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DOF: 05/01/2021
RESOLUCIÓN del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante la cual se ejerce la facultad de atracción y se fijan los mecanismos y criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad y equidad en los Procesos Electorales Federal

RESOLUCIÓN del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante la cual se ejerce la facultad de atracción y se fijan los mecanismos y criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad y equidad en los Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional Electoral.- Consejo General.- INE/CG693/2020.

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE LA CUAL SE EJERCE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN Y SE FIJAN LOS MECANISMOS Y CRITERIOS TENDENTES A GARANTIZAR LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERAL Y LOCALES 2020-2021
GLOSARIO
 
Consejo General
Consejo General del Instituto Nacional Electoral
CPEUM
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Consejeros INE
Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral
DOF
Diario Oficial de la Federación
IFE
INE
Instituto Federal Electoral
Instituto Nacional Electoral
LGIPE
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGCS
Ley General de Comunicación Social
OPL
Organismo Público Local Electoral
Reglamento
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
 
ANTECEDENTES
I.     De 2008 a 2019, el INE ha aprobado acuerdos aplicables a los Procesos Electorales Federales y Locales sobre la propaganda gubernamental, la imparcialidad en el uso de recursos públicos, la propaganda institucional y la propaganda político electoral de las servidoras y los servidores públicos.
       En las siguientes tablas se indica el número de acuerdo, nombre, tema y, en su caso, expediente en que fue analizado por la Sala Superior en caso de haber sido impugnado.
Tabla 1. Propaganda gubernamental
 
ACUERDO
NOMBRE
IMPUGNACIÓN
INE/CG65/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2016-2017
NO IMPUGNADO
INE/CG78/2016
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2015-2016 ASÍ COMO PARA LOS PROCESOS LOCALES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS QUE SE CELEBREN EN 2016
NO IMPUGNADO
 
CG75/2012
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, ASÍ COMO DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES CON JORNADA COMICIAL COINCIDENTE CON LA FEDERAL Y LOS PROCESOS ELECTORALES EXTRAORDINARIOS A CELEBRARSE EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO Y XOCHICOATLÁN, EN EL ESTADO DE HIDALGO Y EL MUNICIPIO DE MORELIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.
SUP-RAP-54/2012, SUP-
RAP-56/2012 Y SUP-RAP-
58/2012, SUP-RAP-82/2012
Y SUP-RAP-84/2012,
ACUMULADOS CONFIRMA
 
CG180/2011
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICA EL "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES DE 2011", IDENTIFICADO CON LA CLAVE CG135/2011, CON MOTIVO DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL IFAI.
SUP-RAP-123/2011 Y SUP-
RAP-124/2011
ACUMULADO. MODIFICA
 
CG179/2011
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES DE 2011, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE SUP-RAP-102/2011.
NO IMPUGNADO
CG135/2011
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES DE 2011.
SUP-RAP-102/2011
REVOCADO
 
CG155/2010
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICA EL CG601/2009 DENOMINADO ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA LOS PROCESOS ELECTORALES DE 2010
SUP-RAP-57/2010
CONFIRMA
 
CG601/2009
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES DE 2010.
NO IMPUGNADO
CG126/2009
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICAN LAS NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 2, PÁRRAFO 2 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
NO IMPUGNADO
CG40/2009
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 2, PÁRRAFO 2 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
NO IMPUGNADO
Tabla 2. Principio de imparcialidad
NO. ACUERDO
NOMBRE
IMPUGNACIÓN
INE/CG124/2019
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE LA CUAL SE EJERCE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN Y SE FIJAN LOS CRITERIOS TENDENTES A GARANTIZAR LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA, ASÍ COMO PARA CONTRIBUIR A EVITAR ACCIONES QUE GENEREN PRESIÓN SOBRE EL ELECTORADO DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES ORDINARIOS 2018-2019 EN AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, DURANGO, TAMAULIPAS, QUINTANA ROO Y EN EL PROCESO LOCAL EXTRAORDINARIO DE PUEBLA
NO IMPUGNADO
INE/CG398/2017
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE LA CUAL SE EJERCE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA FIJAR LOS CRITERIOS TENDENTES A GARANTIZAR LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2017-2018
SUP-RAP-607/2017 Y
ACUMULADOS
REVOCADO
INE/CG66/2015
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA IMPARCIALIDAD EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 449, PÁRRAFO 1, INCISO C) DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 134, PÁRRAFO SÉPTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUP-JDC-903/2015 Y
ACUMULADO SUP-JDC-
904/2015
SE CONFIRMA
CG193/2011
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE IMPARCIALIDAD EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 347, PÁRRAFO 1, INCISO C) DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 134, PÁRRAFO SÉPTIMO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
SUP-RAP-147/2011
SE MODIFICA
 
CG39/2009
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE IMPARCIALIDAD EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 347, PÁRRAFO 1, INCISO C) DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 134, PÁRRAFO SÉPTIMO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
SUP-RAP-14/2009 Y
ACUMULADOS
SE CONFIRMA
CG92/2012
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011- 2012
SUP-RAP-68/2012 Y
ACUMULADO SUP-RAP-70/
2012
CONFIRMA Y MODIFICA
CG38/2008
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN MATERIA DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL Y POLÍTICO ELECTORAL DE SERVIDORES PÚBLICOS.
NO IMPUGNADO
II.     El primer domingo de junio de 2021 se celebrará la Jornada Electoral concurrente, federal y locales en las 32 entidades federativas, para renovación de los siguientes cargos de elección popular:
Entidad
Cargos a elegir
Federal
-     Diputaciones
Aguascalientes
-     Diputaciones
-     Ayuntamientos
Baja California
-     Gubernatura
-     Diputaciones
-     Ayuntamientos
Baja California Sur
-     Gubernatura
-     Diputaciones
-     Ayuntamientos
Campeche
-     Gubernatura
-     Diputaciones
-     Ayuntamientos
-     Juntas Municipales
Chiapas
-     Diputaciones
-     Ayuntamientos
Chihuahua
-     Gubernatura
-     Diputaciones
-     Ayuntamientos
-     Sindicaturas
Coahuila
-     Ayuntamientos
Colima
-     Gubernatura
-     Diputaciones
-     Ayuntamientos
Ciudad de México
-     Diputaciones
-     Alcaldías
Durango
-     Diputaciones
Guanajuato
-     Diputaciones
-     Ayuntamientos
Guerrero
-     Gubernatura
-     Diputaciones
-     Ayuntamientos
 
Hidalgo
-     Diputaciones
Jalisco
-     Diputaciones
-     Ayuntamientos
México
-     Diputaciones
-     Ayuntamientos
Michoacán
-     Gubernatura
-     Diputaciones
-     Ayuntamientos
Morelos
-     Diputaciones
-     Ayuntamientos
Nayarit
-     Gubernatura
-     Diputaciones
-     Ayuntamientos
-     Regidores
Nuevo León
-     Gubernatura
-     Diputaciones
-     Ayuntamientos
Oaxaca
-     Diputaciones
-     Ayuntamientos
Puebla
-     Diputaciones
-     Ayuntamientos
Querétaro
-     Gubernatura
-     Diputaciones
-     Ayuntamientos
Quintana Roo
-     Ayuntamientos
 
San Luis Potosí
-     Gubernatura
-     Diputaciones
-     Ayuntamientos
Sinaloa
-     Gubernatura
-     Diputaciones
-     Ayuntamientos
Sonora
-     Gubernatura
-     Diputaciones
-     Ayuntamientos
Tabasco
-     Diputaciones
-     Ayuntamientos
Tamaulipas
-     Diputaciones
-     Ayuntamientos
Tlaxcala
-     Gubernatura
-     Diputaciones
-     Ayuntamientos
Veracruz
-     Diputaciones
-     Ayuntamientos
Yucatán
-     Diputaciones
-     Ayuntamientos
Zacatecas
-     Gubernatura
-     Diputaciones
-     Ayuntamientos
III.    El siete de agosto de 2020 el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG187/2020 por el que determinó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del período de precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, para los Procesos Electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021.
IV.   El 2 de septiembre de 2020, la Sala Superior dictó sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-46/2020, en sentido de revocar el Acuerdo señalado en el punto anterior para efectos de que el Consejo General del INE emitiera uno nuevo en que analizara de manera casuística la situación de cada entidad federativa.
V.    El 11 de septiembre de 2020, en acatamiento a la referida sentencia, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG289/2020 por el que se determinó el ejercicio de la facultad de atracción por parte del Instituto para ajustar a una fecha única la conclusión del período de precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, para los procedimientos electorales locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021.
VI.   El 7 de diciembre de 2020, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG635/2020 por el que se emiten los Lineamientos sobre Reelección de Diputaciones por Ambos Principios para el Proceso Electoral Federal 2020-2021
VII.   El 18 de diciembre 2020, el Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello y las Consejeras y los Consejeros Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Dr, José Roberto Ruiz Saldaña y Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez, solicitaron al Secretario Ejecutivo del Instituto poner a consideración del Consejo General el ejercicio de la facultad de atracción a efecto de fijar los criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad y equidad en la contienda comicial de los Procesos Electorales Federal y Locales de 2020-2021.
 
VIII.  En la misma fecha se admitió a trámite la solicitud y se instruyó al Secretario Ejecutivo someter el asunto a consideración del Consejo General con fundamento en el artículo 64 del Reglamento de Elecciones.
CONSIDERACIONES
I.     Naturaleza del presente Acuerdo
En la Base V del artículo 41 de la CPEUM, así como en los artículos 29 y 31, numeral 1, de la LGIPE se establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y que dicha función se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
Las máximas autoridades en materia electoral han señalado que el principio de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades, de modo que todos los participantes en el Proceso Electoral conozcan, previamente con claridad y seguridad, las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas(1). La preparación, realización y calificación de las elecciones deben revestir de todas las garantías necesarias a fin de generar una situación de absoluta confianza por parte de los actores políticos y sociales, para que no queden vacíos interpretativos o dudas, y finalmente los votos emitidos produzcan un resultado convincente.
En este contexto, dado que este Instituto tiene encomendada la organización de las elecciones, es necesario establecer parámetros que permitan a los actores políticos contar con reglas y principios claros que delimiten su actuar.
Solo de esta forma las autoridades electorales pueden generar el convencimiento de las fuerzas políticas y la ciudadanía, en la fidelidad y veracidad de los resultados del Proceso Electoral, sembrando un ambiente de confianza en todos los que participan dentro de los comicios.(2)
Debido a lo anterior, se emite el presente Acuerdo, a fin de evitar vacíos interpretativos y dudas respecto a los criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad y equidad en las contiendas comiciales de los procesos electorales, con fundamento en la atribución que el artículo 5 de la LGIPE concede al INE para aplicar e interpretar la normativa electoral.
II.    Competencia
Este Consejo General es competente para conocer y resolver las solicitudes de atracción que sean sometidas a su consideración, así como para dictar los acuerdos que sean necesarios para hacer efectivas las atribuciones que se establecen en la LGIPE o en otra legislación aplicable. El Consejo General deberá garantizar que las contiendas electorales se celebren bajo los principios de equidad e imparcialidad, con fundamento en los ordenamientos y preceptos siguientes:
El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo de la CPEUM, establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los OPL, en los términos que establece la misma.
El Instituto es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.
Dichos principios también son rectores para la función electoral a cargo de las autoridades electorales locales, en términos de lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la CPEUM.
En ese sentido, a fin de garantizar el efectivo ejercicio de las atribuciones de las autoridades electorales administrativas en los ámbitos federal y local, el artículo 4 de la LGIPE, en sus numerales 1 y 2, establece que: i) el INE y los OPL en el ámbito de su competencia dispondrán de lo necesario para asegurar el cumplimiento de dicha Ley, y ii) las autoridades federales, estatales y municipales deberán prestar la colaboración necesaria para el adecuado desempeño de las funciones de las autoridades electorales establecidas en la Constitución y en dicha ley.
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la LGIPE, el INE se encuentra facultado para aplicar e interpretar las disposiciones legales electorales en el ámbito de su competencia.
Por su parte, el artículo 30, numeral 1, incisos a), d), e), f) y g), de la LGIPE, indica que son fines del Instituto contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar a las ciudadanas y los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales; vigilar el cumplimiento de las obligaciones de las ciudadanas y los ciudadanos; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión; ejercer las funciones que la CPEUM le otorga en los Procesos Electorales Locales; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática.
El artículo 35, numeral 1, de dicha Ley General, establece que el Consejo General es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades de éste.
Los artículos 35, fracción I; 36 fracción III, de la CPEUM y 7, numerales 1 y 2, de la LGIPE, prevén que constituye un derecho y una obligación de las ciudadanas y los ciudadanos votar en las elecciones populares, en los términos que señale la Ley, siendo el voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, quedando prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.
El artículo 44, numeral 1, incisos aa), y jj), de la LGIPE señala que el Consejo General tiene entre sus atribuciones las relativas a: i) conocer las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que corresponda en términos de dicha Ley y; ii) dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones de conformidad con lo previsto en el artículo y la ley referida, así como en otra legislación aplicable.
Por su parte, el artículo 23, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada el 22 de noviembre de 1969 en San José de Costa Rica, establece, entre otros aspectos, que las ciudadanas y los ciudadanos deben gozar del derecho de votar en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.
En ese sentido, en el artículo 41, Base III, Apartado C, de la Constitución se establece que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental de los poderes federales, de las entidades federativas, de los municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
En el en el artículo 41, Base III, Apartado D de la Constitución se establece la competencia del Instituto para conocer de los procedimientos expeditos sobre la vulneración de las disposiciones en materia electoral.
En consonancia con dicha disposición constitucional, el artículo 209, numeral 1, de la LGIPE, reitera la obligación de suspender la propaganda gubernamental desde las campañas electorales federales y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, en los medios de comunicación social con las excepciones que expresamente señala la Constitución.
Por su parte, en los incisos c), d), e) del numeral 1 del artículo 449 de la LGIPE se establece que serán consideradas infracciones por parte de autoridades o las servidoras y los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; de los órganos de gobierno municipales; de los órganos de gobierno de la Ciudad de México; de los órganos autónomos y cualquier otro ente público, cuando ocurran las siguientes conductas:
c) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
d) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;
 
e) Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución;
Por su parte, el artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la CPEUM prevé la obligación de las servidoras y los servidores públicos de todos los ámbitos de gobierno, de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, y exige que la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Asimismo, el artículo 242, numeral 5, de la LGIPE establece que para los efectos de lo dispuesto en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de las servidoras y los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que cumpla su difusión las siguientes condiciones:
- Se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público.
- No exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe.
- No tenga fines electorales, ni se realice dentro del periodo de campaña electoral.
Por otra parte, respecto a lo previsto en la LGCS, se tiene lo siguiente:
En su artículo 2 se señala que su objeto es establecer las normas a que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos.
En términos de su artículo 5, numeral 1, incisos f) y g), en el ejercicio del gasto público en materia de comunicación social, los entes públicos deberán observar los principios rectores de objetividad e imparcialidad, lo cual implica que la comunicación social en los procesos electorales no debe estar dirigida a influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, precandidatos y candidatos; así como la institucionalidad en virtud de sus fines informativos, educativos o de orientación social.
El artículo 8, numeral 1, fracción IV, prevé que las campañas de comunicación social deberán cumplir con las obligaciones que en materia electoral establezca la legislación aplicable.
En el artículo 9 se señala que no se podrán difundir campañas de comunicación social, cuyos contenidos: I. Tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidora o servidor público, con excepción de lo previsto en el artículo 14; II. Incluyan mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los valores, principios y derechos constitucionales; III. Inciten, de forma directa o indirecta, a la violencia o a comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico, y IV. Induzcan a la confusión con los símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleadas por cualquier organización política o social.
En el artículo 14 se establece que el informe anual de labores o gestión de las servidoras y los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer que se difundan en canales de televisión y estaciones de radio, no serán considerados como comunicación social, siempre que la difusión se limite a una vez al año con cobertura geográfica regional correspondiente al ámbito de responsabilidad del servidor público y no exceda de los 7 días anteriores y 5 posteriores a la fecha en que se rinda el informe.
El artículo 21 dispone que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda campaña de comunicación social en los medios de comunicación; en el caso de los Procesos Electorales Locales deberá suspenderse la difusión de campañas de comunicación social en los medios de comunicación con cobertura geográfica y ubicación exclusiva en la entidad federativa de que se trate.
Se exceptúan de lo anterior: I. Las campañas de información de las autoridades electorales; II. Las
relativas a servicios educativos y de salud; III. Las necesarias para la protección civil en casos de emergencia, y IV. Cualquier otra que autorice el Consejo General del INE, de manera específica durante los procesos electorales, sin que ello implique que sólo las campañas aprobadas por la referida autoridad administrativa son las que podrían difundirse. Cuando existan procesos electorales, las dependencias y entidades de la administración pública deben acatar la normativa aplicable que ordene la suspensión de las campañas gubernamentales.
Finalmente, en el artículo 44, numeral 1, fracciones I y II de la referida LGCS se prevén como infracciones a dicho ordenamiento, de los entes y servidoras y servidores públicos, según sea el caso: I. Difundir campañas de comunicación social violatorias de los principios establecidos en el artículo 5 de la presente Ley; y II. Exceder los límites y condiciones establecidas para los informes anuales de labores de las servidoras y los servidores públicos.
El artículo 24 constitucional establece el derecho de todos los mexicanos de tener o adoptar la religión de su agrado, así como a participar en actos y ceremonias inherentes a la misma, en tanto no se contravenga la ley. En ese tenor, también establece una prohibición para toda persona de utilizar los actos públicos de expresión de esa libertad, con fines políticos, de proselitismo y propaganda política.
Asimismo, el artículo 130 de la CPEUM que establece el principio de separación Estado Iglesias, contiene en su inciso e) la prohibición expresa a los ministros de culto religioso de realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna.
De igual forma, el artículo 455, numeral 1, inciso a) de la LGIPE establece como infracción atribuible a ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, la inducción a la abstención, a votar por un candidato o partido político, o a no hacerlo por cualquiera de ellos, en los lugares destinados al cuto, en locales de uso público o en los medios de comunicación.
Por último, la Ley de Asociaciones Religiosas prohíbe a los ministros de culto, en sus artículos 14 y 29, realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna.
En este contexto, resulta pertinente clarificar que la coacción o inducción del voto, prohibida constitucionalmente, puede darse mediante múltiples conductas, no únicamente por las servidoras y los servidores públicos, sino también, entre otros sujetos, por los ministros de culto y asociaciones religiosas, afectándose en ese supuesto la libertad del voto, así como el principio rector de equidad en las contiendas electorales.
En este sentido, también el artículo 128 del Reglamento establece que quienes integren organizaciones ciudadanas deberán abstenerse de:
a) Participar en cualquier acto que genere presión, compra o coacción del voto al electorado, o que afecte la equidad en la contienda electoral;
b) Hacer pronunciamientos a favor o en contra de candidaturas o partidos políticos, o de sus posiciones, propuestas, Plataforma Electoral, programa legislativo o de gobierno, o bien, respecto de un tema de Consulta Popular.
Lo anterior aplica a partir del inicio y hasta la conclusión del Proceso Electoral correspondiente, independientemente del espacio y el tema que estén tratando;
c) Realizar cualquier actividad que altere la equidad en la contienda electoral;
d) Dar trato parcial e inequitativo a las distintas opciones políticas participantes en la contienda electoral, en las acciones o materiales de promoción del voto que empleen para darlas a conocer al electorado, y
e) Usar fotografías, nombres, siluetas, imágenes, lemas o frases, que puedan ser relacionadas de algún modo con los partidos políticos, aspirantes, precandidaturas, candidaturas, frentes, coaliciones y agrupaciones políticas nacionales vinculadas con partidos políticos, para inducir el voto a favor o en contra de alguna de estas figuras, así como expresiones calumniosas.
Finalmente, el artículo 26 del mismo Reglamento establece que la coordinación entre el Instituto y los OPL tiene como propósito esencial concretar la actuación entre ambas autoridades, cada una en el ámbito de sus
respectivas competencias, para elevar la calidad y eficacia en la organización y operación de los procesos electorales, y optimizar los recursos humanos y materiales a su disposición, bajo un estricto apego al marco constitucional y legal aplicable.
En aras de dar cumplimiento a lo previsto en los dispositivos normativos a que se ha hecho referencia, resulta necesario difundir y reforzar una serie de mecanismos para contribuir a evitar violaciones a los principios de equidad e imparcialidad en la contienda electoral en el Proceso Electoral 2020-2021.
A fin de lograr dichos objetivos, es pertinente reforzar la difusión de los mecanismos que se mencionan más adelante, mediante campañas de información orientadas a prevenir, sancionar y, en su caso, contribuir a erradicar dichas prácticas.
III.    Facultad de Atracción
La facultad de atracción se ejerce para fijar los criterios objeto del presente Acuerdo respecto de las treinta y dos entidades federativas con elección ordinaria y las elecciones extraordinarias.
Acorde con la CPEUM y la LGIPE, el INE cuenta con la potestad para conocer cualquier asunto de la competencia de los OPL cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación, ello sin que exista una intromisión injustificada en la competencia originaria de éstos, ni respecto de las legislaturas de las entidades federativas.
En términos de lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado C, párrafo segundo, inciso c), de la CPEUM, así como los artículos 32, numeral 2, inciso h), y 120, numeral 3, de la LGIPE, en los supuestos que establezca la propia ley y con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, el INE podrá atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los OPL cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación.
La facultad de atracción implica el ejercicio de un medio de control excepcional con el que cuenta determinada autoridad para asumir asuntos que, en principio, no son de su competencia.
Bajo esta tesitura, el artículo 124, numeral 3, de la LGIPE, establece que se considera una cuestión de trascendencia cuando la naturaleza intrínseca del asunto permita que éste revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o alteración del desarrollo del Proceso Electoral o de los principios de la función electoral.
Ahora bien, el artículo 39, numeral 1, inciso c), del Reglamento, dispone que se entiende por atracción la facultad del Instituto de conocer, para su implementación, cualquier asunto específico y concreto de la competencia de los OPL, por su interés, importancia o trascendencia, o bien, que ante lo novedoso del caso sea necesario establecer un criterio interpretativo.
En este orden, los artículos 40, numeral 1, y 45, numeral 2, del Reglamento, en relación con el diverso 124 de la LGIPE, refieren que el ejercicio de las atribuciones especiales se determinará mediante las resoluciones que al efecto emita el Consejo General, las cuales deben estar debidamente fundadas y motivadas, salvo los casos en que se tenga por no presentada la solicitud correspondiente o ésta sea desechada por notoria improcedencia.
Respecto a la facultad de atracción, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1ª./J. 27/200, de rubro "FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO", ha señalado que los conceptos "interés o importancia" se utilizan como notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica, para referirse al aspecto cualitativo, y reserva el concepto trascendencia para el aspecto cuantitativo, para reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio estrictamente jurídico, derivado de la complejidad sistémica que presentan algunos asuntos en su interdependencia jurídica o procesal.
Por su parte, al pronunciarse sobre la facultad de atracción y la procedencia de su ejercicio, la Sala Superior ha desprendido como características esenciales las siguientes:
- Es una medida excepcional, porque además de constituir una salvedad al régimen constitucional y legal de distribución de competencias, únicamente procede en casos específicos y concretos;
- Es discrecional y no obligatoria;
- Su ejercicio debe ser fundado y motivado, por lo que se debe razonar la importancia y la
trascendencia del caso.
   La misma Sala Superior estableció dos tipos de requisitos para que proceda el ejercicio de dicha facultad, a saber:
- Cualitativos. Consistentes en que el caso revista intrínsecamente importancia e interés superior, tanto jurídico como extrajurídico, y
- Cuantitativos. Relacionados con que el caso pueda resultar trascendente o novedoso a tal grado que del mismo pueda desprenderse la fijación de criterios jurídicos para casos futuros y complejos.
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que la facultad de atracción se concede al Consejo General respecto de las cuestiones competenciales que correspondan a los OPL, la cual solo puede ser ejercida cuando sea aprobado su ejercicio por ocho consejeros o Consejeras y cuando el asunto sea trascendente o resulte idóneo para establecer un criterio de interpretación.
En la especie, se estima que las previsiones y requisitos constitucionales para el ejercicio de dicha facultad de atracción se colman, toda vez que la emisión del presente Acuerdo tiene un objeto constitucionalmente válido, en la medida en que fortalece la certeza y seguridad jurídica de los actores políticos, la ciudadanía y autoridades electorales locales, sobre la aplicabilidad y vigencia de los principios constitucionales de imparcialidad y equidad de las contiendas electorales, partiendo de la premisa que el legislador federal ordinario por medio de las leyes que en este instrumento se citan y armonizan con fines interpretativos y operativos, asentó las reglas aplicables y los procedimientos para llevar al cumplimiento de las disposiciones constitucionales que norman y garantizan la vigencia de los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral.
En consecuencia, se estima que la reserva de ley quedó cumplida y satisfecha por el legislador ordinario al emitir las normas que en esta resolución se citan, en tanto que su alcance interpretativo, armónico y operativo adquieren vigencia con la emisión del presente Acuerdo, sin que de su lectura pueda advertirse la ampliación o restricción de los derechos y obligaciones sustancialmente contenidos en dichos ordenamientos jurídicos.
En este sentido, tampoco pasa desapercibido para este colegiado la decisión adoptada por la Sala Superior, al conocer del asunto identificado con el expediente SUP-RAP-607/2017 y acumulados, en que la decisión mayoritaria determinó revocar el Acuerdo INE/CG398/2017, a partir de la consideración de que este Instituto había infringido el principio de reserva de ley al invadir atribuciones legislativas federales y locales, al legislar sobre supuestos de propaganda gubernamental y establecer disposiciones orientadas a la tutela del principio de imparcialidad y equidad en el uso y destino de recursos públicos durante los procesos electorales.
Sin embargo, tales consideraciones no devienen aplicables. Actualmente, con la expedición de la LGCS, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018, este Instituto recoge y armoniza su contenido sustantivo con el resto de las disposiciones legales vigentes, en aras de privilegiar la uniformidad, certeza y legalidad de su operatividad y vigencia.
a. Justificación de vía extraordinaria para el ejercicio de la facultad de atracción
El Reglamento dispone dos vías para la sustanciación de los procedimientos especiales de atracción. En sus artículos 62 a 64 se establecen una vía ordinaría y otra extraordinaria, esta última mediante la cual el Consejo General podrá resolver sobre la solicitud respectiva sin agotar los plazos y etapas previstas para el procedimiento ordinario.
En el caso concreto, se considera que se actualiza el supuesto para no agotar los plazos y las etapas previstas en el procedimiento ordinario para el ejercicio de la facultad de atracción previsto en el artículo 64 del Reglamento, debido al comienzo o inminente inicio, según cada caso, del Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales concurrentes.
Asimismo, para garantizar el principio de imparcialidad y equidad es necesario establecer las reglas y los criterios de interpretación para que su aplicación, por parte del Instituto Nacional Electoral y los treinta y dos Organismos Públicos Locales, sea uniforme. De no ser así, existe el riesgo de provocar una incongruencia sistémica durante el desarrollo de la elección federal y los comicios locales.
De no generarse una homologación en la aplicabilidad de las reglas y los criterios de los principios de
imparcialidad y equidad, se podría afectar el principio de certeza jurídica, puesto que las precandidaturas, las candidaturas, los partidos políticos y los demás actores políticos, deberán acatar las normas federales y las reglas locales, las cuales podrían oponerse y colisionar, o bien, en algunos casos, generar un vació normativo que podría ocasionar una afectación al desarrollo de los cómicos.
Adicionalmente, conforme a lo establecido en el acuerdo INE/CG289/2020 el proceso de obtención de apoyo ciudadano para las candidaturas independientes a nivel federal comenzó el 3 de diciembre y los procesos internos de selección de candidatas y candidatos de los partidos políticos a nivel federal iniciarán el 23 de diciembre. En ese sentido, agotar el plazo establecido en los artículos 62 y 63 del Reglamento, que se traducen en 15 días, impediría la finalidad que persigue la presente Resolución.
Por lo anterior, es necesario que este órgano establezca los criterios y las reglas que sirvan a todas las autoridades administrativas electorales del país para generar certeza y seguridad jurídica a las autoridades y las servidoras y los servidores públicos respecto a la observancia de las siguientes normas:
ENTIDAD
DISPOSICIÓN NORMATIVA DE IGUAL CONTENIDO AL ARTÍCULO 449 DE LA LEGIPE
Aguascalientes
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 248.- Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades o los servidores públicos federales, estatales, municipales, órganos autónomos, y cualquier otro ente público:
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto;
II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el artículo 134 de la CPEUM así como en el artículo 89 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales;
IV. Durante los Procesos Electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la CPEUM;
V. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato;
VI. La acción u omisión que constituya violencia política de género, y
VII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código.
 
Baja California
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Artículo 342.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos y cualquier otro ente público:
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto;
II. La difusión, por cualquier medio distinto a la de radio y televisión, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral local inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal que incidan en el Proceso Electoral Local respectivo, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales;
IV. Durante los Procesos Electorales locales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social distinto a la de radio y televisión, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal, y V. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.
Baja California
Sur
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Artículo 258.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto;
II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución General, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales;
IV. Durante los Procesos Electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución General;
V. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato, y
VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley
 
Campeche
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE
Artículo 589.- Constituyen infracciones a la presente Ley de Instituciones por las autoridades o los
servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los órdenes de gobierno estatal y municipal, órganos autónomos y cualquier otro ente público:
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto Electoral;
II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el segundo párrafo del artículo 89 de la Constitución Estatal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales;
IV. Durante los Procesos Electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, distintos a la radio y la televisión, que contravenga lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 89 de la Constitución Estatal;
V. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito estatal y municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier Partido Político o Candidato,
VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley de Instituciones
Chiapas
CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS
Artículo 275. Son infracciones de las y los servidores públicos, las siguientes:
I. No proporcionar en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto;
II. No prestar colaboración y auxilio a los órganos del Instituto cuando éstos lo soliciten;
III. Incumplir con las disposiciones establecidas en el artículo 134 de la Constitución Federal, relativas a la propaganda institucional y gubernamental;
IV. Condicionar o suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición, y
V. Incumplir con cualquiera de las disposiciones previstas en la normativa electoral.
 
Chihuahua
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Artículo 263.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:
a) La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto Estatal Electoral;
b) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales;
d) Durante los Procesos Electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal;
e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato. Durante los treinta días anteriores al de la Jornada Electoral, las autoridades estatales y municipales así como los legisladores locales se abstendrán de establecer y operar programas de apoyo social o comunitario que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de promoción y desarrollo social, salvo en los casos de extrema urgencia debido a enfermedades, desastres naturales, siniestros u otros eventos de igual naturaleza. Los recursos no ejercidos conforme al calendario mensual autorizado en el Presupuesto de Egresos, serán ejercidos el día siguiente de la elección.
f) Condicionar la provisión de servicios o la realización de obras públicas a:
I. La promesa o demostración del voto a favor de algún precandidato, candidato, partido o coalición; II. La no emisión del voto para alguno de dichos contendientes en cualquier etapa del Proceso Electoral;
III. La obligación de asistir o participar en algún evento o acto de carácter político o electoral;
IV. Realizar cualquier propaganda proselitista, logística, de vigilancia o análogas en beneficio o perjuicio de algún partido político, precandidato o candidato, o
V. La abstención o no asistencia a cumplir sus funciones en la mesa directiva de casilla, de ser el caso.
g) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.
 
Coahuila
CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
Artículo 266. Constituyen infracciones de las autoridades o los servidores públicos, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos públicos autónomos, y cualquier otro ente público:
a) La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto;
b) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, excepto la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución General y el 27 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales;
d) Durante los Procesos Electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución;
e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal y municipal con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato; y
f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la Ley General y este Código.
 
Colima
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA
Artículo 291.- Constituyen infracciones al presente Código, de las autoridades o los servidores públicos de cualquier nivel de Gobierno:
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del INE o del INSTITUTO;
II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales;
IV. Durante los Procesos Electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal;
V. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato, y
VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LEGIPE, la Ley General de Partidos Políticos, este Código y demás normatividad aplicable.
 
Ciudad de México
LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 15. Constituyen infracciones al Código por parte de las personas servidoras públicas de la Ciudad de México:
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto;
II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la contienda entre los partidos políticos, entre quien aspire, haya obtenido la precandidatura o candidatura durante los Procesos Electorales;
IV. Durante los Procesos Electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal;
V. La utilización de programas sociales y de sus recursos del ámbito local, con la finalidad de inducir o coaccionar a la ciudadanía para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidatura;
VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en<