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DOF: 06/11/2020
PROGRAMA Institucional 2020-2024 de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

PROGRAMA Institucional 2020-2024 de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Con fundamento en los artículos 8 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y 31 fracciones VI y XIII de su Estatuto Orgánico; 47, 48, 49 y 59 fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 22 de su Reglamento; 22, 24, 28 y 29 de la Ley de Planeación, y en términos de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024 y conforme a los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se publica el Programa Institucional 2020-2024 de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, aprobado por su H. Consejo Directivo en su nonagésima primera sesión ordinaria celebrada el 31 de agosto de 2020 y por el C. Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Programa Institucional 2020-2024 Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
PROGRAMA INSTITUCIONAL DERIVADO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
Contenido
1.- Fundamento normativo de elaboración del programa
2.- Siglas y acrónimos
3.- Origen de los recursos para la instrumentación del Programa
4.- Análisis del estado actual
4.1.- Sectores Estratégicos de Atención
5.- Objetivos prioritarios
5.1.- Relevancia del Objetivo prioritario 1: Aumentar la inclusión financiera en la población del medio rural como medio para el desarrollo regional.
5.2.- Relevancia del Objetivo prioritario 2: Incrementar el financiamiento a las Unidades Económicas Rurales (UER) de los estratos E2, E3 y E4 mediante servicios financieros y un esquema integral que responda a sus necesidades.
5.3.- Relevancia del Objetivo prioritario 3: Mejorar el servicio de atención a nuestros clientes a nivel nacional.
5.4.- Relevancia del Objetivo prioritario 4: Fortalecer la participación de los Intermediarios Financieros Rurales para ampliar la cobertura nacional.
5.5.- Relevancia del Objetivo prioritario 5: Favorecer el financiamiento de proyectos de inversión, ambientalmente sostenibles en el medio rural para contribuir a mitigar los efectos del cambio climático.
5.6.- Vinculación de los Objetivos prioritarios del Programa Institucional 2020-2024 de la FND con el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024
6.- Estrategias prioritarias y Acciones puntuales
7.- Metas para el Bienestar y Parámetros
8.- Epílogo: Visión hacia el futuro
1.- Fundamento normativo de elaboración del programa
La elaboración del Programa Institucional de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) 2020-2024 tiene su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la cual señala en su artículo 26, lo siguiente:
El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
Por su parte, la Ley de Planeación (LP) en su artículo 2, establece que:
La planeación deberá realizarse como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país; con perspectiva de interculturalidad, de género y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la CPEUM.
Adicionalmente, el artículo 12 establece que las dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal deberán realizar su planeación conforme al Sistema Nacional de Planeación Democrática, por otra parte, el artículo 14 establece que corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la coordinación de dichas actividades, así como el establecimiento de criterios generales que deberán ser observados para la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que tengan a su cargo. Por lo anterior, corresponde a la Unidad de Banca de Desarrollo de la SHCP coordinar la elaboración, publicación, ejecución y seguimiento del presente Programa Institucional.
En la misma LP se señala que los programas institucionales deberán sujetarse a las previsiones contenidas en el PND y en el programa sectorial correspondiente (artículo 24); especificar las acciones objeto de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de inducción o concertación con grupos sociales interesados (artículo 28); ser sometidos por el órgano de gobierno y administración de la entidad paraestatal de que se trate y a la aprobación del titular de la dependencia coordinadora del sector (artículo 29) y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los plazos que establezca el Ejecutivo Federal (artículo 30).
Por otro lado, La Ley Orgánica de la FND en su artículo 8 establece que ésta deberá elaborar su Programa Institucional conforme a los lineamientos y objetivos del PND y del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE).
La Ley Federal de Entidades Paraestatales en sus artículos 47, 48, 49 y 59 fracción II, establece que las entidades paraestatales deberán sujetarse a la LP, al PND, al Programa Sectorial y a las asignaciones de gasto y financiamiento autorizadas; formular sus programas institucionales a corto, mediano y largo plazo; contener objetivos y metas, los resultados económicos y financieros esperados, la definición de estrategias y prioridades, la previsión y organización de recursos para alcanzarlas, sujetarse al artículo 22 de la LP y ser revisados anualmente; adicionalmente señala que el Titular de la Dirección General de la entidad paraestatal será el responsable de formular el Programa Institucional.
Del mismo modo, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 24 establece que la programación y presupuestación del gasto público comprenderá las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, contenidos en los programas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo.
Como parte de los acuerdos internacionales de los que México forma parte, este Programa Institucional participará en 4 de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que nuestro país suscribió el 25 de septiembre de 2015.

También, México es parte de los principales instrumentos internacionales que protegen los derechos de las mujeres, en 2011 se elevó a rango Constitucional los derechos humanos derivados de los tratados internacionales ratificados por México entre los que se encuentra la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW por sus siglas en inglés). Al respecto la FND promoverá acciones dirigidas a la atención y desarrollo de las mujeres.
De igual forma, México ratificó en 2016 los acuerdos de París (adoptados por la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), COP 21 para enfrentar de manera global el cambio climático, reorientar el desarrollo hacia un mundo más sostenible, con menores emisiones de gases efecto invernadero (GEI) y con capacidad de adaptarse a un clima más extremo. En estos acuerdos se reconoce que el cambio climático es un problema de toda la humanidad y que se requiere la adopción de medidas para hacerle frente. Además de respetar y promover las obligaciones relativas a los derechos humanos, las comunidades locales, las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres; entre otros. Derivado de esto, la FND implementará estrategias que contribuyan a cumplir los compromisos asumidos por nuestro país en dichos acuerdos.
Finalmente, este documento se elaboró conforme a lo establecido en los "Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los programas derivados del PND 2019-2024" y en la "Guía para la elaboración de programas derivados del PND 2019-2024" emitidos en 2019 por la SHCP.
2.- Siglas y acrónimos
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
BM: Banco Mundial
CEDAW: Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
CMNUCC: Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
COLMEX: El Colegio de México
CONAPO: Consejo Nacional de Población
COP 21: Conferencia 21 de las Partes, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DOF: Diario Oficial de la Federación
EIF: Empresas de Intermediación Financiera
ENOE: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
ENA: Encuesta Nacional Agropecuaria
FAO: Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas
FIRCO: Fideicomiso de Riesgo Compartido
FOCIR: Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural
FND: Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
GEI: Gases de Efecto Invernadero
IGAE: Indicador Global de la Actividad Económica
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
IF: Intermediación Financiera
IFR: Intermediarios Financieros Rurales
IPCC: Panel Intergubernamental del Cambio Climático
LGCC: Ley General de Cambio Climático
LP: Ley de Planeación
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
ONU: Organización de las Naciones Unidas
PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación
PND: Plan Nacional de Desarrollo
PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PRONAFIDE: Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo
 
SADER: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
SEA: Sector Estratégico de Atención
SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
UER: Unidades Económicas Rurales
3.- Origen de los recursos para la instrumentación del Programa
La totalidad de las acciones que se consideran en este Programa, incluyen aquellas correspondientes a sus Objetivos prioritarios, Estrategias prioritarias y Acciones puntuales, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación u operación de dichas acciones; además del seguimiento y reporte de éstas, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto participantes en el Programa, mientras éste tenga vigencia.
4.- Análisis del estado actual
Durante el periodo neoliberal la intervención del Estado en la economía nacional fue poco a poco perdiendo relevancia, se desplazó la prioridad de fortalecer al campo mexicano; con la privatización del ejido y el impulso a las grandes agroindustrias, se minimizaron las condiciones para el desarrollo de las actividades productivas desempeñadas en el medio rural. Por consecuencia, fenómenos como la migración, el abandono del campo, la proliferación de la pobreza y en muchos casos, la inserción del crimen organizado, surgieron como problemáticas que han acrecentado las dificultades de la realidad económica y social en nuestro país.
A partir de la segunda mitad del siglo XX, el ámbito rural experimentó una profunda transformación impulsada por diversos factores, entre ellos el crecimiento económico, que ha traído como consecuencia un peso cada vez menor en las actividades primarias en la actividad económica; además de la globalización, que ha transformado la configuración de las cadenas de valor agroalimentarias; y una creciente urbanización, que ha implicado una reorganización del territorio a nivel nacional y local (Berdegué, Rosada y Bebbington, 2014; Timmer, 2009).
Asimismo, la pobreza ha sido el fenómeno social más grave que afecta al campo mexicano, como se menciona en el Informe sobre Desigualdades en México; la carencia de recursos y el acceso a oportunidades excluye a individuos como a grupos de los niveles mínimos deseables de bienestar. En este contexto, millones de mexicanos que viven en el medio rural se enfrentan a niveles de ingreso insuficientes para satisfacer sus necesidades esenciales de salud, alimentación, vivienda y educación (COLMEX, 2018).
De acuerdo con cifras del CONEVAL, en 2018 el 40% de la población total del país presentó condiciones de pobreza; acentuada en las áreas rurales con el 45.4%, en comparación con el 36.4% de la población que habita en áreas urbanas.
Proporciones de pobreza del año 2018 y 2020
Nacional
2018
1Trim2020*
Total
100%
126,661,703
No pobre
60.0%
76,027,339
Pobre
40.0%
50,634,364
 
 
 
Tipo de entorno
2018
1Trim2020*
Rural
100%
29,304,234
No pobre
54.6%
15,999,270
Pobre
45.4%
13,304,964
Urbano
100%
97,357,469
No pobre
63.6%
61,886,468
Pobre
36.4%
35,471,001
* Se consideraron las proporciones de pobreza del año 2018 del CONEVAL y se estimó el número de personas de acuerdo con las cifras de la ENOE al 1er trimestre de 2020.
La marginación es un fenómeno estructural originado por diversos contextos históricos de desarrollo; manifiesta la dificultad para propagar progreso técnico en la estructura productiva en las diferentes regiones del país y por la exclusión de grupos sociales del proceso de desarrollo y del disfrute de sus beneficios. Los procesos que modelan la marginación conforman una precaria estructura de oportunidades sociales para los ciudadanos, sus familias y comunidades; además los expone a privaciones, riesgos y vulnerabilidades sociales que a menudo escapan al control personal, familiar y comunitario; cuya reversión requiere el concurso activo de los agentes públicos, privados y sociales. Tiene a la vez factores multidimensionales, que permiten diferenciar unidades territoriales según la intensidad de las privaciones que padece su población, así como establecer órdenes de prioridad en las políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población para fortalecer la justicia distributiva en el ámbito regional (Índices de marginación; CONAPO, 2000).
Por otro lado, entre la población vulnerable se tiene que las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y que además aportan el 43% de la mano de obra agrícola. Dentro de sus actividades cotidianas están el labrar la tierra y plantar las semillas, garantizar la seguridad alimentaria de sus poblaciones y ayudar a preparar a las comunidades frente al cambio climático. Sin embargo, como señala la ONU Mujeres (2018), las campesinas sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza, que adicionan cargas sociales vinculadas a su género, posición social en sus diversos contextos sociales; además difícilmente disponen de acceso a representación o titularidad de propiedad privada, educación formal o capacitación, financiamiento, insumos, acceso a mercados y/o cadenas de productos cultivados de alto valor.
Según cifras de la ENOE al cuarto trimestre de 2019, se estimó que en el sector rural en México existen 15 millones de mujeres, lo que representan el 11.9% de la población total; de ellas el 32% (3.7 millones) están ocupadas en alguna actividad económica y de esa cifra sólo el 14% (531 mil) se dedican a realizar actividades primarias; además de sus arduas actividades domésticas.

Fuente: Elaboración propia, con datos de la ENOE-INEGI
Debido al potencial de desarrollo que puede causar la fuerza femenina en el sector productivo de nuestro país, con la intención de promover equidad y oportunidades que impulsen la modificación de pautas tradicionales de exclusión económica, de colaboración en el ámbito público y frente a la posición social de la mujer rural, que se asocia a la reproducción de la pobreza por su condición de género; se considera para este Programa Institucional la promoción y la generación de pautas que privilegiarán los proyectos productivos donde las agrupaciones de mujeres y su participación activa sean prioritarias para financiamiento.
Con relación a los datos referidos en los párrafos anteriores y a la situación de vulnerabilidad y pobreza de nuestro país, el PND 2019-2024 define las directrices que promueven estrategias y acciones puntuales, para promover el bienestar general de la población mexicana.
Respecto al desempeño de las actividades primarias, en México éstas han perdido relevancia; además se ha visto reflejada la disminución de generación de empleo y se ha mermado el poder adquisitivo, por ello es necesario apoyar a la población del medio rural para estimular su productividad, desde la perspectiva de la inclusión financiera (IF), hasta su desarrollo o etapa de maduración; por lo que, se considera que la capacitación, asistencia técnica y oferta de servicios complementarios, también son estrategias consideradas para proporcionarles una eficiente atención.
Otro factor relevante, que en las últimas décadas ha impactado en el sistema de producción de alimentos, es el cambio climático, el cual ha alterado las condiciones del medio ambiente; en consecuencia, se han incrementado las variables de precipitaciones pluviales, así como la frecuencia de sequías o inundaciones; además de la modificación en la temperatura que entorpece y/o inhibe la producción de ciertos cultivos, que afecta también la cantidad y calidad de los productos; en algunas regiones se presenta escasez de agua, lo que resulta en un impacto directo en las condiciones del agro.
Diversos organismos internacionales y nacionales han planteado marcos para analizar, diagnosticar y proponer criterios y políticas a seguir por instituciones financieras en materia de sostenibilidad como: la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM).
El cambio climático, debe ser una preocupación fundamental, debido a los efectos en la economía nacional. En proyecciones del BM se estima que para el año 2050 el cambio climático podría reducir significativamente la producción agrícola de México, por ejemplo: en el cultivo de maíz de entre 12% y 27 por ciento.
Además de la problemática descrita, es importante reconocer y atender las prácticas administrativas en materia de crédito y financiamiento destinadas a los productores rurales del país, pues es un segmento de población que continúa en rezago económico y con escasas posibilidades de progreso, al no contar con acceso al crédito procedente de instituciones formales del sistema financiero; puesto que son necesarios requerimientos de cumplimiento de personalidad jurídica, garantías para realizar solicitudes y certidumbre sobre los títulos de propiedad de la tierra que con frecuencia son difíciles de cumplir por parte de la población en condiciones de pobreza, en zonas rurales de alta y muy alta marginación. A su vez deben considerarse otros factores del contexto nacional, como son: la volatilidad de riesgos asociados a las actividades primarias, la baja densidad de población en las comunidades y su distribución geográfica, los altos costos de transacción, la falta de personal capacitado y la necesidad de asistencia técnica para el acompañamiento de los proyectos productivos.
Aunado a los procedimientos burocráticos que complejizan los trámites para la población y la posibilidad de solicitar crédito, los productores frecuentemente recurren al financiamiento informal a través de prestamistas e intermediarios en condiciones insostenibles y de mayor riesgo. Entre las limitantes a las que se enfrenta el sector financiero en el ámbito rural, también se encuentran las condiciones de geolocalización que están asociados a bajos niveles de penetración.
A pesar del potencial natural de México, existen grandes brechas en productividad asociadas a los tipos de agricultura y de productores que coexisten en el medio rural. Cerca del 81.3% de las Unidades Económicas Rurales (UER) producen para autoconsumo o se dedican a la agricultura de baja productividad con limitada vinculación al mercado. En contraste, solo el 18.7% se ocupa en actividades de mayor productividad con potencial agroexportador (FAO-SADER, 2014) principalmente en frutas, hortalizas y flores, productos de alto valor de exportación.
Se considera importante promover la integración de cadenas de valor en el sector rural, tanto en la proveeduría de insumos, como en la comercialización de los productos, en la que cada eslabón busque la mejor práctica de sostenibilidad para generar un sistema de distribución y abasto eficiente dentro de un esquema que favorezca la producción orgánica, la economía circular que promueva métodos de producción sostenible y patrones de consumo responsable que promuevan el uso eficiente del territorio y sus recursos.
Las actividades desarrolladas en el sector rural presentan un potencial nicho de mercado para aprovechamiento y como aporte al desarrollo económico del país. Sin embargo, la elaboración de políticas públicas y la implementación de estrategias de financiamiento han sido insuficientes para la atención del sector primario, situación que ha limitado su crecimiento.
En este sentido, las estrategias de financiamiento rural están dirigidas a: incrementar la producción, fomentar la inclusión, así como revertir el rezago histórico de la población del medio rural de nuestro país; con el objetivo de impulsar al agro y un modelo de desarrollo con inclusión e igualdad.
Actualmente el acceso a servicios financieros al sector primario es limitado comparado con otros sectores como la industria o servicios, ocasionado principalmente por:
o     La baja densidad de población sujeta a crédito y el tamaño reducido de los préstamos.
o     La población rural que no cuenta con los requisitos habituales de garantía exigidas por la banca privada.
o     Limitadas tecnologías de la información para el acceso al sistema financiero.
 
Por lo anterior, el Gobierno de México tiene como acciones fundamentales, el fortalecimiento de la economía con la recuperación del campo y la promoción del desarrollo rural, lo que implica mejorar las condiciones de vida de los productores del medio rural y el fortalecimiento de las actividades productivas.
La FND considera como población objetivo los proyectos ubicados en localidades menores a 50,000 habitantes y es posible financiar cualquier actividad productiva lícita. Se considera, que en localidades mayores a 50,000 habitantes los proyectos productivos y lícitos deberán estar vinculados con las actividades agropecuarias, forestales o pesqueras, para ser considerados como mercado objetivo.
De acuerdo con el Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero elaborado por la SAGARPA y la FAO (2012), de un total aproximado de 5.3 millones de UER que existen en el país, se identificaron seis estratos de población económicamente activa como se describe en el recuadro:
Estrato
Número de
UER
% Respecto
al Total
E1
Familiar subsistencia sin vinculación al mercado
1,192,029
22.4
E2
UER familiar de subsistencia con vinculación al mercado
2,696,735
50.6
E3
UER en transición
442,370
8.3
E4
Empresas con rentabilidad frágil
528,355
9.9
E5
Empresarial pujante
448,101
8.4
E6
Empresarial dinámico
17,633
0.3
Total
5,325,223
100
 
Se tiene que el Estrato 1, presenta ingresos por ventas mínimas; el 2.7% de dichas UER accedieron al crédito con actividad productiva principalmente de subsistencia; además cuentan con problemas de capitalización debido a bajos niveles de ingreso.
Para el presente documento y debido a la población objetivo de la FND, se consideraron los estratos: E2, E3 y E4; puesto que presentan los ingresos y potencial para incrementar la dotación de activos productivos como se describe a continuación:
o     Estrato E2: familiar de subsistencia con vinculación al mercado, conformado por 2.7 millones de UER que representan el 50.6% del total, la agricultura es su principal actividad económica; se ubican mayormente en la región sureste y centro del país, de carácter familiar con un 26% de su población hablante de alguna lengua indígena, bajo nivel de escolaridad, en condiciones de pobreza por los bajos ingresos que perciben, así como pobreza alimentaria, alto nivel de marginación, venden su fuerza de trabajo fuera de la UER e incursionan en actividades no agropecuarias y/o secundarias.
o     Estrato E3: en transición, conformado por 442 mil UER que representan el 8.3% del total, ubicadas principalmente en el occidente, bajío, centro y golfo del país y el 71% de sus ingresos provienen principalmente de la explotación de actividades agrícolas y ganaderas. En este estrato, el 66.2% de las UER (292,849 unidades) presentan problemas de dotación de activos productivos. Este Estrato se considera en transición, debido a que los ingresos que obtienen son suficientes para cubrir las necesidades básicas de una familia, pero no para mantener una actividad económica estable, pues muchas de ellas se enfrentan a problemas para mantener y mejorar la rentabilidad de la pequeña empresa.
o     Estrato E4: empresarial con rentabilidad frágil, conformado por 528 mil UER, lo que representa el 9.9% del total. Estas unidades tienen un carácter empresarial, el mercado nacional es el principal destino de su producción; las actividades primarias son su principal fuente de empleo e ingresos y están ubicadas en el Golfo, Occidente y Bajío. Algunas de las causas que explican su frágil rentabilidad son su baja capacidad de gestión empresarial, bajo nivel tecnológico, la degradación de los recursos naturales y la débil integración de las cadenas productivas.
En cada uno de los estratos mencionados, los productores presentan problemas específicos y diferenciados, por lo que es necesario facilitar herramientas, acceso a oportunidades de crecimiento, consolidación, atención especializada y diferenciada, orientada a la satisfacción de necesidades y requerimientos por región en cada etapa de negocio.
 
Según información de la Encuesta Nacional Agropecuaria (2017), de las 5.32 millones de UER únicamente el 9.9% tuvo acceso a crédito o préstamo; cifra que representa la oportunidad de generar estrategias focalizadas para la atención del 90.1% de la población que no ha contado con estímulos para crecimiento y desarrollo de unidades de negocio del sector rural.
Respecto a la cobertura de sucursales (incluida información de la banca y entidades de ahorro y crédito popular), según información del Panorama Anual de Inclusión Financiera 2019, el número de éstas, por cada 10 mil adultos a nivel nacional es de 1.9, con una cobertura financiera en el 50.6% de los municipios del país, lo que dificulta la promoción y otorgamiento de servicios financieros en la población. En los estados de Colima, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Querétaro se tiene mayor cobertura; sin embargo, en Hidalgo, Guerrero, Estado de México, Tlaxcala y Chiapas se presenta la menor cobertura, por lo que la atención se deberá centrar principalmente en cubrir y compensar estas deficiencias en estos estados.
En cuanto a la cobertura en los municipios rurales sólo alcanzó el 7%, en comparación con el 99% en los municipios urbanos.

Fuente: CNBV 2018
Cabe mencionar que los mercados financieros de México presentan un desempeño pobre, por servir a un número reducido de agentes económicos rurales, no proveen un adecuado nivel de servicios e instrumentos que faciliten las actividades de inversión y administración del riesgo en la economía rural del país.
En un hecho inesperado a finales del año 2019, las tensiones comerciales y geopolíticas agudizaban la incertidumbre que rodeaba el futuro del sistema de comercio mundial y la cooperación internacional. En medio de esta situación el brote de un nuevo tipo de coronavirus llamado COVID-19 en la provincia de Wuhan en China, incrementó las preocupaciones en torno a sus posibles efectos en la salud humana y en la economía mundial, al grado de activar varias alarmas en las bolsas mundiales. El virus se extendió por todo el mundo y paralizó en gran medida todas las actividades económicas y productivas.
Con información del INEGI, durante mayo de 2020, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), el cual permite conocer y dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía en el corto plazo, reportó una caída del 21.6% con respecto a lo reportado durante el mismo mes de 2019, como consecuencia de la diminución real anual de las actividades secundarias en 29.7% y las actividades terciarias en 19.1%. En contraparte, las actividades primarias reportaron un incremento del 2.5% en el mismo lapso de referencia.
Lo anterior ocasionó que la economía del país presentara en una caída acelerada, a pesar de que en junio comenzó la reactivación de algunos sectores; ubicándose como la peor contracción observada desde que se tiene registro, pues superó los retrocesos observados en la crisis de 2008-2009 y de 1995.
En los primeros meses de 2020, la economía mexicana ya mostraba una tendencia a la baja, sin embargo, debido al brote del COVID-19 a nivel mundial, los pronósticos de crecimiento en México continuaron reduciéndose.
Como medida de apoyo a nuestros acreditados afectados por la contingencia, la FND normó acciones inmediatas de respuesta institucional con las que pueden acceder a tratamientos de cartera que les permitan obtener un plazo adicional para el cumplimiento de sus compromisos contractuales, así como la obtención de nuevos financiamientos para reactivar la economía de sus comunidades y sus lugares de trabajo.
La FND tiene presentes como principios institucionales: la austeridad, la transparencia y rendición de cuentas, honestidad, integridad, respeto, profesionalismo, interés público, respeto a los derechos humanos, igualdad y no discriminación, equidad de género, entorno cultural y ecológico, cooperación y liderazgo.
La Financiera posee como misión impulsar al desarrollo del medio rural y de las actividades del sector primario, a través del crédito y servicios financieros accesibles a productores, Intermediarios Financieros Rurales (IFR) y otros agentes económicos, con la finalidad de elevar la productividad y competitividad; para contribuir a mejorar la condición de vida de la población.
La visión de la FND considera: ser la mejor opción de financiamiento para el medio rural y las actividades vinculadas con el sector primario del país, reconocidos por la alta calidad en el servicio y comprometidos con el éxito de cada proyecto, que resulta en la generación de valor en la comunidad y la sustentabilidad de la institución.
Bajo estas premisas, la vinculación con otras dependencias que contribuyen a la viabilidad y mejora de los proyectos productivos, particularmente con los programas prioritarios específicos, a través de los Centros Integradores de Desarrollo, para que de manera conjunta se identifiquen y detonen oportunidades de negocio y de desarrollo regional, con la perspectiva en esquemas asociativos, de coinversión y oferta de servicios financieros; que fomenten atención y mejora en el servicio para los productores del medio rural, con el objetivo de modificar procedimientos y facilitar su acceso, desde la premisa de justicia social del Gobierno Federal.
El PND 2019-2024 contempla en su estructura 12 Principios Rectores y 3 Ejes Generales. El Programa Institucional 2020-2024 de la FND está alineado con dos de estos principios: "Economía para el Bienestar" y "No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera", a través de la política de proporcionar un mayor impulso al agro y el impulso un modelo de desarrollo con inclusión e igualdad. Como se menciona en el PND, promover la "igualdad efectiva de derechos entre mujeres y hombres, entre indígenas y mestizos, entre jóvenes y adultos" con el compromiso de erradicar prácticas discriminatorias en el país; a su vez el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, hace hincapié en el avance del desarrollo integral de grupos vulnerables o que enfrentan dificultades para la Intermediación Financiera (IF), tales como las mujeres e indígenas.
En el Eje General "Economía", se establece la política de impulso a la reactivación económica, el mercado interno y el empleo para lo cual, la FND desarrollará programas y servicios financieros para facilitar el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas, al tener presente que la mayor proporción del empleo se genera en este rubro; se propone además considerar la posible participación indirecta que pudiera derivarse del desarrollo de los proyectos regionales del Tren Maya y el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, donde la FND impulsará el financiamiento de los proyectos con vinculación a éstos.
De igual forma, el Programa se encuentra alineado al Objetivo prioritario 6 del PRONAFIDE, el cual plantea ampliar y fortalecer el financiamiento y otros vehículos de financiamiento de la Administración Pública Federal, así como fomentar una mayor inclusión financiera de la población objetivo y una mayor participación del sector privado, para contribuir al desarrollo económico sostenido del país y al bienestar social, apoyándose en sus estrategias:
o     6.1: Promover el acceso a los servicios financieros de la banca de desarrollo, a través de esquemas y programas de financiamiento, así como otros productos financieros, que permitan una mayor inclusión de su población objetivo que enfrenta limitaciones de acceso al sistema financiero privado formal;
o     6.2: Impulsar un mayor financiamiento con la participación del sector privado en los sectores prioritarios para contribuir al desarrollo económico nacional, y
o     6.3. Impulsar y facilitar el uso y la contratación de los servicios financieros y de transacciones electrónicas que ofrece la banca de desarrollo para incrementar el acceso de la población y de los sectores objetivos.
4.1.- Sectores Estratégicos de Atención
La FND promueve productos y servicios que favorecen el desarrollo en zonas rurales para la realización de actividades productivas en contextos en los que frecuentemente se presentan dificultades de acceso al sistema financiero, por lo cual la población objetivo es considerada Sector Estratégico de Atención (SEA).
La atención a grupos vulnerables, también conocidos como grupos sociales en condiciones de desventaja, también requiere de atención oportuna e inmediata, con especial atención en los proyectos productivos de vulnerabilidad social de las familias, grupos y personas.
La vulnerabilidad se refiere a aquellos grupos o sectores poblacionales que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo, lo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.
La estrategia de negocios de la FND favorece el desarrollo de proyectos agropecuarios, forestales, pesqueros y demás actividades económicas vinculadas al medio rural, que generan externalidades positivas con un alto nivel de bienestar social y que no obtienen los recursos suficientes por parte de las instituciones privadas. La FND planea enfocar sus esfuerzos en estos grupos con el propósito de generar el mayor impacto en bienestar social.
Las características de los SEA consideran población que realiza actividades del sector primario y/o actividades productivas, ubicada en regiones rurales o con algún grado de urbanización; con diversidad en los segmentos como se describe a continuación:
Mujeres. Población ocupada con ingresos mayores a un salario mínimo y mayores a 18 años. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, al tercer trimestre de 2019), las mujeres presentan frecuentemente indicios de falta de autonomía económica. Cerca del 50% de la población tiene 40 años o menos y el 50% restante presenta un promedio de 42 años; además refleja que el 30% cuenta con instrucción formal promedio de educación básica concluida, solo alrededor de un 9% logra terminar estudios en nivel medio superior o superior.

Entre las mujeres vinculadas a las actividades primarias, el 60% se encuentra en una relación conyugal con un promedio de tres hijos y sólo el 13% tiene acceso a servicios e instalaciones de salud. En el mercado laboral, el 85% de las mujeres se emplean en el sector informal con un salario mínimo como ingreso promedio.

Adultos mayores. Población ocupada de 60 años y más con ingresos mayores a un ingreso mínimo; de acuerdo con la ENOE (al tercer trimestre de 2019), en México existen 1.23 millones de adultos mayores que se dedican a las actividades primarias en zonas de menos de 15 mil habitantes, de ellos:
o     El 38% percibe hasta un salario mínimo; el 22% recibe más de un salario mínimo y el 30% no recibe ingresos. El resto de ellos no lo especifica.
o     La edad promedio es de 66 años y el 65.1% tiene entre 60 y 70 años.
 
o     Sólo el 3% recibe atención médica.
o     El 67.6% está casado y 12.7% vive con su pareja en unión libre; el 55.9% tiene seis hijos o más; 37% tiene entre dos y cinco hijos y sólo 6.9% no tiene hijos.
o     El 71.8% tiene la primaria incompleta y sólo el 2.1% cuenta con estudios en grado medio superior y superior.
o     El 12% tiene empleo formal, el resto se encuentra en la informalidad y 98.4% son trabajadores agropecuarios.
o     Existen 1.4 millones de adultos que se dedican a actividades primarias sin importar el tamaño de la localidad en el que se desarrollen y 4.6 millones de adultos mayores de 60 años o más que se dedican a actividades distintas en localidades de menos de 15 mil habitantes.
o     De este universo de 6.2 millones de adultos mayores, el 40% se encuentra ocupado y solo el 13% percibe de uno a más de cinco salarios mínimos.
Jóvenes. Población que posee entre 18 y 30 años, con ingresos mayores a un salario mínimo; de acuerdo con la ENOE (al tercer trimestre de 2019), a nivel nacional existen 1.46 millones de jóvenes que habitan en comunidades menores a 15 mil habitantes, y presentan las siguientes características:
o     El 32% recibe de uno a dos salarios mínimos y solamente el 10% recibe de dos a más de cinco salarios mínimos.
o     El 92% no tiene acceso a servicio médico.
o     El 45% cuenta con secundaria concluida.
o     El 91% se emplea en el sector informal.
Población en condiciones de alta y muy alta marginación: Individuos que poseen 18 años y más, ubicados en localidades marginadas con ingresos mayores a un salario mínimo, al respecto CONAPO (2010) refirió la presencia de 4.67 millones de habitantes de 15 y más años que se dedican a las actividades primarias en zonas de menos de 15 mil habitantes se ubican en localidades de alta o muy alta marginación.
Según datos de la ENOE (tercer trimestre de 2019) se tiene que:
o     El 34.6% recibe hasta un salario mínimo y el 32.4% no recibe ingresos; el 23.3% percibe de uno hasta dos salarios mínimos; 5.4% percibe más de dos salarios mínimos.
o     La edad más recurrente es de 46 años (2.4%), seguido de 18 y 19 años con el 2.3% cada uno.
o     El 96.6% no recibe atención médica y sólo el 3.1% cuenta con IMSSS, el restó no especificó.
o     El 33.7% tiene de tres a cinco hijos; 24.8% tiene de uno a dos hijos; 22.3% no tiene hijos y 19.3% tiene de seis hijos o más.
o     El 44.4% está casado; 25.4% está soltero; 24.7% vive con su pareja en unión libre; 3.1% es viudo; 2.2% está separado; 0.2% está divorciado.
o     Respecto del nivel de educación el 35.3% tiene la primaria incompleta; 28.9% cuentan con primaria completa; 27.3% tiene secundaria completa y 8.5% cuenta con estudios de nivel medio superior y superior. El 92% tiene empleo informal, sólo el 8% trabaja formalmente.
o     El 97.8% son trabajadores agropecuarios, el resto, por orden de frecuencia son: operadores de transporte, profesionales técnicos y trabajadores del arte, trabajadores industriales, artesanos y ayudantes, entre otros.
Población indígena: Considera población de 18 años y más, en localidades marginadas (CONAPO 2010), con ingresos mayores a un salario mínimo. Se estima, según el catálogo de Localidades indígenas (2010) que existen 1.5 millones de habitantes en localidades indígenas de más de 15 años y se encuentran vinculados al sector primario en poblaciones menores a 15 mil habitantes y presentan en promedio:
o     Edad de 46 años.
o     El 98% se emplea en actividades agropecuarias.
o     95% se emplea en el sector informal.
o     45% no recibe ingresos.
o     40% tiene la primaria incompleta.
o     El 48% no tiene acceso a atención médica.
 
o     45% es casado, tiene en promedio de tres a cinco hijos.
En un esfuerzo de atención a las problemáticas de la población antes descrita, la FND ha diseñado cinco Objetivos prioritarios, con estrategias y acciones puntuales, mediante las cuales se buscarán soluciones específicas, procurando un impacto positivo en su resolución:
Con el Objetivo prioritario 1, se buscará aumentar la inclusión financiera en la población del medio rural para promover el desarrollo regional. Asimismo, se busca reducir los obstáculos de acceso al crédito, así como fomentar el mayor uso de los servicios financieros en el sector Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, incentivando una mayor participación de los grupos de la población más excluidos (mujeres, adultos mayores, jóvenes, indígenas y población en zonas de alta marginación).
Con las acciones a desarrollar se instrumentarán programas de financiamiento acordes a las necesidades de los grupos vulnerables, que financieramente han sido excluidos.
A través del Objetivo prioritario 2, se incrementará el financiamiento a las UER de los estratos más necesitados, mediante un esquema integral que responda a sus necesidades, con ello se coadyuvará a resolver la problemática relacionada con la falta de acceso a financiamiento en el sector, reducir las limitaciones de capacitación, a través del diseño e implementación de acciones e instrumentos para la inclusión financiera y complementariamente diseñar y conformar esquemas de acompañamiento técnico y asociatividad de acuerdo a las características y particularidades de las regiones existentes en el territorio nacional.
Con lo descrito se espera lograr la reactivación económica y desarrollo en las poblaciones rurales, así como reducir los niveles de pobreza en la que se encuentran, asimismo se busca lograr una mayor productividad en las actividades agropecuarias de las UER.
Con el Objetivo prioritario 3, se pretende mejorar el servicio de atención a la población objetivo; lo que incentivará el acceso al crédito por medio de la adecuación de las reglas de operación de productos y servicios, que privilegien a grupos vulnerables y a la población del Sector Estratégico de Atención de la FND.
Con la intención de:
o    Alinear los objetivos establecidos en el PND.
o    Promover acceso igualitario, equitativo e incluyente a los recursos públicos, con un enfoque de Inclusión Financiera.
o    Propiciar impactos positivos en el ámbito social, económico y ambiental.
o    Proponer el diseño e implementación institucional de un modelo integral de desarrollo regional.
Mediante el Objetivo prioritario 4, se propiciará fortalecer la participación de los IFR y Entidades Dispersoras de Crédito en el sector rural, en su conjunto denominados "Empresas de Interminación Financiera", para ampliar la cobertura nacional en los productos y servicios que ofrece la Institución, con lo que se logrará el incremento en la cobertura crediticia y mayor alcance de financiamientos en el país. Se dará prioridad a las Empresas de Intermediación Financiera, que desarrollen su labor en regiones donde la FND no tiene acceso y también a las que atiendan a productores de regiones con características de marginación.
El proceso de fortalecimiento y desarrollo de las Empresas de Intermediación Financiera considerará estrategias, programas y apoyos que contemplen la población objetivo de forma directa, indirecta o como acreditados finales. Se establecerán normas de aplicación de los recursos disponibles, para favorecer preponderantemente el desarrollo y/o profesionalización de agentes económicos de la sociedad rural, integrados por personas físicas y jurídicas (mujeres, indígenas, productores en zonas de alta marginación), bajo esquemas de observancia y transparencia estricta para los beneficiarios.
A través del Objetivo prioritario 5, se promoverán las directrices y lineamientos para realizar el financiamiento de programas y proyectos de inversión sustentables, con el objetivo y compromiso de promover: mitigación, remediación, reducción y/o adaptación al cambio climático en las actividades relacionadas.
Se realizarán esfuerzos para favorecer el financiamiento de proyectos de inversión ambientalmente sostenibles en el medio rural, para contribuir a mitigar los efectos del cambio climático; lo cual fomentará el número de proyectos y/o solicitudes que promuevan responsabilidad y compromiso ambiental con impacto en el sector rural.
5.- Objetivos prioritarios
La estructura del Programa Institucional 2020-2024 establece las líneas de actuación de la Institución, con la implementación de cinco objetivos prioritarios, 12 estrategias y 25 líneas de acción que abarcan, tanto actividades de financiamiento a proyectos viables, como el fortalecimiento y la consolidación de la economía en el sector, para aumentar la rentabilidad de los productores rurales. Asimismo, guarda alineación con dos de
los 12 principios rectores y con el Eje General de Economía señalados en el PND 2019-2024 y los Programas Sectoriales vigentes.
Con el fin de establecer mecanismos de evaluación sobre la manera en que la Institución atiende sus objetivos prioritarios, se desarrollaron una serie de indicadores y metas que expresan de manera objetiva, medible y comparable las acciones en beneficio de la población del sector rural del país.
OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA FINANCIERA NACIONAL DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO
1.- Aumentar la inclusión financiera en la población del medio rural como medio para el desarrollo regional.
2.- Incrementar el financiamiento a las Unidades Económicas Rurales (UER) de los estratos E2, E3 y E4 mediante servicios financieros y un esquema integral que responda a sus necesidades.
3.- Mejorar el servicio de atención a nuestros clientes a nivel nacional.
4.- Fortalecer la participación de los Intermediarios Financieros Rurales para ampliar la cobertura nacional.
5.- Favorecer el financiamiento de proyectos de inversión, ambientalmente sostenibles en el medio rural, para contribuir a mitigar los efectos del cambio climático.
 
5.1.- Relevancia del Objetivo prioritario 1: Aumentar la inclusión financiera en la población del medio rural como medio para el desarrollo regional.
Como se ha señalado, el PND 2019-2024 contempla el Principio Rector "No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera", con el cual se procurará, entre otras cosas, mejorar la distribución de la riqueza, defender la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la dignidad de los adultos mayores y el derecho de los jóvenes a tener un lugar en el mundo; adicionalmente se plantea un modelo de desarrollo respetuoso de los habitantes y del hábitat, equitativo, orientado a subsanar y no a agudizar las desigualdades, sensible a las modalidades y singularidades económicas regionales y locales y consciente de las necesidades de los habitantes futuros del país.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) define la inclusión financiera como el acceso y uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las capacidades financieras de todos los segmentos de la población (CNBV, 2012b: 10).
De esta definición se desprende que un individuo será incluido financieramente cuando tenga, al menos, el acceso a los servicios financieros formales (regulados) de manera transparente (protección al consumidor), a la vez que el usuario tenga la posibilidad de adquirir la habilidad de seleccionar los productos y los servicios más convenientes.
La inclusión financiera es un importante mecanismo que permite incrementar el bienestar de la población al poder desplazar los flujos de ingreso y consumo en el tiempo por medio del ahorro y el crédito, así como la acumulación de activos y la creación de un fondo para la vejez.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Red Internacional de Educación Financiera, la inclusión financiera consiste en la promoción de un acceso asequible, oportuno y adecuado a una gama de productos y servicios financieros regulados; así como la expansión de su uso por parte de todos los segmentos de población, con el fin de promover el bienestar y la inclusión económica y social.
En México, la condición de la población rural presenta limitaciones al respecto de educación financiera, capacitación, respaldo con garantías, y acompañamiento técnico; estos factores influyen en la baja oportunidad de demanda de financiamientos del sector. Aunado a esto, los proveedores de servicios financieros limitan la oferta efectiva ante la ausencia de productos y servicios financieros adecuados a las necesidades y condiciones de los pequeños productores rurales.
La inclusión financiera propicia la disminución de pobreza y desigualdad, además de que fomenta el crecimiento económico. El acceso al crédito permite que los individuos y hogares adquieran patrimonio, bienes duraderos, la posibilidad de emprender alguna actividad productiva que les genere ingresos, incluso que cuenten con protección ante emergencias o imprevistos. Para el caso de las empresas se promueve la posibilidad de adquirir activos fijos y/o mejorar sus instalaciones para disposición de sus actividades productivas, además de invertir en inventario o insumos.
Para contribuir al cumplimiento que se ha marcado el Gobierno de la República en materia de inclusión financiera, se buscará fortalecer la economía de la población rural y contribuir al mejoramiento de bienestar y la reducción de la pobreza, mediante procesos de integración económica de las cadenas productivas en colaboración con los productores organizados.
Los retos de la inclusión financiera de poblaciones excluidas a nivel nacional se acentúan en el ámbito rural. Por una parte, la baja densidad poblacional y los bajos niveles de ingreso ofrecen márgenes muy bajos para compensar los altos costos operacionales que plantea la incorporación de poblaciones excluidas, sobre todo con esquemas de negocios tradicionales.
Para contribuir en la inclusión financiera en poblaciones indígenas, la FND atenderá lo dispuesto en el PND 2019-2024, a través de la ejecución de los programas operados por las dependencias y entidades que atiendan a este segmento de población, con la normatividad que se establezcan para ello, así como las que se establezcan en el PEF.
Las mujeres se encuentran en condiciones de desigualdad y exclusión de oportunidades de desarrollo; a pesar de que aproximadamente el 30% de ellas son el sostén familiar y potenciales agentes de cambio local; el acceso a oportunidades educativas, de salud, de independencia económica y/o familiar presentan para ellas limitaciones sobre todo en los contextos rurales. Según el Reporte de Inclusión Financiera 2018 de la CNBV, la participación de las mujeres conlleva beneficios económicos y sociales. El crecimiento inclusivo requiere que las mujeres no estén en desventaja en su capacidad para encontrar oportunidades económicas, para participar en la fuerza laboral y contribuir a la economía y sus comunidades. La inclusión financiera es clave en este contexto porque ayuda a proporcionar mejores y más eficientes formas de: acceder, utilizar, administrar y controlar recursos.
Además, se ha identificado que la tendencia de respuesta de las mujeres ante la generación de proyectos y la consecución de objetivos es sólida y está altamente vinculada a la responsabilidad de sobrevivencia propia y familiar; si las mujeres y hombres participaran por igual en la economía, el PIB de México aumentaría 43% para 2025 (Reporte de Inclusión Financiera, 2018).
Con el objeto de propiciar la inclusión financiera y una mayor integración económica de la población en los sectores prioritarios de atención, se propone la suma de esfuerzos con la Coordinación General de Programas Integrales para el Desarrollo, para que con la ayuda de los Servidores de la Nación se promocione y se brinde información al respecto de los programas y productos que ofrece la Institución.
Lo anterior, permitirá vinculación con otras dependencias para que de manera conjunta se identifiquen y detonen oportunidades de negocio y de desarrollo regional, con la perspectiva en esquemas asociativos, de coinversión y oferta de servicios financieros; que fomenten atención y mejora en el servicio para los clientes actuales y nuevos acreditados, con el objetivo de modificar procedimientos y facilitar acceso ágil para los ciudadanos y el país en general, desde la premisa de justicia distributiva de la Administración Pública Federal.
Con el compromiso Institucional y ante la realidad que atañe a nuestro país "no se puede ser ciegos ni sordos" al respecto de las necesidades urgentes de la población y de la necesidad de fomentar desarrollo, es imposible quedarnos inertes; por ello, se considera posible el apoyo y solidaridad de los Centros Integradores de Desarrollo para promover o facilitar información para el establecimiento de una red más amplia, estratégica y regional que favorezca el acercamiento con nuestra población objetivo y sobre todo con aquellos que más lo necesitan.
Además, se considera priorizar la atención por medio de programas y estrategias orientadas a compensar la disparidad de género, para fomentar el progreso y desarrollo productivo en las comunidades.
5.2.- Relevancia del Objetivo prioritario 2: Incrementar el financiamiento a las Unidades Económicas Rurales (UER) de los estratos E2, E3 y E4 mediante servicios financieros y un esquema integral que responda a sus necesidades.
Uno de los principales retos que ha enfrentado históricamente el campo mexicano es el acceso al financiamiento, tal como se describe en el PND y sus programas sectoriales. En este sentido, la FND tiene el compromiso de ampliar la disponibilidad del crédito para atender a los sectores de la población que han estado excluidos y mejorar las condiciones, que permitan el acceso a crédito con productos integrales, accesibles, económicos y oportunos.
De acuerdo con el Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero de México (2012), el ingreso bruto promedio de las UER no resulta suficiente para que una familia pueda cubrir otras necesidades básicas además de la alimentación. Los principales rubros que conforman su ingreso son: actividades agropecuarias (44.9%), apoyos gubernamentales (16.4%) y venta de mano de obra (9%). De la actividad agropecuaria se obtiene el principal sustento de las familias; ya que, además de los ingresos obtenidos, la producción se utiliza para el autoconsumo.
Entre las dificultades que enfrentan las UER se encuentra la pobreza asociada a limitaciones de acceso a
instrucción formal y capacitación, así como deficiencias de organización individual y asociativa. Esto ha limitado las oportunidades de emprender o desarrollar actividades generadoras de ingresos suficientes para el desarrollo integral de las familias. Asimismo, se presenta una baja productividad en las actividades agropecuarias de las UER, que se traduce en bajos rendimientos, debido a las siguientes causas:
I.     Baja dotación de activos productivos. Niveles de activos productivos por debajo de la media nacional, considerado como nivel crítico.
II.     Baja incorporación de tecnologías en las UER. La baja incorporación de tecnologías es ocasionada por: una oferta tecnológica insuficiente, por desconocimiento de las nuevas tecnologías que se podrían adoptar, lo que provoca altos costos, insuficiente producción para llevar al mercado y en consecuencia bajos ingresos. Asociado a lo anterior, el 93.7% de las UER no aplican o realizan ningún cambio en sus prácticas o procesos productivos, lo cual contribuye a los bajos rendimientos que se obtienen de los cultivos y en otras actividades productivas primarias. Otro factor causante de la baja incorporación de tecnologías es la nula capacidad de inversión productiva y de innovación, así como bajos niveles de escolaridad de los responsables de las UER, lo que dificulta crear o implementar innovaciones tecnológicas.
III.    Inadecuada aplicación de tecnologías. Las causas de la inadecuada aplicación de tecnologías son el bajo desarrollo de capacidades técnicas y productivas y del bajo o nulo acceso a servicios de capacitación y asistencia técnica. Al respecto, se estima que únicamente el 9.4% de las UER tiene acceso a servicios de capacitación y asistencia técnica, de los cuales el 23.2% no aplica las recomendaciones recibidas del asistente técnico por falta de recursos o baja confianza en las recomendaciones. El bajo desarrollo de capacidades técnicas y productivas se agrava debido al rezago educativo de las familias rurales, lo que ha generado obstáculos para difundir, promover la comprensión, asimilación, interpretación de información e implementación de tecnologías diferentes; que conducirían a una mayor eficiencia y rentabilidad.
5.3.- Relevancia del Objetivo prioritario 3: Mejorar el servicio de atención a nuestros clientes a nivel nacional.
Uno de los principales objetivos de la Institución es dar un mayor acceso al financiamiento en condiciones accesibles, pero, sobre todo, oportunamente. Para lograrlo, es necesario simplificar trámites y requisitos, modernizar los sistemas internos y ofrecer esquemas para administrar los riesgos implícitos en operaciones crediticias agropecuarias.
Bajo esta premisa, la calidad en el servicio y la satisfacción del cliente son ejes fundamentales de la estrategia de la Institución, por lo que se debe fortalecer el modelo de gobierno corporativo para la gestión de la calidad y la experiencia de los clientes.
Conocer las necesidades del mercado objetivo, mejorar la segmentación, simplificar los procesos, identificar y compartir las mejores prácticas de otros países con casos de éxito, esto promovería el impulso de forma continua a la calidad de servicio y la satisfacción de la población atendida.
5.4.- Relevancia del Objetivo prioritario 4: Fortalecer la participación de los Intermediarios Financieros Rurales para ampliar la cobertura nacional.
La Banca de Desarrollo juega un papel preponderante en la modernización del campo, ya que canaliza recursos a las actividades productivas rentables, apoya a los productores y al conjunto de estos, para favorecer su potencial productivo.
Los IFR y ciertas empresas e integraciones de productores son los operadores mediante los que la FND hace llegar el crédito a un número creciente de personas y localidades rurales; que hasta el mes de junio de 2020 se contabilizaron 478 instancias de intermediación, incluidos los supervisados con una visión de negocio y las Entidades Dispersoras de Crédito; que son constituidos por agentes económicos de la sociedad rural, que satisfacen sus necesidades de financiamiento y que además de otorgar crédito, administran, supervisan y recuperan la cartera, responsabilizándose al 100% de la recuperación de los recursos de la Institución. Por ello, resulta importante apoyar y fortalecer a nuestra red de Empresas de Intermediación Financiera, puesto que, a través las operaciones con ellos, la Institución visualiza su crecimiento en los próximos años; para ampliar la cobertura geográfica en la atención de necesidades de crédito hacia regiones donde se carece de presencia institucional y donde se asientan productores, que no tienen acceso al financiamiento.
Por lo anterior, se requiere incentivar la organización de los productores del campo, particularmente de los más pequeños; el establecimiento de unidades de producción cada vez mayores y/o eficientes, con capacidad para realizar desde la compra consolidada de los insumos, hasta el acopio y la comercialización final de los productos.
 
Es necesario fomentar en los productores del campo una actitud emprendedora y con visión de negocios; que promueva además de manera estratégica la generación de productos rentables para comercialización nacional y de exportación, con fomento al valor agregado, como una estrategia preventiva ante la generación de excedentes, poca demanda y/o desabasto de productos, bajo una visión progresista de los productores, para convertirse en empresarios que promuevan el desarrollo integral de su comunidad.
Se tiene la certeza de que el acceso a mejores niveles de organización, el incremento de escala de producción, mayor productividad, incremento en rendimientos y la capacidad de competitividad en el sector rural en México, promoverá que los productores del sector primario logren construir un campo con mejores oportunidades de ingreso y desarrollo para la población del sector rural en nuestro país.
En este sentido, para lograr una mayor cobertura geográfica y llegar a las localidades rurales pequeñas y dispersas, la Institución ha tenido resultados importantes en el otorgamiento de crédito a través de Empresas de Intermediación Financiera. Por ello, se ha incrementado la utilización de este canal de distribución del crédito al fortalecer a los intermediarios existentes y se han modernizado las operaciones que se realizan a través de los créditos de segundo piso.
5.5.- Relevancia del Objetivo prioritario 5: Favorecer el financiamiento de proyectos de inversión, ambientalmente sostenibles en el medio rural para contribuir a mitigar los efectos del cambio climático.
Entre las complejidades sociales, políticas y económicas presentes se tiene que la condición del cambio climático afecta notoriamente a los ecosistemas y a las poblaciones humanas. En las últimas décadas se ha presentado disminución en el rendimiento de granos básicos a nivel global y regional, lo que ocasiona vulnerabilidad en la seguridad alimentaria a nivel mundial; entre algunos de los fenómenos asociados al clima se encuentran: las olas de calor, sequías, inundaciones, ciclones tropicales; que revelan riesgos para los ecosistemas y muchos sistemas humanos a la variabilidad climática actual.
Entre los impactos de estos eventos se pueden mencionar: daños a la infraestructura y a los asentamientos humanos, afectación a las cadenas productivas de alimentos y el suministro de agua, aumento en la morbilidad y mortalidad causadas por enfermedades emergentes, y consecuencias para la salud mental y el bienestar humano. Para los países, independientemente de su nivel de desarrollo, los impactos están en consonancia con una importante falta de preparación para la actual variabilidad climática en algunos sectores (IPCC, 2014).
Al respecto de la producción agrícola mexicana, la inacción ante los efectos del cambio climático podría significar para los principales cultivos (maíz, caña de azúcar, sorgo, trigo, arroz y soya) reducciones en sus rendimientos de entre 5 y 20% en las próximas dos décadas y de hasta 80% a finales del siglo (SEMARNAT, 2020).
En México las condiciones de alta vulnerabilidad están asociadas a las características geográficas, como la latitud, relieve y localización entre dos océanos, ya que es impactado por diferentes fenómenos hidrometeorológicos. Las iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados del cambio climático sugieren la adaptación como: las medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, como respuesta a estímulos climáticos, proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño, o aprovechar sus aspectos beneficiosos (LGCC, 2012).
En las zonas rurales de México la degradación de los recursos naturales ocasionada por los sistemas de producción agrícola, ganadero, acuícola, pesquero y forestal han generado severas afectaciones como: la sobreexplotación de los recursos maderables e hídricos, la erosión y salinización de suelos, las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación de los cuerpos de agua y suelos; lo que provoca graves consecuencias ambientales. Entre las afectaciones más notables se tiene que la degradación del suelo afecta al 45% de la superficie del país en diferentes niveles (ligera, leve, severa y muy severa).
El desarrollo sostenible requiere de un enfoque integral, que movilice las finanzas públicas, que establezca políticas públicas apropiadas con la adopción de marcos regulatorios adecuados que generen incentivos por cambios en los patrones de consumo, producción e inversión y protección, así como el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales y materiales.
Es necesario fomentar la adopción de nuevas prácticas productivas, promover cambios en infraestructura institucional, extensión, información climática, acceso a crédito, educación formal o no formal sobre temas financieros, que conduzcan al mejoramiento de las condiciones sociales y económicas actuales; además, que brinden oportunidades y accesos a productos de financiamiento no convencionales en las zonas rurales de nuestro país.
Asimismo, las Instituciones Financieras y en específico las de Desarrollo, deben tener presente en sus políticas la atención a las problemáticas ambientales, sociales y de servicio; dado que su influencia es definitoria en la atención de los demandantes de sus servicios.
Recientemente 130 entidades bancarias de todo el mundo firmaron el compromiso para tener un desarrollo sostenible basado en los principios del financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Desde el lanzamiento de la Agenda 2030 y el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por Naciones Unidas, se han desarrollado varios esfuerzos específicos en las áreas que integran la institución:
o     Principios de Banca Responsable
o     Principios de Aseguramiento Responsable
o     Principios de Inversión Responsable
Todos ellos se basan en una visión holística del análisis de riesgos y bajo la óptica que todas las decisiones deben ser tomadas bajo un enfoque de gestión Ambiental- Social- Gobernanza (ASAG).
5.6.- Vinculación de los Objetivos prioritarios del Programa Institucional 2020-2024 de la FND con el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024
Los objetivos establecidos en el Programa Institucional de la FND 2020-2024, están vinculados al Objetivo 6 del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024, el cual establece "Ampliar y fortalecer el financiamiento y la planeación de la Banca de Desarrollo y otros vehículos de financiamiento de la Administración Pública Federal, así como fomentar una mayor inclusión financiera de los sectores objetivo y una mayor participación del sector privado, para contribuir al desarrollo económico sostenido del país y al bienestar social"; en ese sentido, las Estrategias y Acciones puntuales contenidas en cada uno de los cinco objetivos establecen las directrices que atenderán las necesidades financieras del sector primario y de la población en general que habite en las áreas rurales.
El Sistema Bancario Mexicano está integrado por el Banco de México, las instituciones de Banca Múltiple y las instituciones de Banca de Desarrollo, las cuales conforman entidades de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio.
En el desempeño de sus funciones, la Banca de Desarrollo deberá preservar y mantener su capital con la garantía de sostenibilidad de operaciones, mediante la canalización eficiente, prudente y transparente de recursos.
En el marco del PRONAFIDE, la Banca de Desarrollo se ha constituido como una herramienta de política económica fundamental para promover el desarrollo, resolver los problemas de acceso a los servicios financieros y mejorar las condiciones de los mismos para aquellos sectores que destacan por su contribución al crecimiento económico y al empleo en micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), infraestructura pública, vivienda para familias de bajos recursos, y el financiamiento a los productores rurales de ingresos bajos y medios.
Objetivos prioritarios del
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA FINANCIERA
NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO
Objetivos prioritarios del
PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
PARA EL DESARROLLO
1.- Aumentar la inclusión financiera en la población del medio rural como medio para el desarrollo regional.
Objetivo 6. Ampliar y fortalecer el financiamiento y la planeación de la Banca de Desarrollo y otros vehículos de financiamiento de la Administración Pública Federal, así como fomentar una mayor inclusión financiera de los sectores objetivo y una mayor participación del sector privado, para contribuir al desarrollo económico sostenido del país y al bienestar social.
2.- Incrementar el financiamiento a las Unidades Económicas Rurales (UER) de los estratos E2, E3 y E4 mediante servicios financieros y un esquema integral que responda a sus necesidades.
3.- Mejorar la calidad del servicio de atención a nuestros clientes a nivel nacional.
4.- Fortalecer la participación de los Intermediarios Financieros Rurales para ampliar la cobertura nacional.
5.- Favorecer el financiamiento de proyectos de inversión, ambientalmente sostenibles en el medio rural para contribuir a mitigar los efectos del cambio climático.
 
6.- Estrategias prioritarias y Acciones puntuales
El Programa Institucional 2020-2024 de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; establece Estrategias prioritarias y Acciones puntuales para fomentar el desarrollo económico y social de la población objetivo; además de la mejora institucional para atender los dinámicos desafíos de las condiciones que posee nuestro país. Se han establecido cinco objetivos prioritarios que abarcan tanto las actividades de financiamiento a proyectos viables como en el fortalecimiento de los Intermediarios Financieros Rurales, además del desarrollo y consolidación de la economía en el sector para su mayor rentabilidad, la conservación del medio ambiente y recursos naturales para el fortalecimiento Institucional, con una visión y compromiso de género, en beneficio de las actividades económicas y los pobladores del medio rural de nuestro país.
Objetivo prioritario 1. Aumentar la inclusión financiera en la población del medio rural como medio para el Desarrollo Regional.
Estrategia prioritaria 1.1.- Incrementar la cobertura geográfica con financiamiento en localidades rurales, a fin de privilegiar a los proyectos prioritarios de mayor impacto social.
Acciones puntuales
1.1.1.- Incrementar la presencia de la Institución como agencia de desarrollo integral en las zonas más marginadas del país a través de intermediarios para un mayor acceso a servicios financieros de la población objetivo.
1.1.2.- Identificar los requerimientos de financiamiento a nivel regional para desarrollar e implementar productos financieros acordes a las necesidades poblacionales; que coadyuven en la mejora de bienestar y calidad de vida.
 
Estrategia prioritaria 1.2.- Otorgar condiciones preferentes a proyectos desarrollados por mujeres rurales para incrementar su inserción y progreso en las actividades económicas.
Acciones puntuales
1.2.1. Desarrollar programas y productos que atiendan la perspectiva de género y la innovación productiva de las mujeres.
1.2.2. Promover el desarrollo integral de las mujeres en las áreas rurales, a través de financiamiento a proyectos productivos que prioricen su participación.
 
Estrategia prioritaria 1.3. Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado a los productores del sector agroalimentario para fortalecer la inclusión financiera, productiva y laboral.
Acciones puntuales
1.3.1. Desarrollar programas de financiamiento que fomenten la creación de esquemas de asociatividad que respondan a la demanda de crédito con diferenciación y atención regional, para fortalecer la capacidad productiva y fomentar la inclusión financiera de la población rural.
1.3.2- Impulsar el financiamiento a grupos sociales productivos mediante esquemas de asociatividad que promuevan la inclusión principalmente en regiones marginadas.
 
Objetivo prioritario 2.- Incrementar el financiamiento a las Unidades Económicas Rurales (UER) de los estratos E2, E3 y E4 mediante servicios financieros y un esquema integral que respondan a sus necesidades.
 
Estrategia prioritaria 2.1.- Brindar atención técnica especializada a las Unidades Económicas Rurales para satisfacer sus necesidades financieras.
Acciones puntuales
2.1.1.- Integrar la asistencia técnica especializada en los proyectos financiados y su vinculación con otros servicios financieros para incrementar la competitividad y la inclusión en el sector rural.
2.1.2.- Implementar el acompañamiento técnico especializado en la operación de los proyectos financiados de acuerdo con las necesidades identificadas.
 
Estrategia prioritaria 2.2.- Diversificar la segmentación de la colocación crediticia focalizada en los segmentos E2, E3 y E4 para el fortalecimiento de su cadena productiva.
Acciones puntuales
2.2.1. Incrementar el financiamiento en actividades adicionales al sector primario, por medio de programas regionales, que atiendan e incentiven la generación de riqueza en el medio rural.
2.2.2- Determinar las zonas geográficas que requieren atención prioritaria y de financiamiento.
2.2.3.- Promover la diversificación de productos del sector primario, a través de la identificación de vocaciones productivas, con base en las condiciones climatológicas, vocación de los suelos, oportunidades de mercado y aptitudes de los productores, que sean susceptibles de ser financiadas.
 
Objetivo prioritario 3.- Mejorar el servicio de atención a nuestros clientes a nivel nacional.
Estrategia prioritaria 3.1.- Disminuir los tiempos de atención en cada etapa del tren de crédito, para otorgar financiamiento de manera oportuna.
Acciones puntuales
3.1.1.- Adecuar y fortalecer los procesos internos,