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DOF: 07/12/2020
ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, las coalicion

ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2020-2021.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional Electoral.- Consejo General.- INE/CG572/2020.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS CRITERIOS APLICABLES PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR AMBOS PRINCIPIOS QUE PRESENTEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y, EN SU CASO, LAS COALICIONES ANTE LOS CONSEJOS DEL INSTITUTO, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021
GLOSARIO
Consejo General
Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Consejos Distritales
Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral
CPEUM/Constitución
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DEPPP
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
DOF
Diario Oficial de la Federación
INE/Instituto
Instituto Nacional Electoral
LGIPE
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGPP
Ley General de Partidos Políticos
Lineamientos
Lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, los Partidos Políticos Locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género
PEF
Proceso Electoral Federal
PPN
Partido Político Nacional
UTF
Unidad Técnica de Fiscalización
SIF
Sistema Integral de Fiscalización
SNR
Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, así como de los Aspirantes y Candidatos Independientes
TEPJF
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
 
ANTECEDENTES
I.     Aprobación de los criterios para el registro de candidaturas para el PEF 2017-2018. El 8 de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG508/2017 mediante el cual se establecieron los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, entre los cuales se contempló la inclusión de una acción afirmativa indígena. Este acuerdo fue impugnado ante el TEPJF y modificado mediante sentencia recaída al expediente SUP-RAP-726/2017 y acumulados, de catorce de diciembre de dos mil diecisiete.
II.     Reforma en materia de paridad transversal. El 6 de junio de dos mil diecinueve fue publicado en el DOF el Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la CPEUM, en materia de Paridad entre Géneros, conocida como paridad en todo o paridad transversal.
III.    Reforma en materia de violencia política en razón de género. El trece de abril de dos mil veinte, fue publicado en la edición vespertina del DOF el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
IV.   Solicitud de implementación de acciones compensatorias en materia de candidaturas indígenas. El veintiuno de julio de dos mil veinte, el Diputado Federal Alfredo Vázquez Vázquez, formuló diversos planteamientos en relación con la implementación y fortalecimiento de las acciones compensatorias en materia de candidaturas indígenas. En respuesta a lo anterior, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/6780/2020, se señaló que este Instituto tomaría en consideración para la elaboración del Acuerdo correspondiente las consideraciones vertidas en su escrito. Asimismo, en fecha veinte de octubre de dos mil veinte, dicho Diputado reiteró la solicitud aludida.
V.    Aprobación de la Resolución INE/CG187/2020. El siete de agosto de dos mil veinte fue aprobada la "Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, para los Procesos Electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021", identificada con la clave INE/CG187/2020.
VI.   Revocación de la Resolución INE/CG187/2020. Mediante sentencia dictada en el recurso de apelación identificado con el número SUP-RAP-46/2020 la Sala Superior del TEPJF resolvió revocar la Resolución INE/CG187/2020 para el efecto de que el Consejo General emitiera una nueva determinación en los términos establecidos en dicha ejecutoria.
VII.   Acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En sesión celebrada el once de septiembre de dos mil veinte, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF en el expediente referido en el antecedente que precede, el Consejo General aprobó la Resolución INE/CG289/2020.
VIII.  Acuerdo criterios y plazos relacionados con precampañas. El treinta de septiembre de dos mil veinte, se aprobó el Acuerdo del Consejo General, por el que se establecen diversos criterios y plazos de procedimientos relacionados al período de precampañas para el Proceso Electoral Federal 2020-2021, identificado con la clave INE/CG308/2020.
IX.   Lineamientos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. En fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte, mediante Acuerdo INE/CG517/2020, se aprobaron los "Lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, los Partidos Políticos Locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género".
X.    Sesión de las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación del Consejo General del INE. En sesión pública efectuada el dieciséis de noviembre del presente año, las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, conocieron y aprobaron el anteproyecto de Acuerdo por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2020-2021.
CONSIDERACIONES
De las atribuciones del INE
1.     De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafo primero de la CPEUM; 29, párrafo 1 y 31, párrafo 1, de la LGIPE, la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado INE, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Como autoridad en la materia electoral, el INE es independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño y el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales.
2.     El artículo 30, párrafo 1, inciso h), de la LGIPE, establece como uno de los fines del Instituto, garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral.
3.     El artículo 32, párrafo 1, inciso b), fracción IX, de la LGIPE, prevé que el Instituto, entre sus atribuciones para los Procesos Electorales Federales, deberá garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así como el respeto de los derechos políticos y electorales de las mujeres.
 
4.     El artículo 35, párrafo 1, de la LGIPE dispone que el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género guíen todas las actividades del Instituto y que el desempeño de sus atribuciones se realice con perspectiva de género.
5.     El artículo 44, párrafo 1, inciso j), de la LGIPE determina como atribución del Consejo General: "Vigilar que las actividades de los Partidos Políticos Nacionales y las agrupaciones políticas nacionales se desarrollen con apego a esta Ley y la Ley General de Partidos Políticos, así como los Lineamientos que emita el Consejo General para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género y vigilar que cumplan con las obligaciones a que están sujetos".
6.     El artículo 44, párrafo 1, inciso jj), de la LGIPE establece como atribución del Consejo General, dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las atribuciones conferidas en dicho artículo y las demás señaladas en dicha Ley o en otra legislación aplicable.
7.     Con la finalidad de dar cumplimiento a los principios que rigen el actuar del INE y lograr mayor transparencia en todas las etapas del PEF, este Consejo General, considera necesario acordar una serie de criterios para la debida aplicación de las disposiciones constitucionales y legales, que regulan los actos para el registro de las candidaturas de los PPN o coaliciones a diputaciones por ambos principios, así como para agilizar y simplificar el procedimiento de registro de dichas candidaturas ante los Consejos del INE.
De los fines de los Partidos Políticos Nacionales
8.     El artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la CPEUM, en relación con el artículo 3, párrafo 1, de la LGPP, preceptúa que los partidos políticos son entidades de interés público, que la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el Proceso Electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden; que en la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género; que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de la ciudadanía, hacer posible el acceso de ésta al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular.
9.     El artículo 23, párrafo 1, inciso e), de la LGPP, en relación con el artículo 232, párrafo 1, de la LGIPE otorgan el derecho a los PPN para postular candidaturas a cargos de elección popular y solicitar su registro.
De la Plataforma Electoral
10.   De conformidad con lo establecido por el artículo 236, de la LGIPE, así como 274 del Reglamento de Elecciones, previamente al registro de candidaturas, los partidos políticos deberán registrar la Plataforma Electoral que sostendrán sus candidaturas durante las campañas políticas, cuya presentación y registro se sujetará a lo dispuesto por lo señalado en los artículos citados. La Plataforma Electoral deberá presentarse para su registro ante el Consejo General dentro de los 15 días de enero del año de la elección.
De los plazos para el registro de candidaturas
11.   El INE, conforme a lo señalado por el artículo 237, párrafo 3, de la LGIPE, debe dar amplia difusión a la apertura del registro de las candidaturas y a los plazos a los que para tales efectos se refiere dicha Ley.
12.   De acuerdo con lo expresado por los artículos 44, párrafo 1, inciso s); 79, párrafo 1, inciso e); y 237, párrafo 1, incisos a) y b), fracciones I y II, de la LGIPE, el registro de candidaturas a diputaciones debe realizarse dentro del plazo comprendido entre el 22 y 29 de marzo de 2021; sin embargo, el párrafo 2 del mencionado artículo 237 de la LGIPE señala que el Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en dicho artículo a fin de garantizar los plazos de registro y que la duración de las campañas electorales se apegue a lo establecido en el artículo 251 de la referida Ley.
En ese sentido, para el PEF 2020-2021, el plazo para el registro de candidaturas a diputaciones
federales por ambos principios correrá del 22 al 29 de marzo de 2021, y ante los órganos competentes para ello, al tenor de lo siguiente:
Candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa.
Ante el Consejo Distrital respectivo
Candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional.
Ante el Consejo General.
 
13.   No obstante lo anterior, de acuerdo con lo establecido por el artículo 44, párrafo 1, inciso t), en relación con el artículo 237, párrafo 4, de la LGIPE, es atribución del Consejo General, registrar supletoriamente las fórmulas de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa, para lo cual, en el caso de que los partidos políticos o coaliciones decidan registrar ante dicho órgano máximo de dirección, de manera supletoria, a alguna o a la totalidad de las candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa, deberán hacerlo a más tardar tres días antes de que venza el plazo señalado en el considerando anterior, esto es, a más tardar el 26 de marzo de 2021.
14.   El artículo 239, párrafo 4 de la LGIPE establece que cualquier solicitud o documentación presentada fuera de los plazos a que se refiere el artículo 237 de dicha Ley, será desechada de plano y, en su caso, no se registrará la candidatura o candidaturas que no satisfagan los requisitos correspondientes.
De los límites en la postulación de candidaturas
15.   El artículo 11 párrafo 1, de la LGIPE, indica que a ninguna persona podrá registrársele como candidata o candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo Proceso Electoral; que tampoco podrá ser candidata o candidato para un cargo federal de elección popular y simultáneamente para otro cargo de elección en los estados, los municipios o en la Ciudad de México; y que en este último supuesto, si el registro para el cargo de la elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del registro respectivo.
16.   Conforme a lo dispuesto por el artículo 87, párrafos 3, 4, 5 y 6, de la LGPP, los partidos políticos no podrán postular candidaturas propias donde ya hubiere candidaturas de la coalición de la que ellos formen parte; ningún partido político podrá registrar como persona candidata a quien ya haya sido registrada por alguna coalición; ninguna coalición podrá postular como persona candidata de la misma a quien ya haya sido registrada por algún partido político; y ningún partido político podrá registrar a una persona candidata de otro partido político, salvo que exista coalición.
De la solicitud de registro
17.   Conforme al párrafo 1, del artículo 238, de la LGIPE, la solicitud de registro de las candidaturas deberá señalar el partido político o coalición que les postule, así como los siguientes datos de las personas candidatas:
a)   Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
b)   Lugar y fecha de nacimiento;
c)   Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;
d)   Ocupación;
e)   Clave de la credencial para votar; y
f)    Cargo para el que se les postule.
g)   Las personas candidatas que busquen reelegirse en sus cargos deberán acompañar a la solicitud una carta que especifique los períodos para los que han sido electas como diputadas o diputados federales y la manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por la Constitución en materia de reelección.
18.   El artículo 281, párrafo 9, del Reglamento de Elecciones señala que las personas candidatas que soliciten se incluya su sobrenombre, deberán hacerlo del conocimiento al Instituto mediante escrito privado anexo a la solicitud de registro o de sustitución de candidatura y que el sobrenombre se incluirá en la boleta electoral, invariablemente después del nombre completo de la persona.
 
19.   En el párrafo 2, del artículo 238, de la LGIPE, se dispone además que la solicitud deberá acompañarse de la declaración de aceptación de la candidatura, de copia del acta de nacimiento, y del anverso y reverso de la credencial para votar. Sin embargo, al no precisarse la naturaleza simple o certificada de las copias del acta de nacimiento y de la credencial para votar que deben acompañarse a la solicitud de registro de candidaturas, se estima conveniente que esta autoridad considere suficiente la presentación de copia simple, a condición inexcusable de que dicha copia tendrá que ser totalmente legible.
20.   Asimismo, en aquellos supuestos en que la persona candidata no sea originaria de la entidad en que se haga la elección, en el caso de mayoría relativa, o de alguna de las entidades que comprenda la circunscripción, en el caso de representación proporcional, el artículo 55, fracción III, de la CPEUM exige contar con una residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la elección, por lo que conforme a lo establecido en el artículo 281, párrafo 8 del Reglamento de Elecciones, la credencial para votar hará las veces de constancia de residencia, salvo cuando el domicilio de la candidatura asentado en la solicitud de registro no corresponda con el asentado en la propia credencial, o cuando ésta haya sido expedida con menos de seis meses de antelación a la elección, en cuyos casos se deberá presentar la correspondiente constancia de residencia expedida por la autoridad competente.
21.   En el párrafo 3, del artículo 238, de la LGIPE, se establece que el partido político postulante deberá manifestar por escrito que las candidaturas cuyo registro solicita fueron seleccionadas de conformidad con las normas estatutarias del propio partido político.
22.   El artículo 281, párrafo 10, del Reglamento de Elecciones, establece que, tratándose de una coalición, el partido político al que pertenezca la candidatura postulada deberá llenar la solicitud de registro correspondiente, la cual deberá ser firmada por las personas autorizadas en el convenio respectivo.
23.   En este sentido, el artículo 281, párrafo 7, del Reglamento de Elecciones, precisa que los documentos que deban acompañarse a la solicitud de registro, que por su naturaleza deban ser presentados en original, es decir, la solicitud de registro, la aceptación de la candidatura y la manifestación por escrito de que las candidaturas fueron seleccionadas de conformidad con las normas estatutarias del partido político postulante, deberán contener invariablemente, la firma autógrafa de la candidatura y de la persona dirigente o representante del partido político o coalición acreditada ante el Instituto para el caso del escrito de manifestación; lo anterior, salvo que se presentaran copias certificadas por Notaría Pública, en las que se indique que aquellas son reflejo fiel de los originales que tuvo a la vista. De igual forma, tales documentos no deberán contener tachadura o enmendadura alguna.
24.   En atención a lo dispuesto en los artículos 232, párrafo 1, y 238, párrafo 3, de la LGIPE, es necesario que los PPN y, en su caso, las coaliciones, precisen la instancia facultada para suscribir la solicitud de registro de candidaturas a diputaciones, así como para manifestar por escrito que las personas candidatas cuyos registros se soliciten fueron seleccionadas de conformidad con las normas estatutarias del propio partido o las adoptadas, en su caso, por la coalición respectiva, a fin de verificar con oportunidad que dicha instancia se encuentre acreditada ante este Instituto.
25.   Tal y como lo señala el artículo 238, párrafo 4 de la LGIPE, para el registro de las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional para las cinco circunscripciones plurinominales, deberá acompañarse, además de los documentos referidos en los párrafos 1, 2 y 3 del mismo artículo, de la constancia de registro de por lo menos 200 candidaturas para diputadas y diputados por el principio de mayoría relativa, las que se podrán acreditar con las registradas por el propio partido y las que correspondan a la coalición parcial o flexible a la que en su caso pertenezca.
26.   De acuerdo con lo establecido en el párrafo 6, del artículo 238, de la LGIPE, la solicitud de registro de las listas de representación proporcional deberá especificar cuáles integrantes de cada lista están optando por reelegirse en sus cargos y el número de veces que han ocupado la misma posición de manera consecutiva.
27.   Conforme al párrafo 7, del artículo 238, de la LGIPE, para el registro de candidaturas de coalición, según corresponda, deberá acreditarse que se cumplió con lo dispuesto en dicha Ley, así como en la LGPP.
 
28.   Conforme a lo dispuesto por el artículo 21, párrafo 1, de la LGPP, para el registro de candidaturas, en caso de existir Acuerdo de participación con alguna Agrupación Política Nacional, el partido político o coalición deberá acreditar que se cumplió con lo dispuesto por el artículo 21, párrafo 2, de la Ley citada. No obstante, conforme a lo señalado por el artículo 281, párrafo 2 del Reglamento de Elecciones, tal requisito se tendrá por cumplido si el acuerdo de participación fue registrado por el Consejo General, quedando las solicitudes de registro respectivas, sujetas a la verificación de la documentación que se anexa y que deberá presentarse durante el plazo establecido en la ley aplicable.
29.   De conformidad con lo estipulado en el artículo 88, numeral 4, de la LGPP, si la coalición total no registrara todas y cada una de las candidaturas correspondientes dentro del plazo establecido por el Instituto, la coalición quedará automáticamente sin efectos.
30.   El numeral 13, del artículo 281, del Reglamento de Elecciones establece que en el caso de las personas mexicanas por nacimiento a las que otro Estado considere como sus nacionales, y que aspiren a un cargo para el que se requiera ser mexicana o mexicano por nacimiento y que no adquieran otra nacionalidad, deberán presentar junto con su solicitud de registro o sustitución de candidatura, copia certificada u original para cotejo, del certificado de nacionalidad mexicana expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
31.   El artículo 91, párrafo 1, inciso e), de la LGPP, señala que, en el convenio de coalición respectivo, se debe establecer el partido político, en su caso, al que pertenece originalmente cada una de las personas candidatas registradas, y el señalamiento del grupo parlamentario o PPN en el que quedarían comprendidas en caso de resultar electas.
Del registro de las candidaturas en el SNR
32.   El SNR es la herramienta informática que permite al Instituto conocer oportunamente la información relativa a las personas precandidatas, candidatas, aspirantes y candidatas independientes registradas en procesos electorales, lo que posibilita el acceso de los mismos al SIF, que es el instrumento previsto en la Ley para realizar el registro de sus operaciones de ingresos y gastos.
33.   El artículo 267, numeral 2, en relación con el 281, párrafo 1, del Reglamento de Elecciones, establece la obligación de realizar el registro de las candidaturas en el SNR en un plazo que no exceda la fecha límite para la presentación de las solicitudes de registro. Asimismo, en el Anexo 10.1 del referido Reglamento, se establecen las características específicas y documentación que deberá acompañarse al registro, entre ellos el formulario respectivo firmado y que contiene, entre otros elementos, la aceptación para recibir notificaciones electrónicas y el informe de capacidad económica de las personas candidatas.
No obstante, a efecto de contener toda la información relativa al registro de candidaturas en dicho sistema de cómputo y con la finalidad de realizar un trámite más eficiente en la formulación de requerimientos, así como en la atención de los mismos, este Consejo General considera necesario que los PPN adjunten en el SNR el expediente completo de cada una de sus candidaturas previamente a su presentación física ante la autoridad, a efecto de que los PPN puedan contar con ella para su cotejo y constatar que se encuentre completa en el sistema.
Al respecto, como ya se precisó en el apartado anterior, la presentación física del expediente original es indispensable para corroborar la firma autógrafa en los documentos que por su naturaleza así lo requieren. No obstante, la carga de la información en el SNR es necesaria a efecto de que las y los integrantes de los Consejos General y Distritales cuenten con la información para la aprobación del registro, así como para constatar los requisitos de elegibilidad previo a la entrega de la constancia de mayoría, pues cabe tener presente que históricamente los partidos políticos y coaliciones han optado mayormente por el registro supletorio de sus candidaturas ante el Consejo General, lo que implica la remisión de los expedientes a los Consejos Distritales a través de mensajería. En ese sentido y acorde a lo establecido en el acuerdo de la Junta General Ejecutiva INE/JGE34/2020, de 17 de marzo de 2020 mediante el cual se aprobaron las medidas preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia del COVID-19, en el que se ordenó privilegiar las notificaciones electrónicas, es que
resulta indispensable contar con la documentación descrita a través del referido sistema.
De los requerimientos
34.   En atención a lo dispuesto por el párrafo 5, del artículo 232, de la LGIPE, el Secretario del Consejo General estará facultado para que, en el caso de que para un mismo cargo de elección popular sean registradas diferentes personas candidatas por un mismo PPN, requiera al PPN a efecto de que informe al Consejo General en un término de 48 horas, qué persona candidata o fórmula prevalece; en caso de no hacerlo, se entenderá que el PPN opta por el último de los registros presentados, quedando sin efecto los demás.
35.   El párrafo 2, del artículo 239, de la LGIPE, establece que, si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificará de inmediato al PPN correspondiente para que dentro de las 48 horas siguientes subsane el o los requisitos omitidos o sustituya la candidatura, siempre y cuando esto pueda realizarse dentro del plazo que señala el artículo 237 de dicha Ley. Lo anterior, a efecto de brindar certeza, seguridad jurídica y definitividad, respecto de las candidaturas que proceden.
36.   Conforme a lo dispuesto por el artículo 239, párrafo 3, de la LGIPE, para el caso de que los PPN excedan el número de candidaturas simultáneas señaladas en el artículo 11, párrafo 2, de la mencionada Ley, el Secretario del Consejo General, una vez detectadas las mismas, requerirá al PPN para que informe a la autoridad electoral, en un término de 48 horas, las candidaturas o las fórmulas que deban excluirse de sus listas; en caso contrario, el INE procederá a suprimir de las respectivas listas las fórmulas necesarias hasta alcanzar el límite de candidaturas permitidas por la Ley, iniciando con los registros simultáneos ubicados en los últimos lugares de cada una de las listas, una después de otra, en su orden, hasta ajustar el número máximo establecido por dicho artículo.
Para tales efectos, debe entenderse que el número de candidaturas simultáneas se refiere a las personas candidatas en sí mismas consideradas, ya sean propietarias o suplentes, y no a la fórmula completa. Lo anterior conforme a lo asentado en la Tesis vigente XL/2004 emitida por la Sala Superior del TEPJF que a la letra señala:
"REGISTRO SIMULTÁNEO DE CANDIDATOS A DIPUTADOS FEDERALES. LA PROHIBICIÓN SE REFIERE A CADA CANDIDATO EN LO INDIVIDUAL Y NO A LA FÓRMULA EN SU CONJUNTO. La interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 41, 51 y 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 20, 175, apartado 2, 178 y 179, apartado 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, permite determinar que la cantidad máxima de sesenta registros simultáneos de candidatos a diputados federales tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, que puede efectuar un mismo partido político o coalición en un Proceso Electoral, está referido a los candidatos en sí mismos considerados, ya sean propietarios o suplentes, y no a la fórmula completa. Lo anterior, si se tiene en cuenta que en el derecho positivo electoral mexicano, por regla general, un ciudadano no puede ser registrado como candidato, ya sea como propietario o como suplente, para dos cargos de elección popular en el mismo Proceso Electoral, con el fin de salvaguardar la libertad del voto y el principio de certeza en el proceso, en virtud de que si se obtienen dos cargos de elección popular por una misma persona, habrá incompatibilidad que le impedirá ocupar uno de ellos -en el caso del suplente, existe esa posibilidad cuando falte el propietario en los supuestos establecidos en la ley- en perjuicio de la ciudadanía que lo eligió; sin embargo, se admiten como excepción los registros simultáneos a que se hizo referencia, como una medida que permitirá a los partidos políticos, sobre todo a los que tienen menor grado de penetración en la sociedad, tener posibilidades de reunir el número de candidatos que exige la ley para participar en la contienda para diputados por ambos principios y de que ciertos candidatos suyos integren la Cámara de Diputados, en la fracción parlamentaria de su partido, ya sea como propietarios o como suplentes, o como parte de una fórmula completa según convenga al instituto político, en el entendido de que, cuando el candidato obtenga la diputación por mayoría relativa, ya no será
considerado para la asignación de los de representación proporcional, y sí lo será cuando no haya obtenido por el primer principio. Existe el imperativo constitucional de que la elección de diputados que integran la Cámara de Diputados debe ser en su totalidad, con un propietario y un suplente, es decir, la elección se hace por fórmulas; esto significa que para las trescientas diputaciones de mayoría relativa y para las doscientas de representación proporcional, deberá haber un diputado propietario y un suplente y el ejercicio de dichos cargos, por su naturaleza, es personalísimo. Asimismo, se considera que fuera de ese caso de excepción, el incumplimiento a la regla general trae como consecuencia la inelegibilidad del candidato, por incompatibilidad, aspecto que concierne o afecta de manera individual a cada uno, y no a los dos integrantes de la fórmula. Esto corresponde con la circunstancia de que generalmente la ley se refiera a las fórmulas y candidatos en forma separada, salvo para efectos de la votación. Si se hiciera la interpretación contraria, en el sentido de que el límite máximo de registros simultáneos se refiere a las fórmulas completas, se permitiría que un partido político registrara al mismo tiempo en mayoría relativa y en representación proporcional, hasta doscientos candidatos a diputados con sólo establecer para cada uno, a un compañero de fórmula diferente, con lo cual contravendría la regla general de inelegibilidad ya precisada y los bienes jurídicos que protege."
De la paridad de género en candidaturas a diputaciones federales por ambos principios.
37.   De acuerdo con lo establecido en el artículo 3, párrafo 1, inciso d) bis de la LGIPE, para los efectos de dicha Ley, se entiende por paridad de género
"Igualdad política entre mujeres y hombres, se garantiza con la asignación del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación;"
38.   El artículo 6, párrafo 2, de la LGIPE, establece que el Instituto, los Organismos Públicos Locales, los PPN, personas precandidatas y candidatas, deberán garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos humanos de las mujeres.
39.   De conformidad con lo señalado por el artículo 14, párrafo 4, de la LGIPE, los PPN deberán integrar por personas del mismo género tanto las fórmulas de candidaturas de mayoría relativa, como de representación proporcional, y deberán encabezar, alternadamente, entre mujeres y hombres cada periodo electivo las listas de candidaturas de representación proporcional.
40.   Conforme a lo dispuesto en los artículos 3, párrafo 3; y 25, párrafo 1, inciso r,) de la LGPP; en relación con el numeral 232, párrafo 3, de la LGIPE, los partidos políticos están obligados a buscar la participación efectiva de ambos géneros en la postulación de candidaturas, así como a promover y garantizar la paridad entre ellos en la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular.
41.   El artículo 232, párrafo 2, de la LGIPE señala que las candidaturas a diputaciones a elegirse por ambos principios se registrarán por fórmulas de candidatas y candidatos compuestas cada una por una persona propietaria y una suplente del mismo género y serán consideradas, fórmulas y candidatas o candidatos, separadamente, salvo para efectos de la votación.
Así también, como se mencionó, el artículo 14, apartado 4, de la LGIPE establece que las fórmulas de candidaturas para Senadores y Diputados, tanto en el principio de mayoría relativa como en el de representación proporcional, los partidos políticos deberán integrarlas por personas del mismo género.
Por tanto, los partidos políticos y coaliciones tienen el deber de integrar las fórmulas de candidaturas con personas del mismo género; es decir, si se postula una mujer como propietaria, su suplente debe ser del mismo género, así en caso de que se acceda a la diputación o senaduría y solicite licencia o renuncie al cargo la mujer propietaria, entonces su suplente del mismo género desempeñará el cargo, con lo cual se garantizará la presencia de mujeres en ese espacio dentro del órgano legislativo.
No obstante, la Sala Superior del TEPJF en la sentencia dictada en el expediente SUP-REC-7/2018, estableció lo siguiente:
 
"(...) De ahí que, si bien la jurisprudencia señala que las fórmulas de candidaturas deben integrarse por personas del mismo género, este criterio no debe ser analizado de forma neutral, sino a partir de una perspectiva de género, tomando en consideración que su implementación tuvo como propósito potenciar el acceso de las mujeres a los cargos públicos.
De este modo, no puede considerarse que una medida que en origen tuvo como finalidad beneficiar al género femenino ahora se traduzca en una barrera que impida potenciar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
En ese tenor, el criterio sustentado en la presente ejecutoria es coincidente con el espíritu progresista contenido en la jurisprudencia citada.
Lo anterior se robustece, al tener en cuenta, que la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad es un derecho humano reconocido en las normas fundamentales; por ello, está permitido a la autoridad tomar medidas para buscar dicho fin. Máxime si se trata de la participación de una mujer como representante en un órgano legislativo de una entidad federativa, en atención a que la medida de permitir fórmulas mixtas hombre-mujer, está encaminada a posibilitar la mayor participación de las mujeres.
De ese modo, se estima que el Instituto Electoral Local, en el ámbito de sus atribuciones, válidamente buscó el mayor posicionamiento de la mujer en la postulación paritaria de las fórmulas de candidaturas a diputados, a través de la permisión de que la posición de suplente en las fórmulas de hombres pueda ser ocupada por una mujer.
Tal lectura se traduce en mayores posibilidades para que la mujer acceda a los cargos de representación, lo cual constituye una política pública válida, aunado a esto, la disposición controvertida no pugna con el principio de autoorganización de los partidos políticos previsto en los artículos 41 y 99 de la Constitución, ya que la disposición reglamentaria no establece una obligación de cumplimiento inexcusable para los institutos políticos, porque deja a la libertad de éstos y en la definición de su estrategia política, determinar el género de la persona que fungirá como suplente cuando una fórmula se encabece por un hombre propietario.
Así, la regulación que autoriza, que la fórmula hombre-hombre, o bien, hombre-mujer, maximiza la participación de las mujeres en la postulación de las candidaturas, con lo cual, aumenta la posibilidad de que la participación de las mujeres sea más efectiva.
Esto, porque al permitir más formas de participación en beneficio de las mujeres, desde una perspectiva de género, el lineamiento constituye un medio para alcanzar el fin buscado, más aún porque la pluralidad en las fórmulas de participación también propicia que haya un mayor espectro de mujeres que encuentren afinidad por una fórmula mixta y, con ello, se incentiva elevar los niveles de participación de la mujer; es decir, que, por sus intereses, las mujeres elijan también participar en calidad de suplentes de un propietario hombre."
En ese sentido, se destaca que, conforme con la doctrina judicial, es factible que en una fórmula en que un hombre sea postulado como propietario, su suplente puede ser mujer, porque en caso de que se acceda al cargo legislativo y el hombre propietario solicite licencia o renuncie, entonces la mujer suplente ejercerá la función, lo que fomenta la presencia de más mujeres en el órgano legislativo.
En la inteligencia de que la exigencia de que las fórmulas de candidaturas estén integradas por personas del mismo sexo debe interpretarse con una perspectiva de género que atienda a los principios de igualdad y paridad, y promueva en mayor medida la participación de las mujeres en la vida política del país y en la integración de los órganos de representación popular.
Pero en ningún caso una fórmula encabezada por una mujer como propietaria podrá tener como suplente a un hombre.
Por tanto, tratándose de la postulación de fórmulas encabezadas por hombres, la posición de suplente puede ser ocupada, de manera indistinta, por un hombre o una mujer. Lo anterior encuentra sustento en la tesis XII/2018(1), aprobada por la Sala Superior el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, de rubro: "PARIDAD DE GÉNERO. MUJERES PUEDEN SER POSTULADAS COMO
SUPLENTES EN FÓRMULAS DE CANDIDATURAS ENCABEZADAS POR HOMBRES".
Es por lo anterior, que este Consejo General considera necesario establecer en el presente Acuerdo que las fórmulas para el registro de candidaturas podrán estar integradas de forma mixta, únicamente cuando la persona propietaria sea hombre y la suplente mujer.
42.   El artículo 232, párrafo 4, de la LGIPE establece que el Instituto deberá rechazar el registro del número de candidaturas de un género que no garantice el principio de paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.
       No obstante, los partidos políticos y coaliciones podrán postular un mayor número de mujeres que de hombres en las candidaturas a diputaciones federales de mayoría relativa o representación proporcional; pero ese número de candidaturas de mujeres no podrá disminuir por razón alguna.
       Inclusive, los partidos políticos y coaliciones al solicitar la sustitución de alguna candidatura podrán suplir una fórmula compuesta por hombres por una fórmula integrada por mujeres, lo que aumentará el número de mujeres postuladas que deberá conservarse durante todo el Proceso Electoral Federal.
43.   Según lo establecido por el artículo 233, párrafo 1 de la LGIPE y 282, párrafo 1, del Reglamento de Elecciones, la totalidad de solicitudes de registro de las candidaturas a diputaciones federales que presenten los PPN o coaliciones ante el INE, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros.
44.   El artículo 234, párrafo 1, de la LGIPE establece que las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos y candidatas compuestas cada una por una persona propietaria y una suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad, hasta agotar cada lista.
45.   El artículo 234, párrafo 2 de la LGIPE señala que, en el caso de las diputaciones, de las cinco listas de circunscripción electoral, al menos dos deberán estar encabezadas por fórmulas de un mismo género, alternándose en cada periodo electivo.
46.   El artículo 278 del Reglamento de Elecciones señala que las coaliciones deberán observar las mismas reglas de paridad de género que los partidos políticos, aun cuando se trate de coaliciones parciales o flexibles, en cuyo caso, las candidaturas que registren individualmente como partido, no serán acumulables a las de la coalición para cumplir con el principio de paridad.
47.   El artículo 3, de la LGPP en su numeral 4, establece que cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legislaturas federales y locales, así como en la integración de los Ayuntamientos y de las Alcaldías, en el caso de la Ciudad de México, precisando que dichos criterios deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Asimismo, en su numeral 5, establece que en ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos Distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el Proceso Electoral anterior.
48.   Al respecto, el artículo 282, párrafos 4 y 5, del Reglamento de Elecciones, señala a la letra:
"(...) para determinar las entidades o Distritos con porcentaje de votación más bajo, se estará a lo siguiente:
II. Para la elección de diputados federales:
a) Respecto de cada partido, se enlistarán todos los Distritos en los que se presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje de votación válida emitida que en cada uno de ellos hubiere recibido en el Proceso Electoral anterior.
b) Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de los Distritos enlistados: el primer bloque, con los Distritos en los que el partido obtuvo la votación más baja; el segundo, con los Distritos en los que obtuvo una votación media; y el tercero, con los Distritos en los que obtuvo la votación más alta. Para tales efectos, si se trata de un número no divisible entre tres, el remanente se considerará en el bloque de Distritos de menor votación.
c) Se revisará la totalidad de los Distritos de cada bloque, para identificar, en su caso, si fuera apreciable un sesgo que favorezca o perjudique a un género en
particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de personas de un género comparado con el de otro;
d) El primer bloque de Distritos con votación más baja se analizará de la manera siguiente:
Se revisarán únicamente los últimos veinte Distritos de este bloque, o la parte proporcional que corresponda, es decir, los veinte Distritos en los que el partido obtuvo la votación más baja en la elección anterior. Ello, para identificar si en este grupo más pequeño es o no apreciable un sesgo que favorezca o perjudique significativamente a un género en particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de personas de un género comparado con el de otro;
III. En el supuesto de coaliciones, para determinar las entidades o Distritos de menos a mayor votación, se estará a lo siguiente:
a)  En caso de que los partidos políticos que integran la coalición hubieran participado en forma individual en el Proceso Electoral anterior, se considerará la suma de la votación obtenida por cada partido político que integre la coalición correspondiente.
b)  En caso de que los partidos políticos que participen en forma individual, lo hayan hecho en coalición en el Proceso Electoral anterior se considerará la votación obtenida por el partido en lo individual.
c)  De igual manera, en caso de que alguno de los partidos políticos que integran la coalición hubieran participado en forma individual en el Proceso Electoral Federal anterior, o que la coalición se integrara por partidos distintos o que se conformara en entidades o Distritos diferentes a la coalición actual, se considerará la suma de la votación obtenida por cada partido político en lo individual.
5. Lo establecido en el numeral anterior no será aplicable para los partidos políticos que recientemente hayan obtenido su registro, únicamente respecto del primer Proceso Electoral tanto federal como local en el que participen. Sin embargo, deberán postular candidaturas en condiciones de igualdad de oportunidades para ambos géneros."
En concordancia con lo establecido en el párrafo 5, del artículo 3, de la LGPP y con el objeto de estabilizar la integración de las mujeres en la Cámara de Diputados, así como de fortalecer su postulación en los Distritos donde los partidos políticos tienen mayores posibilidades de triunfo, este Consejo General considera necesario establecer porcentajes de postulación de mujeres en cada uno de los bloques mencionados, conforme a lo siguiente:
a)   Hasta el 50% en el 20% de los Distritos del bloque de menor competitividad;
b)   En al menos el 45% de las candidaturas del bloque intermedio;
c)   En al menos el 50% de las candidaturas del bloque de mayor competitividad.
49.   El artículo 232, párrafo 4, en relación con el numeral 235, de la LGIPE, establece el procedimiento que deberá seguir el Consejo General en caso de que los PPN o las coaliciones no cumplan con lo dispuesto en los artículos 233 y 234 de dicha Ley. Sin embargo, dichos artículos son omisos en señalar los mecanismos para determinar las candidaturas cuya solicitud de registro deberá negarse en caso de reincidencia; por lo que es necesario establecer de antemano dichos mecanismos a efecto de dar certeza y objetividad a los PPN o coaliciones sobre las consecuencias de su incumplimiento reincidente.
50.   La incorporación del principio de paridad a la CPEUM, en el artículo 41, Base I, ha propiciado el desarrollo de diversas disposiciones legales y reglamentarias encaminadas a darle cumplimiento. Muestra de ello son la alternancia en las listas de representación proporcional, la metodología de bloques, la paridad horizontal, la paridad transversal y la paridad vertical, entre otras variantes a nivel federal y estatal.
       En las elecciones federales de 2015 y 2018 y en las locales de los años subsecuentes, los órganos legislativos y las autoridades electorales han puesto en práctica las obligaciones referidas en materia
de paridad. La experiencia de cada elección y sus resultados para el logro de una democracia paritaria han propiciado modificaciones, o nuevas obligaciones, con el fin de maximizar el principio constitucional referido y lograr la repartición equilibrada del poder público entre hombres y mujeres.
       Sin embargo, a pesar de las reglas establecidas para lograr la paridad de género en las candidaturas a cargos de elección popular, tras la elección federal de 2018, no se consiguió lograr un 50% de mujeres y 50% de hombres en la integración de la Cámara de Diputados; es por ello que se debe continuar con la implementación de medidas de nivelación tendentes a lograr la paridad de género en la conformación de los órganos legislativos.
       En el PEF 2017-2018 la presencia de las mujeres en la Cámara de Diputados representó el mayor porcentaje de la historia como se muestra en el cuadro siguiente:
RESULTADOS SOBRE LA CONFORMACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y
DIPUTADAS, DESAGREGADAS POR GÉNERO
Principio de representación
Mujeres
Hombres
Total
Mayoría Relativa
141
47.0%
159
53.0%
300
60.0%
Representación Proporcional
100
50.0%
100
50.0%
200
40.0%
Total
241
48.2%
259
51.8%
500
100.0%
 
De las 500 curules, el 48.2% (241) fue para mujeres y el 51.8% (259) para hombres, lo que representa una diferencia de 18 curules.(2)
Asimismo, se muestran los resultados de las candidaturas electas por el principio de mayoría relativa, desagregadas por partido político y género.(3)
RESULTADOS DE LAS CURULES DE MAYORÍA RELATIVA, DESAGREGADOS POR
GÉNERO
Partido político
Mujeres
Hombres
Total
PAN
15
37.5%
25
62.5%
40
13.3%
PRI
1
14.3%
6
85.7%
7
2.3%
PRD
4
44.4%
5
55.6%
9
3.0%
PT
21
36.2%
37
63.8%
58
19.3%
PVEM
1
20.0%
4
80.0%
5
1.7%
MC
8
47.1%
9
52.9%
17
5.7%
NA
2
100.0%
0
0.0%
2
0.7%
morena
56
52.8%
50
47.2%
106
35.3%
ES
33
58.9%
23
41.1%
56
18.7%
Total
141
47.0%
159
53.0%
300
100.0%
 
En el caso de las candidaturas electas por el principio de representación proporcional, cada uno de los géneros obtuvo el 50.0% de las curules. La tabla siguiente presenta la información por partido político y género.(4)
RESULTADOS DE LAS CURULES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL,
DESAGREGADAS POR GÉNERO
Partido político
Mujeres
Hombres
Total
PAN
20
48.8%
21
51.2%
41
20.5%
PRI
19
50.0%
19
50.0%
38
19.0%
PRD
6
50.0%
6
50.0%
12
6.0%
PT
1
33.3%
2
66.7%
3
1.5%
PVEM
5
45.5%
6
54.5%
11
5.5%
MC
6
60.0%
4
40.0%
10
5.0%
morena
43
50.6%
42
49.4%
85
42.5%
Total
100
50.0%
100
50.0%
200
100.0%
 
Si bien la CPEUM y las leyes electorales reconocen la igualdad jurídica de hombres y mujeres, en la realidad no se ha alcanzado la igualdad sustantiva entre los géneros.
Como se muestra en los cuadros anteriores, si bien la integración actual de la Cámara de Diputados -electa en 2018- se conforma casi de manera paritaria, lo cierto es que en los triunfos en mayoría relativa todavía no se logra la paridad, en tanto que las mujeres se encuentran en desventaja respecto de los hombres, ya que en forma global las diputaciones de mayoría relativa son ocupadas en un 47% por mujeres y un 53% de hombres. Por tanto, en este rubro todavía quedan áreas de oportunidad.
Por ello se requiere dar continuidad a las medidas de nivelación con la finalidad de hacer efectiva la igualdad sustantiva exigida con el mandato de paridad total en la postulación de candidaturas, incorporado como principio transversal en la reforma constitucional publicada el pasado mes de junio del año 2019.
Al respecto debe tenerse presente lo determinado por la Sala Superior del TEPJF, en el sentido de que un mayor número de mujeres en la integración de las candidaturas mejora la aplicación del principio de paridad, en armonía con el derecho de autoorganización de los partidos políticos, quienes acorde con su obligación de postular paritariamente, deciden hacer un mayor número de postulaciones de mujeres.
En efecto, en el recurso de reconsideración identificado con la clave SUP-REC-1279/2017, la Sala Superior estableció que una mayor cantidad de mujeres en la integración de las instancias públicas por elección popular, debe ser leída y valorada, de manera amplia, en el marco de los artículos 1º, 4º y 41 de la Constitución General, así como de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, y considerando que este grupo ha sido sistemática e históricamente marginado, por lo que se encuentra en situación de desventaja debido a su condición de género. "Para dar vigencia al principio de igualdad, a la luz del artículo 1º constitucional, se requiere que las normas en análisis se sujeten a la interpretación más favorable a las personas que pertenecen al género históricamente subrepresentado". La Sala Superior considera que, en algunos casos, una interpretación literal de que la integración deber ser cincuenta-cincuenta puede contravenir los derechos del grupo que se busca favorecer, en este caso, las mujeres. De ahí que haga una interpretación de los principios de paridad, igualdad y no discriminación desde la perspectiva del no sometimiento. "La concepción de igualdad como no sometimiento indica que el Estado debe hacer algo respecto de esos grupos que se encuentran en situación de desventaja estructural. No solo no debe discriminar (igualdad como no discriminación) sino que debe eliminar aquellas barreras estructurales que impidan disfrutar de los derechos en condiciones de igualdad real. El giro transformador de la igualdad como no dominación está en poner en tela de juicio la ficción de un status quo igualitario de partida -ficción en la que descansa el examen de igualdad como no-discriminación arbitraria".
La prioridad, siguiendo lo dicho por la Sala Superior en la sentencia citada, se encuentra en lograr, por medio de la aplicación del principio de paridad en el marco mencionado, una mayor y efectiva participación política de las mujeres en los cargos públicos. "En diversos instrumentos internacionales de carácter orientador también se puede identificar que el mandato de paridad de género entendido en términos sustanciales surge de la necesidad de empoderar a las mujeres y de la urgencia de equilibrar su participación en las distintas esferas de poder y de toma de decisiones. Así, el adecuado entendimiento del mandato de paridad de género supone partir de que tiene por principal finalidad aumentar en un sentido cuantitativo y cualitativo el acceso de las mujeres al poder público y su incidencia en todos los espacios relevantes".
En ese sentido también se pronunció en el expediente SUP-JDC-9914/2020 en el que señaló que "la perspectiva de la paridad de género como mandato de optimización flexible, que implica admitir una participación mayor de mujeres que aquella que se entiende estrictamente en términos cuantitativos ya que también deben atenderse a los factores históricos, sociales, culturales, políticos que han contribuido a la discriminación estructural del grupo de las mujeres en los ámbitos de participación, con el fin de transformar esa situación. Por ello el que se nombren más mujeres no es vulnerar el
principio de paridad, sino maximizar el derecho y el principio de igualdad como eje en el acceso real de las mujeres en los cargos públicos (...)"
En este marco interpretativo, los tratamientos preferenciales, como pueden ser, que haya una proporción mayor de mujeres que de hombres en la integración de las candidaturas, permitirían favorecer la materialización de la igualdad sustantiva de género y el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres, pues, afirma la Sala Superior "(...) el mandato de paridad de género debe entenderse como una política pública formada por diversas reglas de acción afirmativa encaminado a establecer un piso mínimo para que estas puedan contender en igualdad de oportunidades por los puestos de elección popular, elemento indispensable para avanzar hacia una igualdad sustancial en el ámbito político. A partir de esta perspectiva, una cuota de género o cualquier otra medida afirmativa que se adopte debe interpretarse a favor de las mujeres, porque precisamente está dirigida al desmantelamiento de la exclusión de la que han sido objeto. Ello desde una perspectiva de paridad como mandato de optimización flexible, que admite una participación mayor de las mujeres que la que supone un entendimiento estricto, es decir, en términos cuantitativos como cincuenta por ciento (50%) de hombres y cincuenta por ciento (50%) de mujeres".
Con base en las premisas interpretativas mencionadas y tomando en consideración que aún persisten las situaciones de hecho que colocan a las mujeres en desventaja, este Consejo General considera necesario aplicar para el presente PEF 2020-2021 el criterio asumido en el PEF 2017-2018, consistente en que, en el caso de coaliciones parciales cuyo número de fórmulas de candidaturas a diputaciones que postulara la coalición no fuera par, la fórmula impar remanente debía estar integrada por mujeres, en aplicación de la acción afirmativa de género y que el mismo principio se aplicaría para las candidaturas individuales de los partidos políticos que integraran la coalición.
De las diputaciones federales por el principio de representación proporcional
51.   Históricamente, por lo que hace a los cargos de personas legisladoras federales por el principio de representación proporcional, se advierte la tendencia de los PPN de encabezar sus listas con fórmulas integradas por hombres, lo que genera que éstos tengan mayores oportunidades de acceder a esos cargos de elección popular.
En efecto, en relación con las 200 diputaciones federales que se asignan por el principio de representación proporcional, cada fuerza política debe registrar 5 listas con 40 fórmulas de candidaturas de acuerdo con el principio de paridad; lo que implica que es registrada una lista por cada circunscripción plurinominal.
En relación con ello, históricamente se ha observado que los PPN tendieron a registrar fórmulas de hombres para encabezar dichas listas, lo que generó mayores posibilidades de que los varones accedan a esos cargos de elección popular, como se demuestra con los datos correspondientes a los Procesos Electorales Federales de 2006, 2009, 2012 y 2015.
LISTAS DE CANDIDATURAS DE DIPUTACIONES FEDERALES
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN 2006
#
Fuerza Política
Encabezadas por
hombres
Encabezadas por
mujeres
Total de listas
registradas
1
PAN
4
1
5
2
Coalición Alianza por México
(PRI-PVEM)
5
---
5
3
Coalición por el Bien de Todos
(PRD-PT-Convergencia)
3
2
5
4
Nueva Alianza
4
1
5
5
Alternativa Socialdemócrata y
Campesina
3
2
5
Total
19
(76%)
6
(24%)
25
(100%)
 
En el Proceso Electoral Federal 2006 participaron cinco (5) PPN, quienes registraron un total de veinticinco (25) listas regionales para diputaciones federales de representación proporcional, de las cuales, únicamente seis (6) listas fueron encabezadas por mujeres; esto coadyuvó a que las mujeres
accedieran solamente a cincuenta y nueve (59) curules de las doscientas (200) diputaciones federales de representación proporcional, lo que equivale al 29.5%, según se desprende de los acuerdos identificados como CG90/2006 y CG163/2006.
LISTAS DE CANDIDATURAS DE DIPUTACIONES FEDERALES
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN 2009
#
Fuerza Política
Encabezadas
por hombres
Encabezadas por
Mujeres
Total de listas
registradas
1
PAN
4
1
5
2
PRI
5
---
5
3
PRD
3
2
5
4
PT
5
---
5
5
PVEM
4
1
5
6
Convergencia
4
1
5
7
Nueva Alianza
5
---
5
8
Alternativa Socialdemócrata y
Campesina
4
1
5
Total
34
(85%)
6
(15%)
40
(100%)
En el Proceso Electoral Federal 2009, participaron ocho (8) actores políticos que registraron un total de cuarenta (40) listas para diputaciones federales por el principio de representación proporcional (5 listas por cada partido político). Resaltándose que únicamente seis (6) listas fueron encabezadas por mujeres (15%); lo que coadyuvó a que las mujeres solamente accedieran a ochenta y dos (82) de las doscientas (200) diputaciones de representación proporcional, lo que equivale al 41%, según se desprende de los acuerdos CG173/2009 y CG426/2009.
LISTAS DE CANDIDATURAS DE DIPUTACIONES FEDERALES
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN 2012
#
Fuerza Política
Encabezadas
por hombres
Encabezadas por
mujeres
Total de listas
registradas
1
PAN
3
2
5
2
PRI
5
---
5
3
PRD
3
2
5
4
PT
5
---
5
5
PVEM
4
1
5
6
Movimiento Ciudadano
3
2
5
7
Nueva Alianza
4
1
5
Total
27
(77.14%)
8
(22.86%)
35
(100%)
 
En el Proceso Electoral Federal de 2012, participaron siete (7) PPN que registraron un total de treinta y cinco (35) listas de diputaciones federales de representación proporcional (5 por cada partido político). De las cuales, únicamente ocho (8) listas fueron encabezadas por fórmulas integradas por mujeres (22.86%); lo que coadyuvó a que las mujeres accedieran a noventa y cuatro (94) curules de las doscientas (200) diputaciones de representación proporcional, lo que equivale al 47%, según se desprende de los acuerdos CG193/2012 y CG582/2012.
LISTAS DE CANDIDATURAS DE DIPUTACIONES FEDERALES
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN 2015
#
Fuerza Política
Encabezadas
por hombres
Encabezadas
por mujeres
Total de listas
Registradas
1
PAN
5
---
5
2
PRI
5
---
5
3
PRD
5
--
5
4
PT
5
---
5
5
PVEM
4
1
5
6
Movimiento Ciudadano
4
1
5
7
Nueva Alianza
3
2
5
8
Morena
4
1
5
9
Humanista
4
1
5
10
Encuentro Social
5
---
5
Total
44
(88%)
6
(12%)
50
(100%)
En las elecciones de 2015, participaron diez (10) PPN que registraron un total de cincuenta (50) listas de candidaturas a diputaciones federales de representación proporcional (5 listas por cada partido político); pero únicamente seis (6) listas fueron encabezadas por mujeres (12%); lo que coadyuvó a que las mujeres solamente accedieran a noventa y cinco (95) de las doscientas (200) diputaciones de representación proporcional, lo que equivale el 47.5%, según se desprende de los acuerdos identificados como INE/CG162/2015 e INE/CG804/2015.
LISTAS DE CANDIDATURAS DE DIPUTACIONES FEDERALES
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN 2018
#
Fuerza Política
Encabezadas por
hombres
Encabezadas
por mujeres
Total de listas
Registradas
1
PAN
3
2
5
2
PRI
3
2
5
3
PRD
2
3
5
4
PT
3
2
5
5
PVEM
3
2
5
6
Movimiento Ciudadano
2
3
5
7
Nueva Alianza
3
2
5
8
Morena
2
3
5
9
Encuentro Social
3
2
5
Total
24
(53%)
21
(47%)
45
(100%)
 
Lo anteriores es más explícito en el siguiente cuadro:
REGISTRO LISTAS CANDIDATURAS DIPUTACIONES FEDERALES R.P. 2018
Partido





M
H
PAN
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Hombre
2
3
PRI
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
2
3
PRD
Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre
3
2
PVEM
Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
Mujer
2
3
PT
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Hombre
2
3
Movimiento Ciudadano
Hombre
Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
3
2
Nueva Alianza
Hombre
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre
2
3
Morena
Mujer
Hombre
Hombre
Mujer
Mujer
3
2
Encuentro Social
Hombre
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
2
3
 
M
H
M
H
M
H
M
H
M
H
21
24
Total
5
4
4
5
6
3
3
6
3
6
45
 
En el Proceso Electoral Federal de 2018, participaron nueve (9) PPN que registraron un total de cuarenta y cinco (45) listas de diputaciones federales de representación proporcional (5 por cada partido político). De las cuales, veintiún (21) listas fueron encabezadas por fórmulas integradas por mujeres (47%); lo que generó que las mujeres accedieran a cien (100) curules de las doscientas (200) diputaciones de representación proporcional, lo que equivale al 50%, según se desprende de los acuerdos identificados con las claves INE/CG299/2018 e INE/CG1181/2018.
A continuación, se concentra la información en el siguiente cuadro:
LISTAS DE CANDIDATURAS DE DIPUTACIONES FEDERALES
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE 2006 A 2018
#
Proceso Electoral Federal
Encabezadas por
hombres
Encabezadas por
mujeres
Total de listas
registradas
1
2006
19
6
25
2
2009
34
6
40
3
2012
27
8
35
4
2015
44
6
50
5
2018
24
21
45
Total
148
(75.907%)
47
(24.10%)
195
(100%)
 
Como se observa, los partidos políticos tienden a encabezar con hombres las listas de candidaturas a diputaciones de representación proporcional, en tanto que de las 195 listas registras en los Procesos Electorales Federales desde 2006 a 2018, 148 se encabezaron con hombres (75.90%) y solamente 47 fueron encabezadas por mujeres (24.10%).
Esa tendencia se empezó a revertir en 2018, gracias a la acción afirmativa establecida por el Consejo General del INE que exigió que al menos dos (2) de las cinco (5) listas debían encabezarse por fórmulas de un mismo género.
En efecto, con fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG508/2017, relativo a los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, y como acción afirmativa para las candidaturas a diputaciones federales por el principio de representación proporcional y a fin de fomentar la participación política de las mujeres, se exigió que de las cinco (5) listas por circunscripción electoral que sirven para elegir en cada una de ellas cuarenta (40) diputaciones federales para dar un total de doscientas (200) curules, al menos dos (2) listas debían encabezarse por fórmulas de un mismo género; esto es, tres (3) listas encabezadas por mujeres y dos (2) por hombres, o dos (2) listas encabezadas por mujeres y tres (3) por hombres (Punto de Acuerdo Décimo Octavo).
También se establecieron tres (3) bloques de votación: mayores, intermedios y menores (Punto de Acuerdo Vigésimo Segundo, inciso b); y que para en caso de renuncia a una candidatura, ésta sería procedente si era ratificada ante el Instituto por la persona interesada, de lo cual se levantaría un
acta circunstanciada que se integraría al expediente respectivo (Punto de Acuerdo Décimo Tercero).
El Acuerdo INE/CG508/2017 fue impugnado por los PPN Verde Ecologista de México y del Trabajo, el otrora Encuentro Social y varias personas ciudadanas; sin embargo, la Sala Superior del TEPJF, al dictar sentencia en los autos de los expedientes SUP-RAP-726/2017 y acumulados, el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, decidió modificar el acto impugnado sólo en cuanto a la acción afirmativa a favor de las personas indígenas (que se explicará párrafos subsecuentes); pero se confirmaron las acciones afirmativas para fomentar la participación política de las mujeres.
Al respecto, la Sala Superior resolvió, en la parte impugnada -y que no modificó- lo siguiente:
  El INE cuenta con facultades constitucionales, convencionales y legales para establecer acciones afirmativas de género e indígenas y, además, dicha facultad en modo alguno vulnera el principio de reserva de ley.
  No se advirtió una vulneración a lo previsto en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la CPEUM, en razón de que, los Lineamientos controvertidos constituyen una instrumentación accesoria y temporal, que únicamente modula el derecho y obligación constitucional que tienen los PPN de presentar las candidaturas respetando el principio de paridad de género y potencializa el principio de pluralismo cultural reconocido en la Constitución Federal, que no implica una afectación fundamental al principio de autoorganización de los partidos políticos y en modo alguno vulnera el principio de certeza electoral.
  Los criterios sustentados por el Consejo General del INE en relación con la postulación de candidaturas, buscan armonizar los principios de autodeterminación de los PPN, de paridad y la acción afirmativa indígena, a efecto de hacerlos converger en nuestro sistema democrático para maximizar la participación política de éstos grupos vulnerables, lo cual no impide que el partido político, de acuerdo con lo establecido en su normativa interna, seleccione a sus personas candidatas de manera libre, por lo que no se vulnera su núcleo esencial, y sí potencializan los principios de igualdad en su vertiente de paridad de género y pluriculturalismo nacional, generando una armonización entre todos los principios y derechos en juego.
  Entre las disposiciones jurídicas que dan fundamento a los criterios controvertidos y los motivos expresados para tomar la decisión, hay una congruencia que se ajusta a los supuestos normativos que lo sustentan y, además, los Lineamientos controvertidos están debidamente justificados.
  Los Lineamientos combatidos no constituyen una modificación a los métodos para la postulación de candidaturas de los PPN, sino únicamente se traducen en reglas que modulan la forma en cómo tales postulaciones deben integrarse; además de que, los recurrentes a la fecha en que el Acuerdo impugnado fue aprobado, contaban con un tiempo razonable para implementar los ajustes establecidos.
  El Estado Mexicano está obligado a implementar todas las medidas necesarias para generar igualdad entre su ciudadanía y, en el caso, las medidas implementadas reúnen los requisitos suficientes para considerarse acciones afirmativas a favor de las mujeres y de los pueblos y comunidades indígenas.
Así, se logró en el Proceso Electoral Federal de 2018 que las mujeres accedieran a cien (100) curules de las doscientas (200) diputaciones de representación proporcional, lo que equivale al 50% en igualdad con los hombres.
Estos resultados sirvieron de base al Congreso de la Unión en el Decreto por el que se reforman los artículos 2º, 4º, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115, de la CPEUM, en materia de Paridad entre Géneros, publicado en la edición vespertina del DOF de seis de junio de dos mil diecinueve, el cual entró en vigor al día siguiente de su publicación (Artículo Transitorio primero) y se ordenó que la observancia del principio de paridad de género a que se refiere el artículo 41, será aplicable a quiénes tomen posesión de su encargo a partir del Proceso Electoral Federal 2021 (Artículo Transitorio tercero, primer párrafo), lo que instituye el principio constitucional de paridad de género como elemento transversal a la integración de todos los órganos y poderes del Estado.
Al efecto, en el citado Decreto, entre otras cosas, se instituye que los partidos políticos, en la postulación de sus candidaturas a los distintos cargos de elección popular, deben observar y garantizar la paridad de género (fracción I, del artículo 41).
 
Por lo que hace a la materia de este Acuerdo, se establece a nivel de la Norma Fundamental que para la elección de las doscientas (200) diputaciones según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco (5) circunscripciones electorales plurinominales en el país conformadas de acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada período electivo (párrafo segundo del artículo 53).
Después de la reforma constitucional de Paridad en Todo, el Congreso de la Unión emitió el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones LGAMVLV, de la LGIPE, de la LGSMIME, de la LGPP, de la LGMDE, de la LOFGR, de la LOPJF y de la LGRA, el cual se publicó en la edición vespertina del DOF el trece de abril de dos mil veinte, y entró en vigor al día siguiente de su publicación (Artículo Transitorio primero).
Para efectos de este Acuerdo, se destaca que se adicionó el inciso d bis), del numeral 1, artículo 3, de la LGIPE, para definir "paridad de género" como la igualdad política entre mujeres y hombres, que se garantiza con la asignación del cincuenta por ciento (50%) de mujeres y del cincuenta por ciento (50%) de hombres en candidaturas a cargos de elección popular.
En relación con las fórmulas para diputaciones, tanto en el caso de mayoría relativa, como de representación proporcional, el numeral 4, del artículo 14, de la LGIPE, se reformó, para establecer que los partidos políticos deberán integrarlas por personas del mismo género y encabezarlas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo.
Por cuanto hace al procedimiento de registro de candidaturas, los numerales 2, 3 y 4, del artículo 232, de la LGIPE, se reformaron para establecer que las candidaturas a diputaciones federales a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, se registrarán por fórmulas de personas candidatas compuestas cada una por una persona propietaria y una suplente del mismo género, y serán consideradas fórmulas y candidatas separadamente, salvo para efectos de la votación; que los partidos políticos deben promover y garantizar la paridad entre los géneros en la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión; y que este Instituto debe rechazar el registro del número de candidaturas de un género que no garantice el principio de paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas, por lo que, en caso de que no sean sustituidas, no se aceptarán dichos registros.
Asimismo, se reformó el numeral 1, del artículo 233, de la LGIPE, para señalar que de la totalidad de solicitudes de registro de las candidaturas a diputaciones federales que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante este Instituto deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros mandatada en la CPEUM.
Igualmente, el artículo 234, numerales 1 y 2, de la LGIPE, fue reformado para establecer que las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de personas candidatas compuestas cada una por una persona propietaria y una suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad, hasta agotar cada lista. En el caso de las diputaciones, de las cinco (5) listas por circunscripción electoral, al menos dos (2) deberán estar encabezadas por fórmulas de un mismo género, alternándose en cada período electivo.
Así las cosas, atendiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 53 constitucional y los demás artículos de la LGIPE, particularmente el 234, numerales 1 y 2, los PPN deben encabezar por lo menos dos (2) de las cinco (5) listas de candidaturas de diputaciones de representación proporcional con personas del mismo género. Es decir, tres (3) listas encabezadas por mujeres y dos (2) por hombres o dos (2) listas encabezadas por mujeres y tres (3) por hombres, las cuales se alternarán en cada período electivo.
En atención a que en el pasado, como ya quedó evidenciado, la mayoría de los PPN encabezaban, en la mayoría de los casos, con fórmulas de hombres las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional, lo que por sí mismo generaba que un número mayor de varones accedieran a esas curules, en detrimento del derecho de las mujeres de ocupar también esos cargos de elección popular; es que para el presente PEF todos los PPN, incluyendo a los de nuevo registro, deben garantizar que las mujeres accedan a los cargos de elección popular, razón por la cual deberán encabezar con fórmulas de candidaturas de mujeres por lo menos tres (3) de las cinco (5) listas plurinominales.
Estas acciones afirmativas constituyen medidas temporales, razonables, proporcionales y objetivas
orientadas a lograr la igualdad material entre mujeres y hombres, para el efecto de garantizar que éstas accedan a las diputaciones federales, compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación que durante años ha afectado a las mujeres, como se demuestra con los datos antes precisados; buscando alcanzar una mayor representación de las mujeres en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para lograr un nivel de participación equilibrada con los hombres.
Acorde con lo antes expuesto, este Consejo General destaca que las medidas adoptadas satisfacen los estándares constitucionales del test de proporcionalidad y, por tanto, ajustadas al bloque en materia de derechos humanos, en tanto que, constituyen medidas que tienen un fin legítimo, por corresponder a un desdoblamiento que da contenido y efectividad al mandato constitucional de paridad entre los géneros para el acceso a las candidaturas y el principio transversal de paridad en la integración de los órganos y poderes del Estado emanado de la última reforma a la Norma Suprema en la materia.
Las medidas satisfacen el principio de idoneidad, toda vez que los mecanismos que se implementan han permitido darle contenido jurídico y vida material al principio constitucional de paridad de género, como lo demuestran los resultados obtenidos en la integración de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, ambas de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión -en términos de las cifras ya precisadas-, sin que este Consejo General advierta medidas distintas que puedan garantizar de manera efectiva la observancia al referido principio en el acceso a candidaturas y la próxima integración de la Cámara de Diputados.
De igual modo, las acciones afirmativas en comento se consideran necesarias, acorde con las razones ya expuestas, por virtud de que, como quedó evidenciado, previo a su implementación, el entramado legal y las reglas ordinarias de postulación de candidaturas por sí solas no han sido suficientes ni eficaces en la medida necesaria para garantizar el equilibrio de género en el acceso a las candidaturas y su reflejo en la integración de las Cámaras del Congreso de la Unión, cuestión que quedó evidenciada en los datos históricos de la conformación de éstas.
Además, las restricciones que al ejercicio de derechos político-electorales puedan implicar las medidas que se adoptan no son absolutas, por el contrario, optimizan y eficientizan las reglas del sistema electoral a fin de garantizar la progresividad en las medidas de protección con el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres para con el acceso a candidaturas y su participación en la integración de los órganos legislativos para revertir la discriminación histórica de que han sido objeto en el ejercicio de sus derechos.
En esa medida, las acciones afirmativas que se implementan son proporcionales al fin perseguido consistente en la concreción efectiva del principio constitucional de paridad de género en el acceso de candidaturas y el propio transversal a todo el sistema constitucional que protege la participación de las mujeres en paridad en la integración de los órganos y poderes del Estado.
De la democracia incluyente
52.   El artículo 1º de la CPEUM establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia CPEUM establece.
Asimismo, establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la CPEUM y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Finalmente, este artículo señala que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Es así que la diversidad de la población que compone la nación mexicana se ve protegida desde el ámbito constitucional, motivo por el cual tanto las autoridades como los entes públicos del Estado
mexicano tienen el deber de adoptar las medidas tendentes a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, sin discriminación.
El principio de igualdad contenido en los artículos 1° y 4° de la CPEUM contiene dos cláusulas a saber: aquella que prohíbe los tratos arbitrarios y la que comprende la prohibición de discriminación. Ambas cláusulas son abiertas, pues no se limitan a un listado específico de categorías de protección, sino que garantizan la igualdad sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana y prohíben la discriminación por cualquier motivo más allá de los literalmente enumerados. También son autónomas, porque no restringen el ejercicio a la amenaza de algún otro derecho establecido en la propia Constitución, sino que la igualdad está garantizada por sí misma.
Es importante considerar que el principio de igualdad va más allá de la igualdad ante la ley, ya que se debe asegurar la igualdad sustantiva, esto es, la igualdad de trato para las personas en el ejercicio pleno de sus derechos, reconociendo las diferencias existentes de una manera que no discrimine.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado, que la protección en torno a la no discriminación que es funcional a la igualdad se amplía porque establece la prohibición de discriminación formal y de facto. La primera se puede presentar por exclusión tácita o por diferenciación expresa, lo cual sucede cuando la norma realiza una distinción injustificada. [IGUALDAD ANTE LA LEY. EL LEGISLADOR PUEDE VULNERAR ESTE DERECHO FUNDAMENTAL POR EXCLUSIÓN TÁCITA DE UN BENEFICIO O POR DIFERENCIACIÓN EXPRESA, Tesis 1a. CCCLXIX/2015 (10a.), noviembre de 2015.]. Mientras que la segunda se refiere a una norma, criterio o práctica aparentemente neutral, que afecta de manera desproporcionadamente negativa a un grupo social, en comparación con otros que se ubiquen en una situación análoga o notablemente similar. [DISCRIMINACIÓN INDIRECTA O POR RESULTADOS. ELEMENTOS QUE LA CONFIGURAN, tesis 1a. CCCLXXIV/2014 (10a.), octubre de 2014.]
La cláusula de no discriminación es explícita y protectora en tanto que describe diversas conductas que tengan por objeto o resultado impedir o restringir los derechos humanos de las personas y atentar contra la dignidad humana, ya sea porque se realicen distinciones irracionales e injustificadas, se les nieguen sus derechos o se les excluya.
Esta especificidad de conductas sólo se encuentra expresada en instrumentos internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación; la Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza; y los Principios de Yogyakarta.
Es fundamental que el principio de igualdad y no discriminación se interprete y aplique en términos de igualdad estructural o de no sometimiento, porque sin este enfoque se deja al lado la autonomía de las personas y se corre el riesgo de que no se contribuya al combate y erradicación de la brecha de desigualdad.
En la doctrina, Roberto Saba [Más allá de la igualdad formal ante la ley: ¿Qué les debe el Estado a los grupos desventajados?, Buenos Aires, Siglo xxi, 2016] señala que el enfoque desde la igualdad estructural requiere que se incorpore el análisis del contexto de exclusión sistemática e histórica de grupos o comunidades, y se identifiquen las prácticas sociales, económicas, prejuicios y sistemas de creencias que perpetúan esta desigualdad. Incluso aquellas prácticas o normas que son neutras, si bien pueden lograr un trato en términos de igualdad formal, continúan excluyendo o no incluyendo a ciertos grupos de personas.
El principio de igualdad y no discriminación de la Constitución debe impregnar a todas las instituciones de la capital del país, desde el diseño de las políticas públicas de trato preferente, la creación normativa y el actuar del Poder Judicial con base en la igualdad estructural. Más allá de acciones asistenciales por parte del Estado, implica una reformulación y reorganización de éste y la sociedad.
En observancia al principio de igualdad sustantiva, en el ámbito de los derechos políticos y electorales, los PPN, en su calidad de entes de interés público, cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, y esta autoridad electoral tienen la obligación de implementar las medidas necesarias que permitan que todas las
personas puedan ejercer efectivamente sus derechos político-electorales, poniendo especial atención en las personas o grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o que se consideran de atención prioritaria, para quienes el bloque de constitucionalidad obliga la aplicación de las reglas con perspectiva de derechos humanos y con enfoque diferenciado, de tal forma que puedan generarse las mejores condiciones que les permitan el ejercicio pleno de sus derechos, entre los que se encuentra el derecho de ser votado.
53.   Una de las formas para lograr la garantía de los derechos es mediante el establecimiento de acciones afirmativas, las cuales han sido definidas en la Jurisprudencia 11/2015 de la Sala Superior del TEPJF como:
"ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES. - De la interpretación sistemática y funcional de lo establecido en los artículos 1°, párrafo quinto; 4°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1 y 24, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero; y 5, fracción I, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; se colige la obligación del Estado mexicano de establecer acciones afirmativas en tanto constituyen medidas temporales, razonables, proporcionales y objetivas orientadas a la igualdad material. En consecuencia, los elementos fundamentales de las acciones afirmativas son: a) Objeto y fin. Hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada, así como establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades. b) Destinatarias. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus derechos, y c) Conducta exigible. Abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. La elección de una acción dependerá del contexto en que se aplique y del objetivo a lograr. La figura más conocida de las acciones afirmativas son las políticas de cuotas o cupos."
       Como se aprecia, las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para grupos vulnerables o en desventaja, que tienen como fin revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos y con el propósito de garantizar igualdad en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen los sectores sociales. Se caracterizan por ser temporales, proporcionales, razonables y objetivas, teniendo como fin último el promover una igualdad sustancial entre los miembros de la sociedad y los grupos a los cuales pertenecen. La mejor manera de representar este ideal es por medio de la universalidad de derechos, es decir, la exigencia de que todos los hombres y mujeres sin distinción gocen de los mismos derechos universales.
       Por lo anterior es válido sostener que todo acto que se adopte de manera temporal, razonable, proporcional y objetiva, a fin de favorecer a las personas, y que derive de una situación de desigualdad es acorde con el principio pro persona previsto en el artículo 1 de la CPEUM.
54.   Las acciones afirmativas para el Proceso Electoral Federal 2020-2021 tienen una naturaleza transversal, es decir, más de una puede aplicar para cada candidatura. Adicionalmente, cabe destacar que, en el Acuerdo INE/CG308/2020 por el que se establecen diversos criterios y plazos de procedimientos relacionados con el período de precampañas para el Proceso Electoral Federal 2020-2021, se estableció que los partidos políticos, en sus procesos de selección interna de candidaturas, deberán privilegiar la perspectiva de género, y también la interseccional, es decir, deberán tomar medidas tendentes a derribar los obstáculos de iure y de facto que generen discriminación y perjuicio de las personas y particularmente de los grupos en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, en el artículo 2, fracción IX de los Lineamientos se estableció que por Interseccionalidad se entiende: "Perspectiva que se centra en las desigualdades sociales y analiza el sistema de estructuras de opresión y discriminación múltiples y simultáneas, que promueven la exclusión e impiden el desarrollo de las personas por la intersección de más de una forma de discriminación.
Esta perspectiva ofrece un modelo de análisis que permite comprender cómo determinadas personas son discriminadas por múltiples razones y, por consiguiente, el acceso y ejercicio de sus derechos se ve restringido en más de una forma. Contribuye a diseccionar con más precisión las diferentes realidades en las que se encuentran las mujeres".
Lo anterior, bajo el supuesto de que, en la mayoría de los casos, los documentos básicos de los partidos políticos contienen cláusulas de inclusión para grupos en situación de vulnerabilidad o de atención prioritaria, y reconocen la necesidad de construir sociedades más justas que garanticen los derechos de las personas dentro de la diversidad social de la nación mexicana.
Por ejemplo, en los documentos básicos del PAN se reconoce la dignidad de la persona humana y, por tanto, el respeto de sus derechos fundamentales y la garantía de los derechos y condiciones sociales requeridos por esa dignidad como eje central de su formación y, por ende, sostiene que toda forma de discriminación o desigualdad de oportunidades por razones de sexo, edad, capacidad física, etnia, religión, convicción, condición económica o cualquier otra, debe ser rechazada, corregida y en su caso sancionada. Tanto en la Declaración de Principios como en los Estatutos y Programa de Acción del PRI, se estipula que el citado partido está comprometido a impulsar la participación ciudadana que se expresa en la diversidad social, con especial atención a grupos y organizaciones de jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, afromexicanas/os, pueblos y comunidades indígenas. De la misma manera, en los documentos básicos del PRD se establece que la perspectiva transversal y de derecho humanos se utilizan en la definición de ejes estratégicos en el reconocimiento de la pluralidad y diversidad de la sociedad mexicana y con base en ello reconoce la necesidad de incorporar acciones afirmativas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, juventudes, migrantes, indígenas, comunidad LGBT y trans, afromexicanas/os. En el mismo sentido, en los documentos básicos del PT se reconoce la necesidad de garantizar los derechos de las personas adultas mayores, indígenas, personas con discapacidad, juventudes, comunidad LGBT y trans, en tanto que los documentos básicos del PVEM disponen la necesidad de implementar medidas que favorezcan el ejercicio de los derechos humanos como eje transversal y bajo el principio de igualdad y, particularmente, de las personas indígenas y de las juventudes. Los documentos básicos de Movimiento Ciudadano contienen estructura y disposiciones estatutarias tendentes a proteger y garantizar los derechos de migrantes, indígenas, juventudes, personas con discapacidad, adultas mayores, migrantes, diversidad sexo-genérica, así como el mandato expreso de eliminación de prácticas discriminatorias por motivo de raza, género, preferencias sexuales y la exigencia de promover la más amplia participación de los grupos prioritarios. Los documentos básicos de Morena contienen también mandatos para hacer efectivos los derechos de todas las personas, tomando en consideración el respeto de los derechos de la población que vive en condiciones de vulnerabilidad: personas adultas mayores, con discapacidad, indígenas, jóvenes, comunidad LGBT y trans. Incluso, en su estructura se incluyen las secretarías de asuntos indígenas y campesinos, de jóvenes, de diversidad sexual, como responsables de hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las personas que pertenecen a esos grupos. El PES también prevé en su estructura organizacional un área a la que le encomienda formular e implementar programas estratégicos para atender a grupos prioritarios, entre ellos: adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes y grupos indígenas. También establece un área específica para promover la participación política, social y comunitaria de las y los jóvenes, reconociendo que la política es un asunto de las y los mexicanos sin importar la edad, por lo que debe ser objetivo fundamental del país hacer de la juventud un nuevo semillero de líderes, dándoles la oportunidad de participar y de gobernar. Asimismo, estipula en sus documentos básicos que el PES está obligado a asegurar una especial protección de los derechos humanos en grupos en situación de vulnerabilidad, tales como personas de la tercera edad, indígenas, migrantes y personas con discapacidad, entre otros. En los documentos del partido RSP se postula el compromiso firme de defender los derechos humanos y de género con el impulso de los valores cívicos y del auténtico nacionalismo democrático. Finalmente, FSM plantea como objetivo principal impulsar la igualdad de género y las oportunidades para los jóvenes e indígenas en todas las actividades del partido, así como incluir y apoyar en todo momento a los grupos en situación de vulnerabilidad, para lo cual concede a su CEN la facultad de proponer a la Comisión Permanente, a través de su Presidente, la postulación de candidaturas tomando en consideración lo relativo a la paridad de género y el impulso a los jóvenes e indígenas. Asimismo, cuenta en su estructura con un área específica para atención a grupos en situación de vulnerabilidad, y la faculta para establecer programas de atención a las personas adultas mayores, con discapacidad, de cualquier orientación o preferencia sexual, y cualquier otro grupo o sector vulnerable de la sociedad, que atiendan sus necesidades y busquen medidas compensatorias que
erradiquen la discriminación que viven cotidianamente, a fin de que tengan la posibilidad de ejercer sus derechos plenamente.
En ese sentido y conforme a dicha perspectiva interseccional, en la postulación de candidaturas a diputaciones federales, los partidos políticos deberán adoptar las medidas necesarias o las acciones afirmativas correspondientes, a efecto de integrar a personas que pertenecen a esos grupos en situación de vulnerabilidad o de atención prioritaria, pues con esa manera de proceder se avanza en la materialización real y efectiva del ejercicio de sus derechos en armonía con lo dispuesto en los documentos rectores de la vida interna de los partidos políticos, en observancia al principio de igualdad sustantiva.
En este tenor, y con el fin de que esta autoridad electoral en un futuro cuente con datos ciertos sobre la postulación de los PPN en el presente PEF, respecto de los grupos en situación de vulnerabilidad o de atención prioritaria, es que los PPN deberán capturar de cada una de las candidaturas postuladas (en lo individual o por la coalición) dicha condición en el sistema denominado "¡Candidatas y Candidatos, Conóceles!".
De la Acción Afirmativa Indígena
55.   La CPEUM reconoce en su artículo 2, párrafo primero, que México es una Nación pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
Dicho artículo reconoce, entre los criterios para identificar a quiénes les aplican las disposiciones relativas a los pueblos indígenas, aquellas personas que se autoadscriben como tales, independientemente de su lugar de residencia o si no hablan alguna lengua indígena.
Asimismo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en su artículo 1, inciso b) señala que son considerados pueblos indígenas aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista, la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
Por su parte, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en su artículo 1, numeral 4, señala que "las acciones afirmativas adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, [como lo son los derechos político-electorales], no se considerarán como medidas de discriminación".
Asimismo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha señalado su preocupación por el "número y rango de los puestos gubernamentales ocupados por personas indígenas, especialmente mujeres, en México" y ha recomendado a México que "redoble sus esfuerzos para asegurar la plena participación de los indígenas, en especial de la[s] mujer[es], en todas las instituciones de toma de decisión, en particular en las instituciones representativas y en los asuntos públicos, y que tome medidas efectivas para asegurar que todos los pueblos indígenas participen en todos los niveles de la administración pública, [para lo que podría ser útil] la implementación de medidas especiales o de acción afirmativa".(5)
En el mismo sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres ha señalado al Estado Mexicano su preocupación por la escasa aplicación de medidas especiales de carácter temporal para acelerar el logro de la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres en todos los ámbitos.
El Comité recomienda al Estado parte que refuerce el uso de medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Convención y en su recomendación general núm. 25 (2004), sobre las medidas especiales de carácter temporal, como estrategia necesaria para acelerar el logro de la igualdad sustantiva en todos los ámbitos de la Convención en los que las mujeres tienen una representación insuficiente o se encuentran en situación de desventaja.(6)
Asimismo, el Comité observa con preocupación "la discriminación racial y por razón de género en los partidos políticos, que sigue menoscabando la capacidad de las mujeres de presentarse como candidatas en elecciones estatales o municipales"; por lo que exhorta al Estado parte a que "Adopte medidas para combatir las prácticas discriminatorias de iure y de facto de los partidos políticos que desalientan a las mujeres, en particular las indígenas y las afromexicanas, a presentarse como
candidatas en las elecciones federales, estatales o municipales;"(7)
Por su parte, el Compromiso de Santiago, adoptado en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, resolvió entre otras consideraciones, alentar los esfuerzos sostenidos para aumentar la representación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones a fin de alcanzar la democracia paritaria, con un enfoque intercultural y étnico-racial, afianzando la presencia de mujeres en todos los poderes del Estado y niveles y ámbitos de gobierno, garantizar la protección de los derechos de las mujeres que participan en política y condenar la violencia política.(8)
Una democracia requiere que todas las voces tengan acceso al debate público y político, por lo que la representación política de los distintos grupos es vital para el logro de una democracia inclusiva.(9)
La pluriculturalidad reconocida en el artículo 2 de la CPEUM debe verse reflejada en el Congreso de la Unión, específicamente en la Cámara de Diputados ya que es el órgano de representación de la ciudadanía y en el sistema bicameral de organización parlamentaria en México, corresponde a la Cámara Baja la defensa de los intereses de la ciudadanía, y a la Cámara Alta, los intereses de las entidades federativas.(10)
Asimismo, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los pueblos indígenas deben participar en las decisiones que les afectan directamente, y por ello, su participación en los órganos cupulares de decisión resulta indispensable.
En un modelo democrático es necesario garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación por lo que es fundamental garantizar su participación efectiva en los procesos de decisión.(11)
En términos de representación, es un hecho notorio que la participación de los pueblos indígenas en la Cámara de Diputados es baja. De hecho, existe una ausencia de datos que den cuenta del acceso de personas indígenas al congreso antes de 2006:
Legislatura
Diputaciones
indígenas
% de la Cámara
Hombres
Mujeres
LX (2006-2009)
14
2.8
12
2
LXI (2009-2012)
10
2.0
7
3
LXII (2012-2015)
7
2.8
5
2
LXIII (2015-2018)
6
1.2
6
0
LXIV (2018-2021)(12)
13
2.6
10
3
Fuente: INE/CG508/2017
El dato más reciente con el que se cuenta arroja que en la legislatura actual (2018-2021), de un total de 500 curules, solamente el 2.6% son ocupadas por personas indígenas; es decir solo 13.
De conformidad con la normativa internacional en la materia, los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y, para ello, deben participar en la adopción de decisiones políticas que afecten a sus derechos. Asimismo, tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticas, económicas y sociales, a disfrutar de forma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo. Algunos de los tratados que reconocen estos derechos son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas.
Una representación adecuada solo puede hacerse respetando el principio del interés afectado, es decir, "la razón por la cual se afirma que la democracia está justificada es que todos deberíamos tener la oportunidad de participar en las decisiones que nos afectan". Históricamente no ha ocurrido así y, por ello, se han diseñado mecanismos como la consulta, mediante el cual los Estados están obligados, por disposición internacional, a celebrar consultas y cooperar de buena fe por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que afecten intereses de pueblos indígenas, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.
 
Otros mecanismos son las acciones afirmativas encaminadas a lograr una adecuada representación y, con ello, las personas pertenecientes a grupos desaventajados puedan participar de las decisiones.
La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, señala que los Estados Parte tomarán las medidas especiales y concretas, [entre las que están las acciones afirmativas], en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas [como la política], para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
En efecto, las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria que tiene como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales. Este tipo de acciones se caracteriza por ser: temporal, porque constituyen un medio cuya duración se encuentra condicionada al fin que se proponen; proporcional, al exigírseles un equilibrio entre las medidas que se implementan con la acción y los resultados por conseguir, y sin que se produzca una mayor desigualdad a la que pretende eliminar; así como razonables y objetivas, ya que deben responder al interés de la colectividad a partir de una situación de injusticia para un sector determinado.
En este tenor, la Sala Superior del TEPJF emitió las Jurisprudencias 30/2014 y 43/2014, bajo los rubros y contenido siguientes:
"ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE SU IMPLEMENTACIÓN.- De la interpretación sistemática y funcional de lo establecido en los artículos 1, párrafo quinto y 4, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1, y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero, y 5, fracción I, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sustentados en la Opinión Consultiva OC-4/84, y al resolver los casos Castañeda Gutman vs. México; y De las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana; se advierte que las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para situaciones en desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales. Este tipo de acciones se caracteriza por ser: temporal, porque constituyen un medio cuya duración se encuentra condicionada al fin que se proponen; proporcional, al exigírseles un equilibrio entre las medidas que se implementan con la acción y los resultados por conseguir, y sin que se produzca una mayor desigualdad a la que pretende eliminar; así como razonables y objetivas, ya que deben responder al interés de la colectividad a partir de una situación de injusticia para un sector determinado."
"ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD MATERIAL.- De la interpretación de los artículos 1°, párrafos primero y último, y 4°, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo primero, y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se concluye que dichos preceptos establecen el principio de igualdad en su dimensión material como un elemento fundamental de todo Estado Democrático de Derecho, el cual toma en cuenta condiciones sociales que resulten discriminatorias en perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, tales como mujeres, indígenas, discapacitados, entre otros, y justifica el establecimiento de medidas para revertir esa situación de desigualdad, conocidas como acciones afirmativas, siempre que se trate de medidas objetivas y razonables. Por tanto, se concluye que las acciones afirmativas establecidas en favor de tales grupos sociales tienen sustento constitucional y convencional en el principio de igualdad material."
En relación con la posibilidad de postular a personas indígenas por parte de los partidos políticos, la
Sala Superior del TEPJF ha señalado que estos "cuentan con la infraestructura suficiente ya que, entre otras cuestiones: a) cuentan con padrones numerosos de militantes, que representan porcentajes importantes de la ciudadanía en general; b) dentro de sus bases de militantes pueden estar representados distintos estratos y grupos de la sociedad, entre ellos, las comunidades e individuos indígenas que habitan en el territorio de influencia de tales partidos políticos; c) cuentan con infraestructura amplia y sofisticada, además de gozar de prerrogativas como el financiamiento público y el acceso a los medios de comunicación; [además] algunos de los partidos políticos con registro oficial prevén dentro de sus reglas estatutarias, la posibilidad de competir con candidatos internos o con candidatos que no son parte de su militancia".(13)
Y en ese sentido, la Sala Regional Ciudad de México señaló en el expediente SCM-JRC-4/2020 y Acumulados que "El hecho de que personas indígenas sean consideradas en las fórmulas de los partidos políticos, no constituye un requisito adicional para acceder al cargo, por el contrario, la medida es acorde al mandato de optimización que cualquier ciudadana o ciudadano haga oponible el derecho a ser votada sin que la calidad de persona indígena pueda ser un obstáculo para ese fin. (...) Así, el hecho de que se reserven espacios de participación política en favor de personas indígenas, en modo alguno se traduce en la imposición de requisitos adicionales, porque la razonabilidad de las medidas adoptadas por el Instituto local, solo tiene el alcance de lograr espacios de representación política en condiciones de no discriminación y equidad para personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas de la entidad. (...) La implementación de acciones afirmativas en favor de personas indígenas no vulnera derechos político- electorales de las personas que no lo son (...)."
Aunado a lo anterior, los PPN han establecido en sus normas estatutarias vigentes diversas medidas para impulsar la participación política de la población indígena, tomando en consideración que tanto su acción política como social es necesaria para el fortalecimiento de la vida democrática del país.
Así, este Consejo General considera necesario adoptar medidas especiales que garanticen la igualdad material y aseguren el derecho de las personas, pueblos y comunidades indígenas a participar en la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en tanto que dicho órgano legislativo se integra por representantes de la nación y atendiendo a las razones siguientes:
Se destaca que el estándar mínimo que debe perseguir la acción afirmativa en cuanto a garantizar el derecho a la representación política a través del acceso a cargos de representación popular tratándose de la Cámara de Diputados respecto de personas pertenecientes a los pueblos originarios o comunidades indígenas debe corresponder a lograr una representación política del orden del 6.5% o lo más cercana a dicho porcentaje, por tratarse del órgano que por su naturaleza integra la representación de toda la sociedad mexicana en ejercicio de sus derechos político-electorales.
Esto es así, en razón de que dicho porcentaje es determinado teniendo como base que 7,382,785 personas son hablantes de una lengua indígena en México, lo que representa el 6.5% de la población del país, por lo que la medida debe ser lo más cercana posible a lograr ese porcentaje de representación política en la elección de diputaciones integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para el período 2021-2024; dato que es obtenido de los indicadores lingüísticos en el rubro de etnicidad contenidos en los resultados de la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2015, lo que se refleja en la siguiente gráfica:(14)

 
Se destaca que el 6.5% de representación política de personas pertenecientes a pueblos originarios y comunidades indígenas se establece como el estándar mínimo que debe ser procurado, en la inteligencia de que el estándar óptimo se ubica en lograr un porcentaje de representación política cercano al 21.5% de la integración de la Cámara de Diputados por ser este el porcentaje de la población mexicana que se autoadscribe como indígena.
Al efecto, tal variable se encuentra contenida en los Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México 2015, que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas elaboró con base en la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, donde de la población nacional total de nuestro país que es de 119,530,753 personas, 25,694,928 se autoadscriben como personas indígenas, lo que representa el 21.5% de la población total, teniendo que de ese porcentaje de personas indígenas el 51.3% son mujeres y el 48.7% son hombres.
Lo anterior se refleja en la siguiente gráfica de los citados Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México 2015:(15)

Ahora bien, a pesar de que en México el 21.5% de la población total se auto-adscribe como personas indígenas, lo cierto es que este sector de la población se encuentra sub-representado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
En efecto, históricamente el porcentaje de personas indígenas que accede a las diputaciones federales siempre es muy reducido; ello debido a que los partidos políticos no registran suficientes fórmulas de candidaturas integradas con personas indígenas, ni siquiera las postulan en aquellos Distritos Electorales con más del 40% de población indígena. Lo cual, ha obstaculizado la representatividad de las comunidades indígenas, como se evidencia con los resultados obtenidos en las elecciones de 2006, 2009, 2012 y 2015 en los Distritos con población indígena que muestra que son escasas las personas de origen indígena que acceden a las diputaciones federales en tales Distritos.
Diputados y diputadas electas en los 28 Distritos indígenas
2006
Estado
Cabecera
Distrito
Diputada (o)
Origen
Partido
Campeche
Campeche
1
Víctor Manuel Méndez Lanz
*Tuvo licencia, suplente Blanca Rosalina Bernes
Chan
Indígena
PRI
Chiapas
Palenque
1
Yary del Carmen Gebhardt Garduza
Indígena
PRI
Bochil
2
Víctor Ortiz del Carpio
Indígena
PRI
Ococingo
3
Elmar Darinel Díaz Solórzano
No indígena
PRI
San Cristóbal de las
Casas
5
Jorge Mario Lescieur Talavera
Indígena
PRI
Guerrero
Tlapa de Comonfort
5
Víctor Aguirre Alcaide
Indígena
PRD
Hidalgo
Huejutla de Reyes
1
Joel Guerrero Juárez
No indígena
PRI
Ixmiquilpan
2
José Edmundo Ramírez Martínez
Indígena
PRI
México
Ixtlahuaca de Rayón
9
Elda Gómez Lugo
*Tuvo licencia, suplente Eduardo Blanco Rodríguez
No indígena
PRI
Oaxaca
San Juan Bautista
Tuxtepec
1
Daniel Dehesa Mora
No indígena
PRD
Teotitlán de Flores
Magón
2
Víctor Manuel Virgen Carrera
No indígena
PRI
Tlacolula de
Matamoros
4
Carlos Roberto Martínez Martínez
Indígena
PRD
Santo Domingo
Tehuantepec
5
Carlos Altamirano Toledo
Indígena
PRD
Heroica Ciudad de
Tlaxiaco
6
Rosa Elia Romero Guzmán
Indígena
PT
Juchitán de Zaragoza
7
Daniel Gurrión Matías
Indígena
PRI
Miahuatlán de Porfirio
Díaz
10
Benjamín Hernán Silva
No indígena
PRD
Santiago Pinotepa
Nacional
11
Joaquín Conrado De Los Santos
Molina
No indígena
PRD
 
Puebla
Huauchinango
1
Alberto Amador Leal
No indígena
PRI
Zacapoaxtla
4
Wenceslao Herrera Coyac
Indígena
PRI
Ajalpan
16
Guillermina López Balbuena
No indígena
PRI
Quintana
Roo
Othón P. Blanco
2
Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui
No indígena
PRI
San Luis
Potosí
Tamazunchale
7
José Guadalupe Rivera Rivera
Indígena
PAN
Veracruz
Tantoyuca
2
María del Carmen Pinete Vargas
No indígena
PRI
Papantla de Olarte
6
José Manuel del Río Virgen
Indígena
Convergencia
Zongolica
18
María Dolores Lucía Ortega Tzitzihua
No indígena
PRI
Yucatán
Valladolid
1
Joaquín Jesús Díaz Mena
*Tuvo licencia, suplente Teresa de Jesús Alcocer
Gazca
Indígena
PAN
Progreso
2
José Luis Blanco Pajón
No indígena
PRI
Ticul
5
Gerardo Antonio Escaroz Soler
*Tuvo licencia, suplente Gaspar Manuel Azarcoya
Gutiérrez
No indígena
PAN
Estos Distritos Electorales con población indígena, corresponden a la demarcación territorial establecida el 11 de febrero de 2005 por el Consejo General del otrora IFE, a través del Acuerdo CG28/2005 y el diverso acuerdo INE/CG182/2014 de 30 de septiembre de 2014 emitido por el actual Consejo General del INE, que mantuvo la conformación de tales Distritos.
Total:                    14
PRI:                      7
PRD:                    3
PAN:                     2
PT:                       1
Convergencia: 1
Mujeres:                2
Hombres:               12
Diputados y diputadas electas en los 28 Distritos indígenas
2009
Estado
Cabecera
Distrito
Diputada (o)
Origen
 
Partido
Campeche
Campeche
1
Carlos Oznerol Pacheco Castro
No indígena
PRI
Chiapas
Palenque
1
Juan Carlos López Fernández
No indígena
PRD
Bochil
2
Hernán de Jesús Orantes López
No indígena
PRI
Ococingo
3
Luis Hernández Cruz
Indígena
PRD
San Cristóbal de las Casas
5
Sergio Lobato García
No indígena
PRI
Guerrero
Tlapa de Comonfort
5
Socorro Sofío Ramírez Hernández
Indígena
PRD
Hidalgo
Huejutla de Reyes
1
Omar Fayad Meneses
No indígena
PRI
Ixmiquilpan
2
Héctor Pedraza Olguín
Indígena
PRI
México
Ixtlahuaca de Rayón
9
Eduardo Zarzosa Sánchez
Indígena
PRI
Oaxaca
San Juan Bautista Tuxtepec
1
Eviel Pérez Magaña
Indígena
PRI
Teotitlán de Flores Magón
2
Elpidio Desiderio Concha Arellano
No indígena
PRI
Tlacolula de Matamoros
4
Heriberto Ambrosio Cipriano
Indígena
PRI
Santo Domingo Tehuantepec
5
Sofía Ríos Castro
Indígena
PRI
Heroica Ciudad de Tlaxiaco
6
Heliodoro Carlos Díaz Escárraga
No indígena
PRI
Juchitán de Zaragoza
7
Emilio Andrés Mendoza Kaplan
No indígena
PRI
Miahuatlán de Porfirio Díaz
10
Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva
No indígena
PRI
Santiago Pinotepa Nacional
11
José Antonio Yglesias Arreola
No indígena
PRI
Puebla
Huauchinango
1
Ricardo Urzúa Rivera
No indígena
PRI
Zacapoaxtla
4
José Óscar Aguilar González
No indígena
PRI
Ajalpan
16
Julieta Octavia Marín Torres
Indígena
PRI
Quintana
Roo
Othón P. Blanco
2
Luis García Silva
No indígena
PRI
San Luis
Potosí
Tamazunchale
7
Sabino Bautista Concepción
Indígena
PRI
Veracruz
Tantoyuca
2
Norberta Adalmira Díaz Azuara
No indígena
PRI
Papantla de Olarte
6
Francisco Herrera Jiménez
No indígena
PRI
Zongolica
18
María Isabel Pérez Santos
Indígena
PRI
Yucatán
Valladolid
1
Liborio Vidal Aguilar
No indígena
PVEM
Progreso
2
María Ester Alonzo Morales
No indígena
PRI
Ticul
5
Martín Enrique Castillo Ruz
No indígena
PRI
Estos Distritos Electorales con población indígena, corresponden a la demarcación territorial establecida el 11 de febrero de 2005 por el Consejo General del otrora IFE, a través del Acuerdo CG28/2005 y el diverso acuerdo INE/CG182/2014 de 30 de septiembre de 2014 emitido por el actual Consejo General del INE, que mantuvo la conformación de tales Distritos.
Total:           10
PRI:             8
PRD:            2
Mujeres:       3
Hombres:      7
Diputados y diputadas electas en los 28 Distritos indígenas
2012
Estado
Cabecera
Distrito
Diputada (o)
Origen
Partido
Campeche
Campeche
1
Landy Margarita Berzunza Novelo
No indígena
PRI
Chiapas
Palenque
1
Lourdes Adriana López Moreno
No indígena
PVEM
Bochil
2
Pedro Gómez Gómez
Indígena
PRI
Ococingo
3
Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo
Indígena
PVEM
San Cristóbal de las Casas
5
Luis Gómez Gómez
Indígena
PRI
Guerrero
Tlapa de Comonfort
5
Vicario Portillo Martínez
Indígena
PRD
Hidalgo
Huejutla de Reyes
1
Dario Badillo Ramírez
No indígena
PRI
Ixmiquilpan
2
Dulce María Muñiz Martínez
No indígena
PRI
México
Ixtlahuaca de Rayón
9
Leticia Mejía García
No indígena
PRI
Oaxaca
San Juan Bautista Tuxtepec
1
Adriana Soto Martínez
No indígena
MC
Teotitlán de Flores Magón
2
Juan Luis Martínez Martínez
Indígena
MC
Tlacolula de Matamoros
4
Eva Diego Cruz
No indígena
PRD
Santo Domingo
Tehuantepec
5
Carol Antonio Altamirano
No indígena
PRD
Heroica Ciudad de Tlaxiaco
6
Rosa Elia Romero Guzmán
No indígena
PT
Juchitán de Zaragoza
7
Samuel Gurrión Matías
No indígena
PRI
Miahuatlán de Porfirio Díaz
10
Aida Fabiola Valencia Ramírez
Indígena
MC
Santiago Pinotepa Nacional
11
Delfina Elizabeth Guzmán Díaz
No indígena
PRD
Puebla
Huauchinango
1
Laura Guadalupe Vargas Vargas
No indígena
PRI
Zacapoaxtla
4
Josefina García Hernández
Indígena
PRI
Ajalpan
16
Lisandro Aristides Campos
Córdova
No indígena
PRI
Quintana Roo
Othón P. Blanco
2
Raymundo King de la Rosa
No indígena
PRI
San Luis Potosí
Tamazunchale
7
María Rebeca Terán Guevara
No indígena
PRI
Veracruz
Tantoyuca
2
Leopoldo Sánchez Cruz
No indígena
PRI
Papantla de Olarte
6
Alma Jeanny Arroyo Ruiz
No indígena
PRI
Zongolica
18
Tomás López Landero
No indígena
PRI
Yucatán
Valladolid
1
William Renán Sosa Altamira
No indígena
PRI
Progreso
2
María del Carmen Ordaz Martínez
No indígena
PRI
Ticul
5
Alberto Leónides Escamilla Cerón
No indígena
PRI
Estos Distritos Electorales con población indígena, corresponden a la demarcación territorial establecida el 11 de febrero de 2005 por el Consejo General del otrora IFE, a través del Acuerdo CG28/2005 y el diverso acuerdo INE/CG182/2014 de 30 de septiembre de 2014 emitido por el actual Consejo General del INE, que mantuvo la conformación de tales Distritos.
Total:           7
PRI:             3
PVEM:          1
PRD:            1
MC:             2
Mujeres:       2
Hombres:      5
Diputados y diputadas electas en los 28 Distritos indígenas
2015
Estado
Cabecera
Distrito
Diputada (o)
Origen
Partido
Campeche
Campeche
1
Miguel Ángel Salub Caamal
Indígena
PRI
Chiapas
Palenque
1
Leonardo Rafael Guirao Aguilar
No indígena
PVEM
Bochil
2
Hernán de Jesús Orantes López
No indígena
PRI
Ococingo
3
Jorge Álvarez López
Indígena
PVEM
San Cristóbal de las
Casas
5
María Soledad Sandoval Martínez
No indígena
PRI
Guerrero
Tlapa de Comonfort
5
Victoriano Wences Real
No indígena
PRD
Hidalgo
Huejutla de Reyes
1
Alma Carolina Viggiano Austria
No indígena
PRI
Ixmiquilpan
2
Rosa Guadalupe Chávez Acosta
No indígena
PRI
México
Ixtlahuaca de Rayón
9
Dora Elena Real Salinas
No indígena
PRI
Oaxaca
San Juan Bautista
Tuxtepec
1
Antonio Amaro Cancino
No indígena
PRI
Teotitlán de Flores Magón
2
Álvaro Rafael Rubio
Indígena
PRI
Tlacolula de Matamoros
4
Vitalico Cándido Coheto Martínez
Indígena
PRI
Santo Domingo
Tehuantepec
5
José Antonio Estefan Garfias
No indígena
PRD
Heroica Ciudad de
Tlaxiaco
6
Sergio López Sánchez
Indígena
PRD
Juchitán de Zaragoza
7
Yarith Tannos Cruz
No indígena
PRI
Miahuatlán de Porfirio
Díaz
10
Oscar Valencia García
Indígena
PRI
Santiago Pinotepa
Nacional
11
Carlos Sarabia Camacho
No se sabe
PRI
Puebla
Huauchinango
1
Carlo Barragán Amador
No indígena
PRI
Zacapoaxtla
4
Hugo Alejo Domínguez
No se sabe
PAN
Ajalpan
16
Edith Villa Trujillo
No indígena
PRI
Quintana Roo
Othón P. Blanco
2
Arlet Mólgora Glover
No indígena
PRI
San Luis
Potosí
Tamazunchale
7
Christian Joaquín Sánchez Sánchez
No indígena
PRI
Veracruz
Tantoyuca
2
María del Carmen Pinete Vargas
No indígena
PRI
Papantla de Olarte
6
Heidi Salazar Espinosa
No indígena
PRI
Zongolica
18
Lilian Zepahua García
No se sabe
PRI
Yucatán
Valladolid
1
Liborio Vidal Aguilar
No indígena
PRI
Progreso
2
Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar
Carrillo
No indígena
PRI
Ticul
5
Felipe Cervera Hernández
No indígena
PRI
Estos Distritos Electorales con población indígena, corresponden a la demarcación territorial establecida el 11 de febrero de 2005 por el Consejo General del otrora IFE, a través del Acuerdo CG28/2005 y el diverso acuerdo INE/CG182/2014 de 30 de septiembre de 2014 emitido por el actual Consejo General del INE, que mantuvo la conformación de tales Distritos.
Total:           6
PRI:             4
PVEM:          1
PRD:            1
Mujeres:       0
Hombres:      6
Diputados y diputadas electas en los 28 Distritos indígenas
2018
Estado
Cabecera
Distrito
Diputada (o)
Origen
Partido
Chiapas
Palenque
1
Manuela del Carmen Obrador
Narvaez
Indígena
Morena
(coalición)
Bochil
2
Humberto Pedrero Moreno
Indígena
PVEM
(coalición)
Ococingo
3
Alfredo Vázquez Vázquez
Indígena
Morena
(coalición)
San Cristóbal de las
Casas
5
Clementina Marta Dekker Gómez
Indígena
ES
(coalición)
Las Margaritas
11
Roberto Antonio Rubio Montejo
Indígena
PVEM
(coalición)
Guerrero
Tlapa de Comonfort
5
Javier Manzano Salazar
Indígena
Morena
(coalición)
Chilapa de Álvarez
6
Raymundo García Gutiérrez
No indígena
PRD
Hidalgo
Huejutla de Reyes
1
Fortunato Rivera Castillo
Indígena
Morena
Ixmiquilpan
2
Cipriano Charrez Pedraza(16)
No indígena
Morena
Oaxaca
San Juan Bautista
Tuxtepec
1
Irineo Molina Espinoza
No indígena
Morena
Teotitlán de Flores
Magón
2
Irma Juan Carlos
Indígena
Morena
(coalición)
Tlacolula de Matamoros
4
Azael Santiago Chepi
Indígena
PT
(coalición)
Salina Cruz
5
Carol Antonio Altamirano
No indígena
Morena
Heroica Ciudad de
Tlaxiaco
6
Beatriz Dominga Pérez López
No indígena
Morena
Ciudad Ixtepec
7
Rosalinda Domínguez Flores
No indígena
Morena
San Pedro Mixtepec
9
María del Carmen Bautista Peláez
No indígena
Morena
Puebla
Huauchinango
1
Miguel Acundo González(17)
No indígena
ES
Zacatlán
2
Maiella Martha Gabriela Gómez
Maldonado
No indígena
MC
Teziutlán
3
Claudia Báez Ruiz
No indígena
ES
Ajalpan
4
Inés Parra Juárez
No indígena
Morena
Quintana
Roo
Othón P. Blanco
2
Carmen Patricia Palma Olvera
No indígena
Morena
San Luis
Potosí
Tamazunchale
7
Marcelino Rivera Hernández
Indígena
PAN
(coalición)
Veracruz
Tantoyuca
2
Jesús Guzmán Avilés
Indígena
PAN
(coalición)
Papantla
6
Jaime Humberto Pérez Bernabe
No indígena
Morena
Zongolica
18
Bonifacio Aguilar Linda
No indígena
Morena
Yucatán
Valladolid
1
Jesús Carlos Vidal Peniche
Indígena
PVEM
(coalición)
Progreso
2
María Ester Alonzo Morales
No indígena
PRI
Ticul
5
Juan José Canul Pérez
Indígena
PRI
(coalición)
Estos Distritos Electorales con población indígena corresponden a la demarcación territorial establecida el 15 de marzo de 2017 por el Consejo General del INE, a través del Acuerdo INE/CG59/2017.
Total:          13
PAN:           2
PRI:            1
 
PT:             1
PVEM:         3
Morena:       5
ES:             1
Mujeres:       3
Hombres:    10
Como se puede advertir, a pesar de que desde 2005 se cuenta con la clasificación de 28 Distritos con 40% de población indígena, lo cierto es que es reducido el número de personas indígenas que acceden a las diputaciones federales en tales Distritos, en tanto que 14 curules es el máximo de espacios a los que han logrado acceder hasta 2018, lo que representa el 50% de los 28 Distritos "indígenas".
PERSONAS INDÍGENAS QUE HAN ACCEDIDO A DIPUTACIONES FEDERALES EN DISTRITOS CON
40% O MÁS DE POBLACIÓN INDÍGENA
AÑO
Total de Distritos
indígenas
Distritos a los que acceden
personas indígenas
Mujeres indígenas que
accedieron a las
diputaciones en Distritos
indígenas
2006
28
14
50%
2
14.28%
2009
28
10
35.71%
3
30%
2012
28
7
25%
2
28.57%
2015
28
6
21.42%
0
0%
2018
28
13
46.42%
3
23.07 %
 
En ese marco, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, este Consejo General propuso que los PPN postularan a personas que se autoadscribieran como indígenas en doce (12) de los veintiocho (28) Distritos federales que cuenten con 40% o más de población indígena. Esta medida constituyó una acción afirmativa en tanto que se consideró que brinda preferencia a las personas indígenas partiendo del nivel de subrepresentación existente y con el fin, constitucionalmente legítimo, de dar cumplimiento al artículo 2º, segundo párrafo y apartado B, de la Constitución Federal, que señalan que México es una Nación pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y que todas las autoridades, para promover la igualdad de oportunidades de las personas indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, deben determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de las personas indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades. y así conseguir una representación equilibrada de los diferentes colectivos que integran nuestro país y cuyo fin último consiste en alcanzar la igualdad real, reconociendo las desventajas históricas de la población indígena.
En concreto, se estimó que una forma idónea para lograr lo anterior era que, a través de los Distritos Indígenas ya identificados por el INE en el Acuerdo INE/CG59/2017 por el que se aprobó la demarcación territorial de los trescientos (300) Distritos Electorales Federales Uninominales en que se divide el país y sus respectivas cabeceras Distritales, se postularan a doce (12) personas que se autoadscribieran como indígenas y, además, de forma paritaria.
En este tenor, la Sala Superior del TEPJF emitió las Jurisprudencias 30/2014(18) y 43/2014(19), bajo los rubros y contenido antes referidos, a saber: "ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE SU IMPLEMENTACIÓN." y "ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD
MATERIAL."
Asimismo, la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-726/2017 y acumulados, perfeccionó la medida al ampliar a trece (13) los Distritos Electorales en los que se debería implementar la acción afirmativa, fijando como base que la población indígena resultara mayor al 60%, con lo que los partidos políticos, en los siguientes Distritos Electorales, tendrían que postular fórmulas de candidaturas integradas por personas pertenecientes a comunidades indígenas, lo que se muestra en el siguiente gráfico:
No.
Entidad Federativa
Distrito Electoral Federal
Uninominal
% de Población
Indígena
1.
Chiapas
1
74.19%
2.
Chiapas
2
75.31%
3.
Chiapas
3
84.24%
4.
Chiapas
5
73.68%
5.
Chiapas
11
61.13%
6.
Guerrero
5
75.41%
7.
Hidalgo
1
72.34%
8.
Oaxaca
2
63.81%
9.
Oaxaca
4
60.42%
10.
San Luis Potosí
7
72.57%
11.
Veracruz
2
70.7%
12.
Yucatán
1
79.04%
13.
Yucatán
5
83.72%
 
La medida implementada permitió asegurar que, como piso mínimo, trece (13) personas de origen indígena accedieran a diputaciones federales vía la acción afirmativa implementada, de las cuales diez (10) fueron hombres y sólo tres (3) mujeres indígenas.
Así, la acción afirmativa implementada por este Instituto, ratificada y ampliada por el TEPJF, dejó como tarea pendiente el reforzar sus características a fin de asegurar la paridad de género de las mujeres indígenas para garantizar su derecho a una representación política, máxime que se trata de personas que se ubican en una doble categoría sospechosa o aspecto de exclusión o vulnerabilidad por tratarse de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y por su condición de mujer.
El resultado de la implementación de la acción afirmativa se describe en la gráfica siguiente:
No.
Entidad
Federativa
Distrito
Electoral
Federal
Uninominal
% de
Población
Indígena
Persona Electa
de origen
indígena
Grupo
Parlamentario
Género
1
Chiapas
1
74.19%
Manuela del
Carmen Obrador
Narváez
MORENA
Femenino
2
Chiapas
2
75.31%
Alfredo Antonio
Gordillo Moreno
MORENA
Masculino
3
Chiapas
3
84.24%
Alfredo Vázquez
Vázquez
MORENA
Masculino
4
Chiapas
5
73.68%
Clementina Marta
Dekker Gómez
PT
Femenino
5
Chiapas
11
61.13%
Roberto Antonio
Rubio Montejo
PVEM
Masculino
6
Guerrero
5
75.41%
Javier Manzano
Salazar
MORENA
Masculino
7
Hidalgo
1
72.34%
Fortunato Rivera
Castillo
MORENA
Masculino
8
Oaxaca
2
63.81%
Irma Juan Carlos
MORENA
Femenino
9
Oaxaca
4
60.42%
Azael Santiago
Chepi
MORENA
Masculino
10
San Luis Potosí
7
72.57%
Marcelino Rivera
Hernández
PAN
Masculino
11
Veracruz
2
70.7%
Jesús Guzmán
Avilés
PAN
Masculino
12
Yucatán
1
79.04%
Jesús Carlos
Vidal Peniche
PVEM
Masculino
13
Yucatán
5
83.72%
Juan José Canul
Pérez
PRI
Masculino
 
En ese escenario, aun cuando la implementación de la acción afirmativa para el Proceso Electoral Federal 2018 fue positiva en cuanto logró elevar la representación política de las personas pertenecientes a pueblos originarios y comunidades indígenas en la Legislatura LXIV para el período 2018-2021 al lograr trece (13) diputaciones indígenas, lo que representa el 46.43% de los veintiocho (28) Distritos indígenas, tal porcentaje dista en dos décimas del 2.80% logrado en la integración de la Legislatura LX, pero lo más relevante es que tal porcentaje de representación política dista de lograr el estándar mínimo de representación política indígena que debe ser correlativo al porcentaje de 6.5% de población hablante de lenguas indígenas.
Siguiendo estos parámetros, existe una diferencia de 3.9% entre la representación política lograda en la Legislatura LXIV de la Cámara de Diputados (2.60%) mediante la implementación de la acción afirmativa y la población hablante de lengua indígena (6.5%), lo que en términos de representación corresponde a 20 diputaciones, pues el estándar mínimo trasladado a diputaciones federales corresponde a treinta y tres (33) curules de la integración total de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Teniendo como base los datos antes descritos, se destaca que el estándar mínimo que debe perseguir la acción afirmativa en cuanto a garantizar el derecho a la representación política a través del acceso a cargos de representación popular tratándose de la Cámara de Diputados respecto de personas pertenecientes a los pueblos originarios o comunidades indígenas debe corresponder a lograr una representación política del orden del 6.5% o lo más cercana a dicho porcentaje, por tratarse del órgano que por su naturaleza integra la representación de toda la sociedad mexicana en ejercicio de sus derechos político-electorales.
Esto es así, en razón de que dicho porcentaje es determinado teniendo como base que 7,382,785 personas son hablantes de una lengua indígena en México, lo que representa el 6.5% de la población del país, por lo que la medida debe ser lo más cercana posible a lograr ese porcentaje de representación política en la elección de diputaciones integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para el período 2021-2024, por ser éste el estándar mínimo que debe ser garantizado; dato que es obtenido de los indicadores lingüísticos en el rubro de etnicidad contenidos en los resultados de la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2015, antes referidos.(20)
Asimismo, es de destacarse que existe una tarea pendiente en materia de paridad de género a favor de las mujeres indígenas, pues aun cuando son el 51.3% de la población indígena, en términos de representación política tres (3) diputaciones es el número más alto de curules a las que han logrado acceder en las Legislaturas LXI (período 2009-2012) y LXIV (2018-2021), lo que representa sólo el 10.71% de los veintiocho (28) Distritos indígenas y tan solo en 0.60% de la integración total de la Cámara de Diputados, cuando conforme al porcentaje de población indígena tendrían que acceder a cuando menos 17 diputaciones que es lo que representa el 51.3% de las 33 diputaciones indígenas en un estándar mínimo de representación política de pueblos originarios, pero como se apuntó, sólo tres (3) es el número de diputadas indígenas más alto que se ha alcanzado y en ocasiones no han logrado ningún espacio como aconteció en el Proceso Electoral 2015, situación que es grave, ya que en ninguna de las legislaturas han logrado superar el 1% del total de la integración de la Cámara de Diputados.
Lo antes argumentado y los datos respectivos de forma concentrada quedan evidenciados en el siguiente cuadro.
PERSONAS INDÍGENAS QUE HAN ACCEDIDO A DIPUTACIONES FEDERALES
EN DISTRITOS CON 40% O MÁS DE POBLACIÓN INDÍGENA
Y CORRELACIÓN CON INTEGRACIÓN TOTAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Legislatura
y
Período
Total de
Distritos
Indígenas
Diputaciones
Indígenas
logradas
% de 28
Distritos
Indígenas
% de
Integración
Total de
Cámara de
Diputados
%
Población Indígena
y
% de (S)
subrepresentación
Diputados Indígenas (Hombres)
Diputadas Indígenas (Mujeres)
Total
Diputaciones
% de 28
Distritos
Indígenas
%
Integración
Cámara
Total
Diputaciones
% de 28
Distritos
Indígenas
%
Integración
Cámara
Legislatura LX
(2006-2009)
28
14
50%
2.8%
6.5% = 33 curules
(S) 3.7% = 19 curules
12
42.85%
2.40%
2
7.14%
0.40%
Legislatura LXI
(2009-2012)
28
10
35.71%
2%
6.5% = 33 curules
(S) 4.5% = 23 curules
7
25.00%
1.40%
3
10.71%
0.60%
Legislatura
LXII
(2012-2015)
28
7
25%
1.4%
6.5% = 33 curules
(S) 5.1% = 26 curules
5
17.85%
1.00%
2
7.14%
0.40%
Legislatura
LXIII
(2015-2018)
28
6
21.42%
1.2%
6.5% = 33 curules
(S) 5.3% = 27 curules
6
21.42%
1.20%
0
0%
0%
Legislatura
LXIV
(2018-2021)
28
13
46.42%
2.60%
6.5% = 33 curules
(S) 3.9% = 20 curules
10
35.71%
2.00%
3
10.71%
0.60%
 
La situación de subrepresentación que enfrentan las personas pertenecientes a pueblos originarios y comunidades indígenas en relación al ejercicio del derecho a la representación política en la Cámara de Diputado se torna más grave si se compara con lo que representa el ejercicio óptimo de ese derecho; esto es, en correlatividad con el porcentaje de población que en nuestro país se autoadscribe como indígena, el cual es del 21.5%, lo que trasladado a términos de representación en el órgano legislativo corresponde a 108 diputaciones y en un análisis de lo que tendría que ser la optimización del ejercicio de ese derecho en favor de las personas indígenas, nos arroja que el grado de subrepresentación oscila en el 18.7% en comparación con el mayor porcentaje de representación que logrado que corresponde a la Legislatura LX en el período 2006-2009 (2.80%) y con una subrepresentación del 20.3% en la Legislatura que menos diputaciones han alcanzado en la Legislatura LXIII del período 2015-2018.
Mientras que en relación con la última elección de 2018 en la que se logró avanzar mediante la implementación de la acción afirmativa, se observa una subrepresentación del 18.9%.
En el caso de las mujeres indígenas, tal condición se magnífica si consideramos que en una optimización del ejercicio del derecho a la representación política el 51.3% de población de mujeres indígenas implica que ellas representan el 11.03% de la población que se autoadscribe como indígena, lo que trasladado a términos de representación política indica que debían de verse representadas en la Cámara de Diputadas con 55 diputadas indígenas (que corresponde al 11% de la integración del órgano legislativo), por lo que presentan una subrepresentación del 10.43% respecto de las Legislaturas LXI y LXIV de los períodos 2009-2012 y 2018-2021 en que han logrado su más alta representación (0.60% con 3 diputadas indígenas) o del orden del 10.63% si se compara con las Legislaturas LX y LXII de los períodos 2006-2009 y 2012-2015 en las que tuvieron una representación más baja (0.40% con 2 diputadas indígenas) y mención aparte es la Legislatura LXIII en el período 2015-2018, en la que no encontraron representación, pues ninguna mujer indígena ocupó una curul.
Los datos antes detallados quedan evidenciados en el siguiente cuadro:
PERSONAS INDÍGENAS QUE HAN ACCEDIDO A DIPUTACIONES FEDERALES
EN DISTRITOS CON 40% O MÁS DE POBLACIÓN INDÍGENA
Y CORRELACIÓN CON INTEGRACIÓN TOTAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Legislatura
y
Período
Total de
Distritos
Indígenas
Diputaciones
Indígenas
logradas
% de 28
Distritos
Indígenas
% de
Integración
Total de
Cámara de
Diputados
%
Población que se
autoadscribe indígena
y
% de (S)
subrepresentación
Diputados Indígenas (Hombres)
Diputadas Indígenas (Mujeres)
Total
Diputaciones
% de 28
Distritos
Indígenas
%
Integración
Cámara
Total
Diputaciones
% de 28
Distritos
Indígenas
%
Integración
Cámara
Legislatura LX
(2006-2009)
28
14
50%
2.8%
21.5% = 108 curules
(S) 18.7% = 94 curules
12
42.85%
2.40%
2
7.14%
0.40%
Legislatura LXI
(2009-2012)
28
10
35.71%
2%
21.5% = 108 curules
(S) 19.5% = 98 curules
7
25.00%
1.40%
3
10.71%
0.60%
Legislatura LXII
(2012-2015)
28
7
25%
1.4%
21.5% = 108 curules
(S) 20.10% = 101 curules
5
17.85%
1.00%
2
7.14%
0.40%
Legislatura
LXIII
(2015-2018)
28
6
21.42%
1.2%
21.5% = 108 curules
(S) 20.3% = 102 curules
6
21.42%
1.20%
0
0%
0%
Legislatura
LXIV
(2018-2021)
28
13
46.42%
2.60%
21.5%= 108 curules
(S) 18.9% = 95 curules
10
35.71%
2.00%
3
10.71%
0.60%
 
Los datos antes expuestos evidencian que la acción afirmativa implementada en el Proceso Electoral Federal pasado logró incrementar la representación política de las personas pertenecientes a pueblos originarios y comunidades indígenas, pero no ha sido suficiente para lograr el estándar mínimo del efectivo ejercicio del derecho a la representación política de esta población; esto es, que sea correlacional al 6.5% de la población hablante de una lengua indígena y es más distante aun de la concreción de la optimización de dicho estándar en ejercicio de este derecho político-electoral en cuanto a que sea correlacional 21.5% de la población indígena que se autoadscribe como indígena en el país.
Así, el criterio establecido por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral se considera el piso mínimo que deberá regir también para el presente PEF. No obstante, dado que los resultados anteriores evidencian que aún con la acción afirmativa implementada en el pasado PEF, no se ha podido revertir esta tendencia ni garantizar la representatividad de las comunidades indígenas, particularmente de sus mujeres, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sede de la representación nacional, esta autoridad considera necesario realizar acciones complementarias para lograr ese objetivo.
Para ello, se considera indispensable incrementar de trece a veintiuno el número de Distritos en que los partidos políticos o coaliciones deberán postular personas que se autoadscriban como indígenas de los 28 Distritos con 40% o más de población indígena que se indican más adelante, debiendo postular al menos once mujeres. Asimismo, en concordancia con lo establecido en el artículo 3, párrafo 5 de la LGPP, esta autoridad proporcionará a cada partido político la lista de los veintiocho Distritos indígenas ordenados de menor a mayor votación obtenida en el pasado PEF, a efecto de que los veintiún Distritos en que se postulen candidaturas de adscripción indígena sean divididos equitativamente en tres bloques de competitividad y en ellos se postulen al menos once mujeres distribuidas en forma paritaria.
Al respecto, en el SUP-REC-28/2019, la Sala Superior del TEPJF en un asunto relativo a la acción afirmativa indígena para el caso de Baja California, señaló que ese órgano jurisdiccional, en el recurso de apelación SUP-RAP-726/2017 y sus acumulados no fijó la concentración poblacional como criterio propio o unívoco para determinar el número de Distritos Electorales en los que se aplicarían las acciones afirmativas a favor de los pueblos y comunidades indígenas.
Únicamente razonó que el acuerdo impugnado se encontraba debidamente fundado y motivado, toda vez que estaba basado en una medida objetiva, consistente en la concentración de población indígena en los Distritos Electorales de la República.
En este sentido, más allá de considerar el porcentaje poblacional que representan los pueblos y comunidades indígenas en el estado de Baja California, las autoridades en materia electoral, entre éstas, el Instituto Local, al evaluar la implementación de acciones que permitan la representación y participación efectiva en la vida política de tales grupos en situación de vulnerabilidad, no puede atender a dicho parámetro como el único a tomar en consideración.
Ahora bien, a través del Acuerdo INE/CG59/2017 emitido el 15 de marzo de 2017 por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó la demarcación territorial de los 300 Distritos Electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales; advirtiéndose que existe una nueva conformación de los 28 Distritos con 40% o más de población indígena, lo que representa el 9.33% del total de los 300 Distritos.
Los actuales 28 Distritos con 40% o más de población indígena son los siguientes:
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE
Distritos Electorales con 40% de población indígena o más 2017
#
Clave Entidad
Nombre entidad
Distrito Aprobado
% Indígena
1
7
CHIAPAS
1
74.19
2
7
CHIAPAS
2
75.31
3
7
CHIAPAS
3
84.24
4
7
CHIAPAS
5
73.68
5
7
CHIAPAS
11
61.13
6
12