DOF: 27/05/2015
ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a la solicitud de modificaciones y adiciones a la plataforma electoral presentada por el Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano para contender en el Proceso Electora

ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a la solicitud de modificaciones y adiciones a la plataforma electoral presentada por el Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano para contender en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional Electoral.- Consejo General.- INE/CG100/2015.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RELATIVO A LA SOLICITUD DE MODIFICACIONES Y ADICIONES A LA PLATAFORMA ELECTORAL PRESENTADA POR EL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO MOVIMIENTO CIUDADANO PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015
ANTECEDENTES
I.     El Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano cuenta con registro vigente como Partido Político Nacional ante el Instituto Nacional Electoral, por lo que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos y sujeto a las obligaciones que señala la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos.
II.     En sesión extraordinaria del Consejo General de quince de octubre de dos mil catorce se aprobó el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a Diputados por ambos principios que presenten los partidos políticos y, en su caso, las Coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2014-2015", identificado con la clave INE/CG211/2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de febrero de dos mil quince.
III.    En sesión extraordinaria privada de veintiséis de enero de dos mil quince, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, conoció el Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a la solicitud de registro de la Plataforma Electoral presentada por el Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano para contender en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
IV.   En sesión extraordinaria del Consejo General de veintiocho de enero de dos mil quince se aprobó el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a la solicitud de registro de la Plataforma Electoral presentada por el Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano para contender en el Proceso Electoral Federal 2014-2015", identificado con la clave INE/CG37/2015.
V.    El tres de marzo de dos mil quince, se recibió en la Presidencia del Consejo General escrito por el cual el Lic. Juan Miguel Castro Rendón, Representante Propietario del Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano ante dicho órgano colegiado, informó sobre la adición de un apartado en el punto 4.2 de la Plataforma Electoral que sostendrán sus candidatos durante las campañas electorales federales, para su registro legal.
VI.   El diez de marzo del año en curso, en la Presidencia del Consejo General se recibió escrito firmado por el Lic. Juan Miguel Castro Rendón, Representante Propietario del Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano ante dicho órgano superior de dirección, mediante el cual, en alcance al escrito de tres de marzo del presente año, informa sobre la aprobación de las propuestas que sometió a consideración de la Coordinadora Ciudadana Nacional el Coordinador de la Comisión Operativa Nacional, relacionadas con la modificación y adición de diversos apartados de la Plataforma Electoral que sostendrán sus candidatos durante las campañas electorales federales, para su registro legal.
VII.   En sesión extraordinaria privada de diecisiete de marzo del año en curso, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, conoció el Anteproyecto de Acuerdo relativo a la solicitud de modificaciones y adiciones de la Plataforma Electoral presentada por el Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano, para contender en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
Al tenor de los antecedentes que preceden; y
 
CONSIDERANDO
1.     Que el artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos preceptúa que los Partidos Políticos Nacionales son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
2.     Que de acuerdo con el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 29, párrafo 1, y 30, párrafo 2, ambos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral, es un organismo público autónomo, cuya función estatal es la organización de las elecciones federales, en la que tiene como principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
3.     Que el artículo 35, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.
4.     Que el artículo 44, párrafo 1, inciso j), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales determina como atribución del Consejo General: "Vigilar que las actividades de los Partidos Políticos Nacionales y las agrupaciones políticas nacionales se desarrollen con apego a esta Ley y la Ley General de Partidos Políticos, y cumplan con las obligaciones a que están sujetos."
5.     Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 236 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como por lo señalado en el Punto Primero del "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a Diputados por ambos principios que presenten los partidos políticos y, en su caso, las Coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2014-2015", los partidos políticos deben presentar la Plataforma Electoral que sostendrán sus candidatos en las campañas electorales, del uno al quince de enero de dos mil quince, para obtener el registro correspondiente, conforme a lo siguiente:
"ACUERDO
PRIMERO. Dentro del plazo comprendido entre el día 1 ° y el 15 de enero de 2015, los Partidos Políticos Nacionales deberán presentar, para su registro, la Plataforma Electoral que sostendrán sus candidatos, conforme a lo siguiente:
1.   La solicitud de registro respectiva deberá presentarse ante el Presidente del Consejo General de este Instituto o, en su ausencia, ante el Secretario Ejecutivo.
2.   Asimismo, deberá encontrarse suscrita por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional u órgano equivalente del partido, acreditado ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, o por el Representante del partido ante el Consejo General de este Instituto.
3.   La Plataforma Electoral deberá presentarse en forma impresa y en medio magnético y deberá acompañarse de la documentación que acredite que fue aprobada por el órgano partidario competente. Dicha documentación deberá consistir al menos en lo siguiente:
a)   Convocatoria, acta y lista de asistencia de la sesión del órgano responsable
de la aprobación de la Plataforma Electoral; y
b)   En su caso, convocatoria, acta y lista de asistencia de la sesión del órgano que autorizó convocar a la instancia facultada para aprobar dicha Plataforma.
4.   Una vez recibida la documentación mencionada, el Consejo General, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, verificará, dentro de los siete días siguientes, que en la determinación del procedimiento aplicable para la aprobación de la Plataforma Electoral hayan sido observadas las normas estatutarias y reglamentarias correspondientes.
5.   En caso de que de la revisión resulte que el partido político no acompañó la documentación que permita verificar el cumplimiento al procedimiento estatutario aplicable, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, realizará un requerimiento al partido político para que en un plazo de tres días, remita la documentación omitida.
6.   Con toda la documentación referida, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos elaborará el proyecto de Acuerdo respectivo que será sometido a consideración del Consejo General de este Instituto, para los efectos de lo señalado en el artículo 44, párrafo 1, inciso q) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
7.    Del registro de la Plataforma se expedirá constancia.
(...)"
6.     Que atento a lo establecido en el artículo 55, párrafo 1, inciso o), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 46, párrafo 1, inciso r), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos coadyuvar con el Consejo General en la revisión de la documentación presentada por los Partidos Políticos Nacionales a efecto de registrar la Plataforma Electoral, elaborando el Proyecto de Acuerdo correspondiente, y proceder a su inscripción en el libro de registro respectivo.
7.     Que el Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano presentó en tiempo y forma la Plataforma Electoral que sostendrán sus candidatos a Diputados, para participar en el Proceso Electoral Federal 2014-2015, misma que fue aprobada por este Consejo General con fecha veintiocho de enero de dos mil quince, mediante el Acuerdo identificado con la clave INE/CG37/2015.
8.     Que no obstante lo anterior, el tres de marzo del año en curso, se recibió en la Presidencia del Consejo General de este Instituto escrito mediante el cual el Lic. Juan Miguel Castro Rendón, Representante Propietario del Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano ante dicho órgano colegiado, informó sobre la adición de un apartado en el punto 4.2 de la Plataforma Electoral del citado instituto político, aprobada por su Coordinadora Ciudadana Nacional el veintitrés de febrero de esta anualidad, para su registro legal.
9.     Que asimismo, el diez de marzo de este año, se recibió en la Presidencia del Consejo General escrito a través del cual el Lic. Juan Miguel Castro Rendón, Representante Propietario del Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano ante dicho órgano superior de dirección, informó sobre la aprobación de las propuestas que sometió a consideración de la Coordinadora Ciudadana Nacional el Coordinador de la Comisión Operativa Nacional, en su sesión de veintitrés de febrero del presente año, relacionadas con la modificación y adición de diversos apartados de la Plataforma Electoral que sostendrán sus candidatos durante las campañas electorales federales, para su registro legal.
 
10.   Que la Coordinadora Ciudadana Nacional del Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano tiene la atribución de aprobar la Plataforma Electoral para las elecciones federales en las que participe, conforme a lo dispuesto por el artículo 18, numeral 7, inciso c) de sus Estatutos, a saber:
"ARTÍCULO 18
De la Coordinadora Ciudadana Nacional:
(...)
7. Corresponde a la Coordinadora Ciudadana Nacional, autorizar coaliciones, alianzas y/o candidaturas comunes con otras organizaciones políticas durante los Procesos Electorales. Para tales efectos deberá:
(...)
c) Aprobar la Plataforma Electoral para los tipos de elección de que se trate, conforme a la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos adoptados, en su caso, por la coalición, alianza o candidaturas comunes de que se trate.
(...)"
       De la interpretación sistemática y funcional del artículo transcrito, se deduce que al estar facultado dicho órgano partidario para aprobar la Plataforma Electoral para participar en los Procesos Electorales Federales, se concluye que dicha potestad también comprende la aprobación de modificaciones o adiciones a la misma, ya que en ella subyace la libertad auto organizativa del partido político, siempre que ello no afecte la certeza y la definitividad de las etapas del Proceso Electoral Federal.
11.   Que la solicitud de modificaciones y adiciones a la Plataforma Electoral, suscrita por el Representante Propietario del Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de este Instituto, se presentó el tres y el diez de marzo del presente año, ante la Presidencia del órgano citado, acompañadas de la documentación siguiente:
a)   Copia certificada de la Convocatoria a la Trigésima Novena Sesión Ordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional del Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano, de dieciséis de febrero de dos mil quince.
b)   Original de la publicación de la Convocatoria a la Trigésima Novena Sesión Ordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional del Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano en los Estrados de la Comisión Operativa Nacional, de dieciséis de febrero de dos mil quince.
c)   Copia certificada de los Acuses de Recibo de la Convocatoria a la Trigésima Novena Sesión Ordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional del Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano.
d)   Copia certificada de la Lista de Asistencia de la Trigésima Novena Sesión Ordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional del Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano, de veintitrés de febrero de dos mil quince.
e)   Copia certificada del segundo Punto de Acuerdo aprobado en la Trigésima Novena Sesión Ordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional del Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano, celebrada el veintitrés de febrero de dos mil quince, relativo a la adición del punto 4.2 a su Plataforma Electoral.
 
f)    Copia certificada del tercer Punto de Acuerdo aprobado en la Trigésima Novena Sesión Ordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional del Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano, celebrada el veintitrés de febrero de dos mil quince, relativo a la modificación de los puntos 1.2.5, 2.6, 3.1 y 5.1, así como una adición a los puntos 4.5 y 6.3 de su Plataforma Electoral.
g)   Impresión de la Plataforma Electoral 2015 del Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano, modificada y adicionada en la Trigésima Novena Sesión Ordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional.
h)   Disco compacto que contiene la Plataforma Electoral 2015 del Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano, modificada y adicionada en la Trigésima Novena Sesión Ordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional.
12.   Que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, analizó la documentación presentada por el Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano, con el objeto de determinar que la instalación y desarrollo de la Trigésima Novena Sesión Ordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional, celebrada el veintitrés de febrero del presente año, se apegó a la normativa aplicable del partido. Del estudio realizado se constató el cumplimiento a los artículos 12, numeral 1, inciso c); 18, numerales 1, 3, 4, 5, 6 y 7, inciso c); 19; 20, numeral 2, inciso v); 21, numeral 7; 51; 52; 53; 88, numeral 1; 86; 89 y 90, numeral 1 de sus Estatutos vigentes, en razón de lo siguiente:
a)   El Coordinador de la Comisión Operativa Nacional y la Secretaria General de Acuerdos del Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano, emitieron la convocatoria a la Trigésima Novena Sesión Ordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional, el dieciséis de febrero de dos mil quince.
b)   El dieciséis de febrero de dos mil quince, se publicó la convocatoria a la Trigésima Novena Sesión Ordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional del Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano en los Estrados de la Comisión Operativa Nacional.
c)   La Coordinadora Ciudadana Nacional del Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano, en su Trigésima Novena Sesión Ordinaria, celebrada el veintitrés de febrero de dos mil quince, aprobó modificar los numerales 1.2.5, 2.6, 3.1 y 5.1, así como adicionar el contenido de los puntos 4.2, 4.5 y 6.3 de la Plataforma Electoral bajo la cual habrán de contender sus candidatos en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
d)   Asistieron a la Trigésima Novena Sesión Ordinaria 197 de los 230 integrantes de la Coordinadora Ciudadana Nacional del Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano, acreditados ante este Instituto.
e)   La Coordinadora Ciudadana Nacional fue presidida por el Coordinador de la Comisión Operativa Nacional del Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano.
f)    Las modificaciones y adiciones a la Plataforma Electoral fueron aprobadas por unanimidad de los asistentes a la sesión de la Coordinadora Ciudadana Nacional.
       Como resultado del referido estudio, se confirma la validez de la Trigésima Novena Sesión Ordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional del Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano y por tanto se procede al análisis de las modificaciones y adiciones de su Plataforma Electoral.
13.   Que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos con apoyo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, ha constatado que las modificaciones y adiciones a la Plataforma Electoral presentada por el Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano, señaladas en los considerandos 8 y 9 del presente Acuerdo, cumplen con lo señalado en el artículo 39, párrafo 1, inciso g) de la Ley General de Partidos Políticos, así como el artículo 236 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en razón de que:
 
·    La modificación al punto 1.2.5 de la Plataforma Electoral del Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano propone reformas legislativas para prever el derecho a Internet, la reducción de sus tarifas y mayor velocidad de conexión para lograr el acceso universal a las telecomunicaciones.
·    En el numeral 2.6 de la Plataforma Electoral se elimina la propuesta de descentralizar la planta industrial del Valle de México.
·    La modificación del ordinal 3.1 de la Plataforma Electoral propone prohibir la sobreexplotación de los recursos naturales.
·    La adición al punto 4.2 de la Plataforma Electoral, medularmente, consiste en una propuesta de Reforma Constitucional para que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se integre por 300 diputados elegidos conforme al principio de mayoría relativa y 200 diputados electos por las circunscripciones plurinominales mediante el sistema de insaculación, basado en el registro de Candidaturas Ciudadanas.
·    En el apartado 4.5 de la Plataforma Electoral se propone adicionar una propuesta en materia de sanción de servidores públicos acusados de corrupción.
·    La modificación del punto 5.1 de la Plataforma Electoral propone la implementación de un programa de vigilancia ciudadana sobre la policía en todos sus niveles.
·    Finalmente, en el ordinal 6.3 de la Plataforma Electoral se adiciona una propuesta para reducir el financiamiento público a partidos políticos y reformar su mecanismo de distribución a fin de garantizar la equidad.
14.   Que este Consejo General considera procedentes las modificaciones y adiciones de la Plataforma Electoral del Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano, descritas en el considerando 13 de este Acuerdo, en virtud de que tal decisión se encuentra en el ámbito de su libertad de auto organización y de su derecho para definir las propuestas legislativas que contendrá su Plataforma Electoral, para participar en la elección de diputados federales. Asimismo, tales ajustes a la Plataforma Electoral de ningún modo afectan el principio de definitividad de las etapas del Proceso Electoral, en tanto que a la fecha no ha concluido la etapa de preparación de las elecciones federales; por lo cual, los partidos políticos pueden válidamente realizar modificaciones o adiciones sustantivas a sus Plataformas, situación que en absoluto afecta el desarrollo de las etapas del Proceso Electoral Federal en curso.
       Con dichas modificaciones y adiciones, tampoco se afecta la certidumbre del Proceso Electoral, en razón de que al momento de aprobarse por el Partido Político Nacional las modificaciones y adiciones a su Plataforma Electoral y de presentarse las mismas ante este Instituto, aún no había iniciado el periodo de registro de candidatos para el presente Proceso Electoral Federal, el cual transcurre del veintidós al veintinueve de marzo de dos mil quince, en términos del artículo 237, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por ende, las aludidas modificaciones y adiciones tampoco provocan falta de certeza en las campañas electorales, en tanto éstas aún no han iniciado. De este modo, es factible que los ciudadanos conozcan las Plataformas Electorales de los partidos políticos, así como sus modificaciones o adiciones, hasta antes del inicio de las campañas electorales.
       Finalmente, es preciso mencionar que el texto completo de la Plataforma Electoral del Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano fue aprobado por este Consejo General mediante la Resolución INE/CG37/2015, de veintiocho de enero del año en curso, por lo que no es necesario hacer nuevamente el estudio íntegro del contenido de dicha plataforma, toda vez que las modificaciones y adiciones presentadas se limitan, medularmente, a lo expresado en los Considerandos 13 y 14 del presente Acuerdo.
 
15.   Que por lo expuesto y fundado, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Consejo General, con el auxilio de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, concluye que las modificaciones y adiciones a la Plataforma Electoral presentadas por el Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano para participar en el Proceso Electoral Federal 2014-2015, reúnen los requisitos necesarios de acuerdo con lo prescrito por el artículo 236, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y con lo señalado por el Acuerdo emitido al efecto por el Consejo General. La Plataforma Electoral, con las modificaciones y adiciones presentadas por el citado instituto político, forma parte integral de este Acuerdo como ANEXO ÚNICO, que consta en sesenta y una fojas útiles.
16.   Que finalmente, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 44, incisos q) y jj), que el Consejo General tiene, entre otras, las atribuciones de registrar la Plataforma Electoral que para cada Proceso Electoral presenten los partidos políticos y los candidatos, en términos de lo establecido en la ley, y dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones.
       Asimismo, la multicitada Ley prescribe en su artículo 43 que el Consejo General ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los Acuerdos y Resoluciones de carácter general que pronuncie y, de aquellos que así lo determine.
17.   Que en razón de los considerandos anteriores, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, con fundamento en el artículo 42, párrafos 2 y 8, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, somete a la consideración del Consejo General el presente Acuerdo.
En consecuencia, el Consejo General propone, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Bases I y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 35, párrafo 1; 42, párrafos 2 y 8; 43; 44, párrafo 1, incisos j), q) y jj); 55, párrafo 1, inciso o) y 236 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; el artículo 39, párrafo 1, inciso g) de la Ley General de Partidos Políticos, así como el artículo 46, párrafo 1, inciso r), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; todos relacionados con el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a Diputados por ambos principios que presenten los partidos políticos y, en su caso, las Coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2014-2015", identificado con la clave INE/CG211/2014; y en ejercicio de sus facultades, que se emita el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Proceden ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral las modificaciones y adiciones a la Plataforma Electoral registrada mediante Acuerdo número INE/CG37/2015 por el Partido Político Nacional denominado Movimiento Ciudadano, que sostendrán sus candidatos en la elección federal, cuya jornada se celebrará el siete de junio del año dos mil quince.
SEGUNDO. Comuníquese vía correo electrónico el contenido del presente Acuerdo, así como su ANEXO ÚNICO, a los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral.
TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 25 de marzo de dos mil quince, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
El Consejero Presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del
Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.

PLATAFORMA ELECTORAL 2015
ÍNDICE
Presentación
1.  Bienestar Social para una Vida Digna
1.1.    Inclusión Social para la libertad y la igualdad
1.1.1.   Igualdad de Género
1.1.2.   Las Familias
1.1.3.   Niñas, Niños y Adolescentes
1.1.4.   Los Jóvenes
1.1.5.   Adultos Mayores
1.1.6.   Derechos Sexuales y Reproductivos
1.1.7.   Multiculturalidad y Pueblos Originarios
1.2.     Políticas Sociales que Garantizan Derechos y Amplían Oportunidades
1.2.1.   Acceso a la Salud y Seguridad Social Universal
1.2.2.   Vivienda y Servicios Públicos de Calidad
1.2.3.   Educación
1.2.4.   Ciencia y Tecnología
1.2.5.   Accesibilidad a las Nuevas Tecnologías: Derecho a las Tecnologías de la Información y la Comunicación
1.2.6.   La Cultura
1.2.7.   El Deporte y la Recreación
1.3.     Derechos Humanos
2. Un Modelo Económico Incluyente para el Desarrollo Humano
2.1.    Desarrollo Económico con Equidad
2.2.    El Papel del Estado: Hacia un Estado Social
2.3.    Desarrollo Regional
2.4.    La Competencia Económica y el Fin de los Monopolios
2.5.    Justicia Laboral: Empleos y Salarios Dignos
2.6.    Un Desarrollo Industrial Incluyente y Sustentable
2.7.    El Impulso al Campo: Desarrollo Integral de las Comunidades y Seguridad Alimentaria.
2.8.    Reforma Fiscal para el Desarrollo
 
2.9.    Derechos e Información para el Consumidor
3.  Desarrollo Sustentable
3.1.    Justicia Intergeneracional
3.2.    Principio Precautorio
3.3.    La Explotación Racional de los Recursos Naturales
3.4.    Legislación en Materia Ambiental
3.5.    Derecho al Agua
3.6.    Las Comunidades y el Medio Ambiente
3.7.    Responsabilidad Empresarial en la Explotación de los Recursos Naturales.
3.8.    Cambio Climático
3.9.    Desarrollos Turísticos Amigables con el Entorno
3.10.  Protección y Bienestar Animal
3.11.  Protección Civil y Prevención de Desastres
4.  Democracia Ciudadana: la verdadera Ciudadanización de la Política
4.1.    Cultura Política Democrática
4.2.    El Poder de los Ciudadanos Libres: Privilegiar la Participación Ciudadana.
4.3.    Candidaturas Independientes
4.4.    Nuevos Canales de Participación
4.5.    Mecanismos de Control Ciudadano del Poder
4.6.    Partidos Políticos al Servicio del Interés Ciudadano
5.  Seguridad Ciudadana
5.1.    Impulsar la Seguridad Ciudadana
5.2.    Reformar el Sistema de Procuración de Justicia
5.3.    Reinserción Social: Reforma Penitenciaria
5.4.    Una Política de Estado en Materia de Drogas
5.5.    Seguridad y Justicia para las Mujeres
6.  Estado de Derecho y Gobernabilidad con Transparencia y Rendición de Cuentas
6.1.    Estado de Derecho
6.2.    Acceso a la Información, Transparencia y Rendición de Cuentas
6.3.    Austeridad y Disciplina Presupuestal
6.4.    Gobernabilidad, Pluralidad Política y División de Poderes
6.5.    El Municipio
6.6.    Gobiernos Ciudadanos
6.7.    Agendas Metropolitanas
7.  Política Exterior de Estado
7.1.    Una Política Exterior Basada en la Dignidad Nacional y Promotora del Desarrollo.
7.2.    Mexicanos en el Exterior, Inmigrantes y Fronteras
7.3.    Participación en Organismos Internacionales
7.4.    América del Norte
7.5.    América Latina y El Caribe
7.6.    Diversificar nuestras Relaciones Internacionales: Europa, Asia y África
7.7.    Evaluación Permanente
Presentación
Movimiento Ciudadano es el vehículo con el que las ciudadanas y los ciudadanos libres cambiarán la
historia de México. El reto es darle contenido a una democracia fallida, que alienta y propicia la desigualdad y la impunidad, y construir instrumentos de participación cívica, que propicien la transparencia, la rendición de cuentas, la equidad social y el Estado de Derecho.
El año 2014 llevó a miles de mexicanos de todas las categorías socioeconómicas y de diferente origen ideológico, a las calles a reclamar justicia y a exigirle al Estado cumplir con su obligación más elemental: garantizar la seguridad de los ciudadanos y su derecho a una vida digna.
No se trata de que este movimiento social construido a partir de las fatales tragedias que enfrentan millones de mexicanos se convierta en una opción electoral, pero tampoco de que las diferentes fuerzas políticas que irán a una competencia electoral actúen como si nada se hubiera movido en México. Esta elección no puede ser simplemente una elección más.
Si 1968 fue un parteaguas en materia de derechos políticos, que impulsó a una nueva generación a asumir liderazgo político y presencia en la vida pública, el 2014 debe marcar un antes y un después en lo que respecta a los derechos humanos, y también debe de ser una oportunidad para renovar tanto el tipo de decisiones que se toman desde el poder público, como a quienes toman esas decisiones.
La generación y las organizaciones que han creado han llevado al país al lugar en el que hoy se encuentra. Estas ya no pueden ser pensadas como parte de la solución cuando son el origen del problema.
Los partidos tradicionales, que han sustituido la División de Poderes por un vulgar intercambio de privilegios, deben ser ubicados en su justa dimensión por parte de las mujeres y los hombres libres de este país. No mediante la apatía ni mediante la abstención, sino a través de la participación activa y decidida de los ciudadanos.
Está claro que los partidos de siempre tienen una agenda distinta a la que reclama la sociedad. México vive una de sus etapas de mayor desprestigio internacional, con estancamiento económico e impunidad, mientras la clase política y empresarial que dirigen el país celebran la aprobación en paquete y sin discusión, de reformas que se disfrazan de estructurales para proteger el interés de ciertos grupos de poder.
Estamos en un escenario en que la crisis de inseguridad, la inequidad y la impunidad han constituido entre si una complicidad perversa que le impide a la mayoría el progreso, el desarrollo, la seguridad y, sobre todo, la felicidad. Por eso, los ciudadanos han alzado la voz con más fuerza que nunca en las décadas recientes.
Las principales preocupaciones de la ciudadanía giran en torno a la seguridad y los problemas económicos. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 (ENVIPE) del INEGI, la inseguridad y la delincuencia preocupan a un 58.1 por ciento de los mexicanos; seguidas muy de cerca por el desempleo, que alcanza un 46.1 por ciento y el incremento de los precios, con 37.7 por ciento.
En este contexto, debemos cuestionarnos, con justa razón, si ante esas condiciones vale la pena seguir por el mismo camino. El respaldo a la democracia se encuentra en sus niveles más bajos, con únicamente 37 por ciento de los mexicanos, lo que significa una caída de 12 puntos porcentuales de apoyo respecto del promedio 1995-2013 (Latinobarometro, 2014).
El malestar se explica por una razón muy simple: porque las alternancias locales y nacionales no han dado resultados. Ni en las formas, porque la ética sigue ausente del ejercicio de la política, ni en el fondo, porque el Desarrollo Humano se mantiene prácticamente en el mismo nivel que hace un cuarto de siglo.
México lleva tres décadas de gobernantes que han dicho que para que haya justicia social, primero debe haber crecimiento. Que antes que redistribuir, hay que producir. Pero lo cierto es que en tres décadas no ha habido crecimiento económico, y menos aún, una mejor distribución del ingreso y de la riqueza.
Calculado a partir del PIB per cápita, México clasifica internacionalmente como un país de ingresos medios-altos. No obstante, somos un país con enormes inequidades. La diferencia de ingresos entre el 10 por ciento de las familias más ricas frente al 10 por ciento de las más pobres es de alrededor de 26 veces (OCDE, 2013). La pobreza azota a 53.3 millones de mexicanos y prácticamente no se ha reducido con programas sociales que han cambiado de nombre, pero no de resultados.
Asimismo, 86.9 millones de mexicanos viven con por lo menos una privación social, es decir, viven con
carencias en alimentación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y rezago educativo (CONEVAL, 2014).
El empleo digno con salarios bien remunerados y prestaciones sociales es una de las grandes preocupaciones de la población mexicana. Datos oficiales señalan que que el 60 por ciento de los trabajadores realizan sus labores en condiciones precarias y en el sector informal, lo que significa que no reciben beneficios como el acceso a los servicios de salud o créditos para vivienda (OCDE, 2013).
Las políticas económicas tendientes a beneficiar los derechos corporativos sobre los derechos sociales, han traído como consecuencia el incremento progresivo de los niveles de pobreza y privaciones. En los últimos 25 años el poder adquisitivo del salario mínimo se redujo en un 78.66 por ciento. Si consideramos que los alimentos han incrementado su precio en una proporción de 4-1 al salario, es claro que el 14 por ciento de los trabajadores mexicanos que perciben un ingreso inferior al salario mínimo viven en la miseria (UNAM, CEPAL). Los datos revelan que en los últimos dos años, a uno de cada dos mexicanos le ha faltado dinero para comprar comida (Latinobarómetro, 2014).
La situación de los niños, niñas y adolescentes revela aún más las carencias y la exclusión: 21.2 millones (53.8 por ciento) viven con carencias y en hogares sin acceso a los recursos económicos suficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren todos sus integrantes. Aún más, 4.7 millones de ellos forman parte de hogares con un ingreso insuficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias (UNICEF, 2014).
Asimismo, el 66.1 por ciento de los jóvenes entre 15 y 19 años no tiene acceso a la educación y 24 por ciento de éstos no estudian, ni trabajan siendo las mujeres quienes se encuentran más expuestas a esta situación de incertidumbre pues la tasa de mujeres que no tiene oportunidades de empleo y educación, es tres veces superior a la de los hombres. La crisis económica es de tal profundidad, que el contar con educación terciaria no es sinónimo de acceder a un empleo digno, ya que el 7.2 por ciento de los jóvenes entre 24 y 35 años están en desempleo (OCDE, 2013).
Tampoco se van a alcanzar las metas planteadas por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya que se registran progresos insuficientes en materia de empleos dignos (tasa de crecimiento del PIB por persona empleada) y salud (niños vacunados contra el sarampión, tasa de mortalidad materna, proporción de casos de tuberculosis); en tanto que en materia de medio ambiente, hay estancamiento o retrocesos en el consumo de sustancias que dañan la capa de ozono y la porción de los recursos acuíferos utilizados.
La ausencia de un Estado de Derecho es el otro gran pendiente nacional. Tanto la delincuencia común como la delincuencia organizada transnacional, han dado pie a que la violencia criminal se incremente de manera exorbitante en la última década. Esto es consecuencia de un modelo de seguridad, centrado fundamentalmente en la intercepción de los narcóticos y el uso de la fuerza para detener o "inhabilitar" a los principales líderes de organizaciones criminales.
El resultado continúa siendo un Estado que no cuenta con policías confiables y bien capacitados, cuyo sistema de procuración e impartición de justicia está comprometido y en el que no se ponen en marcha estrategias integrales de combate a la delincuencia organizada, que incluyan una renovada visión del problema de las drogas.
En los últimos diez años, México ha pasado a ser considerado como el segundo país menos pacífico de América Latina , según el Índice de Paz Global. A pesar de las intenciones de cambiar la retórica de la Agenda Nacional de la "guerra contra el narco" a una que pusiera énfasis en los temas económicos y de desarrollo, la realidad a rebasado esta retórica y ha demostrado la inexistencia de una política de seguridad que responda a los retos que enfrenta el país y que atienda las demandas ciudadanas.
Se habla de integralidad, pero se mantienen los principios básicos de la estrategia de la administración anterior. La desarticulación de las organizaciones criminales ha llevado a un incremento de la violencia en la disputa por el control de las rutas y los mercados; pero también a la expansión de las actividades de estas organizaciones a otras áreas como los secuestros, las extorsiones o el cobro de "derecho de piso".
 
Las estimaciones más conservadoras afirman que en 2013 la cifra de muertos alcanzó las 10 mil personas, que se sumaron a los 100 mil ejecutados durante el sexenio pasado. A estas cifras hay que agregar las víctimas indirectas y los desaparecidos, cuyo número oficial es de 22 mil, desde que inició la "guerra contra el narcotráfico" en 2006, cifra cuestionada por las organizaciones sociales y los defensores de los derechos humanos.
La ciudadanía vive con miedo y ha modificado sus hábitos. El 73.3 por ciento de los mexicanos percibe que vivir en su estado es inseguro. Este porcentaje adquiere mayor sentido si consideramos que 22.5 millones de ciudadanos fueron víctimas de un delito durante el 2013, considerando únicamente los relacionados con robos en la calle o en el transporte público, extorsión, robos de autos o casa habitación, fraudes y amenazas.
Ante la falta de confianza en las autoridades, la ciudadanía no denuncia. Se calcula que en el 92.8 por ciento de los delitos, no hubo denuncia o no se inició una averiguación previa, lo que alimenta el círculo de la impunidad y la inseguridad. (ENVIPE, 2014).
Aunado a ello, una de las mayores crisis se expresa en la creciente penetración del crimen organizado en el Estado mexicano y en el sistema político. La llamada clase política ha dado muestras de subordinación y complicidad, situación que amenaza nuestra seguridad nacional, pública y humana. Los grupos de delincuencia organizada han transitado de la corrupción de las estructuras del Estado y el mantenimiento de complicidades dentro de él, a través de la cooptación de servidores públicos, a una etapa en la que pretende apoderarse de éste para ponerlo a su servicio.
En México se ha perdido el equilibrio entre el goce de las libertades y la garantía de la seguridad. Al mismo tiempo, se han desdibujado los límites de la seguridad nacional y de la seguridad pública.
La debilidad institucional genera mayores posibilidades de operación y violencia por parte de la delincuencia organizada. La violencia criminal mina la gobernanza, genera espacios informales de poder, alimenta los ciclos de la pobreza y la exclusión, y obstaculiza las posibilidades de crecimiento y desarrollo económico.
Hay que insistir también que la pobreza no es sinónimo de violencia e inseguridad. No hay una relación automática entre pobreza y delincuencia, por lo que rechazamos cualquier visión reduccionista al respecto. No obstante, tenemos que reconocer que en un país que combina debilidad institucional, fragilidad del Estado de Derecho, corrupción e impunidad; la delincuencia y la violencia criminal se alimentan de la exclusión social y la falta de oportunidades. Ecuación en la que los jóvenes son el grupo más expuesto, al ser víctimas y victimarios. Alrededor del 50 por ciento de los delitos cometidos en el país son llevados a cabo por jóvenes y uno de cada cuatro mexicanos muertos en el marco del combate a la delincuencia organizada pertenece a este segmento de la población (Banco Mundial).
La Plataforma Electoral 2015 de Movimiento Ciudadano aspira a ser congruente con la situación del país. Frente a las carencias que enfrentan cada día millones de mexicanos, y ante la incertidumbre del panorama del país en materia económica y de seguridad, impulsamos una agenda que ponga a los ciudadanos en el centro de nuestras propuestas. La función principal del Estado debe ser garantizar el bienestar, la seguridad, el goce de los derechos y las libertades de los mexicanos.
Por ello, nuestra plataforma innova en torno a un modelo de gobierno ciudadano, sustentado en tres nociones centrales:
1.     Desarrollo Humano, definido como el proceso de ampliación de las opciones de la gente y de sus competencias humanas y libertades, permitiéndoles: vivir una vida larga y saludable, acceder al conocimiento y a un promedio estándar de vida, y participar en la vida comunitaria y en las decisiones que afectan sus vidas.
2.     Seguridad Humana, de carácter multidimensional que responde esencialmente a dos factores: la protección de las personas frente a amenazas crónicas (como el hambre, la exclusión, las enfermedades) o frente a alteraciones súbitas a su forma de vida (como un desastre natural o el incremento de la violencia). Se trata de garantizar tres tipos de libertades a las personas: libertad frente a las carencias, libertad frente al miedo y libertad de vivir una vida con dignidad.
 
3.     Desarrollo Sustentable, que pone énfasis en la relación entre el desarrollo económico, la calidad medioambiental y la equidad social. La justicia intergeneracional, el principio precautorio y la economía verde son referentes de este paradigma. Conforme al Informe Brundtland, el desarrollo sustentable es un proceso dinámico de cambio en el que la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y el cambio institucional, están en armonía y son consistentes tanto en el presente como en el futuro, a fin de cubrir las necesidades y aspiraciones humanas.
A partir de estas nociones, proponemos tres ejes de acción:
1.     El respeto a la dignidad de los ciudadanos libres, a partir del bienestar individual y colectivo. Se trata de poner a las personas en el centro de la acción de gobierno. Impulsar políticas sociales que trasciendan en el asistencialismo y la transferencia de recursos, y que permitan detonar el desarrollo a partir de las capacidades de las personas y la competencia económica, lo que incluye la participación de la iniciativa privada, la sociedad y el Estado.
2.     La Transversalidad de los Derechos Humanos. Nuestra consigna es convertir los principios y valores que enarbolamos, en derechos para los ciudadanos libres, lo que incluye los derechos humanos de cuarta generación, entre otros el derecho a las nuevas tecnologías en materia de comunicación e información.
3.     Garantizar un Buen Gobierno, priorizando la participación ciudadana en la toma de decisiones a través de instrumentos como el presupuesto participativo, el Consejo Económico y Social, la ratificación/revocación del mandato de los gobernantes, la transparencia y la rendición de cuentas y encabezando gobiernos que den resultados.
1. Bienestar social para una vida digna
La propuesta de Movimiento Ciudadano tiene como finalidad poner a las personas en el centro de las políticas públicas y priorizar su bienestar. Esto significa pensar más allá de las tradicionales visiones de la pobreza ligadas a un piso mínimo de recursos y hablar de bienestar social, para referirnos al conjunto de factores que toda persona necesita para gozar de una vida digna y libre. Por ello es muy importante comprender la integralidad de la triada seguridad humana, desarrollo humano y desarrollo sustentable, cuya lógica es centrarse en el bienestar, la libertad y la seguridad de las personas.
1.1. Inclusión Social para la Libertad y la Igualdad
La inclusión social tiene como finalidad asegurar que aquellos en riesgo de pobreza y exclusión social, tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar en la vida económica, social y cultural de un país. Por ello, va más allá de la visión del combate a la pobreza centrada en una línea de ingreso, sino que centra su atención en la promoción del bienestar y de un nivel de vida digno.
De esta manera, la inclusión social significa acceder a mínimos de bienestar y protección, conforme al nivel de desarrollo de la sociedad (CEPAL). Ello incluye la participación de las personas en la vida política del país, así como el pleno desarrollo de sus capacidades para el ejercicio de sus libertades.
1.1.1. Igualdad de Género
Debemos asumir la igualdad de derechos entre los géneros como una lucha clara, constante y permanente. Se requiere de una política transversal que conduzca a la integración en igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, en las tareas del desarrollo y en todos los aspectos de la vida nacional. Por lo que proponemos:
·      Afirmar un criterio de transversalidad de género y justicia intergeneracional en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas públicas.
·      Promover la asignación de presupuestos públicos con perspectiva de género en todos los niveles de gobierno.
·      Vigilar el cumplimiento de la paridad como principio democrático, a fin de que las mujeres sean representadas en todos los espacios de decisión.
 
·      Garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de políticas públicas encaminadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
·      Impulsar programas específicos para superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan algunos sectores de mujeres, como lo son: las indígenas, rurales, con discapacidad, jefas de familia y adultas mayores.
·      Impulsar la armonización legislativa con perspectiva de género en el marco legal nacional y local, para incorporar los derechos progresivos de las mujeres reconocidos en convenios y tratados internacionales
·      Impulsar una reforma laboral con perspectiva intergeneracional y de género, que considere condiciones de trabajo en las que las mujeres se desarrollan, garantice seguridad social, igualdad salarial entre hombres y mujeres y sancione la discriminación por embarazo y acoso sexual y/o laboral.
·      Incentivar la creación de empleos de calidad para mujeres.
·      Promover leyes y políticas públicas para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y a una salud sexual y reproductiva responsable, informada, ajena a prejuicios y respetuosa de sus decisiones.
1.1.2. Las Familias
Las familias mexicanas han sufrido daños en su seguridad y en su bienestar. Por lo que resulta indispensable atender sus necesidades e impulsar políticas públicas que garanticen su plena integración social. En este sentido, nos pronunciamos por privilegiar el enfoque de la seguridad humana para atender las necesidades de los miembros de las familias. Trabajaremos a favor de:
·      Impulsar políticas públicas que garanticen el acceso a los alimentos de calidad.
·      Impulsar programas de atención y prevención de la salud; con especial énfasis en nutrición, atención materna, prevención y tratamiento de padecimientos crónicos e infecciosos, y educación en materia de salud sexual y reproductiva.
·      Promover programas de asistencia psicológica y jurídica, para atender la violencia intrafamiliar.
·      Impulsar programas de prevención y atención a problemas de adicciones.
·      Promover programas de respeto y rescate de los entornos sociales, los espacios públicos y a la naturaleza.
·      Garantizar el derecho al patrimonio de las familias mexicanas, desde empleos y salarios dignos, hasta el acceso a créditos para vivienda.
·      Promover políticas de conciliación de la vida laboral y familiar.
·      Vigorizar el marco jurídico que reconoce la diversidad de formas para relacionarse en familia.
1.1.3. Niñas, Niños y Adolescentes
Garantizar el bienestar, la seguridad y los derechos de niños, niñas y adolescentes debe ser una prioridad del Estado, lo que debe traducirse en políticas públicas efectivas, orientadas a:
·      Impulsar los mecanismos institucionales para que el Estado cumpla con sus responsabilidades de garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.
·      Garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en un entorno seguro, libre de violencia y saludable.
·      Garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a acceder a una educación de calidad; a servicios de salud y apoyo psicológico.
·      Promover programas en contra del acoso escolar y la violencia.
·      Impulsar programas educativos para que los niños, niñas y adolescentes conozcan sus derechos.
 
·      Garantizar la tutela responsable.
·      Impulsar programas especiales de atención a los niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable.
·      Garantizar la protección contra cualquier tipo de abandono, abuso, maltrato, crueldad y explotación.
1.1.4. Los Jóvenes
De cara al bono demográfico, el Estado tiene la obligación de garantizar oportunidades de desarrollo e inclusión social a las nuevas generaciones. Hasta ahora no se ha reconocido el potencial y el papel de los jóvenes en el desarrollo nacional, por lo que nos comprometemos a impulsar una agenda que refleje sus aspiraciones y amplíe sus libertades. Por ello, proponemos políticas públicas encaminadas a:
·      Promover mecanismos de inserción laboral, económica, política, social y cultural de las personas jóvenes en México.
·      Garantizar el acceso de los jóvenes a la educación y la capacitación. Promover la actitud emprendedora y creativa.
·      Fortalecer el marco jurídico en materia de derechos laborales de los jóvenes, a fin de mejorar sus condiciones desde una perspectiva de justicia intergeneracional y garantizar su acceso a la seguridad social.
·      Impulsar una Ley y un Programa Nacional de Desarrollo Integral de las Personas Jóvenes, que establezca mecanismos de exigibilidad de sus derechos.
·      Promover programas educativos en materia de Derechos Humanos para la juventud.
·      Garantizar la transversalidad del enfoque de juventud en las políticas públicas e impulsar su participación en el diseño, instrumentación y evaluación de éstas.
·      Promover la participación activa y responsable de los jóvenes en la vida social del país.
·      Impulsar el desarrollo de una agenda digital que fomente el uso de tecnologías y herramientas de la información y la comunicación, para crear ciudadanía y una sociedad responsable y participativa.
·      Fortalecer las políticas y programas de prevención y tratamiento de consumo de drogas, desde el enfoque de reducción de daños y riesgos.
·      Programas de salud enfocados en los jóvenes, en especial un programa amplio e integral de educación sexual y salud reproductiva.
1.1.5. Adultos Mayores
La gente en edad de retiro mantiene vidas productivas y útiles para la sociedad. Deben impulsarse programas específicos que capitalicen y aprovechen sus conocimientos y experiencia; así como políticas públicas que les garanticen sus derechos. Por ello, proponemos:
·      Establecer programas orientados al aprovechamiento de sus conocimientos y experiencias en el desarrollo nacional.
·      Fortalecer los sistemas de salud y seguridad social, garantizando el acceso a servicios de calidad para la atención de todas las enfermedades.
·      Crear un sistema nacional de talleres-escuela, con la finalidad de crear empleos remunerados y dignos.
·      Abrir espacios de esparcimiento y de recreación para los adultos mayores y ampliar sus oportunidades educativas, culturales y recreativas.
1.1.6. Derechos Sexuales y Reproductivos
Es indispensable que se respeten los derechos y acciones vinculados con el desarrollo y la vida sexual de los ciudadanos. Por lo que impulsaremos políticas públicas relacionadas con:
 
·      Garantizar el pleno ejercicio de la vida sexual, incluyendo la libre elección de la pareja y la libertad de expresiones y manifestaciones públicas de afecto.
·      Fomentar el respeto a la intimidad y la vida privada.
·      Programas de educación sexual que fomenten y promuevan la toma de decisiones libre e informada.
·      Promover programas educativos y de concientización social para fomentar el respeto y tolerancia de las elecciones, preferencias y decisiones de todas las personas en materia de sexualidad y reproducción.
·      Garantizar servicios de salud sexual y reproductiva gratuita, oportuna, confidencial y de calidad.
·      Libertad de elección sobre la maternidad, garantizada por el Estado y oportunidad de recibir los servicios de salud adecuados.
1.1.7. Multiculturalidad y Pueblos Originarios
Es inaplazable la plena incorporación de los pueblos originarios a la vida social, política y económica del país. Por ello deben impulsarse políticas públicas que promuevan su desarrollo y bienestar, al tiempo que preserven su identidad, valores y riqueza cultural. Por lo que proponemos:
·      Políticas de desarrollo diseñadas a partir de las necesidades específicas y con participación de las comunidades indígenas y pueblos originarios.
·      Establecer programas que les permitan acceder a niveles dignos, en materia de alimentación, vestido, vivienda, educación e infraestructura básica.
·      Reconocer y respetar los derechos sociales, económicos y políticos de los pueblos originarios.
·      Fortalecer las instituciones que aseguren la conservación y desarrollo de su patrimonio cultural, lengua, tradiciones y otros valores.
·      Otorgar a los pueblos originarios seguridad jurídica en la tenencia de sus tierras, aguas y bosques. Garantizar la explotación sostenible de los recursos naturales en beneficio de las comunidades.
·      Garantizar su acceso a fuentes de financiamiento para impulsar la producción y comercialización de bienes y servicios ofrecidos por los pueblos originarios.
1.2. Políticas Sociales que Garantizan Derechos y Amplían Oportunidades.
Las políticas sociales deben trascender las visiones clásicas centradas en la transferencia de recursos, y poner énfasis en la importancia del desarrollo de las capacidades de las personas. Su efectividad debe medirse a partir de la generación de derechos y la ampliación de oportunidades.
Las políticas sociales deben reflejar el vínculo entre política y economía, y entre seguridad y oportunidades. Deben potenciar el desarrollo humano, enfocarse en la inclusión social y la cohesión comunitaria.
Resulta impostergable mejorar la cooperación y coordinación entre los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal), con la finalidad de eficientar los mecanismos de implementación de los programas sociales. Asimismo, es necesario elevar significativamente la cantidad y la calidad de los recursos públicos que se aplican al gasto social, y al mismo tiempo fomentar la participación directa de la comunidad, desde el diseño hasta la evaluación de su gasto. Sólo de esa manera pueden desterrarse los esquemas de atención paternalista y clientelar que inhiben la creatividad, permiten la subsistencia de cacicazgos y perpetúan el círculo de la corrupción.
Por ello, insistimos en la importancia del trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno, y entre éstos y la sociedad, las organizaciones sociales, las no gubernamentales y la iniciativa privada.
1.2.1. Acceso a la Salud y Seguridad Social Universal
El acceso universal a servicios de salud de calidad y un sistema amplio de seguridad social, son pilares fundamentales del bienestar y la seguridad de las personas. Por ello, proponemos:
 
·      Fortalecer la legislación en materia de seguridad social, para garantizar la ampliación de su cobertura hacia sectores excluidos.
·      Garantizar el derecho a la salud en todo el territorio nacional, a través de programas que operen principalmente en los niveles municipal y comunitario.
·      Impulsar un programa nacional para reducir la mortalidad materna y un Programa Nacional de Atención de la Infancia.
·      Impulsar un amplio programa de vacunación y de atención de enfermedades relacionadas con la pobreza.
·      Reestructurar y modernizar las instituciones y organismos que conforman el sistema nacional de salud, con la finalidad de garantizar la buena atención médica.
·      Incorporar un nuevo enfoque de atención de las adicciones en los programas de salud que garanticen su eficiencia.
1.2.2. Vivienda y Servicios Públicos de Calidad.
El derecho a la vivienda digna para las familias mexicanas debe ser una realidad. Ello significa que su hogar y su comunidad sean seguras, que puedan vivir y desarrollarse en paz y con decoro. Para que las viviendas puedan considerarse adecuadas debemos garantizar: a) la seguridad jurídica de la tenencia; b) la disponibilidad de los servicios materiales y la infraestructura; c) su habitabilidad y accesibilidad; y d) que los gastos derivados de ésta, sean soportables para las familias mexicanas. Para garantizar el goce del derecho a la vivienda digna, proponemos:
·      Ampliar la cobertura y alcances de los programas de vivienda, garantizando un mayor acceso y una mejor calidad en la construcción y los servicios ofrecidos.
·      Fortalecer al INFONAVIT, al FOVISSTE y al ISSFAM, para otorgar más créditos y en mejores condiciones.
·      Impulsar un programa de reordenamiento de los asentamientos irregulares, con la finalidad de proteger a las familias que habitan estas zonas y que constantemente están expuestas a desastres naturales.
·      En coordinación con las autoridades locales (municipales) y estatales poner en marcha programas para proveer de infraestructura básica a las comunidades más necesitadas (agua, saneamiento y electricidad, entre otros).
·      Promover programas de apoyo y financiamiento para mejoras a las viviendas. Ello incluye iniciativas, para que las personas se organicen y mejoren sus viviendas y su entorno.
·      Implementar programas de rescate de los espacios públicos con participación de las comunidades.
·      Normas más estrictas de construcción de las unidades habitacionales, con la finalidad de garantizar la calidad de las obras en cuanto a materiales de construcción, infraestructura, servicios adecuados y garantías en materia de salud. Imponer multas ejemplares a aquellas empresas que infrinjan las regulaciones.
·      Impulsar proyectos de transporte multimodal y limpios en las grandes ciudades, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas.
1.2.3. Educación
La educación promueve el desarrollo humano, ya que proporciona bases para actuar con autonomía e incrementar las oportunidades de las personas. La educación proporciona la información, la formación y el aprendizaje de habilidades para que las personas amplíen sus opciones de vida. Es uno de los instrumentos más importantes para reducir la transmisión generacional de la pobreza y la desigualdad. Garantizar el derecho a la educación de calidad es parte ineludible de nuestra visión de desarrollo, por lo que nos pronunciamos por:
 
·      Garantizar el acceso universal a la educación laica, pública, gratuita y de calidad, que permita a las personas acceder a las herramientas, contenidos y capacidades necesarias para desarrollarse, trabajar con dignidad y tomar decisiones fundamentales.
·      Recuperar el papel de la educación en la formación cívica de los ciudadanos, con un sentido nacional en el que se fomente el respeto por la diversidad cultural y las diferencias, tanto al interior de nuestro país como en el contexto de la globalización.
·      Educar para la democracia, a través de programas que formen en el pensamiento crítico y promuevan los valores democráticos y cívicos, que conduzcan a la formación de una cultura ciudadana en torno a temas como: igualdad de género, sustentabilidad, tolerancia, inclusión social, participación ciudadana y derechos humanos.
·      Impulsar el desarrollo de un modelo educativo integral que atienda simultáneamente la formación, la profesionalización y capacitación para el empleo.
·      Promover programas específicos que atiendan las necesidades de los profesores, que incluyan apoyos para su capacitación permanente y el compromiso con la garantía de salarios dignos y seguridad social.
·      Dedicar mayores recursos para mejorar la infraestructura destinada a los servicios educativos, poniendo especial atención a los de las comunidades menos favorecidas.
·      Apoyar el desarrollo de infraestructura necesaria para que los niños y niñas de las comunidades más alejadas, puedan transportarse a las escuelas (carreteras) y estudiar (electricidad y agua en sus viviendas y en los centros escolares).
·      Modernizar el sistema nacional de bibliotecas e impulsar el uso de nuevas tecnologías para la educación.
·      Apoyar las herramientas para la educación fuera del aula.
·      Establecer escuelas de artes y oficios.
·      Fortalecer los programas de vinculación entre las instituciones de educación superior y los sectores productivos.
1.2.4. Ciencia y Tecnología
Un adecuado programa de desarrollo de ciencia y tecnología, nos permitirá consolidar un proyecto de desarrollo nacional equitativo y democrático. Debemos promover que los resultados de la investigación científica y tecnológica, sean aplicados para mejorar la calidad de vida de las personas, en total armonía con el entorno y las demás especies vivientes. Por ello, proponemos:
·      Realizar una amplia convocatoria social para el diseño, seguimiento y evaluación de una política integral de ciencia, tecnología y sociedad del conocimiento y de la información que asegure la equidad, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo sostenible integral.
·      Incrementar los presupuestos públicos destinados a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, para alcanzar el promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) de 2.5 por ciento.
·      Otorgar becas y financiar proyectos que alienten trabajos de investigación científica, tecnológica y humanística.
·      Promover alianzas entre universidades, institutos tecnológicos y empresas, con la finalidad de fomentar proyectos de investigación y desarrollo científico-tecnológico.
1.2.5. Accesibilidad a las Nuevas Tecnologías: Derecho a las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
El siglo XXI ha traído vertiginosos avances en materia de desarrollo científico y tecnológico, entre ellos el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento. Sin embargo, estos avances se dan en un contexto de marginación de importantes sectores de la sociedad. De acuerdo con datos del INEGI, en México, únicamente el 30.7 por ciento de los hogares tienen acceso a internet y 35.8 por ciento cuenta con computadora.
 
El desarrollo de las sociedades está vinculado cada vez más al uso de nuevas tecnologías, por ello proponemos:
·      Una reforma legislativa que establezca el acceso universal a las telecomunicaciones como un derecho. Particularmente, el derecho al internet, que incluya la total conectividad en lugares públicos, así como el acceso, expansión y utilización de la banda ancha gratuita en todo el territorio nacional.
·      Reformas en materia de telecomunicaciones que pongan a México en condiciones de competitividad global, reduciendo las tarifas e incrementando la velocidad de conexión a los estándares de los países miembros de la OCDE.
·      Ampliar la cobertura de infraestructura a comunidades apartadas y la capacitación requerida para su utilización.
·      Incluir las experiencias comunitarias en el uso de internet.
·      Implementar el uso de la tecnología y los medios digitales para el desarrollo del país.
·      Impulsar el uso de medios digitales en la administración pública.
1.2.6. La cultura
Es necesario apoyar la promoción de una política nacional que garantice el desarrollo, creación, rescate, conservación y acceso a la cultura como un derecho, que fortalezca la ciudadanía, el orgullo por el vasto legado cultural de México. Para lo cual proponemos:
·      Fortalecer la identidad nacional con base en el conocimiento de nuestra historia, legado cultural y civismo.
·      Invertir en proyectos y manifestaciones artísticas y culturales como articuladores del entramado social.
·      Apoyar permanentemente a los artistas, intelectuales y a quienes participan en el rescate, conservación y creación de la cultura nacional, que refleje la diversidad cultural de México y nos proyecte con la gran riqueza y complejidad hacia el interior y el exterior del país.
·      Otorgar estímulos a la creación artística (apoyos especiales y becas).
·      Promover la formación y el desarrollo del talento artístico y cultural de los mexicanos.
·      Impulsar la instalación de Casas de Cultura y de Educación Artística en todos los municipios del país, dotados con infraestructura y presupuesto suficiente para el apoyo a individuos y grupos de la comunidad.
·      Desarrollar un amplio programa de difusión de la extensa oferta cultural material e inmaterial de México, que afiance nuestra identidad nacional y proyecte a México como centro cultural y turístico mundial.
·      Preservar la memoria artística y cultural tangible e intangible de las comunidades a través de distintos medios como: museos comunitarios, textos, filmación de documentales, entre otros.
·      Conservar y acrecentar nuestro patrimonio cultural y artístico.
1.2.7. El Deporte y la Recreación
La realización y práctica de actividades deportivas apoya la salud de los individuos y promueve la recreación, el esparcimiento y la convivencia social. Por ello, proponemos:
·      Promover la práctica masiva del deporte, a través de programas que fomenten la participación de todos, como torneos, eventos especiales, jornadas comunitarias, etcétera.
·      Establecer un Sistema Nacional del Deporte y Recreación con base en una estructura orgánica que opere en los niveles nacional, regional y local.
·      Promover un Fondo Nacional destinado a financiar los programas y acciones en la materia.
 
·      Fortalecer la infraestructura deportiva: construir nuevos inmuebles, adaptar, mejorar o reutilizar áreas para destinarlas a fines de recreación y deporte con la participación de la comunidad.
·      Mejorar los planes y programas de estudio de las escuelas de educación física, deporte y recreación, y capacitar de manera permanente a los mentores y entrenadores deportivos.
·      Promover el deporte infantil, juvenil y para personas con discapacidad, en diferentes edades.
1.3. Derechos Humanos
La garantía y respeto a los derechos humanos es un principio fundamental de la democracia. Sin embargo, en México las violaciones a los derechos humanos continúan siendo una constante, alimentados por la corrupción y la impunidad. En consecuencia, consideramos necesario:
·      Impulsar un amplio programa de educación en materia de derechos humanos.
·      Dotar de obligatoriedad las resoluciones de los órganos encargados de la defensa de los Derechos Humanos.
·      Garantizar el respeto de los derechos humanos por parte de todas las instancias, dependencias y autoridades en los diferentes niveles de gobierno.
·      Fortalecer y transparentar la selección del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
·      Garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño a las personas que han sido víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos.
·      Impulsar un Programa Especial de Atención a las Víctimas y Familiares de los Desaparecidos, que preste atención integral y no condicione los apoyos brindados.
2. Un modelo económico incluyente para el desarrollo humano
El modelo económico neoliberal, que confió el bienestar de las personas a sus capacidades individuales y al funcionamiento del mercado, está siendo cuestionado en México y alrededor del mundo. Las graves crisis económico-financieras globales, son muestra clara de que el bienestar social no se ha globalizado. Lejos de esparcirse, la riqueza se ha concentrado, ampliando las brechas de la inequidad. Es momento de repensar la relación entre el Mercado y el Estado a favor de un nuevo equilibrio.
En Movimiento Ciudadano promovemos impulsar una nueva política económica, en el que las libertares y ventajas del mercado estén garantizadas por reglas claras de competencia económica y garantías para las inversiones. Al mismo tiempo, proponemos un Estado regulador que impulse políticas orientadas a garantizar la equidad, el bienestar y la justicia. En suma, se trata de un modelo económico incluyente que promueva el desarrollo humano. Una nueva política económica que tenga como propósito fundamental, mejorar las condiciones de vida de las familias mexicanas.
2.1. Desarrollo Económico con Equidad
Es momento de reconciliar los objetivos de estabilidad macroeconómica con los objetivos de desarrollo. Por ello, consideramos necesario redefinir el modelo económico para promover un mayor desarrollo en condiciones de equidad y movilidad social. Se garantiza la libertad del mercado y se defiende la equidad social.
La viabilidad del modelo económico que proponemos depende de la creación de un marco institucional de planeación y control social ciudadano que imprima transparencia, racionalidad y legalidad al ingreso, al gasto y a la inversión públicos, y que elimine la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en el manejo de las finanzas públicas.
2.2. El Papel del Estado: Hacia un Estado Social
El modelo económico seguido en los últimos años ha demostrado su incapacidad para impulsar el crecimiento económico sostenido, crear empleos y erradicar la pobreza y la desigualdad.
 
Proponemos un modelo de Estado social que establezca los medios y las instituciones democráticas que permitan dar agilidad, eficacia y orientación a la economía nacional. Se requiere de un nuevo modelo económico participativo mediante el cual el Estado promueva, estimule y oriente -con el concurso de todos los sectores productivos- el desarrollo en beneficio de la sociedad; sin que esto signifique caer en soluciones populistas o esquemas que favorezcan la intervención estatal indiscriminada en la regulación de la economía. Por ello, proponemos:
·      Un Estado que impulse el crecimiento económico incluyente, con políticas fiscales y de gasto, que sirvan como palancas para la actividad productiva en aras de un desarrollo económico sustentable y una sociedad incluyente y equitativa.
·      Un Estado que promueva la competitividad económica para consolidar el mercado interno, con reglas claras y antimonopólicas.
·      Establecer un Consejo Económico y Social de Estado, como un mecanismo de empoderamiento de la voluntad ciudadana e instrumento para la gobernabilidad democrática.
·      Mantener finanzas públicas sanas como prioridad de la política económica gubernamental, para no generar desequilibrios que puedan comprometer los recursos indispensables para el desarrollo. La estabilidad de las finanzas públicas debe estar basada en la fortaleza del mercado interno, la diversificación de los ingresos y en el manejo honesto y racional de los egresos.
·      Impulsar las reformas legislativas para regular la banca y los organismos financieros, con el fin de evitar malos manejos en su operación y administración.
·      Transformar al sistema financiero en verdadero agente del desarrollo. Fortalecer el marco normativo para evitar las altas tasas de interés, comisiones, recargos, gastos por cobranza y otros cargos, que sólo dañan la economía y el patrimonio de los mexicanos.
·      Imponer medidas de fiscalización y control del Poder Legislativo sobre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Competencia, y todos los organismos similares que tengan que ver con la regulación, fiscalización y manejo de las políticas monetaria, financiera y crediticia del país.
·      Controlar y regular las prácticas riesgosas, la corrupción, los malos manejos, y la especulación de los agentes financieros.
·      Medidas legislativas que permitan la adecuada administración de los flujos financieros de corto plazo, a fin de evitar la vulnerabilidad de la economía y la especulación, que unos cuantos agentes financieros puedan ejercer sobre nuestros mercados de dinero y de capitales.
·      Garantizar los derechos sociales sobre los derechos corporativos y de la banca. Evitar que los costos derivados de quebrantos sean transferidos a la sociedad en su conjunto.
·      Detonar las fuerzas productivas del país en beneficio de toda la nación, y estimular la creación de empleos con salarios justos.
·      Impulsar una mejor distribución del ingreso para alcanzar mayores niveles de equidad.
·      Incorporar como un eje transversal la perspectiva de género en la economía.
·      Fortalecer los esquemas de economía social, en especial las cooperativas de producción, servicios, ahorro y consumo.
·      Alentar nuevas formas organizativas socioeconómicas autónomas y vigilar que no se constituyan en instrumento para la explotación de los pequeños productores, comerciantes y ahorradores.
·      Crear un programa integral de apoyo a las actividades artesanales, semi-industriales y de servicios, en los ámbitos de la microempresa y de la innovación, que permita mejorar los diseños, la calidad productiva y la comercialización de bienes y servicios.
 
2.3. Desarrollo Regional
·      Promover el desarrollo del país a partir de sus regiones naturales, identificadas con criterios que consideren sus afinidades económicas, políticas, sociales y culturales.
·      Impulsar una Ley para el Desarrollo Regional que defina la distribución de competencias y responsabilidades administrativas y de gasto; garantice la sustentabilidad en el uso de los recursos y la inclusión de los pueblos originarios en los planes nacional y estatales de desarrollo.
·      Establecer lineamientos legales que garanticen que el gasto público sea asignado con criterios regionales y de competitividad, de forma tal, que las acciones de gobierno contribuyan al impulso de polos de desarrollo económico.
·      Generar condiciones para el avance en los procesos de modernización y simplificación administrativa en estados y municipios, para atraer inversiones productivas.
2.4. La Competencia Económica y el Fin de los Monopolios
Los monopolios y las empresas dominantes dañan gravemente las capacidades económicas del país. La economía nacional no puede supeditarse ni ser rehén de las imposiciones de mercado, laborales, salariales, de precios y calidad de bienes y servicios, que impongan los grandes corporativos nacionales y/o transnacionales. Al respecto, planteamos:
·     Revisar y adecuar el marco normativo para terminar con los monopolios
·     Generar condiciones equitativas de competencia.
·     Fortalecer las instancias administrativas y reguladoras.
·     Transparentar los procedimientos para otorgar licencias y concesiones de bienes públicos.
2.5. Justicia Laboral: Empleos y Salarios Dignos
El Estado debe garantizar el derecho al trabajo remunerado con un salario digno y justo, que le permita al trabajador satisfacer sus necesidades básicas y aspirar a mayores niveles de bienestar familiar y realización personal. Los trabajadores deben gozar de sus prestaciones económicas y sociales, sin distinción alguna.
Además de vigilar que sus prestaciones económicas y sociales se cumplan cabalmente, sin distinción alguna. Por ello, proponemos:
·      Promover el desarrollo de la industria, los servicios y las pequeñas y medianas empresas con la finalidad de incentivar la creación de empleos formales y estables, con salarios dignos y una perspectiva de género e intergeneracional.
·      Que el salario mínimo se adecué para que los trabajadores puedan realmente cubrir con éste todas sus necesidades, incluyendo el derecho a la recreación.
·      Políticas y acciones que promuevan el incremento de la competitividad y la productividad.
·      Asegurar igualdad salarial entre mujeres y hombres por trabajos iguales.
·      Garantizar las prestaciones sociales y los derechos de todos los trabajadores.
·      Promover y respetar la autonomía de las agrupaciones sindicales, eliminando prácticas corporativas y clientelares.
·      Establecer un programa para que los trabajadores conozcan sus derechos y la forma de defenderlos ante las instancias y autoridades competentes.
·      Impulsar las reformas jurídicas para el funcionamiento eficaz de los órganos e instancias destinadas a la administración de justicia laboral. Fortalecer las juntas de conciliación y arbitraje.
·      Elevar la calidad de los programas e instituciones de formación y capacitación laboral.
·      Apoyar la integración de los trabajadores no asalariados a la economía formal, otorgándoles todos los derechos y responsabilidades que marcan las leyes.
 
·      Promover el auto-empleo y los microcréditos al empleo productivo.
·      Hacer efectiva la operación del Seguro de Desempleo, garantizar que ésta sea transparente y eficiente. Dar seguimiento y evaluación a su funcionamiento para hacer las adecuaciones necesarias para su mejora.
·      Ofrecer condiciones de reinserción al mercado laboral para todos los desempleados.
2.6. Un Desarrollo Industrial Incluyente y Sustentable
Es necesario establecer políticas sectoriales que permitan garantizar la productividad y competitividad de nuestra economía, a través de la participación eficiente de los agentes económicos públicos y privados, en los mercados nacionales e internacionales. Todo ello sin poner en riesgo al medio ambiente y garantizando el desarrollo de las futuras generaciones. Por ello, proponemos:
·      Impulsar una política industrial y de desarrollo que garantice el crecimiento de los sectores productivos nacionales, considerando los esquemas de cuidado del medio ambiente.
·      Reactivar y modernizar la planta productiva nacional, fortalecer las cadenas productivas y el mercado interno.
·      Estimular el desarrollo industrial en las diferentes regiones del país.
·      Poner en marcha programas de estímulos, costos de financiamiento diferenciados y ayuda para la construcción de la infraestructura requerida.
·      Replantear la estrategia de inserción del país en los mercados internacionales, a fin de racionalizar y hacer eficiente la apertura hacia el exterior.
·      Impulsar los vínculos de cooperación que favorezcan el intercambio y desarrollo de nuevas tecnologías que mejoren la producción industrial y resulten amigables con el medio ambiente.
·      Relanzar la inversión pública como instrumento básico para el crecimiento nacional.
·      Impulsar una nueva cultura industrial basada en la productividad, la innovación, la capacitación, así como la corresponsabilidad y el reconocimiento de los derechos de todos.
·      Impulsar un programa integral para el fomento y desarrollo de la pequeña y mediana industria, que contemple: esquemas de financiamiento (banca de desarrollo y apoyos especiales), desarrollo tecnológico, simplificación administrativa, capacitación, y asesoría para la exportación.
·      Generar un marco normativo para promover incentivos fiscales y estímulos, para las empresas que contraten a jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad.
2.7.  El impulso al Campo: Desarrollo Integral de las Comunidades y Seguridad Alimentaria
El campo y las comunidades que habitan en él, han sufrido de un abandono sistemático desde hace más de tres décadas. Con ello, se han perdido las condiciones de desarrollo del sector y se han profundizado las inequidades dentro del mismo. Conviven en México grandes empresas dedicadas a la producción de alimentos básicos, con pequeños campesinos y dueños de granjas que viven de la economía de subsistencia y del auto-abasto.
La reactivación del medio rural (productividad agropecuaria y forestal) debe ser un tema prioritario por razones de soberanía y seguridad alimentaria, de freno a la migración, de combate a los cultivos ilegales, de reconocimiento al trabajo de la mujer, de reivindicación de los grupos vulnerables y los pueblos originarios, de generación de empleo y aprovechar nuestras ventajas comparativas para lograr la colocación de los excedentes de producción en el mercado internacional.
Es necesario que el campo mexicano se constituya en un sólido puntal del desarrollo nacional y en el elemento fundamental de nuestra soberanía y seguridad alimentarias. Por ello, trabajaremos a favor de:
·      Programas de asistencia técnica calificada y capacitación adecuada para modernizar las actividades del campo mexicano.
 
·      Apoyar los créditos y financiamientos para el campo que aseguren los recursos necesarios para el desarrollo rural integral.
·      Un amplio programa de reconversión de cultivos para que los campesinos siembren productos legales, y vivan dignamente de sus actividades agrícolas y ganaderas.
·      Vigilar y transparentar los programas de apoyo y subsidio para evitar prácticas de corrupción y clientelismo.
·      Promover acciones que permitan a las organizaciones campesinas liberarse del control vertical y corporativo que impide su participación directa en la toma de decisiones inherentes al sector rural y productivo del país.
·      Instituir una política de precios agrícolas justos y un régimen de subsidios directos.
·      Poner en marcha un sistema nacional de comercialización y abasto, que elimine el intermediarismo excesivo.
·      Evitar y combatir el ejercicio de prácticas desleales de comercio y las prácticas injustas, para la comercialización de productos y servicios mexicanos en el exterior.
·      Fomentar la industrialización y la comercialización de los productos del campo de manera eficiente y competitiva.
·      Establecer una verdadera agroindustria que contribuya al desarrollo de las comunidades rurales.
·      Estimular la investigación y el desarrollo en materia agropecuaria, forestal y pesquera, en aras de lograr la formación de mejores recursos humanos.
·      Alentar otros esquemas económicos, como las cooperativas.
·      Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, aguas y bosques, para preservar el patrimonio de las comunidades rurales.
·      Garantizar que todos los mexicanos gocen de su derecho a la alimentación a través de una política nacional de planeación en materia de alimentos, que deberá plasmarse en un Programa Nacional para la Seguridad Alimentaria.
·      Incluir anualmente en el Presupuesto de Egresos, los recursos necesarios para la ejecución y cumplimiento de las metas y objetivos del Programa Nacional para la Seguridad Alimentaria y de los Programas de los estados y municipios en la materia.
·      Realizar y mantener actualizado el diagnóstico y el pronóstico de los problemas relativos a la seguridad alimentaria, así como sus indicadores.
·      Realizar anualmente la evaluación de impacto del Programa Nacional para la Seguridad Alimentaria.
·      Impulsar programas que garanticen el abasto nacional de productos alimenticios básicos. Crear y regular un sistema de reservas estratégicas agroalimentarias.
·      Establecer políticas de contingencia cuando se encuentre en riesgo el abasto nacional de alimentos.
·      Regular y controlar el uso de organismos genéticamente modificados, priorizando la salud de la población.
2.8. Reforma Fiscal para el Desarrollo
En Movimiento Ciudadano consideramos necesaria una reforma fiscal que propicie el desarrollo económico y permita cumplir con los objetivos de incrementar la inversión pública y el gasto social, sin necesidad de desequilibrios fiscales que frenen el crecimiento y aumenten la desigualdad en la distribución del ingreso. Por ello, proponemos:
·      Diseñar un sistema fiscal promotor del desarrollo económico, que estimule la inversión, el ahorro interno y distribuya la riqueza de forma equitativa, convirtiéndose en un verdadero instrumento del desarrollo nacional.
 
·      Establecer un sistema tributario eficiente, progresivo y de mayor base de recaudación fiscal.
·      Incorporar al régimen fiscal a los sectores informales de la economía.
·      Eliminar las exenciones fiscales y los regímenes especiales.
·      Disminuir la dependencia de los ingresos públicos provenientes de los hidrocarburos.
·      Establecer "impuestos verdes" que promuevan la conservación del medio ambiente.
·      Manejo honesto y racional del gasto público.
2.9. Derechos e Información para el Consumidor
Los ciudadanos tienen derecho a la libertad de elección en todo momento, y a que se les proporcione la información adecuada sobre todas las opciones de consumo, para que puedan elegir lo que más les convenga para satisfacer sus necesidades y preferencias. Por ello, proponemos:
·      Establecer políticas y mecanismos efectivos que garanticen la protección de los derechos de los usuarios de bienes y servicios.
·      Promover la difusión de información clara y verídica sobre los bienes y servicios.
·      Combatir el establecimiento de precios abusivos impuestos por los monopolios.
·      Promover una educación para el consumo.
·      Impulsar la defensa contra toda forma de distorsión de los mercados, calidad y eficiencia de los servicios públicos y privados.
3. Desarrollo sustentable
En Movimiento Ciudadano, estamos comprometidos con el bienestar de los ciudadanos y la preservación del medio ambiente, por ello nos manifestamos a favor de un modelo de desarrollo integral, incluyente y sostenible, basado en el respeto a la naturaleza, a la dignidad de las personas y de las comunidades.
En este sentido, proponemos impulsar políticas públicas integrales y transversales, que incluyan los tres pilares del desarrollo sustentable: el crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente; acompañados de un amplio enfoque sobre los derechos humanos y la justicia intergeneracional. Reconocemos que la protección del medio ambiente y la promoción del desarrollo, es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad.
3.1.  Justicia Intergeneracional
El Principio de Justicia Intergeneracional reafirma la equidad e igualdad de derechos entre generaciones âniños y niñas, jóvenes y adultosâ, así como entre las generaciones presentes y futuras, para que gocen plenamente del derecho de vivir con dignidad. Este principio se traduce también en el compromiso para que las generaciones posteriores disfruten de una vida mejor en una sociedad más justa. En este sentido, nuestra propuesta se centra en:
·      Incorporar el Principio de Justicia Intergeneracional a las políticas ambientales.
·      Prohibición del fracking y de la sobreexplotación de los recursos naturales.
·      Impulsar la economía verde a través de estímulos para el desarrollo de empresas limpias y sustentables, que contribuyan al desarrollo económico y social del país.
·      Establecer criterios de explotación de los recursos naturales a partir de indicadores de sustentabilidad.
3.2.  Principio Precautorio
La política ambiental de México debe dejar de ser reactiva y establecer una perspectiva de largo plazo, a partir de los principios de justicia intergeneracional y equidad de género. En ese sentido, se debe privilegiar la prevención de los riesgos y de los desastres, a partir de hacer efectivo el Principio Precautorio. Ello significa adoptar un enfoque que permita evitar el desarrollo de cualquier actividad que pueda ocasionar potenciales daños al ambiente. En este sentido, nos pronunciamos por:
 
·      Establecer el principio precautorio como principio para toda explotación de los recursos naturales o cualquier tipo de proyecto productivo, recreativo o turístico.
·      Impulsar una reglamentación clara y transversal en los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal), que permita adoptar medidas de protección ambiental aun cuando no exista certeza científica sobre los daños graves e irreversibles que podrían causar el uso de ciertos productos o tecnologías.
·      Promover la corresponsabilidad entre un ambiente equilibrado y la salud de las personas.
3.3.  La Explotación Racional de los Recursos Naturales
La ausencia de una cultura ecológica y la idea equivocada de que la capacidad de recuperación del medio ambiente era ilimitada, generaron explotación irracional de recursos, desgaste de los ecosistemas y desequilibrios ambientales. Por ello, proponemos:
·      Establecer límites y alcances en la explotación y aprovechamiento racional de los recursos naturales, a partir de criterios de sustentabilidad.
·      Desarrollar un banco de indicadores de sustentabilidad.
·      Incorporar las modificaciones necesarias al marco jurídico, para impulsar la participación de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad en general, en las labores de preservación del medio ambiente.
·      Impulsar una nueva reglamentación para las empresas vinculadas a la explotación de los recursos naturales. En particular, se pondrá énfasis en un nuevo modelo de explotación de los recursos minerales que incluya: explotación racional, mecanismos de seguimiento y control de sus actividades, límites de contaminación, gestión de residuos y condiciones laborales de los trabajadores.
·      Reglamentar y dar estricto seguimiento a las actividades de las empresas que inviertan en los nuevos desarrollos de la industria energética, vinculados al gas y petróleo de lutitas (shale). Nos pronunciamos por la aplicación del principio precautorio en el caso del uso de la fracturación hidráulica.
3.4. Legislación en Materia Ambiental
La falta de educación, cultura y consciencia sobre el respeto al medio ambiente y la explotación racional de recursos, hace que sea necesario fortalecer la legislación en materia ambiental. Con la finalidad de:
·      Establecer una nueva política ambiental de carácter integral, con sanciones severas para quien infrinja las normas. y con participación de la ciudadanía.
·      Dotar a los gobiernos estatales y municipales de mayores facultades, para la preservación de los recursos naturales y del entorno ecológico bajo su responsabilidad.
·      Impulsar el modelo de economía verde, promoviendo nuevas empresas limpias y no contaminantes, basadas en la explotación racional de los recursos.
·      Establecer impuestos ecológicos.
·      Imponer sanciones más severas para las personas o empresas que infrinjan las disposiciones legales en la materia y que éstas sean aplicables en todos los niveles.
·      Favorecer esquemas financieros de apoyo a los centros de investigación e instituciones educativas, para realizar estudios específicos sobre medio ambiente y biodiversidad.
·      Hacer efectivos los compromisos internacionales contraídos por México en la materia.
 
3.5. Derecho al Agua
El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, que debe ser garantizado para el desarrollo y bienestar de la población. Por ello, proponemos:
·      Asegurar el abasto de agua potable a toda la población del país.
·      Concientizar a la población sobre el aprovechamiento y uso racional de los recursos hídricos.
·      Establecer un programa que favorezca la recarga de los mantos freáticos.
·      Construir, mantener y rehabilitar las obras de infraestructura hidráulica.
·      Promover y aplicar leyes que sancionen el uso irracional, manejo inadecuado y la contaminación de los mantos acuíferos subterráneos, ríos, lagos y mares.
·      Ampliar las facultades jurídicas y políticas a los ayuntamientos, para que administren los sistemas de agua de su territorio.
3.6. Las Comunidades y el Medio Ambiente
·      Fomentar proyectos de desarrollo sustentables en zonas marginadas, donde las prácticas de explotación irracional ponen en riesgo los ecosistemas. Impulsar políticas integrales de combate a la exclusión social.
·      Integrar a las comunidades en los planes y proyectos de desarrollo que se lleven a cabo en sus localidades, respetando siempre sus derechos, formas de vida, usos y costumbres.
·      Los proyectos de desarrollos turísticos y de inversión (públicos o privados), deben contar con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.
·      Brindar seguridad jurídica a las comunidades en la tenencia de sus tierras, aguas y bosques.
·      Crear empleos para los miembros de la comunidad en la que se establezcan los proyectos, con salarios justos, dignos y criterios de equidad de género.
·      Instrumentar políticas que fomenten el desarrollo de las comunidades dedicadas a las actividades de producción primaria como la pesca, minería, ganadería y explotación forestal.
·      Promover y fortalecer los métodos sustentables de producción.
·      Promover y regular la comercialización de sus productos para evitar abusos.
3.7. Responsabilidad Empresarial en la Explotación de los Recursos Naturales
En los últimos años México ha sufrido desastres naturales y humanos relacionados con las malas prácticas de las empresas. El principio de "quien contamina, paga" no es suficiente, si sencillamente monetarizamos al medio ambiente y los efectos que estos desastres tienen en el bienestar de la población. Nuestra propuesta se centra en:
·      Una nueva regulación ambiental para las empresas con actividades relacionadas con la explotación de los recursos, el manejo de residuos peligrosos o compuestos químicos que pongan en peligro a la población.
·      Establecer mecanismos que permitan dar seguimiento y evaluación a la forma en que las empresas cumplen con sus obligaciones ambientales. Lo que incluye nuevas capacidades de verificación.
·      Incluir multas ejemplares a aquellas empresas que incumplan con sus compromisos medioambientales y/o causen afectaciones al medio ambiente.
·      Nueva regulación para la explotación de los recursos mineros, que incluya la racionalidad en la explotación de los mismos, la sustentabilidad, condiciones adecuadas de trabajo y el desarrollo de las comunidades.
 
3.8. Cambio climático
El cambio climático es una realidad. La alteración del clima a nivel global ha traído consigo desastres naturales de gran calado que afectan directamente a las personas. Las proyecciones indican que nuestro país será uno de los más afectados por el cambio climático, con el agravamiento de las sequías, la pérdida de la biodiversidad, reducción de espacios para las actividades agrícolas, olas de calor y escasez de agua para consumo doméstico, entre otros fenómenos. Partiendo del principio de responsabilidades comunes en materia internacional para hacer frente al cambio climático y considerando que éste es una amenaza para la seguridad humana y nacional, proponemos:
·      Elevar al cambio climático como una amenaza para la seguridad nacional, con la finalidad de: a) desarrollar políticas integrales de prevención, adaptación y mitigación del cambio climático, desde la perspectiva de la protección de las personas; b) establecer un programa integral de gestión de desastres ocasionados por el cambio climático y; c) establecer un fondo especial para la adaptación frente al cambio climático.
·      Reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
·      Promover más proyectos en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto.
·      Impulsar la creación de industrias verdes.
·      Promover una gradual transición energética con la finalidad de reducir la predominancia que las energías fósiles tienen en la matriz energética del país.
·      Promover la generación de energías limpias y renovables.
·      Desarrollar un transporte público eficiente, sustentable y accesible.
·      Promover la reforestación y recuperación de áreas verdes.
·      Supervisar el adecuado y responsable manejo de los presupuestos para atender emergencias climáticas.
·      Invertir en desarrollo técnico y tecnológico que favorezca la sostenibilidad de los modos de producción energética, y garantice la seguridad energética de nuestro país.
3.9. Desarrollos Turísticos Amigables con el Entorno
El Turismo se ha convertido en una de las actividades económicas más importantes del país. Sin embargo, su crecimiento no sostenible puede causar también un efecto negativo en materia ecológica y social, por lo que proponemos:
·      Una visión integral, sustentable y de largo alcance del turismo, con lineamientos adaptables a las diferentes realidades locales.
·      Promover el turismo sustentable con bajo impacto ambiental y comprometido con el desarrollo de las comunidades locales.
·      Establecer nuevas reglamentaciones para los desarrollos turísticos, en aras de garantizar que sean amigables con el entorno y sustentables.
3.10. Protección y Bienestar Animal
Consideramos que el respeto por los seres vivos y la promoción de una cultura de la no violencia, son prioritarios para el desarrollo armónico de la sociedad, por ello, nos comprometemos a:
·      Fortalecer y sensibilizar a las autoridades y la población de la importancia del respeto y cuidado de los animales.
·      Establecer sanciones jurídicas contra el abuso, tortura, tráfico, explotación y muerte cruel de los animales.
·      Fortalecer la reglamentación del uso de los animales para fines recreativos o de compañía, atendiendo criterios de salubridad, alimentación, cuidados médicos y comodidad.
 
·      Promover sanciones para el manejo, uso y trato inhumano de animales en laboratorios o centros de investigación farmacéutica y de productos cosméticos.
·      Garantizar la sanidad y trato digno en el manejo de especies con fines alimenticios.
·      Promover marcos de protección integral en aquellos ecosistemas en los que habite flora y fauna en peligro de extinción.
·      Combatir el tráfico ilícito de especies animales y vegetales.
3.11. Protección civil y prevención de desastres
Ante el gran deterioro del medio ambiente, se ha incrementado la cantidad e intensidad de desastres naturales, que atentan contra la seguridad de las personas. Al mismo tiempo, hay una relación estrecha entre exclusión y vulnerabilidad, por lo que es necesario:
·      Planear e implementar los programas de protección civil y prevención de desastres, con participación y corresponsabilidad de los gobiernos municipal, estatal y federal; así como con la participación de la sociedad.
·      Actualizar el Atlas Nacional de Riesgos y elaborar los correspondientes atlas locales y estatales por ley.
·      Desarrollar programas de gestión de desastres y de proyección de las personas en los ámbitos municipal, estatal y federal, que contemplen acciones en materia de apoyo, auxilio y recuperación de la comunidad.
·      Establecer la estructura social que funcione a nivel de comunidad, propicie la suma de los esfuerzos de los ciudadanos y funcione como enlace confiable con las instituciones encargadas de la materia.
·      Diseñar e implementar programas que fortalezcan el desarrollo de una cultura de protección civil.
·      Diseñar e implementar un programa de reordenamiento de los asentamientos humanos en lugares de alto riesgo.
·      Incluir en los programas de protección civil, un capítulo relativo a la prevención y control de incendios forestales, principalmente en las comunidades con más riesgo.
4. Democracia ciudadana: la verdadera ciudadanización de la política
El ejercicio de la política debe servir a las más altas aspiraciones del ser humano, que se organiza en sociedad. La participación ciudadana supone que mujeres y hombres, tengan la posibilidad de influir en el quehacer político, en el proceso de toma de decisiones, en el diseño de proyectos y programas, así como en la gestión de los recursos, incluida la posibilidad de presentarse como candidatos y ser electos.
Nuestro compromiso es fortalecer la participación ciudadana en las decisiones de los diferentes niveles de gobierno; y consolidar una sociedad participativa que haga de la democracia el eje fundamental en la organización de la vida política y sus instituciones con miras a alcanzar una sociedad de bienestar y justicia.
4.1. Cultura Política Democrática
En Movimiento Ciudadano, estamos convencidos de que solo a través de la cultura democrática se podrá revertir la opresión cultural del corporativismo, el clientelismo y el caudillismo, para así terminar con las prácticas de afiliación partidista gremial de trabajadores y campesinos, para establecer aquéllas que potencien la participación ciudadana consciente y reflexiva. Por ello, proponemos:
·      Una cultura política ciudadana, que fortalezca la democracia en todos los órdenes de la vida nacional, elimine la intolerancia, el dogmatismo y el desinterés.
·      Impulsar una cultura política ciudadana responsable, demandante y participativa, respetuosa de las diferencias, la diversidad y la pluralidad.
·      Eliminar las barreras y límites que las burocracias le han impuesto al poder ciudadano.
 
·      Abrir canales de participación en todos los niveles de la sociedad: en las pequeñas comunidades y en los grandes centros urbanos; en las pequeñas y en las grandes organizaciones sociales.
·      Construir una sociedad civil abierta, poderosa y bien informada, que discuta libremente las causas y consecuencias de la problemática social y que participe en la formulación e instrumentación de las políticas públicas.
·      Terminar con el poder ilimitado de la política tradicional y los poderes fácticos.
4.2. El Poder de los Ciudadanos Libres: Privilegiar la Participación Ciudadana
El poder político debe ejercerse con apego a las más altas aspiraciones democráticas, por la vía pacífica, el diálogo, y la construcción de acuerdos, que sirvan a las genuinas aspiraciones de la sociedad mexicana.
En Movimiento Ciudadano, estamos convencidos de que la sociedad debe participar en las grandes decisiones políticas, a través de instrumentos y mecanismos que le permitan concurrir de manera responsable en las instancias y entidades encargadas de la vigilancia, evaluación y control de la función pública. Por lo que es necesario:
·      Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de participación política y asociación.
·      Empoderar a los ciudadanos privilegiando su acción política.
·      Ciudadanizar la política abriendo espacios de participación y representación para los ciudadanos.
·      Impulsar el acceso de ciudadanos comprometidos con su comunidad a espacios de poder.
·      Establecer mecanismos de consulta permanente a la sociedad civil.
·      Fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil. A través de Iniciativas de ley que les otorguen un estatuto específico que: garantice la regularidad jurídica de su estructura, los alcances de sus competencias y la ampliación de sus derechos. Promover el respeto, seguridad y garantías a estas organizaciones.
Para el logro de los propósitos anteriores Movimiento Ciudadano propondrá una reforma constitucional para que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se integre por 300 diputados elegidos conforme al principio de mayoría relativa y 200 diputados electos por las circunscripciones plurinominales mediante el sistema de insaculación, cuidando se respete rigurosamente la paridad de género.
Para la elección de estos 200 diputados el Instituto Nacional Electoral abrirá durante el período electoral correspondiente un Registro de Candidaturas Ciudadanas en el que se podrán inscribir líderes sociales que acrediten ser propuestos por un número significativo pero asequible de ciudadanos. También podrán inscribirse quienes se hayan distinguido de manera especial en el ámbito social, académico, científico, cultural, artístico, periodístico, deportivo, de altruismo, así como personas que hayan recibido preseas por diversos méritos, trabajadores y productores del campo y la ciudad, miembros de clubes de servicio, empresarios, profesionistas, investigadores y estudiantes especialmente destacados.
En este Registro de Candidaturas Ciudadanas no podrán inscribirse simultáneamente quienes estén siendo postulados por algún partido político.
Esta propuesta representa el más profundo avance para el empoderamiento directo de la ciudadanía que se haya emprendido en México.
4.3. Candidaturas Independientes
·      Modificar el régimen actual de las candidaturas independientes, con la finalidad de establecer condiciones equitativas que permitan a los ciudadanos, acceder a la vida política de nuestro país a través de dicha figura, de manera fácil.
 
4.4.  Nuevos Canales de Participación.
La participación ciudadana bien informada es capaz de influir sobre el sistema de toma de decisiones, para que se adopten aquellas que generan genuino bienestar colectivo. Por ello, proponemos:
·      Elevar a rango constitucional el plebiscito, el referéndum, la iniciativa de inconstitucionalidad ciudadana, la audiencia pública, el cabildo a sesión abierta, presupuestos públicos participativos y la revocación de mandato.
·      Impulsar una Ley Federal de Participación Ciudadana que contemple las figuras de la democracia participativa.
·      Impulsar la participación de la comunidad para que los planes y programas de gobierno se ajusten a las demandas, expectativas y necesidades reales de la población.
·      Institucionalizar los mecanismos de participación ciudadana en la discusión, diseño, ejecución y evaluación de los planes, presupuestos públicos y programas de gobierno.
·      Formular planes, programas y presupuestos de gobierno con criterios de justicia intergeneracional e igualdad de género.
·      Promover reformas, en todos los niveles, para que los ciudadanos reciban la información oportuna sobre la gestión de gobierno, el ejercicio del presupuesto y la obra pública.
4.5. Mecanismos de Control Ciudadano del Poder
En un régimen democrático se requiere de mecanismos de control ciudadano, que permitan vigilar la acción gubernamental y realizar una investigación imparcial y apartidista de las quejas de la ciudadanía, para impedir y corregir los abusos del sector público y lograr mayor confianza en las instituciones públicas.
Los gobernantes son servidores públicos y como tal deben estar al servicio de la población y buscar siempre su bienestar, y si no es así la población tiene el derecho de solicitar su remoción del cargo. En consecuencia, proponemos:
·      Incorporar a la legislación actual la revocación de mandato y hacerla efectiva.
·      Diseñar una nueva forma de articulación entre el gobierno y la sociedad.
·      Instituir un sistema de fiscalización y control social para combatir la corrupción, la impunidad y la violación de la ley
·      Implementar modelos de seguimiento de indicadores para medir la productividad de los legisladores.
·      Crear una Auditoría Ciudadana del Poder Legislativo, como órgano autónomo con capacidad para revisar y evaluar el trabajo de los legisladores; dar seguimiento y transparentar el uso de los recursos públicos de la administración del Congreso de la Unión y los Congresos Locales.
·      Promover una auténtica rendición de cuentas por parte de los servidores públicos.
·      Supervisar el manejo transparente, honesto y eficiente de los recursos públicos.
·      Facilitar la accesibilidad de las demandas de la sociedad.
·      Que ningún servidor público, acusado de corrupción, pueda esgrimir ningún tipo de inmunidad legal. La corrupción se sancionará con cárcel, sin permitir penas alternativas y se obligará a los sentenciados a resarcir el dinero.
4.6. Partidos Políticos al Servicio del Interés Ciudadano
Es necesario promover la transformación profunda del régimen actual de partidos, colocándolos como verdaderos entes de interés público y abiertos a la sociedad. Por ello, proponemos:
·      Promover que las plataformas programática y de acción de los partidos políticos, estén sujetos a mecanismo democráticos abiertos a la sociedad.
·      Impulsar que los procesos de selección interna de candidatos de los partidos políticos, sean
transparentes y abiertos a la sociedad.
·      Promover que el sistema de partidos refleje la pluralidad social.
·      Promover que los partidos políticos dejen de atender los intereses de los poderes fácticos.
·      Garantizar que los partidos políticos sean un canal de comunicación entre los gobernantes y los ciudadanos.
·      Transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos de los partidos políticos.
5. Seguridad ciudadana
La inseguridad es una de las grandes preocupaciones de los y las mexicanas. En la última década, hemos experimentado niveles de violencia sin precedentes. La delincuencia, sea común u organizada, es un fenómeno que afecta a todos por igual, mina las oportunidades de desarrollo y se recrea en un ambiente de impunidad.
La violencia, la delincuencia organizada y la impunidad han disminuido considerablemente la confianza de la población en las capacidades del Estado, en los órganos de procuración e impartición de justicia y en las corporaciones policíacas, debido a la incapacidad de respuesta y a la corrupción de éstos.
La función y obligación primordial del Estado es garantizar la seguridad de las personas. En Movimiento Ciudadano promovemos transitar de los enfoques centrados en la lógica tradicional de proteger al Estado, a la de seguridad ciudadana en el que se privilegia la seguridad de las personas desde una perspectiva de derechos humanos.
5.1. Impulsar la Seguridad Ciudadana
El Estado debe ser el responsable de la seguridad ciudadana, en cuya construcción también participa la sociedad. Se trata de garantizar el derecho a la vida; el derecho a la integridad física; el derecho a la libertad y el derecho a las garantías procesales. El enfoque de seguridad ciudadana debe dar un nuevo sentido al equilibrio entre libertad y ejercicio de la autoridad. De esta manera, proponemos:
·      Establecer una nueva política de seguridad orientada a garantizar a las personas el ejercicio de sus derechos y el logro del bien común. Lo que significa garantizar el respeto de las libertades y de los derechos humanos en el marco del Estado de Derecho.
·      Una política de seguridad ciudadana que reconozca que las amenazas a la seguridad de las personas surgen no solo de situaciones ligadas a la violencia y la delincuencia, sino también de problemas estructurales de mayor complejidad como la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades para el desarrollo de las personas.
·      Implementar el programa "Vigila a tu policía", que consiste en crear una figura ciudadana que monitoree, investigue y sancione a los policías en todos sus niveles. Esta figura sería electa periódicamente, de manera democrática, y deberá someterse a revocación de mandato.
·      Garantizar el debido proceso y que no se utilice la tortura o la coerción para obtener declaraciones de los acusados.
·      Reformar y recomponer las instituciones policiales.
·      Incorporar estándares internacionales de rendición de cuentas y transparencia policial, bajo la observación de múltiples actores.
·      Establecer mecanismos de participación ciudadana en la supervisión de las acciones de seguridad pública que se desarrollen en su respectivo ámbito territorial.
·      Impulsar reformas jurídicas y mecanismos que permitan controlar las empresas privadas de seguridad.
·      Regularizar las empresas de seguridad privada que no operan en la formalidad.
·      Promover una Ley de Seguridad Interior que permita establecer límites claros al uso de las Fuerzas Armadas en materia de combate a la delincuencia organizada y en tareas de seguridad pública.
 
5.2. Reformar el Sistema de Procuración de Justicia
A la crisis de inseguridad ciudadana se le suma la pérdida de confianza de la población en las instituciones de procuración de justicia. En Movimiento Ciudadano consideramos que el Estado debe emprender una reforma de gran calado en esta materia, con la finalidad de lograr que la procuración de justicia sea eficiente y responda a los legítimos reclamos de la sociedad. Trabajaremos a favor de:
·      Impulsar un sistema de procuración de justicia a favor de las víctimas, garantizando la protección de su integridad y dignidad.
·      Combatir la impunidad, las malas prácticas y la corrupción en el sistema de procuración de justicia. Implementar medidas de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas para sus funcionarios.
·      Implementar en todo el territorio nacional la reforma penal de 2008, sobre juicios orales.
·      Emprender un amplio programa de capacitación a todos los funcionarios que tendrán que aplicar la nueva legislación: policías, ministerios públicos, defensores de oficio y jueces.
·      Promover una reforma legislativa que amplíe las facultades del Poder Legislativo para que participe en la designación y remoción de los integrantes que tengan mando y autoridad del Ministerio Público y de las corporaciones de seguridad pública.
·      Promover una reforma legislativa que garantice la autonomía del Ministerio Público.
·      En el caso de delitos menores y no violentos cometidos por vez primera por las personas, imponer sanciones no privativas de libertad, como: servicios comunitarios, multas, reparación del daño o tratamiento en libertad.
5.3. Reinserción Social: Reforma Penitenciaria
En los centros penitenciarios del país prevalece el hacinamiento, la corrupción, el tráfico de drogas, la inseguridad y el autogobierno, por lo que no cumplen con el objetivo de la reinserción de los sentenciados. Nuestra propuesta se centra en:
·      Impulsar una reforma integral del sistema penitenciario.
·      Atender los problemas de hacinamiento e inseguridad al interior de los centros penitenciarios, a través de la construcción de nuevas cárceles y una clara clasificación de los centros de reclusión.
·      Establecer de medidas eficaces contra la corrupción, el trato discriminatorio y/o diferenciado a los internos, la tortura, el consumo y el tráfico de drogas, la inducción a la comisión de delitos.
·      Capacitación y evaluación permanente del personal de los centros penitenciarios.
·      Implementar mecanismos de evaluación y seguimiento a los programas de reinserción social (educación, cuidado de la salud y capacitación laboral), para que operen con eficacia en provecho de la reincorporación social de los sentenciados.
·      Implementar programas especiales que atiendan las necesidades de los niños que crecen en reclusión y dotar de recursos específicos a los centros penitenciarios, para que se garantice a los menores sus derechos de salud, educación y alimentación.
·      Crear una Comisión de Seguimiento de las Condiciones de Reclusión.
5.4. Una Política de Estado en Materia de Drogas
El narcotráfico es una de las principales amenazas a la seguridad de México. Sus efectos se sienten en materia de seguridad humana, ciudadana y nacional. Los niveles de violencia generalizada, la simbiosis entre el poder político y las organizaciones criminales en algunas partes del país y el incremento de la producción, consumo y tráfico de drogas requieren de una respuesta eficiente e integral por parte del Estado.
Es fundamental trascender los esquemas tradicionales de combate, centrados en la erradicación de cultivos, la intercepción de los estupefacientes y el uso de la fuerza contra las organizaciones criminales; e impulsar un enfoque integral que atienda las distintas aristas del fenómeno desde una perspectiva multidimensional. Nuestra propuesta se centra en:
 
·      Impulsar un amplio programa nacional de educación y concientización orientado a prevenir el consumo de estupefacientes y otras sustancia psicotrópicas, dirigidos particularmente a los niños y jóvenes.
·      Mejorar y diversificar los programas de prevención y tratamientos de adicciones, a partir de la perspectiva de reducción de daños y riesgos. Garantizar la calidad de los servicios públicos.
·      Establecer programas de inclusión y atención para niños, adolescentes y jóvenes que atiendan a las particularidades locales. Recuperar espacios públicos e impulsar programas de educación y capacitación para el empleo.
·      Llevar servicios públicos y apoyos sociales a las comunidades con su participación.
·      Promover programas de prevención de las adicciones y del delito, abriendo espacios de recreación y de desarrollo de capacidades de las comunidades.
·      Someter el tema de la despenalización de algunas drogas a un amplio debate público, con las instituciones de educación superior y especialistas en la materia.
·      Privilegiar el enfoque de reducción de daños y riesgos que pone énfasis en la importancia de la salud pública y el fortalecimiento institucional.
·      Una nueva estrategia de combate a las organizaciones criminales de carácter integral, que privilegie la información de inteligencia, la desarticulación de los grupos delictivos y el combate al lavado de dinero.
·      Fortalecer los programas de cooperación y coordinación con los países con los que compartimos fronteras: Estados Unidos, Guatemala, Belice y El Caribe.
·      Fortalecer las capacidades municipales y estatales para hacer frente a la delincuencia organizada. Establecer controles de confianza para policías y autoridades.
·      Combatir otros delitos de la delincuencia organizada como el tráfico de minerales, el tráfico de armas, el tráfico y la trata de personas.
·      Combatir la corrupción al interior de las instituciones de seguridad y las autoridades locales, estatales y federales.
5.5. Seguridad y Justicia para las Mujeres
La ola de violencia generalizada, los delitos del fuero común y la impunidad tienen efectos particulares en las mujeres, quienes además son víctimas de diversas manifestaciones de violencia como los abusos sexuales, las violaciones y los feminicidios. Por ello, proponemos:
·      Impulsar políticas, programas y acciones de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia de género.
·      Impulsar programas de comunidades seguras con perspectiva intergeneracional y de género.
·      Sensibilizar a los cuerpos policíacos sobre violencia de género y respeto a los derechos humanos
·      Establecer centros de atención médica especializados en atención a violencia hacia las mujeres.
·      Combatir la trata de personas en sus diversas modalidades y establecer programas específicos de atención a las víctimas de estos delitos, proporcionándoles el apoyo necesario para su reinserción social.
·      Crear fiscalías especializadas con personal capacitado para atender delitos relacionados con la violencia hacia las mujeres.
·      Trabajar en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil para establecer refugios para mujeres víctimas de violencia, programas de asesoría jurídica para las mujeres y apoyo psicológico.
 
6. Estado de Derecho y Gobernabilidad con Transparencia y Rendición de Cuentas
México está sumido en una profunda crisis de gobernabilidad. La debilidad del Estado de Derecho, la fragilidad de las instituciones, la impunidad, la corrupción, la violencia y la penetración de la delincuencia organizada dan cuenta de esta situación. Hay un gran malestar en la democracia, se cuestiona la opacidad con la que se ejercen los presupuestos públicos, nula rendición de cuentas, los abusos de poder y los vicios propios del autoritarismo.
La reforma del Estado mexicano debe replantearse a la luz de un verdadero acuerdo nacional, que vaya más allá de las negociaciones partidistas que significó el Pacto por México, esto es, que responda a las urgencias inmediatas que demanda la sociedad y que permita bosquejar un mejor futuro para los ciudadanos, forjado en un nuevo proyecto de desarrollo nacional.
6.1. Estado de Derecho
En Movimiento Ciudadano consideramos necesario transitar de un Estado de leyes a un auténtico Estado de Derecho, a través de:
·      Actualizar y/o reformar las leyes generales y reglamentarias para establecer un orden jurídico congruente, armónico y complementario.
·      Establecer un Estado de Derecho fuerte e independiente de los poderes fácticos.
·      Establecer límites claros entre la esfera del poder y la del dinero.
·      Regular la designación de los titulares de los órganos garantes, y que éstos sean personas especializadas e independientes de poderes públicos y fácticos.
·      Garantizar una clara y franca separación de las creencias religiosas y las políticas públicas.
6.2. Acceso a la Información, Transparencia y Rendición de Cuentas
El acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos clave para avanzar en la construcción de la democracia. Los ciudadanos tienen derecho de vigilar la función pública y exigir a sus gobiernos un manejo transparente y una rendición de cuentas obligatoria. Por ello, proponemos:
·      Garantizar a la población el acceso a la información sobre temas de gobierno y administración pública.
·      Garantizar total transparencia en el manejo de los recursos públicos.
·      Impulsar iniciativas de fiscalización gubernamental.
·      Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, en el ejercicio de los recursos públicos de la Administración de los Congresos locales, Cámara de Diputados y Senado de la República.
·      Establecer mecanismos de control ciudadano: crear una Auditoría Ciudadana para el uso de los recursos públicos de la Administración de los Congresos locales, Cámara de Diputados y Senado de la República.
·      Establecer un Tribunal de Rendición de Cuentas, autónomo y con capacidad para sancionar administrativa y/o judicialmente el manejo indebido de recursos públicos.
·      Implementar o mejorar los sistemas en línea (internet) para consulta de las finanzas y desempeño administrativo.
6.3. Austeridad y Disciplina Presupuestal
Además de promover la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, se deben impulsar leyes que eliminen los privilegios de los funcionarios del gobierno, eviten el despilfarro de los recursos públicos, obliguen a los gobiernos a dar explicaciones de sus decisiones y garanticen una transparencia total en el ejercicio de gobierno. Para lograrlo, trabajaremos a favor de:
·      Impulsar una Ley Nacional de Austeridad y Ahorro que ponga límites al gasto público y establezca criterios para la optimización de recursos.
 
·      Reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el Sector Público para introducir mayores mecanismos de control y transparencia en el gasto público, convirtiendo las licitaciones públicas en la regla general, entre otros.
·      Reducir el gasto superfluo, eliminar la discrecionalidad y establecer criterios objetivos para la distribución del gasto en el Presupuesto de la Federación.
·      Implementar una política de austeridad en el Congreso de la Unión a través de:
-     Reducir el salario a los legisladores.
-     Eliminar los apoyos y privilegios innecesarios (auto, viáticos, teléfono, entre otros).
-     Impedir la aprobación de partidas discrecionales.
-     Una reingeniería integral de las comisiones, comités y órganos técnicos.
-     Regular el número y salario de asesores y personal de confianza.
-     Reforzar los mecanismos de control, disciplina presupuestal, auditorías y reglas de austeridad.
-     Crear un Comité de Austeridad.
·      Elevar la regulación de los presupuestos de ingresos y egresos bajo criterios de racionalidad, austeridad y ahorro.
·      Impedir el crecimiento desproporcionado de la deuda pública.
·      Ciudadanizar procesos de integración de los anteproyectos de presupuesto de las dependencias y entidades gubernamentales
·      Reducir el financiamiento público a partidos políticos, tanto ordinario como extraordinario, en un 75% y reformar el mecanismo de distribución de recursos para garantizar la equidad en la competencia.
6.4. Gobernabilidad, Pluralidad Política y División de Poderes
A partir del reconocimiento de la pluralidad de la sociedad y de los múltiples desafíos que enfrenta México, es momento de trabajar a favor de la gobernabilidad, entendida como buen gobierno, estabilidad y ambiente social armónico, a través de:
·      Promover la integración de una gobernabilidad que refleje la variada composición de la sociedad mexicana.
·      Articular los intereses de todos los sectores sociales.
·      Promover la resolución pacífica y civilizada de los conflictos.
·      Promover el respeto irrestricto al Estado de Derecho.
·      Eliminar las prácticas de sobrerrepresentación de los partidos políticos tradicionales.
·      Reconocer la representatividad de las diferentes fuerzas políticas en la integración de los gobiernos (en todos los niveles).
·      Impulsar las reformas necesarias que garanticen un auténtico equilibrio entre los poderes.
·      Redistribuir las facultades, atribuciones y funciones de cada Poder, de conformidad con lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fortalecer la actuación del poder Legislativo y el Judicial.
·      Establecer frenos a los abusos de los gobiernos estatales y/o locales.
·      Fortalecer y dignificar la actuación del Poder Legislativo.
·      Promover que los legisladores cumplan con el mandato popular y ejerciten a plenitud las facultades que por derecho les corresponde.
·      Promover un trabajo legislativo eficiente que integre los temas de mayor interés y beneficio social.
 
·      Establecer mecanismos de mayor participación ciudadana y consulta en el procedimiento parlamentario.
·      Promover una efectiva rendición de cuentas.
·      Establecer, para los legisladores, obligatoriedad de haber cumplido, por lo menos, el 60% del tiempo del cargo para el cual fueron electos, antes de postularse para algún otro cargo.
·      Reformar y modernizar el Poder Judicial.
·      Promover el saneamiento profundo del sistema judicial nacional en todos sus niveles, para erradicar la corrupción, el nepotismo, la convivencia con mafias de litigantes inmorales.
·      Ampliar la facultad del Congreso de la Unión, en su participación para la elección de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la designación de Jueces y Magistrados Federales, decidiendo a partir de una terna de candidatos y candidatas propuestos por el propio poder judicial.
·      Promover una distribución justa del presupuesto otorgado a los partidos políticos y garantizar la equidad en el acceso a los medios de comunicación, para que puedan competir en condiciones de igualdad.
·      Promover una integración paritaria del Congreso y sancionar la simulación de las cuotas de género.
·      Garantizar la representación de las mujeres en todos los espacios de decisión y formulación de políticas, en los diferentes niveles de gobierno.
6.5. El Municipio
En Movimiento Ciudadano promovemos la descentralización política, administrativa y financiera como instrumento para realizar la esencia del sistema federal que nos rige, mediante el respeto a la soberanía de los estados y el fortalecimiento del municipio libre. Consideramos además que los gobiernos municipales son muy importantes para el desarrollo, bienestar y seguridad de su población. Por ello, proponemos:
·      Promover la descentralización política racional y equitativa de los recursos públicos.
·      Fortalecer la autonomía financiera de los estados y municipios.
·      Modificar el actual sistema de coordinación fiscal, con el fin de diseñar nuevas fórmulas para recaudar y asignar, a los estados y a los municipios, los recursos económicos necesarios para satisfacer las necesidades de su población.
·      Diseñar nuevas fórmulas de asignación de recursos y evitar la entrega arbitraria, discrecional y clientelar de los recursos.
·      Impulsar la reglamentación del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para actualizar el marco jurídico en que se desenvuelve el municipio.
·      Regular la discusión y aprobación de los principales problemas comunitarios en sesiones de cabildo abiertas, a la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil.
·      Establecer planes de desarrollo municipal que se ajusten a las demandas, expectativas y necesidades reales de la población.
·      Dotar a los gobiernos locales de mayores facultades jurídicas, que les permitan orientar el desarrollo y la preservación de los recursos naturales y del entorno ecológico bajo su responsabilidad.
·      Promover prácticas obligatorias de transparencia y rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos otorgados por la federación, y el manejo de la deuda de estas entidades.
6.6. Gobiernos Ciudadanos
Los gobiernos de Movimiento Ciudadano son abiertos, transparentes y eficientes. Rinden cuentas y tienden puentes con los ciudadanos. Amplían los mecanismos de democracia directa y ejercen la corresponsabilidad como un principio de gobierno. Nuestra obligación es construir buenos gobiernos que tengan como objetivo principal servir a la gente. Los Gobiernos en Movimiento:
 
·     Garantizan transparencia total en su ejercicio y el manejo de los recursos públicos, a través de:
-     La creación de unidades de transparencia, que forman parte del gabinete de gobierno.
-     Dan coercibilidad a las peticiones que hagan las unidades de transparencia.
-     La implementación de sistemas en línea, para consulta de las finanzas y actividades municipales.
-     Ponen a disposición de todos los ciudadanos la información financiera, legal y de planeación municipal.
-     Interacción en internet y transmisiones en vivo de sesiones de cabildo y ruedas de prensa.
·      Ponen a las personas en el centro de sus acciones a través de medidas de co-gobierno, en el que los ciudadanos participen en la discusión y en la toma de decisiones, como son:
-     Formar el Consejo de Participación Ciudadana.
-     Implementar el mecanismo de consultas ciudadanas.
-     Establecer el presupuesto participativo para que los ciudadanos decidan en qué se deben gastar sus impuestos.
-     Realizar ejercicios de ratificación de mandato, una vez a la mitad del periodo.
·      Están en permanente comunicación con los ciudadanos y resuelven de forma eficiente sus demandas, a través de:
-     El uso de nuevas tecnologías para comunicarse y atender las necesidades de los ciudadanos.
-     Un sistema de atención ciudadana que establezca procesos y mecanismos de organización, que permita responder en tiempo y forma las demandas ciudadanas.
-     Programa de centros de atención móviles disponibles en todas las regiones de los municipios.
-     Mecanismos anticorrupción y campañas permanentes de denuncia.
·      Consideran que los servicios públicos son derechos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Los ejes de trabajo de un gobierno de Movimiento Ciudadano para un municipio moderno, amable, limpio, seguro y divertido son:
-     Seguridad garantizada a través de modelos de policía comunitaria.
-     Espacios públicos como una herramienta para generar desarrollo, convivencia y recreación.
-     Limpieza con mecanismos que involucren a los ciudadanos en el cuidado y mejora de la ciudad.
-     Alumbrado general para toda la ciudad como una herramienta para generar bienestar, certidumbre y reducir la criminalidad.
-     Distribución del agua equiparada a un derecho fundamental para todas las regiones del Municipio.
-     Mercados municipales que garanticen el desarrollo económico de las regiones y que brinden un servicio digno a la población.
-     Los servicios de panteones y rastro municipales deben seguir lineamientos de modernidad, calidad, limpieza y eficiencia.
·      Llevan adelante políticas de inclusión social para reducir las desigualdades y procurar una vida digna para todos:
-     Recuperación de espacios públicos para apoyar la reconstrucción del tejido social de las comunidades y desarrollar el sentido de corresponsabilidad entre gobierno y sociedad.
-     Programas que promueven la actividad deportiva, recreativa y cultural.
-     Programas de apoyo a grupos vulnerables: programa de útiles y uniformes escolares; apoyo a jefas de familia y apoyo a adultos mayores.
 
6.7. Agendas Metropolitanas
Los gobiernos metropolitanos tienen un reto aún mayor: construir una visión de ciudad en la que participen todos los ciudadanos. El reto es decidir y planear cómo crece una ciudad metropolitana con base en tres principios: orden, sustentabilidad y calidad de vida.
Es necesario generar los ordenamientos legales necesarios para garantizar la coordinación entre las autoridades municipales en zonas metropolitanas, con el propósito de enfrentar los problemas más urgentes y sensibles. Las ciudades no pueden permanecer en la inmovilidad ni seguir reproduciendo los vicios de la vieja política; es necesario desplazar los intereses partidistas para construir instituciones eficientes. En consecuencia los gobiernos en zonas metropolitanas deberán:
·      Buscar la colaboración y coordinación con sus contrapartes.
·      Garantizar la participación ciudadana en el diseño de ciudad.
·      Realizar consultas, foros y estudios que permitan planear el crecimiento a largo plazo, garantizando la preservación de elementos indispensables para mantener la calidad de vida de los ciudadanos.
·      Trabajar en las áreas de:
-     Desarrollo urbano y obra pública.
-     Crecimiento de asentamientos urbanos y ordenamiento territorial.
-     Movilidad sustentable.
-     Transporte público de calidad.
-     Espacios verdes y reservas naturales.
-     Seguridad pública coordinada.
-     Servicios públicos coordinados.
-     Preservación de la identidad y cultura regional.
7. Política exterior de Estado
En el actual contexto internacional, la política exterior de los Estados adquiere un nuevo significado. Una política exterior de Estado, fincada en los más altos intereses de nuestro país debe: posicionar a México en los foros y organismos internacionales y promover nuestros intereses, ser palanca de desarrollo nacional a través de las relaciones económicas internacionales, el fomento a las inversiones y los programas de cooperación para el desarrollo; apoyar los objetivos del país en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable; y fomentar la cooperación en áreas fundamentales como el desarrollo científico tecnológico y el combate a las amenazas a la seguridad.
7.1.  Una Política Exterior basada en la Dignidad Nacional y Promotora del Desarrollo.
Instrumentar una política exterior fincada en los más altos intereses sociales, económicos, políticos y culturales de nuestro país; en el fortalecimiento permanente de nuestra soberanía y en el estímulo de los esquemas de cooperación para la promoción del desarrollo de los mexicanos y de la comunidad internacional. Los principios constitucionales en materia de política exterior y la defensa de la soberanía nacional deben ser la guía permanente para el ejercicio de la política exterior.
7.2.  Mexicanos en el Exterior, Inmigrantes y Fronteras.
·      Fortalecer la atención de los mexicanos migrantes, mejorando las capacidades de nuestras representaciones diplomáticas para brindarles apoyo y protección,
·      Exigir el respeto de los derechos humanos de los mexicanos migrantes.
·      Garantizar asistencia consular, apoyo y protección jurídica oportuna.
·      Brindar apoyo a aquellos mexicanos con familias desintegradas a raíz de las deportaciones que en los últimos años ha hecho el gobierno de Estados Unidos.
 
·      Implementar una política humanitaria con los inmigrantes que cruzan o se establecen en nuestro territorio.
·      Garantizar el respeto a los derechos humanos de los inmigrantes que cruzan nuestro territorio, estableciendo mecanismos de seguimiento y control de las actividades de las autoridades de migración y funcionarios de seguridad.
·      Desarrollar un plan integral de gestión de las fronteras con nuestros vecinos (Estados Unidos, Guatemala y Belice), con la finalidad de desarrollar planes conjuntos y mecanismos de cooperación para hacer frente a los desafíos de las fronteras como problemas comunes de contaminación y desarrollo; la migración, el tráfico y la trata de personas; así como otras actividades de la delincuencia organizada como el tráfico de armas y estupefacientes.
7.3.  Participación en Organismos Internacionales
Es necesario mantener una participación activa en los organismos internacionales que promuevan la paz y prosperidad mundiales, basados en nuestros principios de política exterior. Por ello, proponemos:
·      Elevar nuestra participación en los organismos internacionales, a través de la presencia de diplomáticos mexicanos con perfiles adecuados y candidaturas, para que mexicanos estén al frente de dichos organismos.
·      Fomentar una mejor preparación de nuestros representantes en el exterior.
·      Incrementar la participación en los organismos de derechos humanos, género y medio ambiente.
·      Promover la reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que su Consejo de Seguridad refleje una estructura más democrática acorde con los intereses de los países miembros.
·      Promover la agenda de desarrollo y seguridad humana en el seno de la Organización de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, como la Organización de Estados Americanos y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
·      Promover la agenda de control de armas convencionales y de destrucción masiva. Dar un nuevo impulso a las iniciativas contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras.
·      Participar de forma más activa en los debates internacionales sobre los límites del paradigma prohibicionista de las drogas. Impulsar en el marco de organismos como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) y la Organización de Estados Americanos (OEA), las discusiones sobre los modelos más amplios centrados en la salud y el bienestar del individuo.
·      Impulsar reformas al mandato del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en beneficio de los países en desarrollo.
·      Elevar una iniciativa de Ley sobre la participación de México en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas, que establezca: el proceso de toma de decisiones; la coordinación entre las diversas autoridades y dependencias; el tipo de misiones en los que se participará: Misiones de Mantenimiento de la Paz (Peace Keeping), Misiones de Reconstrucción Post-Conflicto (Peace Building) y Misiones Humanitarias. Asimismo, debe establecerse con claridad la prohibición de participar en Misiones de Imposición de la Paz (Peace Enforcement) o cualquier otra iniciativa que involucre el uso de la fuerza y la violación a la soberanía de los Estados.
7.4.  América del Norte
Se han cumplido 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y se han sentado las bases de una incipiente identidad norteamericana. Es momento de relanzar esta relación estratégica con Estados Unidos y Canadá, apostando por construir mecanismos y acuerdos de carácter trilateral. En este sentido, consideramos necesario:
·      Institucionalizar un diálogo permanente con Estados Unidos y Canadá para realizar los ajustes necesarios al TLCAN.
 
·      Seguir de cerca las negociaciones del Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones (Estados Unidos-Unión Europea) y proponer avanzar en un acuerdo bi-regional TLCAN-UE.
·      Fomentar mecanismos de cooperación de carácter trilateral e impulsar una agenda regional a partir de temas como la competitividad, la cooperación para el desarrollo, la seguridad climática, los desastres naturales, la educación y el desarrollo científico tecnológico.
·      Discutir a nivel trilateral el problema de la delincuencia organizada y delinear mecanismos de cooperación regional frente a esta amenaza común.
·      Insistir en la importancia de atender las amenazas y los riesgos comunes de la región, implementando estrategias trilaterales e intergubernamentales, que privilegien los criterios de cooperación y solidaridad sobre los unilateralismos.
·      Establecer un fondo regional de apoyo al desarrollo, en el que converjan recursos públicos y privados. Poner en marcha políticas regionales de cohesión social que nos permitan cerrar las brechas entre nuestras sociedades.
·      Construir un espacio de libertad, seguridad y justicia en América del Norte.
7.5.  América Latina y el Caribe
México debe reivindicar nuestra histórica vocación latinoamericana, para servir de puente entre el Norte y el Sur del continente en los temas de interés común. Por ello, proponemos:
·      Una mayor participación en los foros regionales, como la CELAC.
·      Fomentar un mayor acercamiento con los actores clave de UNASUR, el área Andina, Centroamérica y del Caribe.
·      Diseñar una estrategia de acercamiento con Brasil, para trabajar juntos en materia de promoción del desarrollo, el progreso y la paz regionales.
·      Participar activamente en las discusiones sobre políticas de drogas, seguridad ciudadana y modelos de prevención en el marco de la Organización de Estados Americanos y los mecanismos latinoamericanos como la CELAC y UNASUR.
·      Impulsar nuevos temas en el marco de la Alianza del Pacífico como la cooperación para el desarrollo y la educación.
7.6.  Diversificar nuestras Relaciones Internacionales: Europa, Asia y África
·      Vigorizar nuestra relación estratégica con la Unión Europea y privilegiar las perspectivas comunes en los temas económicos, políticos, sociales, de seguridad y medioambientales.
·      Favorecer acercamientos con Rusia.
·      Intensificar la presencia e intercambio con los países de la Cuenca del Pacífico, en particular con los miembros de APEC, y en el Acuerdo de Asociación Económica Estratégica Transpacífica.
·      Fortalecer las relaciones con los países de África y Asia.
7.7.  Evaluación Permanente
·      Establecer un mecanismo de evaluación permanente de la política exterior.
·      Promover una reforma legislativa que amplíe las facultades del Congreso de la Unión, para dar seguimiento y evaluar las acciones de política exterior.
·      Ampliar los esquemas de participación ciudadana en el diseño, seguimiento y evaluación de la política exterior.
·      Establecer el Comité Consultivo Ciudadano de Política Exterior en coordinación con la SRE.
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