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DOF: 21/12/2020
ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2021, que refleja la reducción realizada por la Cámara de Diputados

ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2021, que refleja la reducción realizada por la Cámara de Diputados.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional Electoral.- Consejo General.- INE/CG634/2020.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021, QUE REFLEJA LA REDUCCIÓN REALIZADA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS
GLOSARIO
Consejo General
Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Estatuto
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa
Instituto o INE
Instituto Nacional Electoral
Junta
Junta General Ejecutiva
Ley de Austeridad
Ley Federal de Austeridad Republicana
Ley de Remuneraciones
Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución
LGDE
Ley General en Materia de Delitos Electorales
LGIPE
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGPP
Ley General de Partidos Políticos
Reglamento de Elecciones
RE
RIINE
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral
SCJN
Suprema Corte de Justicia de la Nación
 
ANTECEDENTES
1.         El veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma en materia electoral, en la cual se modificó, entre otros, el artículo 41 de la Constitución. En dicho artículo se concedió al entonces Instituto Federal Electoral (en adelante IFE) plena autonomía; independencia en sus decisiones y funcionamiento y se le otorgó la cualidad de profesionalismo en su desempeño. Asimismo, se estipuló que la ley determinaría las reglas para la organización y funcionamiento de sus órganos, así como las relaciones de mando entre éstos, estableciendo también, que para prestar la función estatal encomendada, dispondría de órganos ejecutivos y técnicos integrados con personal calificado y que sería la ley electoral y el Estatuto, aprobado por el máximo órgano de dirección, los ordenamientos que regirían las relaciones de trabajo de los servidores del organismo público autónomo.
2.         Con la reforma constitucional en materia política- electoral, publicada el diez de febrero de dos mil catorce, se cambia la denominación del entonces Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral, en la cual se conservan todas las cualidades del órgano constitucional autónomo, independiente y profesional; con capacidad propia de organización y funcionamiento, así como la integración de órganos ejecutivos y técnicos especializados y la facultad de regir las relaciones de trabajo con base en la ley electoral y el Estatuto aprobado por el máximo órgano de dirección. En dicha reforma se le otorgan también facultades de coordinación con los Organismos Públicos Locales electorales para homologar los estándares con los que se organizan los Procesos Electorales Federales y locales para la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y, además, se faculta a este Instituto para realizar la designación de los titulares de dichos organismos, entre otras atribuciones.
 
3.         El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los correspondientes Decretos por los que se expidieron la LGIPE, la LGPP y la LGDE.
4.         El diecinueve de noviembre del dos mil catorce, mediante Acuerdo INE/CG268/2014, el Consejo General expidió el RIINE.
5.         El catorce de julio del dos mil dieciséis, mediante Acuerdo INE/CG599/2016, el Consejo General aprobó los temas estratégicos para el desarrollo del Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026, y autorizó dar continuidad a los trabajos de la Comisión Temporal de Modernización Institucional, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a los objetivos para los que fue creada, así como incorporar otros para concluir los originalmente planteados.
6.         El diecinueve de abril de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo INE/JGE60/2017, la Junta aprobó la Evaluación y el Manual General para el Proceso de Programación y Presupuesto del Anteproyecto de Presupuesto.
7.         El veintitrés de enero de dos mil diecinueve, en sesión extraordinaria el Consejo General mediante Acuerdo INE/CG32/2019, aprobó la modificación al RIINE y al RE, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2019 y entró en vigor el 11 del mismo mes y año.
8.         El treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo INE/JGE97/2019, la Junta aprobó la actualización del Manual General para el Proceso de Programación y Presupuesto del Anteproyecto de Presupuesto.
9.         El diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Austeridad, la cual entró en vigor el veinte de noviembre del mismo año y de cuyo contenido se desprenden diversas acciones a cargo de los órganos con autonomía constitucional.
10.        El veinte de diciembre de dos mil diecinueve, en sesión extraordinaria de la Junta, mediante Acuerdo INE/JGE245/2019, se aprobó para el ejercicio 2020, el Manual de remuneraciones para los servidores públicos de mando; la publicación de la estructura ocupacional en el Diario Oficial de la Federación y la actualización de los tabuladores de sueldos para el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, para el personal de la rama administrativa y el de remuneraciones para las contrataciones bajo el régimen de honorarios permanentes.
11.        El once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia el brote de Coronavirus COVID-19 en el mundo, por la cantidad de casos de contagio y de países involucrados.
12.        El trece de marzo de dos mil veinte, el Secretario Ejecutivo de este Instituto, mediante comunicado oficial dio a conocer la implementación de diversas medidas de prevención, información y orientación a fin de mitigar el riesgo de contagio entre personal del Instituto.
13.        El diecisiete de marzo de dos mil veinte, en sesión extraordinaria la Junta, mediante Acuerdo INE/JGE34/2020, determinó las medidas preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia del COVID-19, aprobando en el Punto Décimo de acuerdo entre otras cosas, que el personal del Instituto pueda realizar solicitudes y aprobaciones en medio electrónico. En los casos en los que sea posible, se podrá utilizar la firma electrónica emitida por el INE o la emitida por el SAT y se podrá formalizar la entrega del documento firmado a través del correo electrónico.
14.        El veintitrés de marzo de dos mil veinte se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia.
15.        El veinticuatro de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
16.        El veintisiete de marzo de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo, mediante Acuerdo INE/CG82/2020 determinó como medida extraordinaria la suspensión de plazos inherentes a las actividades de la función electoral, con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia de Coronavirus, COVID-19. Asimismo, se estableció en el Punto de Acuerdo primero que el Consejo dictaría las determinaciones conducentes a fin de reanudar las actividades y retomar los trabajos inherentes al ejercicio de sus atribuciones.
 
17.        El treinta de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el cual señala que la Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia sanitaria.
18.        El treinta y uno de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se estableció, como acción extraordinaria para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberían implementar las medidas señaladas en el artículo primero del decreto.
19.        El trece de abril del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la LGIPE, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la LGPP, de la LGMDE, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Dentro de dichas reformas se previeron diversas disposiciones que tienen impacto sobre el funcionamiento y atribuciones del Instituto.
20.        El dieciséis de abril de dos mil veinte, en sesión extraordinaria de la Junta, mediante Acuerdo INE/JGE45/2020, en el Punto de Acuerdo primero se aprobó modificar el diverso INE/JGE34/2020, por el que se determinaron medidas preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia del Covid-19, a efecto de ampliar la suspensión de los plazos procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos competencia de los diversos órganos del Instituto, así como cualquier plazo de carácter administrativo, hasta que la propia Junta acuerde su reanudación, con base en la información sobre las condiciones sanitarias relacionadas con la pandemia del COVID-19, debiendo continuar vigentes de igual manera el resto de las determinaciones contenidas en el Acuerdo de referencia.
21.        El diecisiete de abril de dos mil veinte, el Consejo General, en sesión extraordinaria mediante Acuerdo INE/CG87/2020, aprobó de manera temporal y extraordinaria, la presidencia e integración de comisiones permanentes, temporales y otros órganos, así como la creación de la Comisión Temporal de Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2021. Al respecto, el segundo párrafo del Considerando 19 del Acuerdo establece:
19...Toda vez que la existencia de la Comisión Temporal de Presupuesto debe estar sujeta a un plazo específico, se estima necesario establecer que su extinción se producirá al aprobarse por el Consejo General, el Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2021, establecido para el INE por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, previo informe a éste de conformidad con el artículo 9, párrafo 2 del Reglamento de Comisiones.
22.        El catorce de mayo del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual la Secretaría de Salud establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias.
23.        El veintiocho de mayo de dos mil veinte, mediante Acuerdo INE/CG97/2020, el Consejo General aprobó reanudar algunas actividades suspendidas como medida extraordinaria con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, COVID-19, mediante Acuerdo INE/CG82/2020, o que no han podido ejecutarse, respecto al proceso de constitución de nuevos Partidos Políticos Nacionales y modificar el plazo para dictar la resolución respecto a las siete solicitudes de registro presentadas.
24.        El uno de junio de dos mil veinte, a través de la Circular INE/DEA/012/2020, la Dirección Ejecutiva de Administración del INE emitió los Lineamientos para el Proceso de Programación y Presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2021, los cuales fueron publicados en la página de la DEA https://dea.ine.mx.
25.        El veinticuatro de junio de dos mil veinte, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo INE/JGE69/2020, la Junta aprobó la estrategia y la metodología para el levantamiento de plazos relacionados con actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a las actividades presenciales por parte del personal.
 
26.        El ocho de julio de dos mil veinte, en sesión ordinaria el Consejo General, mediante Acuerdo INE/CG162/2020 reformó el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, a propuesta de la Junta, mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de julio de dos mil veinte.
27.        El ocho de julio de dos mil veinte, en sesión ordinaria el Consejo General, mediante Acuerdo INE/CG163/2020 reformó el Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de dos mil veinte. Dicha reforma, tuvo como principal objetivo armonizar sus disposiciones con el contenido de la reforma en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, así como para revisar algunos otros aspectos de la normativa interna del Instituto, en este último rubro se contemplan las modificaciones de naturaleza funcional que derivan de la operación diaria de las áreas ejecutivas y técnicas del Instituto.
28.        El treinta de julio de dos mil veinte, en sesión extraordinaria el Consejo General, mediante Acuerdo INE/CG172/2020 aprobó la integración y presidencias de las comisiones permanentes, temporales y otros órganos del Instituto, aprobando en la fracción II, inciso c) de su Punto de Acuerdo Primero la integración y presidencia de la Comisión Temporal de Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2021.
29.        El veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en la primera sesión extraordinaria, se presentaron a los integrantes de la Comisión Temporal de Presupuesto los montos del presupuesto base y cartera de proyectos, para la conformación del Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2021.
30.        El veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo INE/JGE117/2020, la Junta aprobó la Cartera Institucional de Proyectos del Instituto para el Ejercicio 2021, que formará parte del Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal de 2021.
31.        El veintiséis de agosto de dos mil veinte, en sesión extraordinaria el Consejo General, mediante Acuerdo INE/CG236/2020 aprobó el Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2021.
32.        El quince de septiembre de dos mil veinte, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, la solicitud de una Consulta Popular.
33.        El quince de septiembre de dos mil veinte, la Cámara de Senadores remitió dicha solicitud a la SCJN, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 26, fracción I, de la Ley Federal de Consulta Popular.
34.        El uno de octubre de dos mil veinte, el Pleno de la SCJN, con seis votos a favor y 5 votos en contra, en el expediente 1/2020 de Revisión de la Constitucionalidad de la Materia de Consulta Popular, declaró constitucional la materia de la consulta y determinó reformular la pregunta presentada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
35.        El siete de octubre de dos mil veinte, la Cámara de Senadores aprobó el decreto por el que se resuelve sobre la procedencia y trascendencia de la petición de Consulta Popular presentada por el Presidente de la República, y se expide la convocatoria de Consulta Popular.
36.        El veintidós de octubre de dos mil veinte, la Cámara de Diputados aprobó el decreto por el que se resuelve sobre la procedencia y trascendencia de la petición de Consulta Popular presentada por el Presidente de la República, y se expide la convocatoria a Consulta Popular
37.        El veintiséis de octubre de 2020, en la oficialía de partes común del INE se recibió oficio D.G.P.L. 64-II-8-4340, signado por el Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, Diputada Dulce María Sauri Riancho y Diputada María Guadalupe Díaz Avilez, mediante el cual se notifica al Instituto el Decreto del Congreso General mediante el cual se expide la convocatoria de Consulta Popular.
38.        El veintiséis de octubre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo INE/JGE162/2020, la Junta aprobó someter a consideración del Consejo General, la propuesta de recursos adicionales al Anteproyecto de Presupuesto de este Instituto para la realización de la Consulta Popular el 1 de agosto de 2021, con el objeto de solicitar a la Cámara de Diputados se considerara en la aprobación del Presupuesto de Egresos de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021.
 
39.        El veintiocho de octubre de 2020, el Congreso de la Unión publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular.
40.        El veintiocho de octubre de dos mil veinte, en sesión ordinaria el Consejo General, mediante Acuerdo INE/CG554/2020 aprobó la propuesta de recursos adicionales al Anteproyecto de Presupuesto del Instituto para la realización de la Consulta Popular el 1 de agosto de 2021, con el objeto de solicitar a la Cámara de Diputados sea considerada en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, a propuesta de la Junta.
41.        El treinta de noviembre de dos mil veinte el Ejecutivo Federal, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, en el cual se determinó una reducción de 870 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el Instituto.
42.        El 7 de diciembre de dos mil veinte, en su segunda sesión extraordinaria, la Comisión Temporal de Presupuesto dio su visto bueno respecto a los ajustes realizados al Presupuesto del Instituto 2021 para su aprobación por este Consejo General.
43.        El 7 de diciembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria la Junta, mediante Acuerdo INE/JGE182/2020 modificó la Cartera Institucional de Proyectos del Instituto para el ejercicio fiscal de 2021, así como los indicadores del Instituto, aprobados mediante Acuerdo INE/JGE117/2020.
CONSIDERACIONES
I.          Función estatal y naturaleza jurídica del INE. Los artículos 41, párrafo tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y tercero, de la Constitución y 30, numeral 2, de la LGIPE determinan que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que establece la propia Constitución y que el INE es un organismo público autónomo, autoridad en la materia electoral e independiente en sus decisiones y sus funciones, el cual se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y se realizarán con perspectiva de género.
II.         Estructura del INE. La citada disposición constitucional determina, que el INE contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario y especializado para el ejercicio de sus atribuciones, el cual formará parte del Servicio Profesional Electoral Nacional y/o el personal de la rama administrativa que se regirá por las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regulando las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público.
III.        Atribuciones del INE. La Base III, Apartado A del propio precepto constitucional dispone que el INE será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los Partidos Políticos Nacionales, de acuerdo con lo que establezcan las leyes.
IV.        El Apartado B de dicha Base III establece que, para fines electorales en las entidades federativas, el INE administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo que determine la ley.
V.         La Base V, apartado B, inciso a) del artículo 41 de la Constitución señala que corresponde al INE en los términos que establecen esta Constitución y las leyes:
"a) Para los Procesos Electorales Federales y Locales:
1. La capacitación electoral;
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los Distritos Electorales y división del territorio en secciones electorales;
3. El padrón y la lista de electores;
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas;
5. Las reglas, Lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales;
 
6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y
7. Las demás que determine la ley.
El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de Procesos Electorales Locales, en los términos que disponga la legislación aplicable. A petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca la ley, podrá organizar las elecciones de sus dirigentes.
La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la aplicación de las sanciones correspondientes. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las autoridades federales y locales.
En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la función de fiscalización, su órgano técnico será el conducto para superar la limitación a que se refiere el párrafo anterior."
VI.        Fines del INE. El artículo 30, párrafo 1, de la LGIPE establece que son fines del INE: contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; integrar el Registro Federal de Electores; asegurar a las y los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las funciones que la Constitución le otorga en procesos locales; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática, garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral y fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, a los de otras autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los partidos políticos en la misma.
VII.       Atribuciones del INE en materia de programación y presupuestación. Debido a que el INE es un órgano constitucional autónomo, que goza de independencia funcional y financiera para efectos de delimitar cuáles son sus atribuciones y responsabilidades en el proceso de programación y presupuestación, se requiere tener presente el marco doctrinal y legal siguiente.
            Órganos constitucionales autónomos en la doctrina constitucional. Sus características esenciales.
            Los órganos constitucionales autónomos son aquellos que están expresamente reconocidos por la Constitución y surgen a partir de la necesidad inevitable de establecer un equilibrio político y de especializar algunas funciones del Estado. Se sitúan dentro de un espacio institucional propio y reservado, al margen o por fuera de la división de poderes, para llevar a cabo tareas que por su trascendencia, complejidad y tecnificación deben ser realizadas de manera independiente, para que éstas se desarrollen alejadas de los intereses políticos y de la influencia del conjunto de poderes tradicionales, con la finalidad de velar por el respeto del orden constitucional y el interés público que le subyace.
            Así, según la doctrina, los elementos que distinguen a los órganos constitucionales autónomos son los siguientes:
            1. Representan un elemento necesario del ordenamiento constitucional, en el sentido que su ausencia supondría la inmediata detención de la actividad estatal que tienen encomendada.
            2. Se erigen como un elemento indefectible del Estado, pues desde el punto de vista institucional, su actividad no puede ser sustituida por otros órganos constitucionales.
            3. Tienen una estructura delimitada desde la misma Constitución, de modo que queden netamente encuadrados en el contexto de la separación de los poderes supremos del Estado, y dentro del sistema de equilibrios constitucionales.
            4. Gozan de una posición de paridad respecto a los otros órganos constitucionales, con el objeto de garantizar su común independencia.
 
            5. Participan en la dirección política del Estado, de forma que con su actuar se concretiza la voluntad del Estado en un sentido coherente y armónico con el conjunto de valores y principios que inspiran al ordenamiento constitucional.
            Sin embargo, los recientes desarrollos teóricos han hecho énfasis en considerar nuevas características de los órganos constitucionales autónomos, determinantes para la garantía de un espacio institucional verdaderamente autónomo dentro del cual puedan ejercer sus atribuciones, y para generar un vínculo de responsabilidad. Tales características son:
            6. La compresión de sus fuentes normativas, con el objeto de que evitar la interferencia de otro u otros órganos de poder a través de la legislación, y el órgano mismo pueda dictar en completa libertad las normas para el debido cumplimiento de las funciones que le atribuye la Constitución y su ley reguladora, con la finalidad clara de salvaguardar su independencia.
            7. La transparencia y rendición de cuentas, a la que todos los órganos del Estado están obligados en una democracia, con el objeto de evitar órganos al margen del sistema constitucional, que actúen como cotos vedados de poder.
            Los órganos constitucionales autónomos en México
            El artículo 49 de la Constitución establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; sin embargo, ese modelo tradicional de gobierno tripartita ha evolucionado hacia uno conformado por otros órganos con funciones específicas y autónomas, que permiten llevar a cabo el ejercicio de la función estatal de manera independiente, a fin de alcanzar los fines para los que han sido creados.
            En relación con lo anterior, tal como lo ha sostenido la SCJN, el principio de división de poderes es una norma de rango constitucional que exige un equilibrio entre los distintos poderes del Estado y de las Entidades Federativas, a través de un sistema de pesos y contrapesos tendente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto constitucionalmente o, como consecuencia de ello, una afectación al principio democrático, a los derechos fundamentales, o a sus garantías.
            En este contexto y con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales, y así desempeñar con eficiencia la función estatal, se crean órganos que guardan autonomía e independencia funcional y financiera respecto de los poderes primarios, que forman parte del Estado, sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes. Ello, pues la misma abarca a los organismos constitucionales autónomos, en tanto la función estatal que realizan y la autonomía e independencia de la cual son dotados constitucionalmente.
            De esta forma, los órganos constitucionales autónomos sirven como pieza fundamental en el ejercicio del poder, ya que su misión principal radica en atender necesidades torales y especializadas tanto del Estado como de la sociedad en general, a la par de los órganos o poderes tradicionales, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado.
            Así lo ha reconocido expresamente la SCJN, que consideró respecto de los órganos constitucionales autónomos que:
            1. Coadyuvan al equilibrio constitucional, basado en los controles de poder, a partir de una distribución de funciones o competencias.
            2. Los caracteriza la especialización de funciones, vinculada con la independencia y autonomía de los órganos que la realizan, porque se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado.
            3. Pertenecen al Estado, dado que la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales.
 
            De esta forma, aun cuando no existe algún precepto constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos por mismos, éstos deben: a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.
            El INE como órgano constitucional autónomo
            La transición a la democracia mexicana ha pasado por romper las reglas de un autoritarismo, transitando de un órgano encargado de organizar las elecciones que formaba parte del Poder Ejecutivo Federal, a la creación en 1990 del IFE, que contaría con un servicio profesional electoral especializado para la integración de los órganos ejecutivos y técnicos.
            Posteriormente, en 1996, cuando se excluyó al Secretario de Gobernación de la Presidencia del Consejo General, se le dotó de autonomía plena respecto de los demás poderes del Estado.
            Desde su creación y a través de distintas reformas constitucionales, las atribuciones originalmente encomendadas al IFE fueron incrementando; sin embargo, siempre conservó la función estatal especializada para la que fue creado.
            En la reforma de 2014, en un esfuerzo por homogeneizar los estándares para la organización de las elecciones del país, el IFE fue sustituido por el INE, mismo que conservó su calidad de órgano constitucional autónomo, sus características independencia e imparcialidad y garantías, así como los principios rectores de su función: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
            Adicionalmente, se amplió el servicio profesional electoral a los Organismos Públicos Locales de las 32 entidades federativas.
            En estos términos, todas las reformas electorales desde 1990 hasta la fecha han estado encaminadas, precisamente, a reforzar esa función de Estado especializada, incrementando sus atribuciones, pero conservando aquellas funciones primordiales desde su creación, con autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Todo ello con la finalidad de resguardar la función del Estado de la organización de las elecciones de cualquier injerencia de otros poderes, en los distintos órdenes de gobierno.
            Como se aprecia, desde su creación, el Poder Revisor de la Constitución otorgó al IFE y, posteriormente, al INE la calidad de órgano que, constitucional, legal y estatutariamente, cuenta con autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, y que lo instituye como la máxima autoridad administrativa especializada, que tiene a su cargo la función estatal de organizar las elecciones en todo el país.
            Por tal razón, la autonomía del INE como órgano constitucional especializado implica la facultad de decidir y actuar de manera libre, sin más limitaciones que las previstas en la Constitución y las leyes, y sin estar subordinado a otros órganos o poderes públicos, puesto que su función forma parte del régimen de cooperación y coordinación a modo de control recíproco para garantizar la renovación periódica, pacífica e institucional del poder político y evitar el abuso en el ejercicio del poder público.
            En ese tenor, goza de independencia en su funcionamiento, así como en el manejo de su presupuesto y recursos. Estas garantías institucionales constituyen la protección constitucional a su autonomía, que salvaguardan sus características orgánicas y funcionales esenciales y que le permiten cumplir con el correcto ejercicio de sus atribuciones, sin que algún otro poder público pueda interferir de manera preponderante o decisiva en sus atribuciones, en detrimento del principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Constitución.
            Así, desde el ámbito jurisdiccional se ha reconocido la autonomía e independencia como características inherentes a las autoridades electorales tanto administrativas como judiciales, y la importancia de que el principio de división de poderes se preserve a fin de evitar injerencias en la autonomía de dichas autoridades.
            Ahora bien, el principio de independencia se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades de la materia, emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego al orden jurídico aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones, provenientes ya sea de superiores jerárquicos, de otros poderes del Estado o, incluso, de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.
 
            De esta forma, el principio de independencia no conlleva únicamente una vertiente individual respecto del actuar de cada uno de los servidores públicos que integran la Institución, sino también una garantía colectiva interna, que protege a la Institución en su conjunto frente al resto de los poderes del Estado, y externa, a favor de las y los ciudadanos y los propios partidos políticos y las candidaturas, en beneficio de la ciudadanía.
            Así, con la finalidad de que este órgano pueda cumplir cabalmente con sus atribuciones de forma independiente, cuenta en su estructura, con personal profesional especializado y calificado que integran órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia, así como con autonomía presupuestaria, ya que le corresponde elaborar, aprobar, administrar y ejercer anualmente su presupuesto de egresos.
            El INE en el proceso de programación y presupuestación en general
            En los distintos ejercicios de presupuestación, el INE ha asumido el papel de institución de Estado, así como un compromiso social, atendiendo a la coyuntura histórica y la necesidad de ser partícipe en el fortalecimiento económico y de bienestar de la sociedad, así como el fortalecimiento de la credibilidad de sus instituciones públicas y tomando en consideración que desde la reforma constitucional en materia política-electoral de 2007 con el anterior IFE y las de 2014 donde se crea al INE, las funciones y responsabilidades de los servidores públicos en el INE han ido en aumento, por lo que en la determinación de las remuneraciones establecidas en el presupuesto han considerado tal situación, así como el ordenamiento constitucional vigente en su conjunto, y los principios, reglas y bases relativas a la naturaleza y función encomendada al INE y su personal.
            En ese sentido el INE, en su carácter de institución del Estado Mexicano, que tiene en su encomienda fundamental garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las y los mexicanos, y de organizar los procesos electorales que permitan la renovación periódica, pacífica e institucional del poder político y de la representación ciudadana; como un organismo autónomo, no se ha considerado ajeno a los desafíos económicos y sociales del país, ni a los reclamos y preocupaciones de la ciudadanía.
            Así, desde la construcción del presupuesto de 2017, este Instituto hizo un esfuerzo de racionalidad al reducir el monto solicitado en un 5% respecto del presupuesto asignado para 2016 y adicionalmente, los recursos finalmente aprobados por la Cámara de Diputados tuvieron una reducción de 300 millones de pesos adicionales, cifra que fue ajustada por el Consejo General sin poner en riesgo las tareas prioritarias.
            Posteriormente, el INE ha adoptado diversas medidas de racionalidad y economía en el ejercicio de su gasto, para generar economías adicionales en las finanzas del país, a fin de que las mismas puedan ser destinadas a actividades prioritarias, en un país que, como el nuestro, presenta altos niveles de pobreza y desigualdad.
            Precisamente en este contexto, en el 2017 determinó entre otro conjunto de medidas de reducción y austeridad la suspensión de la construcción de las instalaciones proyectadas en las oficinas centrales en Viaducto Tlalpan, y el reintegro de $1,070´049,035.17 a la Tesorería de la Federación.
VIII.      Presupuestación en materia de remuneraciones
            La autonomía e independencia constitucional implica que la presupuestación y programación del ejercicio del gasto que lleve a cabo el INE se realice acorde a las actividades y funciones que realiza, y con apego a los principios, reglas y las directrices técnicas que rigen el actuar administrativo de los entes públicos.
            Así, en términos de lo previsto en la Ley de Presupuesto, el INE aprueba su proyecto de presupuesto y lo envía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, sin que aquél pueda ser objeto de intervención o ajuste por parte del Poder Ejecutivo, previo a su remisión a la Cámara de Diputados para su aprobación. Ahora bien, en caso de disminución de ingresos, también le corresponde al órgano autónomo determinar los ajustes que le corresponda en su presupuesto, atendiendo el orden de prelación previsto en el artículo 21 de la Ley de Presupuesto y al artículo 5 numeral 1, inciso m) del RIINE.
            Es importante señalar que, en el proceso de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos, a todos los órganos del Estado se les exige también como principio rector el respeto irrestricto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección.
 
            Este principio cobra mayor relevancia en el proceso de presupuestación del INE, ya que como garantía de su autonomía e independencia para el desempeño de su función estatal y financiera, constitucionalmente se estableció que sus órganos de dirección, ejecutivos y técnicos, debían estar integrados con personal especializado y calificado, el cual tiene un régimen laboral específico, a fin de resguardar su independencia frente a los demás órganos del Estado. Para ello, la Constitución establece la regulación de las relaciones de trabajo con sus servidores y de mando entre éstos, como un régimen especial, que se rige por las disposiciones constitucionales, de la ley electoral, el Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, y las normas que de él derivan.
            Por ende, en el proceso de programación y presupuestación, el INE está obligado a respetar cabalmente los derechos de las personas que prestan su servicio en la institución, a partir de la naturaleza jurídica que le fue concedida y con base en lo estipulado, entre otros, en los artículos 1°,5°, 14, 75, 123 y 127, de la Constitución; 30, párrafos 3 y 4; 53, 202, 203 y 204, de la LGIPE; 5, 6, 7 y 41 al 121 del Estatuto, así como los derechos reconocidos en los distintos instrumentos internacionales, acorde con lo previsto en el artículo 133 de la propia Constitución, entre los que se encuentran: artículos 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.1, 4 y 5 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; 43, inciso b, del Protocolo de reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos (Protocolo de Buenos Aires), y 19, inciso 8, de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.
            En razón de lo anterior, las normas constitucionales y convencionales que reconocen y protegen el derecho de los servidores públicos a recibir una retribución adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, así como proporcional a sus responsabilidades y especialización, deberán ser interpretadas y aplicadas por el INE, velando por el cumplimiento de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, así como en función a las disposiciones que establezcan condiciones de trabajo más favorables a los trabajadores o servidores públicos. Máxime, en el caso de un organismo constitucional autónomo, cuyas funciones deben ser resguardadas de cualquier injerencia de otros poderes, en los distintos órdenes de gobierno.
            Expuesto lo anterior, debe señalarse que los principios constitucionales, las normas y criterios expuestos hasta aquí son las que año tras año y dentro del ámbito de su autonomía e independencia, el INE ha observado para la elaboración de su presupuesto, previendo en él la garantía del cumplimiento de sus atribuciones en el marco de su autonomía y la garantía de independencia prevista constitucionalmente, así como el respeto a los derechos del personal profesional y especializado para el desarrollo de esa función estatal.
IX.        Precedentes jurisdiccionales aplicables a la programación y presupuestación del INE
            La reglamentación a los artículos 74, fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la CPEUM se encuentra en la LFPyRH, aplicable para el INE al realizar su ejercicio de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.
            Asimismo, conforme a dicha Ley, esta autoridad a través de los órganos involucrados en la aprobación y administración de los recursos públicos federales, están obligados a regir su actuación con base en los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.
            El artículo 5 de la LFPyRH le otorga autonomía presupuestaria al INE como ejecutor del gasto confiriéndole como atribución la de aprobar anualmente su proyecto de presupuesto para enviarlo a la SHCP para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política económica, así como ejercerlo observando lo dispuesto por la LFPyRH, sin sujetarse a las disposiciones generales emitidas por la SHCP y la Secretaría de la Función Pública, entre otras.
            En esta tesitura, en el artículo 6 de la LFPRH, dispone que los entes autónomos como esta autoridad, por conducto de las respectivas unidades de administración, deberán coordinarse con la Secretaría para efectos de la programación y presupuestación en los términos previstos en la LFPyRH.
 
            Conforme con el artículo 64 de la LFPyRH, el gasto en servicios personales aprobado en el Presupuesto de Egresos comprende la totalidad de recursos para cubrir las remuneraciones que constitucional y legalmente correspondan a los servidores públicos de los ejecutores de gasto por concepto de percepciones ordinarias y extraordinarias. Según el artículo 65 de la propia ley, en términos de lo dispuesto en el artículo 127 de la CPEUM, la remuneración que reciban los servidores públicos deberá ser adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión que deberá ser proporcional a sus responsabilidades y ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos.
            La interpretación(1) sustentada por el Consejo General a estos enunciados normativos en el antepasado ejercicio presupuestal (2019) no fue atendida por la Cámara de Diputados al momento de aprobar el Decreto de Presupuesto para el ejercicio 2019, concretándose a señalar, que la definición de las remuneraciones del personal del INE debían sujetarse a lo previsto en el artículo 127 de la CPEUM, tomando en consideración el tabulador determinado para la remuneración del Presidente de la República.
            Esta circunstancia, aunada a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de cinco de noviembre de dos mil dieciocho de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la CPEUM (Ley de Remuneraciones) motivó que tanto el INE, en su carácter de órgano autónomo, y algunos/as de sus trabajadores que se consideraron afectados/as en sus derechos acudieran a la justicia constitucional (vía controversia constitucional el primero y juicio de amparo los/as segundos) a impugnar tanto la Ley de Remuneraciones como el Decreto de Presupuesto 2019 aprobado por la Cámara de Diputados.
            Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de reclamación 25/2020-CA, derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 10/2020 concedió la suspensión solicitada por el Instituto, para efecto de que se mantuvieran las remuneraciones de los servidores públicos correspondientes al 2018
            Así mismo, existen resoluciones incidentales en los juicios de amparo, en las que se ha determinado conceder la suspensión provisional y/o definitiva a las/os quejos, a efecto de que los pagos de sus remuneraciones no sean disminuidos ni afectados.
            Por otra parte, cabe resaltar que contra la Ley de Remuneraciones se promovieron las acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Senadores integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso de la Unión.
            Durante la sustanciación de dichas acciones de inconstitucionalidad, el siete de diciembre de dos mil dieciocho, dentro de incidente de suspensión de la acción de inconstitucionalidad, el ministro ponente determinó conceder la suspensión provisional, con base en las consideraciones siguientes:
[...]
con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los Poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el Ejercicio de 2019, no sean fijadas en términos de la Ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia, sino exclusivamente por lo dispuesto en los artículos 75, 94 y 127 de la Constitución Federal, así como tercero transitorio del Decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de agosto de dos mil nueve, disposiciones que son del tenor siguiente:
[...]
Lo anterior es así, porque con este pronunciamiento no se pone en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, ni se afecta gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudieran obtener los promoventes de la acción; por el contrario, de no concederse la
medida solicitada se afectarían irreparablemente los derechos fundamentales que se aducen como vulnerados, ocasionando con ello daños irreversibles para los servidores públicos y la sociedad, pues de acuerdo con el penúltimo párrafo del artículo 105 de la Constitución Federal, de ser fundados los conceptos de invalidez, la declaración de inconstitucionalidad que se solicita, no tendría efectos retroactivos, ya que éstos sólo se permiten para la materia penal, al disponer tal ordenamiento lo siguiente: ...
            El veinte de mayo de dos mil diecinueve, la SCJN, resolvió el fondo de las citadas acciones de inconstitucionalidad.(2)
            En la sentencia, la SCJN aclaró que aun cuando los conceptos de invalidez aludían a la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, la lectura integral de ellos evidenciaba que estaban dirigidos también a reclamar lo erróneo de la regulación en todo lo relacionado con las remuneraciones de los servidores públicos, por lo que las consideraciones sustentadas eran aplicables a la generalidad de las y los servidores públicos. Partiendo de tal pronunciamiento, la SCJN determinó, en lo que interesa al caso, que:
En la CPEUM se encuentran previstos los principios que deben regir en el pago de toda remuneración en el servicio público y para ello, el Poder Reformador ordenó a las legislaturas federal y locales que emitieran normas para hacer efectivo el contenido del artículo 127 CPEUM, con base en tales principios, armonizando lo dispuesto en el artículo 127 con los estipulado en los demás artículos constitucionales, entre ellos los artículos 94 y 123.
            A partir del análisis del contenido de los artículos 6 y 7 de la Ley de Remuneraciones impugnada, la SCJN decidió que:
[...]
El examen sistemático a los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III, IV, incisos b) y c), párrafo último y 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, demuestra que asiste la razón a los promoventes de la acción pues, en efecto, la regulación impugnada permite fijar las remuneraciones de los servidores públicos de manera discrecional, cuando uno de los objetivos de la reforma constitucional de veinticuatro de agosto de dos mil nueve, fue la de evitar la discrecionalidad en la determinación del sueldo burocrático ya sea a la alza o a la baja.
Esto es así, porque el sistema de remuneraciones ordenado por el Poder Constituyente tuvo entre otros ejes centrales, el de evitar actos arbitrarios en la política de sueldos en la administración pública, los Poderes Legislativo y Judicial y otros; a pesar de ello, los artículos 6 y 7 de la Ley Federal reclamada permiten a la Cámara de Diputados establecer remuneraciones sin sujetar esa facultad a criterios objetivos y metodologías que eviten actos discrecionales, y ello porque el artículo 6 simplemente ordena que para la determinación de las remuneraciones ningún servidor público podrá tener alguna igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios puestos, un contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, un trabajo técnico calificado y un trabajo de alta especialización, esto es, reproduce en buena medida la fracción III del artículo 127 constitucional, que desde luego debe observar esa Cámara al momento de fijar remuneraciones; empero, la redacción del precepto reclamado termina siendo violatoria de esa norma y del principio de legalidad y seguridad jurídica porque no hay mayor criterio, elemento o parámetro que oriente a la Cámara de Diputados en el cumplimiento de la facultad que le otorga la Constitución al momento de aprobar el Presupuesto de Egresos y, en éste, las remuneraciones de los servidores públicos.
La misma problemática se tiene en el artículo 7 del ordenamiento impugnado, ya que si bien forma parte del Capítulo relativo a la presupuestación de las remuneraciones, también lo es que permite esa discrecionalidad porque solamente establece que las remuneraciones se determinarán anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como que los tabuladores contendrán esos sueldos de manera mensual, precisando los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales, los montos a sueldos y salarios y los de las prestaciones, lo que confirma que se está ante una regulación que no fija límites a la autoridad, cuando el
ejercicio de toda facultad exige que ésta no sea arbitraria, pues por virtud de los principios de legalidad y seguridad jurídica todo acto de autoridad debe estar acotado o encausado conforme a la Constitución y a las leyes que de ésta derivan, sin embargo, en el caso, del examen relacionado a los preceptos cuestionados se acredita que la facultad de la Cámara de Diputados para establecer remuneraciones queda sujeta a los deseos de esa autoridad sin limitación alguna o criterio orientador que impida establecer sueldos que inobserven los principios del artículo 127 constitucional.
[...]
En este apartado se hace hincapié en que el examen conjunto de los artículos 6 y 7 del ordenamiento impugnado acreditan que su texto no cumple los objetivos buscados por el Constituyente, pues finalmente sus hipótesis no contienen elementos, bases, o metodología alguna para conocer la cuantificación precisa del sueldo del Presidente de la República, sobre todo cuando su remuneración no sólo se integra por un salario bruto asignado en el presupuesto de egresos, sino que incluye todas las prestaciones en especie propias del cargo, entre otras, alimentación, transporte, habitación, menaje de casa, seguridad, servicios de salud, tan es así que la fracción I del artículo 127 constitucional incluye en el concepto de remuneración no sólo los pagos en efectivo, sino también en especie.
[...]
Es decir, es indiscutible que la remuneración del Presidente de la República es el referente que irradia en la fijación del resto de remuneraciones, pero con el fin de no distorsionar el sistema de remuneraciones el Poder Reformador exigió proporcionalidad según las funciones y las responsabilidades, pero del examen integral de los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, se desprende que sus supuestos normativos no permiten lograr ese mandato constitucional, ya que no contienen los elementos, metodología o procedimientos para respetar la proporcionalidad, la cual se orienta en los grados de responsabilidad, pues a mayor responsabilidad la remuneración deberá incrementarse proporcionalmente, según se desprende de lo expuesto en el Dictamen de la Cámara de origen y discusión correspondiente en el Pleno de ésta, por cuanto se expuso la necesidad de que los sueldos respondan a criterios técnicos que conjuguen por una parte, el nivel de responsabilidad y cargas de trabajo asociados al empleo público, expresión ésta que subraya la importancia de haber introducido el término "proporcional" en el texto del artículo 127 constitucional y, desde luego, la necesidad de que la Ley Reglamentaria desarrollara esa expresión para que las retribuciones sean congruentes con los niveles de responsabilidad.
Asimismo, con relación a las garantías de independencia y autonomía, la SCJN se pronunció en el sentido de que:
[...]
En este considerando se ha hecho énfasis en lo dispuesto en la fracción VI del artículo 127 constitucional, por cuanto prevé que el Congreso de la Unión debe expedir la ley que haga efectivo el contenido de esa norma y de las "disposiciones constitucionales relativas", lo que nos lleva al principio de división de poderes, a la regulación en materia de remuneraciones para el Poder Judicial de la Federación y los órganos constitucionales autónomos.
Al respecto, esta Suprema Corte se ha pronunciado en el sentido de que la autonomía de gestión presupuestal de los entes autónomos y de los poderes es una garantía institucional indispensable para lograr los fines para los cuales fueron constituidos.
En este sentido, tanto constitucional como convencionalmente, la independencia judicial se ha protegido como pilar de la democracia y como contraparte del derecho de toda persona a acceder a una justicia imparcial, llevando aparejada entre otras garantías la estabilidad en el cargo y la irreductibilidad del salario adecuado; y en lo que concerniente a los órganos constitucionales autónomos, la autonomía presupuestal y, por tanto, la capacidad de decidir la remuneración de sus servidores públicos responde también a la necesidad de garantizar la independencia de su funcionamiento interno para cumplir sus funciones técnicas especializadas.
 
Estas garantías que asisten tanto al Poder Judicial como a los órganos constitucionales autónomos, constituyen una obligación de contenido constitucional y también convencional que el legislador federal debió de observar en los preceptos que se analizan de la Ley reclamada; en otras palabras, el legislador debió armonizar el principio de división de poderes en las vertientes antes descritas en relación con el artículo 127 constitucional, para establecer criterios objetivos para determinar cuánto debe ganar el titular del Poder Ejecutivo, pues de ello depende la remuneración que corresponde al resto de los servidores públicos que integran todos los Poderes de la Unión; y sobre esa base, señalar también, los criterios, elementos y metodología aplicables para las retribuciones del resto de servidores públicos.
Los elementos o criterios objetivos que, por ejemplo, pueden impedir el ejercicio discrecional de esa facultad, consisten en tomar en cuenta:
·  Funciones y nivel de responsabilidad asociado al perfil para cada puesto;
·  Independencia para minimizar la probabilidad de captura por el poder político o económico;
·  Especialización;
·  Riesgo asociado al desempeño de las funciones;
·  Costo de vida del lugar donde deberá desempeñarse el servidor público;
·  Índice inflacionario;
·  Costo de oportunidad de desarrollarse en el sector público en comparación con una responsabilidad similar en el sector privado;
·  Posibilidad de percibir otros ingresos, sin que exista conflicto de interés; y,
·  La integración de un órgano autónomo y objetivo que defina Lineamientos y fórmulas de cálculo, así como la posibilidad de revisión de las retribuciones según las circunstancias de las funciones que se desarrollen.
Los anteriores criterios, se aclara, sólo son un enunciado de lo que permitiría definir las remuneraciones de la forma más objetiva posible, serían entonces algunos parámetros que permitan una base objetiva que garantice a todo servidor público recibir una remuneración adecuada y proporcional a sus responsabilidades; y, en consecuencia, son criterios que impiden que los sueldos se fijen de manera discrecional.
En conclusión, respecto de los preceptos analizados, la SCJN determinó que:
[...] es necesario acentuar que la Constitución ordena que las remuneraciones deben ser adecuadas y proporcionales a las responsabilidades encomendadas, además de que no pueden ser disminuidas; aunado a que el Poder Reformador tuvo presente la existencia de trabajos técnicos calificados o por especialización en su función, principios que están plasmados en el artículo 127 constitucional, y tienen como finalidad que el servicio público cuente con personal calificado e idóneo que acredite las habilidades requeridas para las funciones a desempeñar, pues también buscó eficacia y calidad en el ejercicio de la función pública, de ahí la importancia de cerrar espacios a la arbitrariedad o discrecionalidad.
En consecuencia, los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III, IV, incisos b) y c) y párrafo último, así como 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV, de la Ley reclamada, permiten fijar remuneraciones sin mayor criterio que garantice las características que exige el artículo 127 constitucional, empezando por la del Presidente de la República, lo que influye en todo el sistema de remuneraciones, porque el sueldo de éste es el referente máximo para la determinación del resto de salarios del servicio público, de ahí que resulte inconstitucional que esa importante facultad de la Cámara de Diputados quede al arbitrio de la autoridad.
Cabe aclarar que estas conclusiones no equivalen a desconocer la facultad exclusiva que tiene esa Cámara para aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, según lo ordena la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Federal, pues lo que aquí se está acentuando es que esa facultad no se ejerza de manera tal que se traduzca en arbitrariedad, es decir, que el salario del titular del Ejecutivo Federal y el del resto de servidores públicos, incluidos los Poderes Legislativo y Judicial y entes autónomos, sea aumentado o disminuido de manera discrecional, de tal forma que la remuneración sea
excesiva o tan escueta que afecte la eficacia y calidad de la función pública, razones que explican la inconstitucionalidad de las normas en cuestión, que no sólo violan el artículo 127 constitucional, sino también aquellas disposiciones vinculadas con salarios del servicio público, como lo son el 94 y 123, apartado B, fracción IV de la propia Constitución Federal.
De acuerdo con lo razonado ha lugar a declarar la invalidez de los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III, IV, incisos b) y c) y párrafo último, así como 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
[...]
DÉCIMO TERCERO. Efectos. Los efectos de esta sentencia se determinan conforme a lo establecido en los artículos 41, fracciones IV y V, así como 45, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(46), que disponen que este Tribunal Constitucional debe fijar con precisión los alcances de la sentencia, los órganos obligados a cumplirla, el término para el cumplimiento y que surtirán sus consecuencias a partir de la fecha que determine la Suprema Corte, ya que éstas no tendrán efectos retroactivos, salvo en materia penal.
Atendiendo a las razones expuestas en el Considerando Noveno de esta sentencia, se declara la invalidez de los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III y IV, incisos b) y c), así como párrafo último, y 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicados en el Diario Oficial de la Federación de cinco de noviembre de dos mil dieciocho; y en