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DOF: 18/08/2020
ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da respuesta a las consultas formuladas por Redes Sociales Progresistas, A

ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da respuesta a las consultas formuladas por Redes Sociales Progresistas, A.C., y el Partido Revolucionario Institucional, en relación con la modificación de documentos básicos de Partidos Políticos Nacionales.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional Electoral.- Consejo General.- INE/CG186/2020.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LAS CONSULTAS FORMULADAS POR REDES SOCIALES PROGRESISTAS, A.C., Y EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS BÁSICOS DE PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES
ANTECEDENTES
I.          Modificación a los documentos básicos del Partido Revolucionario Institucional. El Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral, en sesiones celebradas el veintidós de enero de mil novecientos noventa y uno; ocho de junio y ocho de noviembre de mil novecientos noventa y tres; diez de octubre de mil novecientos noventa y seis; doce de diciembre de dos mil uno; veintinueve de abril de dos mil cinco; dieciocho de abril de dos mil siete; veintinueve de octubre de dos mil ocho y ocho de mayo de dos mil trece, respectivamente, aprobó diversas modificaciones a los documentos básicos del Partido Revolucionario Institucional (en lo sucesivo PRI).
En sesiones celebradas el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis; veintinueve de abril y veintitrés de julio de mil novecientos noventa y ocho; treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve; veintiuno de mayo de dos mil uno; veintinueve de enero de dos mil diez y dos de marzo de dos mil once, respectivamente, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral aprobó diversas modificaciones a los Estatutos del PRI.
II.         El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (en adelante INE), en sesión extraordinaria celebrada el quince de octubre de dos mil catorce, aprobó modificaciones a los Estatutos del PRI. Posteriormente, en sesión extraordinaria de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, este mismo órgano colegiado de dirección aprobó las modificaciones a la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos del referido Partido Político Nacional.
El PRI se encuentra en pleno goce de sus derechos y sujeto a las obligaciones previstas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en lo sucesivo LGIPE), y en la Ley General de Partidos Políticos (en adelante LGPP).
III.        Constitución de nuevos Partidos Políticos Nacionales. El diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, este Consejo General aprobó el Acuerdo por el que se expide el Instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir un Partido Político Nacional (en lo sucesivo PPN), así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin, mismo que se identifica con la nomenclatura INE/CG1478/2018.
IV.        Modificación del Acuerdo INE/CG1478/2018. Este Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG302/2019, en sesión celebrada el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, por el que se modifica el Instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir un PPN, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin, aprobado mediante Acuerdo INE/CG1478/2018, así como los Lineamientos para la operación de la mesa de control y la garantía de audiencia en el proceso de constitución de Partidos Políticos Nacionales 2019-2020, aprobados mediante Acuerdo INE/ACPPP/01/2019.
V.         Compensación del plazo Gubernatura Indígena Nacional, A.C. En sesión extraordinaria de este Consejo General de catorce de agosto de dos mil diecinueve, se aprobó el Acuerdo INE/CG349/2019, por el que se dio respuesta a la solicitud formulada por la organización Gubernatura Indígena Nacional, A.C., respecto de la compensación del plazo para constituirse como PPN, en el que se resolvió reponer el tiempo transcurrido entre la primera notificación sobre el resultado de la intención para constituirse como partido político y la fecha en que en acatamiento a la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en lo sucesivo TEPJF) pudo continuar con el procedimiento de constitución.
VI.        Notificación de intención para la conformación de un PPN. Entre el siete y el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, el Instituto recibió ciento seis (106) notificaciones de intención de organizaciones con el interés de constituirse como nuevos Partidos Políticos Nacionales, y una vez analizada la documentación presentada, ochenta y nueve (89) notificaciones resultaron procedentes.
VII.       Solicitud de Registro como PPN. Entre el veintiuno y el veintiocho de febrero de dos mil veinte,
siete (7) organizaciones presentaron solicitud de registro para constituirse como PPN, conforme a las fechas siguientes:
#
Organización
Fecha de presentación de solicitud
1
Encuentro Solidario
21-febrero-2020
2
Grupo Social Promotor de México
24-febrero-2020
3
Redes Sociales Progresistas
4
Libertad y Responsabilidad Democrática
28-febrero-2020
5
Fuerza Social por México
6
Fundación Alternativa
7
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VIII.      Declaración de pandemia. El once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el brote de coronavirus COVID-19, por la cantidad de casos de contagio y de países involucrados, y emitió una serie de recomendaciones para su control.
IX.        Medidas preventivas dictadas por el Secretario Ejecutivo. El trece de marzo de dos mil veinte, el Secretario Ejecutivo de este Instituto, mediante comunicado oficial, dio a conocer la implementación de diversas medidas de prevención, información y orientación a fin de mitigar el riesgo de contagio entre personal del Instituto.
X.         Medidas preventivas y de actuación dictadas por la Junta General Ejecutiva. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva (en lo sucesivo JGE) de este Instituto, aprobó mediante Acuerdo INE/JGE34/2020, las medidas preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia causada por el COVID-19.
XI.        Reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el COVID-19. El veintitrés de marzo de dos mil veinte, se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (en adelante DOF) el Acuerdo mediante el cual el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como el establecimiento de las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia.
XII.       Declaración de Fase 2 de la pandemia. Con base en la declaración de la Organización Mundial de la Salud el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, declaró el inicio de la Fase 2 por la pandemia del coronavirus COVID-19, que implica que existe contagio local, al contrario de la Fase 1 que consiste únicamente en casos importados.
XIII.      Medidas preventivas emitidas por la Secretaría de Salud. El veinticuatro de marzo de dos mil veinte, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
XIV.      Suspensión del proceso de constitución como PPN a la asociación civil Gubernatura Indígena Nacional. El Consejo General de este Instituto, mediante Acuerdo INE/CG81/2020, aprobado el veintisiete de marzo de dos mil veinte, determinó suspender el proceso de constitución como PPN de la organización Gubernatura Indígena Nacional, A.C., por causa de fuerza mayor, ante la epidemia por el virus SARS-CoV2 (Covid-19); esto, a partir del ocho de marzo de dos mil veinte y hasta que existan las condiciones sanitarias para reprogramar las asambleas estatales, lo que implica la detención por parte de la asociación civil de recabar las afiliaciones en el resto del país a través de la aplicación móvil y en el régimen de excepción, por las razones expuestas en el considerando 2 de ese Acuerdo.
XV.       Informe respecto a las solicitudes de registro como PPN. El veintisiete de marzo de dos mil veinte, el Secretario Ejecutivo de este Instituto rindió un Informe al Consejo General relativo a las organizaciones que presentaron solicitud de registro para constituirse como Partidos Políticos Nacionales 2019-2020.
XVI.      Suspensión de plazos. Mediante Acuerdo INE/CG82/2020, aprobado el veintisiete de marzo de
dos mil veinte, este Consejo General determinó como medida extraordinaria la suspensión de plazos inherentes a las actividades de la función electoral, con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, Covid-19, entre ellas la constitución de nuevos Partidos Políticos Nacionales, la inscripción de órganos directivos y la revisión de documentos básicos y Reglamentos de partidos políticos.
XVII.     Declaración de emergencia sanitaria. El treinta de marzo de dos mil veinte, se publicó en la edición vespertina del DOF el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y establece que la Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atenderla.
El treinta y uno de marzo de dos mil veinte, también se publicaron en el DOF las medidas determinadas por la Secretaría de Salud, que como acción extraordinaria para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, deberán implementar los sectores público, social y privado.
XVIII.     Reforma legal en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. El trece de abril de dos mil veinte, fue publicado en la edición vespertina del DOF el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
XIX.      Ampliación de suspensión de plazos. El dieciséis de abril de dos mil veinte, mediante Acuerdo de la JGE, se determinó modificar el diverso INE/JGE34/2020, a efecto de ampliar la suspensión de los plazos procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos competencia de los diversos órganos de este Instituto, así como cualquier plazo de carácter administrativo, hasta que dicho órgano colegiado acuerde su reanudación, con base en la información sobre las condiciones sanitarias relacionadas con la pandemia.
XX.       Declaración de Fase 3 de la pandemia. El veintiuno de abril de dos mil veinte, en la conferencia matutina del titular de la Presidencia de la República, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud dio por iniciada la Fase 3 de la epidemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
Ese mismo día, fue publicado en la edición vespertina del DOF el Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el treinta y uno de marzo de dos mil veinte.
XXI.      Estrategia de reapertura. El catorce de mayo de dos mil veinte, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico, relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como el establecimiento de acciones extraordinarias.
XXII.     Reanudación del proceso de constitución de nuevos Partidos Políticos Nacionales. El veintiocho de mayo de dos mil veinte, este Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG97/2020, por el que se reanudan algunas actividades suspendidas como medida extraordinaria con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, COVID-19, mediante Acuerdo INE/CG82/2020, o que no han podido ejecutarse, respecto al proceso de constitución de nuevos Partidos Políticos Nacionales y se modifica el plazo para dictar la resolución respecto a las siete (7) solicitudes de registro presentadas.
En los Considerandos 6.1, apartado a.5), y 7, se estableció que para resolver lo conducente sobre las solicitudes de registro presentadas por las siete (7) organizaciones en proceso de constitución como PPN, este Consejo General no excederá del treinta y uno de agosto de dos mil veinte.
En relación con la organización Gubernatura Indígena Nacional, A.C., se aprobó que deberá estarse a lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG81/2020 de veintisiete de marzo de dos mil veinte, y la parte final del Considerando 7 de ese documento.
 
XXIII.     Consulta y petición de Redes Sociales Progresistas, A.C. El diecinueve de junio de dos mil veinte, se recibió en la Oficialía de Partes Común del INE, escrito del representante legal de Redes Sociales Progresistas, A.C., por el cual formula una consulta en relación a si se autorizará un régimen especial de excepción a esa organización, en caso de obtener su registro como PPN, para modificar sus documentos básicos y emitir la reglamentación correspondiente, aún iniciado el Proceso Electoral Federal 2020-2021; y como consecuencia, de manera directa pide que se le conceda dicho régimen especial de excepción .
XXIV.    Pronunciamiento de la Sala Superior del TEPJF del Acuerdo INE/CG97/2020. El veintiséis de junio de dos mil veinte, la Sala Superior del TEPJF emitió sentencia en los autos de los expedientes SUP-JDC-742/2020 y acumulados, modificando el Acuerdo INE/CG97/2020 en lo que fue materia de controversia, para el efecto de que esta autoridad observe los plazos que rigen en el procedimiento ordinario sancionador respecto a los derechos de las partes.
En el entendido de que este Consejo General debe resolver los procedimientos sancionadores a más tardar el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, sin posibilidad de prórroga, a fin de generar la certeza de cuáles organizaciones cumplieron cabalmente los requisitos para obtener su registro como PPN, o bien, cuáles incurrieron en una infracción que impida su registro.
XXV.     Consulta del PRI. El veintidós de julio de dos mil veinte, se recibió en la Oficialía de Partes Común del INE, escrito de la representante propietaria del PRI ante este Consejo General, por el cual formula una consulta en relación a si es factible que el Consejo Político Nacional de ese partido político pueda modificar sus documentos básicos, conforme con los supuestos extraordinarios que para tal efecto prevén sus Estatutos -salvo las excepciones previstas- y por los motivos ahí expuesto; así como si las sesiones del Consejo Político Nacional pueden realizarse vía remota y, en su caso, de forma presencial de algunas personas, es decir, si se pueden utilizar ambas modalidades.
Al tenor de los antecedentes que preceden y de las siguientes:
CONSIDERACIONES
I. Marco Convencional, Constitucional, Legal y Normativo interno
Instrumentos Convencionales Internacionales
1.     La Declaración Universal de Derechos Humanos, en sus artículos 2, 5 y 8, prevé que los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas, así como las garantías jurídicas y de cualquier otra índole, para que toda persona pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades, entre ellos, a reunirse o manifestarse pacíficamente, formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, a afiliarse o participar en ellos y participar en el gobierno y la gestión de los asuntos públicos.
El artículo 2, párrafos 1 y 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, establece que los Estados parte se comprometen a respetar y a garantizar a todas y todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el dicho Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social; así, también a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del Pacto referido, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.
El propio Pacto invocado en su artículo 25, incisos a) y b), establece la obligación de los Estados Parte para proteger que todas las personas ciudadanas gocen, sin ninguna distinción -de las antes referidas- y sin restricciones indebidas, del derecho y oportunidad a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de personas representantes libremente elegidas y, consecuentemente, del derecho a votar y ser elegidas en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual, y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de las personas electoras.
En condiciones similares, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 1 dispone que los Estados Partes de la Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que éste sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social; y, entre los derechos humanos que salvaguarda, se encuentran los de asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole, así como los político-electorales de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de personas representantes libremente elegidas, de votar y ser elegidas en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual, por voto secreto y acceder, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas, conforme con los correlativos 16 apartado 1 y 23, apartado 1, incisos a), b) y c), del precitado instrumento convencional.
Dichas obligaciones y deberes convencionales del Estado Mexicano se regulan en cuanto a su protección y formas de ejercicio de los derechos político-electorales en la Legislación Electoral nacional.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2.     El artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución), preceptúa que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como organizaciones de la ciudadanía hacer posible el acceso de ésta al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a personas legisladoras federales y locales.
El citado artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución, en relación con los artículos 29, numeral 1, 30, numeral 2, y 31, numeral 1, todos de la LGIPE, disponen que el INE es un organismo público autónomo que tiene como función estatal la organización de las elecciones, autoridad nacional en la materia y cuyas actividades se rigen por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, y se realizarán con perspectiva de género.
Asimismo, el artículo 41, párrafo segundo, Base I, penúltimo párrafo, de la Constitución, establece que las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señala la propia Constitución y la ley.
Los artículos 1o., último párrafo, y 4o., primer párrafo, de la Constitución, establece que queda prohibida toda discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; y que la mujer y el hombre son iguales ante la ley.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
3.     Conforme con el artículo 30, numeral 1, de la LGIPE, son fines de este Instituto contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; integrar el Registro Federal de Electores; asegurar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos político electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y del Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los procesos electorales; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y garantizar el ejercicio de las prerrogativas de los partidos políticos.
El artículo 44, numeral 1, inciso j), de la LGIPE, determina que es atribución de este Consejo General, entre otras, vigilar que los partidos políticos cumplan con las obligaciones a que están sujetos y que sus actividades se desarrollen con apego a la citada ley, a la LGPP, así como a los Lineamientos que emita, en su momento, este Consejo General, para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Ley General de Partidos Políticos
4.     El artículo 3, numeral 2, de la LGPP, dispone que es derecho exclusivo de las personas ciudadanas mexicanas formar parte de los partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos.
Conforme con lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1, inciso c), de la LGPP, los partidos políticos gozan de facultades para regular su vida interna y determinar su organización interior y los procedimientos correspondientes.
En el artículo 34, numeral 1, de la LGPP, se dispone que los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esa Ley y en la
normativa interna que aprueben sus órganos de dirección.
II. Competencia del Consejo General del INE
5.     La competencia de este Consejo General para dar respuesta a las consultas formuladas, mismas que se relacionan con la modificación de documentos básicos, emisión de Reglamentos internos, órganos competentes y el plazo para ello, tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, numeral 1, inciso l), 34 y 36, de la LGPP.
Así, en el artículo 36, numeral 1, de la LGPP, se establece que, para la declaratoria de procedencia constitucional y legal de los documentos básicos de los partidos políticos, este Consejo General atenderá el derecho de éstos para dictar las normas y procedimientos de organización que les permitan funcionar de acuerdo con sus fines.
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 3, numerales 1 y 3, y 10, numeral 2, inciso a), relacionados con el 35, de la LGPP, los partidos políticos deben disponer de documentos básicos, los cuales deberán cumplir con los extremos que al efecto precisan los artículos 36, 37, 38 y 39 de la Ley en cita.
III. Constitución de nuevos Partidos Políticos Nacionales
6.     El derecho de asociación se encuentra consagrado en el artículo 9º de la Constitución, el cual, en su parte conducente, establece que: "No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país (...)".
El artículo 35, fracción III, de la Constitución, se establece que es prerrogativa de la ciudadanía: "Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país (...)".
Asimismo, el artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución, en relación con el artículo 3, numeral 1, de la LGPP, señalan que: "Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el Proceso Electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo (...). Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa".
Por su parte, el artículo 2, numeral 1, incisos a) y b), de la LGPP, dicta que son derechos político-electorales de la ciudadanía mexicana, en relación con los partidos políticos: "asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país; afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos."
Aunado a lo anterior, el artículo 3, numeral 2, de la LGPP, señala que es derecho exclusivo de la ciudadanía mexicana formar parte de los partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos.
Los artículos 7, numeral 1, inciso a), 10, 11 y 12, de la LGPP, en relación con el 32, numeral 1, inciso b), fracción I, de la LGIPE, otorgan a este Instituto las atribuciones para el registro de partidos políticos y establecen los requisitos que deben observar las organizaciones interesadas en constituirse como Partidos Políticos Nacionales.
El artículo 16 de la LGPP, establece que corresponde al Instituto conocer la solicitud de la organización que pretenda su registro como PPN, verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución establecidos en esa Ley, y formular el proyecto de Dictamen correspondiente, para lo cual deberá constatar la autenticidad de las afiliaciones al partido político en formación, ya sea en su totalidad o a través de un método aleatorio, en los términos que determine este Consejo General.
En armonía con la citada normativa, el INE a través del Acuerdo INE/CG1478/2018 emitió el Instructivo que regula el proceso para el registro de nuevos Partidos Políticos Nacionales. Por su parte, con motivo de los dos períodos vacacionales del año dos mil diecinueve que corresponden al
personal de este Instituto, mediante el Acuerdo INE/CG302/2019 de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, este órgano máximo de dirección aprobó modificar los plazos establecidos en el Instructivo, así como los Lineamientos para la operación de la Mesa de Control y la Garantía de Audiencia en el Proceso de Constitución de Partidos Políticos Nacionales 2019-2020, emitidos por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos mediante Acuerdo INE/ACPPP/01/2019 de doce de febrero del dos mil diecinueve.
En dicho instrumento se señalan las etapas y plazos que tanto las organizaciones como la autoridad electoral deben atender para determinar la procedencia de un registro. Conforme al citado procedimiento, las organizaciones que se encontraban vigentes y que habían preliminarmente celebrado las asambleas distritales o estatales, así como la asamblea nacional constitutiva, presentaron su solicitud de registro en las fechas que a continuación se detallan:
#
Organización
Fecha de presentación de solicitud
1
Encuentro Solidario
21-febrero-2020
2
Grupo Social Promotor de México
24-febrero-2020
3
Redes Sociales Progresistas
4
Libertad y Responsabilidad Democrática
28-febrero-2020
5
Fuerza Social por México
6
Fundación Alternativa
7
Súmate a Nosotros
 
Se precisa que la fecha límite para presentar la solicitud respectiva venció el veintiocho de febrero de dos mil veinte.
Posterior a ello, el veintisiete de marzo de dos mil veinte, el Secretario Ejecutivo de este Instituto rindió un Informe al Consejo General relativo a las organizaciones que presentaron solicitud de registro para constituirse como Partidos Políticos Nacionales 2019-2020; y en esa mismas sesión, mediante el Acuerdo INE/CG82/2020, este Consejo General aprobó determinar como medida extraordinaria la suspensión de plazos inherentes a las actividades de la función electoral, con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, COVID-19, entre ellas la constitución de nuevos Partidos Políticos Nacionales.
El catorce de mayo de dos mil veinte, al publicarse en el DOF el Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, este Consejo General resolvió el veintiocho de mayo de dos mil veinte aprobar el Acuerdo INE/CG97/2020, por el que se reanudan algunas actividades suspendidas como medida extraordinaria con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, COVID-19, mediante Acuerdo INE/CG82/2020, o que no han podido ejecutarse, respecto al proceso de constitución de nuevos Partidos Políticos Nacionales y se modifica el plazo para dictar la resolución respecto a las siete (7) solicitudes de registro presentadas.
En dicho Acuerdo INE/CG97/2020, se estableció que para resolver lo conducente sobre las solicitudes de registro presentadas por las siete (7) organizaciones en proceso de constitución como PPN, este Consejo General no excederá del treinta y uno de agosto de dos mil veinte, salvo en el caso de la organización Gubernatura Indígena Nacional, A.C., que deberá estarse a lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG81/2020 de veintisiete de marzo de dos mil veinte, y la parte final del Considerando 7 de ese documento.
IV. Consultas y petición materia de este Acuerdo
7.     Como se señaló en los antecedentes de este Acuerdo, la consulta y petición formulada por el
representante legal de Redes Sociales Progresistas, A.C., organización de la ciudadanía en proceso de constitución de un nuevo PPN, es la siguiente:
"...
A. Contexto
Primero. - El 27 de marzo de 2020, el Secretario del Consejo General rindió el informe al que se refiere el numeral 119 del Instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir un Partido Político Nacional (en lo sucesivo, el Instructivo). A partir de ese Informe se tenía contemplado resolver lo conducente respecto de las solicitudes de registro presentadas, entre ellas la de la organización que represento, en el plazo de 60 días que señala el numeral 1 del artículo 19 de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP).
Segundo. - En esa misma fecha, a través del Acuerdo INE/CG82/2020, el Consejo General determinó como medida extraordinaria la suspensión de ciertas actividades inherentes a la función electoral, con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del Coronavirus, Covid-19, entre ellas, algunas relacionadas con la constitución de nuevos Partidos Políticos Nacionales.
Tercero. - El 28 de mayo de mismo año, a través del Acuerdo INE/CG82/2020, el Consejo General determinó reanudar actividades inherentes al proceso de constitución de Partidos Políticos Nacionales, a más tardar a partir del 15 de junio. En dicho Acuerdo se estableció que a más tardar el 31 de agosto, el Consejo General emitiría la resolución respecto de las solicitudes de registro presentadas, lo que implica la posibilidad de que NO se cumpla lo estipulado en el numeral 2 del artículo 19 de la LGPP, es decir, que no surta efectos constitutivos el registro de nuevos partidos políticos el primer día del mes de julio del año previo al de la elección.
En ese contexto, mi representada formula, respetuosamente, las siguientes:
B. Consultas
1. En la Asamblea Nacional Constitutiva, celebrada por nuestra organización el 22 de febrero del año en curso, se aprobó un régimen transitorio en los Estatutos que, entre otras cosas, prevé:
"Cuarto. En caso de obtener el registro como Partido Político Nacional por parte del Instituto Nacional Electoral, se realizará una Asamblea Nacional Extraordinaria antes de que inicie el Proceso Electoral Federal 2020-2021".
Este régimen fue aprobado en el entendido de que una vez realizada la Asamblea a la que se refiere, en caso de que hubiera modificaciones a los documentos básicos, se cumpliría con los plazos y términos, señalados en los artículos 25.1 inciso l) (comunicación al INE en el plazo de 10 días para que se pronuncie sobre la validez constitucional y legal de los cambios) y 34.2, inciso a), (no realizar cambios a documentos básicos una vez iniciado el Proceso Electoral), respectivamente, de la LGPP.
En consecuencia, ¿en caso de que el Consejo General del INE aplace el inicio de la vigencia del registro de nuevos partidos políticos, ya iniciado el Proceso Electoral 2020-2021 (o cerca de su inicio), se autorizará un régimen especial para que la organización que represento, en caso de conseguir el registro como Partido Político Nacional, pueda realizar una Asamblea General Extraordinaria (antes del inicio del Proceso Electoral) y modificar documentos básicos? ¿Establecerá la autoridad electoral alguna disposición especial que le permita declarar la procedencia constitucional y legal de las modificaciones que llegasen a acordarse, ya iniciado el Proceso Electoral 2020-2021?
2. En esa misma tesitura, se consulta sobre el tratamiento que dará la autoridad electoral respecto de la emisión de Reglamentos y disposiciones estatutarias para regular la vida interna, una vez que se obtenga el registro correspondiente en su caso.
C. Petición
En virtud de lo expuesto, solicito que se conceda un régimen especial de excepción, respecto de la aplicación de los artículos 25.1 inciso l) y 34.2, inciso a), de la LGPP, que atienda los tiempos extraordinarios que vivimos como país, procurando NO lesionar la
vida interna y el derecho de autoregularse de un Partido Político Nacional que obtenga, en su momento, el registro correspondiente.
Si bien es cierto, que a la fecha de la presentación de esta solicitud aún no tenemos el carácter de Partido Político Nacional, también lo es que requerimos estar preparados para cualquier escenario que se presente, por lo que en aras del principio de certeza electoral es que hacemos la consulta en los términos descritos...".
De lo anterior, se desprende que la consulta y, por ende, la petición que formula la representación legal de la organización contiene la siguiente pretensión respecto de la cual este Consejo General debe dar respuesta:
A. Si esta autoridad resolverá lo conducente sobre las solicitudes de registro presentadas por las siete (7) organizaciones en proceso de constitución como PPN, a más tardar el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, lo que implica que el registro de un nuevo partido político surtirá efectos constitutivos a partir del primer día del mes de septiembre de dos mil veinte; que el próximo Proceso Electoral Federal ordinario inicia en septiembre de este año, con la primera sesión que celebre este Consejo General durante la primera semana de septiembre; y que la modificación de los documentos básicos de un PPN no puede hacerse una vez iniciado el Proceso Electoral, programado en este año entre los días uno y cuatro de septiembre próximo. En consecuencia, la consulta es si este Consejo General autorizará un régimen especial de excepción para aquellas organizaciones que en su caso lleguen a obtener su registro como PPN, y a partir de que surtan efectos constitutivos puedan modificar sus documentos básicos y emitir Reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieran para el cumplimiento de dichos documentos básicos.
8.     Igualmente, como se refirió en el apartado de antecedentes de este Acuerdo, la consulta formulada por la representante propietaria del PRI ante este Consejo General es la siguiente:
"...
Antecedentes.
El 8 de septiembre de 2017, en sesión extraordinaria del Consejo General del INE, se aprobó la Resolución INE/CG428/2017 sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos del PRI, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 2017.
Específicamente, por lo que hace a los Estatutos, entre otros, se modificaron los artículos siguientes, en relación con el Consejo Político Nacional y la atribución que tiene para reformar, adicionar o derogar el Programa de Acción y los Estatutos, con excepción de su Título Primero:
...
Interpretación.
De una interpretación sistemática y funcional de los artículos transcritos, es evidente que, de manera ordinaria, es competencia de la Asamblea Nacional el reformar, adicionar o derogar los Documentos Básicos y el Código de Ética Partidaria, conforme con lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos; y que dichas reformas, adiciones o derogaciones entrarán en vigor a partir de su aprobación en la Asamblea Nacional (artículo 21 de los Estatutos).
Ahora bien, de manera extraordinaria, el Consejo Político Nacional tiene 2 facultades excepcionales para reformar, adicionar o derogar Normas Internas del PRI (artículos 16, 81, fracción I, y 83, fracción XXI):
I. En caso debidamente justificado, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes y con la aprobación de la mayoría de los Consejos Políticos de las entidades federativas, podrá reformar, adicionar o derogar el Programa de Acción y los Estatutos (con excepción de los primeros 58 artículos referentes a la naturaleza, fines e integración del partido político, así como el Código de Ética Partidaria).
II. Cuando por reforma legal o por resolución de las autoridades electorales sea
necesario modificar los Estatutos, el Consejo Político Nacional, a través de su Comisión Política Permanente, por mayoría simple, podrá hacer las adecuaciones pertinentes, sujetándose únicamente a lo ordenado.
Como se puede advertir, el Consejo Político Nacional tiene la facultad extraordinaria, por causa debidamente justificada o derivado de una reforma legal o resolución de autoridad electoral, para reformar, adicionar o derogar Normas Internas del PRI, sin que sea necesaria la intervención de la Asamblea Nacional; y en estos casos, el Consejo Político Nacional sólo debe rendir un informe de ello a la Asamblea Nacional cuando ésta se celebre.
Ahora bien, en 2021 se realizarán elecciones de diputaciones federales y en las treinta y dos entidades federativas para renovar diversos cargos; en el mes de septiembre de 2020 inician los procesos electorales federal y un número importante de entidades.
El Partido Revolucionario Institucional considera necesario realizar modificaciones a los Estatutos para estar preparados de mejor manera para participar en dichos procesos electorales 2020-2021, y sobre todo brindar certeza a todas las personas militantes y simpatizantes sobre las reglas internas que serán aplicables en estas contiendas que están por iniciar.
Pero debido a la pandemia Covid 19 que se está enfrentando a nivel internacional y aquí en México, no es factible ahora convocar a la realización de la Asamblea Nacional Ordinaria para que sea ese órgano máximo quien lleve a cabo las modificaciones que resulten pertinentes a los documentos básicos; ello, porque se tendría que convocar a un número muy relevante de personas delegadas, que residen en todas las entidades federativas y sería prácticamente imposible reunirlas en un solo recinto, en tanto que se deben atender las recomendaciones sanitarias y no se busca poner en riesgo la salud ni la vida de nuestros militantes.
Máxime que la Asamblea Nacional Ordinaria tendría que realizarse con un número similar de personas delegadas que estuvieron presentes en la XXII Asamblea Nacional Ordinaria (de 12 de agosto de 2017), que contó con una asistencia de 9,718 de las 10,138 personas delegadas acreditadas ante el INE en ese momento.
Tampoco es factible utilizar tecnologías de la información (plataformas como Zoom, Webex, etcétera) para realizar la Asamblea Nacional Ordinaria por el número probable de personas que deben participar en la misma como delegadas (aproximadamente 10 mil militantes), además de que cada persona delegada tendría que contar con un dispositivo que tenga acceso a internet, entre otras cuestiones.
Aunado a lo anterior, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 34, numeral 2, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, que señala que es asunto interno de los partidos políticos la elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el Proceso Electoral; como se advierte, existe una restricción para realizar modificaciones a los documentos básicos de los partidos políticos una vez iniciado el Proceso Electoral y, de acuerdo con lo señalado en el artículo 225, numeral 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la etapa de preparación del Proceso Electoral inicia con la primera sesión que el Consejo General del INE celebre durante la primera semana de septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias, es decir, el Proceso Electoral Federal iniciará en la primera semana de septiembre de 2020, y también iniciarán Procesos Electorales Locales en un número importante de entidades federativas.
Por todo lo anterior, se estima que con base en la interpretación de las normas estatutarias citadas y tomando en cuenta la situación de emergencia sanitaria nacional y el inicio eminente de los procesos electorales 2020-2021, entonces existe un caso debidamente justificado que el Consejo Político Nacional, conforme a la facultad excepcional que le otorga el primer párrafo del artículo 16, y la fracción XXI del artículo
83, ambos de los Estatutos, pueda reformar, adicionar o derogar normas de sus Estatutos y demás documentos básicos (con los artículos previstos en el Título Primero de los Estatutos y demás excepciones previstas) sin que sea necesario que dichas modificaciones deban ser aprobadas por la Asamblea Nacional.
Además, es más factible que se convoque a los integrantes del Consejo Político Nacional (quienes representan a toda la militancia del partido, pero cuyo número es menor a los integrantes de la Asamblea Nacional) y que las personas puedan sesionar vía remota o, en su caso, en forma presencial (cuidando las medidas sanitarias), con la finalidad de que se lleven a cabo las modificaciones a los documentos básicos que el partido político requiere para afrontar los procesos electorales 2020-2021, antes de que inicien tales contiendas y para dotar de certeza jurídica a todas las personas militantes.
Sobre todo, porque una vez que se realicen las modificaciones necesarias a los documentos básicos, ello se debe comunicar al INE, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente, para que el Consejo General del INE resuelva lo que corresponda en cuanto a la constitucionalidad y legalidad de las modificaciones; en el entendido de que la resolución del Consejo General deberá distarse en un plazo que no exceda de 30 días naturales contados a partir de la presentación de la documentación correspondiente, según lo dispone el artículo 25, numeral 1, inciso l), de la Ley General de Partidos Políticos. Además, lo que resuelva el Consejo General del INE puede ser cuestionado a través de los medios de impugnación respectivos, por lo que también se debe brindar el tiempo suficiente para que se agote la cadena impugnativa, y que esto se haga, en la medida de lo posible, antes de que inicien los procesos electorales a nivel federal y en gran parte de las entidades federativas.
Lo que evidencia la necesidad de que, a la brevedad posible, pueda convocarse al Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional para que realice las modificaciones pertinentes a los documentos básicos, y que las mismas sean revisadas por el INE y, en su caso, cuestionadas ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que los más pronto posible se tenga certeza de las normas internas que el partido aplicará en los procesos electorales que iniciarán en septiembre de 2020.
Asimismo, se considera que el Consejo Político Nacional está obligado a ejercer la segunda facultad excepcional citada, prevista en los artículos 16, segundo párrafo, y 81, fracción I, ambos de los Estatutos, pues se ha cumplido el supuesto normativo de una reforma legal que hace necesario modificar los Estatutos.
En efecto, el 13 de abril de 2020, se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, el cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación, y mandata, sobre todo por los procesos electorales venideros, que los partidos políticos modifiquemos nuestros documentos básicos para ajustarlos a dicha reforma.
Incluso, como consecuencia de lo anterior, el Consejo General del INE, en la Resolución INE/CG155/2020 de 19 de junio de 2020, sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los documentos básicos del Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano, señaló que no pasaba desapercibido el impacto normativo de la reforma a diversas leyes en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación de 13 de abril de 2020, y que dentro de dichas reformas se modificaron diversas disposiciones que establecen los elementos mínimos de los documentos básicos que regulan la vida interna de los partidos políticos para considerarlos democráticos. Por lo que, los Partidos Políticos Nacionales debemos realizar las reformas para actualizar y armonizar nuestros documentos básicos, así como, en su caso, sus Reglamentos; conforme al artículo 34, numeral 2, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, y con ello dar cumplimiento a las reformas aprobadas mediante el Decreto mencionado.
 
En consecuencia, en el resolutivo sexto, en atención al principio de autoorganización, se requirió a Movimiento Ciudadano para que realice a la brevedad las modificaciones a sus documentos básicos y con ello, de cumplimiento a las reformas y adiciones aprobadas mediante el referido Decreto, e informe al INE dentro del plazo contenido en el artículo 25, numeral 1, inciso l), de la Ley General de Partidos Políticos.
De lo anterior, resulta evidente la actualización de las hipótesis previstas en los artículos 16, segundo párrafo, y 81, fracción I, ambos de los Estatutos del PRI, pues por la reforma legal de 13 de abril de 2020, es necesario modificar los Estatutos del partido político que represento, por lo que se considera que el Consejo Político Nacional debe ejercer la facultad extraordinaria para hacer las adecuaciones pertinentes tanto en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género como en otros temas relevantes para asegurar la participación del partido en los próximos procesos electorales en mejores condiciones.
Consulta.
Tomando en cuenta todo lo antes expuesto, se consulta al Consejo General del INE si es factible lo siguiente:
a)    Que el Consejo Político Nacional formule modificaciones a los documentos básicos del partido político, salvo las excepciones antes referidas, y sin necesidad de que se convoque a la celebración de una Asamblea Nacional, por los motivos antes expuesto.
b)    Si las sesiones del Consejo Político Nacional pueden realizarse vía remota y, en su caso, de forma presencial de algunas personas, es decir, se pueden utilizar ambas modalidades...".
De lo anterior, se desprende que la consulta contiene las siguientes pretensiones, respecto de las cuales este órgano máximo de dirección debe dar respuesta:
A. Si se cumple el procedimiento estatutario para la aprobación de modificaciones a los documentos básicos del PRI, por parte de su Consejo Político Nacional, derivado de la pandemia por el brote de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
B. De resultar procedente lo anterior, si la sesión que celebre el citado órgano colegiado puede ser a distancia, mediante el uso de herramientas informáticas y, en su caso, además de manera presencial por algunas personas; es decir, en ambas modalidades.
V. Respuesta a la consulta y petición de Redes Sociales Progresistas, A.C.
Motivos que sustentan la determinación
9.     El veintisiete de marzo de dos mil veinte, mediante Acuerdo INE/CG82/2020, este Consejo General dictó la suspensión de plazos inherentes a las actividades de la función electoral, con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, COVID-19.
El Acuerdo INE/CG82/2019, en su parte considerativa, entre otras cosas, señaló lo siguiente:
"... Sin embargo, por una parte, el cumplimiento de algunas de las funciones de este órgano autónomo implican necesariamente el contacto directo con las personas, su movilidad, congregación en centros de trabajo, realización de actividades en campo, entre otras, que implican riesgos de infección en el contexto actual de la contingencia sanitaria.
En ese contexto, las medidas dictadas en el acuerdo de la Junta General Ejecutiva, en el ámbito esencialmente administrativo, se plantearon en un enfoque abierto con base en una actuación responsable e informada, a fin de que, atendiendo a las circunstancias que pudieran presentarse se realicen los ajustes que resulten necesarios y que le permitan al Instituto alinear sus recursos al esfuerzo de contención del COVID-19 que coordinan las autoridades sanitarias.
Por la otra, del momento en que se dictó el Acuerdo de referencia, a la fecha, conforme con los reportes de la autoridad sanitaria, el número de casos de infección en el país se ha incrementado en un 713%, el de decesos de 0 a 8 casos, en tanto que el de sospechosos lo ha hecho en un 1,261%. En efecto, de acuerdo a la información actualizada diariamente, que permite conocer día a día la magnitud de la contingencia
sanitaria a la que se enfrenta la población en general en nuestro país, relacionada con el crecimiento del número de casos alrededor del mundo, y tomando en cuenta los riesgos de contagio, de conformidad con los informes técnicos y comunicados de la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud, entre otras fuentes, la pandemia derivada del COVID-19, entró, en México, en fase dos el 24 de marzo del año en curso, en tanto que el contagio va estadísticamente en ascenso no marginal.
Al respecto, la Organización Mundial de la Salud señala que la fase dos se caracteriza por la transmisión comunitaria o local del coronavirus COVID-19, lo que significa que los contagios dentro del país han comenzado a darse entre la población, es decir, ya no solo se restringen a casos importados de otros países.
La declaración de la fase dos de la pandemia por Coronavirus COVID-19 hace más difícil identificar el origen de la infección y, por ello, las medidas para mitigar el contagio y propagación del virus se vuelven más estrictas.
En este sentido, derivado de los comunicados realizados por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, se hizo un llamado a la población a fin de robustecer las medidas de prevención, que incluyen la suspensión de eventos públicos donde se reúnan más de cincuenta personas, cancelación de clases, la suspensión temporal de actividades laborales que involucren la movilización de personas, disminuir drásticamente la movilidad de personas, suspensión de actividades gubernamentales no esenciales, entre otras.
De igual forma, en la conferencia de prensa matutina del Presidente de la República del 26 de marzo pasado, el referido subsecretario señaló que lo que se busca es parar el riesgo, pues "la fase tres se va a dar, no hay duda que la fase tres se va a dar. La fase tres es la fase de máxima transmisión, es la fase de mayor cantidad de casos por día y es la fase donde el riesgo principal es que se sature el Sistema Nacional de Salud a pesar de la preparación" que el gobierno ha llevado a cabo.
En ese contexto, tomando en consideración que nos encontramos en un momento crucial para mitigar la propagación del coronavirus COVID-19 y privilegiando el derecho humano a la salud, este órgano máximo de dirección estima necesario, a fin de evitar el incumplimiento de plazos y términos cuyo vencimiento está próximo, y así brindar seguridad jurídica en el actuar de esta autoridad, sin dejar de cumplir con la función que se tiene constitucionalmente encomendada, pero sin poner en riesgo la salud de las personas, decretar como medida extraordinaria la suspensión de plazos y términos relacionados con las actividades vinculadas a la función electoral, con la realización de trámites y prestación de servicios, así como con toda aquella que requiera la interacción de personas, tanto al interior como al exterior del Instituto, como las que se señalan, de manera enunciativa mas no limitativa, en el anexo único de este Acuerdo, hasta en tanto continúe la contingencia sanitaria derivada de la pandemia.
Ello implica que la continuidad de actividades del Instituto será preponderantemente a través del trabajo que sea posible que el personal realice desde sus hogares, con apoyo de las herramientas tecnológicas y de comunicaciones, desde la fecha de aprobación del presente Acuerdo y hasta que se contenga la pandemia de coronavirus, Covid-19. Para ello, este Consejo General dictará las determinaciones conducentes a fin de reanudar los plazos y términos, así como las actividades y retomar los trabajos inherentes al ejercicio de la función que tiene encomendada este Instituto.
(...)
Ahora bien, la materia electoral goza de un dinamismo particular, más aún ante las circunstancias excepcionales actuales ocasionadas por la pandemia del COVID-19, por lo que puede surgir la necesidad de que en las siguientes semanas se requiera tomar medidas adicionales, en relación con algunas actividades no comprendidas en el anexo único de este Acuerdo, por lo que debe facultarse al Consejero Presidente y al Secretario Ejecutivo, en sus respectivos ámbitos de competencia, para que tomen las determinaciones necesarias para hacer frente a la contingencia sanitaria y garantizar el ejercicio de las atribuciones de la Institución, debiendo informar oportunamente de ello a los integrantes de este órgano colegiado...".
Dentro de dichas medidas, en sus puntos primero y segundo de acuerdo, se determinó lo siguiente:
 
"... Primero. Se aprueba como medida extraordinaria la suspensión de los plazos y términos relativos a las actividades inherentes a la función electoral enunciadas en el anexo único de este Acuerdo, hasta que se contenga la pandemia de coronavirus, Covid-19, para lo cual este Consejo General dictará las determinaciones conducentes a fin de reanudar las actividades y retomar los trabajos inherentes al ejercicio de sus atribuciones.
Segundo. Se faculta al Consejero Presidente y al Secretario Ejecutivo, en sus respectivos ámbitos de competencia, para que atento a la información proporcionada por la Secretaria de Salud, tomen las determinaciones necesarias para hacer frente a la contingencia sanitaria y garantizar el ejercicio de las atribuciones de la Institución, debiendo informar oportunamente de ello a los integrantes de este órgano colegiado...".
En este sentido, el INE, a través del Secretario Ejecutivo, emitió diversas circulares a las personas titulares de las unidades responsables de oficinas centrales y órganos desconcentrados, a efecto de diseñar e implementar planes de trabajo, que, además de comprender acciones de seguimiento, permitan garantizar la continuidad de las actividades y la atención de los asuntos que sean competencia de cada unidad durante el periodo que subsista la emergencia sanitaria.
Es de destacar que el veintiuno de abril de dos mil veinte se inició la Fase 3 en el país y la jornada nacional de sana distancia se extendió hasta el treinta de mayo. Al respecto, no debe perderse de vista que el personal del INE encargado de la mayoría de las actividades para la constitución de nuevos Partidos Políticos Nacionales se encuentra asentado en la Ciudad de México. En este tenor y respecto de las actividades inherentes al registro el INE continuó con ciertas actividades hasta el inicio de esta fase, mismas que se describen en el apartado 6.1 del Acuerdo INE/CG97/2020 de veintiocho de mayo de dos mil veinte.
Si bien, desde que se declaró la emergencia sanitaria, el personal del Instituto ha laborado vía remota para dar continuidad a los procedimientos establecidos en el Instructivo, fue materialmente imposible realizar algunas acciones que dependen de otras instancias que han suspendido labores, o que implican contacto directo con las personas como lo son las visitas domiciliarias, la notificación a algunos partidos políticos locales, la atención de requerimientos por algunas autoridades, las garantías de audiencia, las cuales sólo podrán ser culminadas en tiempo y forma una vez que concluyan las restricciones de la situación descrita o se retomen actividades.
Por su parte, conforme a lo señalado por el artículo 19 de la LGPP, este Consejo General debía resolver lo conducente dentro del plazo de sesenta días contados a partir de que tenga conocimiento de la presentación de la solicitud de registro (lo que en la especie aconteció el veintisiete de marzo de dos mil veinte), y el registro de un PPN, en condiciones normales, surte efectos constitutivos a partir del uno de julio, en este caso, de dos mil veinte. Sin embargo, tomando en consideración la situación extraordinaria que prevalece en el país y las determinaciones que el propio Instituto ha adoptado en congruencia con las estrategias del Gobierno Federal, y que existen acciones dentro del procedimiento de constitución de partidos políticos que ha sido materialmente imposible llevar a cabo, el plazo de sesenta días que tiene esta autoridad para resolver lo conducente, así como la fecha prevista en la LGPP para que surta efectos el registro como PPN, tuvo que prorrogarse a través del Acuerdo INE/CG97/2020, de veintiocho de mayo de dos mil veinte, por el que se reanudan algunas actividades suspendidas como medida extraordinaria con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, COVID-19, mediante Acuerdo INE/CG82/2020, o que no han podido ejecutarse, respecto al proceso de constitución de nuevos Partidos Políticos Nacionales y se modifica el plazo para dictar la resolución respecto a las siete (7) solicitudes de registro presentadas; esto es, a más tardar el treinta y uno de agosto de dos mil veinte.
Asimismo, debe tomarse en cuenta la proximidad del inicio del Proceso Electoral Federal 2020-2021 en el mes de septiembre de dos mil veinte, con la primera sesión que este Consejo General celebre; siendo un derecho de los partidos políticos, entre otros, participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral, participar en las elecciones, acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público correspondiente.
Modificación de documentos básicos y emisión de reglamentación de nuevos PPN
Derivado de lo expuesto, resulta razonable y necesario que este Consejo General también
armonice dichas circunstancias a efecto de garantizar tanto la resolución oportuna de las solicitudes de registro presentadas por las siete (7) organizaciones citadas, así como brindar certeza respecto del plazo que tendrán los nuevos Partidos Políticos Nacionales, a partir de sus efectos constitutivos que en todo caso será el uno de septiembre de dos mil veinte, para modificar sus documentos básicos, así como para la emisión de los Reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieran para el cumplimiento de éstos.
Se explica, así como este Consejo General, derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, COVID-19, tuvo que suspender el veintisiete de marzo de dos mil veinte el plazo que tenía de sesenta días contados a partir de que tuviera conocimiento de la presentación de las solicitudes de registro para resolver lo conducente(1) (que también aconteció ese día), reanudándose a través del Acuerdo INE/CG97/2020 el veintiocho de mayo de dos mil veinte, y determinado que para resolver lo conducente sobre las solicitudes de registro presentadas por las siete (7) organizaciones este Consejo General no excederá del treinta y uno de agosto de dos mil veinte. En consecuencia, se considera procedente determinar que en caso de que esta autoridad otorgue el registro a un nuevo PPN, a partir de que surta efectos constitutivos dicho registro que en todo caso será el uno de septiembre de dos mil veinte, el partido político podrá modificar sus documentos básicos y emitir los Reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos, dentro del mismo plazo que se tenía previsto de manera ordinaria, es decir, dos meses como se evidencia a continuación.
En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, numerales 1 y 2, de la LGPP, en el desarrollo del proceso ordinario o regular de constitución de un nuevo PPN, este Consejo General debe elaborar el proyecto de Dictamen, dentro del plazo de sesenta días contados a partir de que tenga conocimiento de la presentación de la solicitud de registro, y resolver lo conducente. El registro de los partidos políticos surtirá efectos constitutivos a partir del primer día del mes de julio del año previo al de la elección.
Considerando que el artículo 225, numerales 1 y 3, de la LGIPE, señalan que el Proceso Electoral se inicia en septiembre del año previo al de la elección, y que la etapa de preparación se inicia con la primera sesión que el Consejo General del INE celebre durante la primera semana de septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias; entonces si, en condiciones normales, el registro de nuevos Partidos Políticos Nacionales tiene efectos a partir del uno de julio del año previo a la elección y desde ese momento hasta antes de que inicie el Proceso Electoral Federal, lo que acontece en la primera semana de septiembre de ese mismo año, transcurriendo en el inter los meses de julio y agosto.
Por tanto, es evidente que los nuevos partidos políticos tienen de manera ordinaria o regular, aproximadamente dos meses para modificar, en su caso, sus documentos básicos y emitir los Reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieran, previo al inicio del Proceso Electoral, tomando como base que los efectos constitutivos, en condiciones ordinarias, son a partir del uno de julio y que el inicio del Proceso Electoral es la primera semana de septiembre, en ambos casos, del año previo a la elección, y de ahí que se observe y cumpla, de manera ordinaria o regular, lo estipulado en el artículo 34, numeral 2, inciso l), de la LGPP, en el sentido de que los partidos políticos pueden modificar sus documentos básicos, pero no una vez iniciado el Proceso Electoral.
En ese sentido, si derivado de la situación extraordinaria por la emergencia sanitaria referida, este Consejo General ha tenido que modificar los plazos en el proceso de constitución de Partidos Políticos Nacionales 2019-2020, y la resolución que en su caso se emita favorable, será a más tardar el treinta y uno de agosto de dos mil veinte y el registro de un nuevo PPN surtirá efectos constitutivos a partir del primer día del mes de septiembre de dos mil veinte; en vía de consecuencia, debe permitirse excepcionalmente que un nuevo PPN pueda modificar, en su caso, sus documentos básicos y emitir los Reglamentos internos y acuerdos de carácter general que requiera, otorgando un plazo extraordinario para ello, durante septiembre y octubre de dos mil veinte, aún y cuando haya iniciado el Proceso Electoral Federal 2020-2021.
En apoyo a la determinación que se adopta, se destaca que ésta es congruente con el criterio de la Sala Superior del TEPJF, en el sentido de que las leyes contienen hipótesis comunes, no extraordinarias(2). Al respecto, se ha considerado que cuando se presentan circunstancias anormales, explicablemente no previstas en la Legislación Electoral, la autoridad debe buscar una
solución con base en el conjunto de principios rectores, para encontrar la armonización de los fines y valores tutelados y solventar conforme con los principios constitucionales y la interpretación del entramado legal una situación atípica por no estar expresamente prevista en la legislación, para así preservar y garantizar la regularidad constitucional y legal del sistema jurídico electoral.
Asimismo, también soporta esta decisión, el hecho de que los nuevos PPN, así como aquellos que tiene su registro vigente, están obligados a modificar sus documentos básicos, ante el impacto normativo de la reforma a diversas leyes en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, publicada en la edición vespertina del DOF de trece de abril de dos mil veinte, y que dentro de dichas reformas se modificaron diversas disposiciones que establecen los elementos mínimos de los documentos básicos que regulan la vida interna de los partidos políticos para considerarlos democráticos. Por lo que, TODOS los PPN con registro vigente y los nuevos, deben realizar las reformas para actualizar y armonizar sus documentos básicos, así como, en su caso, sus Reglamentos en el caso de aquellos que tiene un registro previo, o contemplar dichas modificaciones legales en los Reglamentos que emitan los nuevos PPN; conforme al artículo 34, numeral 2, inciso a), de la LGPP, y con ello dar cumplimiento a las reformas aprobadas mediante el Decreto mencionado.
En complementariedad, a fin de empatar y armonizar la solución que se adopta con el entramado constitucional y legal vigente(3), es importante precisar que esta determinación no afectará en lo sustancial la previsión constitucional y legal de contar con un sistema jurídico que no sea susceptible de modificación previó al inicio del Proceso Electoral, ya que las modificaciones que haga un nuevo PPN a sus documentos básicos y la emisión de Reglamentos internos y acuerdos de carácter general, se llevará a cabo antes del inicio de la etapa de precampaña, prevista conforme con lo dispuesto en el artículo 226, numeral 2, inciso b), de la LGIPE, en la primera semana de enero del año de la elección, es decir, en enero de dos mil veintiuno, por lo que el proceso interno para la selección de candidaturas a diputaciones federales de un nuevo PPN, podrá efectuarse bajo reglas ciertas respecto del conjunto de actividades que realizarán dichos nuevos partidos políticos y las personas aspirantes a dichos cargos, de conformidad con lo establecido en la LGIPE, en los Estatutos, Reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada nuevo PPN, por lo que se observa y protege el fin tutelado por la norma constitucional y su correlativa legal aplicable al régimen legal de los partidos políticos.
De igual modo, se cumplirá lo dispuesto en el numeral 2, del artículo 226, de la LGIPE, pues en el caso de los nuevos PPN, al menos treinta días antes del inicio formal de los procesos internos para la selección de candidaturas a diputaciones federales, determinará, conforme con sus Estatutos, el procedimiento aplicable para la selección; así como la determinación que se adopte, podrán comunicarla a este Consejo General dentro de las setenta y dos horas siguientes a su aprobación, señalando la fecha de inicio del proceso interno; el método o métodos que serán utilizados; la fecha para la expedición de la convocatoria correspondiente; los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno; los órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia; la fecha de celebración de la asamblea electoral nacional, estatal, distrital o, en su caso, de realización de la jornada comicial interna.
Por su parte, las organizaciones que obtengan su registro como PPN, deberán considerar lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), y 34, numeral 2, inciso a), de la LGPP, y 8, numeral 1, 10, 11, 12, 13 y 18, del Reglamento sobre modificaciones a documentos básicos, registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de agrupaciones y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral(4), en relación con lo siguiente:
a) Es obligación de los Partidos Políticos Nacionales comunicar a este Instituto cualquier modificación a sus documentos básicos, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido político, presentando todos los anexos correspondientes.
b) Posterior a la presentación de la solicitud correspondiente, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos contará con un plazo de diez días hábiles para analizar el cumplimiento al procedimiento estatutario aplicable de la modificación de documentos básicos.
c) En caso de que exista alguna omisión en la documentación que deba presentarse o, en su caso,
exista la necesidad de aclaración respecto de la documentación entregada y/o la validez estatutaria de las decisiones que se comuniquen, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, mediante oficio, lo comunicará al solicitante para que éste, en un plazo de cinco días hábiles, contado a partir de la notificación respectiva, subsane las deficiencias que se le hayan señalado y manifieste lo que a su derecho convenga.
d) De continuar la omisión, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos comunicará al solicitante para que éste, en un plazo de dos días hábiles, contado a partir de la notificación respectiva, subsane las deficiencias que se le hayan señalado y manifieste lo que a su derecho convenga.
e) La resolución que este Consejo General deberá dictar, se hará en un plazo que no exceda de treinta días naturales contados a partir de la presentación de la documentación correspondiente, o del cumplimiento del requerimiento formulado.
f) Las modificaciones a los documentos básicos que se aprueben en la sesión correspondiente surtirán efectos hasta que este Consejo General declare su procedencia constitucional y legal. Por lo que hace a las modificaciones a los Estatutos, éstas surtirán efectos al día siguiente de su publicación en el DOF o, en su caso, en fecha diversa dispuesta por la norma estatutaria, siempre que ésta sea posterior a la referida publicación y no rebase el plazo que se otorga para ello.
Con lo anterior, se da respuesta a la consulta formulada por la representación legal de la Organización Redes Sociales Progresistas, A.C., y atendida su petición, para el caso de que llegue a obtener su registro como PPN. En el entendido de que el criterio sostenido en el presente Acuerdo aplica a cualquiera de las siete organizaciones que solicitaron formalmente ante el INE su registro como Partido Político Nacional en caso de obtener el mismo.
En relación con la organización Gubernatura Indígena Nacional, A.C., la cual tiene suspendido el procedimiento de constitución como PPN, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG81/2020 de veintisiete de marzo de dos mil veinte; como se expuso en su parte considerativa de esa determinación, la suspensión fue a partir del ocho de marzo de dos mil veinte y hasta que existan las condiciones sanitarias para reprogramar las asambleas estatales que eligió.
Por ende, esta autoridad en apego a la obligación que tiene de adoptar todas las medidas especiales e idóneas para salvaguardar y potencializar los derechos de los pueblos indígenas u originarios y sus miembros, que les permitan cumplir con las exigencias para tal efecto, sobre todo para el caso de que se advierta una situación de vulnerabilidad o de desventaja que atente contra derechos; además, de que tal y como lo sostuvo la Sala Superior del TEPJF al resolver el expediente SUP-JDC-66/2019, en la que vinculó a este Instituto a realizar los ajustes necesarios y consecuentes por cuanto a los plazos dispuestos para que la organización Gubernatura Indígena Nacional, A.C. agote el procedimiento para constituirse como PPN.
En tal sentido, este Consejo General, tal y como ya lo señaló en el Acuerdo INE/CG97/2020 de veintiocho de mayo de dos mil veinte, será a través de un acuerdo posterior y hasta que existan las condiciones sanitarias para reprogramar las asambleas estatales (lo que implica que la asociación civil también pueda recabar las afiliaciones en el resto del país a través de la aplicación móvil y en el régimen de excepción), que determinará los plazos para ello, lo que se hará de su conocimiento a través de la notificación que realice la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, por instrucción de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto.
Por lo que hace a la determinaron de los plazos para fiscalizar a la organización Gubernatura Indígena Nacional A.C., en dicho Acuerdo también se establecerán, así como, en su caso, los plazos para resolver las denuncias que se lleguen a presentar; todo ello con el fin de resolver dichas cuestiones antes de la resolución que este Consejo General adopte si la organización llega a presentar solicitud de registro para constituirse como PPN.
Lo anterior, es acorde con lo resuelto por la Sala Superior del TEPJF al emitir la sentencia en los expedientes SUP-JDC-742/2020 y acumulados, el veinticuatro de junio de dos mil veinte, en cuanto a que no se causa una afectación a Gubernatura Indígena Nacional A.C., que le impida, en su momento, continuar con el procedimiento.
VI. Respuesta a la consulta de la representación del PRI
Normatividad partidista aplicable
10.   Para dar respuesta a la consulta de mérito, esta autoridad analiza el procedimiento de modificación
de documentos básicos del PRI, en términos de lo establecido en los artículos 14, 16, 21, 69, 70, fracción I, 71, 77, 78, 81, fracción I, 83, fracción XXI, y 84, fracciones I y II, de sus Estatutos.
Asimismo, se considera lo previsto en los artículos 1, 2, 18, fracciones I, II, III y IV, 21, fracción XXIII, 22, 23, 24, 27 y 30, del Reglamento del Consejo Político Nacional del PRI.
A.    Procedimiento de aprobación de modificaciones a los documentos básicos por parte del Consejo Político Nacional del PRI, derivado de la pandemia por el brote de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)
De las disposiciones normativas internas antes citadas, esta autoridad considera que la interpretación que realiza la representación del PRI ante este Consejo General es correcta, sumado a la situación de emergencia sanitaria que prevalece en el país derivada de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y que incluso, como ya se expuso en los antecedentes de este Acuerdo, ha generado que esta autoridad suspenda y posteriormente modifique diversos plazos legales, como fue el proceso de constitución de nuevos Partidos Políticos Nacionales 2019-2020.
En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos del PRI, específicamente por lo que hace a sus "Normas Internas", es competencia de la Asamblea Nacional reformar, adicionar o derogar los documentos básicos y el Código de Ética Partidaria, por el voto mayoritario de sus personas delegadas (artículo 14 estatutario), y dichas reformas, adiciones o derogaciones, entrarán en vigor a partir de su aprobación en la Asamblea Nacional y acorde con lo dispuesto por la legislación de la materia y se publicarán en el órgano de difusión del partido (artículo 21 estatutario).
Sin embargo, de conformidad con lo señalado en el considerando 37 de la Resolución INE/CG428/2017, de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, emitida por este Consejo General sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos del PRI; del análisis en particular del contenido de los artículos 21 y Transitorio Primero de los Estatutos, mismos que disponen lo siguiente, para pronta referencia:
"...
Artículo 21. Los Documentos Básicos y sus reformas, adiciones o derogaciones entrarán en vigor a partir de su aprobación en la Asamblea Nacional y acorde con lo dispuesto por la legislación de la materia y se publicarán en el órgano de difusión del Partido.
(...)
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. Las reformas aprobadas a estos Estatutos por la XXII Asamblea Nacional entrarán en vigor una vez que sean aprobadas en su sesión plenaria y de conformidad con las disposiciones de la Legislación Electoral...".
Al respecto, esta autoridad señaló que tales normas deberán interpretarse en el sentido de que el inicio de la vigencia de las modificaciones a los Estatutos será a partir del día siguiente al de su publicación en el DOF.
Aclarado lo anterior, de los Estatutos del PRI, también se desprende respecto de sus "Normas Internas", específicamente de los artículos 16, 81, fracción I, y 83, fracción XXI, que el Consejo Político Nacional, de manera excepcional puede reformar, adicionar o derogar el Programa de Acción y los Estatutos, con excepción del Título Primero(5), que forman parte de los documentos básicos, así como el Código de Ética Partidaria; y esto sólo lo puede realizar en tres supuestos o hipótesis:
i.     Por causa debidamente justificada.
ii.     Derivado de una reforma legal.
iii.    Por resolución de autoridades electorales.
En el primer supuesto, esa causa justificada se materializa en el caso concreto, por hechos como los que expone en la consulta el PRI, tocante al inicio en este año de los Procesos Electorales Federales y locales 2020-2021; la necesidad que tienen de realizar modificaciones a los Estatutos para participar en dichos procesos electorales, brindando certeza a su militancia y simpatizantes sobre las reglas internas que serán aplicables en esas contiendas que están próximas a iniciar; en el caso, también actualiza el supuesto, la situación de la emergencia sanitaria que prevalece en el país
derivada de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), que dificulta en extremo por cuestiones sanitarias, la posibilidad de convocar y reunir para la realización de la Asamblea Nacional Ordinaria a un número aproximado de diez mil personas de toda la República Mexicana para que acudan en forma presencial, o que éstas participen utilizando tecnologías de la información; y la disposición legal de que la modificación de documentos básicos no puede realizarse una vez iniciado el Proceso Electoral(6).
En consecuencia, existiendo un caso debidamente justificado, el Consejo Político Nacional, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes y con la aprobación de la mayoría de los Consejos Políticos de las entidades federativas, podrá reformar o adicionar el Programa de Acción y los Estatutos, con las excepciones citadas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16, primer párrafo, y 83, fracción XXI, de los Estatutos.
Por otro lado, también se actualiza y es procedente el segundo supuesto, materia de la consulta, en cuanto a que el Consejo Político Nacional PRI, de manera excepcional, puede modificar los Estatutos derivado de una reforma legal, como en el caso sucede -y correctamente cita el partido político consultante-, derivado de la publicación en la edición vespertina del DOF de trece de abril de dos mil veinte, del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, el cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación, a efecto de que los partidos políticos estuvieran en aptitud de modificar sus documentos básicos antes del inicio del Proceso Electoral 2020-2021.
Así, en el caso del PRI y de TODOS los partidos políticos, a partir del catorce de abril de dos mil veinte, están obligados a realizar las reformas para actualizar y armonizar sus documentos básicos, Reglamentos y acuerdos de carácter general; conforme al artículo 34, numeral 2, inciso a), de la LGPP, y con ello dar cumplimiento a las reformas aprobadas mediante el Decreto indicado.
Debido a lo anterior, existiendo una reforma legal como la precisada, entonces resulta evidente que, el Consejo Político Nacional tiene el deber de modificar los Estatutos del PRI, con votación de mayoría simple; pero, además, también existe una causa debidamente justificada -en razón de las condiciones excepcionales generadas por la contingencia sanitaria derivadas de la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)-, ante la inviabilidad material por razones sanitarias de convocar y efectuar una Asamblea Nacional Ordinaria con una participación de un universo aproximado de diez mil personas militantes y la imposibilidad de utilizar herramientas tecnológicas, entonces para reformar sus Estatutos sólo tendría que adecuarlos a lo ordenado en la reforma legal. Esto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16, segundo párrafo, y 81, fracción I, de los Estatutos.
Por lo que hace al tercer supuesto, el Consejo Político Nacional también podrá, de manera excepcional, modificar los Estatutos por resolución de las autoridades electorales, por ejemplo, si así lo ordena en una sentencia la Sala Superior del TEPJF, y para ello bastará una votación por mayoría simple de sus integrantes del Consejo Político Nacional para hacer las adecuaciones pertinentes, sujetándose únicamente a lo ordenado. En este caso, conforme con lo dispuesto en el artículo 16, segundo párrafo, de los Estatutos.
En conclusión, esta autoridad considera que la interpretación que realiza la representación del PRI en su consulta es correcta, y por las razones que expone, sí es viable que su Consejo Político Nacional ejerza las facultades excepcionales previstas en los artículos 16, 81, fracción I, y 83, fracción XXI, de los Estatutos, al existir causas debidamente justificadas que lo permiten, como las que han quedado precisadas consistentes en las restricciones sanitarias con motivo de la pandemia por Covid 19 que se vive en México, lo que imposibilita que se convoque y reúna la Asamblea Nacional; y, por otra parte, la existencia de una reforma legal que debe acatar desde el catorce de abril de dos mil veinte, con motivo de la entrada en vigor del Decreto referido por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Ahora bien, las causas que justifiquen que las reformas a los Estatutos y documentos básicos se realicen por el Consejo Político Nacional del PRI, deberán precisarse en forma expresa en el desarrollo del propio Consejo, es decir, deben manifestarse todas las razones y motivos por las que no resulta viable convocar a la Asamblea Nacional y la necesidad y justificación para que las reformas las efectué el referido Consejo Político Nacional, que deben ser acordes a las razones que se exponen en la consulta que se atiende o algunas otras.
Al respecto, también deberán considerarse, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), y 34, numeral 2, inciso a), de la LGPP, y 8, numeral 1, 10, 11, 12, 13 y 18, del Reglamento sobre modificaciones a documentos básicos, registro de integrantes de órganos
directivos y cambio de domicilio de agrupaciones y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral(7), lo siguiente:
a) La modificación de documentos básicos, si bien es un asunto interno de los partidos políticos, éstas no podrán hacerse una vez iniciado el Proceso Electoral.
b) Es obligación de los Partidos Políticos Nacionales comunicar a este Instituto cualquier modificación a sus documentos básicos, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido político, presentando todos los anexos correspondientes.
c) Posterior a la presentación de la solicitud correspondiente, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos contará con un plazo de diez días hábiles para analizar el cumplimiento al procedimiento estatutario aplicable de la modificación de documentos básicos.
d) En caso de que exista alguna omisión en la documentación que deba presentarse o, en su caso, exista la necesidad de aclaración respecto de la documentación entregada y/o la validez estatutaria de las decisiones que se comuniquen, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, mediante oficio, lo comunicará al solicitante para que éste, en un plazo de cinco días hábiles, contado a partir de la notificación respectiva, subsane las deficiencias que se le hayan señalado y manifieste lo que a su derecho convenga.
e) De continuar la omisión, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos comunicará al solicitante para que éste, en un plazo de dos días hábiles, contado a partir de la notificación respectiva, subsane las deficiencias que se le hayan señalado y manifieste lo que a su derecho convenga.
f) La resolución que este Consejo General deberá dictar, se hará en un plazo que no exceda de treinta días naturales contados a partir de la presentación de la documentación correspondiente, o del cumplimiento del requerimiento formulado.
g) Las modificaciones a los documentos básicos que se aprueben en la sesión correspondiente surtirán efectos hasta que este Consejo General declare su procedencia constitucional y legal. Por lo que hace a las modificaciones a los Estatutos, éstas surtirán efectos al día siguiente de su publicación en el DOF o, en su caso, en fecha diversa dispuesta por la norma estatutaria, siempre que ésta sea posterior a la referida publicación y no rebase el plazo que se otorga para ello.
11.   Derivado de la respuesta que se da en este apartado a la consulta que se atiende, este Consejo General, como autoridad garante del respeto de los derechos políticos y electorales de las mujeres, en atención del principio de autoorganización, considera procedente requerir a todos los Partidos Políticos Nacionales, para que realicen a la brevedad las modificaciones a sus documentos básicos y con ello, den cumplimiento a las reformas aprobadas mediante el Decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación de trece de abril de dos mil veinte, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, e informen a esta autoridad dentro del plazo contenido en el artículo 25, numeral 1, inciso l), de la Ley General de Partidos Políticos.
B.    Celebración de las sesiones del Consejo Político Nacional a distancia y/o de manera presencial
12.   El artículo 77 de los Estatutos del PRI, establece que el Consejo Político Nacional sesionará en forma pública o privada, según señale la convocatoria correspondiente, y en pleno o en comisiones. Esta disposición se reproduce en el artículo 22 del Reglamento de ese Consejo Político Nacional.
De lo anterior, se puede afirmar que, dentro de la normatividad interna citada del PRI, no se regula la celebración de sesiones a distancia, mediante el uso de herramientas informáticas o tecnológicas y, por ende, conforme a la consulta, tampoco bajo esa modalidad y/o de manera presencial. Asimismo, este Instituto no tiene registrada alguna otra disposición partidaria que indique los aspectos relativos tales como el lugar específico y la forma, a distancia y/o presencial, en la que se deben celebrar las sesiones de cualquier otro órgano de dirección del PRI.
Por lo que atendiendo a la especial trascendencia que en este momento tienen sus resoluciones, por
las razones expuestas en el considerando anterior, y sobre todo que aún persiste la contingencia sanitaria en todo el país por la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); sin menoscabo de atender las demás reglas internas que está obligado a seguir el citado órgano colegiado intrapartidista, debe concluirse que así como puede sesionar en forma pública o privada, según señale la convocatoria respectiva, por ende, de forma complementaria, en dicha convocatoria, también puede regularse el lugar específico y la forma, ya sea presencial y/o a distancia, mediante el uso de herramientas tecnológicas, como la forma en la que habrá de celebrarse la sesión del Consejo Político Nacional para la modificación de normatividad interna que se anuncia.
En razón de que la mayoría de los documentos básicos y Reglamentos de los Partidos Políticos Nacionales no prevén la celebración de sesiones de sus órganos de dirección a distancia, mediante el uso de herramientas tecnológicas, o el uso de éstas y/o presenciales, es decir, en ambas modalidades; esta autoridad determina que, sin necesidad de que medie consulta, durante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), es procedente su realización en las formas señaladas, si la dirigencia del PPN así lo autoriza.
Lo anterior, resulta no sólo congruente con las acciones extraordinarias en materia de salubridad general que el Gobierno Federal ha establecido y publicado en el DOF para atender la emergencia sanitaria generada con el virus SARS-CoV2 (COVID-19), sino que además, permite a los Partidos Políticos Nacionales, así como lo hizo esta autoridad y otras, dar certeza para que aún y cuando no esté previsto en su normatividad interna, su dirigencia autorice la celebración a través de herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales o a distancia de sus órganos colegiados, o una combinación de sesiones presenciales y a distancia, durante el período de la contingencia sanitaria en el país; además que, así se garantiza la regularidad en el funcionamiento del sistema jurídico electoral nacional, que incluye las actividades de los partidos políticos.
Estas medidas resultan indispensables, en tanto que protegen la salud de la población en lo general y permiten a autoridades y entidades de interés público, como los partidos políticos, el continuar con sus actividades ordinarias y extraordinarias que tienen a su cargo, así como prevenir y reducir las posibilidades de riesgos de contagio dentro de los lugares de trabajo.
Es importante destacar que la celebración de sesiones, ordinarias o extraordinarias, de los órganos colegiados de dirección de los partidos políticos, atendidas de manera virtual o a distancia, o de ésta forma y presenciales, deben apegarse a lo establecido en su normatividad interna, por lo que en modo alguno el desahogo de las mismas en dichas modalidades implica obviar las formalidades que rigen a las sesiones presenciales, como son, de manera enunciativa y no limitativa, las reglas de emisión de convocatorias en la temporalidad que exige la norma partidista, orden del día, envío de la documentación atinente, quórum, participación de las personas integrantes de los órganos conforme a sus atribuciones, duración, publicidad y orden de las sesiones, votación, publicación y notificación de acuerdos y resoluciones.
En virtud de los antecedentes y consideraciones, se determina emitir el Acuerdo siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se da respuesta a las consultas formuladas por la Organización Redes Sociales Progresistas, A.C., y por el Partido Revolucionario Institucional, en los términos señalados en los Considerandos 9, 10 y 12 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Las organizaciones que en su caso obtengan registro como Partido Político Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG97/2020, de veintiocho de mayo de dos mil veinte, podrán modificar sus documentos básicos y emitir los Reglamentos internos y acuerdos de carácter general que requieran, durante septiembre y octubre de dos mil veinte, considerando los plazos legales y reglamentarios para su notificación y resolución por parte de esta autoridad, de acuerdo con los fundamentos y argumentos contenidos en el Considerando 9 de este Acuerdo. Con lo anterior, se da respuesta a la consulta formulada por la representación legal de Redes Sociales Progresistas, A.C., y atendida su petición, para el caso de que llegue a obtener su registro como PPN.
TERCERO. El Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional, tiene la atribución excepcional para reformar, adicionar o derogar normas de sus Estatutos y Programa de Acción -con la salvedad de los artículos 1 al 58 de los Estatutos y el Código de Ética Partidaria-, conforme con lo previsto en el artículo 16 en relación a los diversos 81, fracción I y 83, fracción XXI de los Estatutos de ese partido político, acorde con la interpretación y alcances que se precisan en la argumentación contenida en los Considerandos 10 y 12 de esta determinación en respuesta a la consulta formulada.
CUARTO. Todos los Partidos Políticos Nacionales, en caso de que su dirigencia así lo autorice, podrán celebrar las sesiones de sus órganos de dirección a distancia o de manera virtual mediante el uso de herramientas tecnológicas, o el uso de éstas y presenciales (ambas modalidades), durante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), de acuerdo con la argumentación contenida en el considerando 12 del presente Acuerdo.
QUINTO. En atención al principio de autoorganización, resulta procedente requerir a todos los Partidos Políticos Nacionales, para que realicen a la brevedad las modificaciones a sus documentos básicos y con ello, den cumplimiento a las reformas aprobadas mediante el Decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación de trece de abril de dos mil veinte, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, e informen a esta autoridad dentro del plazo contenido en el artículo 25, numeral 1, inciso l), de la Ley General de Partidos Políticos, de acuerdo con los fundamentos y argumentos contenidos en los Considerandos 10 y 11 de este Acuerdo.
SEXTO. En relación con la organización Gubernatura Indígena Nacional, A.C., deberá estarse a lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG81/2020 de veintisiete de marzo de dos mil veinte, la parte final del considerando 7 del Acuerdo INE/CG97/2020 de veintiocho de mayo de dos mil veinte, así como la parte final del considerando 8 de este Acuerdo.
SÉPTIMO. Notifíquese de inmediato y electrónicamente el presente Acuerdo a las siete organizaciones solicitantes de registro como Partido Político Nacional, así como a la organización Gubernatura Indígena Nacional, A.C.
OCTAVO. Notifíquese de inmediato y electrónicamente el presente Acuerdo a los Partidos Políticos Nacionales, a través de su representación ante el Consejo General de este Instituto.
NOVENO. El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá efectos a partir de su aprobación.
DÉCIMO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta del Instituto Nacional Electoral, así como en el portal de este Instituto, en el apartado de Actores Políticos, en la sección de Partidos en formación.
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 30 de julio de 2020, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Doctora Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
El Consejero Presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.
 
1     Acuerdo INE/CG82/2020 que no fue controvertido, en relación con el proceso de constitución de nuevos partidos políticos nacionales.
2     Tesis CXX/2001, LEYES, CONTIENEN HIPÓTESIS COMUNES, NO EXTRAORDINARIAS.
3     Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
... Artículo 105. (...)
II. (...) Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales....
 
Ley General de Partidos Políticos:
... Artículo 34.
(...) 2. Son asuntos internos de los partidos políticos:
a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral....
4     Aprobado por este Consejo General mediante Acuerdo INE/CG272/2014, de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, y publicado en el DOF el veintidós de diciembre del mismo año.
5     El Título Primero de los Estatutos, De la naturaleza, fines e integración del Partido, comprende del artículo 1 al 58, y específicamente regula, como su denominación lo indica, su naturaleza; fines; normas internas; integración y mecanismos de afiliación.
6     Ley General de Partidos Políticos:
... Artículo 34.
(...) 2. Son asuntos internos de los partidos políticos:
a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral....
7     Aprobado por este Consejo General mediante Acuerdo INE/CG272/2014, de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, y publicado en el DOF el veintidós de diciembre del mismo año.

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