DOF: 12/02/2014
NORMAS en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

NORMAS en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Al margen un logotipo, que dice: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

NORMAS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN.
La Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3o., fracción IX y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22, 24, 38 fracciones I, XVII y XXII de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; así como 4, fracciones V y VI, y 15 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en relación con el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 3o., fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 22 de Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación establecen que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos económicos de que disponga el Gobierno Federal, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados y determina criterios de carácter general para las adquisiciones, arrendamientos y la prestación de servicios, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, reglamentaria del artículo 134 Constitucional, señala en el segundo párrafo de su artículo 1o., que las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en la citada Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control.
Que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales antes citadas requiere garantizar la eficiencia y eficacia del ejercicio de los recursos públicos, así como dar absoluta transparencia a las adquisiciones, arrendamientos y contrataciones de servicios que realiza para propiciar el cumplimiento de sus objetivos.
Que partiendo del respeto a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, transparencia y honradez que garantizan la obtención de las mejores condiciones para el Estado en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, los miembros de la Junta de Gobierno han tenido a bien aprobar las siguientes:
Título Primero
Disposiciones Generales
Capítulo Único
Artículo 1. Las presentes Normas tienen por objeto establecer las disposiciones que regulen las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios que realiza el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en cumplimiento a los criterios establecidos por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 2. Para efectos de las presentes Normas se entenderá por:
I. Área Contratante: La Unidad de Administración, a través de su área competente para realizar procedimientos de contratación, a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación requiera;
II. Área Requirente: La Unidad Administrativa del Instituto que solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la contratación de servicios, o bien, aquella Dirección de área que los utilizará. Las determinaciones que en términos de las presentes Normas correspondan al Área Requirente, serán tomadas por un servidor público con nivel mínimo de Director de Área, en los términos que establezca el Manual;
III. Área Técnica: La que en la Unidad Administrativa elabora las especificaciones técnicas, así como determina las normas de carácter técnico aplicables que se deberán incluir en el procedimiento de
contratación; evalúa la propuesta técnica de las proposiciones, y es responsable de responder en la junta de aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos realicen los licitantes. El Área Técnica podrá tener también el carácter de Área Requirente;
IV. Bases de la Convocatoria: El documento en el que se establecen las bases con que se desarrollará el procedimiento de contratación y se describen requisitos de participación para la adquisición de bienes, arrendamientos de bienes muebles y/o prestación de servicios;
V. Bienes: Los que con la naturaleza de muebles considera el Código Civil Federal;
VI. Comité: El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios;
VII. CompraNet: El sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios a cargo de la Secretaría de la Función Pública;
VIII. Contraloría: La Contraloría Interna del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación;
IX. Contrato o pedido: Los acuerdos de voluntades suscritos entre el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y los proveedores de bienes, arrendamientos y servicios;
X. Convenio: Es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones, derivado de la celebración de contratos o pedidos con los proveedores de bienes, arrendamientos y servicios.
XI. Dependencia o Entidad: Las dependencias de la administración pública centralizada y las entidades de la administración pública paraestatal definidas como tal por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
XII. DGAF: La Dirección General de Administración y Finanzas;
XIII. DGAJ: La Dirección General de Asuntos Jurídicos;
XIV. DOF: El Diario Oficial de la Federación;
XV. Instituto: El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación;
XVI. Investigación de mercado: La verificación previa al inicio del procedimiento de contratación, de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional, y del precio estimado basado en la información que se obtenga en el propio Instituto, CompraNet, así como de organismos públicos o privados, de fabricantes o arrendadores de bienes o prestadores de servicios, o una combinación de dichas fuentes de información, esta actividad se llevará a cabo conjuntamente por las Áreas Requirentes y el Área Contratante;
XVII. Ley del INEE: Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación;
XVIII. Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de Licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas;
XIX. Manual: El Manual de Procedimientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación;
XX. Manual del CAAS: El Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación;
XXI. MIPYMES: Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana empresa;
XXII. Normas: Las Normas en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación;
XXIII. Ofertas subsecuentes de descuentos: Modalidad utilizada en las licitaciones públicas, en la que los licitantes, al presentar sus proposiciones, tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la presentación y apertura del sobre cerrado que contenga su propuesta económica, realicen una o más ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones o características originalmente contenidas en su propuesta técnica;
XXIV. Partida o concepto: La división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos;
XXV. Precio conveniente: Es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, y a éste se le resta el treinta por ciento;
XXVI. Precio no aceptable: Es aquel que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte
superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. Excepcionalmente tratándose de procedimientos de contratación en los que no exista participación de proveedores nacionales, el porcentaje para determinar el precio no aceptable será el cinco por ciento;
XXVII. Procedimientos de Contratación de Carácter Internacional:
a) Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados: Aquéllas en las cuales de conformidad con el artículo 30 fracción II de las Normas pueden participar tanto proveedores mexicanos como extranjeros y en el caso de bienes a adquirir éstos sean de origen nacional o de países con los que los Estados Unidos Mexicanos tengan celebrado un Tratado de Libre Comercio que contenga un título o capítulo de compras del sector público, y
b) Procedimientos de Contratación de Carácter Internacional Abierto:
b.1. Procedimientos de Contratación Bajo la Cobertura de Tratados Convocados con Carácter Internacional Abierto: Las licitaciones públicas e invitaciones a cuando menos tres personas, abiertas a la participación de todo interesado, celebradas por el Instituto en términos de los artículos 30, fracción III, inciso a) y 62 de las Normas, dentro del Ámbito de Aplicación de los Tratados;
b.2. Procedimientos de Contratación Fuera de la Cobertura de Tratados Convocados con Carácter Internacional Abierto: Las licitaciones públicas e invitaciones a cuando menos tres personas celebradas por el Instituto fuera del Ámbito de Aplicación de los Tratados, en términos de los artículos 30, fracción III, inciso b) y 62 de las Normas;
XXVIII. Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios con el Instituto;
XXIX. Proyecto de Convocatoria: El documento que contiene la versión preliminar de las Bases de la Convocatoria a la licitación pública, el cual es difundido con ese carácter en la página de Internet del Instituto, para la obtención de comentarios de los proveedores potenciales;
XXX. Requisición: El documento mediante el cual el Área Requirente solicita la adquisición o arrendamiento de bienes o contratación de servicios;
XXXI. Solicitud de Cotización: El pliego en el que se establecen necesidades, requisitos y condiciones que emite el Área Contratante para la adquisición o arrendamiento de bienes, así como para la contratación de servicios, a través del procedimiento de adjudicación directa;
XXXII. Tratados: Los tratados internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos (México), que contengan disposiciones que regulen la participación de proveedores extranjeros en procedimientos de licitación pública realizados por las Dependencias y Entidades Sujetas para la compra de bienes, servicios, servicios relacionados con la obra pública y obra pública.
XXXIII. Unidades Administrativas: La Presidencia y los Consejeros solo para efectos de solicitar los requerimientos necesarios para el ejercicio de sus funciones. Las Unidades, las Direcciones Generales a que hace referencia el artículo 4 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
XXXIV. Unidad de Administración.- La señalada en el artículo 79 del Estatuto Orgánico de Instituto.
Artículo 3. Los contratos o convenios que celebre el Instituto con las entidades, dependencias de la Administración Pública Federal o entidades federativas, así como con los demás Poderes de la Unión u otros entes constitucionalmente autónomos, no estarán dentro del ámbito de aplicación de estas Normas; no obstante, dichos actos quedarán sujetos a las presentes Normas, cuando éstos no tengan capacidad para hacerlo por sí mismos y contraten a un tercero para su realización.
Se consideran comprendidas dentro del supuesto a que hace referencia el párrafo anterior, las contrataciones y convenios que realice el Instituto con las asociaciones y sociedades civiles asimiladas a que se refiere el último párrafo del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como con municipios y órganos paramunicipales, cuando dichas personas funjan como proveedores.
Para los efectos de lo dispuesto por el primer párrafo de este artículo, se considerará que una dependencia, entidad o persona de derecho público que funja como proveedor, tiene capacidad para entregar un bien o prestar un servicio por sí misma, cuando para cumplir con el contrato no requiera celebrar otro contrato con terceros, o bien, de requerirlo, éste no exceda del cuarenta y nueve por ciento del importe total del contrato celebrado con el ente público. Si el contrato se integra por varias partidas, el porcentaje se aplicará para cada una de ellas.
 
En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, los procedimientos de contratación con terceros se regirán por las disposiciones legales y administrativas aplicables a la dependencia, entidad o persona de derecho público que funja como proveedor, mientras que la ejecución de los contratos celebrados por éstas con el Instituto, se regirán por las Normas.
Para la asignación de un contrato bajo el supuesto previsto por este artículo, el Área Contratante deberá solicitar a la dependencia, entidad o persona que funja como proveedor, la documentación que acredite que cuenta con la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del contrato, dicha documentación deberá ser entregada antes de la firma del contrato y deberá formar parte del expediente respectivo bajo la responsabilidad del Área Contratante, solicitándole la declaración expresa al proveedor en el sentido de que no requerirá de la contratación con terceros por un porcentaje mayor al señalado en el tercer párrafo de este numeral, la declaración antes referida podrá hacerse constar en un escrito bajo protesta de decir verdad o plasmarse como una declaración dentro del contrato correspondiente.
Los convenios de colaboración que celebre el Instituto con instituciones académicas, culturales o educativas, así como con fundaciones, colegios, barras, asociaciones o sociedades de profesionistas nacionales o internacionales que no tengan fines de lucro, en los que se pacten conceptos propios de la colaboración que tengan por objeto el logro de los objetivos institucionales de las partes, aun y cuando impliquen la erogación de recursos económicos por recuperación de otros costos; no estarán sujetos a estas Normas. Tampoco estarán sujetos los a estas Norma convenios de colaboración, acuerdos específicos, contratos y todo tipo de actos jurídicos consensuales con organizaciones y organismos públicos y privados internacionales u otros que establezca el Derecho internacional, ya sean académicos, culturales, educativos o de investigación científica, entre otros, que tengan por objeto el cumplimiento de los objetivos institucionales de las partes.
Artículo 4. El Instituto se abstendrá de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos que evadan lo previsto en estas Normas y demás disposiciones aplicables.
Artículo 5. Para los efectos de estas Normas, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan comprendidos:
I. Las adquisiciones y los arrendamientos de bienes muebles;
II. Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, que sean necesarios para la realización de obras públicas por administración directa, o los que se suministren en cumplimiento a lo pactado en los contratos de obras públicas;
III. Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación por parte del proveedor, en los inmuebles propios o en uso bajo cualquier modalidad contemplada en la legislación aplicable del Instituto, cuando su precio sea superior al de su instalación;
IV. La contratación de los servicios relativos a bienes muebles que se encuentren incorporados o adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no implique modificación alguna al propio inmueble, y sea prestado por persona cuya actividad comercial corresponda al servicio requerido;
V. La reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles, maquila, seguros, transportación de bienes muebles o personas y la contratación de servicios de limpieza y vigilancia;
VI. La prestación de servicios de personas físicas o personas morales, excepto la contratación de servicios personales subordinados o bajo el régimen de honorarios;
VII. La contratación de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, y
VIII. En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago para el Instituto, salvo que la contratación se encuentre regulada en forma específica por otras disposiciones legales. Corresponderá a la Contraloría a solicitud del Área Requirente de manera conjunta con el Área Contratante, determinar si un servicio se ubica en la hipótesis de esta fracción, ello en ejercicio de la atribución que le otorga lo dispuesto por el artículo 7 de las Normas.
Artículo 6. Los siguientes servicios no estarán sujetos a las Normas:
I. Los bancarios, cuya prestación se encuentra reservada a instituciones de crédito en términos de las disposiciones legales que regulan dicha prestación, y
II. Los prestados por Notarios Públicos o Corredores Públicos, cuando se sujeten al cobro de los aranceles previstos en los ordenamientos jurídicos correspondientes.
Artículo 7. La Contraloría estará facultada para interpretar las presentes Normas para efectos administrativos.
 
Artículo 8. La aplicación de estas Normas, será sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados de que México sea parte.
Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 7 de estas Normas, para efectos de la promoción del mercado interno, a través de medios como la producción en México, la determinación del grado de contenido nacional, la aplicación del margen de preferencia sobre el precio de bienes de origen nacional respecto de los importados; la aplicación de los Títulos o Capítulos de Compras del Sector Público suscritos por México en diversos Tratados, el uso, aprovechamiento y registro de la reserva permanente contemplada en los mismos, la realización de procedimientos de contratación celebrados dentro del Ámbito de Aplicación de los Tratados, el Instituto se apegará, en todo lo que no se oponga a su naturaleza jurídica, ni a las presentes Normas, a la normatividad administrativa que para tal efecto emita la Secretaría de Economía en el ámbito de su competencia.
Artículo 9.- El Instituto contratará los servicios correspondientes para mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes de su propiedad, así como aquellos que se encuentren a su administración y resguardo bajo cualquier título.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando por razón de la naturaleza de los bienes o el tipo de riesgos a los que están expuestos, el costo de aseguramiento represente una erogación que no guarde relación directa con el beneficio que pudiera obtenerse o bien, se constate que no exista oferta de seguros en el mercado para los bienes de que se trate.
El supuesto de excepción antes descrito deberá ser acreditado mediante una justificación que se haga constar por escrito por el Área Requirente de la Unidad Administrativa de que se trate, ante la DGAF, la cual deberá contar con el dictamen favorable del Comité.
Artículo 10. Serán supletorios de estas Normas y de las demás disposiciones que de ella deriven, en lo que corresponda, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley del INEE y el Código Fiscal de la Federación.
Artículo 11. El Área Requirente conjuntamente con el Área Contratante, previamente al arrendamiento de bienes muebles, deberán realizar los estudios de factibilidad a efecto de determinar la conveniencia para su adquisición, mediante arrendamiento con opción a compra.
Para asegurar al Instituto las mejores condiciones, los estudios de factibilidad previstos en el párrafo anterior, deben analizar la conveniencia para la adquisición, arrendamiento o arrendamiento con opción a compra de bienes, para lo cual se considerarán, entre otros aspectos, los costos de mantenimiento y consumibles que se tengan que pagar en cada caso.
Así mismo, para determinar la conveniencia de la adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos, el Área Requirente conjuntamente con el Área Contratante deberán realizar un estudio de costo beneficio, con el que se demuestre la conveniencia de su adquisición comparativamente con bienes nuevos; el citado estudio deberá efectuarse mediante avalúo expedido dentro de los seis meses previos conforme a las disposiciones aplicables, cuando el bien tenga un valor superior a cien mil veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, el cual deberá integrarse al expediente de la contratación respectiva.
Artículo 12. El Instituto no podrá financiar a proveedores. No se considera como operación de financiamiento el otorgar anticipos, los cuales en todo caso, se deberán garantizar en los términos del artículo 70 de las Normas.
Los Titulares de las Unidades Administrativas podrán autorizar el otorgamiento de anticipos bajo su responsabilidad, debiendo prever éstos en las Bases de la Convocatoria del procedimiento de contratación correspondiente, contando en el expediente con la justificación respectiva, en los siguientes casos:
I. Bienes de fabricación especial, hasta un cuarenta por ciento del monto total del contrato o pedido, cuando se trate de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales;
II. Bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a sesenta días, de un diez hasta un cincuenta por ciento del monto total del contrato o pedido, salvo que exista causa que le impida a la Unidad de Administración otorgarlo. Tratándose de MIPYMES se procurará otorgar el porcentaje máximo posible, siempre que éstas se acrediten como tal ante el Área Contratante;
III. Contratación de servicios, hasta un cuarenta por ciento del monto total del contrato, siempre y cuando por la naturaleza del servicio sea justificable, y
IV. Sólo en los casos debidamente justificados y con la autorización expresa de la Junta de Gobierno, se podrán modificar los porcentajes señalados, siempre y cuando no excedan del cincuenta por ciento a que se refiere el artículo 64, fracción IX de las Normas, debiendo integrar al expediente la justificación.
 
Los Titulares de las Unidades Administrativas a las que se encuentren adscritas las Áreas Requirentes podrán bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, autorizar el pago anticipado de suscripciones, pólizas o contratos de seguros y contratación de derechos de uso de software en los que no sea posible pactar que su costo sea cubierto después de que la prestación del servicio se realice, u otros bienes o servicios respecto de los cuales las Áreas Requirentes acrediten fehacientemente la generación de economías o ahorros notoriamente favorables al Instituto al realizar el pago en dichas condiciones, en los términos que al efecto establezca el Manual.
El Área Contratante de acuerdo a la disponibilidad presupuestal podrá establecer en las Bases de las Convocatorias a procedimientos de contratación, así como en los contratos, la condición de pronto pago a favor de proveedores, misma que operará cuando éstos, a su elección, acepten el descuento en el precio de los bienes o servicios por el adelanto en el pago con relación a la fecha pactada. En estos casos deberá indicarse el porcentaje de descuento aplicable por cada día de adelanto en el pago.
Dicha condición consistirá en cubrir previa solicitud por escrito del proveedor, el importe del bien o servicio de que se trate, una vez que se realice la entrega o prestación a entera satisfacción del Área Requirente y que aquél presente el documento o la factura correspondiente en la que se refleje el descuento por el pronto pago.
Artículo 13. En los Procedimientos de Contratación de Carácter Internacional Abierto, las Áreas Requirentes y Contratante optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país y por la adquisición y arrendamiento de bienes producidos en el país y que cuenten con el porcentaje de contenido nacional a que hace referencia el artículo 30 fracción I de las Normas, los cuales deberán contar, en la comparación económica de las proposiciones, con un margen hasta del quince por ciento de preferencia en el precio respecto de los bienes de importación, conforme a las reglas que para tal efecto establezca la Secretaría de Economía, a efecto de propiciar el fortalecimiento del mercado interno.
En el caso de licitación pública para la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios que utilicen la evaluación de puntos y porcentajes a que hace referencia el artículo 47 de las Normas, se otorgarán puntos a personas con discapacidad o a la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará en los términos que establece el inciso g), de la fracción VI, del artículo 31 de las Normas.
Así mismo, se otorgarán puntos a las micros, pequeñas o medianas empresas que produzcan bienes con innovación tecnológica, conforme a la constancia correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual no podrá tener una vigencia mayor a cinco años.
Artículo 14. La DGAF determinará los bienes, arrendamientos o servicios de uso generalizado que, en forma consolidada, podrán adquirirse, arrendarse o contratarse con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad. La relación de las contrataciones susceptibles de consolidarse será incluida en el Manual.
Artículo 15. Las Unidades Administrativas que requieran contratar servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, previamente verificarán en los archivos de la DGAF, la existencia de trabajos iguales o similares sobre la materia de que se trate, atendiendo a lo dispuesto por el Manual y las Normas vigentes para el ejercicio del presupuesto del Instituto.
Corresponderá a la DGAJ, integrar y actualizar la relación de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, para efectos de lo establecido en el párrafo anterior.
En este entendido, las Áreas Requirentes deberán solicitar a la DGAJ, previo a la contratación de los servicios a que hace referencia este punto, se pronuncie sobre la existencia de trabajos relacionados con las materias de que se trate.
Dentro de la solicitud a que hace referencia el párrafo anterior, las Áreas Requirentes deberán pronunciarse mediante dictamen sobre la disponibilidad de personal capacitado o disponible para realizar los trabajos.
En el supuesto de que la DGAJ identifique la existencia de trabajos similares, lo hará del conocimiento del Área Requirente, a efecto de que valore el uso y aprovechamiento de información disponible en el Instituto, en este supuesto no procederá la contratación, con excepción de aquellos trabajos necesarios para la adecuación, actualización o complemento de la información existente.
Concluida la prestación del servicio, el Titular de la Unidad del Área Requirente deberá emitir en un plazo máximo de 20 días naturales contados a partir de la fecha en que se haya recibido satisfactoriamente, un informe al Presidente del Instituto, en el que, con base en los entregables pactados en el contrato o pedido, se indique el resultado obtenido y la forma en la que contribuyeron los trabajos al logro del objetivo para el cual se realizó la contratación; una copia de este informe se deberá remitir a la Contraloría.
 
Las Áreas Requirentes deberán remitir a la DGAJ un informe del resultado de los trabajos contratados o entregables en términos del presente apartado en el mismo plazo a que hace referencia el párrafo anterior.
La erogación para la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, requerirá de la autorización escrita del Presidente del Instituto, o aquel servidor público en quien este delegue dicha atribución, que no podrá ser inferior al nivel de Director General.
Artículo 16. En el supuesto de que el Instituto lleve a cabo adquisiciones, arrendamientos o servicios financiados con fondos provenientes de créditos externos otorgados al Gobierno Federal o con su garantía, por organismos financieros regionales o multilaterales, el Instituto adoptará, en todo aquello que no contravenga su naturaleza jurídica, las disposiciones aplicadas por el Gobierno Federal para la operación de proyectos de tal naturaleza, debiendo observar en lo conducente lo dispuesto por las Normas, el Manual y demás disposiciones legales y normativas aplicables al Instituto, en todo aquello que no se oponga a las reglas y condiciones del financiamiento de que se trate.
Corresponderá a las Áreas Requirente y Contratante precisar en las Bases de la Convocatoria, solicitudes de cotización, contratos o pedidos que se lleven a cabo por el Instituto en términos de lo dispuesto por el párrafo anterior, la fuente de financiamiento que dio lugar a la emisión o celebración de los mismos.
Artículo 17. Los contratos, pedidos y convenios que el Área Contratante realice o celebre en contravención a lo dispuesto por estas Normas, serán nulos previa determinación de la autoridad competente.
Título Segundo
De la Planeación, Programación y Presupuestación
Capítulo Único
Artículo 18. La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se sujetarán a la disponibilidad de los recursos previstos por las fracciones I y IV del artículo 23 de la Ley del INEE, en los términos que disponen para tal efecto el artículo 24 del mismo Ordenamiento, así como en cumplimiento a las disposiciones que emita la Junta de Gobierno en materia de austeridad, disciplina presupuestal, de mejora y modernización institucional y a las demás disposiciones legales y normativas que constituyen el marco jurídico institucional.
Artículo 19. Las Unidades Administrativas formularán su programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y las contrataciones que abarquen más de un ejercicio presupuestal, considerando:
I. Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de dichas operaciones;
II. Los objetivos, proyectos y metas a corto, mediano y largo plazo que establezcan en sus documentos programáticos y de planeación;
III. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios;
IV. Las áreas responsables de su instrumentación;
V. Los programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, así como, en su caso, aquéllos relativos a la adquisición de bienes para su posterior comercialización, incluyendo los que habrán de sujetarse a procesos productivos;
VI. La existencia en cantidad suficiente de los bienes; los plazos estimados de suministro; los avances tecnológicos incorporados en los bienes y en su caso los planos, proyectos y especificaciones;
VII. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a falta de éstas, las normas internacionales;
VIII. Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles a su cargo;
IX. La descripción y monto de los bienes, arrendamientos y servicios que representen por lo menos el ochenta por ciento del presupuesto total estimado, así como el monto aproximado de los bienes, arrendamientos y servicios que integran el porcentaje restante, y
X. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y características de las adquisiciones, arrendamientos o servicios que el Instituto pretenda realizar.
Artículo 20. La DGAF, publicará en el Sitio Web del Instituto, a más tardar el 31 de enero de cada año, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con excepción de aquella información que de conformidad con las disposiciones aplicables sea clasificada como reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley del INEE y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la legislación aplicable.
 
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios contenidos en el citado programa podrán ser adicionados, modificados, suspendidos o cancelados, durante los primeros veinte días naturales de cada mes, sin responsabilidad alguna para el Instituto, debiendo realizar la actualización correspondiente en forma mensual en el Sitio Web del Instituto.
En las adquisiciones, los arrendamientos y la contratación de servicios, cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestal, se deberá determinar por el Área solicitante tanto el presupuesto total como el relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes se considerarán los costos que, en su momento, se encuentren vigentes y se dará prioridad a las previsiones para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. La información sobre estos contratos se difundirá en la página de Internet del Instituto.
Para los efectos del párrafo anterior las Áreas Requirentes deberán cumplir con lo dispuesto por la Norma para el Ejercicio del Presupuesto del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Manual y demás disposiciones administrativas aplicables.
Una vez que se dé a conocer el presupuesto autorizado a cada Unidad Administrativa, el Área Contratante podrá realizar los procedimientos de contratación respectivos.
En casos excepcionales, previo a la autorización del techo presupuestal del Instituto, el Área Contratante podrá convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan. Los referidos contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes, lo cual quedará establecido en el contrato o pedido que al efecto se suscriba. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo.
Las contrataciones cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan, atenderán lo establecido por el artículo 70, fracción X del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Artículo 21. El Instituto, contará con un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que tendrá las siguientes funciones:
I. Coadyuvar a que las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y contratación de servicios de cualquier naturaleza que lleve a cabo el Instituto, se realicen conforme a las Normas, el Manual y demás disposiciones aplicables;
II. Revisar el Programa y Presupuesto Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como sus modificaciones, y formular las observaciones y recomendaciones convenientes;
III. Dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia la excepción a la licitación pública por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, III, VIII, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII del artículo 58 de las Normas. Dicha función también podrá ser ejercida directamente por el Presidente del Instituto, o aquel servidor público en que este delegue dicha función;
IV. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones que se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se ejecuten en tiempo y forma, así como proponer medidas tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución;
V. Autorizar, cuando se justifique, la creación de Subcomités que coadyuven al cumplimiento de las Normas, así como aprobar los manuales de integración y funcionamiento de los mismos y sus modificaciones, determinando la materia de competencia de cada uno, las áreas y los niveles jerárquicos de los servidores públicos que los integran, así como la forma y términos en que deberán informar al Comité de los asuntos que conozcan;
VI. Elaborar y aprobar el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité, en el cual se deberán considerar cuando menos las siguientes bases:
a) El Comité será presidido por el Titular de la Unidad de Administración;
b) Seis vocales titulares, que serán los titulares de las siguientes áreas:
b.1. Dirección General de Administración y Finanzas;
b.2. Dirección de Presupuesto y Recursos Financieros;
b.3. Unidad de Normatividad y Política Educativa;
b.4. Unidad de Evaluación del Sistema Educativo Nacional;
b.5. Unidad de Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación, y
b.6. Unidad de Planeación, Coordinación y Comunicación Social.
 
c) El Presidente del Comité designará al Secretario Técnico del mismo, quien no podrá tener un nivel jerárquico inferior al de Director de Área y sólo tendrá derecho a voz;
d) Las ausencias del Presidente serán suplidas por el Titular de la DGAF o por el servidor público que excepcionalmente el Presidente designe para una sesión determinada quien deberá contar con nivel jerárquico mínimo de Director de Área;
e) La Contraloría y la DGAJ, asistirán a las sesiones del Comité, como asesores, con voz pero sin voto, corresponderá a los Titulares de dichas áreas designar a los servidores públicos que en representación de las mismas fungirán como asesores del Comité, los cuales contarán con un nivel jerárquico mínimo de Director de Área;
f) Los miembros del Comité invariablemente deberán emitir su voto en cada uno de los asuntos que se sometan a su consideración;
g) Los Vocales y Asesores deberán pronunciarse de forma fundada y motivada sobre cada asunto que conozca el Comité;
h) Los Vocales del Comité, podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que no deberán tener un nivel jerárquico inferior a Subdirector de Área y participarán en caso de ausencia de los vocales titulares, y
i) A solicitud de cualquiera de los miembros o asesores del Comité se podrá invitar a sus sesiones a las personas cuya intervención se estime necesaria, para aclarar aspectos técnicos, jurídicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza relacionados con los asuntos sometidos a la consideración del Comité, quienes tendrán el carácter de invitados, participarán con voz pero sin voto y sólo permanecerán en la sesión durante la presentación y discusión del tema para el cual fueron invitados.
Los invitados a que se refiere el párrafo anterior suscribirán un documento en el que se obliguen a guardar la debida reserva y confidencialidad, en caso de que durante su participación tengan acceso a información clasificada con tal carácter en términos de la Ley del INEE, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y disposiciones que en materia de transparencia sean aplicables.
VII. Dictaminar la conveniencia de exceptuar el aseguramiento de un bien cuando el costo de aseguramiento represente una erogación que no guarde relación directa con el beneficio que pudiera obtenerse o bien, se constate que no exista oferta de seguros en el mercado, en términos de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 9 de las Normas;
VIII. Aprobar su calendario de sesiones ordinarias en la última sesión ordinaria de cada ejercicio;
IX. Determinar los rangos de los montos máximos de contratación para el ejercicio fiscal correspondiente, de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación y darlos a conocer a las Unidades Administrativas a través de su Secretario Técnico;
X. Analizar y, en su caso, aprobar la propuesta de Programa de Aseguramiento de Bienes Patrimoniales elaborada por la DGAF, y
XI. Las demás propias de la operación del Comité, así como aquellas que correspondan a sus integrantes establecidas en el Manual y el Manual de Integración y Funcionamiento que para tal efecto éste emita, debiendo en todos los casos ajustarse a lo previsto en las Normas.
El Comité no dictaminará sobre la procedencia de la contratación en los casos de excepción a que se refieren las fracciones II, IV, V, VI, VII, XI, XII y XIX del artículo 58 y el 61 de las Normas; ni aquellos asuntos cuyos procedimientos de contratación se hayan iniciado sin dictamen previo del Comité.
Artículo 22.- Las sesiones del Comité serán:
I. Ordinarias cuando estén programadas en el calendario anual de sesiones, las cuales se podrán cancelar cuando no existan asuntos a tratar o posponer previa justificación, y
II. Extraordinarias cuando tengan por objeto tratar asuntos de carácter urgente debidamente justificados, previa solicitud formulada por escrito por el Titular de la Unidad de las Áreas Requirentes o Área Contratante.
Las decisiones y acuerdos del Comité se tomarán de manera colegiada por mayoría de votos de sus miembros y en caso de empate quien funja como Presidente contará con voto de calidad.
De cada sesión se elaborará acta que será aprobada y firmada autógrafamente por todos los que hubieran asistido a ella, a más tardar en la sesión inmediata posterior. En dicha acta se deberá señalar el sentido de los acuerdos tomados por los miembros con derecho a voto y, en su caso, los comentarios relevantes de cada asunto. Los asesores y los invitados, firmarán únicamente el acta como constancia de su asistencia o participación y como validación de sus comentarios.
Las actas de las sesiones extraordinarias serán aprobadas a más tardar en la segunda sesión ordinaria inmediata posterior a su celebración.
El contenido de la información y documentación que se someta a consideración del Comité será de la exclusiva responsabilidad del Área Requirente, al ser quien la formule.
 
Título Tercero
De los Procedimientos de Contratación
Capítulo Primero
Generalidades
Artículo 23. El Área Contratante seleccionará bajo su responsabilidad de entre los procedimientos que a continuación se mencionan, aquel que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Instituto las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes:
I. Licitación pública;
II. Invitación a cuando menos tres personas, y
III. Adjudicación directa.
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Instituto las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes.
Tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina fabricados con madera, deberán requerirse certificados otorgados por terceros previamente registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen el origen y el manejo sustentable de los aprovechamientos forestales de donde proviene dicha madera. Se entenderá por suministros de oficina fabricados con madera, aquellos que se elaboren con dicho material y se incorporen al inventario del Instituto por ser necesarios para el desempeño de las funciones encomendadas a los servidores públicos adscritos al mismo. Se considerará que un bien forma parte del Instituto cuando se le asigne un número que permita identificarlo de manera individual y distinguirlo de los bienes de consumo.
En las adquisiciones de papel para uso de oficina, éste deberá contener un mínimo de cincuenta por ciento de fibras de material reciclado o de fibras naturales no derivadas de la madera o de materias primas provenientes de aprovechamientos forestales manejados de manera sustentable en el territorio nacional que se encuentren certificadas conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior o de sus combinaciones y elaborados en procesos con blanqueado libre de cloro.
En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, debiendo el Área Contratante proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.
Previo al inicio de los procedimientos de contratación previstos en este artículo, las Áreas Requirentes, conjuntamente con el Área Contratante deberán realizar una investigación de mercado en los términos de las Normas y de lo que para tal efecto establezca el Manual, de la cual se desprendan las condiciones que imperan en el mercado, respecto del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, a efecto de buscar las mejores condiciones para el Instituto.
La investigación de mercado se realizará en forma conjunta por el Área Requirente y el Área Contratante. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda, en términos de lo que establezca el Manual.
La licitación pública inicia con la publicación de las Bases de la Convocatoria y en el caso de invitación a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con la emisión del fallo o en su caso con la cancelación del procedimiento respectivo.
Las condiciones contenidas en las Bases de la Convocatoria a licitaciones e invitaciones a cuando menos tres personas, así como las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.
Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.
A los actos del procedimiento de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.
 
Artículo 24. La licitación pública conforme a los medios que se utilicen podrá ser de los siguientes tipos:
I. Presencial.- En la cual los licitantes exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, o bien, si así se prevé en las Bases de la Convocatoria a la licitación pública, mediante el uso del servicio postal o de mensajería.
La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, se realizarán de manera presencial, a los cuales podrán asistir los licitantes, sin perjuicio de que el fallo pueda notificarse por escrito conforme a lo dispuesto por el artículo 52 de las Normas;
II. Electrónica.- En la cual exclusivamente se permitirá la participación de los licitantes a través de CompraNet, se utilizarán medios de identificación electrónica, las comunicaciones producirán los efectos que señala el artículo 26 de las Normas.
La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, sólo se realizarán a través de CompraNet y sin la presencia de los licitantes en dichos actos, y
III. Mixta.- En la cual los licitantes, a su elección, podrán participar en forma presencial o electrónica en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo.
Tratándose de licitaciones en las que se maneje la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento, éstas se realizarán en forma electrónica.
Artículo 25. En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a Tres millones de días de salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, participarán testigos sociales.
La selección y participación de los testigos sociales será conforme a lo siguiente:
a) Quienes funjan como testigos sociales en los procedimientos de contratación llevados a cabo por el Instituto, deberán estar inscritos en el padrón público de testigos sociales a cargo de la Secretaría de la Función Pública;
b) Cuando así se determine conveniente y previo acuerdo de la Junta de Gobierno el Área Contratante gestionará la participación de un testigo social en procedimientos cuyo valor no rebase el monto establecido en este artículo, y
c) Los testigos sociales participarán en todas las etapas de los procedimientos de contratación en los que se solicite su presencia. Los testigos sociales emitirán un testimonio final que incluirá sus observaciones y en su caso recomendaciones, el cual se integrará al expediente respectivo.
En caso de que el testigo social detecte irregularidades en los procedimientos de contratación, deberá remitir un ejemplar de su testimonio a la Contraloría.
Se podrá exceptuar la participación de los testigos sociales en aquellos casos en que los procedimientos de contratación contengan información clasificada como reservada que pongan en riesgo la seguridad nacional o se trate de información institucional protegida por los principios de reserva y confidencialidad en términos de lo establecido por la Ley del INEE y demás disposiciones administrativas aplicables.
El monto de las contraprestaciones que el Instituto deba cubrir a quienes funjan como testigos sociales, será determinado por el Área Contratante en el contrato o pedido correspondiente tomando como referencia los montos vigentes que para tal efecto determine la Secretaría de la Función Pública.
Respecto de los servicios que presten los testigos sociales resultarán aplicables, en todo aquello que no se oponga a las Normas, ni a la naturaleza jurídica del Instituto las demás disposiciones vigentes en la materia en la Administración Pública Federal.
Artículo 26. El Instituto adoptará el sistema CompraNet para sus procedimientos de contratación mediante Licitación pública, en todo aquello que no contravenga a las Normas, al Manual, así como a la naturaleza jurídica del Instituto; las Invitaciones a Cuando menos Tres Personas serán publicadas preferentemente a través de dicho sistema, e invariablemente en el Sitio Web del Instituto, y las Adjudicaciones Directas se realizarán utilizando los medios tradicionales y en la forma que establezca el Manual.
El sobre que contenga la proposición de los licitantes deberá entregarse en la forma y medios que prevean las Bases de la Convocatoria.
Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus representantes; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, se emplearán medios de identificación electrónica del sistema CompraNet, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.
 
Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta deberán estar foliados en todas y cada una de sus hojas, en el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos que integren las proposiciones carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, el Área Contratante no podrá desechar la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con la documentación administrativa, el Área Contratante tampoco podrá desechar la proposición.
Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación pública, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones.
Artículo 27. Las MIPYMES podrán participar con ese carácter en los procedimientos de contratación que lleven a cabo el Área Contratante, cuando presenten a éstas copia del documento expedido por la Secretaría de Economía en que se determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter, utilizando para tal fin el formato que al efecto proporcione el Área Contratante en las Bases de la Convocatoria o Solicitud de Cotización correspondiente.
Artículo 28. La investigación de mercado que realicen las Áreas Requirentes, conjuntamente con el Área Contratante deberá integrarse de acuerdo con las características del bien o servicio a adquirir, arrendar o contratar, con información obtenida de cuando menos dos de las siguientes fuentes:
I. La que se encuentre disponible en la página del Instituto y CompraNet;
II. La obtenida de organismos especializados; de cámaras, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de servicios, o bien de fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente, y
III. La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve el registro de los medios usados y de la información que permita su verificación.
Para la debida integración de la investigación de mercado, en todos los casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción I de este artículo. Adicionalmente, se deberá consultar la información histórica con la que cuente el Instituto.
Las investigaciones de mercado que se realicen en el Instituto, deberán apegarse a lo dispuesto por las Normas y el Manual.
La investigación de mercado no será aplicable a las contrataciones que se realicen al amparo del Artículo Tercero de estas normas.
Artículo 29. El análisis de la información obtenida en la investigación de mercado se efectuará considerando las mismas condiciones en cuanto a los plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios; la moneda a cotizar; la forma y términos de pago; las características técnicas de los bienes, arrendamientos o servicios y las demás circunstancias que resulten aplicables y que permitan la comparación objetiva entre bienes, arrendamientos o servicios iguales o de la misma naturaleza.
Para los procedimientos de contratación por adjudicación directa, cuyo monto sea igual o superior al equivalente a trescientas veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, la investigación de mercado se podrá acreditar con al menos tres cotizaciones obtenidas dentro de los sesenta días naturales previos a la contratación.
La investigación de mercado y su resultado deberán integrarse al expediente de contratación correspondiente.
Capítulo Segundo
De la Licitación pública
Artículo 30. El carácter de las licitaciones públicas, será:
I. Nacional, en la cual únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir sean producidos en el país y cuenten por lo menos con un sesenta y cinco por ciento de contenido nacional, el que se determinará tomando en cuenta los insumos necesarios para la producción de los bienes y demás aspectos que determine la Secretaría de Economía mediante reglas de carácter general.
La Secretaría de Economía mediante reglas de carácter general establecerá los casos de excepción correspondientes a dicho contenido, así como un procedimiento expedito para determinar el porcentaje del mismo, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pública.
Tratándose de la contratación de arrendamientos y servicios, únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana;
 
II. Internacional bajo la cobertura de tratados, en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados de libre comercio, que contengan disposiciones en materia de compras del sector público y bajo cuya cobertura expresa se haya convocado la licitación pública, de acuerdo a las reglas de origen que prevean los tratados y las reglas de carácter general, para bienes nacionales que emita la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública, y
III. Internacionales abiertas, en las que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, cualquiera que sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar y de los servicios a contratar, cuando:
a) Se haya realizado una de carácter nacional que se declaró desierta, o
b) Así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al Instituto o con su aval.
En las licitaciones previstas en esta fracción, para determinar la conveniencia de precio de los bienes, arrendamientos o servicios, se considerará un margen hasta del quince por ciento a favor del precio más bajo prevaleciente en el mercado nacional, en igualdad de condiciones, respecto de los precios de bienes, arrendamientos o servicios de procedencia extranjera que resulten de la investigación de mercado correspondiente.
En los supuestos de licitación pública previstos en las fracciones II y III de este artículo, la Secretaría de Economía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, determinará los casos en que los participantes deban manifestar ante la convocante que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.
En los casos en que una licitación pública nacional haya sido declarada desierta y siempre que la contratación no se encuentre sujeta al ámbito de cobertura de los tratados, el Área Contratante podrá optar, indistintamente, por realizar una licitación pública internacional bajo la cobertura de tratados o una internacional abierta.
Cuando en los procedimientos de contratación de servicios, se incluya el suministro de bienes muebles y el valor de éstos sea igual o superior al cincuenta por ciento del valor total de la contratación, la operación se considerará como adquisición de bienes muebles. Para efectos de lo anterior, en el concepto de suministro de bienes muebles, sólo se considerarán los bienes que formarán parte del inventario del Instituto.
En las licitaciones públicas se podrá utilizar la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos para la adquisición de bienes muebles o servicios cuya descripción y características técnicas puedan ser objetivamente definidas y la evaluación legal y técnica de las proposiciones de los licitantes se pueda realizar en forma inmediata, al concluir la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, conforme a los lineamientos aplicables a CompraNet, siempre que el Área Requirente justifique debidamente el uso de dicha modalidad y que constate que existe competitividad suficiente de conformidad con la investigación de mercado correspondiente.
Tratándose de licitaciones públicas en las que participen de manera individual micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, no se aplicará la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento a que hace referencia el párrafo anterior.
Artículo 31. Las Bases de la Convocatoria a la licitación pública describirán la forma en que se desarrollará el procedimiento y establecerán los requisitos de participación, por lo que deberán contener:
I. Datos generales o de identificación de la licitación pública:
a) La denominación del Instituto, especificando el Área Contratante y el domicilio donde se localiza esta última;
b) El tipo y carácter de la licitación pública de conformidad con lo previsto en los artículos 24 y 30 de las Normas, así como el número de identificación de las Bases de la Convocatoria;
c) La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales o, si se pagará con recursos del ejercicio fiscal inmediato posterior al año en que se hace la publicación, indicando, el desglose, en su caso, de los importes a ejercer en cada ejercicio;
d) El idioma o idiomas que determine el Área Requirente, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones, los folletos y anexos técnicos de los bienes o servicios ofertados por los licitantes;
 
e) Moneda en que se cotizará y efectuará el pago respectivo. En licitaciones públicas nacionales, las propuestas y el pago de bienes, arrendamientos o servicios se realizará en pesos mexicanos. Tratándose de servicio de fletamiento de embarcaciones, adquisición de boletos de avión y el aseguramiento de bienes, las propuestas se podrán presentar en la moneda extranjera que determine el Área Contratante y su pago se podrá realizar en moneda nacional al tipo de cambio vigente en la fecha en que éste se realice. En todo caso, se aplicará lo que dispongan las disposiciones específicas en la materia.
En licitaciones públicas internacionales, en que el Instituto determine efectuar los pagos a proveedores extranjeros en moneda extranjera, los licitantes nacionales podrán presentar sus proposiciones en la misma moneda extranjera que se determine para tal efecto. No obstante, el pago que se realice en el territorio nacional deberá hacerse en moneda nacional y al tipo de cambio vigente en la fecha en que se haga dicho pago. Tratándose de proveedores extranjeros, los pagos podrán hacerse en el extranjero en la moneda determinada en las Bases de la Convocatoria respectiva;
f) El señalamiento de que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria; o bien, la indicación de que la contratación será financiada con fondos provenientes de créditos externos o que será cubierta parcialmente con recursos de terceros;
g) Las condiciones de pago de acuerdo al tipo de contratación a celebrar;
h) Los porcentajes, forma y términos de los anticipos que, en su caso, se otorgarán;
i) Las deducciones que, en su caso, se aplicarán con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor, en la entrega del bien o en la prestación del servicio;
j) El señalamiento de que la obligación garantizada será divisible o indivisible y que en caso de presentarse algún incumplimiento se harán efectivas las garantías que procedan;
k) La previsión de que deberá ajustarse la garantía otorgada cuando se modifique el monto, plazo o vigencia del contrato;
l) Los seguros que, en su caso, deben otorgarse, indicando los bienes que ampararían y la cobertura de la póliza correspondiente, y
m) En su caso, los anexos técnicos que el Área Requirente considere necesarios, identificándolos por su nombre y, de ser necesario, con un número o letra.
II. Objeto y alcance de la licitación pública, precisando:
a) La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, así como los aspectos que el Área Contratante considere necesarios para determinar el objeto y alcance de la contratación.
Así mismo, debe contener la información que el Área Requirente conjuntamente con el Área Contratante consideren necesaria para identificar los bienes que se pretende adquirir o arrendar o los servicios a contratar; las cantidades o volúmenes requeridos y las unidades de medida;
b) La indicación, cuando proceda, de que los bienes o servicios se agruparán en partidas o conceptos, siempre y cuando no se limite la libre participación de cualquier interesado.
No se limita la libre participación, cuando con la investigación de mercado correspondiente al procedimiento de contratación, se constate la existencia de al menos cinco probables proveedores que pudieran cumplir integralmente con el agrupamiento a que se refiere el párrafo anterior;
c) En el supuesto de que se trate de procedimientos en que se establezca la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento, se indicará el precio máximo de referencia a partir del cual, sin excepción, los licitantes ofrezcan porcentajes de descuento como parte de su proposición, mismos que serán objeto de evaluación;
d) La descripción completa que permita identificar indubitablemente las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales o, en su caso, las Normas de referencia o especificaciones, cuyo cumplimiento se exija a los licitantes conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en los términos que establezca el Manual, con las que deberán demostrar que los bienes o servicios o los procesos de fabricación cumplen con los estándares de calidad o unidades de medida requeridas;
e) En caso de que se requiera de la realización de pruebas para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas por el Área Requirente con apoyo del Área Técnica, en su caso, se precisará el método para ejecutarlas y el resultado mínimo que deba obtenerse de acuerdo con la Ley Federal de Metrología y Normalización;
f) La indicación de que se contratarán cantidades previamente determinadas o si el contrato será abierto en los términos del artículo 68 de las Normas;
 
g) Si estará sujeta a alguna modalidad de contratación, precisando ésta conforme a las disposiciones de las Normas;
h) La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación pública, o de cada partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo licitante, o si la adjudicación se hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en precio que se considerará, de conformidad con el artículo 56 de las Normas;
i) El modelo de contrato al que para la licitación pública de que se trate se sujetarán las partes, el cual deberá contener los requisitos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios a que se refiere el artículo 64 de las Normas, y
j) El plazo máximo en días naturales para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, el cual contará a partir de la suscripción del contrato respectivo o de la emisión del fallo, según lo determine el Área Contratante; o bien, a partir de la fecha en que el proveedor reciba el requerimiento correspondiente para el caso de contratos abiertos.
III. Forma y términos que regirán los diversos actos del procedimiento de licitación pública, precisando entre otros aspectos los siguientes:
a) Si el procedimiento se efectuará considerando la reducción del plazo que se prevé en el artículo 35 de las Normas para el acto de presentación y apertura de proposiciones;
b) Cuando se trate de licitaciones públicas presenciales o mixtas, la fecha, hora y lugar para celebrar la primera junta de aclaraciones; en su caso, la visita a instalaciones; el acto de presentación y apertura de proposiciones; la junta pública en la que se dará a conocer el fallo, y la firma del contrato.
Para el caso de licitaciones públicas electrónicas, se señalará la fecha y hora en las cuales se llevarán a cabo estos eventos por medio de CompraNet, así como la firma del contrato cuando se prevea que éste se suscribirá por medios electrónicos;
c) El señalamiento de la forma en la que se deberán presentar las proposiciones, así como la precisión de si se recibirán proposiciones enviadas a través de servicio postal o mensajería, indicando en su caso los aspectos a los que se sujetará la recepción de las mismas;
d) Que una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión;
e) Los requisitos para la presentación de proposiciones conjuntas a que hace referencia el artículo 41 de las Normas, o bien la indicación de que no se aceptarán las mismas, señalando de manera sucinta las razones para ello;
f) La precisión de que los licitantes sólo podrán presentar una proposición por licitación pública;
g) La indicación de que el licitante podrá presentar a su elección, dentro o fuera del sobre cerrado, la documentación administrativa distinta a la que conforma la propuesta técnica y económica, misma que forma parte de su proposición;
h) La fecha y hora en que, en su caso, el Área Contratante, antes del acto de presentación y apertura de proposiciones, registrará a los participantes y revisará preliminarmente la documentación administrativa distinta a las propuestas técnica y económica;
i) La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones, y en su caso, la firma del contrato. Así mismo, la indicación de que el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico;
j) La parte o partes de las proposiciones que deberán rubricar el servidor público y el licitante elegidos en el acto de presentación y apertura de proposiciones;
k) El señalamiento de las causas expresas de desechamiento de las proposiciones;
l) El señalamiento de que en caso de que las manifestaciones bajo protesta de decir verdad se hayan realizado con falsedad, se sancionará al licitante conforme al Título Sexto de las Normas;
m) Atendiendo al tipo de contrato, la información necesaria para que los licitantes integren sus proposiciones técnica y económica. En caso de que exista información que no pueda ser proporcionada a través de CompraNet, la indicación de que la misma estará a disposición de los interesados en el domicilio que se señale por el Área Contratante. Este aspecto no será aplicable a licitaciones electrónicas, y
 
n) La indicación de que cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante. La falta de observancia de este aspecto será motivo de descalificación para los licitantes.
IV. Enumeración de los requisitos que los licitantes deben cumplir, precisando cuáles de éstos se considerarán indispensables para evaluar las proposiciones, indicando en consecuencia, que su incumplimiento afectaría la solvencia de las mismas y motivaría su desechamiento, especificando que éste también se dará si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes, arrendamientos o servicios, o cualquier otro aspecto que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes;
V. Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato respectivo;
VI. Documentos y datos que deben presentar los licitantes, entre los que se encuentran los siguientes:
a) El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica;
b) El requerimiento de un escrito, cuando se trate de procedimientos de carácter nacional, en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana y, en el caso de adquisición de bienes, además que los bienes que oferta y entregará, serán producidos en México y contarán con el porcentaje de contenido nacional correspondiente. Así mismo, deberá manifestar que en caso de que la Secretaría de Economía lo solicite, proporcionará la información que permita verificar su dicho.
c) La copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las Normas, especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el Manual;
d) La dirección de correo electrónico del licitante;
e) Declaración escrita bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 73 y 89 de las Normas;
f) Declaración de Integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes;
g) En el supuesto previsto en el artículo 13 de las Normas, la manifestación del licitante en la que se indique bajo protesta de decir verdad, que es una persona física con discapacidad, o bien, tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad en la proporción que establece dicho precepto legal, el aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto en la fracción XI, del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad;
h) En su caso, el documento o el escrito, mediante el cual acredite ser una MIPYME;
i) En su caso, el convenio firmado por cada una de las personas que integren una proposición conjunta, indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento, y
j) La previsión de que el licitante que resulte adjudicado, previo a la firma de un contrato o pedido, deberá exhibir el documento vigente expedido por la autoridad fiscal competente, en el que se emita la opinión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
VII. El domicilio de las oficinas de la Contraloría o en su caso el medio electrónico en que podrán presentarse inconformidades;
VIII. Formatos que faciliten y agilicen la presentación y recepción de las proposiciones, como son los relativos a:
a) La forma de presentación de la propuesta económica;
b) La manifestación de los licitantes nacionales respecto del origen extranjero de los bienes o servicios que oferten;
 
c) La manifestación de los licitantes extranjeros en relación a que los precios que ofertan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios;
d) La manifestación de los licitantes respecto del origen nacional de los bienes o servicios que oferten;
e) La manifestación sobre la estratificación a la que pertenece una empresa considerada MIPYME, en los términos del artículo 27 de las Normas, y
f) La verificación de la recepción de los documentos que el licitante entregue en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en relación con los documentos requeridos en las Bases de la Convocatoria.
IX. Las demás que las Áreas Requirente, Contratante y Técnica en su caso, estimen necesarias atendiendo al tipo y carácter del procedimiento de contratación de que se trate.
Los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que se soliciten como requisito de participación en los procedimientos de contratación, sólo resultarán procedentes si se encuentran previstos en estas Normas. La falta de presentación de dichos documentos en la proposición, será motivo para desecharla, por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen.
En los procedimientos de contratación nacionales o internacionales fuera de la cobertura de los Tratados, se podrán establecer marcas de referencia de los bienes que pretendan adquirir, arrendar o bien de los productos que sean necesarios en los servicios a contratar, debiendo los Titulares de las Áreas Requirentes presentar la justificación correspondiente que sustente las mismas e incluirla en el expediente de la contratación.
Artículo 32. El Instituto no podrá establecer en las Bases de la Convocatoria requisitos que limiten la libre participación de los interesados, o tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, tales como:
I. Experiencia superior a un año, salvo en los casos debidamente justificados que autorice, en forma expresa, el Titular del Área Requirente, indicando las causas que motiven dicha autorización. De establecerse este requisito, invariablemente se precisará la forma en que deberá acreditarse y cómo será evaluado;
II. Haber celebrado contratos anteriores con el Instituto o con alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal en particular;
III. Capitales contables. Cuando el Área Contratante considere necesario que el licitante acredite contar con capacidad económica para cumplir las obligaciones que se deriven del contrato correspondiente, el Titular del Área Requirente autorizará establecer como requisito para los licitantes que sus ingresos sean equivalentes hasta el veinte por ciento del monto total de su oferta; lo anterior deberá acreditarse mediante la última declaración fiscal anual y la última declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta presentadas por el licitante ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
IV. Contar con sucursales o representantes regionales o estatales, salvo que resulte necesario para proveer los bienes o prestar los servicios en los términos requeridos por el Instituto;
V. Estar inscrito en el Catálogo de Proveedores del Instituto, de calidad de productos o servicios, que hayan determinado las Unidades Administrativas para agilizar la evaluación de las proposiciones.
VI. Que los bienes a adquirir o arrendar, sean de una marca determinada, salvo en los casos justificados conforme a estas Normas, y
VII. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir.
El Área Contratante podrá establecer en las Bases de la Convocatoria que los licitantes se encuentren inscritos en los registros a que se refiere la fracción V de este artículo, sin embargo el que no acrediten dicho requisito no será causal de desechamiento.
Será causa de responsabilidad administrativa, el establecimiento en las Bases de la Convocatoria de requisitos que estén dirigidos a favorecer a determinado licitante o licitantes.
Artículo 33. Previo a la publicación de las Bases de la Convocatoria, el Área Contratante podrá difundir el Proyecto de Convocatoria a través del Sitio Web del Instituto, en una sola ocasión y al menos durante cinco días hábiles, lapso durante el cual recibirá los comentarios que correspondan.
Para la difusión del proyecto de las Bases de la Convocatoria, deberá considerarse lo siguiente:
I. Se realizará con base en el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios seleccionándose aquéllos que en su conjunto representen por lo menos el cincuenta por ciento del monto total a licitar, de los cuales se deberá dar preferencia a aquellas que tengan mayor importancia para los programas sustantivos del Instituto;
En caso de que una licitación pública se declare desierta total o parcialmente y el Área Contratante decida realizar una segunda licitación pública, no se requerirá difundir el Proyecto de Convocatoria respectivo;
 
II. El Área Contratante deberá incluir en un documento los comentarios que reciban sobre el proyecto de las Bases de la Convocatoria, identificando la persona que los realiza, así como las razones que sustenten su procedencia o improcedencia.
El documento señalado en el párrafo anterior, deberá difundirse en el Sitio Web del Instituto previo a la publicación de las Bases de la Convocatoria a la licitación pública correspondiente, y
III. Si el Área Contratante lo estima conveniente, además de la difusión del Proyecto de Convocatoria en el Sitio Web del Instituto, podrá efectuar invitaciones para celebrar una reunión pública en la que los asistentes participen en la revisión del documento en mención y presenten sus comentarios.
Los comentarios y opiniones que se reciban al proyecto de las Bases de la Convocatoria, serán analizados por las Áreas Requirentes y Área Contratante a efecto de, en su caso, considerarlas para enriquecer el proyecto.
Artículo 34. La publicación de las Bases de la Convocatoria y, en su caso, de sus modificaciones se realizará a través de CompraNet por el Área Contratante, en días hábiles y su obtención será gratuita. Además, el mismo día en que se publique en CompraNet las Bases de la Convocatoria, el Área Contratante deberá enviar al DOF para su publicación, un resumen de ésta que contendrá, entre otros elementos, la denominación del Instituto, número y carácter de la licitación pública, la indicación de los medios que se utilizarán para su realización, una descripción sucinta del objeto de la licitación pública, la fecha, hora y lugar en que se celebrará la primera junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones, y cuándo se publicó en CompraNet.
A partir de la fecha de publicación en CompraNet y hasta el sexto día natural previo a la fecha señalada para el acto de presentación y apertura de proposiciones, el Área Contratante deberá tener una copia impresa o en medio electrónico, de las Bases de la Convocatoria en el domicilio señalado para realizar el acto mencionado, la cual podrá ser consultada por cualquier persona. La copia exclusivamente será para consulta, por lo que el Área Contratante no estará obligada a entregar una impresión de la misma.
El día de publicación en CompraNet de las Bases de la Convocatoria, será el primer día para el cómputo del plazo para la presentación y apertura de proposiciones, y el día anterior a este acto, será el último que se contabilizará para determinar los plazos a que se refiere el artículo 35 de las Normas.
Artículo 35. El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones públicas internacionales no podrá ser inferior a veinte días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de las Bases de la Convocatoria en CompraNet.
En el caso de las licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de Tratados, el plazo entre la publicación de las Bases de la Convocatoria y el acto de presentación y apertura de proposiciones, no podrá ser inferior a cuarenta días naturales, salvo en los casos de urgencia debidamente justificados por el Titular del Área Requirente y autorizados por el Titular del Área Contratante, en los cuales podrá reducirse a no menos de diez días naturales, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes.
En licitaciones públicas nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando menos, de quince días naturales contados a partir de la fecha de publicación de las Bases de la Convocatoria.
Atendiendo a lo señalado en los párrafos anteriores, el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá celebrarse como mínimo el día cuarenta y uno u once según corresponda, o al día hábil siguiente en caso de que los mismos fueran inhábiles.
La determinación de estos plazos y sus cambios, deberán ser acordes con la planeación y programación previamente establecida.
Artículo 36. El Área Contratante, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar aspectos establecidos en las Bases de la Convocatoria, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en CompraNet a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen.
Las modificaciones que se mencionan en el párrafo anterior en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, o bien la adición de otros de distintos rubros o en una variación significativa de sus características.
El Área Contratante deberá realizar al menos una junta de aclaraciones, siendo optativa para los licitantes la asistencia a la misma y podrá celebrar las juntas de aclaraciones que consideren necesarias, atendiendo a las características de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la licitación pública.
Cualquier modificación a las Bases de la Convocatoria, incluyendo las que resulten de las juntas de aclaraciones, formará parte de las mismas y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.
La junta de aclaraciones deberá celebrarse posteriormente a la visita al sitio donde se prestarán los servicios o se instalarán los bienes.
 
Artículo 37. Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente:
El servidor público que presida el acto deberá ser asistido por un representante del Área Técnica o Requirente de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la contratación, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en las Bases de la Convocatoria.
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las Bases de la Convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación pública, por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante legal.
Las solicitudes de aclaración, a elección del licitante, podrán entregarse a través de los siguientes medios:
a) CompraNet;
b) Personalmente en el domicilio señalado por el Área Contratante en las Bases de la Convocatoria para llevar a cabo la junta de aclaraciones, y
c) Por correo electrónico proporcionado por el Área Contratante en las Bases de la Convocatoria correspondiente.
En cualquiera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se acompañará a la solicitud de aclaración correspondiente una versión electrónica de la misma que permita al Área Contratante su clasificación e integración por temas para facilitar su respuesta en la junta de aclaraciones de que se trate. Cuando la versión electrónica esté contenida en un medio físico, éste le será devuelto al licitante en la junta de aclaraciones respectiva.
La visita al sitio donde se prestarán los servicios o se instalarán los bienes será optativa para los interesados y tendrá como objeto que los licitantes conozcan las particularidades del lugar y las condiciones ambientales.
Las solicitudes de aclaración se deberán presentar a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones. Cuando el escrito en el que se manifieste el interés de participar se presente fuera del plazo previsto en este párrafo o al inicio de la junta de aclaraciones, el licitante sólo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que dé el Área Contratante en la mencionada junta.
El Área Contratante tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración del licitante, la que indique su sello de recepción y, tratándose de las solicitudes que se hagan llegar a través del sistema CompraNet o correo electrónico proporcionado por el Instituto, la hora que se registre al momento de su envío.
Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en las Bases de la Convocatoria, indicando el numeral o punto específico con el cual se relacionan. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por el Área Contratante.
Tratándose de licitaciones electrónicas, las solicitudes de aclaración únicamente podrán ser recibidas a través de CompraNet.
Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha señalada en las Bases de la Convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá diferirse.
De cada junta de aclaraciones se levantará acta que contendrá la firma de los asistentes interesados y de los servidores públicos que intervengan; las solicitudes de aclaración formuladas por los licitantes, así como las respuestas del Área Contratante en forma clara y precisa y, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio donde se prestarán los servicios o se instalarán los bienes. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.
Artículo 38. La junta de aclaraciones, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:
I. En la fecha y hora establecida para la primera junta de aclaraciones en las licitaciones públicas, el servidor público que la presida procederá a dar contestación a las solicitudes de aclaración, mencionando el nombre del o los licitantes que las presentaron. El Área Contratante podrá optar por dar contestación a dichas solicitudes de manera individual o de manera conjunta tratándose de aquéllas que hubiera agrupado por corresponder a un mismo punto o apartado de las Bases de la Convocatoria.
El servidor público que presida la junta de aclaraciones podrá suspender la sesión, en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los licitantes la hora y, en su caso, fecha o lugar, en que se continuará con la junta de aclaraciones.
 
Una vez que el Área Contratante termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración, se dará inmediatamente oportunidad a los licitantes para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de las Bases de la Convocatoria en que se dio respuesta, formulen las preguntas que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas. El servidor público que presida la junta de aclaraciones, atendiendo al número de preguntas, informará a los licitantes si éstas serán contestadas en ese momento o si se suspende la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior;
II. En las licitaciones públicas electrónicas, el Área Contratante procederá a enviar, a través de CompraNet, las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas, a partir de la hora y fecha señaladas en las Bases de la Convocatoria para la celebración de la junta de aclaraciones. Cuando en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o algún otro factor no imputable al Instituto y que sea acreditable, el servidor público que presida la junta de aclaraciones, informará a los licitantes si éstas serán enviadas en ese momento o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas.
Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior la convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que éstos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas. Dicho plazo no podrá ser inferior a seis ni superior a cuarenta y ocho horas. Una vez recibidas las preguntas, el Área Contratante informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes;
III. En las licitaciones públicas mixtas, el Área Contratante en la junta de aclaraciones presencial dará contestación a las solicitudes de aclaración a los licitantes presentes. Las respuestas serán enviadas a los licitantes que participan por medios electrónicos; el Área Contratante tomará las previsiones necesarias para que los licitantes que participen de manera presencial o electrónica reciban, en la medida de lo posible, las respuestas de manera simultánea.
Para la recepción y contestación de las solicitudes de aclaración, así como de las preguntas a las respuestas dadas por el Área Contratante, aplicarán las disposiciones previstas en este artículo para las juntas de aclaraciones presenciales o electrónicas, según corresponda;
IV. El Área Contratante estará obligada a dar contestación en forma clara y precisa, tanto a las solicitudes de aclaración como a las preguntas que los licitantes formulen respecto de las respuestas dadas por el Área Requirente y en su caso el Área Técnica respectiva en la junta de aclaraciones;
V. Será responsabilidad del Titular del Área Requirente y del Titular del Área Técnica en su caso, o bien sólo el de esta última cuando también tenga el carácter de Área Requirente, que asista un representante de las mismas, con los conocimientos técnicos suficientes que permitan dar respuesta clara y precisa a los planteamientos de los licitantes, a las juntas de aclaraciones a las que fueron convocados. En caso de inasistencia del representante del Área Técnica o del Área Requirente, el servidor público que presida la junta de aclaraciones lo hará del conocimiento de la Contraloría.
El servidor público que presida la junta de aclaraciones en ningún caso permitirá que como respuesta a las solicitudes de aclaración se remita al licitante de manera general a lo previsto en las Bases de la Convocatoria. En caso de que la respuesta a la solicitud de aclaración remita a las Bases de la Convocatoria a la licitación pública, deberá señalar el apartado específico de la misma en que se encuentre la respuesta al planteamiento;
VI. Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el séptimo párrafo del artículo 37 de las Normas, no serán contestadas por el Área Contratante por resultar extemporáneas, debiéndose integrar al expediente respectivo; en caso de que algún licitante presente nuevas solicitudes de aclaración en la junta correspondiente las deberá entregar por escrito y la convocante las recibirá, pero no les dará respuesta. En ambos supuestos, si el servidor público que presida la junta de aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, el Área Contratante deberá tomar en cuenta dichas solicitudes para responderlas respetando el tiempo establecido en el citado séptimo párrafo del artículo 37 de las Normas, y
VII. Si derivado de las juntas de aclaraciones se determina posponer la fecha de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, la modificación respectiva a las Bases de la Convocatoria deberá publicarse en CompraNet; en este caso, el diferimiento considerará la existencia de un plazo de al menos seis días naturales desde el momento en que concluya la junta de aclaraciones hasta el momento del acto de presentación y apertura de proposiciones.
 
Artículo 39. La entrega de proposiciones se hará en un solo sobre cerrado, que contendrá la oferta técnica y económica, el cual deberá entregarse en la forma y medios que se prevean en las Bases de la Convocatoria. En el caso de las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública.
La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja del documento y rubricada en todas sus hojas que las contenga y en aquellas partes que determine el Área Contratante. No podrán desecharse las proposiciones cuando alguna de las hojas que la integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica, siempre y cuando la propuesta se integre de manera lógica y que la última hoja se encuentre firmada, lo cual deberá indicarse en las Bases de la Convocatoria o invitación correspondiente. En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública.
En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, el Área Contratante no podrá desechar la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, el Área Contratante tampoco podrá desechar la proposición.
En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito al Área Contratante, para efectos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento.
Los contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa del procedimiento de licitación pública deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que el Área Contratante determinará los requisitos, características y condiciones de los mismos en el ámbito de sus atribuciones.
Artículo 40. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar y hora previstos en las Bases de la Convocatoria y será presidido por el servidor público designado por el Titular del Área Contratante o por el servidor público facultado para tal efecto en términos del Manual, quien será el único facultado para tomar todas las decisiones durante la realización del acto, en los términos de las Normas.
La documentación administrativa podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la proposición.
Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, el Área Contratante podrá efectuar el registro de participantes y realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la proposición. No se podrá impedir el acceso a quien decida presentar su documentación y proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos para la celebración del citado acto.
Cuando el Área Contratante determine efectuar, previamente al acto de presentación y apertura de proposiciones, el registro y la revisión preliminar a que se refiere el párrafo anterior, tales actividades deberá realizarlas por lo menos treinta minutos antes de la hora señalada para el inicio de dicho acto.
Artículo 41. En las licitaciones públicas se aceptarán proposiciones conjuntas y dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición, sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales; para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública para el sistema CompraNet.
Los interesados que se agrupen para presentar una proposición conjunta, deberán dar cumplimiento a las siguientes consideraciones:
I. Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación;
II. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:
a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;
 
b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;
c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;
d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y
e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.
III. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción anterior se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo como uno de sus anexos;
IV. Para cumplir con los ingresos mínimos, en su caso, requeridos por el Área Contratante, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, y
V. Los demás que el Área Contratante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del procedimiento de contratación.
En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado en la fracción II de este artículo y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito al Instituto por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.
Cuando existan causas justificadas para no aceptar la presentación de proposiciones conjuntas, se requerirá la autorización escrita del Titular del Área Requirente, en la cual deberán precisarse las razones para ello, particularmente los aspectos relativos a que con tal determinación no se limita la libre participación. Dicha autorización deberá formar parte del expediente de contratación respectivo.
Artículo 42. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo conforme a lo siguiente:
I. A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, el servidor público que lo presida no permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto. Una vez iniciado el acto, se procederá a registrar a los asistentes, salvo aquéllos que ya se hubieren registrado, en los términos del artículo 40 tercer párrafo de las Normas, en cuyo caso se pasará lista a los mismos;
II. No será motivo de desechamiento la falta de identificación o de acreditación de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero ésta sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador;
III. Los licitantes que participen de manera presencial en el acto de presentación y apertura de proposiciones, deberán entregar sus proposiciones en un sobre cerrado al servidor público que presida dicho acto. Los licitantes que participen por medios electrónicos entregarán su proposición a través de CompraNet;
IV. El servidor público que presida el acto de presentación y apertura de proposiciones, tomará las previsiones necesarias para recibir simultáneamente las proposiciones de los licitantes que participen de manera presencial y electrónica y determinará si la apertura de los sobres iniciará con los que fueron recibidos de manera presencial o electrónica. El acto no podrá concluir hasta en tanto se hayan abierto todos los sobres recibidos;
V. Una vez recibidas las proposiciones, se procederá a su apertura, haciéndose constar únicamente la documentación que presentó cada uno de los licitantes, sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su contenido;
 
VI. El servidor público que presida el acto, deberá recibir las proposiciones para su posterior evaluación, por lo que no podrá desechar ninguna de ellas durante dicho acto.
Aun cuando existan denuncias o presunción de falsedad en relación con la información presentada por un licitante, su proposición no deberá desecharse. El servidor público que presida el acto, cuando tenga conocimiento del hecho, lo comunicará a la Contraloría, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 89 de las Normas. Si al licitante de que se trate se le adjudica el contrato correspondiente y de manera previa a la formalización del mismo la autoridad competente determina la falsedad de su información, la convocante deberá abstenerse de suscribir el citado contrato;
VII. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 73 de las Normas, la recepción de la proposición se entenderá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación, debiéndose indicar en el fallo si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición;
VIII. Una vez abiertas las proposiciones, el servidor público que presida el acto, atendiendo al número de proposiciones presentadas y a las partidas licitadas, podrá optar entre dar lectura al precio unitario de cada una de las partidas que integran las proposiciones, o anexar copia de la propuesta económica de los licitantes al acta respectiva, debiendo en este último caso, dar lectura al importe total de cada proposición. En ambos supuestos el análisis detallado de las proposiciones se efectuará posteriormente por las Áreas Contratante, Requirente y Técnica en su caso, al realizar la evaluación de las mismas;
IX. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que el Área Contratante designe, rubricarán las partes de las proposiciones que previamente haya determinado el Instituto en las Bases de la Convocatoria, las que para estos efectos constarán documentalmente, y
X. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación pública, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.
En el acta también se asentarán las manifestaciones que, en su caso, emitan los licitantes en relación con el acto de presentación y apertura, así como los hechos relevantes que se hubieren presentado.
Tratándose de licitaciones en las que se utilice la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, después de la evaluación técnica, se indicará cuándo se dará inicio a las pujas de los licitantes.
En el acto de presentación y apertura de proposiciones el Área Contratante podrá anticipar o diferir la fecha del fallo dentro de los plazos establecidos en la fracción X de este artículo, lo cual quedará asentado dentro del acta correspondiente a este acto. También podrá hacerlo durante la evaluación de las proposiciones, dentro de los plazos indicados, notificando a los licitantes la nueva fecha a través de los medios previstos en las Bases de la Convocatoria.
Artículo 43. El domicilio señalado en la proposición del licitante será el lugar donde éste recibirá toda clase de notificaciones que resulten de los contratos y convenios que celebren de conformidad con las Normas. Mientras no se señale un domicilio distinto en la forma establecida por el Área Contratante, el manifestado se tendrá como domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones.
Las notificaciones a los licitantes respecto de los actos del procedimiento de contratación se realizarán a través de CompraNet.
Artículo 44. Las Áreas Contratante, Requirente y Técnica en su caso, para la evaluación de las proposiciones, deberán utilizar el criterio indicado en las Bases de la Convocatoria a la licitación pública.
Los criterios para evaluar la solvencia de las proposiciones, deberán guardar relación con los requisitos y especificaciones señalados en las Bases de la Convocatoria para la integración de las propuestas técnicas y económicas.
En todos los casos las Áreas Requirente, Contratante y Técnica, en su caso, deberán verificar que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en las Bases de la Convocatoria a la licitación pública, mediante la aplicación de alguno de los criterios de evaluación a que hacen referencia los artículos 45, 46 y 47 de las Normas.
Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la proposición, se considerarán: el proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir al Área Contratante pudiera aceptarse; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica; el no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida; y el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la proposición presentada. En ningún caso el Área Contratante o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas.
 
Artículo 45. Mediante la aplicación del criterio de evaluación binario sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por el Instituto y oferte el precio más bajo. Mediante el criterio de evaluación a que hace referencia este artículo se evaluarán al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.
La aplicación del criterio de evaluación binario será procedente en aquellos casos en que el Área Contratante no requiera vincular las condiciones que deberán cumplir los proveedores con las características y especificaciones de los bienes a adquirir, a arrendar o de los servicios a contratar porque éstos se encuentran estandarizados en el mercado y el factor preponderante que considera para la adjudicación del contrato es el precio más bajo.
El cálculo de los precios no aceptables y los precios convenientes, sólo se realizará cuando se utilice el criterio a que hace referencia este artículo, para tal efecto se atenderá a lo siguiente:
El cálculo de los precios no aceptables se llevará a cabo por el Área Contratante a partir del análisis que para tal efecto realicen las Áreas Requirentes únicamente cuando se requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable para efectos de adjudicación del contrato, porque resulta superior al porcentaje a que hace referencia la fracción XXV del artículo 2 de las Normas o para efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 55 de las Normas.
A. Para calcular cuándo un precio no es aceptable, las Áreas Requirentes, Técnica en su caso y Contratante, al hacer la evaluación económica aplicarán cualquiera de las siguientes opciones:
I. Cuando se considere como referencia el precio que se observa como mediana en la investigación de mercado, ésta se obtendrá de la siguiente manera:
a) Se considerarán todos los precios obtenidos de la investigación de mercado y se ordenarán de manera consecutiva del menor al mayor;
b) En caso de que la serie de precios obtenidos resulte impar, el valor central será la mediana, y
c) Si la serie de precios obtenidos es un número par, se obtendrá el promedio de los dos valores centrales y el resultado será la mediana;
II. Cuando se consideren como referencia los precios de las ofertas presentadas en la misma licitación pública, se deberá contar con al menos tres proposiciones aceptadas técnicamente y el promedio de dichas ofertas se obtendrá de la siguiente manera:
a) Se sumarán todos los precios ofertados en el proceso de licitación pública que se aceptaron técnicamente;
b) El resultado de la suma señalada en el inciso que antecede se dividirá entre la cantidad de precios considerados en el inciso anterior, y
c) El promedio será el resultado de la división a que se refiere el inciso anterior.
A las cantidades resultantes de las operaciones efectuadas en las fracciones anteriores se les sumará el porcentaje previsto en la fracción XXVI del artículo 2 de las Normas o, en su caso, el señalado en el último párrafo, de la fracción IV, del apartado B, del presente artículo. Cuando algún precio ofertado sea superior al resultado de esta última operación, éste será considerado como no aceptable.
B. El cálculo del precio conveniente únicamente se llevará a cabo cuando se requiera acreditar que un precio ofertado se desecha porque se encuentra por debajo del precio determinado conforme a la fracción XXVII del artículo 2 de las Normas.
Para calcular cuándo un precio es conveniente, las Áreas Requirentes, Técnica en su caso y Contratantes al hacer la evaluación económica aplicarán la siguiente operación:
I. Los precios preponderantes de las proposiciones aceptadas en una licitación pública, son aquéllos que se ubican dentro del rango que permita advertir que existe consistencia entre ellos, en virtud de que la diferencia entre los mismos es relativamente pequeña;
II. De los precios preponderantes determinados, se obtendrá el promedio de los mismos. En el caso de advertirse la existencia de dos o más grupos de precios preponderantes, se deberá tomar el promedio de los dos que contengan los precios más bajos;
III. Al promedio señalado en el inciso anterior se le restará el porcentaje fijado en la fracción XXVII del artículo 2 de las Normas, y
 
IV. Los precios cuyo monto sea igual o superior al obtenido de la operación realizada conforme a este apartado serán considerados precios convenientes.
Cuando el Área Contratante deseche los precios por considerar que no son convenientes o determine que son no aceptables, no podrá adjudicar el contrato a los licitantes cuyas proposiciones contengan dichos precios, debiendo incorporar al fallo lo señalado en la fracción III del artículo 52 de las Normas.
En los casos en que no existan proveedores nacionales, podrá establecerse un porcentaje menor al utilizado para determinar el precio no aceptable, sin que el mismo pueda ser inferior al cinco por ciento. Los resultados de la investigación y del cálculo para determinar la inaceptabilidad del precio ofertado se incluirán en el fallo a que alude el artículo 52 de las Normas.
Artículo 46. Cuando el Área Contratante aplique el criterio de evaluación de costo beneficio, en las Bases de la Convocatoria establecerá lo siguiente:
I. La información que para la aplicación del criterio a que se refiere este artículo deberán presentar los licitantes como parte de su proposición;
II. El método de evaluación de costo beneficio que se utilizará, el cual deberá ser medible y comprobable, considerando los conceptos que serán objeto de evaluación, tales como mantenimiento, operación, consumibles, rendimiento u otros elementos, vinculados con el factor de temporalidad o volumen de consumo, así como las instrucciones que deberá tomar en cuenta el licitante para elaborar su proposición, y
III. El método de actualización de los precios de los conceptos considerados en el método de evaluación de costo beneficio, de ser necesario.
Tratándose de servicios, el Área Contratante podrá utilizar el criterio de evaluación de costo beneficio, aplicando en lo procedente lo dispuesto en este artículo.
En los casos en los que se aplique el criterio de evaluación de costo beneficio, la adjudicación del contrato se hará a favor del licitante cuya proposición presente el mayor beneficio neto, mismo que corresponderá al resultado que se obtenga de considerar el precio del bien, del arrendamiento o del servicio, más el de los conceptos que se hayan previsto en el criterio de evaluación.
Para la adquisición de equipos, en los que éstos sólo operen con insumos específicos de la marca del mismo equipo, salvo dictamen y justificación presentado por el Titular del Área Requirente autorizado por el Titular de la Unidad de Administración, deberá aplicarse el criterio de evaluación de costo beneficio, debiendo considerar para ello el importe de los consumibles requeridos como mínimo para un año, tomando como referencia los precios de lista que deberá proporcionar el licitante en su proposición.
Artículo 47. Cuando el Área Contratante determine utilizar el criterio de evaluación de puntos y porcentajes deberá establecer en las Bases de la Convocatoria los rubros y subrubros de las propuestas técnica y económica que integran la proposición con base en la información que al efecto le proporcione el Área Requirente o Técnica en su caso; la calificación numérica o de ponderación que puede alcanzarse u obtenerse en cada uno de ellos; el mínimo de puntaje o porcentaje que los licitantes deberán obtener en la evaluación de la propuesta técnica para continuar con la evaluación de la propuesta económica, y la forma en que los licitantes deberán acreditar el cumplimiento de los aspectos requeridos por el Instituto en cada rubro o subrubro para la obtención de su puntuación o ponderación.
Los rubros y subrubros referidos en el párrafo anterior, así como su ponderación, deberán ser fijados por el Área Requirente de conformidad con los criterios que para tal efecto establecen las Normas y el Manual.
Artículo 48. Cuando el Instituto requiera obtener bienes, arrendamientos o servicios que conlleven el uso de características de alta especialidad técnica o de innovación tecnológica, deberán utilizar el criterio de evaluación de puntos y porcentajes o de costo beneficio, salvo que la aplicación de los mismos no resulte conveniente en términos de la opinión del Área Requirente y/o Técnica en su caso, emitida en forma previa al inicio del procedimiento de contratación.
Artículo 49. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en las Bases de la Convocatoria y por lo tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y, en su caso la proposición que hubiera ofertado el precio más bajo tratándose de procedimientos bajo el criterio de evaluación binario, siempre y cuando éste hubiere resultado conveniente, los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por el Área Contratante; o bien, la proposición haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes, o de costo beneficio, según corresponda.
 
En los supuestos antes señalados, en caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de MIPYMES nacionales; se deberá adjudicar el contrato en primer término a las micro empresas, en segundo término se considerará a las pequeñas empresas, y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa.
De subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación de los sectores señalados en el párrafo anterior, o bien, de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación que realice el Área Contratante.
Cuando se requiera llevar a cabo el sorteo por insaculación, el Área Contratante deberá girar invitación a la Contraloría y al testigo social cuando éste participe en la licitación pública, para que en su presencia se lleve a cabo el sorteo; se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o falta de firma en el acta respectiva de los licitantes o invitados invalide el acto.
Para el caso de procedimientos en los que se haya utilizado la modalidad de ofertas de descuento subsecuentes, el contrato se adjudicará a quien oferte el precio más bajo, siempre y cuando la proposición resulte solvente técnica y económicamente.
Tratándose de licitaciones públicas electrónicas, el sorteo por insaculación se realizará a través de CompraNet, aplicando en lo conducente las disposiciones administrativas que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública.
Artículo 50. Cuando el Área Contratante detecte un error de cálculo en alguna proposición podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario.
En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse.
Las correcciones se harán constar en el análisis en el que se plasme el resultado de la evaluación de las proposiciones. Si el licitante no acepta por escrito la corrección de la propuesta, ésta se desechará, o sólo las partidas que sean afectadas por el error.
Artículo 51. El Área Contratante podrá efectuar reducciones hasta por el diez por ciento de las cantidades de bienes o servicios materia de la licitación pública, cuando el presupuesto asignado al procedimiento de contratación sea rebasado por las proposiciones presentadas. Al efecto, los responsables de la evaluación de la propuesta económica verificarán previamente que los precios de la misma son aceptables; el Área Requirente emitirá dictamen en el que se indique la conveniencia de efectuar la reducción respectiva, así como la justificación para no reasignar recursos a fin de cubrir el faltante, el Titular del Área Contratante deberá autorizar la reducción correspondiente.
La reducción a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará preferentemente de manera proporcional a cada una de las partidas que integran la licitación pública, y no en forma selectiva, excepto en los casos en que éstas sean indivisibles, lo cual deberá hacerse constar en el acta de fallo a que hace referencia el artículo siguiente.
Artículo 52. El Área Contratante emitirá el fallo, que deberá contener lo siguiente:
I. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de las Bases de la Convocatoria que en cada caso se incumpla;
II. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno;
III. En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no es conveniente, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo correspondiente;
IV. Nombre del licitante a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en las Bases de la Convocatoria, así como la indicación de las partidas, trabajos, los conceptos y montos asignados a cada licitante;
V. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la entrega de anticipos, y
VI. Nombre, cargo y firma del servidor público que emite el fallo. Se indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones.
En caso de que se declare desierta la licitación pública o alguna partida, se señalarán en el fallo las razones que lo motivaron.
En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
 
Cuando la licitación pública sea de tipo presencial o mixta el fallo se dará a conocer en junta pública a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieran presentado proposiciones, entregándoles copia del mismo y levantándose el acta respectiva. Así mismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se celebre la junta pública. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en el referido sistema. Tratándose de licitaciones electrónicas, el fallo únicamente será difundido a través de CompraNet.
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.
Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de las Normas.
Cuando se detecte en el fallo un error aritmético o mecanográfico en alguna proposición, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por el Área Requirente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el Área Contratante procederá a su corrección, aclarando o rectificando el error, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma a la Contraloría dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma.
De igual forma se dará vista a la Contraloría en caso de que el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, a efecto de que, se emitan las directrices para su reposición.
La información soporte utilizada por el Área Contratante para realizar la adjudicación en los procedimientos de contratación, deberá integrarse en el expediente correspondiente.
Artículo 53. Los fallos de las licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de Tratados se publicarán en el DOF dentro de los setenta y dos días naturales siguientes al de su emisión, indicando la denominación y domicilio del Instituto; el número de licitación pública; la descripción genérica de los bienes o servicios objeto de la licitación pública; la fecha del fallo; el nombre y domicilio de los licitantes ganadores, así como las partidas y monto total del contrato adjudicado a éstos.
En el caso de que los licitantes no proporcionen la dirección de correo electrónico a que se refiere el Inciso i), de la fracción III, del artículo 31 de las Normas, el Área Contratante quedará eximida de la obligación de realizar el aviso a que hace referencia el artículo 52 cuarto párrafo de las Normas.
Artículo 54. Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes y al finalizar cada acto se fijará un aviso o un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del Área Contratante, por un término no menor de cinco días hábiles. El Titular del Área Contratante dejará constancia en el expediente de la licitación pública, de la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia.
Así mismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.
Artículo 55. El Área Contratante procederá a declarar desierta una licitación pública, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o los precios de todos los bienes, arrendamiento o servicios ofertados no resulten aceptables.
Cuando se declare desierta una licitación pública o alguna partida y persista la necesidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en la primera licitación pública, el Área Contratante podrá emitir una segunda convocatoria, o bien optar por el supuesto de excepción previsto en el artículo 58, fracción VII de las Normas. Cuando los requisitos o el carácter sean modificados con respecto a la primera convocatoria, se deberá convocar a un nuevo procedimiento.
El Instituto podrá cancelar una licitación pública, partidas o conceptos incluidos en éstas, cuando se presente caso fortuito, fuerza mayor, existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al propio Instituto. La determinación de dar por cancelada la licitación pública, partidas o conceptos, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponerse la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de las Normas.
Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, el Instituto cubrirá a los licitantes los gastos no recuperables que en su caso procedan en términos de lo dispuesto por el Manual.
 
Artículo 56. El Instituto podrá utilizar el abastecimiento simultáneo a efecto de distribuir entre dos o más proveedores las partidas de bienes o servicios, cuando así lo hayan establecido en las Bases de la Convocatoria, siempre que con ello no restrinjan la libre participación.
En este caso, los precios de los bienes o servicios contenidos en una misma partida y distribuidos entre dos o más proveedores, no podrán exceder del margen previsto por el Instituto en las Bases de la Convocatoria, el cual no podrá ser superior al diez por ciento respecto de la proposición solvente más baja.
En las licitaciones públicas en las que se prevea el supuesto a que hace referencia este artículo, se deberán considerar los siguientes aspectos:
I. En las Bases de la Convocatoria a la licitación pública se indicará el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los rangos en cantidades o porcentajes de los bienes o servicios que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial de precio considerado para determinar las proposiciones susceptibles de ser consideradas para la adjudicación del contrato;
II. En caso de omisión de lo indicado en la fracción anterior, la adjudicación del contrato correspondiente se efectuará a favor del licitante que ofrezca las mejores condiciones en cada partida o concepto de la licitación pública;
III. Al licitante cuya proposición haya sido seleccionada en primer lugar se le adjudicará el contrato por una cantidad igual o superior al cuarenta por ciento de los requerimientos, conforme al precio de su proposición, salvo que haya ofrecido una cantidad inferior;
IV. La asignación por el porcentaje que reste después de aplicar lo dispuesto en la fracción anterior, se hará conforme al orden de evaluación, a los licitantes cuyos precios se encuentren dentro del rango indicado por el Instituto, conforme a la fracción I de este artículo, y
V. Si alguna cantidad queda pendiente de asignación, según se precise en las Bases de la Convocatoria a la licitación pública, se podrá asignar al proveedor seleccionado en primer lugar y en caso de que éste no acepte, se podrá adjudicar el contrato respectivo al licitante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio no sea superior al porcentaje señalado en las Bases de la Convocatoria a la licitación pública, el cual no podrá exceder el porcentaje indicado en la fracción I de este artículo y en caso de no aceptar, se declarará desierta y se procederá a efectuar otro procedimiento de contratación sólo por dicha cantidad.
Capítulo Tercero
De las Excepciones a la Licitación pública
Artículo 57. En los supuestos que prevé el artículo 58 de las Normas, las Áreas Requirentes y Contratante, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa.
La selección del procedimiento de excepción deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Instituto. El acreditamiento de los criterios en los que se funda; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberá constar por escrito y ser firmado por el Titular del Área Requirente de los bienes, arrendamientos o servicios.
Tratándose de procedimientos de invitación a cuando menos tres personas fundamentados en las fracciones III, VII, VIII, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII del artículo 58 de las Normas, el escrito a que se refiere el párrafo anterior, deberá estar acompañado de los nombres y datos generales de las personas que serán invitadas; tratándose de adjudicaciones directas, en todos los casos deberá indicarse el nombre de la persona a quien se propone adjudicar el contrato; en ambos procedimientos, deberá acompañarse el resultado de la investigación de mercado que sirvió de base para su selección.
En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse por el Instituto.
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, así como para el procedimiento de adjudicación directa, según corresponda, la selección de participantes podrá hacerse de entre los proveedores que se encuentren inscritos en el Catálogo de Proveedores del Instituto. Los supuestos señalados en este artículo podrán acreditarse con la información contenida en el citado Catálogo referente a la experiencia, especialidad, capacidad técnica e historial de cumplimiento respecto de contratos que los proveedores de que se trate tengan celebrados con el Instituto.
 
En estos casos, el Titular del Área Contratante, a más tardar el último día hábil de cada mes, enviará a la Contraloría, un informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia del escrito aludido en este artículo y de una versión electrónica del dictamen en el que conste el análisis de la o las proposiciones y las razones para la adjudicación del contrato. No será necesario rendir este informe respecto de las operaciones que se realicen al amparo de las fracciones IV y XII del artículo 58.
A los procedimientos de contratación de invitación a cuando menos tres personas, le será aplicable el carácter a que hacen referencia las fracciones I y III del artículo 30 de las Normas.
Artículo 58. El Área Contratante podrá contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:
I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado sólo existe un posible oferente, o se trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, o por tratarse de obras de arte;
II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor.
III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificados y justificados;
IV. Se trate de contrataciones relacionadas con Información que deba ser de divulgación restringida por motivos de seguridad nacional o la seguridad pública, en términos de las Leyes de la materia;
V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla;
VI. Se haya rescindido un contrato adjudicado a través de licitación pública, en cuyo caso se podrá adjudicar al licitante que haya obtenido el segundo o ulteriores lugares, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento. Tratándose de contrataciones en las que la evaluación se haya realizado mediante puntos y porcentajes o costo beneficio, se podrá adjudicar al segundo o ulterior lugar, dentro del diez por ciento de la puntuación;
VII. Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos técnicos establecidos en las Bases de la Convocatoria a la licitación pública correspondiente;
VIII. Existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes de marca determinada;
IX. Se trate de bienes usados o reconstruidos en los que el precio no podrá ser mayor al que se determine mediante avalúo que practicarán las instituciones de crédito o terceros habilitados para ello conforme a las disposiciones aplicables, expedido dentro de los seis meses previos y vigente al momento de la adjudicación del contrato respectivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 tercer párrafo de las Normas;
X. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, debiendo aplicar el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, entre las que se incluirán instituciones públicas y privadas de educación superior y centros públicos de investigación nacionales e internacionales.
Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la información que se tenga que proporcionar a los licitantes para la elaboración de su proposición, sea confidencial y/o reservada en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento.
XI. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación se realice con campesinos o grupos urbanos marginados, como personas físicas o morales;
XII. Se trate de la adquisición de bienes para someterlos a procesos productivos que el Instituto realice en cumplimiento de su objeto;
XIII. Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin ser proveedores habituales, ofrezcan bienes en condiciones favorables, en razón de encontrarse en estado de liquidación o disolución, o bien, bajo intervención judicial;
XIV. Se trate de los servicios prestados por una persona física a que se refiere la fracción VII del artículo 5 de las Normas, siempre que éstos sean realizados por ella misma sin requerir de la utilización de más de un especialista o técnico;
 
XV. Se trate de servicios de mantenimiento de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, establecer las cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes.
XVI. Cuando el objeto del contrato sea el diseño y fabricación de un bien que sirva como prototipo para efectuar las pruebas que demuestren su funcionamiento, el Instituto deberá pactar que los derechos sobre el diseño, uso o cualquier otro derecho exclusivo, se constituyan a su favor. De ser satisfactorias las pruebas, se formalizará el contrato para la producción de mayor número de bienes por al menos el veinte por ciento de las necesidades del Instituto, con un plazo de tres años;
XVII. Se trate de equipos especializados, sustancias y materiales de origen químico, físico químico o bioquímico para ser utilizadas en actividades propias de proyectos de investigación competencia del Instituto, siempre que el proyecto de que se trate se encuentre autorizado por el Titular de la Unidad de Administración;
XVIII. Se acepte la adquisición de bienes o la prestación de servicios a título de dación en pago al Instituto, en términos de la autorización previa que emita en su caso la Junta de Gobierno del propio Instituto, y
XIX. Se trate de la suscripción de contratos específicos que deriven de un contrato marco celebrado por la Secretaría de la Función Pública con prestadores de bienes y servicios.
La dictaminación de la procedencia de la contratación y de que ésta se ubica en alguno de los supuestos contenidos en las fracciones II, IV, V, VI, VII, XI, XII y XIX será responsabilidad del Titular del Área Requirente.
Las contrataciones a que se refiere este artículo, se realizarán preferentemente a través de procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, en los casos previstos en sus fracciones VII, VIII, XI, XII y XV.
Artículo 59.- El documento suscrito por el Titular del Área Requirente señalado en el segundo párrafo del artículo 57 de las Normas, que se someta a consideración del Comité o del Presidente del Instituto, para dictaminar sobre la procedencia de la excepción a la licitación pública, deberá contener como mínimo la información que a continuación se indica:
I. Descripción de los bienes o servicios objeto del procedimiento de contratación, las especificaciones o datos técnicos de los mismos, así como la demás información considerada conveniente por el Área Requirente o el Área Técnica en su caso, para explicar el objeto y alcance de la contratación;
II. Plazos y condiciones de entrega de los bienes o de prestación de los servicios;
III. El resultado de la investigación de mercado, que soporte el procedimiento de contratación propuesto;
IV. El procedimiento de contratación propuesto, fundando el supuesto de excepción que resulte procedente para llevar a cabo la invitación a cuando menos tres personas o la adjudicación directa y motivando la propuesta mediante la descripción de manera clara de las razones en que se sustente la misma;
V. El monto estimado de la contratación y forma de pago propuesta;
VI. En el caso de adjudicación directa, el nombre de la persona propuesta y sus datos generales, o tratándose de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas fundados en los supuestos a que se refiere el tercer párrafo, del artículo 57 de las Normas, los nombres y datos generales de las personas que serán invitadas;
VII. La acreditación del o los criterios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 57 de las Normas, en que se funde y motive la selección del procedimiento de excepción, según las circunstancias que concurran en cada caso, y
VIII. El lugar y fecha de su emisión.
Al documento a que se refiere este artículo, se deberá acompañar la Requisición que acredite la existencia de recursos para iniciar el procedimiento de contratación, así como para el caso de adquisición o arrendamiento de bienes la no existencia de bienes de las mismas características o, en su caso, el nivel de inventario de los mismos que haga necesario adquirir o arrendar dichos bienes.
En caso de que el requerimiento esté destinado a un proyecto o consumo específico, se deberá establecer el programa al cual se destinará y el plazo máximo para proceder a su utilización.
En los supuestos previstos en las fracciones II, IV, V, VI, VII, XI, XII y XIX del artículo 58 de las Normas, en el documento que prevé este artículo se deberá adicionar un punto en el que se precise que quien lo suscriba dictamina como procedente la no celebración de la licitación pública y el procedimiento de contratación que se autoriza.
Las Unidades Administrativas deberán observar en adición a lo previsto en este artículo, los requisitos que prevean el Manual.
 
Artículo 60.- Para efectos de lo establecido en el artículo 58 de las Normas deberá considerarse, respecto de las fracciones de dicho precepto legal, lo que se cita a continuación:
I. La inexistencia de bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, a que se refiere la fracción I, se acreditará con la investigación de mercado, mediante la obtención de por lo menos tres escritos de empresas cuyas actividades comerciales o profesionales se encuentren directamente relacionadas con los bienes a adquirir o a arrendar o los servicios a contratar, en los que se haga constar la inexistencia de los bienes o servicios mencionados, o en caso de que no sea posible contar con dichos escritos, a través del análisis que realice el Área Requirente con base en la investigación de mercado, en el que justifique por escrito tal inexistencia;
II. Para acreditar que en el mercado sólo existe un posible oferente, o se trata de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos, a que hace referencia la fracción I, se deberán acompañar los documentos con los que se acredite tal situación, como son los registros, títulos, certificaciones, acuerdos comerciales, autorizaciones, designaciones, contratos de licenciamiento o cesión emitidos por o registrados ante las autoridades nacionales competentes en su caso, o conforme a las disposiciones o prácticas del país de origen, así como con los que se determine el alcance o implicaciones jurídicas de los derechos mencionados.
Se entenderá que cuentan con derechos exclusivos los testigos sociales, así como los auditores externos que nombre la Junta de Gobierno en términos de lo dispuesto por el artículo 84 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación;
III. Será procedente contratar mediante adjudicación directa fundada en la fracción III cuando, entre otros supuestos, se acredite con la investigación de mercado correspondiente, que se obtienen las mejores condiciones para el Instituto y, por tanto, se evitan pérdidas o costos adicionales, al contratar con algún proveedor que tenga contrato vigente previamente adjudicado mediante licitación pública y éste acepte otorgar los mismos bienes o servicios en iguales condiciones en cuanto a precio, características y calidad de los bienes o servicios materia del contrato celebrado con el Instituto;
IV. El Área Contratante podrá contratar mediante adjudicación directa fundada en la fracción IV, siempre que previo al inicio del procedimiento se determine, conforme a las leyes de la materia, que la divulgación de la información es restringida por motivos de seguridad nacional;
V. La excepción a la licitación pública prevista en la fracción V, será procedente cuando exista un nexo causal directo entre el caso fortuito o la fuerza mayor y la imposibilidad o impedimento del Instituto para obtener, en el tiempo requerido, los bienes o servicios que necesita, mediante el procedimiento de licitación pública;
VI. El supuesto a que se refiere la fracción VII, sólo resultará procedente cuando se mantengan los mismos requisitos técnicos previstos en las Bases de la Convocatoria a la licitación pública declarada desierta, incluidas las modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones correspondientes; dentro de dichos requisitos, se considerará la cantidad de bienes o servicios indicada en las Bases de la Convocatoria a la primera licitación pública. Lo anterior será aplicable para el caso de las partidas que se hayan declarado desiertas en una licitación pública;
VII. En el supuesto previsto en la fracción VIII, deberá acreditarse que no existen otra u otras marcas alternativas de los bienes requeridos o las existentes no puedan ser sustituidas, en virtud de que, entre otras causas, exista razón técnica o jurídica que obligue a la utilización de una marca determinada, o bien la utilización de una marca distinta pueda ocasionar, entre otros aspectos, un daño a los equipos o maquinaria que requieran dichos bienes, o una pérdida económica, costo adicional o menoscabo al patrimonio del Instituto;
VIII. Para la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones a que se refiere la fracción X, la contratación de los servicios señalados se podrá realizar mediante el procedimiento de adjudicación directa sólo cuando la información que se tenga que proporcionar a los licitantes para la elaboración de su proposición sea reservada o confidencial en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento, para lo cual deberá observarse lo siguiente:
1. El Titular del Área Requirente identificará los documentos clasificados como reservados o confidenciales que estime necesarios para elaborar la proposición, y
2. Deberá justificarse fehacientemente mediante la investigación de mercado, la selección de la persona que se propone para la adjudicación directa, con respecto a otras existentes, así como que el precio del servicio refleja las mejores condiciones para el Instituto.
 
En el caso de que la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones se realice mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, se invitará al menos a una institución de educación superior y, cuando proceda, a un centro público de investigación establecido en el país, los cuales deberán tener experiencia acreditada sobre la materia vinculada a la consultoría, asesoría, estudio o investigación que se requiere contratar.
Cuando no existan instituciones o centros con las características indicadas en el párrafo anterior, deberá integrarse al expediente un escrito firmado por el Titular del Área Requirente que así lo indique.
En la contratación de los servicios a que hace referencia esta fracción, en la invitación a cuando menos tres personas o en la Solicitud de Cotización y en el contrato invariablemente deberá precisarse el número de entregables y las fechas en que deberán presentarse; adicionalmente, en los contratos deberá indicarse el precio o porcentaje de pago que corresponderá a cada entregable. Sólo para las contrataciones que se fundamenten en el supuesto de excepción a que se refiere la presente fracción, al escrito que señala el segundo párrafo del artículo 57 de las Normas se deberá acompañar la verificación de no existencia de estudios similares derivados de contratos anteriores expedida por la DGAJ en términos del artículo 15 de las Normas.
No resultarán aplicables las previsiones de esta fracción en los casos en que se realice la contratación con fundamento en el artículo 61 de las Normas;
IX. Para efectos de la fracción XV, al escrito a que se refiere el segundo párrafo del artículo 55 de las Normas, deberá adjuntarse una relación de los bienes o servicios que se considere podrían utilizarse para prestar el servicio de mantenimiento y sus precios, lo anterior con la finalidad de conocer con anticipación el monto estimado que se pretenda contratar, y
X. Para pactar los derechos a que se refiere la fracción XVI, el Área Requirente y Contratante atenderán lo siguiente:
a) El derecho exclusivo se constituirá en el aspecto patrimonial hasta por un máximo de cinco años a favor del Instituto, según corresponda, y
b) Concluido el término a que se refiere el inciso anterior, el Instituto y el proveedor tendrán derecho a obtener los beneficios de la explotación del prototipo en el porcentaje que corresponda a los recursos aportados por cada parte para su diseño o desarrollo. Los derechos correspondientes a su explotación, se determinarán de conformidad con la legislación aplicable en las materias que correspondan y se limitarán al tiempo que reste la explotación una vez que concluya el contrato suscrito con el Instituto para atender sus requerimientos, el cual deberá ser al menos el plazo indicado en la fracción XVI del artículo 58 de las Normas.
Artículo 61. El Área Contratante, podrá contratar adquisiciones, arrendamientos o servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda los montos máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo.
Se considerará que existe fraccionamiento de las operaciones, cuando en las contrataciones involucradas se presenten las siguientes circunstancias:
I. Todas estén fundadas en este artículo y la suma de sus importes supere el monto máximo indicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada procedimiento de excepción;
II. Los bienes o servicios objeto de las contrataciones sean exactamente los mismos;
III. Las operaciones se efectúen en un solo ejercicio fiscal;
IV. El Área Contratante o el Área Requirente pudieron prever las contrataciones en un solo procedimiento, sin que se haya realizado de esta forma, y
V. Las solicitudes de contratación de un mismo bien o servicio, se realicen por la misma Área Requirente y el Área Contratante sea la misma, o bien, el Área Requirente sea la misma y el Área Contratante sea diferente.
Si el monto de la operación corresponde a una invitación a cuando menos tres personas, la procedencia de la adjudicación directa sólo podrá ser autorizada por el Titular de la Unidad de Administración cuando corresponda, derivado de que en la investigación de mercado se acredite que no existen al menos tres oferentes.
Lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 57 de las Normas resultará aplicable a la contratación mediante los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa que se fundamenten en este artículo.
 
La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado al Instituto en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido declarado desierto, el Titular del Área Contratante podrá adjudicar directamente el contrato.
Para contratar adjudicaciones directas, cuyo monto sea igual o superior a la cantidad de trescientas veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, se deberá contar con al menos tres cotizaciones con las mismas condiciones, que se hayan obtenido en los sesenta días naturales previos al de la adjudicación y consten en el documento en el cual se identifiquen indubitablemente al proveedor oferente, en el supuesto que no sea posible contar con al menos tres cotizaciones, el Área Contratante conforme la información que le proporcione el Área Requirente deberá acreditar que en la zona o región geográfica de que se trate, no existen al menos tres proveedores que puedan cotizar el bien o servicio con las condiciones o características requeridas.
También se podrá acreditar la falta de las cotizaciones a que se refiere el párrafo anterior, cuando se deje constancia de que no existe proveeduría de los bienes o servicios en las condiciones de calidad o cantidad requeridas para proporcionarlos en la zona o región en la que se necesiten.
Las cotizaciones señaladas en este artículo deberán constar por escrito. El Área Contratante documentará las cotizaciones solicitadas por vía telefónica en el expediente respectivo.
Artículo 62. El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente:
I. Se difundirá la invitación en CompraNet o en el Sitio Web del Instituto el mismo día en que se entregue la última invitación y estará disponible hasta el día en que se emita el fallo correspondiente. La referida difusión es de carácter informativo, por lo que solamente podrán participar en el procedimiento de contratación aquellas personas que hayan sido invitadas por el Área Contratante;
II. Cuando el Área Contratante opte por no realizar junta de aclaraciones, en la invitación a cuando menos tres personas, deberá indicarse la forma y términos en que podrán solicitarse las aclaraciones respectivas, de cuyas respuestas deberá informarse tanto al solicitante como al resto de los invitados;
III. El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes invitados, pero invariablemente se invitará a un representante de la Contraloría, sin embargo la inasistencia de éste, no será impedimento para continuar el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas.
Para efectos de lo dispuesto en la fracción X del artículo 42 de las Normas, se hará constar el importe de las proposiciones, siempre y cuando se cuente con el mínimo de propuestas requerido en la siguiente fracción;
IV. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente, independientemente de que al efectuar la evaluación de las mismas sólo una o dos de ellas cumplan con lo requerido en la invitación. En el caso de que los bienes o servicios, se agrupen en partidas, deberá contarse con tres proposiciones para cada partida. El fallo podrá emitirse por escrito o en junta pública aplicando en lo conducente lo dispuesto por el artículo 52 de las Normas.
En caso de que no se presenten el mínimo de proposiciones señalado en el párrafo anterior, se podrá optar por declarar desierta la invitación, o bien, continuar con el procedimiento y evaluar las proposiciones presentadas. En caso de que sólo se haya presentado una propuesta, el Área Contratante podrá adjudicarle el contrato si considera que reúne las condiciones requeridas, o bien proceder a la adjudicación directa conforme al segundo párrafo de este artículo. El supuesto descrito en el presente párrafo resultará aplicable a los procedimientos de Adjudicación Directa en los que se acredite haber solicitado cotización a cuando menos tres Licitantes, sin que se hayan presentado el número mínimo de cotizaciones requeridas en términos de lo establecido por el párrafo octavo del artículo 61 de las Normas;
V. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada operación atendiendo al tipo de bienes, arrendamientos, servicios requeridos así como a las características y complejidad, para elaborar la proposición. Dicho plazo no podrá ser inferior a cinco días naturales a partir de que se entregó la última invitación, y
VI. A las demás disposiciones de las Normas y el Manual que resulten aplicables a la licitación pública en lo conducente, siendo optativo para el Área Contratante la realización de la junta de aclaraciones.
 
En el supuesto de que un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas haya sido declarado desierto, el Titular del Área Contratante podrá adjudicar directamente el contrato, siempre que no se modifiquen los requisitos técnicos establecidos en dicha invitación.
Tratándose de procedimientos de invitación a cuando menos tres personas celebrados al amparo del artículo 58 de las Normas no será necesario someter la procedencia del segundo procedimiento de invitación al dictamen del Comité.
No resulta aplicable a los procedimientos previstos en este artículo, la presentación de propuestas conjuntas en términos de lo dispuesto por el artículo 41 de las Normas, salvo que el Área Contratante lo estime conveniente para fomentar la participación de las MYPIMES o bien, por necesidades técnicas determinadas por el Área Requirente para obtener proposiciones en forma integral.
En los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas los licitantes, se darán por notificados de los diversos actos, una vez que las actas correspondientes se encuentren a su disposición en el Sitio Web del Instituto o en CompraNet.
Título Cuarto
De los contratos
Capítulo Único
Artículo 63. En las adquisiciones, arrendamientos y servicios deberá pactarse la condición de precio fijo. No obstante, en casos justificados se podrán pactar en el contrato decrementos o incrementos a los precios, de acuerdo con la fórmula o mecanismo de ajuste que determine el Área Contratante a partir de la información que le proporcione el Área Requirente previo a la presentación de las proposiciones, de conformidad con lo siguiente:
I. Se tomarán como referencia para aplicar el ajuste, la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones y el precio ofertado en el mismo;
II. Los plazos y fechas para realizar la revisión de los precios pactados. En los casos de atraso en la entrega del bien o en la prestación del servicio por causas imputables al proveedor, el ajuste de precios no podrá exceder a la fecha de entrega o de prestación del servicio originalmente pactada o modificada en los términos del párrafo tercero del artículo 75 de las Normas;
III. Los componentes que integran la fórmula o mecanismo de ajuste de precios, así como el valor o factor de cada uno de ellos. De no incluirse éstos en las Bases de la Convocatoria a la licitación pública o de la invitación a cuando menos tres personas y en el contrato respectivo, la contratación corresponderá a la condición de precio fijo, y
IV. Los índices de precios o de referencia de los componentes aplicables para el cálculo del ajuste, los cuales deberán provenir de publicaciones elegidas con criterios de oportunidad, confiabilidad, imparcialidad y disponibilidad, debiéndose indicar en forma expresa el nombre de los índices y de la publicación en que se difundan los mismos.
El monto del anticipo podrá ser objeto de ajuste hasta la fecha de su entrega al proveedor, por lo que a partir de ésta sólo será ajustado el saldo del precio total.
En el caso de prestación de servicios que requieran del uso intensivo de mano de obra y ésta implique un costo superior al treinta por ciento del monto total del contrato, en las Bases de la Convocatoria a la licitación pública o en la invitación a cuando menos tres personas y en el contrato respectivo, el Área Contratante deberá establecer una fórmula de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, o bien, el mecanismo de ajuste que reconozca el incremento a los salarios mínimos, salvo que en el expediente de la contratación se haya justificado la inconveniencia de tal ajuste.
Asimismo, deberá establecerse que el proveedor queda obligado a cumplir con la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y que para verificar el cumplimiento de ello durante la vigencia del contrato deberá entregar al Área Contratante, en forma bimestral, las constancias de cumplimiento.
En insumos cuyos precios varían constantemente por ser establecidos por el mercado a nivel nacional o internacional y que sus indicadores son publicados por organismos especializados, el Área Contratante deberá considerar la conveniencia de establecer en las Bases de la Convocatoria a la licitación pública o de la invitación a cuando menos tres personas y en los contratos, la fórmula o el mecanismo de ajuste de precios considerando los citados indicadores, o bien, otra fórmula que garantice la obtención de las mejores condiciones.
 
Tratándose de la adjudicación directa, en la cotización respectiva podrá considerarse una fórmula o mecanismo de ajuste de precios, debiéndose sujetar a lo previsto en este artículo e incluirse en el contrato correspondiente.
Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de los bienes o servicios aún no entregados o prestados o aún no pagados, y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la proposición que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, el Área Contratante deberá reconocer incrementos o requerir reducciones, debiendo el Instituto adoptar en su caso medidas equivalentes a las aplicadas por el Gobierno Federal para atender tales circunstancias.
Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconocerán los incrementos autorizados.
Artículo 64. El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente:
I. La denominación del Instituto;
II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato;
III. Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato;
IV. La acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado;
V. La descripción pormenorizada de los bienes, arrendamientos o servicios objeto del contrato adjudicado a cada uno de los licitantes en el procedimiento, conforme a su proposición;
VI. El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes, arrendamientos o servicios, o bien, la forma en que se determinará el importe total;
VII. La indicación de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este último caso, la fórmula o condición en que se hará y calculará el ajuste, determinando expresamente el o los indicadores o medios oficiales que se utilizarán en dicha fórmula;
VIII. En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción a compra;
IX. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarán, los cuales no podrán exceder del cincuenta por ciento del monto total del contrato;
X. El señalamiento de que la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada, salvo que en los contratos se haya estipulado su divisibilidad. En caso de que por las características de los bienes o servicios entregados éstos no puedan funcionar o ser utilizados por el Área Requirente por estar incompletos, la garantía siempre se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada;
XI. El porcentaje, número y fechas o plazo de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen;
XII. La forma, términos y porcentaje para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato. Indicar que los anticipos que otorgue el Área Contratante deberán amortizarse proporcionalmente en cada uno de los pagos; su garantía deberá constituirse por el importe total del anticipo otorgado, en la misma moneda en la que se otorgue el anticipo de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, la que se cancelará hasta que se haya realizado la amortización total.
Establecer, en el caso que se actualice el supuesto a que hace referencia el tercer párrafo del artículo 70 de las Normas, el monto de la garantía de cumplimiento previsto en el procedimiento de contratación de que se trate y el porcentaje de reducción a la misma.
Adicionalmente la previsión de que las penas convencionales que se llegaren a aplicar se calcularán en apego a lo establecido en el Manual;
XIII. La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega.
Establecer que el proveedor será el responsable de entregar los bienes y, en caso de ser de procedencia extranjera, se deberá indicar cuál de las partes asumirá la responsabilidad de efectuar los trámites de importación y pagar los impuestos y derechos que se generen con motivo de la misma;
XIV. Establecer la previsión de que una vez cumplidas las obligaciones del proveedor a satisfacción del Área Responsable de la ejecución y seguimiento del contrato o pedido, el servidor público facultado procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que se dé inicio a los trámites para la cancelación de las garantías de anticipo y cumplimiento del contrato;
 
XV. La moneda en que se cotizó y se efectuará el pago respectivo, el cual podrá ser en pesos mexicanos o moneda extranjera de acuerdo a lo que se haya establecido en las Bases de la Convocatoria, de conformidad con la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos;
XVI. El plazo y condiciones de pago del precio de los bienes, arrendamientos o servicios, señalando el momento en que se haga exigible el mismo;
XVII. Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos que deberán observarse;
XVIII. Las causales para la rescisión de los contratos, en los términos previstos en las Normas;
XIX. Las previsiones relativas a los términos y condiciones a las que se sujetará la devolución y reposición de bienes por motivos de fallas de calidad o cumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación;
XX. El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de los servicios correspondientes, cuando sea del conocimiento del Área Contratante;
XXI. Las condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes, arrendamientos o servicios, por causas imputables a los proveedores;
XXII. La indicación de que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor del Instituto, en términos de las disposiciones legales aplicables;
XXIII. Los procedimientos para resolución de controversias, distintos al procedimiento de conciliación previsto por las Normas, y
XXIV. Los demás aspectos y requisitos previstos en las Bases de la Convocatoria a la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, así como los relativos al tipo de contrato de que se trate.
En caso de que la proposición ganadora de la licitación pública haya sido presentada en forma conjunta el contrato deberá ser firmado en términos de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 41 de las Normas. El contrato deberá estipular la forma en la que las personas que integran la proposición conjunta hayan acordado en el convenio respectivo, las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada uno, así como si quedarán obligados en forma solidaria o mancomunada respecto del cumplimiento del contrato.
Para los efectos de las Normas, las Bases de la Convocatoria a la licitación pública, el contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en las Bases de la Convocatoria a la licitación pública y sus juntas de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo establecido en éstas.
Artículo 65. En los contratos de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, o de servicios prestados por una persona física, se podrá pactar el precio unitario por hora de servicio y categoría de quienes lo realicen, o bien, se podrá establecer la forma en que se determinará el monto total a pagar por los servicios efectivamente prestados. Sin perjuicio de lo anterior, en los servicios en materia jurídica que se contraten para la atención de asuntos en litigio ante autoridades jurisdiccionales, además podrá establecerse en el contrato el pago de una comisión por la obtención de resolución favorable para el Instituto en el asunto de que se trate; dicha comisión no podrá ser superior al cinco por ciento del monto del asunto o del negocio objeto del contrato, justificando el porcentaje en cada contratación.
En el contrato a que hace referencia el párrafo anterior, el Área Requirente y Técnica en su caso, deberá establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los servicios contratados y efectivamente prestados, de acuerdo a lo señalado en el Manual, así como del cumplimiento de los requerimientos de cada entregable, lo cual será requisito para proceder al pago correspondiente.
Artículo 66. Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el modelo de contrato del procedimiento de contratación y obligará al Instituto y a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien, en las Bases de la Convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales previsiones, dentro de los quince días naturales siguientes al de la citada notificación. Así mismo, con la notificación del fallo el Área Contratante realizará la adquisición o contratación de los bienes o servicios de que se trate.
 
Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, conforme a lo señalado en el párrafo anterior, el Área Contratante, sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el contrato al participante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que éste acepte y la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento. Tratándose de contrataciones en las que la evaluación se haya realizado mediante puntos y porcentajes o costo beneficio, se podrá adjudicar al segundo lugar, dentro del margen del diez por ciento de la puntuación, de conformidad con lo asentado en el fallo correspondiente, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación.
El licitante a quien se hubiere adjudicado el contrato no estará obligado a suministrar los bienes, arrendamientos o prestar el servicio, si el Área Contratante, por causas imputables a la misma, no firma el contrato. En este supuesto, el Instituto, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación pública de que se trate.
El atraso del Instituto en la entrega de anticipos, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor.
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el proveedor en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento expreso del Área Contratante, en cuyo caso corresponderá a ésta dar aviso al área encargada de efectuar el pago a efecto de que tome las previsiones necesarias para realizar el pago a quien corresponda.
Artículo 67. El Instituto, en contrataciones iguales o superiores al equivalente a trescientas veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, deberá formalizar las adquisiciones, arrendamientos y servicios a través de contratos o pedidos, los cuales deberán contener, en lo aplicable, los elementos a que se refiere el artículo 64 de las Normas, debiendo considerar el contenido de las Bases de la Convocatoria a la licitación pública, de la invitación a cuando menos tres personas o de la Solicitud de Cotización y, en su caso, sus modificaciones.
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios con valor menor a trescientas veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, preferentemente se deberán formalizar a través de compras directas u órdenes de servicio en los términos que disponga el Manual.
Artículo 68. El Área Contratante podrán celebrar contratos abiertos para adquirir bienes, arrendamientos o servicios que requieran de manera reiterada y cuando cuenten con la autorización presupuestaria para cubrir el monto mínimo, conforme a lo siguiente:
I. En las Bases de la Convocatoria y en el contrato, se establecerá la cantidad mínima y máxima de los bienes o servicios a contratar; o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse. La cantidad o presupuesto mínimo no podrá ser inferior al cuarenta por ciento de la cantidad o presupuesto máximo; así mismo, se deberá establecer el plazo para la entrega de los bienes o servicios solicitados por cada orden de surtimiento, contado a partir de la recepción de la orden correspondiente, considerando las particularidades para la producción de los bienes o servicios de que se trate.
En casos de bienes que se fabriquen en forma exclusiva para el Instituto, la cantidad o presupuesto mínimo que se requiera no podrá ser inferior al ochenta por ciento de los mismos. Se entenderá por bienes de fabricación exclusiva, los que requieren un proceso de fabricación especial determinado por el Instituto.
No se podrán establecer plazos de entrega en los cuales no sea factible producir los bienes, y
II. Se hará una descripción completa de los bienes, arrendamientos o servicios con sus correspondientes precios unitarios.
El Área Contratante con la aceptación del proveedor podrán realizar modificaciones a los contratos hasta en un veinte por ciento de la cantidad o presupuesto máximo de alguna partida originalmente pactada, utilizando para su pago el presupuesto de otra u otras partidas previstas en el propio contrato, siempre que no resulte un incremento en el monto máximo total del contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 75 de las Normas.
Artículo 69. En los contratos abiertos de adquisiciones, arrendamientos o servicios a que hace referencia el artículo precedente, deberá atenderse lo siguiente:
I. La cantidad mínima o máxima de los bienes o servicios que se contraten o del presupuesto que podrá ejercerse, deberá establecerse por cada una de las partidas objeto de la contratación, en cuyo caso la evaluación y adjudicación del contrato se hará igualmente por partida.
Las modificaciones a que se refiere el párrafo segundo, de la fracción II del artículo anterior podrán efectuarse sobre alguna o algunas partidas originalmente pactadas;
 
II. Cada orden de suministro o de servicio que se emita con cargo al contrato deberá contar con la disponibilidad presupuestaria correspondiente;
III. La garantía de cumplimiento del contrato deberá constituirse por el porcentaje del monto máximo total del contrato que se determine, y deberá estar vigente hasta la total aceptación de la prestación del servicio o la entrega de los bienes, por el o los servidores públicos facultados para tal efecto en términos del contrato correspondiente. La cancelación o liberación de garantías se sujetará al procedimiento que para tal efecto emita la DGAJ en ejercicio de sus atribuciones;
IV. En caso de que se hubieren pactado las cantidades de bienes o servicios para cada orden de surtimiento, si el Área Requirente necesita de cantidades distintas a las pactadas, las mismas podrán suministrarse siempre y cuando el proveedor lo acepte, se formalice la modificación al contrato y se realice, en su caso, el ajuste correspondiente a la garantía otorgada, en términos de lo dispuesto por el artículo 75 de las Normas;
V. Las penalizaciones por atraso en la entrega de los bienes o de la prestación de servicios, serán determinadas en función de los bienes o servicios que se hayan entregado o prestado con atraso y se aplicarán sobre los montos que deban pagarse por cada orden de surtimiento emitida por el Área Contratante, exclusivamente sobre el valor de lo entregado o prestado con atraso y no por la totalidad del contrato, y
VI. Cuando se agrupen varias subpartidas de bienes o servicios en una sola partida, y no sea posible establecer la cantidad total a requerir de estos agrupamientos, el total de los bienes o servicios de las subpartidas sin definición de la cantidad requerida de cada una, no podrá ser superior al treinta por ciento del presupuesto máximo total del contrato respectivo.
Artículo 70. Los proveedores que celebren los contratos a que se refieren las Normas deberán garantizar:
I. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán constituirse por la totalidad del monto de los anticipos, y
II. El cumplimiento de los contratos.
Las garantías que deban otorgarse conforme a las Normas se constituirán en favor del Instituto, por contratos, pedidos o convenios que se celebren con éste.
El Manual fijará las bases, forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse a favor del Instituto. En los casos señalados en las fracciones II, IV, V, XI y XIV del artículo 58 y 61 de las Normas, el servidor público que deba firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar al proveedor, de presentar la garantía de cumplimiento del contrato respectivo.
Las personas representantes de la sociedad civil que intervengan como testigos sociales en los procedimientos de contratación, los prestadores de servicios de seguros y fianzas estarán exceptuados de otorgar garantía de cumplimiento del contrato correspondiente.
Los pedidos o contratos celebrados al amparo de lo dispuesto por el artículo 58 de las Normas, cuyo monto no rebase del equivalente a mil cien veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal antes del Impuesto al Valor Agregado estarán igualmente exceptuados de otorgar garantía de cumplimiento, siempre y cuando no se haya otorgado anticipo, dicha excepción deberá indicarse en las Bases de la Convocatoria de la invitación a cuando menos tres personas, o en la Solicitud de Cotización cuando éstos se realicen al amparo del artículo 61 de las Normas.
La garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse en el plazo o fecha previstos en las Bases de la Convocatoria; en su defecto, a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo y, la correspondiente al anticipo se presentará previamente a la entrega de éste, a más tardar en la fecha establecida en el contrato.
Artículo 71.- Los proveedores otorgarán las garantías a que se refiere el artículo anterior, a favor del Instituto, en alguna de las formas siguientes:
I. Depósito de dinero constituido a través de certificado o billete de depósito, expedido por institución de crédito autorizada;
II. Fianza otorgada por institución autorizada;
III. Cheque certificado o de caja, y
IV. Cualquiera otra que, en su caso, se prevea en el Manual o considere viable para tal efecto la DGAF.
 
Cuando la forma de garantía sea mediante fianza, se observará lo siguiente:
La póliza de la fianza deberá contener, como mínimo, las siguientes previsiones:
a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;
b) Que para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales;
c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito correspondiente;
d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en los artículos 93 y 94 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso que contempla el artículo 95 bis de dicha Ley, de proceder el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, y
e) La fianza permanecerá vigente hasta treinta días naturales posteriores a la fecha en que el contrato haya vencido o de aquella en que surta efectos la terminación anticipada del mismo, en la inteligencia de que sólo podrá ser cancelada mediante autorización expresa y por escrito del Área Requirente.
En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al proveedor para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza.
Las modificaciones a las fianzas deberán formalizarse con la participación que corresponda a la afianzadora, en términos de las disposiciones aplicables.
Artículo 72. Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse al Área Contratante a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.
En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al proveedor para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza. Las modificaciones a las fianzas deberán formalizarse con la participación que corresponda a la afianzadora, en términos de las disposiciones aplicables.
En el caso de entregas parciales de bienes o de prestación de servicios realizados, la garantía de cumplimiento podrá reducirse en forma proporcional a los bienes recibidos o a los servicios ya prestados.
Artículo 73. El Área Contratante se abstendrá de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno en las materias a que se refieren las Normas, con las personas siguientes:
I. Aquellas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate;
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Contraloría.
La autorización previa y específica para contratar con servidores públicos, o bien, con las sociedades de las que dichos servidores públicos formen parte, a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser solicitada por el licitante interesado ante la Contraloría, en un plazo de cuando menos ocho días naturales previos al acto de presentación y apertura de proposiciones; en el caso del procedimiento de adjudicación directa, el interesado deberá realizar la solicitud señalada, el día hábil siguiente a aquel en el que recibió la Solicitud de Cotización. La Contraloría resolverá lo procedente previo a la formalización del contrato, atendiendo a las características del objeto del contrato que se pretenda adjudicar, así como su correlación con las circunstancias que lo vinculan con los servidores públicos, y podrá tomar en cuenta todos aquellos elementos o circunstancias que resulten procedentes de considerar. Toda solicitud extemporánea se tendrá por no formulada;
 
III. Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, el Instituto les hubiere rescindido administrativamente más de un contrato o pedido, dentro de un lapso de dos años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante el Instituto por el plazo de doce meses contados a partir de la notificación de la rescisión del segundo contrato o pedido;
IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Contraloría del Instituto en términos del Título Sexto de las Normas; o de la Secretaría de la Función Pública en los términos del Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
V. Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en la entrega de los bienes o en la prestación de los servicios por causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u otros contratos celebrados con el Instituto, siempre y cuando éste haya resultado gravemente perjudicado.
Para determinar cuándo el Instituto ha resultado gravemente perjudicado, se deberá considerar que el atraso en la entrega del bien o en la prestación del servicio, ocasionó que alguna actividad se haya visto entorpecida o suspendida a consecuencia de ese incumplimiento;
VI. Aquellas que hayan sido declaradas sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga;
VII. Aquellas que presenten proposiciones en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común.
Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración de dichas personas morales.
Las proposiciones de las personas que se ubiquen en este supuesto, serán desechadas de la partida en la que se presentaron, debiendo comunicar lo anterior a la Contraloría para efectos de determinar si se actualiza lo dispuesto por la fracción IV del artículo 89 de las Normas;
VIII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento en que se encuentran interesadas en participar, cuando con motivo de la realización de dichos trabajos hubiera tenido acceso a información privilegiada que no se dará a conocer a los licitantes para la elaboración de sus proposiciones;
IX. Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean parte;
X. Las que celebren contratos sobre las materias reguladas por las Normas sin estar facultadas para hacer uso de derechos de propiedad intelectual;
XI. Las que hayan utilizado información privilegiada, proporcionada indebidamente por servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, y por afinidad o civil;
XII. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación;
XIII. Aquellos licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos mismos, no hayan formalizado un contrato adjudicado con anterioridad por el Instituto. Dicho impedimento prevalecerá ante el Instituto por el plazo de doce meses calendario contado a partir del día en que haya fenecido el término establecido en las Bases de la Convocatoria para la formalización del contrato correspondiente o, en su defecto, a partir del día en que haya transcurrido el término previsto por el primer párrafo del artículo 66 de las Normas, y
XIV. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de las Normas y demás disposiciones legales y administrativas aplicables al Instituto.
La Unidad de Administración llevará el registro, control y difusión de las personas con las que existe impedimento de contratar de conformidad con las fracciones III y XIII. El registro a que se hace mención, será difundido a través del Sitio Web del Instituto.
Cuando el Área Contratante tenga conocimiento que se actualiza lo dispuesto por la fracción IV del artículo 89 de las Normas deberá comunicarlo a la Contraloría en el plazo señalado en el último párrafo del referido artículo.
 
Artículo 74. La fecha de pago al proveedor estipulada en los contratos quedará sujeta a las condiciones que establezcan los mismos; sin embargo, no podrá exceder de veinte días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios y aceptación de los mismos en los términos del contrato.
Para efectos de contabilizar el plazo a que hace referencia el párrafo anterior, se tendrá como recibida la factura o el documento que reúna los requisitos fiscales correspondientes, a partir de que el proveedor los entregue al Área Contratante junto con el bien o al momento de concluir la prestación total o parcial del servicio conforme a los términos del contrato celebrado y el Área Responsable designada para tal efecto en el contrato los acepte a satisfacción.
Dentro del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Área Contratante deberá requerir, en su caso, al proveedor la corrección de errores o deficiencias contenidos en la factura o en el documento que reúna los requisitos fiscales correspondientes; tramitar el pago de dicha factura o documento y realizar el pago al proveedor.
En caso de que las facturas entregadas por los proveedores para su pago presenten errores o deficiencias el Área Contratante dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará para efectos de lo dispuesto por este artículo.
En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el Área Contratante, a solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor.
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Instituto.
En caso de rescisión del contrato, el proveedor deberá reintegrar el anticipo y, en su caso, los pagos progresivos que haya recibido más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en este artículo. Los intereses se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Instituto.
El Instituto estando en posibilidad de realizar el pago a proveedores por medios electrónicos, deberán dar al proveedor la opción de recibirlos por dichos medios.
Artículo 75. El Instituto podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento del monto del contrato o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de las partidas o conceptos establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente.
Cuando el Área Requirente necesite ampliar únicamente el plazo o la vigencia del contrato y esto no implique incremento en el monto total contratado o de las cantidades de bienes adquiridos o arrendados o de servicios contratados, a través del Área Contratante solicitará el consentimiento del proveedor y podrá, en su caso suscribir el convenio modificatorio para ampliar la vigencia. La modificación del plazo pactado en el contrato para la entrega de los bienes o la prestación del servicio sólo procederá por caso fortuito, fuerza mayor o causas atribuibles al Instituto, se deberá dejar constancia que acredite dichos supuestos en el expediente de contratación respectivo.
En los supuestos previstos en el párrafo anterior no procederá aplicar al proveedor penas convencionales por atraso. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por el proveedor o el Área Requirente.
Para las cantidades o conceptos adicionales se reconocerá, en su caso, el ajuste de precios en los términos pactados en el contrato.
Tratándose de contratos en los que se incluyan dos o más partidas, el porcentaje al que hace referencia el primer párrafo del presente artículo, se aplicará para cada una de ellas.
 
Cuando los proveedores demuestren la existencia de causas justificadas que les impidan cumplir con la entrega total de los bienes conforme a las cantidades pactadas en los contratos, el Área Contratante podrá modificarlos mediante la cancelación de partidas o parte de las cantidades originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebase el diez por ciento del importe total del contrato respectivo.
Las modificaciones en monto, plazo o vigencia a los contratos conllevarán el respectivo ajuste a la garantía de cumplimiento cuando dicho incremento no se encuentre cubierto por la garantía originalmente otorgada, para lo cual deberá estipularse en el convenio modificatorio respectivo el plazo para entregar la ampliación de garantía, el cual no deberá exceder de diez días naturales siguientes a la firma de dicho convenio, así como la fecha de entrega de los bienes o de la prestación del servicio para las cantidades adicionales.
Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte del Instituto, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el contrato o quien lo sustituya o esté facultado para ello.
El Área Contratante se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.
Artículo 76. El Instituto de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria y calendarización autorizada, podrá efectuar pagos progresivos a los proveedores previa verificación satisfactoria de los avances, de conformidad con lo establecido en las Bases de la Convocatoria así como en el contrato. Estos pagos sólo resultarán procedentes cuando los avances correspondan a entregables que hayan sido debidamente devengados en términos de las disposiciones presupuestarias aplicables.
Así mismo el Instituto podrá establecer en las Bases de la Convocatoria a la Licitación pública o en la invitación a cuando menos tres personas, así como en los contratos, en apego a lo previsto en el Manual, la condición de pronto pago en favor de proveedores, misma que operará cuando éstos, a su elección, acepten el descuento en el precio de los bienes o servicios por el adelanto en el pago en relación con la fecha pactada. En estos casos, deberá indicarse el porcentaje de descuento aplicable por cada día de adelanto en el pago.
La condición prevista en el párrafo anterior consistirá en cubrir, previa solicitud por escrito del proveedor, el importe del bien o servicio de que se trate, una vez que se realice la entrega del bien o la prestación del servicio a entera satisfacción del Área Requirente y que el proveedor presente el documento o la factura correspondiente en la que se refleje el descuento por el pronto pago.
El descuento señalado en el párrafo anterior no se considerará como una modificación al monto del contrato y, en consecuencia, no afectará a la garantía de cumplimiento del mismo.
Artículo 77. El Área Contratante deberá pactar penas convencionales a cargo del proveedor por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, las que no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, y serán determinadas en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente. En las operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado.
La pena convencional por atraso se calculará de acuerdo con un porcentaje de penalización establecido en el contrato para tal efecto, aplicado al valor de los bienes, arrendamientos o servicios que hayan sido entregados o prestados con atraso y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida de que se trate. La suma de todas las penas convencionales aplicadas al proveedor no deberá exceder el importe de dicha garantía.
En los contratos se establecerán los casos concretos en los que procederá la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes o en la prestación de los servicios.
De igual manera, en las Bases de la Convocatoria y en los contratos se establecerá que el cobro de las penas a que se hagan acreedores los proveedores se deducirá administrativamente de los saldos de pago que por concepto de los bienes, arrendamientos o servicios tenga el Instituto con el proveedor, en el entendido de que si el contrato es rescindido no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.
Los proveedores quedarán obligados ante el Instituto a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.
Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiere estar sujeta la importación de bienes objeto de un contrato, y en estos casos no procederán incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato.
 
Artículo 78. El Área Contratante podrá establecer en las Bases de la Convocatoria a la Licitación pública, invitaciones a cuando menos tres personas y en los contratos, deducciones al pago de bienes o servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto a las partidas o conceptos que integran el contrato. En estos casos, establecerán el límite de incumplimiento a partir del cual podrán cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no entregados, o bien rescindir el contrato en los términos de este artículo.
Los montos a deducir se deberán aplicar en la factura que el proveedor presente para su cobro, inmediatamente después de que el Área Requirente cuantifique la deducción correspondiente.
El Manual establecerá el límite máximo que se aplicará por concepto de deducción de pagos a partir del cual se podrán cancelar la o las partidas objeto del incumplimiento parcial o deficiente, o bien, rescindir el contrato.
En el caso de procedimientos de contratación en los que se exceptúe de la presentación de garantía de cumplimiento del contrato en términos de las Normas, el monto máximo de las penas convencionales por atraso será del veinte por ciento del monto de los bienes, arrendamientos o servicios entregados o prestados fuera del plazo convenido, salvo cuando se trate de licitaciones públicas que se ubiquen en el supuesto señalado en la fracción X del artículo 58 de las Normas, en cuyo caso el monto máximo de las penas convencionales será del diez por ciento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 74 de las Normas en ningún caso se aceptará la estipulación de penas convencionales a cargo del Instituto.
Artículo 79. El Área Contratante podrá en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente:
I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, el Área Contratante contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro de dicho plazo, y
III. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar el Área Contratante y el proveedor por concepto de los bienes recibidos o los servicios prestados hasta el momento de rescisión y las demás circunstancias del caso, así mismo, cuando resulten saldos a cargo del proveedor y éste efectué la totalidad del pago en forma incondicional, el Área Contratante cancelará la fianza respectiva, en su defecto, la fianza continuará vigente para su efectividad de acuerdo a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y el cobro del monto se hará con cargo a la misma.
Iniciado un procedimiento de conciliación el Área Contratante, bajo su responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los bienes o se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación del Área Contratante de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.
El Área Requirente conjuntamente con el Área Contratante podrán determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas, debiendo elaborar un dictamen en el cual justifiquen que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes para el Instituto.
Al no dar por rescindido el contrato, el Área Contratante establecerá con el proveedor otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 75 de las Normas.
Cuando por motivo del atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, o el procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido adjudicado el contrato, el Área Contratante podrá recibir los bienes o servicios, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo modificarse la vigencia del contrato con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este artículo se considerará nulo.
 
En el caso de contratos de prestación de servicios, en lugar de iniciar la rescisión respectiva del contrato, el Área Contratante, con opinión del Área Requirente, podrá efectuar modificaciones al mismo, para ampliar su vigencia, aun cuando se cambien las condiciones establecidas originalmente en el contrato, observando lo previsto en el último párrafo del artículo 75 de las Normas, con el fin de que se concluya la prestación del servicio pactado, por resultar más conveniente para el Instituto que la rescisión del contrato, lo cual se deberá acreditar mediante las constancias correspondientes, las cuales se integrarán al expediente respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales por atraso que, en su caso, resulten procedentes.
Artículo 80. Los proveedores que por motivos diferentes al atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la entrega de los bienes o la prestación del servicio, incumplan con sus obligaciones por cualquier otra causa establecida en el contrato, se sujetarán al procedimiento de rescisión del contrato, conforme al procedimiento establecido en el artículo anterior.
Si es el proveedor quien decide rescindir el contrato será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente.
La suspensión del procedimiento de rescisión o la determinación de no dar por rescindido el contrato en los supuestos a que se refieren los párrafos segundo y cuarto del artículo 79 de las Normas, así como la fijación del plazo para subsanar el incumplimiento del proveedor, será responsabilidad de forma conjunta del Área Requirente y el Área Contratante, debiendo quedar asentado dicho plazo en el convenio resultante de la conciliación o en el convenio modificatorio, según corresponda.
Artículo 81. El Área Contratante podrá dar por terminados anticipadamente los contratos, en el plazo que para tal efecto se señale en los mismos, cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Instituto, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Contraloría.
En estos supuestos el Área Contratante reembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.
Artículo 82. La terminación anticipada de los contratos y la suspensión de la prestación de servicios a que se refieren los artículos 81 y 84 primer párrafo de las Normas, respectivamente, se sustentarán mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas que den origen a las mismas.
En los casos de terminación anticipada de los contratos y de suspensión de la prestación de servicios en el supuesto señalado en el segundo párrafo del artículo 84 de las Normas, para el pago de los gastos no recuperables se requerirá la solicitud previa del proveedor y dicho pago será procedente cuando los mencionados gastos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato, limitándose, según corresponda, a los siguientes conceptos:
I. En el caso de terminación anticipada del contrato:
a) Los gastos no amortizados por concepto de:
i. Oficinas, almacenes o bodegas que hubiere rentado el proveedor, con el objeto de atender directamente las necesidades de la prestación del servicio o la entrega de los bienes, y
ii. La instalación y retiro de equipo destinados directamente a la prestación del servicio o entrega de los bienes;
b) El importe de los materiales y equipos de instalación permanente adquiridos por el proveedor para el cumplimiento del contrato, que no puedan ser utilizados por el mismo para otros fines, y
c) Los gastos en que incurra el proveedor por concepto de liquidación del personal técnico y administrativo directamente adscrito a la prestación del servicio o entrega de los bienes, siempre y cuando hayan sido contratados para el cumplimiento del contrato y la liquidación se lleve a cabo ante autoridad competente, y
II. En el caso de suspensión en la prestación del servicio:
a) El treinta por ciento de las rentas del equipo inactivo o, si resulta más barato, los fletes del retiro y regreso del equipo al inmueble en el que se presta el servicio, y
b) Hasta el veinte por ciento de la renta de las oficinas que hubiere arrendado el proveedor, con el objeto de atender directamente las necesidades del servicio.
 
Los proveedores podrán solicitar al Instituto el pago de gastos no recuperables en un plazo máximo de un mes, contado a partir de la fecha de la terminación anticipada del contrato o de la suspensión del servicio, según corresponda.
Los gastos no recuperables por los supuestos a que se refiere este artículo y el anterior, serán pagados dentro de un término que no podrá exceder de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor.
Artículo 83. Las Unidades Administrativas estarán obligadas a mantener los bienes adquiridos o arrendados en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, así como vigilar que los mismos se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados.
Para los efectos del párrafo anterior, en los contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios, deberán estipular las condiciones que garanticen su correcta operación y funcionamiento; en su caso, la obtención de una póliza de seguro por parte del proveedor, que garantice la integridad de los bienes hasta el momento de su entrega y, de ser necesario, la capacitación del personal que operará los equipos.
La adquisición de materiales cuyo consumo haga necesaria invariablemente la utilización de equipo propiedad del proveedor podrá realizarse siempre y cuando en las Bases de la Convocatoria a la licitación pública o de invitación se establezca que a quien se adjudique el contrato deberá proporcionar el citado equipo sin costo alguno durante el tiempo requerido para el consumo de los materiales.
Artículo 84. Cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o de fuerza mayor, el Instituto podrá suspender la prestación del servicio, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados y, en su caso, se reintegrarán los anticipos no amortizados.
Cuando la suspensión obedezca a causas imputables al Instituto, previa petición y justificación del proveedor, éste reembolsará al proveedor los gastos no recuperables que se originen durante el tiempo que dure esta suspensión, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.
En cualquiera de los casos previstos en este artículo, se pactará por las partes el plazo de suspensión, a cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato.
Título Quinto
De la Información y Verificación
Capítulo Único
Artículo 85. La Unidad de Administración conservará en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia del presente ordenamiento cuando menos por un lapso de tres años, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará en lo previsto por las disposiciones legales y normativas aplicables.
Así mismo, las dos proposiciones solventes con el mayor porcentaje o puntaje de calificación cuando se aplique el criterio de evaluación de puntos o porcentajes o de costo beneficio, o las dos cuyos precios fueron los más bajos si se utilizó el criterio de evaluación binario, u otras proposiciones adicionales que determine el Área Contratante, serán las únicas que no podrán devolverse a los licitantes o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes del Instituto por el término previsto en el párrafo anterior y, por lo tanto, quedarán sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes y demás disposiciones aplicables.
Las proposiciones desechadas durante la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos el Área Contratante podrá proceder a su devolución o destrucción.
En los supuestos a que se refiere el párrafo anterior, los licitantes contarán con un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados en este artículo, para solicitar la devolución de sus proposiciones desechadas y, en su caso, las muestras que hubieren entregado; transcurrido dicho plazo, sin que se hubiere realizado solicitud alguna, el Área Contratante podrá destruirlas.
 
Artículo 86. La Contraloría, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, en cualquier tiempo, que las adquisiciones, los arrendamientos y los servicios se realicen conforme a lo establecido en las Normas y demás disposiciones aplicables, para lo cual podrá practicar las auditorías, revisiones, visitas e inspecciones que estime pertinentes a el Área Contratante, e igualmente podrá solicitar a los servidores públicos, a los proveedores que participen en ellas, la información, datos e informes relacionados con los actos de que se trate. Para estos efectos, en el contrato respectivo deberá indicarse que los licitantes ganadores deberán proporcionar la información que en su momento se requiera.
Las solicitudes de información y documentación que requiera la Contraloría a los servidores públicos y a los proveedores deberá formularse mediante oficio, señalando el plazo que se otorga para su entrega, el cual se determinará considerando la naturaleza y la cantidad de fojas de dicha información y documentación, sin que en ningún caso pueda ser inferior a cinco días naturales. En el supuesto de que los servidores públicos, los proveedores consideren que el plazo otorgado es insuficiente, podrán solicitar la ampliación del mismo, señalando las razones que lo justifiquen.
Artículo 87. La Contraloría podrá verificar la calidad de los bienes muebles a través de la propia Área Contratante.
Con independencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Área Requirente deberá verificar la calidad de los bienes que hubieren adquirido o arrendado y, de ser necesario, de aquéllos que utilizarán para la prestación de un servicio. En caso de que no cuenten con el personal especializado o los elementos necesarios para efectuar la verificación, deberán contratar a las personas físicas o morales acreditadas para llevarlo a cabo.
El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya hecho la comprobación, así como por el proveedor y el representante del Área Contratante respectiva, si hubieren intervenido. La falta de firma del proveedor no invalidará dicho dictamen.
Título Sexto
De las Infracciones y Sanciones
Capítulo Único
Artículo 88. Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de estas Normas, serán sancionados por la Contraloría, con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.
Cuando una instancia de inconformidad sea sobreseída o resuelta infundada y en la misma se determine que se promovió para retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme con inhabilitación en términos de la fracción IV, del artículo 89 de las Normas y multa de acuerdo con el párrafo anterior.
Cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen contratos o pedidos cuyo monto no exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, serán sancionados con multa equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta y cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.
Se presumirá que la falta de firma del contrato o pedido por parte del licitante a quien se le adjudicó el mismo le es imputable a éste, salvo prueba en contrario que aporte durante el procedimiento administrativo sancionador con la que justifique dicha omisión.
Artículo 89. La Contraloría, además de la sanción que corresponda de las referidas en el artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos o pedidos regulados por las Normas, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:
I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen dos o más contratos o pedidos indistintamente que les haya adjudicado el Instituto en el plazo de dos años calendario, contados a partir del día en que haya fenecido el término para la formalización del primer contrato o pedido no formalizado;
II. Los proveedores a los que se les hayan rescindido administrativamente dos contratos o pedidos en el Instituto en un plazo de dos años;
III. Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves al Instituto; así como aquellos que entreguen bienes o servicios con especificaciones distintas de las convenidas;
IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o pedido o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad;
 
V. Las que se encuentren en el supuesto de la fracción XII, del artículo 73 de las Normas, y
VI. Aquéllas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del artículo 106 de las Normas.
La inhabilitación que se imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que comenzará a surtir efectos a partir del día siguiente a la fecha en que la Contraloría la dé a conocer, mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede, el sancionado no ha pagado la multa que le hubiere sido impuesta en términos del artículo anterior, la mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente. El licitante o proveedor sancionado por la Contraloría, acreditará que ha pagado la multa que se le impuso, presentando ante ésta el documento comprobatorio del pago correspondiente con la finalidad de que la inhabilitación quede sin efectos.
Cuando la Contraloría haya inhabilitado a un proveedor con posterioridad a la emisión de un fallo en el que se le adjudicó un contrato, el Instituto formalizará el contrato respectivo, debiendo abstenerse el Área Contratante de solicitar cotizaciones y formalizar pedidos o contratos con la persona mientras subsista su inhabilitación.
El Área Contratante dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de las Normas, remitirá a la Contraloría la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción.
Artículo 90. La Contraloría tomará conocimiento de los actos o hechos presuntamente constitutivos de infracciones que cometan los licitantes o proveedores a través de los siguientes medios:
I. CompraNet, para lo cual el Instituto deberá registrar la falta de formalización de los contratos y las rescisiones de los mismos en un plazo máximo de diez días naturales contados a partir de la fecha en que se debió haber realizado la formalización correspondiente;
II. Denuncia por parte de la DGAJ o del Área Contratante respecto de la falta de formalización de los contratos o pedidos y las rescisiones de los mismos en un plazo máximo de diez días naturales contados a partir de la fecha en que se debió haber realizado la formalización correspondiente o de aquélla en que haya concluido la substanciación del procedimiento de rescisión, de conformidad con el artículo 79 de las Normas;
III. Denuncia del Área Contratante, en términos del último párrafo del artículo precedente, en los casos no comprendidos en la fracción anterior. En el supuesto de la fracción III del mismo, dentro de la documentación comprobatoria que remitan, deberá encontrarse, en su caso, la que acredite el monto de los daños o perjuicios causados con motivo de la presunta infracción, haciendo el desglose y especificación de los conceptos de afectación de que se trate;
IV. Vista de cualquier otra autoridad mediante la cual informe de actos o hechos posiblemente constitutivos de infracción, agregando la documentación comprobatoria con que se cuente para acreditar la conducta irregular, y
V. Denuncia de particulares, en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad los actos o hechos presuntamente sancionables. La manifestación de actos o hechos falsos será sancionada en términos de la legislación penal aplicable.
Artículo 91. Una vez que la Contraloría tenga conocimiento de actos o hechos posiblemente constitutivos de infracción, realizará las investigaciones y actuaciones que correspondan a fin de sustentar la imputación, para lo cual podrá requerir al Área Contratante, a las autoridades que correspondan, a los particulares o, en su caso, solicitar a los licitantes o proveedores que aporten mayores elementos para su análisis.
Si desahogadas las investigaciones se concluye que existen elementos suficientes para sustentar la imputación al licitante o proveedor, se iniciará el procedimiento para imponer las sanciones previsto en este Título; de lo contrario, se acordará la improcedencia y el archivo del expediente.
Cuando de las actuaciones previstas en este artículo se adviertan posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, se iniciará el procedimiento administrativo de responsabilidades correspondiente.
Artículo 92. La Contraloría impondrá las sanciones considerando:
I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la infracción;
II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;
III. La gravedad de la infracción, y
IV. Las condiciones del infractor.
 
En la tramitación del procedimiento para imponer las sanciones a que se refiere este Título, la Contraloría observará lo dispuesto por el Título Cuarto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y demás disposiciones legales y administrativas aplicables.
Artículo 93. La Contraloría aplicará las sanciones que procedan a los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de las Normas, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
La Contraloría, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley citada en el párrafo anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en ella, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el acto u omisión no es grave, o no implica la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial al Instituto, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, hubieren producido, desaparecieron o se hayan resarcido.
Artículo 94. Las responsabilidades y las sanciones a que se refieren las Normas serán independientes de las de orden civil, penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.
Artículo 95. No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mismas, así como en el supuesto de la fracción IV, del artículo 89 de las Normas.
Título Séptimo
De la Solución de Controversias
Capítulo Primero
De la Instancia de Inconformidad
Artículo 96. El Área de Responsabilidades y Quejas de la Contraloría conocerá de las inconformidades que se promuevan en contra de los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas que se indican a continuación:
I. Las Bases de la Convocatoria a la licitación pública, y las juntas de aclaraciones.
En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado su interés por participar en el procedimiento según lo establecido en el tercer párrafo del artículo 35 de las Normas, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones.
Al escrito inicial de las inconformidades al que se refiere esta fracción, deberá acompañarse la manifestación a que se refiere el párrafo precedente, con el acuse de recibo o sello del Instituto, o bien, la constancia que se obtenga de su envío en forma electrónica, a través de CompraNet.
La omisión de exhibir el documento referido en el párrafo anterior será motivo de prevención en términos de lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 97 de las Normas;
II. La invitación a cuando menos tres personas.
Sólo estará legitimado para inconformarse quien haya recibido invitación, dentro de los seis días hábiles siguientes.
En los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas en los que se celebre junta de aclaraciones, el plazo para promover la inconformidad comenzará a partir del día siguiente al de la celebración de la última junta. En caso de que no se realice la junta de aclaraciones, el plazo se computará a partir del día siguiente al de la recepción de la invitación;
III. El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo.
En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pública;
IV. La cancelación de la licitación pública.
En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su notificación, y
V. Los actos y omisiones por parte del Área Contratante que impidan la formalización del contrato o pedido en los términos establecidos en las Bases de la Convocatoria o en estas Normas.
 
En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los seis días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido en el fallo para la formalización del contrato o pedido o, en su defecto, el plazo legal.
Tratándose de procedimientos de contratación de carácter internacional celebrados dentro del Ámbito de Aplicación de los Tratados, conforme a lo dispuesto por el artículo 8 de las Normas, el plazo para promover la inconformidad será de diez días hábiles.
En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la misma.
Artículo 97. La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la Contraloría o a través del sistema CompraNet.
El escrito inicial contendrá:
I. El nombre del inconforme y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación mediante instrumento público.
Cuando se trate de licitantes que hayan presentado propuesta conjunta, en el escrito inicial deberán designar un representante común, de lo contrario, se entenderá que fungirá como tal la persona nombrada en primer término;
II. Domicilio para recibir notificaciones personales, que deberá estar ubicado en el lugar en que resida la Contraloría conforme se establezca en las Bases de la Convocatoria. Para el caso de que no se señale domicilio procesal en estos términos, se le practicarán las notificaciones mediante su publicación en el espacio de avisos y notificaciones que habilite para tal efecto la Contraloría en sus oficinas;
III. El acto que se impugna, fecha de su emisión o notificación o, en su defecto, en que tuvo conocimiento del mismo;
IV. Las pruebas que ofrece y que guarden relación directa e inmediata con los actos que impugna. Tratándose de documentales que formen parte del procedimiento de contratación que obren en poder del Área Contratante, bastará que se ofrezcan para que ésta deba remitirlas en copia certificada al momento de rendir su informe circunstanciado, y
V. Los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto impugnado y los motivos de inconformidad. La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a lo dispuesto por las Normas y demás disposiciones legales y administrativas que resulten aplicables.
Al escrito de inconformidad deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad del promovente y las pruebas que ofrezca, así como copias del escrito inicial y anexos para correr traslado al Área Contratante y al tercero interesado, teniendo tal carácter el licitante a quien se haya adjudicado el contrato o pedido.
En las inconformidades que se presenten a través de CompraNet deberán utilizarse medios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa.
En las inconformidades a que hace referencia el párrafo anterior, la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la personalidad del promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que para tales efectos expida la Secretaría de la Función Pública, en cuyo caso, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios de identificación y documentos correspondientes.
El Área de Responsabilidades y Quejas de la Contraloría prevendrá al promovente cuando hubiere omitido alguno de los requisitos establecidos en las fracciones I, III, IV y V del presente artículo, a fin de que subsane dichas omisiones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo en el plazo de tres días hábiles se desechará su inconformidad, salvo el caso de las pruebas, cuya omisión tendrá como consecuencia que se tengan por no ofrecidas.
Tratándose del segundo párrafo de la fracción I de este artículo, no será necesario formular prevención alguna respecto de la omisión de designar representante común. De igual manera, no será necesario prevenir cuando se omita señalar domicilio para recibir notificaciones personales, en términos de la fracción II.
Artículo 98. La instancia de inconformidad es improcedente:
I. Contra actos diversos a los establecidos en el artículo 96 de las Normas;
II. Contra actos consentidos expresa o tácitamente;
III. Cuando el acto impugnado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del procedimiento de contratación del cual deriva, y
IV. Cuando se promueva por un licitante en forma individual y su participación en el procedimiento de contratación se hubiera realizado en forma conjunta.
 
Artículo 99. El sobreseimiento en la instancia de inconformidad procede cuando:
I. El inconforme desista expresamente;
II. El Área Contratante firme el contrato, en el caso de que el acto impugnado sea de aquéllos a los que se refiere la fracción V del artículo 96 de las Normas, y
III. Durante la sustanciación de la instancia se advierta o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia que establece el artículo anterior.
Artículo 100. Las notificaciones se harán:
I. En forma personal, para el inconforme y el tercero interesado:
a) La primera notificación y las prevenciones;
b) Las resoluciones relativas a la suspensión del acto impugnado;
c) La que admita la ampliación de la inconformidad;
d) La resolución definitiva, y
e) Los demás acuerdos o resoluciones que lo ameriten, a juicio de la Contraloría;
II. Por aviso, que se fijará en lugar visible y de fácil acceso al público en general ubicado en las oficinas de la Contraloría, en los casos no previstos en la fracción anterior, o bien, cuando no se haya señalado por el inconforme o tercero interesado domicilio ubicado en el lugar donde resida la autoridad que conoce de la inconformidad, y
III. Por oficio, aquéllas dirigidas al Área Contratante.
Las notificaciones a que se refiere este artículo podrán realizarse a través de CompraNet, conforme a las reglas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública. Adicionalmente, para el caso de las notificaciones personales se dará aviso por correo electrónico.
Artículo 101. Se decretará la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y los que de éste deriven, siempre que lo solicite el inconforme en su escrito inicial y se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a estas disposiciones y además no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
En su solicitud el inconforme deberá expresar las razones por las cuales estima procedente la suspensión, así como la afectación que resentiría en caso de que continúen los actos del procedimiento de contratación.
Solicitada la suspensión correspondiente, la Contraloría deberá acordar lo siguiente:
I. Concederá o negará provisionalmente la suspensión; en el primer caso, fijará las condiciones y efectos de la medida, y
II. Dentro de los tres días hábiles siguientes a que se haya recibido el informe previo del Área Contratante, se pronunciará respecto de la suspensión definitiva.
El acuerdo relativo a la suspensión contendrá las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para concederla o negarla.
En caso de resultar procedente la suspensión definitiva, se deberá precisar la situación en que habrán de quedar las cosas y se tomarán las medidas pertinentes para conservar la materia del asunto hasta el dictado de la resolución que ponga fin a la inconformidad.
En todo caso, la suspensión definitiva quedará sujeta a que el promovente, dentro de los tres días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo respectivo, el inconforme otorgue garantía en favor del Instituto respecto de los posibles daños y perjuicios que se puedan ocasionar con motivo de la suspensión, en alguna de las siguientes formas:
a) Depósito de dinero constituido a través de certificado o billete de depósito, expedido por institución de crédito autorizada;
b) Fianza otorgada por institución autorizada, y
c) Cheque certificado o de caja.
Si dentro del plazo descrito en el párrafo anterior, el interesado no exhibe la garantía respectiva ante la Contraloría, ésta acordará que ha fenecido el plazo para exhibirla y quedado sin efecto la suspensión decretada.
 
La garantía no deberá ser menor al diez ni mayor al treinta por ciento del monto de la propuesta económica del inconforme, y cuando no sea posible determinar dicho monto, del presupuesto autorizado para la contratación de que se trate, según las partidas que, en su caso, correspondan.
En caso de que el inconforme exhiba la garantía en el plazo a que se refiere el quinto párrafo de este artículo, la Contraloría dará vista al tercero o terceros interesados, a efecto de que, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a aquél en que se notifique dicho proveído, otorgue contragarantía equivalente a la exhibida por el inconforme, supuesto en el cual la suspensión decretada dejará de surtir efectos.
A partir de que haya causado estado la resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad, podrá iniciarse incidente de ejecución de garantía, que se tramitará por escrito en el que se señalará el daño o perjuicio que produjo la suspensión de los actos, así como las pruebas que estime pertinentes.
Con el escrito incidental se dará vista al interesado que hubiere otorgado la garantía de que se trate, para efecto de que, dentro del plazo de diez días, manifieste lo que a su derecho convenga.
Una vez desahogadas las pruebas, en el término de diez días, la Contraloría resolverá el incidente planteado, en el que se decretará la procedencia de cancelar, o bien, de hacer efectiva la garantía o contragarantía de que se trate según se hubiere acreditado el daño o perjuicio causado por la suspensión de los actos, o por la continuación de los mismos, según corresponda.
Si la Contraloría advierte manifiestas irregularidades en el procedimiento de contratación impugnado, podrá decretar de oficio la suspensión sin necesidad de solicitud ni garantía del inconforme, siempre que con ello no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El acuerdo relativo contendrá las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para decretarla.
Si la garantía o contragarantía se otorga mediante fianza, en la póliza respectiva deberá señalarse lo previsto en el inciso d) del artículo 71 de las Normas y que su exigibilidad está supeditada a que en los medios de impugnación procedentes se emita decisión firme respecto de la resolución de inconformidad.
Artículo 102. La Contraloría examinará la inconformidad y si encontrare motivo manifiesto de improcedencia, la desechará de plano.
Recibida la inconformidad, se requerirá al Área Contratante que rinda en el plazo de dos días hábiles un informe previo en el que manifieste los datos generales del procedimiento de contratación y del tercero interesado, y pronuncie las razones por las que estime que la suspensión resulta o no procedente, de conformidad con lo anterior el Área Contratante indicará:
I. El estado que guarde el procedimiento de contratación objeto de inconformidad;
II. El nombre y domicilio del tercero o terceros interesados, si los hubiere;
III. El monto económico autorizado del procedimiento de contratación del que deriva el acto impugnado y, en su caso, el monto de la propuesta o del contrato adjudicado, según corresponda, y
IV. Las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión del acto impugnado solicitada por el inconforme o decretada de oficio por la Contraloría.
Se requerirá también al Área Contratante que rinda en el plazo de seis días hábiles un informe circunstanciado, en el que se expondrán las razones y fundamentos para sostener la improcedencia de la inconformidad así como la validez o legalidad del acto impugnado y se acompañará, en su caso, copia de las constancias necesarias para apoyarlo, así como aquéllas a que se refiere la fracción IV del artículo 97 de las Normas.
En el informe circunstanciado que rinda el Área Contratante, deberá indicar las razones y fundamentos para hacer valer, en su caso, la improcedencia o sobreseimiento de la instancia de inconformidad, así como las razones y fundamentos para sostener la legalidad del acto impugnado, debiendo contestar todos los motivos de inconformidad planteados en el escrito inicial o en su ampliación.
El Área Contratante deberá acompañar al informe, original o copia certificada de las pruebas documentales que se vinculen con los motivos de inconformidad, así como aquéllas ofrecidas como pruebas por el inconforme.
Para efectos del párrafo anterior, el Área Contratante podrá autorizar copias de las constancias que formen parte del procedimiento de contratación, incluyendo las proposiciones presentadas por los licitantes, sin mayor formalidad que el señalamiento de que la copia que se expide es fiel reproducción del documento con el que fue cotejado. La copia tendrá un valor probatorio equivalente al documento con el cual fue cotejado.
 
Se considerarán rendidos los informes aun recibidos en forma extemporánea, sin perjuicio de las posibles responsabilidades en que incurran los servidores públicos por dicha dilación.
Una vez conocidos los datos del tercero interesado, se le correrá traslado con copia del escrito inicial y sus anexos, a efecto de que, dentro de los seis días hábiles siguientes, comparezca al procedimiento a manifestar lo que a su interés convenga, resultándole aplicable, en lo conducente, lo dispuesto por el artículo 97 de las Normas.
Artículo 103. El inconforme, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por recibido el informe circunstanciado, tendrá derecho de ampliar sus motivos de impugnación, cuando del mismo aparezcan elementos que no conocía.
Los argumentos que se hagan valer en la ampliación de la inconformidad deberán sustentarse en hechos o actos conocidos con motivo del informe circunstanciado rendido por el Área Contratante; de lo contrario, dichos argumentos serán desestimados por la Contraloría.
En el escrito de ampliación de la inconformidad, el inconforme deberá indicar las pruebas que ofrece en relación con los nuevos motivos de inconformidad y acompañar copias para el traslado al Área Contratante y al o los terceros interesados.
La Contraloría en caso de estimar procedente la ampliación, requerirá al Área Contratante para que en el plazo de tres días hábiles rinda el informe circunstanciado correspondiente, y dará vista al o los terceros interesados para que en el mismo plazo manifiesten lo que a su interés convenga.
Artículo 104. Desahogadas las pruebas, se pondrán las actuaciones a disposición del inconforme, del Área Contratante y del o los terceros interesados a efecto de que dentro del plazo de tres días hábiles formulen sus alegatos por escrito.
Los alegatos de las partes sólo se tendrán por formulados cuando controviertan los argumentos de la inconformidad, o de la ampliación de la misma, los informes circunstanciados o las manifestaciones del tercero, según corresponda.
Cerrada la instrucción, la Contraloría dictará la resolución en un término de quince días hábiles.
Artículo 105. La resolución que emita el Área de Responsabilidades y Quejas de la Contraloría contendrá:
I. Los preceptos legales en que funde su competencia para resolver el asunto;
II. La fijación clara y precisa del acto impugnado;
III. El análisis de los motivos de inconformidad, para lo cual podrá corregir errores u omisiones del inconforme en la cita de los preceptos que estime violados, así como examinar en su conjunto los motivos de impugnación y demás razonamientos expresados por el Área Contratante y el o los terceros interesados, a fin de resolver la controversia efectivamente planteada, pero no podrá pronunciarse sobre cuestiones que no hayan sido expuestas por el inconforme;
IV. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el procedimiento;
V. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye, y
VI. Los puntos resolutivos que expresen claramente sus alcances y efectos, en congruencia con la parte considerativa, fijando cuando proceda las directrices para la reposición de actos decretados nulos o para la firma del contrato o pedido.
Una vez que cause estado la resolución que ponga fin a la inconformidad, ésta será publicada en el Sitio Web del Instituto o en CompraNet.
Artículo 106. La resolución que emita la Contraloría podrá:
I. Sobreseer la instancia;
II. Declarar infundada la inconformidad;
III. Declarar que los motivos de inconformidad resultan inoperantes para decretar la nulidad del acto impugnado, cuando las violaciones alegadas no resulten suficientes para afectar su contenido;
IV. Decretar la nulidad total del procedimiento de contratación;
V. Decretar la nulidad del acto impugnado, para efectos de su reposición, subsistiendo la validez del procedimiento o acto en la parte que no fue materia de la declaratoria de nulidad, y
VI. Ordenar la firma del contrato o pedido, cuando haya resultado fundada la inconformidad promovida en términos del artículo 96 fracción V de las Normas.
 
En los casos de las fracciones I y II de este artículo, cuando se determine que la inconformidad se promovió con el propósito de retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme, previo procedimiento, con multa en términos del artículo 88 de las Normas. Para ese efecto, podrá tomarse en consideración la conducta de los licitantes en anteriores procedimientos de contratación o de inconformidad.
La resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad o, en su caso, a la intervención de oficio podrá impugnarse por el inconforme o por el o los terceros interesados mediante el recurso de revisión previsto en artículo 61, fracción VI de la Ley del INEE, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes.
Artículo 107. El Área Contratante acatará la resolución que ponga fin a la inconformidad en un plazo no mayor de seis días hábiles. Sólo podrá suspenderse la ejecución de las resoluciones mediante determinación de autoridad administrativa o judicial competente.
El inconforme y el o los terceros interesados, dentro de los tres días hábiles posteriores a que tengan conocimiento del cumplimiento que haya dado el Área Contratante a la resolución, o bien que haya transcurrido el plazo legal para tal efecto y no se haya acatado, podrán hacer del conocimiento de la Contraloría, en vía incidental, la repetición, defectos, excesos u omisiones en que haya incurrido el Área Contratante.
Con el escrito que se presente en los términos del párrafo anterior, se requerirá al Área Contratante para que rinda un informe en el plazo de tres días hábiles y dará vista al o los terceros interesados o al inconforme, según corresponda, para que en el mismo plazo manifieste lo que a su interés convenga.
Si se acredita que la resolución no fue cumplimentada según las directrices fijadas, la Contraloría dejará insubsistente el acto respectivo, y ordenará al Área Contratante su reposición en un plazo de tres días hábiles, de acuerdo a lo ordenado en la resolución que puso fin a la inconformidad. Si resultare que hubo una omisión total, requerirá al Área Contratante el acatamiento inmediato.
La resolución que ponga fin al incidente previsto en este artículo podrá impugnarse por el inconforme o el o los terceros interesados mediante el recurso de revisión previsto en la Ley del INEE, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes.
El desacato del Área Contratante a las resoluciones y acuerdos que emita la Contraloría en los procedimientos de inconformidad será sancionado de acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
En los casos en que existan contratos o pedidos derivados de los actos declarados nulos, dichos acuerdos serán válidos y exigibles hasta en tanto se dé cumplimiento a la resolución, pero será necesario terminarlos anticipadamente cuando la reposición de actos implique que debe adjudicarse a un licitante diverso, deba declararse desierto el procedimiento o se haya decretado su nulidad total.
Artículo 108. A partir de la información que conozca la Contraloría derivada del ejercicio de sus facultades de verificación, podrá iniciar en cualquier tiempo intervenciones de oficio, a fin de revisar la legalidad de los actos a que se refiere el artículo 96 de las Normas.
El inicio del procedimiento de intervención de oficio será mediante el pliego de observaciones, en el que el Área de Auditoría Interna de la Contraloría señalará con precisión las posibles irregularidades que se adviertan en el acto motivo de intervención, el cual deberá remitirse al Área del Responsabilidades y Quejas, que de estimarlo procedente, podrá decretar la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y los que de éste deriven, en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 101 de las Normas.
Resulta aplicable al procedimiento de intervención de oficio, en lo conducente, las disposiciones previstas en las Normas para el trámite y resolución de inconformidades.
Capítulo Segundo
Del Procedimiento de Conciliación
Artículo 109. En cualquier momento el Instituto o los proveedores podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento de las obligaciones derivadas de fallos, contratos o pedidos.
Una vez recibida la solicitud respectiva, la Contraloría señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación a la que citará a las partes. Dicha audiencia se deberá iniciar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud.
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia por parte del proveedor traerá como consecuencia tener por no presentada su solicitud.
 
La presentación de la solicitud de conciliación y su atención por la Contraloría no suspende los efectos del contrato o pedido o los actos derivados del mismo.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, por acuerdo de las partes se podrá diferir el cumplimiento de una obligación o el ejercicio de un derecho hasta el término del procedimiento de conciliación.
No procederá la conciliación respecto de los contratos o pedidos que hayan sido administrativamente rescindidos, sin perjuicio de que se solicite conciliación respecto del finiquito que deba formular el Instituto como consecuencia de la rescisión determinada.
Cuando se siga juicio, se podrá solicitar conciliación a efecto de que el acuerdo al que se llegue sirva para formular convenio judicial. En este supuesto, la validez del convenio de conciliación al que lleguen las partes, estará condicionada a la formalización del convenio judicial.
No podrá iniciarse otra conciliación sobre los mismos aspectos cuando las partes en un procedimiento anterior no hayan logrado un arreglo, salvo que en la nueva solicitud de conciliación se aporten elementos no contemplados en la negociación anterior.
Artículo 110. La solicitud de conciliación que presente el proveedor o el Instituto, deberá hacerse por escrito, en el que se precisará el nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan, en su caso, de su representante legal, domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. El escrito deberá estar firmado por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, caso en el cual se imprimirá su huella digital.
El promovente deberá adjuntar a su escrito los documentos que acrediten su personalidad, así como hacer referencia al objeto, vigencia y monto del contrato o pedido y, en su caso, a los convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de dichos instrumentos debidamente suscritos.
En los casos en que el solicitante no cuente con dichos instrumentos por no haberse formalizado, deberá presentar copia del fallo correspondiente. Una vez que se satisfagan los requisitos del caso, correrá el plazo previsto en el segundo párrafo del artículo 109 de las Normas.
Si el escrito de solicitud de conciliación no reúne los requisitos indicados, la Contraloría deberá prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez, para que subsanen la omisión dentro del plazo que ésta establezca, el cual no podrá ser menor de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se desechará la solicitud.
La prevención de información faltante deberá hacerse dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación del escrito correspondiente.
De no realizarse la prevención mencionada en el párrafo anterior dentro del plazo aplicable, no se podrá desechar el trámite argumentando que está incompleto. En el supuesto de que el requerimiento de información se haga en tiempo, el trámite de la solicitud se suspenderá hasta en tanto el interesado desahogue la prevención.
La Contraloría en su caso, emitirá acuerdo por el que se admita a trámite la solicitud de conciliación y lo notificará a las partes, corriendo traslado a la que corresponda con copia de la solicitud de conciliación, solicitándole que dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles, remita los argumentos con los que dé contestación a cada uno de los hechos y argumentos manifestados por el solicitante, anexando copia de la documentación relacionada con los mismos. Se notificará también la fecha y hora en la que se llevará a cabo la audiencia de conciliación.
Artículo 111. Al darse contestación a la solicitud de conciliación se deberá precisar el nombre de las personas facultadas para representar y obligar al Instituto y, en su caso, al proveedor en el procedimiento de conciliación. Si el Instituto o, en su caso, el proveedor omiten dar contestación a uno o varios de los hechos o argumentos señalados por el solicitante, se podrá dar respuesta a los mismos durante la audiencia de conciliación.
A los servidores públicos facultados para representar al Instituto que, sin causa justificada, omitan dar contestación a la solicitud de conciliación o no asistan a las sesiones respectivas, se les prevendrá de la responsabilidad en que incurren, en términos del primer párrafo del artículo 91 de las Normas. La Contraloría deberá citar a una siguiente audiencia de conciliación.
 
Artículo 112. En la audiencia de conciliación, la Contraloría, tomando en cuenta los hechos manifestados en la solicitud y los argumentos que hiciere valer el Instituto por conducto de las Áreas Requirente y Contratante, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de este Capítulo, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.
Las audiencias de conciliación serán presididas por el servidor público de la Contraloría que sea competente, de conformidad con las disposiciones aplicables, quien deberá iniciar las sesiones, exponer los puntos comunes y de controversia, proporcionar la normatividad que regule los términos y condiciones contractuales, proponer acuerdos de conciliación, suspender o dar por terminada una sesión, citar a sesiones posteriores, así como dictar todas las determinaciones que se requieran durante el desarrollo de las mismas.
La Contraloría podrá solicitar a las partes los documentos que considere convenientes para lograr la conciliación.
En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en varias sesiones. Para ello, la Contraloría señalará los días y horas en que tendrán verificativo. El procedimiento de conciliación deberá agotarse en un plazo no mayor de cuarenta días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesión, salvo que las partes acuerden un plazo mayor, por causas debidamente justificadas.
En todos los casos se permitirá la presencia de un asesor por cada una de las partes. Tratándose de las Áreas Requirente y Contratante, dicha asesoría podrá ser solicitada a la DGAJ.
De toda actuación dentro del procedimiento de conciliación deberá levantarse acta circunstanciada, que será firmada por quienes intervengan en ella.
En la conciliación las partes deberán procurar la realización de acciones que promuevan la ejecución total de los trabajos, la entrega de los bienes, la prestación de los servicios y la completa resolución de las controversias, a través de los convenios que acuerden las mismas.
Los convenios celebrados en los procedimientos de conciliación podrán servir para efectos de solventar las observaciones de los órganos fiscalizadores.
Si las partes no llegan a un acuerdo respecto de la desavenencia, podrán designar a su costa, ante la propia Contraloría, a un tercero o perito que emita su opinión sobre los puntos controvertidos, a efecto de lograr que las partes concilien sus intereses.
Artículo 113. En el supuesto de que las partes lleguen a un acuerdo durante la conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente. La Contraloría dará seguimiento a los acuerdos de voluntades, para lo cual el Área Contratante deberá remitir un informe sobre el avance de cumplimiento del mismo, en un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la última sesión de conciliación.
En caso de no existir acuerdo de voluntades, las partes podrán optar por cualquier vía de solución a su controversia.
En cualquier tiempo las partes podrán manifestar su deseo de no continuar con el procedimiento de conciliación, señalando las razones que tengan para ello; en consecuencia, la Contraloría procederá a asentarlo en el acta correspondiente dando por concluido el procedimiento y dejando a salvo los derechos de las partes en términos del párrafo anterior.
Artículo 114. El procedimiento de conciliación concluye con:
I. La celebración del convenio respectivo;
II. La determinación de cualquiera de las partes de no conciliar, o
III. El desistimiento de la solicitud de conciliación.
Artículo 115. La única documentación que la Contraloría estará obligada a conservar, en términos del primer párrafo del artículo 85 de las Normas, serán las actas que se levanten con motivo de las audiencias, así como, en su caso, la de los convenios de conciliación.
Capítulo Tercero
Del Arbitraje, Otros Mecanismos de Solución de Controversias y Competencia Judicial
Artículo 116. Podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que surjan entre las partes por interpretación a las cláusulas de los contratos o por cuestiones derivadas de su ejecución, en términos de lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio.
 
No será materia de arbitraje la rescisión administrativa, la terminación anticipada de los contratos o pedidos, así como aquellos actos administrativos regulados por las Normas respecto de los cuales no se prevea expresamente dicha posibilidad.
Artículo 117. El arbitraje podrá preverse en cláusula expresa en el contrato, en el pedido o por convenio escrito posterior a su celebración, corresponderá al Titular de la DGAJ determinar la conveniencia de incluir dicha cláusula o firmar el convenio correspondiente.
Artículo 118. El pago de los servicios a la persona que funja como árbitro no será materia de las presentes Normas.
Los costos y honorarios del arbitraje correrán por cuenta de las partes contratantes, salvo determinación en contrario en el laudo arbitral.
Artículo 119. El procedimiento arbitral culminará con el laudo, y podrá considerarse para efectos de solventar observaciones formuladas por quienes tengan facultades para efectuarlas, sobre las materias objeto de dicho laudo.
Artículo 120. Las partes podrán convenir otros mecanismos de solución de controversias para resolver sus discrepancias sobre la interpretación o ejecución de los contratos.
Artículo 121. Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de los contratos o pedidos celebrados con base en las Normas, serán resueltas por los tribunales federales, en los casos en que no se haya pactado cláusula arbitral o medio alterno de solución de controversias, o éstas no resulten aplicables.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Las Normas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Los procedimientos de contratación, de aplicación de sanciones y de inconformidades, así como los demás asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de las Normas se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en el que se iniciaron.
Los contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza que se encuentren vigentes al entrar en vigor las Normas, continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes en el momento en que se celebraron. Las rescisiones administrativas que por causas imputables al proveedor se hayan determinado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se continuarán considerando para efectos de lo dispuesto por los artículos 73 fracción III y 88 de las Normas.
Respecto de los actos y procedimientos de contratación iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de las Normas, resultarán aplicables, en todo aquello que no se oponga a las mismas, el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como cualquier otra disposición administrativa interna vigente en el Instituto, hasta en tanto no se apruebe el Manual.
TERCERO.- El Comité deberá emitir su Manual de Integración y Funcionamiento conforme a lo dispuesto por las Normas y el Manual en un plazo que no deberá exceder de sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de las Normas.
Dentro del mismo plazo que hace referencia el párrafo anterior el Comité deberá aprobar en su caso, los Manuales de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Revisión de Bases, y de los Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
En tanto la estructura del INEE no se encuentre completamente integrada, el Comité operará conforme a la integración anterior a estas Normas.
México, D.F., a los dieciséis días del mes de enero de dos mil catorce.- Así lo aprobó la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en la Primera Sesión Ordinaria 2014, celebrada el dieciséis de enero de dos mil catorce. Acuerdo número SOAJG/1-14/01.O5,R.- La Consejera Presidenta, Sylvia Irene Schmelkes del Valle.- Rúbrica.- Los Consejeros: Eduardo Backhoff Escudero, Gilberto Ramón Guevara Niebla, Teresa Bracho González, Margarita María Zorrilla Fierro.- Rúbricas.
 
(R.- 383562)
 

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