidad, provienen de la suprema autoridad agraria. Hay elementos en la iniciativa de la reforma para entender que no pensó en que la Constitución, al mencionar en esa reforma el certificado de inafectabilidad, subordina, su sentido y concepto al léxico del Código Agrario, ley que, por ser anterior, no se refería, ni podría referirse,  
al documento apto para acudir al juicio de amparo, sino que se refirió a los certificados de inafectabilidad en cuanto su expedición "es el reconocimiento de parte del Estado, de que efectivamente se trata de una auténtica pequeña propiedad", según se dice textualmente en la iniciativa. En esas palabras se encuentra el espíritu y el propósito de la reforma. Como el reconocimiento de parte del Estado, y precisamente por la suprema autoridad agraria, se hace de acuerdo con el Código Agrario, única ley actualmente aplicable,  
por los tres medios o formas que antes se han expuesto, quiere decir que los tres son igualmente idóneos para abrir las puertas del amparo, en defensa dentro de la esfera judicial, de la pequeña propiedad reconocida como inafectable por el Presidente de la República. De otro modo, la Constitución se subordinaría a la expresión literal de una ley que, como el Código Agrario vigente, además de ser ordenamiento secundario, no tuvo por objeto regular la legitimación activa para acudir al juicio de amparo.

  Volumen 15, pg. 13. Amparo en revisión 7081/68. Oscar Fernández East. 4 de marzo de 1970. 5 votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez.

  Volumen 18, pg. 37. Amparo en revisión 2338/68. Esperanza Juárez de Solórzano y otros. 24 de junio  
de 1970. 5 votos. Ponente: Alberto Jiménez Castro.

  Volumen 26, pg. 115. Amparo en revisión 1520/69. Concepción Iturrios vda. de Ritz y coags. 1o. de febrero de 1971. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Jorge Saracho Alvarez.

  Volumen 36, pg. 24. Amparo en revisión 2286/71. Amador Picazarri Laredo, 29 de noviembre de 1971.  
5 votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez.

  Volumen 47, pg. 14. Amparo en revisión 4821/71. Efrén Fierro Camargo. 8 de noviembre de 1972. Unanimidad de 4 votos. Ponente:

  Pedro Guerrero Martínez

  "Séptima Epoca

  Instancia: Segunda Sala

  Fuente: Semanario Judicial de la Federación

  Tomo: 48 Tercera Parte

  Página: 35".

  Así también, tiene aplicación al presente asunto la tesis jurisprudencial establecida por la sala auxiliar del Máximo Tribunal de la Nación, que es del tenor literal siguiente.

  "AGRARIO. PEQUEÑA PROPIEDAD. SU RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA SUPREMA AUTORIDAD AGRARIA. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA UNA RESOLUCION PRESIDENCIAL QUE AFECTA AL PREDIO A QUE SE REFIERE ESE RECONOCIMIENTO.

  Si en virtud de una primera Resolución Presidencial, en ésta se declara la inafectabilidad agraria o se reconoce una pequeña propiedad, sin que se haya expedido el certificado de inafectabilidad respectivo,  
y que con motivo de una posterior Resolución Presidencial, resultó total o parcialmente afectada esa misma pequeña propiedad, sin que ésta se haga cargo de la resolución anterior en la que se haya hecho tal reconocimiento, esa omisión entraña una violación formal cuya reparación debe hacerse mediante el otorgamiento de la protección constitucional, para el efecto de que se declare insubsistente la Resolución Presidencial afectatoria, previa la tramitación del procedimiento correspondiente en el que se cumplan las formalidades legales y se resuelva lo que en derecho proceda, acerca de la subsistencia o insubsistencia jurídica del reconocimiento anterior de que el predio constituye una pequeña propiedad inafectable.

  Séptima Epoca

  Instancia: Sala Auxiliar

  Fuente: Semanario Judicial de la Federación

  Volumen: 169-174 Séptima Parte

  Página: 51"

  SEXTO.- En lo referente a la cuestión de fondo del asunto cuyo estudio nos ocupa, del análisis a las constancias que obran en autos, se advierte que no existen predios que resulten afectables para constituir el nuevo centro de población ejidal que se denominaría "Miguel Hidalgo y Costilla".

  En efecto, en la solicitud de tres de enero de mil novecientos ochenta y seis, presentado por campesinos que dijeron radicar en los municipios de Tamazula y Zapotiltic, Estado de Jalisco, los cuales conforman el grupo gestor de este expediente, se desprende que señalaron como inmuebles susceptibles de afectación los denominados "Ojo de Agua", "Lo de Ovejo", "Las Borregas", "Milpillas", "El Saltito", "Candelillas", "El Mirador", "Media Luna" y "Palos Verdes", ubicados en el Municipio de Zapotiltic. Así como también los predios conocidos como "El Panal", "La Tijera", "Cerro del Comal", "La Turbina", "El Juntadero", "El Charco",  
"El Chilillo", "Los Amoles", "La Mesa de las Vigas", "Montecillo", "El Caballito" y "La Higuerita", estos últimos localizados en el Municipio de Tamazula de Gordiano.

  Ahora bien, cabe destacar que en el informe de treinta de octubre de mil novecientos ochenta y siete, relativo a los trabajos técnicos informativos llevados a cabo por el comisionado Salvador Acosta de la Cruz, se menciona a manera de conclusión lo siguiente:

  "Como resultado de los trabajos de campo realizados en los predios señalados como susceptibles de afectación por el grupo solicitante de tierras, para la creación del N.C.P.E. Miguel Hidalgo y Costilla, Municipio de Zapotiltic, Estado de Jalisco; considerando los límites que deben respetar las propiedades para mantener su calidad de inafectable, su uso y explotación de las mismas; por contravenir diversas disposiciones legales, señaladas al respecto por el artículo 27 Constitucional y la Ley Federal de Reforma Agraria, se propone para la creación del Nuevo Centro de Población Ejidal que nos ocupa, los terrenos de las siguientes fracciones:

  Fracción Las Borregas u Ojo de Agua, propiedad de Cementos Tolteca, S.A. con superficie aproximada de 73-32-54 hectáreas de terreno de riego por violación de la fracción IV del artículo 27 de nuestra carta magna, que habiendo adquirido con el objeto de utilizar la arcilla para el proceso industrial del cemento, desde el año de mil novecientos ochenta y uno, hasta la fecha se está dando un curso distinto para el que fue adquirido, tomando en consideración que al conceder el usufructo a otra persona equivale a usufructarlo por sí mismo, tratándose de una sociedad anónima, está dedicando el terreno a la explotación agrícola desde esa fecha.

  Por causa de inexplotación; contraviniendo el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria  
las siguientes fracciones de los remanentes de las exhaciendas de Santa Cruz y El Cortijo del Cerro del Comal, Municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco, se proponen para la creación del N.C.P.E.,  
las siguientes superficies:

  FRACCION No. PROPIETARIO SUPERFICIE Ha

  1 Ma. Guadalupe Francisca Lancaster J. 84-92-00 Has.

  2 Alberto Lancaster Jones 72-00-00 Has.

  3 Isabel Lancaster Jones de Gutiérrez 40-00-00 Has.

  4 Jorge y Eduardo Lancaster Jones 66-52-00 Has.

  5 José Verea Palomar 75-00-00 Has.

  6 Susana Verea Prieto 121-17-00 Has.

        SUMA 460-21-00 Has.

  Las 460-21-00 has., anteriores de agostadero cerril, se encuentran en completo estado de abandono por más de dos años consecutivos, como se mencionó anteriormente, y se desprende del hecho que en el momento de la inspección realizada el veintitrés de septiembre próximo pasado, se comprobó que no existe explotación alguna del terreno, ni rastros de haber sido trabajado recientemente por parte de los titulares  
de estas fracciones; reforzando nuestro dicho, además del acta levantada en esa misma fecha,  
la certificación expedida en los mismos términos, por la autoridad municipal de ese lugar en oficio número 309, expediente número 19/984 del primero de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro que se anexa al presente informe."

  Del informe en comento, el cual tiene valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, mismo que obra en el legajo III, se desprende que con motivo de los trabajos técnicos informativos complementarios llevados a cabo por el comisionado Salvador Acosta de la Cruz, éste únicamente reportó como predios susceptibles de ser afectados, del total de los pretendidos por el grupo gestor, los que han quedado transcritos en los párrafos que preceden, por lo tanto, se concluye que los inmuebles denominados "Milpillas", "El Saltito", "Candelillas", "El Mirador", "Media Luna" y "Palos Verdes", ubicados en el Municipio de Zapotiltic, así como también los predios denominados "El Chilillo", "Los Amoles", "La Mesa de las Vigas", "Montecillo", "El Caballito" y "La Higuerita", devienen inafectables por no haberse reportado, por el referido comisionado que estuvieran inexplotados durante dos años consecutivos o que rebasaran los límites de la pequeña propiedad, por lo cual debe entenderse que los indicados inmuebles se encuentran amparados por lo dispuesto en los artículos 249 y 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

  Por lo que se refiere a los inmuebles denominados "Ojo de Agua" y "Las Borregas", el ingeniero Salvador Acosta de la Cruz, reportó que tenían una superficie total de 73-32-54 (setenta y tres hectáreas, treinta y dos áreas, cincuenta y cuatro centiáreas), las cuales pertenecían en propiedad a Cementos Tolteca, S.A., quien a pesar de haberla adquirido en el año de mil novecientos ochenta y uno, no dedicaba esa extensión de terreno a la explotación de la arcilla para el proceso industrial del cemento, sino que lo tenía concedido en usufructo para la explotación agrícola.

  Ahora bien, de las constancias que obran en el legajo I, se comprueba que mediante escritura pública 5666 de diecinueve de febrero de mil novecientos ochenta y uno, fueron adquiridos por la empresa denominada Cementos Tolteca, S.A., los predios denominados "Las Borregas" y "Ojo de Agua", ubicados en el Municipio de Zapotiltic, Jalisco, con extensiones de 31-49-86 (treinta y una hectáreas, cuarenta y nueve áreas, ochenta y seis centiáreas) y 41-82-67 (cuarenta y una hectáreas, ochenta y dos áreas, sesenta y siete centiáreas) demostrándose además del escrito de ofrecimiento de prueba, firmado por José Antonio Soto Becerra representante legal de Cementos Tolteca, S.A., de primero de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho (foja de la 126 a la 129), que en dicho ocurso el propio representante de la persona moral acabada de señalar, reconoció expresamente que los terrenos cuyo estudio ahora nos ocupa, desde el año de mil novecientos ochenta y uno los habían concedido en usufructo agrícola, debido supuestamente a una causa de fuerza mayor que impedía a Cementos Tolteca, S.A., explotarlos para el objeto social que motivaron la adquisición de los mismos.

  Sin embargo, del texto de la citada escritura pública 5666 de diecinueve de febrero de mil novecientos ochenta y uno, relativa a la compraventa celebrada entre Jaime Serrano Ceballos y Cementos Tolteca, S.A., respecto de los predios denominados "Las Borregas" y "Ojo de Agua", se consignó por parte del notario público número 74 del Distrito Federal, ante quien se elaboró el aludido documento, lo siguiente:

  "CLAUSULA AGRARIA. Ambos predios se encuentran amparados con el certificado de inafectabilidad agrícola número 08501 (ocho mil quinientos uno), de fecha diez de febrero de mil novecientos cuarenta y cuatro, que se acordó (sic) por Resolución Presidencial de cinco de abril de mil novecientos cuarenta y cuatro y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, registrado bajo el número 874 (ochocientos setenta y cuatro) a fojas 223 v. a la 224 f., del libro 13-V del Registro Nacional Agrario."

  De todo lo anteriormente expuesto, es incuestionable que si bien y tal como lo señaló el comisionado Salvador Acosta de la Cruz, en su informe de treinta de octubre de mil novecientos ochenta y siete, los predios denominados "Las Borregas" y "Ojo de Agua", adquiridos por Cementos Tolteca, S.A., desde mil novecientos ochenta y uno, no habían sido destinados para la explotación industrial a la cual se dedicaba la referida empresa, con lo cual sin duda alguna se contravenía lo dispuesto por el artículo 27 fracción IV  
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecía que ninguna sociedad comercial por acciones, podría adquirir, poseer o administrar terrenos rústicos que no se dedicaran a la actividad propia de la empresa o sociedad comercial respectiva. No obstante lo anterior y al haberse comprobado en autos que los inmuebles denominados "Las Borregas" y "Ojo de Agua", se encuentran amparados con el certificado de inafectabilidad agrícola 08501, de diez de febrero de mil novecientos cuarenta y cuatro, derivado del Acuerdo Presidencial de cinco de abril de mil novecientos cuarenta y cuatro, el cual a su vez se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, es evidente que los referidos inmuebles están constituidos por mandamiento expreso del Presidente de la República,  
que en esa época era la máxima autoridad agraria de la Nación, como una pequeña propiedad inafectable, de tal suerte que no puede ser destinada a satisfacer las necesidades agrarias del poblado gestor de este expediente, máxime si aunado a lo acabado de expresar, se tiene en consideración que el aludido certificado de inafectabilidad, no fue materia del procedimiento establecido por los artículos 418 y 419 de la Ley Federal de Reforma Agraria, con la finalidad de que jurídicamente se pudieran desconocer sus efectos legales, por lo que al no haberse anulado la declaratoria de inafectabilidad que se pronunció respecto de los inmuebles  
"Las Borregas" y "Lo de Ovejo", así como al no haberse cancelado el respectivo certificado de inafectabilidad que ampara a los indicados inmuebles, éstos no pueden ser destinados para satisfacer las necesidades agrarias del nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominará "Miguel Hidalgo y Costilla".

  Por otra parte, conviene destacar que no estaba permitido a este Organo Jurisdiccional, instaurar y tramitar un procedimiento para pretender cancelar el certificado de inafectabilidad agrícola 0851 de diez  
de febrero de mil novecientos cuarenta y cuatro, en virtud de que el presente asunto fue remitido por la Secretaría de la Reforma Agraria como un expediente debidamente integrado y para efectos de que se emitiera la resolución correspondiente, por lo que consecuentemente y en apego a lo dispuesto por los artículos tercero transitorio del decreto que reformó al artículo 27 Constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la  
Ley Agraria y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, esta autoridad jurisdiccional, no está facultada para instaurar o tramitar procedimientos de nulidad y cancelación  
de certificados de inafectabilidad, que no se hubiesen iniciado antes de la reforma al artículo 27 de la Constitución Federal, contenida en los preceptos acabados de invocar.

  Robustece la anterior convicción, lo expuesto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la ejecutoria de veinte de octubre de dos mil, al resolver el juicio de garantías DA5992/98, promovido por la quejosa Carmen Armas Bris y Coagraviados, misma que en su parte conducente establece:

  "Resulta fundada la pretensión de la parte quejosa, en el sentido de que la Magistrada instructora carece de competencia para ordenar la notificación del procedimiento de nulidad de fraccionamientos de propiedades afectables por actos de simulación e iniciar un nuevo procedimiento de nulidad del certificado de inafectabilidad agrícola número 382246, de acuerdo a lo que se dispone en los siguientes artículos:

  a).- Tercero transitorio del Decreto que reformó al artículo 27 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de enero de 1992.

  ARTICULO TERCERO.- La Secretaría de la Reforma Agraria, el Cuerpo Consultivo Agrario,  
las comisiones agrarias mixtas y las demás autoridades competentes, continuarán desahogando los asuntos que se encuentren actualmente en trámite en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas; creación de nuevos centros de población, y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, de conformidad con las disposiciones legales que reglamenten dichas cuestiones y que estén al momento  
de entrar en vigor el presente Decreto.

  Los expedientes de los asuntos arriba mencionados, sobre los cuales no se haya dictado resolución definitiva al momento de entrar en funciones los tribunales agrarios, se pondrán en estado de resolución y se turnarán a éstos para que, conforme a su ley orgánica, resuelvan en definitiva, de conformidad con las disposiciones legales a que se refiere el párrafo anterior.

  b).- Tercero transitorio de la Ley Agraria;

  ARTICULO TERCERO.- La Ley Federal de Reforma Agraria que se deroga se seguirá aplicando respecto de los asuntos que actualmente se encuentran en trámite en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas, creación de nuevos centros de población y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales.

  Por lo que hace a los asuntos relativos a las materias mencionadas en el párrafo anterior, cuyo trámite haya terminado por haberse dictado acuerdo de archivo del expediente como asunto concluido o dictamen negativo, así como los asuntos relativos a dichas materias en los que en lo futuro se dicten, se estará a lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del Decreto que reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992.

  Los demás asuntos que corresponda conocer a los tribunales agrarios, se turnarán a éstos por la Comisión Agraria Mixta o el Cuerpo Consultivo Agrario, según corresponda, en el estado en que se encuentren, una vez que aquéllos entren en funciones.

  La autoridad agraria deberá prestar a los tribunales la colaboración que le soliciten para la adecuada sustanciación de los expedientes, a fin de que se encuentren en aptitud de dictar la resolución  
que corresponda.

  c).- Cuarto transitorio, fracción II, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

  CUARTO.- En relación con los asuntos a que se refiere el primer párrafo del artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992, que se encuentren actualmente en trámite, pendientes de resolución definitiva, se pondrán en estado de resolución y se turnarán los expedientes debidamente integrados al Tribunal Superior Agrario una vez que éste entre en funciones, para que, a su vez:

  II.- Resuelva los asuntos relativos a ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas, así como creación de nuevos centros de población.

  De la relación de los numerales aludidos, resulta incontrovertible que el Tribunal Superior Agrario carece de competencia para instruir y tramitar asuntos anteriores a la entrada en vigor de la reforma al artículo 27 Constitucional, esto es, el 7 de enero de 1992, ya que sólo tiene al respecto una competencia limitada que sustituya a la que correspondía al Presidente de la República.

  En efecto, según se advierte de los numerales en cita (especialmente el transitorio constitucional),  
la Secretaría de la Reforma Agraria, el Cuerpo Consultivo Agrario, las comisiones agrarias mixtas y las demás autoridades competentes, continuarán desahogando los asuntos que se encuentren actualmente en trámite (dice la Ley) en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas; creación de nuevos centros de población, y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales.

  En este orden de ideas, es indudable que tales asuntos deberán ser tramitados e instruidos en su integridad por las autoridades agrarias -diversas a los tribunales-, ya que la competencia que en esos asuntos se confiere a estos últimos, se surte a partir de que estén debidamente integrados los expedientes para que exclusiva y exactamente, sólo dicten la resolución definitiva.

  Luego entonces, es claro que sólo a las autoridades agrarias -excepción hecha por los tribunales en materia-, les estaba encomendado tramitar y poner en estado de resolución los asuntos de marras.

  Y en relación con estos asuntos, hipótesis en la que está inmersa la nulidad de fraccionamientos de propiedades afectables por actos de simulación y la cancelación de certificados de inafectabilidad, lo único que válidamente corresponde hacer a los tribunales agrarios es, concreta y limitativamente, resolver en definitiva, esto es, dictar el fallo respectivo, porque este asunto ya estaba en estado de resolución y los tribunales agrarios no adquirieron competencia para subsanar o perfeccionar procedimientos concluidos.

  Por lo tanto, resulta claro que las facultades que ahora se arroga la Magistrada instructora, conducentes  
a perfeccionar y consolidar la tramitación y perfeccionamiento de los procedimientos conducentes a obtener la nulidad de fraccionamientos de propiedades afectables por actos de simulación y del certificado  
de inafectabilidad número 382246 de la parte quejosa, para estar en mejores condiciones y posibilidades de poder dotar de tierras a la parte tercero perjudicada, se da fuera de los límites y excede a la facultada exclusivamente resolutora que es de la titularidad de los aludidos tribunales agrarios en los supuestos de asuntos como el examinado".

  En lo atinente al predio denominado "Lo de Ovejo", debe decirse que no fue reportado por el comisionado Salvador Acosta de la Cruz, como un inmueble que rebasara los límites de la pequeña propiedad o que hubiera permanecido inexplotado por más de dos años consecutivos, pero independientemente de lo anterior, consta en autos (foja 172, 173, 181, 187, 188 y 193 del legajo I) que el predio denominado "Lo de Ovejo", con extensión total de 74-00-00 (setenta y cuatro hectáreas), el once de julio de mil novecientos treinta y cinco, fue adquirido por María Teresa Gutiérrez Martínez, quien posteriormente, el veinte de enero de mil novecientos cuarenta y cuatro, obtuvo el certificado de inafectabilidad agrícola número 7072, derivado de la Resolución Presidencial de dos de febrero de mil novecientos cuarenta y cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de julio del año acabado de invocar, por lo tanto el inmueble cuyo estudio nos ocupa tiene el carácter de una propiedad particular, que no puede ser destinada para satisfacer necesidades agrarias, en virtud de contar con un certificado de inafectabilidad agrícola, el cual no fue materia de un procedimiento tendiente a dejarlo sin efectos, siendo además aplicable al respecto los razonamientos que quedaron vertidos con motivo de las facultades que le confieren a este Organo Jurisdiccional, los artículos tercero transitorio del decreto de seis de enero de mil novecientos noventa y dos, que reformó el precepto 27 de la Constitución Federal, tercero transitorio de la Ley Agraria y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

  En cuanto a los predios denominados "El Panal", "La Tijera", "Cerro del Comal", "El Juntadero o Contadero" y "El Charco o Charco Hediondo", de acuerdo con el informe que contienen los trabajos técnicos informativos llevados a cabo por el comisionado Juan Guerra Hernández, a los cuales se hizo referencia en el párrafo que antecede, se desprende que forman parte del predio rústico denominado "Cerro del Comal",  
con extensión de 588-33-00 (quinientas ochenta y ocho hectáreas, treinta y tres áreas), propiedad de la familia Lancaster Jones, amparada por los certificados de inafectabilidad que fueron expedidos a favor de María Guadalupe Isabel Francisca Lancaster y Verea (también conocida como Fanny Lancaster Jones y Verea) y Javier Verea Prieto, Elena Verea Prieto y Alberto Lancaster Jones y Verea, Jorge y Eduardo Lancaster Jones, Antonio Verea Prieto de L. Corcuera y Jorge Verea Palomar, Isabel Lancaster Jones de Gutiérrez Solá y Ricardo Lancaster Jones, Margarita y Susana Verea Prieto.

  Consecuentemente, los indicados predios son los mismos a los cuales se refieren los certificados de inafectabilidad números 198792, 198892, 198956, 198893, 198954 y 198953, que fueron materia de estudio en el considerando que antecede de la presente resolución, y en donde se determinó que no era procedente la cancelación de los mismos, en virtud de no haberse demostrado que los inmuebles de la familia Lancaster Jones y Verea, permanecieran inexplotados por más de dos años consecutivos. Por tanto, esos inmuebles a los que en el presente asunto se les denominó "El Panal", "La Tijera", "Cerro del Comal", "La Turbina",  
"El Juntadero" y "El Charco" devienen inafectables por tratarse de pequeñas propiedades, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 249 y 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

  En las relatadas condiciones, y al haberse demostrado que los inmuebles pretendidos por el núcleo gestor del presente expediente, resultan inafectables, consecuentemente no ha lugar a la creación del  
nuevo centro de población ejidal que de constituirse se denominaría "Miguel Hidalgo y Costilla" a ubicarse en el Municipio de Tamazula de Gordiano, Estado de Jalisco.

  Ahora bien, es de señalarse que el artículo 331 de la Ley Federal de Reforma Agraria establecía que en caso de no localizarse de inmediato terrenos afectables para la constitución de un nuevo centro de población, el expediente instaurado se reservaría para resolverse al momento de que se dispusiera de tierras afectables. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en el decreto que reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, se derogaron las fracciones de la X a la XIV del citado precepto constitucional,  
las cuales establecían las bases para la dotación de tierras por cualquier vía, y entre ellas se encontraba la figura jurídica del nuevo centro de población ejidal, por lo que al haberse suprimido la aludida disposición legal, resulta improcedente efectuar la reserva del asunto que aquí nos ocupa, razón por la cual la presente resolución tiene el carácter de definitiva respecto a la acción agraria de nuevo centro de población ejidal que se hizo valer por el grupo de campesinos, radicados en los municipios de Tamazula de Gordiano y Zapotiltic, Estado de Jalisco, la cual presentaron el tres de enero de mil novecientos ochenta y seis, ante el Secretario de la Reforma Agraria.

  No pasa inadvertido para este Organo Jurisdiccional, lo expuesto en vía de alegatos por parte de los integrantes del órgano de representación del poblado gestor, en el escrito que presentaron ante este Tribunal Superior el quince de agosto de dos mil uno; alegatos que son insuficientes para desvirtuar las convicciones alcanzadas en el presente fallo, como se analiza a continuación.

  En efecto, en el escrito de alegatos en comento, se señala que se debe retomar las consideraciones que sirvieron de sustento a este Tribunal Superior, para emitir la sentencia de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho, en la que se había determinado dotar de tierras al poblado gestor, sin embargo, debe decirse que tal fallo fue dejado insubsistente en su totalidad, en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada el tres de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con motivo del juicio de garantías DA615/99, y si bien en la aludida ejecutoria sólo se mencionó que debía dictarse un nuevo auto de radicación en el presente juicio agrario, también es igualmente cierto que el Tribunal Constitucional de referencia, señaló expresamente que esta autoridad responsable quedaba en libertad de jurisdicción para resolver lo que en derecho procediera una vez que se hubieran valorado los diversos medios probatorios que aportaron los particulares propietarios de los inmuebles pretendidos en afectación, circunstancia esta última que precisamente condujeron a que en este nuevo fallo, se arribara a la convicción de considerar que resulta improcedente la creación del nuevo centro de población ejidal que se denominaría "Miguel Hidalgo y Costilla".

  Por otra parte, en el escrito de alegatos presentado por el órgano de representación del poblado gestor, se menciona que deben ser tomadas en cuenta las documentales que aportaron como pruebas en diverso escrito de quince de mayo de dos mil, ahora bien, en relación al ocurso acabado de referir, se desprende  
que las pruebas documentales que se señalan, consisten en los dictámenes del Cuerpo Consultivo Agrario de treinta de octubre de mil novecientos noventa y uno y catorce de mayo de mil novecientos noventa y dos, en los cuales se propuso cancelar los certificados de inafectabilidad que amparan las fracciones del predio denominado "Cerro del Comal", que pertenece a la familia Lancaster Jones y Verea, para la constitución del nuevo centro de población ejidal que se denominaría "Miguel Hidalgo y Costilla". Las pruebas documentales acabadas de reseñar, en nada favorecen a los oferentes, en virtud de tratarse de opiniones que no se encuentran revestidas con el carácter de resoluciones, por lo que este Organo Jurisdiccional cuenta con libertad para adoptarlas o no.

  En efecto, es pertinente precisar que de conformidad con los artículos tercero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, y tercero transitorio de la Ley Agraria, en relación con los preceptos primero y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, el Tribunal Superior Agrario está investido de plena autonomía y jurisdicción, para emitir fallos en los juicios agrarios relativos a dotación de tierras o creación de nuevo centro de población, en sustitución del Presidente de la República, quien antes de la indicada reforma era la autoridad encargada de resolver en definitiva tales procedimientos.

  Consecuentemente, es inconcuso que los dictámenes emitidos por el Cuerpo Consultivo Agrario,  
no pueden tener el carácter de obligatorio para este Tribunal Superior, en la medida en que pueden o no ser adoptados para elevarlos a la categoría de una resolución definitiva.

  En lo atinente el escrito de quince de mayo de dos mil, el órgano de representación del poblado gestor, que de constituirse se denominaría "Miguel Hidalgo y Costilla", manifestaron que señalar que ofrecían como pruebas documentales de su parte, el informe de treinta de octubre de mil novecientos ochenta y siete, relativo a los trabajos técnicos informativos llevados a cabo por el ingeniero Salvador Acosta de la Cruz,  
las notificaciones practicadas el cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve a los propietarios  
de las fracciones de la ex hacienda "Santa Cruz" y "El Cortijo", así como el plano proyecto de dotación que abarca la superficie de 487-35-00 (cuatrocientas ochenta y siete hectáreas, treinta y cinco áreas) de la multirreferida ex hacienda "Santa Cruz" y "El Cortijo". Ahora bien, en relación a las documentales de referencia, debe decirse que el informe del comisionado Salvador Acosta de la Cruz ha quedado debidamente analizado en el cuerpo de esta resolución, y por lo que hace a las constancias de la notificación practicada a los titulares de los predios pretendidos en afectación, así como al plano proyecto antes aludido, en nada cambia, no contiene datos que permitan desvirtuar las razones jurídicas en las cuales se sustenta este fallo.

  Así también, y en relación a la sentencia de veintiuno de febrero de dos mil uno, pronunciada por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Jalisco, que el poblado gestor aportó como prueba en su escrito del veinte de marzo del año acabado de invocar, en nada favorece a sus oferentes,  
por referirse al juicio de garantías 713/98, que fue promovido por los integrantes del comisariado del ejido  
"Lo de Ovejo", en contra de la sentencia de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho, dictada por este Organo Jurisdiccional; así como la ejecución de la misma; juicio constitucional que fue sobreseído, en virtud de que los actos reclamados ya se habían dejado insubsistentes.

  Por último, y en cuanto al alegato vertido en el sentido de que la solicitud del grupo de campesinos promoventes de este expediente, es anterior a la diversa solicitud de dotación de ejido que fue presentada por el poblado "Cerro del Comal", es una cuestión que sólo podría ser analizada, en el caso de que las fracciones de la ex hacienda "Santa Cruz" y "El Cortijo", propiedad de la familia Lancaster Jones y Verea, resultaran susceptibles de afectación, lo cual en la especie no aconteció.

  Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 43 y 189 de la Ley Agraria; 1o., 7o. y la fracción II del cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se

RESUELVE:

  PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución, no ha lugar a cancelar los siguientes certificados de inafectabilidad que se refieren a las fracciones de terreno derivadas de la ex hacienda "Santa Cruz" y "El Cortijo", Municipio de Tamazula de Gordiano, Estado de Jalisco.

  Certificado de inafectabilidad 198792, expedido el cuatro de septiembre de mil novecientos sesenta  
y ocho, que ampara la fracción I, propiedad de María Guadalupe Isabel Francisca Lancaster y Verea (también mencionada como Fanny Lancaster y Verea) y Javier Verea Prieto.

  Certificado de inafectabilidad 198892, expedido el veintinueve de septiembre de mil novecientos sesenta  
y ocho, que ampara la fracción II, propiedad de Elena Verea Prieto y Alberto Lancaster Jones y Verea.

  Certificado de inafectabilidad 198956, expedido el veintitrés de julio de mil novecientos sesenta y nueve, que ampara las fracciones III y IV; propiedad de Jorge y Eduardo Lancaster Jones.

  Certificado de inafectabilidad 198893, expedido el tres de agosto de mil novecientos sesenta y ocho,  
que ampara la fracción V, propiedad de Antonia Verea Prieto de L. Corcuera y Jorge Verea Palomar.

  Certificado de Inafectabilidad 198954, expedido el dieciséis de julio de mil novecientos sesenta y nueve, que ampara la fracción VI; propiedad de Isabel Lancaster Jones de Gutiérrez Solá y Ricardo  
Lancaster Jones.

  Certificado de inafectabilidad 198953, expedido el quince de julio de mil novecientos sesenta y nueve, que ampara la fracción VII; propiedad de Margarita Verea Prieto y Susana Verea Prieto.

  Consecuentemente, no procede declarar la nulidad de los acuerdos presidenciales de quince de julio de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre  
de mil novecientos sesenta y ocho; catorce de agosto de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho; dieciséis  
de abril de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de veintitrés de julio de mil novecientos sesenta y nueve; diez de julio de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de agosto de mil novecientos sesenta y ocho;  
seis de febrero de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de julio de mil novecientos sesenta y nueve, con base a los cuales se expidieron los multirreferidos certificados de inafectabilidad.

  SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando sexto de este fallo y al no existir predios susceptibles de afectación, se niega la creación del nuevo centro de población ejidal, que de constituirse se denominaría "Miguel Hidalgo y Costilla", el cual se ubicaría en el Municipio de Tamazula de Gordiano, Estado de Jalisco.

  TERCERO.- Publíquense: esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Jalisco, los puntos resolutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario y comuníquese al Registro Público de la Propiedad correspondiente para que proceda a realizar las cancelaciones a que haya lugar.

  CUARTO.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, remítase copia certificada de esta resolución al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,  
en relación a la ejecutoria dictada en el juicio de garantías DA615/99.

  QUINTO.- Notifíquese a los interesados y comuníquese por oficio al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, así como a la Procuraduría Agraria y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

  Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario; firman los Magistrados que lo integran, ante la Secretaria General de Acuerdos que autoriza y da fe.

  México, Distrito Federal, a veinticuatro de agosto de dos mil uno.- El Magistrado Presidente, Ricardo García Villalobos Gálvez.- Rúbrica.- Los Magistrados: Luis Octavio Porte Petit Moreno, Rodolfo Veloz Bañuelos, Marco Vinicio Martínez Guerrero, Luis Angel López Escutia.- Rúbricas.- La Secretaria General de Acuerdos, Claudia Dinorah Velázquez González.- Rúbrica.


56 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 1 de noviembre de 2001


Jueves 1 de noviembre de 2001 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 55



En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición.
 


CONSULTA POR FECHA
Do Lu Ma Mi Ju Vi
crear usuario Crear Usuario
busqueda avanzada Búsqueda Avanzada
novedades Novedades
top notas Top Notas
quejas y sugerencias Quejas y Sugerencias
copia Obtener Copia del DOF
versif. copia Verificar Copia del DOF
enlaces relevantes Enlaces Relevantes
Contacto Contáctenos
filtros rss Filtros RSS
historia Historia del Diario Oficial
estadisticas Estadísticas
estadisticas Vacantes en Gobierno
estadisticas Ex-trabajadores Migratorios
INDICADORES
Tipo de Cambio y Tasas al 05/03/2021

DOLAR
20.8498

UDIS
6.708711

TIIE 91 DIAS
4.2225%

TIIE DE FONDEO
4.01%

TIIE 26 DIAS
4.2825%

Ver más
ENCUESTAS

¿Le gustó la nueva imagen de la página web del Diario Oficial de la Federación?

 

0.110712001508857610.jpg 0.192286001221699769.jpg 0.821786001312920061.gif 0.475545001508857915.jpg
Diario Oficial de la Federación

Río Amazonas No. 62, Col. Cuauhtémoc, C.P 06500, Ciudad de México
Tel. (55) 5093-3200, donde podrá acceder a nuestro menú de servicios
Dirección electrónica: www.dof.gob.mx

113

AVISO LEGAL | ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2021