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DOF: 12/03/2021
ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da respuesta a la solicitud del Partido Revolucionario Institucional sobre la posibilidad de suspender, hasta después de la jornada electoral prevista para el 6 de junio de 2021,

ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da respuesta a la solicitud del Partido Revolucionario Institucional sobre la posibilidad de suspender, hasta después de la jornada electoral prevista para el 6 de junio de 2021, el cobro de la sanción que le fue impuesta por este Consejo General en la resolución INE/CG626/2020, por el uso indebido de la información que la ciudadanía ha proporcionado para conformar el Padrón Electoral y la Lista Nominal del Registro Federal de Electores.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional Electoral.- Consejo General.- INE/CG158/2021.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL SOBRE LA POSIBILIDAD DE SUSPENDER, HASTA DESPUÉS DE LA JORNADA ELECTORAL PREVISTA PARA EL 6 DE JUNIO DE 2021, EL COBRO DE LA SANCIÓN QUE LE FUE IMPUESTA POR ESTE CONSEJO GENERAL EN LA RESOLUCIÓN INE/CG626/2020, POR EL USO INDEBIDO DE LA INFORMACIÓN QUE LA CIUDADANÍA HA PROPORCIONADO PARA CONFORMAR EL PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
G L O S A R I O
Consejo General
Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución Política
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
INE/Instituto
Instituto Nacional Electoral
LGIPE
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGPP
Ley General de Partidos Políticos
Lineamientos para el
cobro de sanciones y
remanentes de campaña
Lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución del cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales del ámbito federal y local; así como para el registro y seguimiento del reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña
Sala Superior
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Tribunal Electoral
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
 
ANTECEDENTES
I.     El quince de marzo de dos mil diecisiete, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG61/2017, mediante el cual ejerció la facultad de atracción y se aprobaron los "Lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución del cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales del ámbito federal y local; así como para el registro y seguimiento del reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña", los cuales fueron confirmados por la Sala Superior al resolver el recurso de apelación de número SUP-RAP-115/2017 y acumulados.
II.     El dieciocho de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG573/2020, por el que se distribuye el financiamiento público federal, así como las prerrogativas postal y telegráfica de los partidos políticos nacionales para el ejercicio 2021.
III.    El diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en segunda sesión de carácter privado de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el proyecto respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/DERFE/CG/252/2018.
IV.   El veintiséis de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó la Resolución respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/DERFE/CG/252/2018, iniciado con motivo de la vista presentada por el Secretario Técnico Normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores de este Instituto en contra del Partido Revolucionario Institucional y quien resulte responsable, por supuestas violaciones a la normativa electoral, consistentes en el uso indebido de la lista nominal de electores para revisión, entregada a las representaciones partidistas acreditadas ante la Comisión Nacional de Vigilancia, mediante
Acuerdo INE/CG626/2020, en la cual se determinó lo siguiente:
"TERCERO. Se impone al Partido Revolucionario Institucional una sanción consistente en la reducción del 10% (diez por ciento) de la ministración anual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, por el equivalente a la cantidad de $84,388,178.20 (ochenta y cuatro millones trescientos ochenta y ocho mil ciento setenta y ocho pesos 20/100 M.N.), la cual se descontará en seis mensualidades de $14,064,696.36 (catorce millones, sesenta y cuatro mil, seiscientos noventa y seis pesos 36/100 M.N.), a partir del mes siguiente a aquel en que haya finalizado el plazo para interponer recurso en contra de esta Resolución o, si es recurrida, del mes siguiente a aquel en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notifique la sentencia por la que resolviera el recurso."
V.    El uno y dos de diciembre de dos mil veinte, Morena y el Partido Revolucionario Institucional interpusieron los recursos de apelación de número SUP-RAP-130/2020 y SUP-RAP-131/2020 Acumulado.
VI.   El cuatro de febrero de dos mil veintiuno, la Sala Superior dictó sentencia a través de los recursos de apelación número SUP-RAP-130/2020 y SUP-RAP-131/2020 Acumulado, en el sentido de confirmar la Resolución INE/CG626/2020 que impuso una sanción al Partido Revolucionario Institucional, por el uso indebido de la información que la ciudadanía ha proporcionado para conformar el Padrón Electoral y Lista Nominal del Registro Federal de Electores, de la cual se observa lo siguiente:
"Finalmente, en cuanto a la petición del accionante que, en su caso, el cobro que le hará el INE sea con posterioridad a la conclusión del proceso electoral 2020-2021, es ineficaz porque no quedó acreditado en el expediente que el instituto político acudió a la autoridad responsable a realizar tal petición, para que la Sala Superior realizara el estudio de éste.
Por otro lado, el partido recurrente sustenta esta petición en lo determinado por el INE en diversas resoluciones, y como se evidenció, al momento de la individualización de la sanción se tomaron en cuenta las circunstancias particulares del partido, e incluso a efecto de no causar una merma en su operación se determinó fraccionar el cobro de la multa en seis mensualidades.
La circunstancia que alega el partido recurrente es que se le causará una afectación en su operación al encontrarse pendiente de pago diversas multas; sin embargo, tal situación se generó por un actuar indebido del partido, esto es, infringir las normas legales a que se encuentra sujeto, y toda vez que la imposición de una sanción tiene como fin inhibir la comisión de conductas atípicas, lo expuesto por el partido no resulta eficaz para acoger su pretensión.
(...)
RESOLUTIVOS
PRIMERO. Se acumula el recurso de apelación 131/2020 al diverso 130/2020, en los términos de la presente ejecutoria.
SEGUNDO. Se confirma la resolución controvertida, por lo que hace a la materia de impugnación."
VII.   El nueve de febrero de dos mil veintiuno se presentó escrito suscrito por el Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante este Consejo General y dirigido al Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del INE, con atención a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en el que solicitó:
"En atención al principio de equidad en la contienda electoral, solicito a esta autoridad
ejecutora del cobro de sanciones, que la ejecución de la sanción impuesta a mi representado en el expediente antes citado, se realice hasta después de que haya concluido la jornada electoral del seis de junio de 2021, para permitir la participación de este Instituto Político, así como sus candidatas y candidatos de manera igualitaria con los demás contrincantes.
(...)
De lo anteriormente escrito por medio de la presente acudimos a ésta autoridad a realizar la petición que se describe en el cuerpo de la presente, con el fin de que la Sala Superior pueda hacer, en su caso, una valoración objetiva sobre los términos en que se debe cobrar la sanción.
(...)
Asimismo, y acorde al principio de equidad o igualdad de oportunidades en las contiendas electorales, es que se solicita a esa H. Autoridad ejecutora que considere todos y cada uno de los aspectos mencionados en el presente ocurso con la finalidad de que valore la afectación que la ejecución de la sanción impuesta en la resolución INE/CG626/2020 respecto del procedimiento sancionador ordinario con número de expediente UT/SCG/Q/DERFE/CG/252/2018, antes del seis de junio de 2021, puede constituir una causa o motivo decisivo para que este Instituto político no lleve a cabo sus actividades, o no las pueda llevar a cabo de la manera más adecuada, repercutiendo indirectamente en los resultados de los Procesos Electorales Federal y Locales concurrente 2020-2021.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito se sirva:
PRIMERO. Tenerme por presentado en los términos del presente escrito.
SEGUNDO. Admitir y dar el trámite legal correspondiente a la presente solicitud.
TERCERO. Que se atienda la solicitud para que el cobro de la multa por el equivalente de $84,388,178.20 sea descontada de las ministraciones que recibe este Instituto político, una vez concluido los Procesos Electoral Federal y Concurrentes 2020-2021.
CUARTO. En su oportunidad notificar a mi representado la respuesta."
CONSIDERANDO
I.        El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, de la Constitución Política, en relación con los artículos 29, 30, numerales 1 y 2, así como 31, numeral 1, de la LGIPE, establecen que el INE es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autoridad en materia electoral e independiente en sus decisiones y funcionamiento, que se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y se realizarán con perspectiva de género; que tiene entre sus funciones la de contribuir al desarrollo de la vida democrática y preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos.
II.       El mismo artículo 41, en su párrafo segundo, Base I, de la Constitución Política estipula que los partidos políticos son entidades de interés público y que la Ley determinará sus derechos, obligaciones y prerrogativas.
III.      De conformidad con el artículo 191, numeral 1, incisos c) y g) de la LGIPE, este Consejo General tiene facultades para resolver en definitiva el proyecto de dictamen, así como la resolución de cada uno de los informes que están obligados a presentar los sujetos obligados; y, en caso de incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización y contabilidad, imponer las sanciones que procedan de conformidad con la normatividad aplicable.
IV.      Ahora bien, para la individualización de sanciones, la autoridad electoral debe tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas,
las condiciones socioeconómicas del ente infractor, creando así certeza de que éstos tienen la capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias que les sean impuestas, tal como lo señala el artículo 458, numeral 5, inciso c) de la LGIPE.
V.       Las sanciones impuestas en las resoluciones son recurribles ante las Salas Superior y/o Regionales del TEPJF; en el mismo sentido, de acuerdo al artículo 99, párrafo cuarto, fracción VIII de la Constitución Política, le corresponde a la autoridad jurisdiccional resolver de forma definitiva e inatacable la determinación e imposición de sanciones por parte del INE, de ahí que las sanciones que se encuentren firmes, así como la forma de cobro de las mismas, no pueden ser modificadas por otras autoridades administrativas o jurisdiccionales locales; por tanto, una vez que las sanciones han causado estado, no son susceptibles de modificación alguna en cuanto al monto ni a la forma de pago, por parte de la autoridad facultada para su imposición.
VI.      Lo anterior, a fin de garantizar los principios de certeza y definitividad, así como el de legalidad de los actos y resoluciones de esta autoridad electoral.
VII.     Por lo anterior y de acuerdo con el artículo 458, numeral 7 de la LGIPE, el monto de las multas que les hayan sido impuestas a los partidos políticos deberá restarse de sus ministraciones de gasto ordinario, conforme a lo que se determine en la resolución correspondiente.
VIII.    En el mismo sentido, el artículo 342, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, señala que las multas que fije este Consejo General que no hubieran sido recurridas, o bien que fuesen confirmadas por el TEPJF, deberán ser pagadas en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la LGIPE.
IX.      Los Lineamientos para el cobro de sanciones y remanentes de campaña especifican lo siguiente:
"...Quinto
Exigibilidad
Las sanciones se ejecutarán una vez que se encuentren firmes, en la forma y términos establecidos en la resolución o sentencia correspondiente. Las sanciones que no hayan sido objeto de recurso ante alguna de las Salas del Tribunal o tribunales electorales locales, se consideran firmes en el momento que venció el plazo para recurrirlas, aun cuando formen parte de la misma resolución impugnada por otras sanciones. Asimismo, se consideran firmes aquellas sanciones confirmadas por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o bien, que no hayan sido oportunamente combatidas.
Respecto de las sanciones que fueron objeto de revocación, se considerarán firmes una vez que se emita la resolución o acuerdo mediante el que se acata la sentencia y que haya vencido el plazo para impugnar dicho acto."
(Énfasis añadido)
X.       Como se observa, los Lineamientos para el cobro de sanciones y remanentes de campaña señalan puntualmente que, una vez que las sanciones se encuentren firmes, éstas deberán ejecutarse en la forma y términos establecidos en la resolución o sentencia, sin que haya posibilidad de variar el monto y forma de cobro, en observancia del principio de legalidad. Pues de existir la posibilidad de modificar la ejecución de una resolución o acuerdo que ya haya sido aprobado por el Consejo General, se atentaría además contra el principio de certeza jurídica y definitividad.
XI.      En este caso, la Resolución INE/CG626/2020 señaló, respecto de la capacidad económica del partido político y la forma de ejecutar las sanciones, lo siguiente:
"Debe considerarse que ante una falta de similares características en la que también se conculcó la confidencialidad de la información proporcionada por las ciudadanas y los ciudadanos para la integración del Listado Nominal de Electores, cometida por omisión y sin dolo, este Consejo General, sancionó con la reducción de un 10% (diez por ciento) del financiamiento público ordinario anual para el presente ejercicio 2017,
al emitir la resolución INE/CG271/2018, sin embargo, a efecto de no mermar la capacidad operativo del infractor, se considera oportuno que el pago la sanción impuesta se realice en seis mensualidades, tal y como se determinó en la resolución referida en este párrafo.
Dicho porcentaje de reducción de ministraciones se estima idóneo, porque no resulta desproporcionado a las posibilidades económicas del infractor, tal y como se verá en el apartado correspondiente, en relación a la gravedad del ilícito.
(...)
a)    Condiciones socioeconómicas del infractor
Al respecto, es menester precisar que en concordancia con las razones esenciales de la Jurisprudencia 29/2009, emitida por el Tribunal Electoral, de rubro PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ELECTORAL ESTÁ FACULTADA PARA RECABAR PRUEBAS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL SANCIONADO, así como en las consideraciones sostenidas por dicho órgano jurisdiccional al resolver los recursos de apelación identificados con la claves SUP-RAP-272/2009, SUP-RAP-279/2009, SUP-RAP-285/2009 y SUP-RAP-286/2009, se realizaron las diligencias necesarias, idóneas y oportunas, a fin de allegarse de la información correspondiente a la capacidad económica de los sujetos denunciados, pues dicho elemento debe tomarse en cuenta al momento de imponer las sanciones correspondientes.
Sobre este punto, debe considerarse que el PRI cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone con base en lo siguiente:
Como se dijo en apartados anteriores, al citado instituto político se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes en el ejercicio dos mil veinte, un total de a $843,881,782.00 (ochocientos cuarenta y tres millones ochocientos ochenta y un mil setecientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), cantidad que mensualmente corresponde a un importe de $70,323,481.83 (setenta millones trescientos veintitrés mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.).
Asimismo, conforme a lo informado mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/7289/2020, las reducciones correspondientes a las sanciones impuestas al PRI corresponden a un total de $84,544,452.96 (ochenta y cuatro millones, quinientos cuarenta y dos mil, cuatrocientos cincuenta y dos pesos 96/100 M.N.), de las cuales, en el mes de noviembre del año en curso, únicamente se cobraron $1,213,400.00 (un millón doscientos trece mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.).
El monto de la sanción impuesta en el presente procedimiento se fijó en la suma de $84,388,178.20 (ochenta y cuatro millones trescientos ochenta y ocho mil ciento setenta y ocho pesos 20/100 M.N.), es decir, el diez por ciento (10%) del referido financiamiento anual y, que en el mes de noviembre de este año, al PRI le correspondió, $65,517,744.00 (sesenta y cinco millones quinientos diecisiete mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), la cual se modificó después de haberse deducido los montos por concepto de multas y sanciones, la cantidad de $64,304,344.00 (sesenta y cuatro millones, trescientos cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).
Sobre este punto, debe considerarse que el PRI cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone con base en lo siguiente:
Como se dijo en apartados anteriores, al citado instituto político se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes en el ejercicio dos mil veinte, un total de a $843,881,782.00 (ochocientos cuarenta y tres millones ochocientos ochenta y un mil setecientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), cantidad que mensualmente corresponde a un importe de $70,323,481.83 (setenta millones trescientos veintitrés mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.).
 
Asimismo, conforme a lo informado mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/7289/2020, las reducciones correspondientes a las sanciones impuestas al PRI corresponden a un total de $84,544,452.96 (ochenta y cuatro millones, quinientos cuarenta y dos mil, cuatrocientos cincuenta y dos pesos 96/100 M.N.), de las cuales, en el mes de noviembre del año en curso, únicamente se cobraron $1,213,400.00 (un millón doscientos trece mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.).
El monto de la sanción impuesta en el presente procedimiento se fijó en la suma de $84,388,178.20 (ochenta y cuatro millones trescientos ochenta y ocho mil ciento setenta y ocho pesos 20/100 M.N.), es decir, el diez por ciento (10%) del referido financiamiento anual y, que en el mes de noviembre de este año, al PRI le correspondió, $65,517,744.00 (sesenta y cinco millones quinientos diecisiete mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), la cual se modificó después de haberse deducido los montos por concepto de multas y sanciones, la cantidad de $64,304,344.00 (sesenta y cuatro millones, trescientos cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).
En ese sentido, la cantidad que se fijó como sanción al partido denunciado es superior al montó que dicho instituto político recibió como financiamiento para actividades ordinarias en el mes de noviembre del año en curso, por lo que sería imposible, deducir el pago en una sola exhibición, siendo que el mismo deberá realizarse en seis mensualidades.
Otro factor para tomar en cuenta el pago en mensualidades es que en el mes de septiembre de dos mil veinte, inició formalmente el Proceso Electoral Federal 2020- 2021 para la renovación de la actual legislatura de la Cámara de Diputados, por lo cual, si bien existe un presupuesto definido para actividades destinadas a la obtención del voto, lo cierto es que, durante este periodo es cuando más trabajo se desarrolla al interior de los partidos políticos y por ende el mayor uso de recursos.
Además, el pago en mensualidades, ha sido utilizado como forma de pago en otros asuntos en donde se ha sancionado con la reducción de la ministración que reciben los partidos políticos en casos similares, tal y como ocurrió en las resoluciones INE/CG50/2017 e INE/CG271/2018.
En ese sentido, de realizarse la reducción en seis mensualidades, los montos ascenderían a $14,064,696.36 (catorce millones, sesenta y cuatro mil, seiscientos noventa y seis pesos 36/100 M.N.), lo cual equivale al 21.47 % (veintiuno punto cuarenta y siete por ciento) de las ministraciones mensuales por concepto de financiamiento público para actividades ordinarias le correspondieron en el mes de noviembre de dos mil veinte.
De la misma forma, la sanción se encuentra dentro de los límites constitucionales y legales permitidos, toda vez que no resulta excesiva porque, bajo nuestra perspectiva no es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito y no se propasa o va más adelante de lo lícito y lo razonable.
b)    Impacto en las actividades del infractor
Lo razonado en el apartado anterior, en concepto de esta autoridad, de ninguna manera genera un impacto sustancial o pernicioso en las actividades ordinarias del infractor que le impidan, de manera clara y evidente, continuar desarrollando sus actividades y cumpliendo con los fines que constitucional y legalmente tiene asignados.
Ello es así, porque las posibles afectaciones que se pudieren generar han sido subsanadas al ordenarse la reducción de la ministración en pagos mensuales.
Lo anterior se considera así, pues el instituto político incoado además del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes en el año dos mil veinte, también está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, a través de financiamiento por militancia, de simpatizantes,
autofinanciamiento y financiamiento por rendimientos financieros, con los límites y restricciones que prevé la Constitución y las leyes electorales."
XII.     Como se observa, este Consejo General expresó razones suficientes para justificar por qué las circunstancias que rodearon la conducta del Partido Revolucionario Institucional ameritaron la reducción del 10% del financiamiento público anual para actividades ordinarias que le corresponden, pues además de calificar la gravedad de la conducta, ponderó los elementos subjetivos y objetivos, así como las circunstancias del caso. Es decir, se trató de una decisión razonable y proporcional.
XIII.    En ese orden de ideas, la Sala Superior en el SUP-RAP-130/2020 y SUP-RAP- 131 Acumulado, al realizar el análisis del agravio concerniente a la imposición de la multa, literalmente señaló:
Finalmente, en cuanto a la petición del accionante que, en su caso, el cobro que le hará el INE sea con posterioridad a la conclusión del proceso electoral 2020-2021, es ineficaz porque no quedó acreditado en el expediente que el instituto político acudió a la autoridad responsable a realizar tal petición, para que la Sala Superior realizara el estudio de éste.
Por otro lado, el partido recurrente sustenta esta petición en lo determinado por el INE en diversas resoluciones, y como se evidenció, al momento de la individualización de la sanción se tomaron en cuenta las circunstancias particulares del partido, e incluso a efecto de no causar una merma en su operación se determinó fraccionar el cobro de la multa en seis mensualidades.
La circunstancia que alega el partido recurrente es que se le causará una afectación en su operación al encontrarse pendiente de pago diversas multas; sin embargo, tal situación se generó por un actuar indebido del partido, esto es, infringir las normas legales a que se encuentra sujeto, y toda vez que la imposición de una sanción tiene como fin inhibir la comisión de conductas atípicas, lo expuesto por el partido no resulta eficaz para acoger su pretensión.
         Por tanto, toda vez que de la lectura del oficio que el Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional remite a este Consejo General, se observa que reitera la pretensión que en su momento hizo valer en el Recurso de Apelación citado ya que considera la aplicación de la sanción un menoscabo al patrimonio del instituto político, sobre todo, en razón del Proceso Electoral Federal que se encuentra en curso, razón por la cual solicita aplicar la sanción una vez concluida la jornada electoral prevista para el próximo seis de junio, es menester de este Consejo General, reiterarle que al momento de evaluar el monto de la sanción a imponer se tomaron en cuenta las particularidades del Partido Revolucionario Institucional, como son el monto del financiamiento público para actividades ordinarias, así como las sanciones impuestas con anterioridad y que se encontraban pendientes de pago. Incluso, a efecto de no mermar la capacidad operativa del Partido durante el presente proceso electoral, se ordenó la reducción en seis mensualidades, siendo el caso que la sanción se encuentra dentro de los límites constitucionales y legales permitidos, sin resultar excesiva, porque no es desproporcionada a las condiciones económicas del Partido Revolucionario Institucional en relación con la gravedad del ilícito.
XIV.    Esto es que, la sanción impuesta no impide la supervivencia del instituto político, ni pone en riesgo el cumplimiento de sus fines, ni se afecta de manera sustancial su financiamiento público ordinario durante el Proceso Electoral Federal.
XV.     Aunado a lo anterior, es preciso señalar que los Lineamientos para el cobro de sanciones y remanentes de campaña, establecen a la letra, lo siguiente:
"Sexto
De la información que se incorporará en el SI
(...)
 
A. Sanciones en el ámbito federal
(...)
2. Para la ejecución de las sanciones el INE deberá considerar que el descuento económico no puede exceder del 50% (cincuenta por ciento) del financiamiento público mensual que reciba el instituto político para el desarrollo de sus actividades ordinarias."
Por lo que el partido político siempre dispondrá de, por lo menos, la mitad del financiamiento público ordinario mensual al que tiene derecho, para cumplir así con las finalidades constitucionales y legales que tiene encomendadas como entidad de interés público.
Siendo el caso que el financiamiento público ordinario anual que recibe el Partido Político es un ingreso mínimo que le garantiza recibir en ministraciones mensuales una cantidad cierta durante el ejercicio, la cual, desde luego, se complementa con financiamiento privado.
En esas condiciones, no se hacen valer ni se advierten en el caso circunstancias especiales que ameriten que el cobro de la multa de mérito pudiera poner en peligro la participación del PRI en el proceso electoral que se desarrolla como para posponerla, por lo que no ha lugar a acoger la solicitud del partido político.
Ahora bien, como lo establece la Sentencia multicitada, la sanción deriva de circunstancias generadas por el propio Partido Político al llevar a cabo la conducta indebida por la cual fue sancionado. Por lo que, aceptar que se aplique una sanción de manera distinta a la forma establecida en la propia resolución o acuerdo que la impuso, máxime cuando ésta ha quedado firme, implicaría contrariar uno de los principios generales de Derecho que prescribe que nadie puede beneficiarse de su propio dolo o beneficiarse de su propia negligencia. Ignorando que el fin último de una sanción es inhibir la comisión de conductas indebidas, que infrinjan las normas legales.
XVI.    Por tanto, el hecho de que el Partido Revolucionario Institucional vea afectado el monto mensual del financiamiento público que le corresponde por concepto de actividades ordinarias permanentes, no constituye una premisa válida para considerar desproporcional la aplicación de la sanción, dado que, en su individualización se consideraron elementos objetivos y, en todo caso, las causas que afectan sus ingresos obedecen a actos y conductas propias del Partido Político, por su actuar indebido.
XVII.   Por lo que, este Consejo General, en uso de sus atribuciones y en virtud de los Antecedentes y Considerandos previos, da respuesta a la solicitud formulada por el Partido Revolucionario Institucional, en los términos siguientes:
ACUERDO
PRIMERO. Es improcedente la solicitud presentada por el Partido Revolucionario Institucional, respecto a que el cobro de las sanciones económicas se realice a partir de que concluya la jornada electoral del seis de junio del dos mil veintiuno. En consecuencia, dichas sanciones se deben ejecutar en la forma y términos establecidos en la Resolución INE/CG626/2020 confirmada en la Sentencia dictada al Recurso de Apelación SUP-RAP-130/2020 y SUP-RAP-131/2020 Acumulado, sin que ésta pueda variarse por el hecho de que el partido político tenga gastos ordinarios operativos adicionales al pago de sanciones aprobadas por las autoridades electorales, en observancia de los principios de legalidad, certeza y definitividad.
SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo al Partido Revolucionario Institucional, a través de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 26 de febrero de 2021, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
El Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo General, Lic. Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.
 

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