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DOF: 31/12/2020
2PROGRAMA Especial para la Productividad y la Competitividad 22020-20242

PROGRAMA Especial para la Productividad y la Competitividad 2020-2024.

Programa Especial para la Productividad y la Competitividad 2020-2024
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
PROGRAMA ESPECIAL
DERIVADO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2020-2024
Índice
1. Fundamento normativo de elaboración del programa
2. Siglas, acrónimos y conceptos
3. Origen de los recursos para la instrumentación del PEPC
4. Análisis del estado actual
5. Objetivos prioritarios
5.1. Objetivo prioritario 1: Incrementar la dotación de los recursos de la economía nacional y mejorar su asignación
5.2. Objetivo prioritario 2: Impulsar el acceso a mecanismos que permitan la creación de nuevas empresas y mejorar la productividad de las ya existentes en nuestro país
5.3. Objetivo prioritario 3: Impulsar la productividad general de la economía nacional a través de estrategias que mejoren el capital humano, la infraestructura y la innovación para aumentar el bienestar de las personas y empresas
5.4. Objetivo prioritario 4: Impulsar un ambiente competitivo a nivel nacional en el que operan las empresas
5.5. Objetivo prioritario 5: Reducir las divergencias regionales y fortalecer los sectores estratégicos de la economía nacional
6. Estrategias prioritarias y acciones puntuales
7. Metas para el bienestar y parámetros
8. Epílogo: Visión hacia el futuro
9. Lista de dependencias y entidades participantes
1. Fundamento normativo de elaboración del programa
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 25 establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad y una más justa distribución del ingreso y la riqueza se permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.
En este sentido, en la Constitución se define a la competitividad como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.
También, establece que se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad, sujetando a dichos sectores a las modalidades que dicte el interés público y al uso de los recursos productivos para beneficio general.
Asimismo, el artículo 26, apartado A, de la Constitución señala que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.
A su vez, el artículo 4 de la Ley de Planeación señala que corresponde al Ejecutivo Federal conducir la planeación nacional con la participación democrática de la sociedad.
Por consiguiente, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el 12 de julio de 2019, se recaban las aspiraciones y demandas de la sociedad mexicana y, derivado de ello, y del diagnóstico realizado en dicho plan, se establecieron 12 principios rectores(1) que agrupan los temas prioritarios, cuya atención permitirá contar con un modelo viable de desarrollo económico, ordenamiento político y convivencia entre los sectores sociales. Para lo cual, se definieron tres ejes: política y gobierno, política social y economía, que son los retos relevantes que de acuerdo con dicho plan se deben atender y son comunes entre todos los temas de política pública.
Por su parte, el artículo 5 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional (LIISPCEN) establece que la política nacional de fomento económico contará con un Programa Especial para la Productividad y la Competitividad (PEPC), el cual será elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En la misma línea, los artículos 6 y 7 de la LIISPCEN señalan que el PEPC es de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), quienes, en la elaboración, implementación y evaluación de sus programas y anteproyectos de presupuesto anual, así como de sus reglas de operación, tendrán que considerar la política nacional de fomento económico establecida en el propio programa.
Bajo este contexto y en concordancia con el artículo 26 Bis de la Ley de Planeación, se presenta el PEPC correspondiente al periodo 2020 2024. Este programa es el instrumento por el que se implementa dicha política nacional para potenciar las capacidades de mediano y largo plazo de las personas y empresas de México, con el fin último de incrementar el bienestar de la población. Importantemente, este documento enmarca estrategias y acciones encaminadas a apoyar a los grupos de la población y a las unidades económicas particularmente afectados por la pandemia del COVID-19, a fin de que puedan, tanto reinsertarse por completo a la actividad económica, como adaptarse a los cambios estructurales generados o acelerados por la enfermedad.
El programa incluye los siguientes elementos: un análisis del estado actual, en el que se realiza un diagnóstico general acerca del bajo nivel de desarrollo económico que ocasiona una falta de bienestar en la población, así como la perspectiva de largo plazo en congruencia con el PND; los objetivos prioritarios del programa alineados al PND; las estrategias prioritarias para ejecutar las acciones que permitan lograr los objetivos específicos del programa; las acciones puntuales que apoyen la implementación de las estrategias planteadas, en donde se indica la dependencia o entidad responsable de su ejecución; y las metas para el bienestar que permitirán dar seguimiento al logro de los objetivos del programa.
2. Siglas, acrónimos y conceptos
Administración Pública Federal (APF): Conjunto de dependencias y entidades que auxilian al Titular del Ejecutivo Federal en la realización de la función administrativa, según se establece en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y las demás leyes aplicables.
AFORE: Administradoras de Fondos para el Retiro.
AMEXCAP: Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP).
BANCA DE DESARROLLO: Entidades de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituidas como sociedades nacionales de crédito, en los términos de sus correspondientes leyes orgánicas y de la Ley de Instituciones de Crédito.
BID: Banco Interamericano de Desarrollo.
Cadenas de valor: Sistemas productivos que integran conjuntos de empresas que añaden valor a productos o servicios a través de las fases del proceso económico.
Capital humano: Los conocimientos, habilidades, competencias y atributos incorporados en los individuos y que facilitan la creación de bienestar personal, social y económico.
Competencia: Situación en la que las empresas rivalizan entre ellas y se esfuerzan para ganar más clientes e ingresos. Para ello, pueden emplear diversas estrategias tales como el establecimiento de precios más bajos, el desarrollo de nuevos productos y servicios, la reducción de sus costos o la realización de mejoras de la calidad, entre otras. Así, la competencia en los mercados facilita y estimula una mayor oferta y diversidad de productos y servicios, a menores precios y con mayor calidad, en beneficio directo de los consumidores.
Competencias laborales: Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que pueden aprenderse, permiten a los individuos realizar una actividad o tarea de manera adecuada y sistemática, y que pueden adquirirse y ampliarse a través del aprendizaje.
Competitividad: Conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.
Crecimiento económico: Es el incremento en la producción de bienes y servicios de un país durante un periodo determinado.
Crédito: Derecho de un acreedor o prestamista a recibir de otra, deudora, una cantidad previamente
comprometida en condiciones pactadas previa y mutuamente.
CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
COFECE: Comisión Federal de Competencia Económica.
CONAPO: Consejo Nacional de Población.
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
COVID-19: Nombre de la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2.
CTI: Ciencia, tecnología e innovación.
Dependencias: Las Secretarías de Estado, incluyendo a sus respectivos órganos administrativos desconcentrados, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Desarrollo regional: El proceso de crecimiento económico en un territorio determinado, garantizando el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la preservación del ambiente, así como la conservación y reproducción de la tierra y los recursos naturales.
ENAFIN: Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas.
ENAPROCE: Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
ENDUTIH: Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares.
ENOE: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
Entidades: Los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos en los que el fideicomitente es el Gobierno Federal o los organismos y empresas señalados que, de acuerdo con las disposiciones aplicables son considerados entidades paraestatales.
ENVE: Encuesta Nacional de Victimización de Empresas.
ETOE: Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo.
ENVIPE: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.
Evaluación: El análisis sistemático y objetivo de los programas públicos y que tiene como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.
FINTECH: El término se utiliza para denominar a las empresas que ofrecen productos y servicios financieros, haciendo uso de tecnologías de la información y comunicación, como páginas de Internet, redes sociales y aplicaciones para celulares.
FMI: Fondo Monetario Internacional.
Inclusión financiera: El acceso y uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera.
Indicador: Es un instrumento para medir el logro de los objetivos de los programas y un referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Informalidad laboral: Son todas las personas que trabajan para empresas no agropecuarias informales (operadas sin registros contables), los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, trabajadores sin remuneración, así como a trabajadores que laboran sin la protección de la seguridad social.
Infraestructura: Obra humana diseñada y dirigida al funcionamiento y desarrollo de otras actividades a través de la construcción y/o mantenimiento de la estructura necesaria para su operación. Esta puede ser de transporte (caminos, carreteras, puentes, puertos, etc.), energética (alumbrado público, calefacción urbana, oleoductos, presas, etc.), hidráulica (depósito y tratamiento de agua, alcantarillado, etc.) y de telecomunicaciones (red telefónica, repetidoras, fibra óptica, etc.), entre otras.
Inversión: Es la aplicación de capital (físico o financiero) encaminada a la producción de una ganancia futura o de largo plazo en lugar de a su consumo inmediato o de corto plazo.
Inversión pública: Conjunto de erogaciones públicas que afectan la cuenta de capital y se materializan en la formación bruta de capital (fijo y existencias) y en las transferencias de capital a otros sectores.
IPN: Instituto Politécnico Nacional.
KLEMS: Metodología utilizada para la medición del crecimiento de la productividad total de los factores
basada en el proyecto auspiciado por la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL-ONU), que considera la influencia de cinco grandes factores de producción sobre el crecimiento económico, además de la productividad: el capital, el trabajo, la energía, los materiales y los servicios.
LIISPCEN: Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional.
MIPYMES: Acrónimo que hace referencia al conjunto de unidades económicas conformado por las micro, pequeñas y medianas empresas. Con base en la estratificación establecida en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la estructura de las MIPYMES es la siguiente:
Tamaño de empresas
Sector
Rango de número de trabajadores
Micro
Todas
Hasta 10
Pequeña
Comercio
De 11 hasta 30
Industria y Servicios
De 11 hasta 50
Mediana
Comercio
De 31 hasta 100
Servicios
De 51 hasta 100
Industria
De 51 hasta 250
 
Nivel regional: Es el ámbito en que se desarrollan las acciones de las diversas dependencias que tienen a su cargo la regulación de una región del país.
Nivel sectorial: Es el ámbito en que se desarrollan las acciones de las diversas dependencias que tienen a su cargo la regulación de un sector de actividad económica.
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
OIT: Organización Internacional del Trabajo.
ONU: Organización de las Naciones Unidas.
PEPC: Programa Especial para la Productividad y la Competitividad.
PISA: Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés).
PND: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Población Económicamente Activa (PEA): Personas de 15 y más años de edad que tuvieron vínculo con la actividad económica o que lo buscaron en la semana de referencia, por lo que se encontraban ocupadas o desocupadas.
Precio: Valoración de un bien o servicio en unidades monetarias u otro instrumento de cambio. El precio puede ser fijado libremente por el mercado a través de la ley de la oferta y demanda, o ser fijado por el gobierno, a lo cual se llama precio controlado.
Productividad económica: Es una medida económica que calcula la cantidad de bienes y servicios que se producen por cada factor utilizado. El objetivo de este indicador es medir la eficiencia de producción por cada recurso utilizado, entendiendo por eficiencia el hecho de obtener el mejor o máximo rendimiento utilizando un mínimo de recursos.
Productividad laboral: Resultado de optimizar los factores humanos, materiales, financieros, técnicos y organizacionales que concurren en la empresa, en la rama o en el sector para la elaboración de bienes o la prestación de servicios, con el fin de promover a nivel sectorial, estatal, regional, nacional e internacional y acorde con el mercado al que tiene acceso, su competitividad y sustentabilidad, mejorar su capacidad, su tecnología y su organización e incrementar los ingresos, el bienestar de los trabajadores y distribuir equitativamente sus beneficios.
Productividad total de los factores (PTF): Es la diferencia entre el crecimiento del producto y el crecimiento ponderado de los factores vinculados en la producción (capital, trabajo, etc.), y puede leerse como una medida del efecto de las economías de escala, en que la producción total crece más que proporcionalmente al aumentar la cantidad de cada factor productivo.
Producto Interno Bruto (PIB): Es el valor total de los bienes y servicios de demanda final producidos en el territorio de un país en un periodo determinado. Se puede obtener mediante la diferencia entre el valor bruto de producción y los bienes y servicios consumidos durante el propio proceso productivo, a precios comprador (consumo intermedio).
 
PRONAFIDE: Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo.
PRONAIB: Programa Nacional de Infraestructura para el Bienestar.
Región Bajío: Incluye a los siguientes estados: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí.
Región Centro: Incluye a los siguientes estados: Ciudad de México, Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Región Noroeste: Incluye a los siguientes estados: BC, BCS, Nayarit, Sinaloa y Sonora.
Región Noreste: Incluye a los siguientes estados: Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas.
Región Sur-sureste: Incluye a los siguientes estados: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Reglas de Operación: Las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos.
RIF: Régimen de Incorporación Fiscal.
Seguridad Social: Sistema implantado bajo un enfoque integral de bienestar del trabajador y su familia, que consiste en proporcionar atención a las necesidades básicas en materia de salud, capacitación, cultura, recreación, apoyo financiero y protección del trabajador en casos de accidente, jubilación, cesantía y muerte.
SIEFORE: Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro.
Sustentabilidad: Se habla de sustentabilidad cuando se satisfacen las necesidades de la actual generación, pero sin que se sacrifique la capacidad futura de satisfacer las necesidades de las próximas generaciones.
Tasa de informalidad laboral 2 (TIL2): Proporción de la población ocupada no agropecuaria que comprende a la suma, sin duplicar, de los ocupados que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, con aquellos otros ocupados no agropecuarios cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo.
TICs: Tecnologías de la Información y Comunicación.
T-MEC: Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
UANL: Universidad Autónoma de Nuevo León.
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México.
Unidades Económicas: Las unidades de observación sobre las cuales se solicita y se publica información de carácter económico; éstas pueden ser establecimiento único, matriz o sucursal, y fijo o semifijo.
3. Origen de los recursos para la instrumentación del PEPC
La totalidad de las acciones que se consideran en este programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos prioritarios, estrategias prioritarias y acciones puntuales, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación u operación de dichas acciones y el seguimiento y reporte de las mismas, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto participantes en el Programa, mientras éste tenga vigencia.
4. Análisis del estado actual
El diagnóstico que se presenta se centra en el análisis de la tendencia histórica de crecimiento económico, dado que para incidir en ésta y diseñar estrategias de mediano plazo para un desarrollo sostenible resulta necesario analizar las estructuras bajo las que se ha operado. Sin embargo, es relevante señalar que las acciones que se derivan del diagnóstico permitirán atender en parte los impactos económicos de corto y mediano plazo ocasionados por las medidas para controlar la pandemia del COVID-19, al ayudar a acelerar la actividad económica y al enfocarse en buena medida en grupos de la población que se verán particularmente afectados durante la coyuntura, como las mujeres, los trabajadores jóvenes y los de menores ingresos.
La economía mexicana ha presentado bajas tasas de crecimiento económico a lo largo de varias décadas. En el periodo 1990-2018, la tasa media de variación anual del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 2.5%. Al considerar la dinámica demográfica del país, el incremento del PIB per cápita ha sido aún menor, al registrar una tasa promedio anual de 1.2% durante el mismo periodo, mientras que en otros países el incremento ha
sido mayor: Chile 3.4%, Colombia 2.1%, China 8.8%, India 5.0% y Corea 4.3%.(2)
Relacionado estrechamente con lo anterior, entre 1992 y 2012, la población en situación de pobreza de patrimonio pasó del 53.1% al 52.3% de acuerdo con cifras de CONEVAL. Más aun, utilizando metodologías revisadas para 2008 y 2018, la personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar pasó de 49% a 48.8%.(3) Uno de los factores más importantes que inciden de manera transversal en el desempeño de la economía, es la reducción de la pobreza y la desigualdad, ya que ésta es indispensable para alcanzar un crecimiento sostenido.(4)
Algunas teorías económicas tradicionales exponen como excluyentes la justicia social y el desarrollo económico. Sin embargo, diversos estudios empíricos muestran lo contrario, mayor igualdad incide en mayor crecimiento.(5) Por ejemplo, al existir fricciones en el mercado financiero se reducen las oportunidades de inversión especialmente para aquellos con menos acceso al financiamiento- tanto en capital humano como en activos y estos mismos factores impiden que la desigualdad se reduzca ante aumentos del PIB. Al existir brechas en el ingreso o en la riqueza de la población también se dejan de aprovechar las externalidades positivas en la productividad entre los miembros de la sociedad. Asimismo, estas brechas pueden ocasionar conflictos sociales que generan inestabilidad económica y política impidiendo un avance sostenido. Es por ello que en países con altos niveles de desigualdad, los periodos de expansión son de corta duración.(6)
El crecimiento económico es el incremento en la capacidad de la economía para producir bienes y servicios, y depende de la acumulación del capital, el trabajo y otros insumos, como son la energía, materiales y servicios. Para obtener este aumento y generar un óptimo nivel de productividad dependerá del uso de la tecnología y de otros factores externos como son: la provisión de bienes y servicios públicos, las condiciones de salud, la calidad de la educación, las habilidades y competencias de la población, la estabilidad macroeconómica, el estado de derecho, la seguridad, la competencia económica, entre otros.
Un mayor crecimiento inclusivo y sostenible requiere que los recursos disponibles se asignen a su mejor uso en las actividades con mayores beneficios sociales, económicos y ambientales. Sin embargo, esta asignación es dinámica y tiene múltiples dimensiones. A nivel de las empresas, como las unidades básicas de producción, la asignación de recursos para incrementar la productividad puede darse en tres márgenes:(7) i) cambios en la asignación entre empresas de distinta productividad, donde resulta eficiente destinar los recursos necesarios para las empresas con mayor productividad; ii) asignación de recursos para mejorar la productividad de las empresas existentes, y iii) asignación de recursos que permita la formación de nuevas empresas y actividades con mayor productividad y la salida de las empresas y actividades con baja productividad.
También es eficiente asignar recursos a factores que mejoran la productividad de manera transversal, que aseguran la sostenibilidad de la actividad económica y el bienestar de las personas. La dotación de recursos a la educación, la salud, la capacitación y el desarrollo de habilidades laborales, incrementan el capital humano de la población, haciendo al factor trabajo más productivo. La inversión en infraestructura, así como la mejora del estado de derecho y la competencia permiten aumentar la eficiencia a todas las empresas.
La provisión de insumos disponibles para empresas, sectores o países es un determinante de su capacidad de producción. Incrementos en el suministro de estos, en general, incrementa la producción, pero no necesariamente afectan la eficiencia en cómo estos se combinan. Para medir la productividad multifactorial, es decir la eficiencia de todos los componentes que entran en la producción, normalmente se utiliza la productividad total de los factores (PTF), la cual determina el aumento que no puede ser explicado por la acumulación de los insumos de producción, medidos de una manera estándar. De esta manera, en términos generales, el crecimiento económico puede generarse por un aumento en la dotación de factores(8) o por la productividad. Esta última se mide a través de la variación que no se puede cuantificar por el incremento en los insumos. Sin embargo, existen contribuciones cualitativas en los factores de producción que no se pueden medir, y en estas situaciones, se reflejan como aportaciones a la productividad.
En México, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) realiza una medición de la contabilidad de crecimiento, con información disponible desde 1991, que descompone el crecimiento en la contribución por la dotación de cada uno de los factores (KLEMS) y la productividad multifactorial PTF. En el periodo en el que hay información, la provisión de factores ha mostrado, con excepción de la energía, tasas positivas de crecimiento. No obstante, dichas tasas han venido disminuyendo a lo largo del periodo. Entre 1991 y 1994, el acervo de capital, las horas trabajadas, la energía, los materiales y los servicios crecieron en promedio anual en 3.7%, 2.1%, 6.6%, 4.5% y 4.3%, respectivamente. Entre 2013-2018 estos mismos factores lo hicieron a tasas de 2.2%, 1.4%, -4.0%, 2.6% y 2.7% (ver Gráfica 1).
 

En 2017, la dotación de energía, un insumo estratégico para la producción, se encontraba por debajo del nivel observado en 1995, como resultado de tasas con variaciones negativas, principalmente a partir de 2005. En suma, la desaceleración en la asignación de factores reduce las posibilidades de mejorar el valor de la producción.
A partir de 2001, el crecimiento de la economía ha sido menor que la contribución de los factores, es decir, se ha observado una PTF negativa, ya que los insumos de producción se han combinado de manera menos eficiente (ver Gráfica 2). Utilizando información comparable a nivel internacional, entre 2000 y 2017, la PTF tuvo una caída promedio anual de 0.9%, mientras que en otros países de América Latina como Colombia y Argentina se incrementó en alrededor de 0.3% y 0.1%, respectivamente. En el mismo periodo, el incremento promedio anual de la productividad en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue en promedio de 0.4%.(9)
Para acelerar el proceso de reactivación económica en el corto plazo y cambiar su tendencia, así como para disminuir los niveles de desigualdad que han incidido en la marginación y la pobreza, se requiere mejorar la dotación de factores, así como realizar acciones que incrementen la productividad de la economía. En el Recuadro 1 se presentan los elementos estratégicos para lograr un mayor crecimiento y productividad.
 
RECUADRO 1. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL CRECIMIENTO Y LA PRODUCTIVIDAD
En Criterios Generales de Política Económica 2020 se delinearon cinco pilares para cambiar la tendencia de crecimiento de la economía mexicana: 1) lograr una mayor inclusión financiera y desarrollo del sector, 2) incrementar la inversión física pública y privada, 3) fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado, 4) aumentar la participación laboral de las mujeres y jóvenes, y la productividad del trabajo y 5) mejorar la competencia económica y la competitividad.
Los elementos estratégicos básicos para lograr un mayor crecimiento se delinean de manera más amplia y detallada en los tres Programas que elabora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que surgen del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
-     El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE), donde se establecen las estrategias prioritarias que permitirán, entre otras cosas, asegurar los recursos fiscales y financieros necesarios para llevar a cabo las acciones del Gobierno Federal.
-     El Programa Nacional de Infraestructura para el Bienestar (PRONAIB), que establece las estrategias de inversión en infraestructura en los sectores prioritarios y estratégicos que permitan un crecimiento incluyente y ayuden a detonar una mayor inversión privada.
-     El Programa Especial para la Productividad y Competitividad (PEPC), que establece los objetivos y estrategias para incrementar la productividad y competitividad del país, atendiendo las principales barreras que limitan el bienestar y el crecimiento económico.
A la estrategia de crecimiento contribuyen otros programas sectoriales y especiales que emanan del PND 2019-2024 con el fin de llegar a un bienestar en el sentido amplio y cambiar la política productiva. Éstos contienen estrategias específicas en educación, salud y bienestar que atienden las condiciones de precariedad en la que vive gran parte de la población y otorga derechos y posibilidades a las personas para incrementar su capital humano.
Con la finalidad de ordenar el diagnóstico y las estrategias para lograr un mayor crecimiento y productividad se presenta el marco conceptual en el siguiente esquema.
MARCO CONCEPTUAL DEL CRECIMIENTO Y LA PRODUCTIVIDAD

 
El proceso productivo está determinado por distintos elementos que condicionan su capacidad de crecimiento y su productividad:
-     Dotación y asignación de factores [1,2]. La dotación de factores y cómo se asignan, determinan la capacidad de producción de la economía. Pueden distinguirse tres márgenes a través de los cuales la asignación de recursos afecta la productividad:1/ i) mediante la reasignación de recursos hacia sectores y empresas más eficientes; ii) las empresas existentes toman las decisiones y enfrentan diferentes barreras de acceso a los recursos que determinan el nivel y la dinámica de su productividad, y iii) la creación de nuevas empresas y procesos con mayor productividad y la salida de empresas con menor productividad.2/ Esta creación también depende del acceso de nuevas empresas potencialmente más productivas, la reducción de costos y barreras a la entrada.
-     Factores que afectan a la productividad agregada [3]. Algunos factores tiene un efecto más transversal sobre los tres márgenes, generando ganancias de productividad agregada, como son: i) el nivel de la infraestructura existente en el país; ii) el capital humano y iii) la innovación (ciencia y tecnología).
-     Estado de derecho, competencia y regulación [4]. Hay condiciones que afectan las decisiones de inversión y actividad y que tienen un efecto transversal sobre la productividad a través de dar certidumbre a la rentabilidad de la inversión y eliminar costos y barreras a la producción. En este grupo se incluyen el estado de derecho, es decir, las reglas del juego y el desarrollo institucional; la estructura y el nivel de competencia en el mercado; la certidumbre en las relaciones laborales; entre otros.
-     Asignación regional y sectorial [5]. El país ha crecido de manera desigual tanto por regiones como por sectores sociales. En este apartado se incluyen las consideraciones necesarias para cerrar las divergencias entre regiones, que permitan atender las dificultades de acceso a mercados, las debilidades estructurales de los factores, así como los problemas institucionales que limitan su progreso. También, se identifican las oportunidades en los sectores que tienen potencial de insertarse en las cadenas de valor y así generar externalidades positivas a través del flujo de conocimiento con otras industrias y otros países.
El diagnóstico de los problemas que enfrenta la economía mexicana para incrementar el crecimiento y la productividad se presenta con base en: [1, 2, 3] la dotación de cada uno de los factores de producción, en interacción con cada uno de los márgenes y de forma transversal, [4] los elementos del ambiente de negocios, y [5] la dimensión regional y sectorial.
Por otra parte, los objetivos del presente programa se definen y organizan de acuerdo a numeración incluida en el esquema:
1.    Dotación y asignación de factores.
2.    Productividad de empresas existentes y creación de nuevas empresas.
3.    Dotación de factores que afecta la productividad de manera transversal.
4.    Estado de derecho, competencia y regulación.
5.    Regiones y sectores.
1/ Cusolito, A. y W. Maloney (2018). "Productivity Revisited: Shifting Paradigms in Analysis and Policy," Banco Mundial. Washington, D.C. Recuperado de: http://documents.worldbank.org/curated/en/578861548876206044/Productivity-Revisited-Shifting-Paradigms-in-Analysis-and-Policy
2/ Schumpeter, J (1942). "Capitalism, Socialism, and Democracy," University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research.
 
La reinserción del capital y el trabajo a la economía, así como la reasignación eficiente de estos factores hacia las actividades donde se observó un mayor crecimiento a partir de la pandemia del COVID-19, va a ser uno de los mayores retos para acelerar el proceso de reactivación. A diferencia de otros eventos catastróficos, durante la coyuntura actual no hubo una destrucción de capital; sin embargo, la pandemia indujo cambios en la demanda de los consumidores y en las prácticas comerciales, lo que afectará la productividad de distintos sectores y generará un proceso de reasignación, especialmente del trabajo. De esta manera, las estrategias para incidir en el primer y segundo componente del marco conceptual serán cruciales para aumentar la productividad y acelerar el crecimiento en el corto plazo.
Derivado de este marco conceptual y tomando en cuenta la literatura y los diagnósticos realizados para el país, se identificaron cuatro elementos desatendidos que no han permitido acelerar el proceso de reactivación económica y que han obstaculizado el crecimiento a tasas aceptables y, por consiguiente, a los que se le deben dar prioridad para aumentar el bienestar para la población: 1) acervo de capital; 2) mercado laboral e innovación; 3) estado de derecho, competencia y regulación, y 4) divergencias sectoriales y regionales. En cada una de estas dimensiones es necesario reducir las brechas de desigualdad a través de estrategias que incidan en la inclusión financiera para que más empresas puedan tener acceso al capital; en la paridad generacional y de género para que más jóvenes y mujeres tengan acceso a oportunidades laborales; en la
disminución de privilegios discrecionales para que distintas poblaciones y empresas enfrenten oportunidades similares; en la provisión de infraestructura y capacidades productivas en zonas rezagadas para ofrecer condiciones similares de desarrollo, entre otras. Al acotar estas diferencias se logrará una mejor dotación de recursos, una mayor productividad económica y un crecimiento sostenido en el largo plazo.
1.    Acervo de capital
El Estado tiene la responsabilidad de promover y encausar el desarrollo económico nacional y un canal importante para lograrlo es la mejora en el acervo de capital. Tanto el tamaño y profundización del sistema financiero, como la inversión pública, juegan un papel fundamental en la acumulación y manejo de los recursos, así como en las decisiones de inversión privada y por tanto en el crecimiento económico. A continuación, se analiza el papel del sector financiero y las limitantes que presenta en México, así como un análisis de la inversión pública.
1.1.  Sector Financiero
El sistema financiero juega un papel fundamental al intermediar de manera eficiente el ahorro e inversiones financieras de la economía y canalizarlo al financiamiento de los hogares y de las empresas. Además, permite realizar pagos de forma segura, reducir costos de transacción, y a las empresas realizar sus planes de inversión y atender sus necesidades de capital de trabajo. Al conjuntar los ahorros e inversiones financieras, el sistema puede administrar el riesgo que implican los proyectos de inversión y sus plazos.
Un sistema financiero bien desarrollado y competitivo permite mejorar la asignación de los recursos. Su tamaño determina la cantidad de fondos que están disponibles para financiar hogares o empresas, ya sea para que puedan destinarlos a la inversión o para mitigar choques al consumo como los generados por la pandemia de COVID-19. En el caso de México, se caracteriza por tener una baja profundidad, y se compara desfavorablemente respecto al de otras economías de ingresos medios. En 2019 el crédito interno al sector privado representó 36.9% del PIB, que se equipara de manera negativa con otros países de Latinoamérica como Chile (122.5%), Brasil (63.7%), Costa Rica (59.0%) o Colombia (51.4%)(10) de acuerdo con el Banco Mundial (Ver Gráfica 3).
Frente a los efectos negativos que generó la pandemia ocasionada por el COVID-19, se implementaron una serie de medidas para permitir el aumento del financiamiento a las empresas y a los hogares. Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, el crecimiento real anual del crédito al sector privado no financiero descontando los efectos de tipo de cambio e inflación- fue de 5.3%, 6.5%, 4.8% y 2% respectivamente. La evolución de este indicador, que refleja la profundización del sector en el corto plazo, dependerá de la capacidad de pago, el comportamiento precautorio y la demanda de nuevo financiamiento por parte de las personas y negocios, que a su vez estarán sujetos al proceso de recuperación de la economía.
 

Otro aspecto a destacar en el proceso de desarrollo del sistema financiero, en adición a su profundidad y que se retroalimenta de éste, es la inclusión financiera, que es el acceso de la población y de las empresas a los productos y servicios financieros. Una mayor inclusión, además de incrementar las posibilidades de ahorro e intermediación puede tener los siguientes beneficios: i) contribuir a una mayor profundidad del sistema; ii) disminuir las restricciones de crédito a las empresas, principalmente las MIPYMES, posibilitando ganancias de productividad al interior de éstas; iii) reducir la pobreza y desigualdad, a través de ayudar a la gente a invertir en su futuro, suavizar su consumo en el tiempo y manejar riesgos financieros;(11) e, iv) incrementar la estabilidad del sistema financiero, siempre y cuando venga acompañada de una regulación y supervisión adecuadas.(12)
El impacto de la inclusión financiera es mayor en los países que tienen menor penetración financiera y permite crecer a los sectores dependientes del crédito, especialmente resulta benéfica para los sectores en los que se dificulta la constitución de garantías.(13)
México tiene una baja inclusión financiera, con una proporción importante de la población sin acceso a servicios financieros. En 2018, 32% de la población adulta no contaba con ningún producto financiero y solamente 47% tenía una cuenta de banco de acuerdo con el INEGI. La exclusión se acentúa particularmente en la población con menores ingresos y se presentan disparidades de género y entre las regiones: la proporción de mujeres en México que no contó con ningún producto financiero en 2018 fue de 34.8% y la proporción de hombres fue de 28.2%; por otra parte, mientras que el 32.4% de la población adulta en la región Sur no tuvo acceso a estos servicios, en la región Noroeste esta proporción fue solo del 17.7%. Este problema se relaciona con la falta de infraestructura, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y con cifras a marzo de 2020, 62% de los municipios del país no contaba con sucursales bancarias y el 22% no tenían acceso a cajeros, corresponsales o sucursales bancarios. Adicionalmente, la infraestructura se concentra de manera importante en poblaciones urbanas. La relación entre disparidades regionales, pobreza y la falta de este tipo de servicios se retroalimentan, ya que en los municipios no atendidos resultan poco rentables para establecer sucursales.
La aparición de nuevos proveedores de servicios financieros a través de plataformas tecnológicas (FINTECH) contribuirá a la creación de una oferta nueva de productos, tanto de ahorro como de crédito. Asimismo, estas entidades podrán tener una mayor cobertura, y con el uso de nuevas tecnologías, ampliarán el acceso al financiamiento beneficiando en particular a los hogares de bajos ingresos y a las MIPYMES. Además, estos servicios digitales en general acelerarán el proceso de inclusión al sistema y a la recuperación económica.
La alta proporción de personas que trabaja en el sector informal acentúa los problemas de profundización
y baja participación financiera en México. Esta población que tiende a tener pocos recursos no tiene acceso al crédito por la imposibilidad de demostrar sus ingresos y porque no tienen activos para respaldarlo, por lo que se mantiene marginada del sistema formal. En México, en 2019, las MIPYMES emplearon al 67.8% de la población ocupada por las empresas y representaron el 47.6% del total de ingresos de las empresas.(14)
Para las micro y pequeñas empresas el acceso al crédito es más limitado. El 88% de las microempresas y el 74% de las pequeñas empresas no recibieron ninguna forma de financiamiento de acuerdo con el Censo Económico 2019.(15) Por otro lado, los porcentajes de estas empresas que no recibieron crédito de la banca fueron 95.2% y 79.0%, respectivamente (ver Gráfica 4). Adicionalmente, con información de la OCDE, las tasas de interés que pagan las MIPYMES son elevadas y tienen un diferencial significativo respecto a las que pagan las empresas grandes (ver Gráfica 5). Además, las diferencias observadas en las condiciones de acceso al financiamiento hacen que ante choques económicos como los generados por la pandemia COVID-19 tengan mayores impactos en las microempresas y en las poblaciones más vulnerables.
GRÁFICA 5. TASA DE INTERÉS PROMEDIO DE ENDEUDAMIENTO, 2018
(%)

Finalmente, el financiamiento bursátil, a través del mercado de deuda o mercado de capital, también es una alternativa eficaz especialmente para las empresas altamente productivas. Sin embargo, en México no se ha consolidado como una alternativa, en particular, para aquellas empresas que dependen del crédito bancario. El número de empresas domésticas que cotizan en la bolsa de valores es considerablemente bajo para estándares de América Latina. En 2019, sólo 139 empresas cotizaban en la Bolsa Mexicana de Valores, mientras que en Brasil había 324 y en Chile 203 empresas. El número de empresas que cotizan actualmente en México es menor al número observado hace 20 y 15 años, en 1998 cotizaban 194 y en 2003, 158 empresas.(16)
Para lograr aumentar el número de empresas mexicanas que cotizan en la bolsa de valores también se requiere fortalecer el mercado de capital privado, el cual es fundamental para el financiamiento y desarrollo de las empresas en sus diferentes etapas del ciclo de negocios. Los compromisos de inversión en capital privado en México han decrecido de 12.9 mil millones de dólares (mmd) en 2015 a 2.9 mmd en 2018 de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP). Cabe señalar que las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) son un participante clave en el financiamiento de actividades productivas en el país. Estrategias para incrementar el tamaño de los fondos para el retiro y la posibilidad de que se participe en ofertas privadas podrían contribuir significativamente a la profundización de este sector.
1.2   Inversión
La ampliación de la capacidad productiva de la economía requiere de una provisión suficiente de capital físico, resultante de la inversión pública y privada. Las decisiones de la parte privada se toman considerando la rentabilidad futura de los proyectos, que a su vez depende, de otros elementos, como el estado de derecho, la competencia, la infraestructura y la capacidad productiva de los trabajadores, que se aborda en secciones subsecuentes y de la disponibilidad de financiamiento.
Por su parte, la inversión pública, al proveer de infraestructura y dotación de insumos estratégicos como la
energía, tiene un efecto transversal sobre la productividad de las empresas. Por un lado, al facilitar la conectividad de personas y procesos productivos, reduce los costos de transporte, favorece la formación de cadenas de valor a lo largo del territorio, permite el acceso a mercados más grandes y a la mejora en la distribución de bienes. De esta manera, genera altos retornos sociales y económicos especialmente en las zonas más rezagadas como en la región Sur-sureste del país. Por el otro, incide y potencializa el progreso de economías de aglomeración y aumenta la capacidad de movilidad, lo que posibilita una mayor eficiencia en la reasignación de trabajo y capital y las oportunidades de negocio en las regiones más remotas.
Además, resulta un mecanismo eficaz para incrementar en el corto plazo el empleo y estimular la demanda local; y, en el largo plazo, el crecimiento económico. Derivado de los potenciales efectos que tiene, se ha utilizado como estrategia para el rápido restablecimiento de la economía después del choque económico generado por el COVID-19.
La inversión en infraestructura también proporciona redes de distribución de agua y drenaje, que contribuyen a mejorar las condiciones de salud de la población. También asegura el suministro oportuno de insumos estratégicos a precios competitivos y es fundamental para mejorar la competitividad nacional del sector privado, ya que afecta directamente a las empresas y al desarrollo de regiones con altas capacidades productivas. Además para lograr un desarrollo sostenible se requiere que la gestión de los proyectos de infraestructura incluya criterios ambientales, económicos, financieros y sociales que garanticen su viabilidad en el largo plazo.
El pilar de infraestructura del Índice de Competitividad Global (ICG) del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) provee información sobre conectividad, calidad y cobertura en transporte, electricidad y agua. De acuerdo con este índice, si bien México cuenta con aeropuertos y carreteras con buena conectividad, su calidad y eficiencia ocupa el lugar 54 entre 141 países. Por otra parte, la eficiencia y conectividad de los servicios de transportación marítima y ferroviaria es baja, presentando rezagos importantes respecto a otras economías(17) (Ver Gráfica 6).
GRÁFICA 6. INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTES PARA MÉXICO, 2019

Para una muestra de 12 economías emergentes,(18) en 1995 la dotación de infraestructura de carreteras pavimentadas por habitante en México era cercana a la media. No obstante, el crecimiento de este tipo de obras fue más lento que en otras economías. Entre 1995 y 2014, el incremento en los kilómetros de carreteras pavimentadas por habitante creció en México a una tasa promedio anual de 0.6%, mientras que el promedio anual de los otros países de la muestra lo hizo al 1.9% (ver Gráfica 7).
 
En 2009, el número de subscriptores a servicio de Internet de banda ancha fija en México era de ocho por cada 100 habitantes, por debajo de la media de los países miembros de la OCDE de 23 por cada 100 habitantes. No obstante, entre 2009 y 2019 el incremento en el número de subscripciones creció en México a una tasa promedio anual del 8%, mientras que el promedio anual de los miembros de la OCDE fue de 4% (ver Gráfica 8). Una condición necesaria para incorporar la digitalización a la economía es contar con una conectividad de calidad por lo que se requiere que este avance continúe especialmente en las comunidades de menor tamaño.
Respecto a la provisión de agua, el crecimiento de este servicio ha sido inferior a las necesidades, dada la dinámica de crecimiento de la población. En 1970 había 10 mil metros cúbicos por habitante, para 2010 la provisión de agua disminuyó a tan sólo 4,230 metros cúbicos por habitante de acuerdo con el INEGI. En 2010 se demandaron 78.4 miles de millones de metros cúbicos de este recurso, lo que implicó utilizar 11.5 miles de millones de metros cúbicos de agua no sustentable para abastecer el total de las necesidades de la población de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). De continuar con esta tendencia, en 2030 harán falta aproximadamente 23 miles de millones de metros cúbicos. Esto pone en riesgo actividades económicas, como la agricultura, que usan intensivamente dicho recurso.
2.    Mercado laboral e innovación
El mercado laboral en México presenta diversas limitaciones estructurales que han impedido potencializar la capacidad productiva del factor trabajo y contribuir a superar los problemas de pobreza y desigualdad existentes. Algunos de los que destacan son la baja participación laboral especialmente de jóvenes y mujeres-, la alta informalidad, la subinversión en capital humano, falta de competencias laborales o incluso la exclusión por cuestiones de identidad. A continuación, se examina el estado actual de estos problemas, que en algunos casos se han exacerbado como resultado de la pandemia COVID-19, así como los mecanismos bajo los que operan.
2.1   Participación laboral
En las últimas dos décadas, la estructura poblacional en México ha significado una importante incorporación de personas al grupo de edad productiva (entre 15 y 64 años). Este cambio en su composición produce lo que se conoce como bono demográfico, ya que se incrementa la población potencialmente productiva, respecto de la que se encuentra en edad dependiente. Esto se traduce eventualmente en un mayor crecimiento, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas. No obstante, este bono no se ha traducido en un mayor crecimiento para nuestro país, debido a la baja participación laboral de mujeres y jóvenes, a la falta de desarrollo del capital humano y a la falta de oportunidades de trabajo con mayor productividad y salarios mejor remunerados. Esto último ha reducido la rentabilidad de la inversión en educación.(19)
Para 2020, de acuerdo con la estructura de la población en México, se tendrán 199 personas en edad de
trabajar por cada 100 en edad dependiente. Esta razón ha llegado a su máximo, lo cual implica que se está perdiendo la posibilidad de aprovechar el bono demográfico que desaparecerá en 2040, por lo que resulta prioritario aumentar la participación, así como las capacidades de la población que se incorpora al mercado laboral (ver Gráfica 9).
GRÁFICA 9. PIRÁMIDES POBLACIONALES DE MÉXICO

Fuente: CONAPO.
A pesar de que existe una gran cantidad de personas en edad de trabajar, la participación en el mercado laboral de mujeres y jóvenes se encuentra muy por debajo de su potencial. Durante 2019, los hombres adultos (entre 30 y 64 años de edad) fueron el grupo con mayor proporción de empleo (88.4%),(20) mayor incluso que la de los hombres más jóvenes (63.6%). Por su parte, la población de mujeres adultas tuvo una menor tasa (52.6%) que ambos grupos de hombres adultos y jóvenes- y las mujeres jóvenes tuvieron un nivel más bajo (37.1%) al de las mujeres adultas (ver Cuadro 1). Del total de personas ocupadas en México, el 60.9% correspondió a hombres y 39.1% a mujeres; y, 65.5% a adultos entre 30 y 64 años de edad y 28.2% a jóvenes de acuerdo con la ENOE 2019.(21)
CUADRO 1. SITUACIÓN LABORAL Y AÑOS DE ESCOLARIDAD POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD,
2019

Nota: Los datos reflejan el promedio de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo de los cuatro
trimestres del 2019.
Fuente: INEGI.
A partir de la aparición del COVID-19 y las restricciones a la movilidad se observó una disminución significativa en la población ocupada especialmente para la población más joven. Los hombres entre 15 y 29 años de edad presentaron una tasa de ocupación promedio del 49.4% durante abril, mayo y junio de 2020 14.2% menor a 2019-, mientras que las mujeres en el mismo rango de edad tuvieron una tasa del 28.9% en promedio durante el mismo periodo de acuerdo con la ETOE.(22) Por su lado, los hombres entre 30 y 64 años de edad presentaron una tasa de ocupación de 74.8% en promedio 13.6 % menor a 2019- durante el mismo periodo de tiempo y las mujeres en el mismo rango de edad de 44.8%.
A pesar de que la brecha de género ha disminuido ligeramente en términos de tasa de ocupación, las mujeres y los jóvenes continúan siendo los grupos menos favorecidos para obtener un trabajo, lo cual también tiene repercusiones sobre la productividad. Si una mujer decide trabajar o no depende generalmente de factores como la asignación del tiempo que le dedican al hogar, al cuidado de los hijos, así como a la división de tareas entre los miembros de la familia y al salario potencial en el mercado laboral. Las mujeres mexicanas desempeñan más de tres cuartas partes de todos los quehaceres domésticos y del cuidado de los niños,(23) lo que representa una de las mayores cargas de este tipo en comparación con el promedio de los países de la OCDE. Asimismo, la asignación de tiempo para el cuidado de los hijos es una de las mayores barreras para su participación laboral. En 2019, el 52.8% de las mujeres trabajaron teniendo un hijo de 15 años de edad, mientras que el 34.3% lo hizo con un hijo de 1 año de edad (ENOE).
Durante 2019 un 42.5% de las mujeres de 15 años y más de edad se encontraba en la población ocupada. Esta cifra es relativamente baja cuando se compara con países latinoamericanos como Perú (67.9%), Colombia (50.1%), Chile (47.8%) y Argentina (45.2%) de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En contraste, la población ocupada de los hombres mayores a 15 años de edad fue de 75.9% lo que implica una brecha de 33.4 puntos porcentuales con respecto a las mujeres (ver Gráficas 10 y 11).
Si México llegara a tener la misma población ocupada que tiene Argentina, se incorporarían 1.3 millones de mexicanas; si tuviera la participación de Chile serían 2.6 millones; si tuviera la de Colombia serían 3.7 millones; y si tuviera la de Perú serían 12.4 millones de mujeres adicionales.
México es uno de los países con jornada laboral más larga, en promedio, la población ocupada trabaja más de 40 horas a la semana, lo que es mayor a la media de los países de la OCDE.(24) Es por ello que factores como jornadas flexibles, acceso y disminución de costos de cuidados infantiles, y una distribución igualitaria de tareas dentro del hogar, podrían ayudar a aumentar la inclusión en el mercado de trabajo.

Derivado de las medidas de distanciamiento social a partir de la pandemia generada por el COVID-19, el trabajo remoto fue implementado por la mayor parte de empresas que desarrollan actividades que no requieren presencia física. La coyuntura actual catalizó este tipo de práctica, abriendo oportunidades a las
mujeres para incorporarse a un empleo. El teletrabajo bajo un esquema de distribución planificada, generalmente por objetivos y el logro de metas, puede conllevar a una mayor eficiencia del uso de la fuerza laboral. Sin embargo, hoy en día nos encontramos lejos de este modelo, ya que generalmente no existe planificación y los propios horarios laborales se traslapan con los de la vida doméstica y el cuidado de las personas dependientes o enfermas, así como la escuela en casa, que sobrecarga a las madres con el seguimiento de las clases y las tareas. Por ello existen retos en el desarrollo de políticas públicas y de organización empresarial para lograr realizar el trabajo a distancia bajo condiciones apropiadas y por objetivos, que provea de oportunidades reales a las mujeres.(25)
Mujeres con altas capacidades que no trabajan, podrían realizar un mejor desempeño que otras personas que actualmente ocupan un empleo. Existen ganancias productivas en las empresas cuando la diversidad laboral aumenta. En Estados Unidos, entre 1960 y 2010, la disminución en la segregación por raza y género aumentó en al menos 20% la producción agregada.(26) De esta manera, ampliar la participación de las mujeres generaría externalidades positivas en los mercados y ayudaría a cambiar la perspectiva de género. Asimismo tendría repercusiones positivas dentro del hogar al aumentar el ingreso y la riqueza, así como mejorar la educación y las capacidades de sus hijos desde edades tempranas.
Finalmente, también se ha demostrado que la diversidad de género en posiciones de alto nivel y actividades altamente productivas tiene implicaciones relevantes en la productividad de las empresas(27). Actualmente en nuestro país, menos del 10% de los puestos en los consejos de administración están ocupados por mujeres, porcentaje menor a lo observado en otros países de la OCDE(28). Por otro lado, también se observa que existe una baja participación en actividades altamente productivas, como las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) y las ciencias de la computación, pues sólo el 28% de las personas en el mercado laboral de este sector son mujeres(29). Por ello es necesario, promover políticas públicas y cambios de gestión dentro de las empresas, que conlleven a aumentar el número de mujeres en altos puestos directivos y en actividades de alta productividad que tienen un alto potencial para catalizar el crecimiento del país.
El incremento en la proporción de jóvenes que no estudian, no reciben algún tipo de entrenamiento y no trabajan es un fenómeno observado en los países de la OCDE, a pesar de que en general, han alcanzado mayor escolarización que los adultos.(30) Para el caso de México, en 2019, las personas entre 25 y 29 años de edad contaban con 1.8 años de estudios más que los adultos entre 30 y 65 años de edad. Al excluirlos del mercado laboral se deprecia su capital humano y, al no adquirir experiencia, se limita el desarrollo de sus capacidades y aumentan las barreras a la entrada en este mercado, con implicaciones negativas para la actividad económica.
En 2018, el porcentaje de personas entre 15 y 24 años que se encontraba fuera de la Población Económicamente Activa (PEA) y sin recibir estudios o capacitaciones fue de 18.4%. Este porcentaje aumenta considerablemente en el caso de mujeres al 28.6%. En países desarrollados, el porcentaje es considerablemente menor, como el caso de Alemania (5.9%), Singapur (4.1%), Reino Unido (10.5%) o Estados Unidos (13.7%). A pesar de que este fenómeno es más persistente en América Latina, México se compara negativamente con países como Bolivia (11.6%), Chile (15.9%) o Ecuador y Perú, ambos con 17.7% (OIT).
Para el caso de México, las expectativas limitadas de movilidad social y la falta de oportunidades laborales incrementan la vulnerabilidad de los jóvenes a incorporarse en actividades delictivas. Programas como Jóvenes Construyendo el Futuro permiten incrementar la compatibilidad entre capacidades que tienen y las necesidades de las empresas, a la vez que aumentan la formación de habilidades específicas en el trabajo. Igualmente, los programas de becas ayudan a mantener la permanencia en la escuela, incrementando la acumulación de capital humano.
2.2   Informalidad
El sector informal de la economía está formado por unidades dedicadas a producir bienes o proveer servicios que generan ingresos, pero que no cumplen con las normas establecidas para ejercer su actividad. No obstante, al considerar que se tienen unidades productivas establecidas en las que existen relaciones de empleo precarias o informales, ha sido necesario revisar la definición de empleo informal. Los trabajadores en este sector, al no tener los beneficios que brinda la Ley Federal del Trabajo, no ejercen plenamente sus derechos. Esto tiene un efecto sobre el desarrollo de las condiciones de salud, educación, riesgos de ingresos presentes y perspectivas de ingresos en la edad avanzada. Hoy en día más de la mitad de la población ocupada permanece en dicho sector, la mayor parte con ingresos por debajo de la línea de pobreza y sin prestaciones laborales.
 
Aunado a lo anterior, este sector se caracteriza por tener una productividad mucho menor que el formal, lo que junto con la ausencia de derechos laborales contribuye a empleos de baja remuneración. Se estima que la productividad de una empresa formal es 84% más alta, que una que no lo es de igual tamaño.(31) Este problema también limita la recaudación tributaria, ya que reduce la base impositiva, y con ello la capacidad de las finanzas públicas para llevar a cabo programas sociales e inversión en infraestructura.
Con información del INEGI, la Tasa de Informalidad Laboral no agropecuaria (TIL2)(32) ha oscilado entre niveles de 53.9% y 52.2% de 2008 a 2017, manteniéndose relativamente estable en la parte baja de este intervalo durante los últimos 5 años. Entre 2008 y 2017 esta tasa se redujo en 1.7 puntos porcentuales, lo cual se compara desfavorablemente con países pares como Colombia que tuvo una caída de 8.9 puntos porcentuales y Costa Rica una reducción de 4.2 puntos porcentuales en el mismo periodo, de acuerdo con datos de la OIT.
También, hay considerables disparidades entre regiones y grupos de género y de edad. La tasa de informalidad de la población en edad laboral es mayor en las mujeres (57.6%) que en los hombres (55.8%). Con respecto a las disparidades regionales, en 2019 la tasa de informalidad fue más alta en los estados más pobres como Oaxaca (81.4%) y Chiapas (74.5%), mientras que los menores índices se registraron en los estados del norte como Nuevo León (37.2%) y Coahuila (34.4%) (ENOE, 2019). Por ello, uno de los mayores retos en el proceso de desarrollo económico es incrementar la capacidad del sector formal para absorber a los trabajadores informales.
2.3   Capital humano
El capital humano puede ser definido como el conocimiento, habilidades, competencias y los atributos materializados en los individuos que facilitan la creación de bienestar personal, social y económico(33) y también puede incorporar elementos como las capacidades innatas y la salud de los individuos.
La mejora en la capacidad productiva de los trabajadores depende de las habilidades y de los conocimientos fundamentales, provistos generalmente por el sistema educativo y por el entrenamiento o la capacitación en el trabajo. Estas habilidades mejoran su estructura de pensamiento y su capacidad de resolución de problemas y contribuyen a procesos creativos, a la reducción de los tiempos para la ejecución de una actividad, al uso eficiente de los recursos y de las tecnologías existentes, entre otros. De esta manera, mejoras en la provisión y calidad de la educación y el acceso a la capacitación técnica permiten incrementar la productividad de las empresas donde se desempeña el trabajador.
México ha logrado tener una cobertura de educación básica casi universal. Sin embargo, de acuerdo a la OCDE, el porcentaje en 2018 de población entre 25 y 64 años de edad que terminó al menos la educación media superior fue de 39.1%, mientras que en países como Colombia este porcentaje fue de 55.2% y en Argentina fue de 63.6%. Además, únicamente el 18% de los mexicanos logró terminar la educación superior, a pesar de que México es uno de los países, con mayores retornos de ingreso en este nivel, en comparación a otros países de la OCDE.
En términos de calidad en la educación, los datos arrojados en 2018 por el examen PISA, indican que el 45% del estudiantado de 15 años en el campo de lectura, el 47% en ciencias, y el 56% en matemáticas, obtuvo el nivel más bajo en su desempeño (nivel 1). Alrededor de 1% de los estudiantes obtuvo un desempeño alto en matemáticas (nivel 5 o 6) mientras que en países como Corea este porcentaje fue de 21%.(34) De igual manera, según los resultados 2015 de la prueba PLANEA, en las localidades con grados de alta y muy alta marginación, entre un 61.8% y el 68.5% del alumnado de primaria obtuvo el nivel más bajo de aprendizaje en lenguaje y comunicación y matemáticas, respectivamente; en contraste con los estudiantes que viven en localidades de baja y muy baja marginación, donde fue de entre 34.2% y 48.8%, respectivamente.
De este modo, la falta de capacidades técnicas ha impedido cubrir la demanda laboral y esta problemática se ha incrementado con el tiempo. De acuerdo al análisis de la OCDE sobre las habilidades en México, en 2006 alrededor del 20% de los empleadores presentaba algún tipo de dificultad para llenar vacantes, mientras que en 2015, el porcentaje aumentó a 54%, donde el 24% reportó la falta de habilidades técnicas.(35) En México una gran proporción de los trabajadores no utilizan eficazmente sus competencias. Aproximadamente, el 26% de los trabajadores mexicanos están sobre calificados, mientras que cerca del 31% no está suficientemente calificado para su empleo.
Dentro de las competencias, el desarrollo de habilidades empresariales es un elemento determinante para el crecimiento de las MIPYMES, ya que les permite manejar de mejor manera su capital, mejorar su
organización interna o la calidad de sus productos. Las capacidades gerenciales explican un tercio de la diferencia de la productividad entre países.(36) Sin embargo, en México existe un rezago importante; en 2017 el 65.6% de las PYMES en México no se monitorearon indicadores clave de desempeño, mientras que en las empresas grandes 15.7% del total no realizó esta actividad. También, durante el mismo periodo, en el 39.0% de las PYMES, los gerentes y la mayoría de los trabajadores tenían conocimiento sobre los objetivos de producción, mientras que en las empresas grandes esta proporción fue de 44.8% del total. Además, no existe medición de la factibilidad de los objetivos de producción en las microempresas de acuerdo con la ENAPROCE.
La relación entre productividad y habilidades empresariales en México también es alta. Si aproximamos la medida de productividad con utilidad (ingresos por ventas menos gastos) por trabajador utilizando el Censo Económico de 2019, las microempresas son 2.3 veces menos productivas que las empresas pequeñas, 2.8 menos que las medianas y 3.5 veces menos que las empresas grandes. Estrategias empresariales, tal como implementar soluciones ante problemas en la producción es 1.6 veces más factible en una empresa grande que en una microempresa. La falta de habilidades empresariales, capacitaciones y otros factores que afectan la productividad también tienen repercusiones notables en el nivel salarial. Las grandes empresas en promedio tienen 4.8 salarios más altos que las microempresas (ver Gráfica 12).
La transformación digital está afectando la manera de vender, realizar pagos, proveer servicios y hacer negocios de las empresas. El COVID-19 ha fungido como catalizador sobre la escala y la velocidad de este cambio. De acuerdo con los Censos Económicos 2019, sólo el 2.1% de las microempresas realizaba ventas por Internet, el 18.7% de las PYMES y el 24% de las grandes empresas. El desarrollo de habilidades digitales a través de capacitación, el acceso a herramientas tecnológicas y la conectividad son factores necesarios para que más empresas puedan acceder a nuevos mercados, aumentar la competitividad y desarrollarse aún en situaciones de emergencia como la generada por la pandemia del COVID-19. El fortalecimiento de un mercado digital ofrece mayores oportunidades a las empresas para participar a nivel global y aprovechar las nuevas disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
GRÁFICA 12. PRODUCTIVIDAD Y HABILIDADES GERENCIALES, 2018
(Miles de pesos corrientes; el tamaño del círculo corresponde al personal ocupado)

Nota: El tamaño de la empresa se define por número de trabajadores, donde la microempresa tiene 0 a 10 trabajadores, la pequeña de 11 a 30 trabajadores, la mediana de 31 a 100 trabajadores y la grande tiene más de 100 trabajadores. La utilidad se aproxima por los ingresos de las empresas que provienen de ventas menos los gastos.
Fuente: Censo Económico 2019 y ENAPROCE 2018.
Además de la educación y la formación de habilidades y competencias, la salud también afecta la capacidad de los individuos para la creación de bienestar personal, social y económico en el capital humano. Por ello, también resulta necesario promover la salud, prevenir y detectar de manera oportuna las enfermedades, lo que contribuirá a reducir su impacto en la productividad y la asistencia laboral. Sobre todo, se deben fortalecer las medidas de prevención de enfermedades crónico-degenerativas como obesidad,
diabetes, hipertensión arterial, cáncer, enfermedades cardiacas, entre otras, que puedan aumentar la probabilidad de tener complicaciones graves de salud ante epidemias como el COVID-19.
Según la OCDE,(37) México tiene una de las tasas más altas de obesidad: casi uno de cada tres adultos son obesos. Las repercusiones sobre la economía son destacables: el sobrepeso representa el 8.9% del gasto en salud; y reduce la producción del mercado de trabajo en una cuantía equivalente a 2.4 millones de trabajadores a tiempo completo por año. Todo ello se traduce en que el sobrepeso reduce el PIB de México en un 5.3%, el mayor impacto registrado entre los países analizados en este reporte. Para abordar este tema, se han adoptado una serie de políticas como el etiquetado específico de alimentos en la parte frontal de los envases e impuestos sobre bebidas azucaradas y alimentos no esenciales con alto contenido calórico.
2.4   Innovación
La innovación entendida como la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos y prácticas que pueden aplicarse a la actividad productiva para hacer nuevos productos o procesos más eficientes y de mejor calidad, ha sido considerada como uno de los factores que más ha incidido en la generación de valor. La innovación provee de flexibilidad y capacidad de adaptación en una economía para competir a nivel global.
Promover el acceso a más empresas a la adopción y el desarrollo de tecnologías, especialmente a las pequeñas y medianas, permitirá aumentar la productividad. En 2017 solamente el 16.1% de las empresas de nuestro país desarrolló actividades de innovación con algún centro de estudio o institución del gobierno. Aunado a ello, solo se brindó apoyo público para la innovación al 26.9% de las PYMES con este tipo de actividades. En contraste, Corea brindó apoyos públicos al 50.6% de las PYMES de acuerdo con la OCDE. Una manera de incrementar la innovación de manera inclusiva es apoyar la implementación de centros de transformación industrial donde se desarrollen productos y servicios especializados mediante la creación y/o fortalecimiento.
El nivel de innovación determinará en el mediano plazo el despliegue exitoso de la industria 4.0, la cual integra sistemas de información digital en la automatización de procesos y flujos de manufactura inteligentes que engloben todas las etapas del desarrollo de productos y servicios. Con la implementación de estas tecnologías, México podrá consolidarse como un centro internacional de manufacturas complejas y de alto valor agregado. En 2018, el 21% del valor de las exportaciones de manufacturas mexicanas provino de bienes de alta tecnología,(38) porcentaje que se encuentra por debajo de países como Singapur, China, o Corea, que acumularon 51%, 31%, y 36%, respectivamente.
La protección de la propiedad intelectual a través de las patentes es un requisito fundamental para incentivar el avance tecnológico, ya que garantizan un derecho exclusivo de protección para utilizar y comercializar una invención. México ocupa la posición 59 entre 141 países en número de aplicaciones de patentes por millón de habitantes; mientras que países de la región, como Brasil, Uruguay y Chile ocupan las posiciones 58, 56 y 46, respectivamente de acuerdo con el Foro Económico Mundial (2019),(39) En 2019, los rubros en los que México obtuvo más patentes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) fueron las relacionadas con artículos de consumo (179); técnicas industriales (173); y, química y metalurgia (69). No obstante, solo el 5% de las patentes otorgadas durante 2019 fueron para mexicanos, siendo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) las principales instituciones en obtenerlas.(40)
3.    Estado de derecho, competencia y regulación
Las decisiones de inversión privada se realizan con base en la rentabilidad esperada de éstas y los riesgos que existen en su materialización. La rentabilidad de largo plazo de la inversión se ve beneficiada por factores como la estabilidad macroeconómica; el respeto de la ley, asegurando que nadie está por encima de ella; los niveles de seguridad pública y los derechos de propiedad; condiciones donde no es posible extraer privilegios, beneficios y rentas a través de actos de corrupción, de relaciones personales o de poder de mercado; un ambiente en que la regulación existente facilita la creación de nuevas empresas e inversiones y que no limita una competencia justa.
La ratificación del T-MEC va a dotar de certidumbre a las operaciones comerciales y a la inversión y fortalecerá el proceso de modernización del país, ya que conlleva nuevas disposiciones en materia de anticorrupción, propiedad intelectual, promoción de las MIPYME, economía digital, competitividad, laboral, medio ambiente, entre otras.
Dentro del entorno de negocios se identifican tres factores que tienen un efecto relevante sobre la productividad y en los cuales México presenta retos importantes: estado de derecho, regulación y competencia. A continuación, se examina el estado actual de estos factores, se explican los mecanismos a través de los cuales afecta la productividad y se analiza su estado en México.(41)
3.1   Estado de derecho
El estado de derecho puede ser entendido como los mecanismos, procesos, instituciones, prácticas y
normas que sostienen la igualdad de los individuos frente a la ley y aseguran que no exista un uso arbitrario o discrecional de ésta en favor de algún individuo, empresas o gobierno, proveyendo de seguridad jurídica. En este sentido el estado de derecho provee certeza en los derechos de propiedad y en las relaciones contractuales, comerciales y laborales; protege los derechos humanos; limita los espacios de corrupción, inseguridad e impunidad; asegura el cumplimiento regulatorio y asegura el funcionamiento de la justicia penal y civil. Estas características tienen un efecto sobre la dotación de factores y su eficiencia en la producción. En general cuando éstas son disfuncionales crean incentivos inadecuados que repercuten a la productividad e incrementan los costos para las personas y las empresas.
El respeto a los derechos de propiedad y la protección legal ayuda a que más empresas productivas se beneficien de hacer negocios y reciban una compensación adecuada por sus productos o servicios. La debilidad en esta característica genera que grupos rentistas quieran apropiarse de forma ilegítima de las ganancias de unidades más productivas. Por otra parte, la certidumbre en la propiedad intelectual garantiza que las innovaciones en productos o procesos beneficien a aquellos que las originaron y recompense la generación en nuevos descubrimientos en el futuro. De este modo, indirectamente se fomentan cambios tecnológicos que pueden aumentar la competitividad de una industria y tener repercusiones positivas para la economía en general.
La corrupción, como un desvío de recursos públicos a fines privados, tiene un efecto negativo directo sobre la productividad, creando una mala asignación de factores de producción, cuando las empresas y personas reciben privilegios y beneficios que no están asociados a su desempeño ni de acuerdo con las leyes y regulaciones establecidas. La corrupción en nuestro país ha sido el principal inhibidor del crecimiento económico. Ésta genera elevados costos al permitir la aplicación discrecional de la ley y del acceso a derechos, y a bienes y servicios públicos, fomenta la evasión fiscal y reduce la eficiencia del gasto público, generando condiciones inequitativas en la vida diaria y en el funcionamiento de las personas y las empresas, obstaculizando su desarrollo.
El crimen, otras actividades ilegales, la inseguridad y la impunidad generan elevados costos económicos. La inseguridad, la delincuencia y la violencia tienen un costo inaceptable en vidas humanas y costos materiales, inhiben el crecimiento económico y debilitan la confianza de la población en su país. Adicionalmente, en una situación de precariedad laboral, pobreza y desigualdad, la rentabilidad de las actividades ilegales y la impunidad crean incentivos para que parte de la fuerza de trabajo se dedique a estas ocupaciones, desviando trabajo a actividades con fuertes efectos negativos sobre la productividad.
El Proyecto de Justicia Mundial, en su informe 2019, señala que nuestro país en 2017 tuvo una baja calificación en siete de las ocho dimensiones que analiza sobre el estado de derecho: 1) límites al poder gubernamental, 2) ausencia de corrupción, 3) derechos fundamentales, 4) orden y seguridad, 5) cumplimiento regulatorio, 6) justicia civil y 7) justicia criminal; y, en cuatro de ellos (justicia penal y civil, ausencia de corrupción y orden y seguridad) es de los países con las peores evaluaciones en comparación con otros 126 países estudiados. En el factor de ausencia de corrupción, México ocupó el lugar 117 de los 126 países evaluados. A nivel regional, en América Latina y el Caribe, México ocupó el lugar 26 de 30 países. Las instituciones del país requieren de mayor solidez y existe un elevado margen para mejorar el estado actual (ver Gráfica 13).
GRÁFICA 13. ÍNDICES DE ESTADO DE DERECHO, 2019: COMPARATIVO INTERNACIONAL
(Índices del 0 al 1)
 

Nota: Un índice menor refleja un menor estado de derecho. El máximo puntaje posible es 8.
Fuente: Proyecto de Justicia Mundial.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), en 2017, los costos asociados a actividades criminales para las empresas también fueron elevados, y representan alrededor de 0.86% del PIB. Las pérdidas se estiman en 155.8 mil millones de pesos (mmdp), siendo los principales delitos el robo de vehículos, el secuestro y el robo de mercancías en tránsito. En 2017 solamente se denunció el 15.7% de los delitos, de los cuales 85.6% terminó en una averiguación o carpeta de investigación. En 2018, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), en el país se cometieron 33 millones de delitos al año, y alrededor del 67% de la población mayor a 18 años considera a la inseguridad como el problema más importante. Además, se presentaron 5.7 millones de extorsiones a nivel nacional.
La experiencia internacional muestra que los países que mejores resultados han obtenido en reducir la corrupción fueron aquellos que pusieron más énfasis en condenar los delitos relacionados a ésta y propusieron políticas públicas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Las acciones que ha tomado el actual gobierno han ido en este sentido y la percepción de corrupción entre los mexicanos ha mejorado. De acuerdo con la edición 2019 de los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, México aumentó su posición en relación a otros países de 19.2 en 2018 a 22.6 en 2019. Asimismo de acuerdo al ranking del Índice de Percepción de Corrupción generado por Transparency International, en 2019, nuestro país mejoró 8 lugares respecto a su posición relativa de 2018 (posición 138). Finalmente, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto de INEGI el porcentaje de la población que percibió actos de corrupción de algún servidor público en los trámites que realizaron disminuyó de 47.5% en 2017 a 44.2% en 2019.
Un rezago importante dentro del estado de derecho son las relaciones contractuales laborales. En materia de derechos colectivos, se debe mejorar la capacidad formal de representación sindical. Kaplan y Sadka(42) mencionan que el 76% de los contratos colectivos de jurisdicción federal son de protección patronal y más del 50% de los laudos favorables al trabajador no se cumplen. En este mismo sentido, se requiere atender la dimensión de efectividad de un trabajo digno para ampliar el acceso a la justicia, así como una inspección estratégica y coordinada para vigilar el cumplimiento de los diversos derechos de las y los trabajadores.
La implementación de la reforma laboral(43) permitirá impulsar un nuevo modelo de justicia en este ámbito, donde se haga efectivo el derecho a la libertad sindical, se judicialice la justicia laboral y se garantice la imparcialidad de los procesos a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. También, contempla mejoras administrativas mediante la digitalización de documentos y la revisión y armonización de los contratos colectivos. Por otro lado se utilizará una plataforma que servirá para agilizar y facilitar la gestión de procesos de conciliación perjudicial que permitirán una mayor eficiencia y eficacia en los procesos laborales.
En conjunto, la implementación de la reforma laboral contribuirá mejorar la velocidad de resolución de los conflictos, a disminuir los costos monetarios asociados, con beneficios para las empresas y los trabajadores. Con más democracia sindical y la reducción de paros injustificados de los sindicatos, así como de despidos
injustificados de los trabajadores, se anticipa que disminuyan las fricciones en el mercado laboral, lo que impactará positivamente en el empleo formal. También, las empresas tendrán mayor certeza sobre sus obligaciones, lo que genera certidumbre a la inversión y reducirá los riesgos de pagos adicionales por corrupción.
3.2   Competencia económica y mejora regulatoria
Cuando las empresas tienen poder de mercado y pueden determinar precios e imponer diversas barreras a la entrada a otras empresas competidoras, se afecta la asignación eficiente de recursos en la economía, la eficiencia de las empresas, la innovación y la adopción tecnológica. Las barreras a la entrada impiden que empresas con un potencial productivo mayor accedan al mercado o se puedan desarrollar. Por otra parte, la falta de competencia en sectores que contribuyen a la asignación de recursos, a la provisión de insumos de producción --como telecomunicaciones y transporte-, tiene un efecto pernicioso transversal sobre la economía. Todos estos factores afectan negativamente a la productividad, además de que generan daños colaterales en la sociedad, como es profundizar la desigualdad del ingreso y la creación de grupos de poder, con capacidad para influir en las políticas públicas en perjuicio del grueso de la población.
Son distintas las causas por las cuales existe poca competencia económica en México, e incluyen desde los altos costos iniciales de inversión, poder de mercado de algunos agentes económicos, pasando por leyes o regulaciones mal diseñadas o aplicadas, que limitan la participación de competidores, la colusión entre empresas, hasta el control de redes de distribución y barreras de entrada a nuevos actores en los mercados. Estas causas no son mutuamente excluyentes y para el caso de México se presentan al mismo tiempo en sectores que son estratégicos para el desarrollo nacional, como son: el agroalimentario, telecomunicaciones, gas y transporte. Por su parte, en el sector de servicios financieros existe un alto nivel de concentración y una alta rentabilidad asociada con competencia monopolística que no está relacionada con su eficiencia, y se mantiene a través de barreras a la entrada y asimetrías de información.
En el sector energético, la COFECE se ha pronunciado por fortalecer la infraestructura y logística relacionada con la distribución de combustibles. Por un lado, sugiere garantizar y facilitar el acceso a la infraestructura de ductos y almacenamiento de diésel y gasolina, y por el otro, recomienda promover la construcción de nueva infraestructura; además, de eliminar barreras normativas para fomentar la competencia en la cadena logística de estos combustibles y suprimir las restricciones normativas de todos los órdenes de gobierno, con la finalidad de permitir el establecimiento de nuevas estaciones de servicio en los diversos mercados.(44)
En el sector transporte, los servicios ferroviarios también presentan áreas de oportunidad en materia de competencia económica. Después de la privatización del sector en 1996 no hubo una separación estructural entre vías y trenes, y claridad en la determinación con criterios de competencia en los derechos de paso y de arrastre entre los concesionarios ferroviarios, lo que incrementa los costos de transporte y desperdicia la red existente.(45) De acuerdo con la COFECE(46) persisten problemas de competencia en el sector, ya que 72.3% del total de vías férreas son controladas por dos participantes, que fijan los precios asociados al derecho de paso y generan restricciones a la operación de vías y servicios, así como barreras a la entrada de nuevos participantes.
La baja conectividad entre las redes ferroviarias concesionadas genera altas tarifas no asociadas a costos y prevalecen incumplimientos de los términos acordados entre las partes. Por ejemplo, si la carga requiere cambiar de concesionario en el último tramo, la tarifa incrementa en promedio 8.3 veces. Los litigios y desacuerdos entre las empresas han sido un obstáculo para aprovechar las sinergias.(47)
Estos obstáculos a la competencia se reflejan en los indicadores de regulación del mercado de la OCDE,(48) en los que México presenta mayores barreras a la competencia que el promedio de países miembros y que economías latinoamericanas como Chile y Colombia (ver Gráfica 14).
GRÁFICA 14. INDICADORES DE REGULACIÓN DEL MERCADO, ENERO 2018
(Por país y sector)
 

Nota: Los indicadores de regulación de mercado miden las barreras a la entrada y la competencia en ciertos sectores. Un índice menor implica menores barreras a las barreras a la entrada y viceversa.
Fuente: OCDE.
En materia de mejora regulatoria, México tiene una importante área de oportunidad especialmente a nivel local. El Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria, publicado por el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria indica que el avance general en términos porcentuales en mejora regulatoria, que contempla mejoras en el marco normativo, en la fortaleza institucional y en el uso de herramientas, se distribuyó en 2019 en los distintos niveles de gobierno de la siguiente manera: 86% a nivel federal (80% en 2018), 51% en las entidades federativas (43% en 2018) y 29% en los municipios (24% en 2018).
Una de cada cinco unidades económicas considera que realizar trámites, atender normas, licencias, permisos o inspecciones gubernamentales, representó un obstáculo para lograr sus objetivos de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (2016). Con base en el informe Doing Business 2020,(49) el cual evalúa la facilidad para hacer negocios en 190 países, México se encuentra en la posición 107 en el indicador de facilidad para abrir una empresa, debido a que los trámites requeridos toman 8 días para su realización. En cuanto a la facilidad para obtener permisos de construcción, México se encuentra en el puesto 93 de 186 países, ya que el otorgamiento de los permisos toma 82 días en promedio.
4.    Divergencias sectoriales y regionales
4.1   Divergencias regionales
México es una de las naciones que presenta mayores contrastes en el mundo, pasando de la opulencia a la pobreza extrema en un mismo territorio. El desarrollo económico de México se ha caracterizado por importantes divergencias entre regiones del país en términos de ingreso y bienestar de la población. Estas diferencias se han profundizado en el tiempo, con las regiones con mayor ingreso creciendo a tasas más altas que las regiones más pobres. Uno de los factores que lo genera son los niveles desiguales de productividad, lo que desaprovecha la posibilidad de crear un mercado interno más amplio y complementariedades productivas entre las regiones. Desarrollar estrategias que no atiendan la desigualdad genera en el largo plazo costos sociales elevados condiciones de violencia e inseguridad- y menores tasas de crecimiento.(50)
El porcentaje de la población en condiciones de pobreza que vivía en la región Sur-sureste en 2018 fue del 54.9%, mientras que en la región Noroeste fue de 27% (ver Gráfica 15). Las reducciones de pobreza regional también han sido desiguales, en la región Sur-sureste el porcentaje de la población en esas condiciones, no presentó cambios entre 2008 y 2018, mientras que en las regiones del Bajío y el Noreste se redujo en 6 puntos porcentuales (CONEVAL). Por otro lado, entre 2008 y 2018, el PIB per cápita decreció en la región Sur-sureste (alrededor de 12.3% acumulado), mientras que la región del Bajío, a pesar de haber sido la segunda región con menor PIB per cápita en 2008, fue la que mayor incremento obtuvo- 20.9% acumulado. Desde 2008 el Bajío ya presentaba niveles menores de bienestar que las regiones Centro y Sur-sureste y experimentó un mayor nivel de desarrollo industrial y capacidades productivas (ver Gráfica 16).
Las políticas públicas enfocadas a reducir la desigualdad no han sido suficientes para cambiar esta situación, ya que más de 50 millones de personas continúan viviendo en condiciones que no les permite salir adelante. Por lo tanto, resulta necesario complementar estas políticas con estrategias que incrementen los ingresos y la productividad en las regiones más rezagadas.
 
El índice de complejidad económica es una medida que aproxima las capacidades productivas capital físico y humano, instituciones, entre otras- de sectores, regiones y países, a través de la canasta de bienes exportados por el país. Estas capacidades son relevantes para organizar la multiplicidad de conocimientos requeridos para la producción y refleja su utilidad para el funcionamiento en una economía. Por ejemplo, se requiere de coordinación y de capacidad para combinar conocimientos entre personas dedicadas a distintas actividades, como diseño, finanzas, manejo de personal, transporte, operaciones y de comercio, entre otras, para generar y comercializar productos. La complejidad considera dos dimensiones: la diversidad y el grado de especialización que requiere la producción. De esta manera, un país es considerado complejo si exporta productos cuya elaboración requiere un alto grado de especialización y una alta variedad de insumos.(51)
A nivel internacional el nivel de complejidad económica presenta una alta varianza entre los países. Mientras que algunas naciones tienen altos niveles de complejidad como Japón, otras tienen menores capacidades productivas como Colombia. [Ver Gráfica 17]. Esta variación también se observa al interior del país y está asociada a las tasas de crecimiento de sus regiones. En general, las entidades en México con mayor índice de complejidad económica han logrado obtener mayores tasas de crecimiento (ver Gráfica 18). Elevar los niveles de complejidad en regiones más rezagadas puede generar aumentos en la productividad y complementarse con los programas de bienestar. Para ello será necesario identificar sus capacidades productivas y conforme a éstas impulsar actividades asequibles pero más complejas.
 
Aumentar la complejidad de una región implica mejorar el grado de conocimientos y especialización en la generación de sus productos, así como la variedad de bienes y servicios que genera. Algunas de las capacidades necesarias para elaborar un producto generalmente son parecidas a las que se requieren para producir otros similares. De esta manera, para transitar hacia habilidades más complejas se debe partir del conocimiento productivo que posee la región y aplicarlo en la elaboración de productos similares más complejos, que aún no se producen. Promover estas condiciones especialmente en las zonas más rezagadas- permitiría que las regiones tengan mayores posibilidades de acceso a mercados nacionales e internacionales, lo cual propiciaría la reducción de brechas regionales.
De acuerdo con el Atlas de Complejidad Económica para México y el INEGI, los estados que tienen mayores niveles de complejidad también presentan mayores niveles y tasas de crecimiento en sus exportaciones. Por ejemplo, Coahuila es uno de los estados con mayor nivel de complejidad, cuya tasa anual de crecimiento en sus exportaciones entre 2014 y 2019 fue del 6.4%, posicionándolo como uno de los estados con mayor nivel de exportaciones (11.8% del total nacional en 2019). Por otra parte, Chiapas redujo sus exportaciones durante el mismo periodo, y su nivel de complejidad económica es de los más bajos (ver Gráfica 19).
GRÁFICA 19. TASA DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 2014 - 2019, NIVEL DE
EXPORTACIONES Y DE COMPLEJIDAD DE 2018
(El tamaño del círculo % de las exportaciones estatales respecto al total nacional de 2019)
 

Otra condición necesaria para lograr una mejor integración de los mercados en las zonas más pobres y reducir las brechas es el desarrollo de infraestructura. En México existe una alta disparidad en la dotación y calidad de la infraestructura de transporte y logística, particularmente en la región Sur-sureste. Esto ha generado que en nuestro país todavía existan alrededor de 12% de localidades con bajo o muy bajo grado de accesibilidad (CONEVAL, 2010). En 2015, la proporción de caminos pavimentados en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca fue de 30%, mientras que en Nuevo León fue de 70%.(52) Además, en 2019, en el sur del país la velocidad promedio en las carreteras fue menor a 50 km/hora de acuerdo con el INEGI (ver Gráfica 20). La calidad de la infraestructura es una condición necesaria para incrementar el acceso a servicios y mercados, reducir los costos de transporte, y atraer el turismo y la inversión privada, especialmente cuando ésta se complementa con la provisión de insumos estratégicos, mayor capital humano y una mejor focalización de la producción hacia productos complejos. Además la provisión de infraestructura en esta región tiene el potencial de proveer conectividad a las comunidades más rezagadas, impulsar el crecimiento económico y social y mitigar las brechas existentes.
GRÁFICA 20. INFRAESTRUCTURA TERRESTRE: RED DE CARRETERAS, VÍAS FÉRREAS Y PUERTOS
DEL SURESTE
(Red de carreteras, vías férreas y puertos del sureste)

Nota: Última versión disponible a septiembre 2020.
Fuente: INEGI (2019).
El acceso de la población a los servicios de telecomunicaciones contribuye a disminuir las divergencias de desigualdad regional. En 2019, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), el 76.6% de la población urbana era usuaria de Internet, mientras que en las zonas rurales dicha proporción disminuye al 47.7%. Como parte de las acciones
para reducir la brecha digital se impulsa el proyecto de la Red Compartida que permitirá en el 2024 dar cobertura tecnológica al 92.2%(53) de la población con servicios de Internet, telefonía y banda ancha. En especial, la actual administración solicitó que de dicho porcentaje se incluya para el año 2022 un 7.2% de cobertura social,(54) lo que significa un beneficio para más de 82 mil comunidades de menos de 250 habitantes y más de 10 mil localidades de entre 250 y 5 mil habitantes, que tendrán acceso a los servicios de telecomunicaciones. Una mayor cobertura en banda ancha especialmente en las zonas más rezagadas permitirá incrementar el acceso a la educación, capacitación, comercio digital y a servicios financieros, factores indispensables para reducir las brechas regionales.
4.2.  Integración de cadenas de valor
A nivel sectorial, resulta difícil determinar las industrias con mayor potencial de crecimiento en las que se deba focalizar el esfuerzo gubernamental. Sin embargo, las empresas que participan en las cadenas globales de valor, son canales importantes para aumentar las capacidades productivas del país, debido al intercambio de conocimiento que tienen con otras industrias y países. Esto les permite el acceso a nuevos sistemas de producción y tecnologías, además de verse incentivadas a mejorar su calidad y disminuir sus costos con el objetivo de incrementar su competitividad respecto a las empresas extranjeras. Estas industrias generan externalidades positivas, ya que propician que otras actividades productivas se desarrollen en la región, aumentan las redes comerciales y el empleo. Es por ello, que la estrategia a nivel sectorial se enfocará en las empresas con potencial de encadenamiento productivo, con el fin de alcanzar un mayor valor agregado (e.g. sectores relacionados con la fabricación de maquinaria y equipo en computación, comunicación y equipos electrónicos, así como en las industrias aeroespacial y automotriz, entre otros). Para acceder a estas cadenas de valor se requiere contar con un nivel de calidad y volumen de producción adecuado que demandan los mercados, por lo que es necesario aumentar el acceso a nuevas tecnologías y procesos técnicos y proveer de acompañamiento y certificaciones a las empresas.
Aumentar el nivel de valor agregado nacional en los bienes producidos en estas cadenas de valor es un reto por resolver. En 2015 el 46.9% del valor agregado de las exportaciones de manufacturas del país provino del extranjero, mientras que en países como Corea fue de 35.5% y Estados Unidos llegó a un mínimo de 15.6%. Por su parte, México contribuyó solamente con un 7% de valor agregado doméstico del total de las exportaciones de manufacturas de sus socios comerciales, mientras que países como India o Canadá lograron alrededor del 10% y Japón llegó a un máximo de 19% de acuerdo con la OCDE.
El crecimiento del valor agregado de cada sector también presenta una correlación positiva con el aumento en la dotación de factores, la productividad total de los factores y el nivel de complejidad. Para el caso de México, la industria manufacturera es una de las más complejas. Sin embargo, entre 1993 y 2018, la tasa de crecimiento promedio anual del valor agregado fue de 2.3%, lo que es menor al promedio de los sectores. A pesar de su alta complejidad y el aumento en su dotación de factores, su productividad decreció --en promedio 0.4% cada año. Los servicios financieros por su lado, presentan un alto nivel de complejidad y productividad durante el mismo periodo en promedio 0.5% cada año-, por arriba del promedio nacional, y una elevada variación en la dotación de factores -- 7.1% en promedio cada año-, siendo uno de los sectores con mayores ganancias en valor agregado -- 8.6% en promedio cada año. Por otra parte, la agricultura tuvo un incremento en el valor agregado -- 1.9% en promedio cada año-, por debajo del promedio a nivel nacional, a pesar de haber obtenido aumentos en su productividad -- 1.0% cada año-, en comparación con el promedio otros sectores. Ésta pertenece a los sectores con menores niveles de complejidad y de baja acumulación de factores una tasa promedio anual de 1.0% (ver Gráfica 21).
GRÁFICA 21. VARIACIÓN PROMEDIO EN LA PTF Y FACTORES DE LA PRODUCCIÓN, 1993-2018
(% y el tamaño del círculo representa el crecimiento promedio anual del valor agregado)
 

En general, la reconfiguración de las cadenas globales de valor es una oportunidad para que más empresas en México puedan integrarse en nuevos procesos, más sofisticados y con mayor valor agregado, ya que nuestros productos cuentan con acceso preferente al mercado de América del Norte. Además, con la ratificación del T-MEC aumentan los incentivos para fortalecer las cadenas de valor ya que las empresas tendrán que evaluar y replantear sus cadenas de suministro con el fin de identificar cuáles son las mejores alternativas para aprovechar y cumplir con las nuevas disposiciones del tratado. Esto se podría traducir en una mayor eficiencia de costos y en mayor productividad.
Se espera que con el T-MEC y otros tratados comerciales, se incremente la inversión nacional y extrajera debido a que ahora se cuenta con mayores índices de valor de contenido regional (VCR) que son un estímulo para crear cadenas de suministro regional. En el sector automotriz se ha elevado la exigencia de contenido regional tanto en el T-MEC (75% en 2023 frente al 62.5% del TLCAN) como con otros tratados comerciales (con Brasil es del 40%), lo que favorece la proveeduría, la producción y la comercialización de vehículos entre los países participantes. Las variaciones tanto a nivel regional como sectorial que observamos en nuestro país requieren ser atendidas mediante políticas que tomen en cuenta las disparidades en las condiciones iniciales de los diferentes territorios, por lo que se priorizará la integración de todas las personas a lo largo del territorio para que la prosperidad sea compartida.
5. Objetivos prioritarios
5.1. Objetivo prioritario 1: Incrementar la dotación de los recursos de la economía nacional y mejorar su asignación
Relevancia
La capacidad de producción de la economía está determinada por la dotación de los factores de capital y trabajo, así como su asignación eficiente. Las ganancias se pueden lograr a través de la reasignación de recursos hacia los sectores, industrias y actividades más eficientes.
En la medida en que el sector financiero capte una mayor cantidad de recursos, tal que aumente la profundidad de éste, se podrán canalizar hacia proyectos productivos que estimulen el crecimiento económico y el bienestar de la población. Más recursos pueden ser asignados al mercado financiero a través de la ampliación de mecanismos que permitan a más empresas y personas acceder este mercado a través de estrategias de inclusión financiera. Es por ello que se continuará fomentando la participación de instituciones del sector FINTECH y del sector de ahorro y crédito popular para el financiamiento de nuevas empresas que no tienen acceso al crédito bancario. Se fortalecerá la infraestructura bancaria física y tecnológica, particularmente en las regiones más rezagadas.
Una estrategia para lograr que el capital se asigne a las empresas más productivas es incidir en la competencia del sector financiero, lo cual es atendido en el objetivo 4 de este programa y se complementa
con este objetivo. Una mayor competencia genera incentivos para que el sector financiero asigne recursos a las empresas más productivas. En México este tipo de empresas no necesariamente tienen un mayor acceso al crédito. En 2013, con datos de INEGI, el 7.1% de las empresas más productivas del país tuvo acceso al crédito bancario, nivel similar al que obtuvieron las empresas menos productivas  (6.4%). También, García-Verdú y Ramos-Francia  encontraron que la banca comercial otorgó mayores recursos a sectores con mayor concentración de mercado, en lugar de canalizarlo a los de mayor productividad.
Algunos avances en materia de inclusión ya se han materializado, como son las reformas realizadas en marzo de 2020, que permiten a los jóvenes de 15 a 17 años abrir cuentas de depósito en bancos comerciales. Las transferencias del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro se han dispersado a través de mecanismos digitales que además de aumentar la inclusión financiera, aceleran el uso de la infraestructura de los sistemas de pagos digitales. Asimismo, se incorporaron temas de educación económico-financiera en los planes y programas de estudio del sistema educativo nacional a nivel básico.
Además de las estrategias y acciones específicas plasmadas en este programa, para lograr una mayor profundización del mercado financiero en el mediano y largo plazo, la SHCP junto con otras dependencias e instituciones han implementado una serie de acciones para mantener el buen funcionamiento del sistema financiero y asegurar la provisión de crédito para las empresas y las familias durante la contingencia sanitaria y económica derivada del COVID-19.
En México, la tasa de ocupación de las mujeres es bajo, en comparación con otros países de desarrollo similar. Esto afecta la dotación del factor trabajo y de capital humano en las empresas, ya que un gran número de mujeres se dedica a actividades relacionadas con el cuidado de su familia y hogar. De ahí la importancia de incorporar a un mayor número de ellas al mercado laboral, ya que en 2019 sólo cuatro de cada 10 mujeres se encontraban trabajando (OIT). De acuerdo al estudio de la OCDE,(55) una disminución de la mitad de la brecha laboral actual entre hombres y mujeres para el año 2040 tendría un impacto en el crecimiento del ingreso per cápita de casi 0.2 puntos porcentuales cada año. Asimismo, persiste un problema en la inserción laboral de las y los jóvenes debido a la falta de capacitación que inhibe su participación en el mercado laboral formal.
La implementación de acciones incentivará la incorporación de mujeres al mercado laboral, mediante una mayor infraestructura de los centros de atención y educación a la primera infancia y una nueva cultura organizacional. También, con el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro se abrirán espacios para la capacitación y el desarrollo de habilidades que les permita desarrollar su talento y comiencen su vida laboral.
Otro factor que incide sobre la dotación del trabajo es la informalidad, que se caracteriza por tener una productividad menor que la del sector formal, además no cuenta con derechos laborales. Aunado a lo anterior, las empresas informales tienen incentivos negativos para formalizarse, ya que captan una proporción de capital y mano de obra similar a las empresas más productivas (Levy, 2018). Esto se debe a que estas empresas no contribuyen a la seguridad social, ni al pago de sus obligaciones fiscales.
Las acciones del PEPC contemplan esquemas de asesorías para profesionalizar a los contribuyentes y promover su incorporación al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), así como estrategias de coordinación entre dependencias y entidades para fomentar la formalidad de las empresas y los trabajadores.
5.2. Objetivo prioritario 2: Impulsar el acceso a mecanismos que permitan la creación de nuevas empresas y mejorar la productividad de las ya existentes en nuestro país
Relevancia
Promover condiciones e incentivos para que las empresas existentes desarrollen procesos más productivos y para que entren nuevas firmas, más eficientes, sustituyendo a aquellas menos productivas, son dos de los márgenes a través de los cuales es posible incrementar la producción del país.(56)
Una limitación para aumentar la productividad de las empresas existentes es la falta de acceso al crédito y servicios financieros, especialmente para las MIPYMES y para la población rural y de bajos ingresos. Según datos de la CNBV, en 2017, solamente 9.9% de las unidades de producción agropecuarias obtuvieron algún crédito o préstamo para financiar sus actividades. Para atender estas deficiencias, de manera coordinada con el PRONAFIDE se establecerán las estrategias que lograrán, entre otras cosas, asegurar los recursos financieros necesarios para las empresas.
Cuando empresas tienen menos acceso a fuentes de financiamiento como las MIPYMES en México- puede limitar el uso de ciertas tecnologías disponibles para la producción o la inversión en bienes de capital intangible, ya que en ocasiones no es posible cubrir los costos fijos de la inversión inicial.(57) Por esa razón,
las empresas seleccionan proyectos productivos menos riesgosos y con un plazo de inversión menor, ante la imposibilidad de diversificar sus riesgos, afectando su eficiencia y crecimiento. Esto limita a las empresas a utilizar otras fuentes de financiamiento como lo son sus proveedores o el financiamiento informal que aumenta el costo y los riesgos del mismo.
Uno de los principales propósitos de la banca de desarrollo es subsanar estas fallas, cuidando que sus acciones no generen riesgos financieros, ni distorsiones en los mercados de crédito. Su objetivo es impulsar el crecimiento económico y el bienestar social, ofreciendo un mayor financiamiento y servicios a los sectores y actividades económicas que enfrentan limitaciones de acceso. En particular, se buscará atender a las nuevas MIPYMES con potencial productivo y a la población con bajos ingresos.
Asimismo el acceso a financiamiento a nuevas empresas y a empresas altamente productivas pero que enfrentan barreras a la entrada a estos mercados es necesario para aumentar su productividad. Con la iniciativa para fortalecer el sistema de pensiones, que por un lado permitirá aumentar los fondos para el retiro y, por el otro, busca profundizar el mercado de capitales, mediante las iniciativas para flexibilizar el régimen de inversión de las Sociedades de Inversión de Fondos para el Retiro (SIEFORE) se beneficiará sobre todo a las empresas nuevas y aquellas altamente competitivas.
Por otra parte, el desarrollo de educación financiera y capacidades gerenciales permitirá a las empresas asignar de mejor forma sus recursos para fomentar su crecimiento. Durante 2017, sólo el 15.3% de las empresas impartieron capacitación a sus empleados y una alta proporción de ellas, no generó soluciones ante los problemas que enfrentaron de acuerdo con la ENAPROCE.
Los emprendedores e inversionistas requieren de información oportuna sobre las oportunidades de inversión en industrias y sectores con potencial de crecimiento y, con ello, planear proyectos de mediano y largo plazo. En ese sentido, se propone el desarrollo de una plataforma digital en materia de productividad económica que contenga información sobre la dinámica económica; las necesidades de infraestructura, conectividad logística y vías de comunicación; así como la disponibilidad de capital y mano de obra.
La creación y crecimiento de empresas formales se logrará mediante un marco regulatorio que reduzca y simplifique los trámites administrativos. En 2017 las microempresas no deseaban crecer debido a los costos que genera la gestión de trámites de acuerdo con la ENAPROCE. Por lo que es preciso contar con un marco regulatorio innovador, sólido, abierto y transparente que brinde certidumbre y confianza para participar en el mercado.
5.3. Objetivo prioritario 3: Impulsar la productividad general de la economía nacional a través de estrategias que mejoren el capital humano, la infraestructura y la innovación para aumentar el bienestar de las personas y empresas
Relevancia
La inversión en capital humano es fundamental para mejorar las competencias y habilidades de la población. En 2018 la educación promedio fue de 12.6 años, ajustado por calidad, el promedio fue de 8.6 años, lo que es similar al nivel observado en 2010 (8 años), lo que demuestra que no ha habido un avance y limita su desempeño laboral de acuerdo con el indicador de capital humano del Banco Mundial.
Las acciones que se realizarán incluyen el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales, así como aquellas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. También, para aprovechar las ventajas tecnológicas se impulsarán las competencias digitales altamente productivas.
De igual manera, la calidad de la salud de la población es un determinante primordial de su bienestar, que también incide en la eficiencia del trabajo. Por ello, resulta trascendental la prevención, la promoción y el cuidado de la salud. En especial, se deben atender las enfermedades multifactoriales como lo es la obesidad que se asocia a diversas enfermedades no transmisibles, la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, artritis, depresión, entre otras. La prevención de estas enfermedades mejorará la calidad y esperanza de vida de la población, reducirá los costos económicos de ausentismo y gasto en salud pública por enfermedades crónicas; y aumentará el potencial para generar mayor riqueza, evitando muertes tempranas.
Por su parte, el PND señala que el Estado debe de participar en las actividades económicas estratégicas, en particular el desarrollo de infraestructura, en colaboración con el sector privado. La inversión en infraestructura en caminos, energía y agua provee a las empresas con los recursos indispensables para la producción y por lo tanto aumenta su rentabilidad. Esto resulta relevante para nuestro país, ya que la inversión pública en capital fijo como porcentaje del PIB ha disminuido de manera considerable, al pasar de 6.0% en el año 2009 a 3.0 % en el 2018, de acuerdo con datos del INEGI.
 
En ese sentido, se deben impulsar mecanismos de coordinación entre los sectores público y privado para fomentar los procesos de planeación y ejecución de proyectos de infraestructura a lo largo de su ciclo de vida, bajo una visión estratégica. También, se impulsará el transporte multimodal para el traslado eficiente de mercancías y se promoverá la conectividad logística de zonas estratégicas para reducir los costos de operación de las empresas. Un ejemplo de lo anterior será el Corredor Multimodal Interoceánico.
En el sector energético se impulsará la inversión que permitirá el abastecimiento oportuno de combustibles que mejoren la competitividad de la planta productiva.
Una de las acciones para fomentar la innovación en las empresas son los Centros de Transformación Industrial, que permitirán la formación y especialización de capital humano y la adquisición de equipamiento técnico especializado para el desarrollo de productos innovadores. Esto mejorará las condiciones para aumentar la flexibilidad y capacidad de adaptación para enfrentar un nuevo entorno competitivo, con constantes avances tecnológicos y cambios demográficos y sociales.
5.4. Objetivo prioritario 4: Impulsar un ambiente competitivo a nivel nacional en el que operan las empresas
Relevancia
Un ambiente competitivo incluye los incentivos que tienen las empresas para invertir y desarrollar proyectos productivos en nuestro país, tomando en consideración un conjunto de condiciones que mejoran la rentabilidad de la inversión y eliminan los costos y barreras de la producción. Estas condiciones incluyen: 1) el estado de derecho, es decir, las reglas del juego y el desarrollo institucional; 2) el nivel de competencia económica en los mercados; 3) la certidumbre en las relaciones laborales; y, 4) los riesgos que afectan a las finanzas públicas y a la productividad que pueden inhibir el progreso de las personas y las empresas. En conjunto estos factores son considerados por los inversionistas para la expansión u operación de negocios, el acceso a mercados y la venta de productos o servicios.
El estado de derecho tiene un efecto transversal sobre las decisiones de las empresas, ya que brinda certidumbre a las inversiones y elimina barreras a la producción. Por ello, el fortalecimiento de las instituciones para reducir la corrupción; preservar la seguridad pública; y la definición clara de los derechos de propiedad son condiciones necesarias para promover el intercambio comercial y la asignación eficiente de los recursos.
La Reforma Laboral mejorará la productividad de los trabajadores, y reducirá las fricciones en este mercado. Esto se logrará gracias cambios que inciden en hacer efectivo el derecho a la libertad sindical, judicializar la justicia laboral, obstaculizar los paros injustificados de los sindicatos, reducir los despidos injustificados, disminuir los espacios de corrupción y los retrasos en los procesos laborales.
Asegurar la competencia económica es un elemento relevante para mejorar la situación de la productividad, al evitar que ciertas empresas lleven a cabo prácticas de imponer barreras a la entrada de nuevos competidores, que sean capaces de fijar precios o realizar discriminación de precios (poder de mercado). Una mayor competencia permite contar con una oferta eficiente de insumos y bienes finales a precios competitivos, lo que aumenta la competitividad de las empresas. La competencia, incentiva también, que las empresas adopten tecnologías y prácticas innovadoras para competir mediante mejores precios y productos de calidad, es decir se vuelven más competitivas. Algunos aspectos a considerar para fortalecer la competencia consisten en mejorar la regulación y su implementación en diferentes sectores estratégicos, tales como el agroalimentario, el financiero, de transporte terrestre, ferroviario y logístico.
La relevancia de este tipo de políticas, radica en que las empresas y los inversionistas tendrán una mayor certeza de que sus operaciones se realizarán en tiempo y forma, lo que les permitirá tener menores costos de operación y les facilitará la planeación de proyectos de mediano y largo plazo. Con ello, las empresas tendrán incentivos para invertir en proyectos más productivos que fomenten su crecimiento y contribuyan al desarrollo de la economía nacional.
5.5. Objetivo prioritario 5: Reducir las divergencias regionales y fortalecer los sectores estratégicos de la economía nacional
Relevancia
Uno de los objetivos prioritarios de la presente administración es "no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera", lo que consiste en incluir a todas las personas, regiones y sectores en el desarrollo nacional. Es importante mencionar que el PEPC es complementario a los programas sociales descritos en el Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024, ya que éstos sientan las bases para asegurar la reducción de la brecha de desigualdad social y económica, condición necesaria para asegurar un crecimiento sostenido. Es por ello que
el PEPC, se focaliza en aumentar la productividad de todas las regiones de manera transversal, promoviendo un mayor acceso a mercados; infraestructura, conectividad y vías de comunicación; impulsando la disponibilidad de capital e insumos para la producción; proponiendo políticas para generar un ambiente competitivo y un desarrollo institucional adecuado. Asimismo, el programa busca impulsar las industrias regionales que tienen mayor potencial productivo para integrarse en las cadenas de valor.
De manera coordinada con el PRONAIB se atenderán los rezagos y divergencias regionales a través de la inversión en proyectos prioritarios de infraestructura como el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, el cual tiene como eje nodal el Corredor Multimodal Interoceánico, que busca enlazar de forma eficiente los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz. Este proyecto implicará la modernización de la infraestructura aeroportuaria, carretera, ferroviaria y portuaria. Otro proyecto regional estratégico es el Tren Maya, que busca incrementar el desarrollo económico de la península de Yucatán, incentivando las actividades turísticas e integrando a las comunidades más rezagadas de la región con un medio de transporte eficiente y moderno.
Además estos proyectos están fungiendo como generadores de empleo y promueven la actividad económica regional, que ha sido fundamental durante la fase de reactivación ocasionada por las consecuencias económicas desfavorables causadas por la pandemia del COVID-19. Se tiene previsto que el Tren Maya logre crear 379 mil empleos directos y 75 mil indirectos, mientras que el Corredor Interoceánico-Istmo de Tehuantepec ya ha generado 7.3 mil empleos en 2020. Ambos proyectos representan una inversión total de aproximadamente 140 mmdp para la región, que se ejecutará a lo largo del sexenio.
Las acciones de gobierno tomarán en cuenta las disparidades en las condiciones iniciales de los diferentes territorios, por lo que se priorizará la integración de todas las personas a lo largo del territorio nacional para que la prosperidad sea compartida. También, se mejorará el acceso a nuevos mercados que permita, por un lado, la disminución del costo de los insumos y, por el otro, el aumento de la demanda de productos y servicios, mediante una eficiente infraestructura de logística y transporte.
Por ello es necesario mejorar las vías de comunicación para el transporte de bienes y servicios, dentro y hacia afuera del país de manera rápida, segura y confiable. Esto favorecerá que los productores tengan acceso a un mercado más amplio y que los bienes puedan ser distribuidos en un menor tiempo y costo. También, favorece que los trabajadores puedan desplazarse a los centros productivos, lo que aumenta la oferta de mano de obra.
La estrategia para el desarrollo sectorial se desarrollará con el apoyo de las Comisiones Estatales de Concertación y Productividad, quienes identificarán las industrias que cuentan con capacidades productivas que puedan volverse competitivas en la región o que puedan exportar sus productos a otros países.
Aunado a lo anterior, la localización de las empresas en algunas zonas del país genera externalidades positivas como las de aglomeración; transmisión de conocimiento que mejora el capital humano de las empresas; y, la constitución de cadenas de valor formadas por empresas grandes y MIPYMES. Además, se propondrán estrategias que permitan a las empresas de sectores con potencial de desarrollo integrarse en las cadenas globales de valor, en particular aquellas que puedan desarrollarse a lo largo del Corredor Multimodal Interoceánico y del Tren Maya. También, se impulsarán mecanismos para aumentar el contenido nacional del valor agregado en los insumos y bienes finales para la producción. Asimismo, se fortalecerán los sectores compatibles con la Industria 4.0 para aprovechar las oportunidades que brindan los avances tecnológicos.
La relevancia de este objetivo consiste en el fortalecimiento del mercado interno a través de la integración regional que se logra mediante la diversificación de mercados y la participación de un mayor número de empresas aprovechando las oportunidades que presentan los acuerdos comerciales y la reconfiguración de las cadenas globales de valor. Asimismo, las acciones que se proponen para este objetivo ayudarán a combatir la pobreza y reducir las desigualdades regionales, económicas y sociales mediante el desarrollo de infraestructura y la promoción de inversión productiva.
6. Estrategias prioritarias y acciones puntuales
Las estrategias prioritarias y acciones puntuales que se presentan en este programa contribuyen a optimizar la asignación de factores de la producción e inciden directamente sobre los cinco determinantes del crecimiento, identificados en los Criterios Generales de Política Económica 2020. En el Cuadro 2, se muestran las acciones determinadas para lograr los objetivos del PEPC y su relación con los cinco pilares para cambiar la tendencia de crecimiento de la economía mexicana.
CUADRO 2. LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PEPC Y DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO
Objetivo PEPC
Estrategias PEPC/
Determinantes
Inclusión
Financiera y
desarrollo del
sector
Inversión física
pública y
privada
Inclusión
laboral de
mujeres y
jóvenes
Competencia y
competitividad
Estado de derecho
1. Dotación y
asignación
Capital
1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5
 
 
 
 
Trabajo
 
 
1.3.1, 1.3.2
 
 
Recursos naturales
 
1.2.1, 1.2.2,
1.2.3, 1.2.4,
1.2.5
 
 
 
Asignación
 
 
 
1.4.1
1.4.2, 1.4.3
2. Creación de
nuevas empresas y
mejorar
productividad de las
existentes
Financiamiento a empresas
2.1.2, 2.1.3
 
2.3.2
2.1.1, 2.3.1
 
Habilidades gerenciales y
financieras
2.2.1
2.3.3
1.3.3
2.2.2, 2.2.3
 
 
Mejora regulatoria
 
 
 
2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4
3. Estrategias
transversales que
impactan
productividad a
través de capital
humano,
infraestructura e
innovación
Capital humano
 
 
1.3.4, 3.3.1,
3.3.2, 3.3.3,
3.3.4, 3.3.5,
3.3.6, 3.3.7, 3.3.8
 
 
Salud
 
 
 
3.4.1, 3.4.2, 3.4.3
 
Infraestructura del sector
energético
 
3.1.10
 
 
 
Infraestructura estratégica
 
3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6,
3.1.8, 3.1.9
 
 
3.1.7
Innovación
3.2.4
 
 
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3
 
4. Ambiente
competitivo
Competencia (regulación e
información)
4.1.1, 4.1.2
 
 
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.6
 
Estado de derecho
 
 
 
 
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,
4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,
4.2.7
Certidumbre en las
relaciones laborales
 
 
 
 
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3,
4.3.4, 4.3.5
5. Divergencias
regionales y
sectoriales
Divergencias regionales
 
5.1.1, 5.1.2,
5.1.3, 5.1.4
 
 
 
Condiciones que aumentan
la productividad de personas
y empresas
5.2.1
 
 
5.2.2
 
Promover sectores y
cadenas de valor
 
 
 
5.3.1, 5.3.2, 5.3.3,
5.3.4, 5.3.5, 5.3.6,
5.3.7
 
Objetivo prioritario 1. Incrementar la dotación de los recursos de la economía nacional y mejorar su asignación
Estrategia prioritaria 1.1. Fomentar la dotación de capital y mejorar la asignación de recursos a través del sistema financiero para incrementar la inversión en capital de las empresas.
Acción puntual
Tipo de acción
puntual
Dependencias y/
o entidades
responsables de
instrumentar la
acción puntual
(instituciones
coordinadas)
Dependencia o
entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
1.1.1. Impulsar productos bancarios para la población tradicionalmente desatendida para promover su inclusión.
Específica
SHCP
SHCP
1.1.2. Fortalecer la infraestructura bancaria física y tecnológica para facilitar la inclusión financiera de hogares y empresas, particularmente en las regiones desatendidas.
Específica
SHCP
SHCP
1.1.3. Fomentar una mayor participación de instituciones del sector de ahorro y crédito popular, así como de las de tecnología financiera fortaleciendo su marco regulatorio para incrementar la oferta de productos y servicios en el sector financiero.
Específica
SHCP
SHCP
1.1.4. Promover el mercado de valores mediante una mayor oferta de productos de inversión.
Específica
SHCP
SHCP
1.1.5. Estimular el uso del cobro digital para reducir el uso de efectivo y aumentar los recursos financieros disponibles para proyectos productivos.
Específica
SHCP
SHCP
 
Estrategia prioritaria 1.2. Asegurar el abasto de recursos naturales para las actividades productivas de manera sostenible.
Acción puntual
Tipo de
acción
puntual
Dependencias y/o
entidades
responsables de
instrumentar la
acción puntual
(instituciones
coordinadas)
Dependencia o
entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
1.2.1 Asegurar el abastecimiento de combustibles derivados del petróleo al sector productivo, especialmente en las zonas más rezagadas.
Específica
SENER
SENER
1.2.2 Fortalecer el sistema de almacenamiento y transporte de hidrocarburos para asegurar el abasto oportuno de combustibles.
Coordinación
SENER y CNH
SENER
1.2.3 Fortalecer la inversión en conservación y servicios ambientales con el fin de frenar la deforestación.
Coordinación
BIENESTAR y
SEMARNAT
BIENESTAR
1.2.4 Promover el desarrollo de infraestructura hidráulica e hidroagrícola, que permita el abastecimiento de agua a ciudades, zonas industriales, agrícolas y ganaderas.
Coordinación
SEMARNAT y
CONAGUA
CONAGUA
1.2.5 Promover el cuidado y la restauración de los ecosistemas y su biodiversidad.
Específica
SEMARNAT
SEMARNAT
Estrategia prioritaria 1.3. Facilitar la participación laboral de las mujeres en igualdad de oportunidades en empleos más productivos y con mejores salarios.
Acción puntual
Tipo de
acción
puntual
Dependencias y/o
entidades
responsables de
instrumentar la
acción puntual
(instituciones
coordinadas)
Dependencia o
entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
1.3.1 Impulsar la creación de centros de atención y educación a la primera infancia para fomentar la inclusión y la productividad laboral de las mujeres.
Coordinación
SHCP, SEP,
BIENESTAR, DIF,
IMSS, INMUJERES
e ISSSTE
SHCP
1.3.2. Promover un cambio en la cultura organizacional que contemple el trabajo por objetivos, horarios razonables, escalonados y/o flexibles, para mejorar la conciliación de la vida personal o familiar y el trabajo especialmente para las mujeres.
Específica
STPS
STPS
1.3.3 Elaborar e implementar políticas de capacitación empresarial para aumentar la productividad de las MIPYMES, especialmente de aquellas dirigidas por mujeres.
Coordinación
SHCP y SE
SE
1.3.4 Elaborar e implementar políticas para promover la inserción laboral de las mujeres hacia sectores más productivos.
Coordinación
INMUJERES y
SHCP
SHCP
 
Estrategia prioritaria 1.4. Fomentar la formalidad de las y los trabajadores y de las empresas para mejorar la asignación de los factores de la economía nacional.
Acción puntual
Tipo de
acción
puntual
Dependencias y/o
entidades
responsables de
instrumentar la
acción puntual
(instituciones
coordinadas)
Dependencia o
entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
1.4.1 Impulsar esquemas de asesorías y capacitación a micronegocios para promover su formalidad y productividad.
Coordinación
SHCP y SAT
SAT
1.4.2. Promover la coordinación entre dependencias y entidades para desarrollar estrategias que fomenten la formalidad de las empresas.
Coordinación
SAT e IMSS
SAT
1.4.3. Generar un registro público de empresas y empleadores que no estén cumpliendo con sus obligaciones laborales.
Específica
IMSS
IMSS
Objetivo prioritario 2. Impulsar el acceso a mecanismos que permitan la creación de nuevas empresas y mejorar la productividad de las ya existentes en nuestro país.
 
Estrategia prioritaria 2.1. Mejorar las condiciones de acceso a financiamiento para aumentar la productividad de las empresas.
Acción puntual
Tipo de
acción
puntual
Dependencias y/o
entidades
responsables de
instrumentar la
acción puntual
(instituciones
coordinadas)
Dependencia o
entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
2.1.1 Desarrollar estrategias para aumentar el tamaño del fondo de pensiones y fomentar su participación en el mercado de capital privado en México para incidir en su profundización.
Específica
SHCP
SHCP
2.1.2 Facilitar el acceso a créditos a través del sector financiero privado a MIPYMES para apoyar su desarrollo y promover la actividad económica del país.
Específica
SHCP
SHCP
2.1.3 Impulsar mecanismos para facilitar la generación de historial crediticio que permita obtener financiamiento a través del sector formal.
Específica
SHCP
SHCP
 
Estrategia prioritaria 2.2. Impulsar el desarrollo de habilidades gerenciales y financieras dentro de las empresas del país.
Acción puntual
Tipo de
acción
puntual
Dependencias y/o
entidades
responsables de
instrumentar la
acción puntual
(instituciones
coordinadas)
Dependencia o
entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
2.2.1 Diseñar e implementar estrategias de educación financiera sobre los productos y servicios básicos, así como de herramientas digitales y sus beneficios dirigidos a las empresas.
Específica
SHCP
SHCP
2.2.2 Desarrollar mecanismos de aprendizaje en el manejo de las finanzas de las empresas con el objeto de mejorar la gestión de sus recursos.
Específica
SHCP
SHCP
2.2.3 Promover herramientas digitales para el desarrollo administrativo y gerencial de las empresas del país.
Específica
SE
SE
Estrategia prioritaria 2.3. Impulsar la creación de nuevas empresas a través de la capacitación en el uso de la tecnología financiera, habilidades empresariales y plataformas digitales.
Acción puntual
Tipo de
acción
puntual
Dependencias y/o
entidades
responsables de
instrumentar la
acción puntual
(instituciones
coordinadas)
Dependencia o
entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
2.3.1 Impulsar la participación de Instituciones de Tecnología Financiera para promover nuevas alternativas de financiamiento para las nuevas empresas.
Específica
SHCP
SHCP
2.3.2 Impulsar el desarrollo de créditos para jóvenes emprendedores sin historial crediticio.
Específica
SHCP
SHCP
2.3.3 Desarrollar una plataforma digital en materia de productividad económica para coadyuvar a la toma de decisiones de nuevas empresas y de inversión que permita identificar infraestructura, oferta de trabajo calificado, complejidad económica y cadenas de valor, entre otros.
Coordinación
SHCP y SE
SE
 
Estrategia prioritaria 2.4. Impulsar la mejora regulatoria que promueva la creación de empresas formales.
Acción puntual
Tipo de
acción
puntual
Dependencias y/o
entidades
responsables de
instrumentar la
acción puntual
(instituciones
coordinadas)
Dependencia o
entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
2.4.1 Simplificar procesos legales y regulatorios que faciliten la expansión de empresas y permitan su libre entrada y salida del mercado.
Específica
SE
SE
2.4.2 Implementar el Registro Nacional de Trámites y Servicios en las dependencias de la Administración Pública Federal, con el fin de otorgar seguridad jurídica, transparencia y facilitar a las empresas el cumplimiento regulatorio.
Específica
SE
SE
2.4.3 Implementar el Registro Nacional de Visitas Domiciliarias en las dependencias de la Administración Pública Federal, para compilar toda la información sobre las inspecciones y verificaciones que pueden realizar los sujetos obligados, y así evitar visitas injustificadas.
Específica
SE
SE
2.4.4 Implementar el mecanismo de Protesta Ciudadana en las dependencias de la Administración Pública Federal, con el fin de que las personas y empresas obtengan solución a una queja o algún trámite.
Específica
SE
SE
Objetivo prioritario 3. Impulsar la productividad general de la economía nacional a través de estrategias que mejoren el capital humano, la infraestructura y la innovación para aumentar el
bienestar de las personas y empresas.
Estrategia prioritaria 3.1. Planear y ejecutar obras de infraestructura estratégica que fomenten la productividad y competitividad de la economía nacional.
Acción puntual
Tipo de
acción
puntual
Dependencias y/o
entidades
responsables de
instrumentar la
acción puntual
(instituciones
coordinadas)
Dependencia o
entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
3.1.1 Fortalecer la red nacional de infraestructura terrestre que permita una mayor integración regional que fomente la conexión de mercados.
Específica
SCT
SCT
3.1.2 Impulsar el transporte multimodal para el traslado eficiente de mercancías, mediante el fortalecimiento de los sistemas aeroportuarios, portuarios y de vías férreas
Específica
SCT
SCT
3.1.3 Impulsar la conectividad logística de zonas estratégicas para reducir los costos de operación de las empresas y mejorar la productividad.
Coordinación
SE y SCT
SCT
3.1.4 Impulsar la creación de bonos temáticos donde se pueda asociar el uso y destino con el fin de financiar proyectos de inversión en infraestructura o actividades productivas que estén acordes con las políticas de desarrollo económico y social aprobadas por el Ejecutivo.
Específica
SHCP
SHCP
3.1.5 Promover el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, incluyendo la banda ancha y el Internet para incrementar la digitalización a la economía, especialmente en las zonas más rezagadas.
Coordinación
SCT y CFE
SCT
3.1.6 Impulsar la expansión de las instalaciones portuarias para facilitar el transporte intermodal y detonar el comercio.
Específica
SCT
SCT
3.1.7 Diseñar una estrategia de maduración por etapas de proyectos para llevar a cabo el desarrollo de proyectos de infraestructura, basada en procedimientos con autorizaciones parciales y secuenciales, incluyendo desde la concepción de la idea inicial y hasta la toma de la decisión final.
Específica
SHCP
SHCP
3.1.8 Impulsar mecanismos de coordinación de los sectores público y privado para fomentar la planeación y agilizar la gestión de proyectos de infraestructura a lo largo de su ciclo de vida bajo una visión estratégica.
Coordinación
SHCP y SCT
SHCP
3.1.9 Fortalecer el Fondo Nacional de Infraestructura con los principios de inversión responsable para movilizar recursos privados hacia proyectos de infraestructura.
Específica
SHCP
SHCP
3.1.10 Fortalecer el Sistema Nacional de Refinación para promover la oferta de petrolíferos.
Específica
SENER
SENER
Estrategia prioritaria 3.2. Impulsar mecanismos que promuevan la innovación con el objetivo de
incrementar la competitividad de las empresas del país.
Acción puntual
Tipo de
acción
puntual
Dependencias y/o
entidades
responsables de
instrumentar la
acción puntual
(instituciones
coordinadas)
Dependencia o
entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
3.2.1 Promover el establecimiento de centros de transformación industrial para desarrollar sectores con alto potencial productivo.
Específica
SE
SE
3.2.2 Promover la adquisición y modernización de maquinaria y equipo para el desarrollo de la Industria 4.0 en las empresas medianas y grandes del sector secundario.
Coordinación
SE y SHCP
SE
3.2.3 Facilitar el registro de patentes que promuevan la investigación, el desarrollo tecnológico e impulsen la generación de nuevos productos o procesos.
Coordinación
SE e IMPI
SE
3.2.4 Fortalecer el acceso al crédito para adquirir maquinaria, equipo e invertir en procesos de innovación en sectores estratégicos, a través de la Banca de Desarrollo.
Específica
SHCP
SHCP
 
Estrategia prioritaria 3.3. Incrementar las habilidades y competencias de la población.
Acción puntual
Tipo de
acción
puntual
Dependencias y/o
entidades
responsables de
instrumentar la
acción puntual
(instituciones
coordinadas)
Dependencia o
entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
3.3.1 Promover la educación dual con formación en la escuela y la empresa impulsando mecanismos de vinculación y fortaleciendo la inclusión de jóvenes en actividades productivas.
Específica
SEP
SEP
3.3.2 Promover el desarrollo de habilidades cognitivas y aprendizaje socioemocional en los tipos de educación básica, media superior y superior, que permita a las personas alcanzar su bienestar y contribuyan al desarrollo social.
Específica
SEP
SEP
3.3.3 Impulsar el desarrollo de habilidades relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, que permita mejorar las habilidades y competencias de las personas, y en su momento, su productividad laboral.
Coordinación
SHCP y SEP
SEP
3.3.4 Diseñar programas de capacitación para desarrollar habilidades empresariales y de comercio digital que faciliten el emprendimiento y la participación laboral femenina.
Coordinación
SHCP y SE
SE
3.3.5 Fomentar mecanismos de comunicación entre el Sistema Educativo Nacional y el sector productivo para desarrollar la currícula de la oferta educativa acorde con las necesidades del país.
Específica
SEP
SEP
3.3.6 Impulsar programas de becas que favorezcan la permanencia escolar de jóvenes en la educación media superior y superior.
Específica
SEP
SEP
3.3.7 Promover el esquema de tutorías y capacitaciones en el trabajo para que las y los jóvenes adquieran experiencia laboral.
Específica
STPS
STPS
3.3.8 Fortalecer la certificación de competencias laborales para mejorar la cualificación y competitividad de las y los jóvenes que les permita incorporarse en puestos de trabajo mejor remunerados.
Coordinación
SEP y CONOCER
SEP
 
Estrategia prioritaria 3.4. Promover la salud como un elemento esencial para aumentar las capacidades productivas de las y los trabajadores en el mediano y largo plazo.
Acción puntual
Tipo de
acción
puntual
Dependencias y/o
entidades
responsables de
instrumentar la
acción puntual
(instituciones
coordinadas)
Dependencia o
entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
3.4.1 Evaluar y mejorar las normas existentes y la evaluación de la conformidad de las mismas para incidir en la disminución de riesgos asociados a la salud de las y los trabajadores.
Coordinación
SE y SSA
SE
3.4.2 Diseñar mecanismos en el sector público, que contribuyan a la prevención, detección oportuna, diagnóstico preciso, tratamiento eficaz y eficiente y control de las enfermedades no transmisibles de las y los trabajadores, en coordinación con las empresas del país.
Coordinación
SE, SSA e IMSS
SSA
3.4.3 Fortalecer el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor y los mecanismos de alertas para prevenir riesgos a la salud o integridad física de las y los trabajadores.
Coordinación
SE, SSA e IMSS
SE
 
Objetivo prioritario 4. Impulsar un ambiente competitivo a nivel nacional en el que operan las empresas
Estrategia prioritaria 4.1. Desarrollar estrategias que fomenten la competencia económica a través de mejorar la regulación, la información y focalizando los esfuerzos en sectores estratégicos.
Acción puntual
Tipo de
acción
puntual
Dependencias y/o
entidades
responsables de
instrumentar la
acción puntual
(instituciones
coordinadas)
Dependencia o
entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
4.1.1 Desarrollar mecanismos de transparencia en el sistema financiero que desincentiven prácticas de poder de mercado y beneficien al consumidor final.
Específica
SHCP
SHCP
4.1.2 Emitir regulación para intermediarios bancarios con el propósito de que haya más participantes en el sector.
Específica
SHCP
SHCP
4.1.3 Mejorar la regulación federal para potenciar el uso de la red ferroviaria.
Coordinación
SE y SCT
SCT
4.1.4 Fortalecer la instrumentación del marco regulatorio en el transporte terrestre a través de la implementación de criterios de competencia económica y libre concurrencia, estándares de industria homogéneos e infraestructura de verificación.
Coordinación
SHCP, SCT y SE
SCT
4.1.5 Colaborar con gobiernos locales para que sus regulaciones cumplan con los principios de la política de mejora regulatoria establecidos en el artículo 7 de la Ley General de Mejora Regulatoria.
Específica
SE
SE
4.1.6 Establecer mecanismos que faciliten y mejoren los procedimientos de la evaluación de la conformidad para incentivar la certificación de productos y servicios, reduciendo la información asimétrica que perjudica la competitividad y, así dinamizar el comercio.
Específica
SE
SE
 
Estrategia prioritaria 4.2. Fortalecer el estado de derecho para eliminar los espacios de corrupción y garantizar la certidumbre jurídica y la seguridad.
Acción puntual
Tipo de
acción
puntual
Dependencias y/o
entidades
responsables de
instrumentar la
acción puntual
(instituciones
coordinadas)
Dependencia o
entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
4.2.1 Impulsar acciones para reducir el riesgo de corrupción de servidores públicos.
General
SFP
SFP
4.2.2 Implementar un sistema de compras públicas consolidadas que inhiba actos de corrupción y genere ahorros para el Estado.
Coordinación
SHCP y SFP
SHCP
4.2.3 Incrementar la seguridad de las carreteras para reducir el robo de vehículos y de mercancías.
Específica
SSPC
SSPC
4.2.4 Impulsar estrategias para reducir el robo y extorsión de negocios.
Específica
SSPC
SSPC
4.2.5 Impulsar medidas para combatir el contrabando y la piratería.
Específica
SHCP
SHCP
4.2.6 Otorgar certidumbre jurídica de la propiedad social a través de impulsar la modernización y actualización del Registro Agrario Nacional.
Específica
SEDATU
SEDATU
4.2.7 Impulsar la modernización de los registros públicos de la propiedad y la actualización de los catastros para otorgar, certeza jurídica, con perspectiva de género.
Específica
SEDATU
SEDATU
Estrategia prioritaria 4.3. Promover el buen funcionamiento de los mercados laborales que permita la creación de empleos formales.
Acción puntual
Tipo de
acción
puntual
Dependencias y/o
entidades
responsables de
instrumentar la
acción puntual
(instituciones
coordinadas)
Dependencia o
entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
4.3.1 Impulsar la libertad y la democracia sindical para fomentar la representación de los intereses de los trabajadores.
Específica
STPS
STPS
4.3.2 Promover los mecanismos de conciliación, entre trabajadores y patrones, previos a un juicio laboral para eliminar la corrupción.
Específica
STPS
STPS
4.3.3 Desarrollar una plataforma digital que agilice la resolución de conflictos laborales y mantenga un registro de los contratos colectivos.
Específica
STPS
STPS
4.3.4 Difundir y promover la normatividad vigente en materia de capacitación y adiestramiento dentro de las empresas a fin de fomentar el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de capacitación.
Específica
STPS
STPS
4.3.5 Promover la recuperación sostenible de los salarios y la eliminación de la brecha salarial de género y edad.
Específica
STPS
STPS
 
Objetivo prioritario 5. Reducir las divergencias regionales y fortalecer los sectores estratégicos de la economía nacional
Estrategia prioritaria 5.1. Reducir las divergencias regionales del país a través de proyectos de infraestructura que fomenten la conectividad y el bienestar social.
Acción puntual
Tipo de
acción
puntual
Dependencias y/o
entidades
responsables de
instrumentar la
acción puntual
(instituciones
coordinadas)
Dependencia o
entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
5.1.1 Impulsar el abastecimiento de gas natural en la región Sur-sureste.
Coordinación
SENER y
CENEGAS
SENER
5.1.2 Impulsar el sistema de transporte terrestre en la región Sur-sureste para promover la actividad productiva y turística.
Coordinación
SCT y SECTUR
SCT
5.1.3 Impulsar la construcción y mantenimiento de carreteras y caminos rurales en cabeceras municipales de zonas con alta y muy alta marginación que promueva la conectividad.
Específica
SCT
SCT
5.1.4 Ampliar la cobertura de servicios básicos de agua potable, drenaje y alumbrado público para atender las necesidades de las regiones más rezagadas del país.
Coordinación
SEDATU y
CONAGUA
SEDATU
Estrategia prioritaria 5.2. Mejorar las condiciones que aumentan la productividad de personas y empresas para impulsar el crecimiento económico en zonas rezagadas.
Acción puntual
Tipo de
acción
puntual
Dependencias y/o
entidades
responsables de
instrumentar la
acción puntual
(instituciones
coordinadas)
Dependencia o
entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
5.2.1 Promover la capacitación y mejorar el acceso al financiamiento en regiones rezagadas.
Coordinación
SHCP e INPI
INPI
5.2.2 Elaborar propuestas de política pública regional para impulsar el desarrollo económico.
Coordinación
SE, SHCP y STPS
SE
 
Estrategia prioritaria 5.3. Promover estrategias para impulsar sectores estratégicos e insertar a las empresas mexicanas en cadenas de valor (nacionales y globales) de mayor valor agregado.
Acción puntual
Tipo de
acción
puntual
Dependencias y/o
entidades
responsables de
instrumentar la
acción puntual
(instituciones
coordinadas)
Dependencia o
entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
5.3.1 Proponer a través de las Comisiones Estatales de Concertación y Productividad a los sectores con mayor productividad regional, en especial a aquellos que puedan insertarse en cadenas de valor, y acompañar en el diseño de recomendaciones para su implementación.
Coordinación
SHCP, SE y STPS
SHCP
5.3.2 Impulsar la inserción de empresas de sectores de alta productividad en cadenas globales de valor.
Específica
SE
SE
5.3.3 Favorecer la constitución de cadenas de valor formadas por grandes empresas y MIPYMES a efecto de incrementar sus capacidades tecnológicas y organizacionales.
Específica
SE
SE
5.3.4 Promover recomendaciones de política pública para aumentar el valor agregado de contenido nacional en las exportaciones de México y de sus socios comerciales.
Específica
SE
SE
5.3.5 Fortalecer las cadenas productivas, a través de acciones de simplificación de requisitos jurídicos, administrativos y de trámites de la operación comercial.
Específica
SE
SE
5.3.6 Identificar y aprovechar los retos y oportunidades de la Industria 4.0 para el incremento sostenido de la productividad y competitividad de la economía nacional.
Específica
SE
SE
5.3.7 Impulsar con las cámaras empresariales encuentros de negocios que permitan el encadenamiento productivo con proveedores nacionales e internacionales.
Específica
SE
SE
7. Metas para el bienestar y parámetros
A continuación, se indican las metas para el bienestar y parámetros por objetivo prioritario:

Objetivo prioritario
Meta
Parámetro
1
Incrementar la dotación de los recursos de la economía nacional y mejorar su asignación.
Diferencia de la tasa de ocupación entre hombres y mujeres.
Tasa de informalidad laboral 1 (TIL1).
Número total de corresponsales y cajeros por cada 10 mil adultos.
2
Impulsar el acceso a mecanismos que permitan la creación de nuevas empresas y mejorar la productividad de las ya existentes en nuestro país.
Índice de facilidad para iniciar un negocio.
Porcentaje de financiamiento interno al sector privado con respecto al Producto Interno Bruto.
Índice global de productividad laboral de la economía con base en las horas trabajadas totales.
 
3
Impulsar la productividad general de la economía nacional a través de estrategias que mejoren el capital humano, la infraestructura y la innovación para aumentar el bienestar de las personas y empresas.
Tasa de población adulta con educación al menos de nivel media superior.
Porcentaje de gasto en obra pública con respecto al gasto del sector público.
Porcentaje de la formación bruta de capital fijo con respecto al Producto Interno Bruto.
4
Impulsar un ambiente competitivo a nivel nacional en el que operan las empresas.
Tiempo promedio para hacer cumplir un contrato.
Tiempo promedio para construir un almacén (para un negocio).
Índice Nacional de Competitividad.
5
Reducir las divergencias regionales y fortalecer los sectores estratégicos de la economía nacional.
Contenido Nacional de las Exportaciones Manufactureras.
Longitud de la red carretera en la región Sur-sureste.
Índice de la Productividad Laboral de la región Sur-sureste.
Meta para el bienestar del objetivo prioritario 1.
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR
Nombre
1.1 Diferencia de la tasa de ocupación entre hombres y mujeres
Objetivo
prioritario
Incrementar la dotación de los recursos de la economía nacional y mejorar su asignación.
Definición o
descripción
Este indicador cuantifica la diferencia del porcentaje de la población ocupada de hombres entre el total de hombres
de 15 años y más, y la población ocupada de mujeres respecto al total de mujeres de 15 años y más.
Nivel de
desagregación
Geográfica: Nacional
Periodicidad o
frecuencia de
medición
Trimestral
Tipo
Estratégico
Acumulado o
periódico
Periódico
Unidad de
medida
Puntos porcentuales
Periodo de
recolección de
los datos
De enero a diciembre.
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de
la información
Este indicador es publicado cada trimestre
Tendencia
esperada
Descendente
Unidad
responsable de
reportar el
avance
Unidad de Planeación Económica de la
Hacienda Pública
Método de
cálculo

POH = Población ocupada de hombres de 15 años y más
POM = Población ocupada de mujeres de 15 años y más
PH = Población total de hombres de 15 años y más
PM = Población total de mujeres de 15 años y más
PPOH = Proporción de la población ocupada de hombres respecto a la población ocupada total
PPOM = Proporción de la población ocupada de mujeres respecto a la población ocupada total
DP = Diferencia de la proporción de mujeres y hombres ocupados
Observaciones
NA
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre
variable 1
Población ocupada de
hombres de 15 años y
más
Valor variable 1
33152388.8
Fuente de información
variable 1
ENOE, INEGI
Nombre
variable 2
Población ocupada de
mujeres de 15 años y
más.
Valor variable 2
20568805.8
Fuente de información
variable 2
ENOE, INEGI
Nombre
variable 3
Población total de
hombres de 15 años y
más
Valor variable 3
44263476.8
Fuente de información
variable 3
ENOE, INEGI
Nombre
variable 4
Población total de
mujeres de 15 años y
más
Valor variable 3
49003062.5
Fuente de información
variable 4
ENOE, INEGI
Sustitución en
método de
cálculo
PPOH = 33152388.8 / 44263476.8 *100
PPOM = 20568805.8 / 49003062.5 *100
DP = 74.9 42.0
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
32.9
NA
Año
2018
Meta 2024
Nota sobre la meta 2024
30.6
Se calculó con base a la tasa de crecimiento del periodo 2014-
2018
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
33.2
32.9
33.5
33.3
33.0
33.6
32.9
METAS
2020
2021
2022
2023
2024
31.2
31.1
30.9
30.8
30.6
Parámetro 1 del objetivo prioritario 1.
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO
Nombre
1.2 Tasa de informalidad laboral 1 (TIL1).
Objetivo
prioritario
Incrementar la dotación de los recursos de la economía nacional y mejorar su asignación.
Definición o
descripción
Muestra el porcentaje de la población ocupada de 15 años o más que trabaja en condiciones de informalidad, la cual comprende los ocupados que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan y aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo (esta medida considera la población en el sector agropecuario). Un menor valor será indicativo de mayor formalidad de los trabajadores y, por lo tanto, permite evaluar el objetivo al que se asocia.
Nivel de
desagregación
Geográfica: Nacional
Grupo etario: Población de 15 años o más
Periodicidad o
frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o
periódico
Periódico
Unidad de
medida
Porcentaje
Periodo de
recolección de
los datos
De enero a diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de
la información
Febrero
Tendencia
esperada
Descendente
Unidad
responsable de
reportar el avance
Unidad de Planeación Económica de la
Hacienda Pública
Método de
cálculo
Este porcentaje es el resultado de dividir la población en ocupación informal entre la población ocupada, lo que se
multiplica por cien.
TIL1 = (POI/PO) * 100
Donde:
TIL1= Tasa de informalidad laboral 1
POI= Número de personas ocupadas de 15 años o más en condiciones de informalidad
PO= Número de personas ocupadas de 15 años o más
Observaciones
NA
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre
variable 1
Población en ocupación
informal
Valor variable 1
30,450,454
Fuente de
información
variable 1
INEGI, Encuesta
Nacional de
Ocupación y Empleo
(ENOE).
Nombre
variable 2
Población ocupada
Valor variable 2
53,721,194.5
Fuente de
información
variable 2
INEGI, Encuesta
Nacional de
Ocupación y Empleo
(ENOE).
Sustitución en
método de
cálculo
 
TIL1 = (30450454/53721194.5) * 100
 
VALOR DE LÍNEA BASE DEL PARÁMETRO
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
56.7
NA
Año
2018
SERIE HISTÓRICA DEL PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
59.6
58.8
57.8
57.8
57.3
57.0
56.7
Parámetro 2 del objetivo prioritario 1.
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO
Nombre
1.3 Número total de corresponsales y cajeros por cada 10 mil adultos.
Objetivo
prioritario
Incrementar la dotación de los recursos de la economía nacional y mejorar su asignación.
Definición o
descripción
Presenta el total de corresponsales y cajeros por cada 10,000 adultos a nivel nacional. Se entiende por corresponsales a los establecimientos o negocios autorizados para actuar a nombre y por cuenta de alguna institución bancaria. Se entiende por cajeros a los puntos de contacto entre usuarios de servicios bancarios y los bancos, para realizar operaciones como retiro de efectivo, consulta de saldo, pago de servicios entre otras.
Nivel de
desagregación
Geográfica: Nacional
Grupo etario: personas adultas mayores a 15
años
Periodicidad o
frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o
periódico
Periódico
Unidad de
medida
Número total de corresponsales y cajeros por
cada 10 mil adultos
Periodo de
recolección de los
datos
De enero a diciembre.
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de
la información
Marzo
Tendencia
esperada
Ascendente
Unidad
responsable de
reportar el avance
Unidad de Planeación Económica de la
Hacienda Pública
Método de
cálculo
Esta cifra se calcula sumando el total de corresponsales y cajeros observados en el periodo entre el número de
adultos a nivel nacional y se multiplica por 10,000.
CCDA= 10,000*{(CORRESPONSALES+ CAJEROS)/N)}
Donde:
CCDA= Número total de sucursales por cada 10 mil adultos
CORRESPONSALES=Promedio anual del número total de corresponsales a nivel nacional
CAJEROS= Promedio anual del número total de cajeros a nivel nacional
N = Promedio anual de la población adulta a nivel nacional
Observaciones
NA
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre
variable 1
Promedio anual del
número total de
corresponsales a nivel
nacional.
Valor variable 1
46373
Fuente de
información
variable 1
CNBV
Nombre
variable 2
Promedio anual del
número total de cajeros
a nivel nacional.
Valor variable 1
52571.25
Fuente de
información
variable 1
CNBV
Nombre
variable 3
Promedio anual de la
población adulta a nivel
nacional.
Valor variable 1
91503577.20
Fuente de
información
variable 1
CNBV
Sustitución en
método de
cálculo
CCDA= 10,000*[(46,373+52,571.25)/91503,577.20]
 
VALOR DE LÍNEA BASE DEL PARÁMETRO
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
10.81
NA
Año
2018
SERIE HISTÓRICA DEL PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
7.73
7.81
8.03
8.67
9.75
10.24
10.81
Meta para el bienestar del objetivo prioritario 2.
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR
Nombre
2.1 Índice de facilidad para iniciar un negocio.
Objetivo
prioritario
Impulsar el acceso a mecanismos que permitan la creación de nuevas empresas y mejorar la productividad de las ya existentes en nuestro país.
Definición o
descripción
El índice de facilidad para iniciar un negocio recopila distintos indicadores que miden las barreras que existen para el establecimiento de una empresa y por lo tanto, permite evaluar el objetivo al que se asocia.
Nivel de
desagregación
Geográfica: Nacional
Periodicidad o
frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o
periódico
Periódico
Unidad de
medida
Índice
Periodo de
recolección de
los datos
De enero a diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de
la información
Octubre
Tendencia
esperada
Ascendente
Unidad
responsable de
reportar el avance
Unidad de Planeación Económica de la
Hacienda Pública
Método de
cálculo
El índice de facilidad para iniciar un negocio mide los procedimientos, tiempos, costos y el capital mínimo requeridos
para la apertura de un negocio formal. El índice es un promedio simple de 4 indicadores para los temas
mencionados.
IFIN=(CIN+DÍAS+NP+CMIN)/4
Donde:
IFIN= Índice de facilidad para iniciar un negocio
CIN= Costo de iniciar un negocio en porcentaje del ingreso per cápita normalizado para los países en la muestra
DÍAS= Tiempo para iniciar un negocio en días naturales normalizado para los países en la muestra
NP= Número de procedimientos para iniciar un negocio normalizado para los países en la muestra
CMIN= Capital mínimo para iniciar un negocio en porcentaje del ingreso per cápita normalizado para los países en la
muestra
Observaciones
Los indicadores están normalizados para la distribución de países en la muestra, siendo el 0 el puntaje para el peor
país y 100 el puntaje para el mejor país. Por lo tanto, su promedio es también un indicador que va de 0 a 100
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre
variable 1
Costo de iniciar un
negocio en porcentaje del
ingreso per cápita
normalizado para los
países en la muestra.
Valor variable 1
91.50
Fuente de
información
variable 1
Banco Mundial
Doing Business
Data.
Nombre
variable 2
Tiempo para iniciar un
negocio en días naturales
normalizado para los
países en la muestra.
Valor variable 2
92.05
Fuente de
información
variable 2
Banco Mundial
Doing Business
Data.
Nombre
variable 3
Número de
procedimientos para
iniciar un negocio
normalizado para los
países en la muestra.
Valor variable 3
59.82
Fuente de
información
variable 3
Banco Mundial
Doing Business
Data.
Nombre
variable 4
Capital mínimo para
iniciar un negocio en
porcentaje del ingreso per
cápita normalizado para
los países en la muestra.
Valor variable 4
100
Fuente de
información
variable 4
Banco Mundial
Doing Business
Data.
Sustitución en
método de
cálculo
Índice de facilidad para iniciar un negocio=(91.5+92.05+59.82+100)/4
 
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
85.8
NA
Año
2018
Meta 2024
Nota sobre la meta 2024
87.0
Para la estimación se calculó el promedio de la tasa de crecimiento anual del índice entre 2014 y 2018 considerando países de economías similares de América Latina (Argentina, Brasil, Chile y Colombia). A partir de este promedio se calculó la tasa de crecimiento promedio que sirve de base para establecer la meta.
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ND
ND
86.9
86.8
86.9
85.7
85.8
METAS
2020
2021
2022
2023
2024
86.4
86.7
86.9
87.2
87.5
Parámetro 1 del objetivo prioritario 2.
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO
Nombre
2.2 Porcentaje de financiamiento interno al sector privado con respecto al Producto Interno Bruto.
Objetivo
prioritario
Impulsar el acceso a mecanismos que permitan la creación de nuevas empresas y mejorar la productividad de las ya existentes en nuestro país.
Definición o
descripción
El indicador mide la movilización de recursos provenientes del financiamiento al sector privado. Incluye el financiamiento a la actividad empresarial, consumo y vivienda, canalizado por la banca comercial, Banca de Desarrollo, mercado de valores, INFONAVIT, FOVISSSTE, FONACOT, SOFOMES Reguladas, entidades de ahorro y crédito popular, uniones de crédito, organizaciones auxiliares y Financiera Rural.
Nivel de
desagregación
Geográfica: Nacional
Sector económico: Financiero
Periodicidad o
frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o
periódico
Periódico
Unidad de
medida
Porcentaje
Periodo de
recolección de
los datos
De enero a diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de
la información
Mayo
Tendencia
esperada
Ascendente
Unidad
responsable de
reportar el avance
Unidad de Planeación Económica de la
Hacienda Pública
Método de
cálculo
Este porcentaje es el resultado de dividir el total del Financiamiento Interno al Sector Privado entre el Producto
Interno Bruto y multiplicar por 100.
PFISP= (FISP/PIB) * 100
Donde:
PFISP= Porcentaje de financiamiento interno al sector privado con respecto al Producto Interno Bruto
FISP= Financiamiento Interno al Sector Privado en miles de pesos corrientes
PIB= Producto Interno Bruto en miles de pesos corrientes
Observaciones
NA
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre
variable 1
Financiamiento Interno
al Sector Privado en
miles pesos corrientes
Valor variable 1
8,155,030.7
Fuente de
información
variable 1
CNBV
Nombre
variable 2
Producto Interno Bruto
en miles pesos
corrientes
Valor variable 2
23,524,509.6
Fuente de
información
variable 2
INEGI
Sustitución en
método de
cálculo
PFISP=(8,155,030.7/ 23,524,509.6)*100
VALOR DE LÍNEA BASE DEL PARÁMETRO
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
34.7
NA
Año
2018
SERIE HISTÓRICA DEL PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
26.6
28.9
29.8
31.4
32.7
33.4
34.7
Parámetro 2 del objetivo prioritario 2.
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO
Nombre
2.3 Índice global de productividad laboral de la economía con base en las horas trabajadas totales.
Objetivo
prioritario
Impulsar el acceso a mecanismos que permitan la creación de nuevas empresas y mejorar la productividad de las ya existentes en nuestro país.
Definición o
descripción
El indicador se define como el cociente entre el índice del valor de la producción a precios constantes en un periodo determinado, y el índice de horas trabajadas en el mismo periodo.
Nivel de
desagregación
Geográfica: Nacional
Periodicidad o
frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o
periódico
Periódico
Unidad de
medida
Índice
Periodo de
recolección de
los datos
De enero a diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de
la información
Marzo
Tendencia
esperada
Ascendente
Unidad
responsable de
reportar el avance
Unidad de Planeación Económica de la
Hacienda Pública
Método de
cálculo
El indicador se construye a partir del promedio simple de la información trimestral para el año determinado.
IGPLH= (IGPLH_t1 + IGPLH_t2 + IGPLH_t3 + IGPLH_t4) / 4
Donde:
IGPLH: Índice global de productividad laboral de la economía con base en las horas trabajadas totales
IGPLH_t1: Índice global de productividad laboral de la economía con base en las horas trabajadas totales del
trimestre 1 para el año determinado
IGPLH_t2: Índice global de productividad laboral de la economía con base en las horas trabajadas totales del
trimestre 2 para el año determinado
IGPLH_t3: Índice global de productividad laboral de la economía con base en las horas trabajadas totales del
trimestre 3 para el año determinado
IGPLH_t4: Índice global de productividad laboral de la economía con base en las horas trabajadas totales del
trimestre 4 para el año determinado
Observaciones
NA
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre
variable 1
IGPLH_t1
Valor variable 1
103.3
Fuente de
información
variable 1
INEGI
Nombre
variable 2
IGPLH_t2
Valor variable 2
103.5
Fuente de
información
variable 2
INEGI
Nombre
variable 3
IGPLH_t3
Valor variable 3
102.7
Fuente de
información
variable 3
INEGI
Nombre
variable 4
IGPLH_t4
Valor variable 4
102.2
Fuente de
información
variable 4
INEGI
Sustitución en
método de
cálculo
IGPLH= ((103.3 + 103.5 + 102.7 + 102.2) / 4) / ((103.3 + 103.5 + 102.7 + 102.2) / 4) *100 = 100
VALOR DE LÍNEA BASE DEL PARÁMETRO
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
100
NA
Año
2018
SERIE HISTÓRICA DEL PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
97
97
99
100
100
101
100
Meta para el bienestar del objetivo prioritario 3.
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR
Nombre
3.1 Tasa de población adulta con educación al menos de nivel media superior.
Objetivo
prioritario
Impulsar la productividad general de la economía nacional a través de estrategias que mejoren el capital humano, la infraestructura y la innovación para aumentar el bienestar de las personas y empresas.
Definición o
descripción
Este indicador mide la proporción de la población de entre 25-64 años que cuentan con un nivel de educación media superior y, por lo tanto, permite evaluar el objetivo al que se asocia.
Nivel de
desagregación
Geográfica: Nacional
Grupo etario: Población entre 25 años y 64
años de edad
Periodicidad o
frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o
periódico
Periódico
Unidad de
medida
Porcentaje
Periodo de
recolección de
los datos
De enero a diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de
la información
Septiembre
Tendencia
esperada
Ascendente
Unidad
responsable de
reportar el avance
Unidad de Planeación Económica de la
Hacienda Pública
Método de
cálculo
Esta tasa se calcula sumando la tasa de población entre 25 y 64 años de edad con educación terciaria y la tasa de
población en ese mismo rango de edad con educación media superior.
TPAEMS = PAET + PAEMS
Donde:
TPAEMS = Tasa de población adulta con educación al menos con nivel de media superior
PAET= Porcentaje de adultos entre 25 y 64 años de edad con nivel de educación terciaria
PAEMS = Porcentaje de adultos entre 25 y 64 años con un nivel igual a educación media superior
Observaciones
NA
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre
variable 1
Porcentaje de adultos
entre 25 y 64 años de
edad con nivel de
educación terciaria
Valor variable 1
18
Fuente de
información
variable 1
OCDE
Nombre
variable 2
Porcentaje de adultos
entre 25 y 64 años con
un nivel igual a
educación media
superior
Valor variable 2
21.1
Fuente de
información
variable 2
OCDE
Sustitución en
método de
cálculo
Porcentaje de la población con educación terciaria=17.98+21.17
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
39.1
NA
Año
2018
Meta 2024
Nota sobre la meta 2024
46.1
Se utilizó la tasa de crecimiento promedio anual de 2014-2018.
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
34
34.8
35.1
35.7
36.6
37.7
39.1
METAS
2020
2021
2022
2023
2024
41.3
42.5
43.7
44.9
46.1
Parámetro 1 del objetivo prioritario 3.
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO
Nombre
3.2 Porcentaje de gasto en obra pública con respecto al gasto del sector público.
Objetivo
prioritario
Impulsar la productividad general de la economía nacional a través de estrategias que mejoren el capital humano, la infraestructura y la innovación para aumentar el bienestar de las personas y empresas.
Definición o
descripción
Es el porcentaje del gasto del sector público que se destina a inversión física, en particular a infraestructura, incluye las asignaciones destinadas a obras por contrato y proyectos productivos y acciones de fomento. Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto.
Nivel de
desagregación
Geográfica: Nacional
Periodicidad o
frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o
periódico
Periódico
Unidad de
medida
Porcentaje
Periodo de
recolección de
los datos
De enero a diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de
la información
Febrero
Tendencia
esperada
Ascendente
Unidad
responsable de
reportar el avance
Unidad de Planeación Económica de la
Hacienda Pública
Método de
cálculo
Este porcentaje se calcula dividiendo el gasto que se destina a obra pública entre el gasto neto del sector público
presupuestario, y se multiplica por cien.
IP= (GOP/GNP)*100
Donde:
IP= Porcentaje de gasto en obra pública con respecto al gasto del sector público
GOP= Gasto en obra pública (millones pesos corrientes)
GNP= Gasto neto del sector público presupuestario (millones pesos corrientes)
Observaciones
NA
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre
variable 1
Gasto en obra pública
Valor variable 1
53,642.4
Fuente de
información
variable 1
SHCP
Nombre variable
2
Gasto neto del sector
público presupuestario
Valor variable 2
5,589,351.3
Fuente de
información
variable 2
SHCP
Sustitución en
método de
cálculo
IP = (53,642.4/ 5,589,351.3)*100
VALOR DE LÍNEA BASE DEL PARÁMETRO
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
0.96
NA
Año
2018
SERIE HISTÓRICA DEL PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1.78
1.48
1.81
1.23
1.32
1.16
0.96
Parámetro 2 del objetivo prioritario 3.
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO
Nombre
3.3 Porcentaje de la formación bruta de capital fijo con respecto al Producto Interno Bruto.
Objetivo
prioritario
Impulsar la productividad general de la economía nacional a través de estrategias que mejoren el capital humano, la infraestructura y la innovación para aumentar el bienestar de las personas y empresas.
Definición o
descripción
Es el valor total de las adquisiciones menos las disposiciones de activos fijos, que efectúa el productor en un periodo determinado, tales como: construcciones e instalaciones, maquinaria y equipo nacional o importado que se utiliza para producir bienes o servicios y tienen una vida útil mayor a un año. También incluye ciertas adiciones al valor de los activos no producidos (como los activos del subsuelo o grandes mejoras de la cantidad, la calidad o la productividad de las tierras) realizadas por la actividad productiva de las unidades institucionales, las adiciones y mejoras que se hacen con objeto de prolongar su vida útil o aumentar la capacidad de producción.
Nivel de
desagregación
Geográfica Nacional
Periodicidad o
frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o
periódico
Periódico
Unidad de
medida
Porcentaje
Periodo de
recolección de
los datos
De enero a diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de
la información
Abril
Tendencia
esperada
Ascendente
Unidad
responsable de
reportar el avance
Unidad de Planeación Económica de la
Hacienda Pública
Método de
cálculo
Para calcularlo se divide la formación bruta de capital fijo total entre el valor del Producto Interno Bruto, y
posteriormente se multiplica por cien.
PFBCF =(FBCF /PIB)*100
Donde:
PFBCF = Porcentaje de la formación bruta de capital fijo con respecto al producto interno bruto
FBCF = Formación bruta de capital fijo total (millones pesos constantes 100=2013)
PIB= Producto Interno Bruto (millones pesos constantes 100=2013)
Observaciones
NA
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre
variable 1
Formación bruta de
capital fijo
Valor variable 1
3,757,137
Fuente de
información
variable 1
INEGI
Nombre
variable 2
Producto Interno Bruto
Valor variable 2
18,521,324
Fuente de
información
variable 2
INEGI
Sustitución en
método de
cálculo
 
PFBCF = (3,757,137/18,521,324)*100
 
VALOR DE LÍNEA BASE DEL PARÁMETRO
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
20.3
NA
Año
2018
SERIE HISTÓRICA DEL PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
22.3
21.3
21.3
21.7
21.3
20.5
20.3
Meta para el bienestar del objetivo prioritario 4.
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR
Nombre
4.1 Tiempo promedio para hacer cumplir un contrato.
Objetivo
prioritario
Impulsar un ambiente competitivo a nivel nacional en el que operan las empresas.
Definición o
descripción
Se refiere a la cantidad de días necesarios para que las empresas realicen procedimientos legales para hacer valer un contrato.
Nivel de
desagregación
Geográfica: Nacional
Periodicidad o
frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o
periódico
Periódico
Unidad de medida
Días
Periodo de
recolección de
los datos
De enero a diciembre.
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad
de la
información
Octubre
Tendencia
esperada
Descendente
Unidad
responsable de
reportar el
avance
Unidad de Planeación Económica de la
Hacienda Pública
Método de cálculo
Se registra el número de días del calendario que tarda un proceso de demanda por un contrato, desde que se
inicia una demanda hasta que la Corte determina el pago.
TPCC= número de días naturales promedio que tarda un proceso de demanda por un contrato
Donde:
TPCC= Tiempo promedio para hacer cumplir un contrato
Observaciones
De acuerdo con el Banco Mundial, el tiempo se cuenta en días naturales. Su cómputo se basa en la duración
media que profesionales expertos del tema dictaminan al revisar las leyes pertinentes, así como por la información
de jueces y abogados practicantes de litigios.
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
Días promedio para
ejercer un contrato
Valor variable 1
340.65
Fuente de
información
variable 1
Banco Mundial Doing
Business Data
Sustitución en
método de cálculo
TPCC= 340.85
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
340.65
NA
Año
2018
Meta 2024
Nota sobre la meta 2024
288.6
Se calculó con base a la tasa de cambio promedio anual del periodo
2014-2018.
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ND
ND
388.95
388.95
388.95
340.65
340.65
METAS
2020
2021
2022
2023
2024
329.5
318.8
308.4
298.3
288.6
Parámetro 1 del objetivo prioritario 4.
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO
Nombre
4.2 Tiempo promedio para construir un almacén (para un negocio).
Objetivo
prioritario
Impulsar un ambiente competitivo a nivel nacional en el que operan las empresas.
Definición o
descripción
Se refiere al tiempo necesario para construir un almacén. Es la cantidad de días calendario que se necesitan para completar los procedimientos correspondientes requeridos a fin de construir un almacén. Si es posible acelerar un proceso a un costo adicional, se toma en cuenta el procedimiento más rápido, independientemente del costo.
Nivel de
desagregación
Geográfica: Nacional
Periodicidad o
frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o
periódico