DOF: 31/12/2020
ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los modelos de formatos "3 de 3 Contra la Violencia" a efecto de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género

ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los modelos de formatos "3 de 3 Contra la Violencia" a efecto de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional Electoral.- Consejo General.- INE/CG691/2020.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE FORMATOS "3 DE 3 CONTRA LA VIOLENCIA" A EFECTO DE PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO
GLOSARIO
Comisión de Género                Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación
Comisión de Prerrogativas        Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos
Consejo General                      Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución                           Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DOF                                       Diario Oficial de la Federación
INE/Instituto                            Instituto Nacional Electoral
Lineamientos                          Lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales y en su caso, los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género
Ley de Acceso/LGAMVLV          Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
LGIPE                                    Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGPP                                     Ley General de Partidos Políticos
OPL                                       Organismos Públicos Locales
RIINE                                     Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral
SPEN                                     Servicio Profesional Electoral Nacional
ANTECEDENTES
I.     Reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. El 13 de abril del presente año se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Dentro de dichas reformas se previeron diversas disposiciones que tienen impacto sobre el funcionamiento y atribuciones del Instituto.
II.     Reforma al Reglamento Interior. El 8 de julio de 2020, mediante Acuerdo INE/CG163/2020, el Consejo aprobó la reforma al Reglamento Interior, con el objetivo de dotar de facultades a las diversas áreas y órganos del Instituto para facilitar el cumplimiento de sus funciones derivado de reformas a leyes generales en temas como el de la violencia política contra las mujeres en razón de género.
III.    Campaña internacional HeforShe. El 20 de octubre de 2017, los entonces nueve Partidos Políticos Nacionales (Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido Movimiento Ciudadano, Partido Nueva Alianza, Morena y el Partido Encuentro Social) firmaron cinco compromisos en adhesión a la campaña HeForShe, promovida por ONU Mujeres, a saber:
1)   Garantizar que las plataformas de los partidos políticos en el Proceso Electoral de 2017-2018 promuevan los derechos humanos de las mujeres reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.
2)   Capacitar a todas las candidatas y candidatos en materia de género, igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y no discriminación.
3)   Garantizar la paridad de género en la integración de sus órganos directivos partidistas.
4)   Implementar un protocolo de prevención, atención, sanción y reparación del daño en el caso de violencia contra las mujeres, al interior del partido político.
5)   En relación con la publicidad, propaganda política y electoral, así como las campañas, garantizar
y verificar que: a) Las candidatas mujeres tengan acceso a los recursos en igualdad de circunstancias que los candidatos hombres. b) Las campañas electorales de las y los candidatos no reproduzcan estereotipos de género.
IV.   Escrito de solicitud de incorporación de criterios del "3 de 3 Contra la Violencia". El 19 de octubre del presente año, la Cámara de Diputados y Diputadas y Las Constituyentes CDMX dirigieron a la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE un escrito signado por diversas legisladoras del ámbito federal, local, regidoras, organizaciones feministas, activistas de derechos humanos y ciudadanas de las entidades federativas del país para solicitar la inclusión de un mecanismo que vele por la implementación de la propuesta 3 de 3 contra la violencia, consistente en que las y los aspirantes a una candidatura no se encuentren en ninguno de los supuestos a continuación referidos:
1.   No contar con antecedentes de denuncia, investigación y/o procesamiento y en su caso no haber sido condenado o sancionado mediante Resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.
2.   No contar con antecedentes de denuncia, investigación y/o procesamiento y en su caso no haber sido condenado, o sancionado mediante Resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal y;
3.   No estar inscrito o tener registro vigente como persona deudora alimentaria morosa que atente contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda ante las instancias que así correspondan.
       En el escrito se establece que si bien en esta etapa este mecanismo sería adoptado por propia voluntad por quienes aspiran una candidatura y bajo protesta de decir verdad para demostrar su compromiso por erradicar la violencia, su implementación por parte del Instituto Nacional Electoral brindaría mayores garantías para erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres en razón de género y, con ello, que los Organismos Públicos Locales Electorales podrían replicar lo propio en el ámbito local; logrando con ello un marco normativo progresista a favor de los derechos políticos y electorales, en específico, en lo referente a la violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquier momento que esta ocurra. Elevando los estándares de la ética y responsabilidad pública, así como la generación de criterios de exigencia ciudadana hacia las autoridades, fortaleciendo con ello la consolidación de una cultura democrática y libre de todo tipo de violencia.
V.    El pasado 28 de octubre de 2020, este Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG517/2020, por medio del cual se emitieron los "Lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género". Como parte de estos Lineamientos se incluyó un criterio denominado "3 de 3 contra la Violencia" el cual tiene por objeto brindar mayores garantías para erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres en razón de género y, con ello, lograr un marco normativo progresista en favor de los derechos políticos y electorales, en específico, en lo referente a la violencia política contra las mujeres en razón de género, fortaleciendo con esto la consolidación de una cultura democrática.
       El criterio denominado "3 de 3 contra la violencia" implica que solamente las personas que hayan sido condenadas o sancionadas por cometer las señaladas conductas no podrán suscribirlo.
       Además, debe tenerse en cuenta que esta medida 3 de 3 contra la violencia está diseñada para tenerse por cumplida a través de la presentación de un escrito firmado bajo protesta de decir verdad y de buena fe, por la persona aspirante a una candidatura a un cargo de elección popular; esto es, tiene connotaciones de expresión de buena fe de la persona ciudadana de cumplir con dicha condicionante (no contar con antecedentes ni registros de condena por conductas infractoras de violencia familiar y/o doméstica, delitos sexuales y/o morosidad alimentaria). Sin que conlleve una investigación oficiosa que deba realizar el partido político y, por ello, tampoco tiene implicación de estigmatización, pues el análisis del cumplimiento de la condicionante tiene por origen la propia manifestación de la persona ciudadana que aspira a ser postulada a una candidatura a cargo de elección popular de cumplir con tal situación.
VI.   Aprobación del Acuerdo INE/CG572/2020. El dieciocho de noviembre de dos mil veinte fue aprobado el Acuerdo por el que se establecieron los criterios aplicables para el registro de candidaturas a Diputaciones por ambos principios que presenten los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, las Coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2020-2021. En el Punto de Acuerdo TERCERO del Acuerdo en mención se estableció que las solicitudes de registro debían acompañarse entre otros requisitos de una carta firmada, de buena fe y bajo protesta de decir verdad donde se establezca I. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el
ámbito privado o público; II. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal y III. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución firme como deudor alimentario moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.
VII.   En sesión de Consejo General del pasado 7 de diciembre, en relación con la inclusión de la iniciativa 3 de 3 contra la Violencia en la Convocatoria para la selección y designación de la Consejera o Consejero Presidente del OPL de Chihuahua, se señaló que el Consejo General realizaría los ajustes y modificaciones necesarias para, en general, precisar los términos y hacer operativa dicha norma y su propósito. Así, también, es con base en ello que se emiten los formatos no solo para candidaturas partidistas e independientes sino para quienes pretendan ocupar un cargo en el máximo órgano de los OPL y algún cargo en el SPEN.
VIII.  Aprobación del Acuerdo INE/CG688/2020. El quince de diciembre de dos mil veinte fue aprobado el Acuerdo por el que se modifica la base novena de la Convocatoria a la ciudadanía con interés en postularse como candidatas o candidatos independientes a Diputaciones Federales por el principio de mayoría relativa para el Proceso Electoral Federal 2020-2021 para que las candidaturas independientes presentaran con su solicitud de registro el original del formato que aprobará la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación respecto al tema relacionado con el "3 de 3 contra la violencia", así como los Lineamientos para la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores que se requiere para el registro de dichas candidaturas, aprobados mediante Acuerdo INE/CG551/2020.
CONSIDERANDOS
Competencia
1.     De conformidad con los artículos 44, numeral 1, incisos j) y jj) de la LGIPE; 5, numeral 1, inciso w) y 46, numeral 1, inciso w) del RIINE el Consejo General del INE es el órgano responsable de emitir los Lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, y vigilar que cumplan con las obligaciones a que están sujetos, así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las demás señaladas en la normatividad aplicable.
Marco normativo
2.     El INE es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y la ciudadanía, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género serán principios rectores. El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.
       El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por una Consejera o Consejero Presidente, diez Consejeras y Consejeros Electorales, Consejeras y Consejeros del Poder Legislativo, personas representantes de los partidos políticos y una Secretaria o Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los Organismos Públicos Locales.
       Por otra parte, los artículos 34, numeral 1, inciso a) y 35 de la LGIPE, establecen que el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.
       El artículo 30, numeral 1 de la LGIPE establece que son fines del INE: contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de partidos; integrar el Registro Federal de Electores; asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones federales, así como ejercer las funciones que la Constitución le otorga en procesos locales; velar por la autenticidad del sufragio; promover el voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática, garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral, y fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, a los de otras autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los partidos políticos en la materia.
 
3.     De conformidad con el artículo de la CPEUM, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece. En ese sentido, dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
       El párrafo tercero, del artículo 1º, prevé que, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
       En ese sentido, el párrafo quinto del artículo 1º, dispone que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
4.     El artículo 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución, en relación con el artículo 3, párrafo 1, de la LGPP, establece que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de la ciudadanía, hacer posible el acceso de ésta al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
5.     Por su parte, el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que México es parte, establece que los Estados parte se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
6.     El artículo 5 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém Do Pará) prevé que toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados parte reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.
       El artículo 7 de la citada Convención señala que los Estados parte condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
a)   Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
b)   Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
c)   Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
d)   Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
e)   Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y Reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
f)    Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
g)   Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y
h)   Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva la Convención.
 
7.     Por su parte, en el marco normativo mexicano, en el artículo 20 Bis de la LGAMVLV se define la violencia política contra las mujeres en razón de género como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.
       Asimismo, se señala que se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una persona por su condición de mujer, le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella; que puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la referida ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.
       El artículo 48 Bis de la LGAMVLV señala que corresponde al INE, en el ámbito de su competencia, promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres y sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género.
       Motivos de la emisión del Modelo de Formato
8.     Tal y como fue señalado en el antecedente primero del presente instrumento, el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de distintos ordenamientos legales en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género fue publicado en el DOF el 13 de abril de 2020.
       Derivado de dicha reforma, se estableció en el artículo 44, numeral 1, inciso j) de la LGIPE, que el INE debía emitir los Lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, y vigilar que cumplan con las obligaciones a que están sujetos.
       Además, en los artículos 25, numeral 1, incisos s) a w); 37, numeral 1, incisos e) a g); 38, numeral 1, inciso e); 39, numeral 1, incisos f) y g); y 73, numeral 1 de la LGPP se establece que los partidos políticos deberán:
a)   Garantizar en igualdad de condiciones la participación de mujeres y hombres en sus órganos internos de dirección y espacios de toma de decisiones;
b)   Garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de violencia política, en los términos de la LGAMVLV;
c)   Sancionar por medio de los mecanismos y procedimientos internos con los que se cuente todo acto relacionado con la violencia política contra las mujeres en razón de género;
d)   Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere esa misma ley, dentro de los cuales deberán informar trimestralmente de manera pormenorizada y justificada sobre la aplicación de los recursos destinados para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres;
e)   Garantizar la no discriminación por razón de género en la programación y distribución de tiempos del Estado;
f)    Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su información les impone;
g)   Prever en la Declaración de Principios la obligación de promover, proteger y respetar los derechos políticos y electorales de las mujeres, establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales firmados y ratificados por México, así como los mecanismos de sanción aplicables a quien o quienes ejerzan violencia política contra las mujeres en razón de género, acorde a lo estipulado en la LGIPE y la LGAMVLV y demás leyes aplicables;
h)   Determinar en su Programa de Acción las medidas para promover la participación política de las militantes y establecer mecanismos de promoción y acceso de las mujeres a la actividad política del partido, así como la formación de liderazgos políticos;
 
i)    Establecer en sus Estatutos los mecanismos y procedimientos que permitirán garantizar la integración de liderazgos políticos de mujeres al interior del partido, así como aquellos que garanticen la prevención, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres en razón de género; y
j)    Aplicar los recursos destinados para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres al rubro de la creación o fortalecimiento de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.
       Ahora bien, en el Acuerdo INE/CG163/2020 señalado en antecedente segundo, se aprobaron diversas modificaciones al RIINE con la finalidad de adaptar dicho orden normativo a lo señalado por la reforma. En el caso de la instrumentación de los Lineamientos aprobados por el Consejo General, se señala, en los artículos 5, numeral 1 inciso w) y 46, numeral 1, inciso w), lo siguiente:
Artículo 5.
1. Para el cumplimiento de sus atribuciones corresponde al Consejo:
(...)
w) Emitir los Lineamientos específicos en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género que deberán cumplir los partidos políticos, y
(...)
Artículo 46.
1. Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral le confiere, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos:
(...)
w) Proponer al Consejo General los Lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.
9.     Los Lineamientos aprobados por el Consejo General a través del Acuerdo INE/CG517/2020 se encuentran dirigidos a los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, para los partidos políticos locales, sus órganos, personas dirigentes, representantes, militantes o afiliadas, simpatizantes, precandidatas y candidatas postuladas por ellos o por coaliciones y, en general, cualquier persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de estos.
       Es decir, son bases para que los Partidos Políticos Nacionales, y, en su caso, para los partidos políticos locales, a través de los mecanismos establecidos en su norma estatutaria, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres en condiciones de igualdad sustantiva.
       Si bien tales Lineamientos establecieron dicha obligación para los Partidos Políticos Nacionales y locales, en el escrito referido en el antecedente IV del presente Acuerdo se señaló que si bien en esta etapa este mecanismo sería adoptado por propia voluntad por quienes aspiran una candidatura y bajo protesta de decir verdad para demostrar su compromiso en esta materia, su implementación por parte del INE brindaría mayores garantías para erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres en razón de género y, con ello, que los Organismos Públicos Locales Electorales podrían replicar lo propio en el ámbito local; logrando con ello un marco normativo progresista a favor de los derechos políticos y electorales, en específico, en lo referente a la violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquier momento que esta ocurra. Elevando los estándares de la ética y responsabilidad pública, así como la generación de criterios de exigencia ciudadana hacia las autoridades, fortaleciendo con ello la consolidación de una cultura democrática y libre de todo tipo de violencia.
       En razón de lo anterior, se considera necesario que dicha obligación también se extienda a las personas aspirantes a candidaturas independientes, quienes a partir del Acuerdo INE/CG688/2020 deberán adjuntar a las solicitudes de registro que presenten el formato de 3 de 3 Contra la Violencia.
       En el Acuerdo INE/CG572/2020 se señaló de manera textual lo siguiente:
       "mediante Acuerdo INE/CG517/2020, de fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General aprobó los Lineamientos, en cuyo artículo 32, se estableció que las y los sujetos obligados por dichos Lineamientos deberán solicitar a las y los aspirantes a una candidatura firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se establezca que no se encuentran bajo ninguno de los siguientes supuestos:
 
       I. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. II. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. III. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios. En razón de lo anterior, se considera necesario que a las solicitudes de registro que presenten los partidos políticos o coaliciones se adjunte el original dicho formato. Si respecto a una persona postulada para una candidatura no se presenta el referido formato, se le requerirá al partido político o coalición para que lo exhiba en un plazo de cuarenta y ocho horas, apercibido que de no hacerlo se negará el registro de la candidatura correspondiente, sin que ello afecte a la fórmula completa
       Asimismo, en dicho acuerdo también se refirió que: "si una persona postulada para una candidatura independiente no presenta el referido formato, se le requerirá para que lo exhiba en un plazo de cuarenta y ocho horas, apercibido que, de no hacerlo, se negará el registro de la candidatura correspondiente, sin que ello afecte a la fórmula completa tratándose de la persona suplente, pero si quien omite la presentación de dicho formato es la persona propietaria, se negará el registro a la fórmula completa".
10.   De igual forma, el inciso g) del numeral primero del artículo 10, de la Ley General de Partidos Políticos señala que:
       1.Son requisitos para ser Diputada o Diputado Federal o Senadora o Senador, además de los que señalan respectivamente los artículos 55 y 56 de la Constitución, los siguientes:
       g) No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género.
11.   Motivación que sustentó el capítulo VIII del 3 de 3 Contra la Violencia
En el siguiente apartado se explica las razones que dan sustento del 3 de 3 Contra la Violencia contenidos en los Lineamientos.
a)   Capítulo I. Del 3 de 3 contra la violencia.
Se estima que la implementación de las medidas incluidas en el apartado 3 de 3 contra la violencia se ajusta a la obligación contenida en el artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de promover, respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos de las mujeres, que se impone a todas las instituciones del Estado mexicano, incluyendo a los partidos políticos.
Asimismo, es acorde con los estándares internacionales en la protección de los derechos humanos, específicamente al ajustarse a las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales especializados en la protección de los derechos humanos de las mujeres, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém Do Pará) y la Convención para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (CEDAW por sus siglas en inglés).
En ese sentido, se considera que las medidas que se denominan 3 de 3 contra la violencia incluidos en los citados Lineamientos, se ajustan a la recomendación número 35 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, al corresponder a medidas en la esfera de la prevención y protección orientadas a la erradicación de la violencia de género en el ámbito de la participación política.
Conforme a la recomendación en comento, los Estados Parte deben adoptar medidas tendentes a acelerar la eliminación de la violencia por razón de género, lo que incluye la violencia política contra la mujer en las que se reconozca a las mujeres como titulares de derechos, se promueve su capacidad de actuar y su autonomía, así como aquellas medidas necesarias para abordar las causas subyacentes de la violencia en razón de género, en particular las actitudes patriarcales, estereotipos, la desigualdad en la familia y el incumplimiento o la denegación de los derechos civiles, políticos, económicos sociales y culturales de la mujer, promoviendo el empoderamiento, la capacidad de acción y las opiniones de las mujeres.
Con las medidas 3 de 3 contra la violencia, se persigue inhibir conductas que contribuyan a la cultura patriarcal que fomentan la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, como son la violencia familiar y/o doméstica, la violencia sexual, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, porque estas conductas afectan en forma desproporcionada a las mujeres.
Si conforme a la Base I del artículo 41 constitucional, los partidos políticos son entidades de interés público y, como organizaciones ciudadanas, hacen posible su acceso al ejercicio del poder público. Entonces, resulta claro que los partidos políticos son el vehículo para que la ciudadanía acceda a los cargos de elección popular, a través de las candidaturas que estos postulen.
 
La otra vía prevista en la Constitución de acceso de la ciudadanía a un cargo de elección popular lo constituyen las candidaturas independientes, por lo que también resulta necesario que las personas que aspiren a obtener una candidatura independiente presenten de igual forma el formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad relacionado con las medidas 3 de 3 contra la violencia.
Es evidente que la sociedad mexicana exige que se erradique la violencia en todas sus formas y manifestaciones, de manera especial la que afecta a las mujeres por razones de género derivado de las causas estructurales que perpetúan la desigualdad y discriminación; motivo por el cual, rechaza la violencia. Muestra de ello, son las reformas aprobadas en los últimos años para erradicar la violencia contra las mujeres, incluyendo la emisión de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; así como la más reciente reforma publicada el 13 de abril de 2020, sobre violencia política contra las mujeres por razón de género.
La manera más eficaz de evitar que personas violentadoras de mujeres y de los derechos familiares accedan a los cargos de elección popular, es que los partidos políticos exijan a las personas interesadas en acceder a una candidatura que declaren que no han incurrido en alguna situación de violencia de género ni familiar y que ninguna persona que aspire a una candidatura independiente, haya incurrido en estos supuestos.
Por esa razón, en el artículo 32 de los Lineamientos, se incluye un mecanismo que vela por la implementación de la propuesta conocida como 3 de 3 contra la violencia, al exigir a los sujetos obligados que cada persona aspirante a una candidatura firme un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde manifieste que no ha sido condenada, o sancionada mediante Resolución firme por:
I.    Violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.
II.   Por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.
III.   Como persona deudora alimentaria morosa que atente contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.
Así, se considera que esta obligación que corresponde a los partidos políticos y aspirantes a una candidatura independiente consistente en solicitar a las personas aspirantes a una candidatura que manifiesten no estar en alguna de las hipótesis referidas, por misma constituye una medida que promueve que quienes aspiren a acceder a una postulación de un partido político en una candidatura o por una candidatura independiente a un cargo de elección popular no incurran en conductas que social y culturalmente son connotativas de la perpetuación de actitudes de dominio y actos discriminatorios patriarcales en contra de las mujeres por razón de género.
En ese sentido, se considera que a través del 3 de 3 contra la violencia se instrumenta una medida reglamentaria que posibilitará garantizar a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto, que tanto las personas que los partidos políticos postulan en las candidaturas como los aspirantes a una candidatura independiente, no detentan antecedentes que, por su naturaleza, son indicativos de que la persona aspirante a la titularidad de una candidatura a cargo de elección popular es proclive a ejercer conductas constitutivas de violencia en contra de las mujeres por razón de género.
Ejercer un cargo de elección popular reviste de gran importancia, por las facultades conferidas, decisiones que se pueden adoptar y el manejo de recursos públicos que están a su disposición; razón por la cual, desde los partidos políticos se debe garantizar la idoneidad de las personas que aspiran a ocupar y permanecer en dichos cargos públicos, y verificar que no hayan incurrido en actos u omisiones que violenten o afecten de manera desproporcionada a las mujeres.
Esta exigencia contenida en el artículo 32 de los Lineamientos en comento, se basa en el reconocimiento de que las personas que acceden a un cargo de elección popular, así como las y los servidores públicos deben respetar los derechos de las mujeres.
Razón por la cual, se debe conocer si una persona que aspira a una candidatura incurrió en una conducta que violenta a las mujeres y fue condenado o sancionado por esa circunstancia, pues de ser el caso no cumpliría con la exigencia prevista en la denominada 3 de 3 contra la violencia. Al partirse de la base de que las personas agresoras no están en condiciones de actuar con la finalidad de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, flagelo que se debe erradicar.
Indiscutiblemente, la violencia no sólo afecta a la población femenina, pero la violencia familiar, la violencia sexual y la violencia de género, así como la negativa de los progenitores a solventar las pensiones alimentarias, afectan en forma desproporcionada a las mujeres.
Por esto, esta medida 3 de 3 contra la violencia, refiere los problemas más graves que viven las mujeres y que están más generalizados, con la finalidad de que se erradiquen, y un mecanismo importante es evitar que accedan a los cargos de elección popular las personas que incurren en alguna de las tres conductas referidas en el artículo 32 de los Lineamientos en mención.
 
El mensaje que se transmite con la exigencia 3 de 3 contra la violencia es contundente, en el sentido de que las personas que tengan antecedentes como agresoras por violencia familiar, violencia sexual, violencia en razón de género en cualquiera de sus modalidades, o por incumplimiento de obligaciones alimentarias -salvo aquellas que al momento de la firma del formato comprueben estar al corriente-, no podrán acceder a un cargo de elección popular, al no tener las cualidades que se requieren para representar los intereses de la sociedad mexicana al violentar a las mujeres; máxime que la población mexicana se conforma por un 51% de mujeres, además de que representan similar porcentaje de la lista nominal de electores y las mujeres son las que más votan en las elecciones, y lo que se busca es lograr una democracia representativa de manera sustantiva, en la que los hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades, lo que empieza por respetar los derechos de las mujeres y no violentarlas.
12. Justificación para emitir los formatos 3 de 3 contra la violencia de género
De igual manera, y para demostrar su compromiso por erradicar la violencia al interior de las instituciones electorales, el INE ha decidido implementar de manera adicional dos formatos del 3 de 3 Contra la Violencia. El primero de ellos, fungirá como requisito de las Convocatorias para participar en los procesos de selección y designación del cargo de Consejeras y Consejeros Electorales de los OPL. El segundo de ellos se establecerá como requisito en las Convocatorias para participar en los Concursos de Selección e Ingreso al SPEN, así como en los demás Subprocesos de Reingreso y Reincorporación; Promoción y Ascenso del SPEN que al efecto determine el área técnica competente.
En ese orden de ideas y con la finalidad de consolidar un marco normativo progresista para prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquier espacio institucional y ámbito en que esta ocurra, elevando los estándares de la ética y responsabilidad pública, así como la generación de criterios de exigencia ciudadana hacia las autoridades, fortaleciendo con ello la consolidación de una cultura democrática y libre de todo tipo de violencia en todas las áreas y la estructura institucional en materia electoral, esta autoridad electoral nacional, en el marco de las nuevas atribuciones conferidas a través de la llamada Reforma contra la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, además de instaurar como obligación de las y los aspirantes a cargos de elección popular firmar el llamado "formato 3 de 3", considera necesario que, dentro de los procesos de selección, ingreso, reingreso, reincorporación, promoción, ascenso y designación realizados por esta autoridad dentro del SPEN, tanto en el sistema INE como en el OPL, así como en la designación de Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales, se incorporé también esta obligación, con la finalidad de que entre los integrantes de los máximos órganos de dirección de los OPL y las diversas áreas de este Instituto, se encuentren personas cuyo actuar dentro del ámbito personal, garantice el buen ejercicio profesional para el cumplimiento de los principios que rigen la materia electoral, tales como el de imparcialidad y paridad, se realicen con perspectiva de género.
Por tanto, es menester que para consolidar la normativa que rige el actuar de esta autoridad electoral, este Consejo General instruya a las comisiones de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y del Servicio Profesional Electoral, a trabajar las reformas al Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales y al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, para incorporar la obligatoriedad de presentar el "Formato 3 de 3" por parte de los aspirantes a incorporarse o promoverse dentro del Servicio Profesional Electoral Nacional y a los máximos órganos de dirección de los Organismos Públicos Locales.
Ahora bien, no pasa desapercibido para este Consejo General que, al momento en el que se emite este Acuerdo, este órgano ya aprobó la Convocatoria para la selección y designación de la Consejera o Consejero Presidente de Chihuahua, en cuyas Bases Tercera y Cuarta estableció que, dentro de los requisitos para participar en ese proceso de selección, las y los aspirantes deben presentar un formato con firma autógrafa en el que declaren bajo protesta de decir verdad el cumplimiento de requisitos, entre los que se encuentran el no haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; no haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; y no estar inscrita o tener registro vigente como persona deudora alimentaria morosa, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda ante las instancias que así correspondan. Lo anterior debido a que se consideró como una medida que permite contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de género en todos los ámbitos de la vida pública y privada, incluyendo aquellos organismos encargados de organizar los procesos electorales en las entidades federativas.
Por tal motivo, se considera necesario que, mediante este Acuerdo, se instruya también a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales para que en el marco de los trabajos que actualmente se llevan a cabo dentro de la Convocatoria referida en el estado de Chihuahua remita a las y los aspirantes que a la fecha se han inscrito en dicho proceso de selección el Formato 3 de 3 Contra la Violencia. (OPLE´S), que se incluye como anexo en este acuerdo, a fin de integrarlo al expediente de cada aspirante, así como ponerlo a disposición de quienes deseen inscribirse en este proceso, durante el periodo de registro
restante. Es importante señalar que lo anterior no genera un perjuicio a las y los aspirantes que a la fecha se hubieren inscrito en esta Convocatoria o deseen hacerlo debido a que no se exige el cumplimiento de requisitos adicionales, sino únicamente se trata de la presentación de documentación complementaria.
Lo anterior, además encuentra su fundamento en que, como se señaló en los antecedentes, en la sesión del pasado 7 de diciembre de este Consejo General, en el marco de la emisión de la Convocatoria referida, se estimó necesario emitir y realizar las adecuaciones y ajustes correspondientes para hacer cumplir efectivamente el propósito de la medida "3 de 3 contra la violencia", lo cual incluye de manera transversal a los cargos y puestos la suscripción de los referidos formatos.
En razón de los Antecedentes y las Consideraciones expuestas en el presente instrumento, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueban los Modelos de Formatos del "3 de 3 Contra la Violencia" a que hace referencia el artículo 32 de los Lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, así como las y los aspirantes a candidaturas independientes, a Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales y personas que participen en los Concursos de Selección e Ingreso al SPEN y los demás subprocesos de reingreso y reincorporación; promoción y ascenso del SPEN, tanto en el sistema INE como en los OPL prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, mismos que se incluyen como Anexo y forman parte del mismo.
SEGUNDO. Se instruye a las comisiones de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y del Servicio Profesional Electoral Nacional, para que dentro del ámbito de sus atribuciones elaboren las reformas al Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales y al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativo, a efecto de incorporar dentro de los procesos de selección, ingreso, reingreso, reincorporación, promoción, ascenso y designación, la presentación del formato "3 de 3 contra la Violencia", las cuales deberán ser presentadas para su aprobación ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral a la brevedad posible.
TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales a notificar a las y los aspirantes que hasta el momento se encuentren registrados con motivo de la Convocatoria para selección y designación de la Consejera o el Consejero Presidente del Organismo Público Local en Chihuahua, la obligatoriedad de requisitar el formato que por esta vía se aprueba, así como a publicar el mismo, en el micro sitio habilitado para el efecto, a fin de dar a conocer la obligación de presentar este formato a las y los aspirantes interesados en participar en dicho proceso de selección y designación.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, notifique electrónicamente a los Partidos Políticos Nacionales.
QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPLES, informe electrónicamente este Acuerdo a los institutos locales electorales, para que estos a su vez lo hagan del conocimiento de los partidos políticos locales.
SEXTO. En caso de que los OPLES encargados de emitir los Lineamientos 3 de 3 para las y los candidatos locales a cargos de representación popular, no cuenten con los respectivos formatos, entonces deberán considerar los aprobados por este Instituto Nacional Electoral.
SÉPTIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.
OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral, en NormaINE, en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral y en el Diario Oficial de la Federación.
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 21 de diciembre de 2020, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
El Consejero Presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.
El Acuerdo y el anexo pueden ser consultados en las siguientes direcciones electrónicas:
Página INE:
https://www.ine.mx/sesion-extraordinaria-del-consejo-general-21-de-diciembre-de-2020/
Página DOF
www.dof.gob.mx/2020/INE/CGext202012_21_ap_7.pdf
 
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