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DOF: 12/07/2021
SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 94/2020, así como los Votos Concurrente del señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, Particular y Aclaratorio del señor Ministro

SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 94/2020, así como los Votos Concurrente del señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, Particular y Aclaratorio del señor Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, Particular del señor Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y Aclaratorio de la señora Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 94/2020
PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
MINISTRO PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES
SECRETARIA: MARÍA CRISTINA VILLEDA OLVERA
COLABORÓ: STEPHANIE VIART JIMÉNEZ
Sentencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictada en la Ciudad de México el treinta de noviembre de dos mil veinte.
VISTOS, para resolver, los autos correspondientes a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra diversos numerales de las Leyes de Ingresos de los Municipios de Piedras Negras, Ramos de Arizpe, Saltillo, Torreón, Guerrero, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nava, Parras, Viesca, Villa Unión, Zaragoza, Abasolo, Arteaga, Candela, Escobedo, Francisco I. Madero, Frontera, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Lamadrid, Matamoros, Nadadores, Ocampo, Progreso, Sabinas, Sacramento, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada, Acuña, Allende, Castaños, Cuatro Ciénegas de Carranza, General Cepeda, todos del Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondientes al ejercicio fiscal de dos mil veinte.
RESULTANDO
(1)   I. Presentación de la acción, autoridades emisora y promulgadora y normas impugnadas. Mediante escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su calidad de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió la presente acción de inconstitucionalidad, en la que solicitó la invalidez de diversas porciones de las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, de distintos municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, emitidas y promulgadas, respectivamente, por el Congreso y el Gobernador, ambos de dicha entidad, las cuales se precisan a continuación:
a) Relacionados con el principio de gratuidad en el acceso a la información.
-      Artículo 27, fracción II, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Piedras Negras.
-      Artículo 33, fracción IX, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Ramos de Arizpe.
-      Artículo 13, fracción I (sic), sección "transparencia", en las porciones normativas "copia tamaño carta u oficio 7.26", "copia a color 29.03", y 32, fracción VI, incisos a), b), c), d) y e) de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Saltillo.
-      Artículos 42, fracción IV, numerales 1, 3 y 4; 51, numeral 14, números 1 y 3, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Torreón.
-      Artículo 27, fracción VIII, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Guerrero.
-      Artículo 39, fracción XI, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Monclova.
-      Artículo 35, fracción VI, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Morelos.
-      Artículo 28, fracción III, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Múzquiz.
-      Artículo 37, fracción X, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Nava.
-      Artículo 30, fracción II, numeral 14, inciso c) de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del
Municipio de Parras.
-      Artículo 33, fracción V, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Viesca.
-      Artículo 25, fracción IV, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Villa Unión.
-      Artículo 25, fracción VI, numeral 2 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Zaragoza.
-      Artículo 16, fracción II, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Abasolo.
-      Artículo 27, fracción IV, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Arteaga.
-      Artículo 22, fracción IV, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Candela.
-      Artículo 20, fracción IV, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Escobedo.
-      Artículo 33, fracción IX, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Francisco I. Madero.
-      Artículo 22, fracción VI, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Frontera.
-      Artículo 18, fracción V, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Hidalgo.
-      Artículo 34, fracción VIII, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Jiménez.
-      Artículo 20, fracción V, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Juárez.
-      Artículo 21, fracción IV, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Lamadrid.
-      Artículo 35 (sic), fracción V, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Matamoros.
-      Artículo 29, fracción IV, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Nadadores.
-      Artículo 19, fracción VI, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Ocampo.
-      Artículo 32, fracción VI, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Progreso.
-      Artículo 41, fracción IV, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Sabinas.
-      Artículo 25, fracción III, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Sacramento.
-      Artículo 28, fracción IV, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de San Buenaventura.
-      Artículo 35, fracción II, numeral 3 (sic) de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de San Juan de Sabinas.
-      Artículo 37, fracción VI, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de San Pedro.
-      Artículo 21, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Sierra Mojada.
-      Artículo 267 (sic), numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Acuña.
 
-      Artículo 28, fracción IV, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Allende.
-      Artículo 33, fracción VI, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Castaños.
-      Artículo 33, fracción VI, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Cuatro Ciénegas de Carranza.
-      Artículo 24, fracción VI, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de General de Cepeda.
b) Por establecer infracciones por conductas indeterminadas o imprecisas
-      Artículo 61, numeral 188 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Torreón.
-      Artículo 42, fracciones I, numerales 1, 3 y 4, II, numeral 8, III, numerales 1, 2 y 3, y VI, numerales 3 y 4 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Guerrero.
-      Artículo 52, fracción XXVII, numerales 41, 42, 43 y 45 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Nava.
-      Artículo 46, fracción XII, numeral 27 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Parras.
-      Artículo 46, numerales 3 y 6, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Viesca.
-      Artículo 41, fracciones XXIV, numerales 1, 3 y 4, XXVI, numeral 1, y XXIX, numeral 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Villa Unión.
-      Artículo 39, fracción I, numerales 20 y 21 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Arteaga.
-      Artículo 35, fracciones I, numerales 1 y 3, II, numeral 3 y III, numeral 1 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Candela.
-      Artículos 36, fracciones I, II, III y IV, 38, fracciones I, II y IV, y 41, fracción IV de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Escobedo.
-      Artículo 34, fracción V, numerales 25, 33 y 34 (sic) de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Frontera.
-      Artículo 26, fracciones I, numerales 1, 3 y 4, y, III, numerales 1 y 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Hidalgo.
-      Artículo 50, fracciones I, numerales 1, 3 y 4, III, numerales 1, 2 y 3, y VI, numerales 3 y 4 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Jiménez.
-      Artículo 32, fracciones XVII y XIX de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 20202 del Municipio de Juárez.
-      Artículo 31, fracciones I, numeral 1, II, numeral 7, III, numerales 1, 2 y 3 y VI, numerales 3 y 4 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Lamadrid.
-      Artículo 44, fracciones I, numerales 1 y 3, II, numeral 8, y III numerales 1, 2 y 3 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Nadadores.
-      Artículo 37, fracciones I, numerales 1 y 3, II, numeral 8, III, numerales 1, 2 y 3, y VI, numerales 3 y 4 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Sacramento.
-      Artículo 42, fracciones XV, numerales 1, 3 y 4, CVI (sic), numeral 8, XVII, numerales 1, 2, 3 y 4, y XX, numerales 3 y 4 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de San Buenaventura.
-      Artículo 28, numerales 24, 25, 27, 37 y 38 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Sierra Mojada.
-      Artículo 50, fracción I, numerales 1 y 4 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Acuña.
 
-      Artículo 47, fracciones I, numerales 1, 4, 5 y 7, II, numeral 6, III, numerales 1, 2 y 3, y VI, numerales 3 y 4 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Cuatro Ciénegas de Carranza.
-      Artículo 40, fracción VIII, numerales 7 y 16 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de General de Cepeda.
(2) II. Artículos que se estiman violados. La promovente sostiene que los numerales combatidos vulneran los artículos 1, 6, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como, 2, 15 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
(3) Lo anterior, en relación con los derechos a la seguridad jurídica, de acceso a la información, a la libertad de expresión, legalidad, proporcionalidad de las contribuciones, gratuidad en el acceso a la información y taxatividad.
(4) III. Conceptos de invalidez. En síntesis, la accionante fundamenta las violaciones que sostiene a los derechos referidos en los siguientes argumentos:
(5) En su primer concepto de invalidez señala que las normas a las que se refiere en el inciso a) del apartado III de su escrito de demanda, prevén cobros injustificados por la reproducción de información pública en la expedición de copias a color, lo que contraviene el derecho de acceso a la información, así como los principios de gratuidad en el acceso a la información y proporcionalidad en las contribuciones, reconocidos en los artículos 6, apartado A, fracción III, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
(6) Lo anterior, porque las cuotas previstas no se justifican mediante bases objetivas respecto del costo de los materiales empleados, además, en algunos casos son excesivas y desproporcionadas, de modo que, transgreden el principio de gratuidad que rige el derecho de acceso a la información.
(7) Explica que tales disposiciones condicionan el ejercicio del derecho de acceso a la información, ya que no están previstas en el texto constitucional y tampoco en el legal aplicable, lo que evidentemente genera un obstáculo para que el particular realice una solicitud de información y, por ende, lo desincentiva por la erogación que le causaría.
(8) Menciona que este Alto Tribunal ha desarrollado el derecho a la información, que comprende el derecho a informar (difundir), de acceso a la información (buscar) y a ser informado (recibir); y se destacó que la información pública es el conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo federal, estatal o municipal obtenidos por causa del ejercicio de su función.
(9) Aduce que este Tribunal Pleno, también ha establecido que este derecho tiene una doble vertiente, esto es, como garantía individual que tiene por objeto maximizar el campo de autonomía personal, y, por otro lado, como derecho colectivo que tiende a revelar el empleo instrumental de la información como mecanismo de control constitucional.
(10) Esta garantía se consagra bajo la dualidad de buscar y recibir información sin imponer mayores requisitos que los que el poder reformador de la Constitución y el Congreso de la Unión han establecido previamente, por lo que agregar una condición adicional para ejercer dicha prerrogativa, cuando tal condición no está prevista constitucionalmente ni tiene una base en la ley general, implica un obstáculo para el particular que presente una solicitud de información, es decir, los costos no deben constituir barreras desproporcionadas al acceso a la información.
(11) Afirma que, de acuerdo con el parámetro normativo, los artículos impugnados difieren del principio de gratuidad que rige el ejercicio de este derecho, pues únicamente puede recuperarse el costo de los materiales de entrega, envío o, en su caso, certificación, por lo que cualquier otro cobro implicaría que la autoridad está grabando la información.
(12) Insiste en que, la previsión de erogación en la materia de acceso a la información únicamente puede responder a resarcir económicamente los gastos materiales o de envío que lleguen a utilizarse, de modo que, consignar costos por la reproducción de la información sin que se encuentren justificados en estos términos, vulnera el principio de gratuidad.
(13) Señala que de conformidad con el artículo 134 constitucional, los órganos del Estado deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, lo que implica que la adquisición de los materiales por parte de los Municipios para la reproducción de información derivada del derecho de acceso a la información deba hacerse acorde a las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, entre otras.
(14) Lo anterior, porque la obtención de las mejores condiciones tiene como fin que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, como lo dispone el artículo 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
(15) Dice que, esta Suprema Corte ha determinado que para la aplicación del principio de gratuidad se requiere una motivación reforzada por parte del legislador en la que se explique o razone el costo de los materiales de reproducción de un documento o, en su caso, de su certificación, así como la metodología que se utilizó para llegar a los mismos, es decir, que los costos de reproducción, envío o certificación se sustenten en una base objetiva y razonable.
(16) Menciona que en las leyes combatidas no se justificó ni se hizo referencia a los elementos que sirvieron de base al legislador para determinar dichas cuotas, como lo sería, el precio de las hojas de papel, de la tinta para las impresiones y copias, entre otros.
(17) Afirma que si no existe razonamiento que justifique el cobro para la reproducción de información con una base objetiva, significa que la cuota establecida se determinó de forma arbitraria, sin contemplar el costo real de los insumos utilizados en la reproducción de información en copias simples, impresiones o digitalización en medios magnéticos, transgrediendo el principio de gratuidad de acceso a la información pública, contenido en el artículo 6º de la Constitución Federal, por lo que deben declararse inválidas las normas impugnadas.
(18) Adicionalmente, la promovente sostiene que las normas controvertidas vulneran el principio de proporcionalidad tributaria, porque los derechos causados por los servicios de reproducción de documentos no se sujetan al costo erogado por el Estado para su expedición.
(19)  Finalmente, menciona que las normas impugnadas tienen un impacto desproporcionado sobre el gremio periodístico, pues terminan teniendo un efecto inhibidor para cumplir su función social de buscar información sobre temas de interés público.
(20) En su segundo concepto de invalidez señala que las normas impugnadas en el inciso b), vulneran el derecho a la seguridad jurídica, a la libertad de expresión, así como los principios de legalidad y taxatividad, porque imponen diversas multas por la comisión de hechos que se consideran infracciones administrativas, las cuales resultan imprecisas e implican una indeterminación en las conductas sancionadas, tales como: insultos, ultrajes, ofensas y agresiones verbales a la autoridad de tránsito o a algún miembro de la sociedad; por la producción de ruidos que por cualquier medio provoquen molestia o alteren la tranquilidad de las personas; o, a quienes presenten estado de embriaguez parcial o completa, lo que propicia la arbitrariedad en la aplicación de esas normas.
(21) Refiere que el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad implican que las normas deben definir de manera suficiente y precisa las conductas que se sancionarán, de manera que las autoridades no incurran en arbitrariedades o discrecionalidad en su aplicación y permitan que los gobernados tengan plena certeza de qué tipo de conductas son las que se consideran reprochables por la ley.
(22) Explica que el principio de taxatividad en materia penal es aplicable al procedimiento administrativo sancionador, con las modulaciones conducentes, en tanto que en ambos se ejerce el castigo derivado del Estado, como facultad con la que cuenta para imponer penas, sanciones o medidas de seguridad ante la comisión de actitudes contrarias a derecho.
(23) Destaca, además, que el mandato de taxatividad supone la exigencia de que la conducta típica sea tal, que lo que sea objeto de la prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma; de ahí que, la descripción típica de una conducta no debe ser vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación.
(24) Señala que el artículo 6º de la Norma Fundamental consagra el derecho que tiene toda persona a expresar libremente sus pensamientos, opiniones e ideas de toda índole, el cual se traduce en un requisito para la existencia de una sociedad democrática; prerrogativa reconocida además en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
(25) Manifiesta que, en relación con las infracciones sancionables como insultos, ultrajes, ofensas y agresiones a la autoridad de tránsito o cualquier miembro de la sociedad, la norma no permite que las personas tengan conocimiento suficiente de las conductas que en su caso podrían ser objeto de sanción.
(26) Es decir, la norma permite un margen de aplicación muy amplio e injustificado que autoriza, bajo categorías ambiguas y subjetivas, que cualquier acto de expresión de ideas sea susceptible de una sanción administrativa, si es calificado como ofensivo contra cualquier persona a la que se infieran.
(27) La promovente considera que las disposiciones normativas no se encuentran acotadas, pues permiten que se sancione de manera discrecional a las personas que realicen una expresión dirigida a las autoridades o a algún particular, que pudiera no considerarse lo suficientemente grave para ser reprochable, en tanto que la valoración de la ofensa y el ultraje depende de manera exclusiva de la apreciación subjetiva de los individuos, en la medida que consideren que las acciones les causaron un daño, siendo que es la autoridad la que, de manera arbitraria, determinará cuándo un sujeto expresa una ofensa, agresión verbal, insulto, ultraje hacia la autoridad o algún particular, que lo haga acreedor a la imposición de una sanción.
(28) Por otro lado, respecto de las normas que sancionan la producción de ruidos que por cualquier medio provoquen molestia o alteren la tranquilidad de las personas, argumenta que implican necesariamente una evaluación subjetiva para determinar cuándo una conducta "atenta contra la tranquilidad de las personas".
(29) Reitera que los preceptos combatidos permiten un margen de aplicación amplio e injustificado, ya que, bajo categorías ambiguas y subjetivas, cualquier acto de manifestación de ideas puede ser susceptible de una sanción administrativa.
(30) Y, que las normas que establecen sanciones como: ebriedad completa o incompleta, ebrio tirado, ebrio escandaloso, ebrio en vía pública, ebrio e inmoral, entre otros, transgreden el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, al resultar demasiado ambigua, abierta y poco clara la manera en la que el legislador local estableció tales sanciones, porque no prevé el parámetro para determinar el estado de embriaguez, lo que permite la discrecionalidad por parte de la autoridad al momento de determinar si la conducta puede o no ser sancionable.
(31) IV. Turno, admisión y trámite. Por acuerdo de seis de febrero de dos mil veinte, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad y turnarlo a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales.
(32) Atento a lo anterior, mediante proveído de siete de febrero siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite este medio de control constitucional, requirió a los poderes Ejecutivo y Legislativo de Coahuila de Zaragoza que rindieran sus respectivos informes, y ordenó dar vista con este medio impugnativo a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento correspondiente, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, de ser el caso, manifestara lo que a su representación correspondiera.
(33) V. Informe del Poder Ejecutivo de Coahuila de Zaragoza. Al rendir el informe que le fue solicitado, el Gobernador de Coahuila de Zaragoza señaló, en síntesis, que en la acción de inconstitucional no se atribuye en forma directa algún concepto de invalidez en cuanto a la promulgación de las normas impugnadas.
(34) Dijo que, si bien las leyes de ingresos municipales combatidas fueron promulgadas y publicadas, lo cierto es que fue así por ser un deber del ejecutivo previsto en la propia Constitución local, que prevé que el Gobernador deberá sancionar, publicar y ejecutar las leyes o decretos que expida el Congreso Estatal, sin que ello implique que intervino en el dictamen, discusión, votación y aprobación de la norma.
(35) VI. Informe del Poder Legislativo de Coahuila de Zaragoza. El Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza rindió el informe solicitado a dicha autoridad, en los términos medulares que se relacionan a continuación:
(36) Señala que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19, en relación con lo dispuesto en los numerales 20, fracción II y 65 de la Ley Reglamentaria de la Materia, en virtud de que la parte actora no formuló conceptos de invalidez a fin de evidenciar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas.
(37) Asimismo, afirma que la expedición de las normas se realizó mediante el procedimiento legislativo conducente y con apego al principio de legalidad; además, la aprobación de dichas normas se efectuó con la competencia que le confiere al Congreso Local la Constitución Federal en su artículo 115, fracción IV, así como el diverso 158 U, fracción V, de la Constitución local, dentro de los que se encuentra el derecho de los municipios a percibir contribuciones.
(38) En relación con el primer concepto de invalidez, sostiene que, contrario a lo que afirma la Comisión accionante, el principio de gratuidad únicamente se refiere al ejercicio del derecho de acceso a la información por parte de los particulares, es decir, se dirige a los procedimientos para la obtención de la información, pero no a los eventuales costos de los soportes en los que ésta se entregue, tales como: medios magnéticos, copias simples o certificadas o los costos por envío mediante los servicios de mensajería; de modo que, éstos son los que tienen un costo y no la propia información.
 
(39) Precisa que, si bien el acceso a la información no tiene costo alguno por estar regido por el principio de gratuidad, éste exime de cobro la búsqueda de información, caso contrario tratándose de los costos de los materiales utilizados para su reproducción, su envío y/o la certificación de documentales, siempre y cuando sean determinados a partir de una base objetiva y razonable de los mismos.
(40) Menciona que, de conformidad con la ley de la materia, el costo por los servicios prestados por la autoridad municipal se materializa siempre que la reproducción de la información exceda de veinte fojas; además, las unidades de transparencia podrán exceptuar del pago y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante.
(41) Insiste en que no se cobra por la información, sino por el soporte que la contiene, de acuerdo con la modalidad de entrega; de ahí que sea evidente que las erogaciones previstas por las leyes de ingresos municipales estén fundadas y motivadas, por tanto, no se trata de una limitante al derecho de acceso a la información, pues son contribuciones necesarias para que los propios municipios cumplan con sus funciones.
(42) Por otro lado, aduce que es falso que el legislador no justificó ni hizo referencia alguna a los elementos que sirvieron como base para determinar las cuotas controvertidas, pues la accionante pretende que se determine individualmente el precio de cada elemento y a su juicio, no es necesaria una motivación específica.
(43) Menciona que en el proceso legislativo se cumplió con el principio de legalidad, pues las normas controvertidas se expidieron en términos de las leyes aplicables y los costos ahí previstos toman en consideración el índice de precios al consumidor.
(44) Finalmente, dice que tampoco se viola el principio de proporcionalidad tributaria que rige las contribuciones porque no hay prueba alguna de que las cantidades que se cobran por el pago de derechos no corresponda a las erogaciones necesarias para cubrir el costo que implica para cada entidad pública realizar el trámite solicitado, además de que no se realiza cobro alguno por la búsqueda de información y/o documentos o su digitalización.
(45) En diverso argumento, sostiene que, en relación con las multas impuestas por insultos, ultrajes, ofensas y agresiones verbales a la autoridad de tránsito o cualquier miembro de la sociedad, la accionante omite considerar que las normas que impugna forman parte de un sistema integral normativo y reglamentario, de modo que dichas conductas no responden a criterios discrecionales o subjetivos, sino que su aplicación conlleva el desahogo de procedimientos ante los jueces municipales donde se respeta la garantía de audiencia del presunto infractor.
(46) En ese sentido, establece que los artículos impugnados, dentro del sistema normativo que se ubican, brindan a la autoridad administrativa parámetros racionales que la orientan en la valoración que debe realizar para la determinación del monto o tipo de sanción que corresponda de acuerdo con la infracción cometida.
(47) Aduce que el legislador no puede conocer de antemano todas las combinaciones y circunstancias futuras de aplicación; de ahí que, se vea en la necesidad de utilizar conceptos jurídicos indeterminados cuyas condiciones de aplicación no pueden preverse en todo su alcance posible porque la solución de un asunto concreto depende justamente de la aplicación particular de las circunstancias en las que ocurra la infracción.
(48) Por otro lado, en relación con las disposiciones en las que se imponen multas por producción de ruido que provoquen molestia o alteren la tranquilidad de las personas, menciona que la accionante no expone argumento alguno tendente a evidenciar la inconstitucionalidad de la norma, pues se limita a manifestar que las porciones normativas no respetan cabalmente la garantía de audiencia.
(49) Sostiene que las infracciones no se refieren a ocasionar molestias, sino a rebasar los límites máximos permisibles establecidos. Esto con la finalidad de regular y sancionar la contaminación por emisión de ruidos producidos por fuentes fijas y móviles, en términos de la Ley para Combatir el Ruido en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
(50) La conducta sancionable no es ambigua ni subjetiva, ya que se encuentra regulada dentro del sistema normativo, en términos de la NOM-081-SEMARNAT-1994, que fija los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas.
(51) Por otro lado, respecto de las normas que establecen sanciones a conductas relacionadas con el estado de ebriedad de las personas, indica que son constitucionales, pues la omisión de precisar que debe entenderse por "estado de ebriedad" no puede estimarse un defecto legislativo violatorio del principio de seguridad jurídica; en cambio, se trata de un elemento normativo de uso común o de clara comprensión, ya que la embriaguez es un estado que puede advertirse fácilmente con los sentidos.
 
(52) Menciona que los conceptos jurídicos indeterminados o flexibles son necesarios para la creación de las normas, los cuales serán dotados de contenido concreto en el momento de aplicación al caso concreto.
(53) Para ahondar en sus argumentos, explica la necesidad de este tipo de preceptos, en tanto que no se trata de normas abstractas que restrinjan los derechos de los gobernados, sino de disposiciones encaminadas a propiciar las condiciones de paz, seguridad y tranquilidad públicas, tomando en consideración las buenas costumbres y la moral.
(54) VII. Pedimento de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República no formuló pedimento en el presente asunto.
(55) VIII. Cierre de instrucción. En proveído de uno de julio del año en curso se ordenó cerrar la instrucción de este asunto, a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO
(56) PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1); 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(2) y, finalmente, en términos del Punto Segundo del Acuerdo General 5/2013(3), toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible contradicción entre normas de carácter estatal y la Constitución General de la República.
(57) SEGUNDO. Oportunidad. De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(4), el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que se haya publicado la norma impugnada, de lo que se sigue que para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente.
(58) En el caso, la comisión accionante controvierte diversas porciones normativas contenidas en los decretos 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511 y 512, publicados el veintisiete de diciembre del dos mil diecinueve, en el Periodo Oficial de Coahuila de Zaragoza, mediante los que se expidieron las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil veinte de diversos municipios de dicha entidad.
(59) El plazo para interponer este medio impugnativo transcurrió del sábado veintiocho de diciembre del dos mil diecinueve al domingo veintiséis de enero de dos mil veinte; y, el escrito inicial se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el lunes veintisiete de enero de dos mil veinte, esto es, el día hábil siguiente a que concluyó el plazo, por tanto, la presente acción de inconstitucionalidad se promovió de manera oportuna.
(60) TERCERO. Legitimación. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(5), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede promover acción de inconstitucionalidad contra leyes de carácter estatal que vulneren los derechos humanos contenidos en la propia Ley Fundamental y en los tratados internacionales.
(61) Al respecto, importa señalar que, en su escrito inicial, la promovente plantea, de manera medular, que las disposiciones cuestionadas resultan violatorias de los derechos a la seguridad jurídica, de acceso a la información, a la libertad de expresión, legalidad, proporcionalidad de las contribuciones, gratuidad en el acceso a la información y taxatividad.
(62) Además de lo anterior, en términos del artículo 11, párrafo primero, en relación con el 59, ambos de la ley reglamentaria de la materia(6), dicho órgano constitucional autónomo, al igual que los demás sujetos legitimados al efecto, debe comparecer a este Alto Tribunal por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
(63) Pues bien, en el caso, suscribe la demanda que da origen al presente medio de control constitucional la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien acredita su personería con copia de la comunicación emitida por el Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se le hace saber que, en sesión celebrada el siete de noviembre de dos mil diecinueve, fue aprobada su designación para ocupar tal cargo durante el periodo correspondiente del dos mil diecinueve al dos mil veinticuatro.
(64) Por otra parte, en términos de lo dispuesto por los artículos 15, fracciones I y IX, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(7), así como el 18 de su Reglamento Interno(8), dicha funcionaria ostenta la representación de la accionante y cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad.
(65) Así, atento a lo anterior, es dable concluir que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para intentar la presente acción de inconstitucionalidad, y que ésta es promovida por quien cuenta con facultades al efecto, por lo que debe tenerse por satisfecho el requisito de procedencia en análisis.
(66) CUARTO. Causas de improcedencia. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que previo al análisis de los conceptos de invalidez, se analizan las causas de improcedencia formuladas por las partes, así como aquellas que este Alto Tribunal advierta de oficio.
(67) En el caso, el Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza argumenta que su participación en el proceso legislativo de las normas impugnadas se limitó únicamente a su promulgación y publicación, en cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales aplicables, sin que en la demanda se haga valer algún concepto de invalidez en contra de tales actos.
(68) De lo anterior se advierte que, si bien no lo señaló expresamente, es evidente que la intención del Poder Ejecutivo local es invocar una causa de improcedencia.
(69) No obstante, contrario a lo manifestado por el Gobernador, a pesar de que en los conceptos de invalidez formulados no se hicieron valer cuestiones de ilegalidad en contra de la promulgación y orden de publicación, no es posible decretar la improcedencia de la acción en contra de estos actos y por esta autoridad, toda vez que esta cuestión no constituye una causa de improcedencia en términos del artículo 19 de la Ley Reglamentaria que rige a las controversias y acciones de inconstitucionalidad, aunado a que su estudio involucra el estudio de fondo del asunto.
(70) Al respecto, este Tribunal Pleno ya se ha pronunciado al emitir la jurisprudencia de rubro: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES(9), en la que se concluyó que la circunstancia de que el Poder Ejecutivo tenga injerencia en el proceso de creación de las normas generales para otorgarles plena validez y eficacia hace que se encuentre invariablemente implicado en la emisión del Decreto impugnado, por lo que debe responder por sus actos.
(71) Por otro lado, el Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza manifestó en su informe, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el diverso 20, fracción II y 65, todos de la Ley Reglamentaria de la materia, así como 105, fracción II, inciso g) de la Constitución Federal, toda vez que la Comisión no formuló conceptos de invalidez encaminados a evidenciar la inconstitucionalidad alegada.
(72) Afirma que la promovente impugna diversos artículos de las leyes de ingresos municipales por establecer costos desproporcionados y sanciones de carácter administrativo de manera ambigua, vaga, imprecisa y excesivamente amplia, pero sin razonar porque lo considera así; es decir, que la accionante formula afirmaciones genéricas e imprecisas que no constituyen un verdadero concepto de violación. Insiste, en que no existe causa de pedir suficiente para destruir la constitucionalidad de las normas, toda vez que no expresa razonamientos lógico-jurídicos que pongan de manifiesto la inconstitucionalidad que aduce.
(73) Contrario a lo aducido por el Congreso, la accionante sí formuló conceptos de violación específicos encaminados a evidenciar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, los cuales han quedado delimitados en párrafos anteriores; de ahí que, en la especie no se actualiza la causa de improcedencia invocada.
(74) Y, al no haberse hecho valer alguna causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento diverso al analizado, ni advertirse de oficio alguna por este Alto Tribunal, se procede al estudio de los conceptos de invalidez planteados.
(75) QUINTO. Precisión de las normas impugnadas. Con el objetivo de dar mayor claridad al estudio que se llevará a cabo en el presente asunto, resulta conveniente precisar las normas que se controvierten en la presente acción de inconstitucionalidad.
(76)  Previamente, es oportuno destacar que, del análisis integral de la demanda, así como de las
constancias de autos, se observa que la promovente citó de manera imprecisa las siguientes normas, lo cual se corrige a continuación, a fin de fijar las disposiciones efectivamente cuestionadas:
Norma citada
Norma reclamada
Artículo 13, fracción I, sección "transparencia", en las porciones normativas "copia tamaño carta u oficio 7.26", "copia a color 29.03 de la Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo.
Artículo 13, fracción II, sección "transparencia", en las porciones normativas "copia tamaño carta u oficio 7.26", "copia a color 29.03 de la Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo.
Artículo 35, fracción V, numeral 3 de la Ley de Ingresos del Municipio de Matamoros.
Artículo 36, fracción V, numeral 3 de la Ley de Ingresos del Municipio de Matamoros.
Artículo 35, fracción II, numeral 3 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan de Sabinas
Artículo 35, fracción II, numeral 16, punto 3 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan de Sabinas
Artículo 267, numeral 3 de la Ley de Ingresos del Municipio de Acuña.
Artículo 27, fracción III de la Ley de Ingresos del Municipio de Acuña.
Artículo 42, fracciones XV, numerales 1, 3 y 4, CVI, numeral 8, XVII, numerales 1, 2, 3 y 4, y XX, numerales 3 y 4 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Buenaventura.
Artículo 42, fracciones XV, numerales 1, 3 y 4, XVI, numeral 8, XVII, numerales 1, 2, 3 y 4, y XX, numerales 3 y 4 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Buenaventura.
(77) Cabe mencionar que, respecto de la Ley de Ingresos del Municipio de Frontera, la accionante señaló como norma impugnada el artículo 34, fracción V, numerales 25, 33 y 34; sin embargo, ninguna de las fracciones de dicho precepto contiene los numerales indicados, como se observa a continuación:
ARTÍCULO 34.- Los ingresos, que perciba el Municipio por concepto de sanciones administrativas y fiscales, cobrados en base a Unidades de Medida y Actualización (UMA) y serán las siguientes:
Nº.
INFRACCIONES
SANCION
UMA
I.-
LAS COMETIDAS POR LOS SUJETOS PASIVOS DE UNA OBLIGACIÓN FISCAL.
1.
Presentar los avisos, declaraciones, solicitudes, datos, libros, informes, copias o documentos, alterados, falsificados, incompletos o con errores que traigan consigo la evasión de una obligación fiscal.
10 a 50
2.
No dar aviso de cambio de domicilio de los establecimientos donde se enajenan bebidas alcohólicas, así como el cambio del nombre del titular de los derechos de la licencia para el funcionamiento de dichos establecimientos
10 a 50
3.
No cumplir con las obligaciones que señalan las disposiciones fiscales de inscribirse o registrarse o hacerlo fuera de los plazos legales; no citar su número de registro municipal en las declaraciones, manifestaciones, solicitudes o gestiones que hagan ante cualquier oficina o autoridad.
10 a 50
4.
No presentar, o hacerlo extemporáneamente, los avisos, declaraciones, solicitudes, datos, informes, copias, libros o documentos que prevengan las disposiciones fiscales o no aclararlos cuando las autoridades fiscales lo soliciten.
10 a 50
5.
Faltar a la obligación de extender o exigir recibos, facturas o cualesquiera documentos que señalen las Leyes Fiscales.
10 a 50
6.
No pagar los créditos fiscales dentro de los plazos señalados por las Leyes Fiscales.
10 a 50
7.
Resistirse por cualquier medio, a las visitas de auditoría o de inspección; impedir el acceso a los almacenes, depósitos o bodegas o cualquier otra dependencia y, en general, negarse a proporcionar los elementos que requieran para comprobar la situación fiscal del visitado en relación con el objeto de la visita.
20 a 100
8.
Utilizar interpósita persona para manifestar negociaciones propias o para percibir ingresos gravables dejando de pagar las contribuciones.
20 a 100
9.
No contar con la licencia y la autorización anual correspondiente para la colocación de anuncios publicitarios.
20 a 100
10.
Eludir el pago de créditos fiscales mediante inexactitudes, simulaciones, falsificaciones, omisiones u otras maniobras semejantes.
100 a 200
11.
Enajenar bebidas alcohólicas sin contar con la licencia o autorización o su refrendo anual correspondiente.
100 a 300
12.
Por no presentar el aviso de terminación de obra.
$11.50 a
$54.50
II.-
LAS COMETIDAS POR JUECES, ENCARGADOS DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, NOTARIOS, CORREDORES Y EN GENERAL A LOS FUNCIONARIOS QUE TENGAN FE PÚBLICA.
1.
Proporcionar los informes, datos o documentos alterados o falsificados.
10 a 50
2.
Extender constancia de haberse cumplido con las obligaciones fiscales en los actos en que intervengan, cuando no proceda su otorgamiento.
10 a 50
 
3.
Expedir testimonios de escrituras, documentos o minutas cuando no estén pagadas las contribuciones correspondientes.
20 a 100
4.
Resistirse por cualquier medio, a las visitas de auditores o inspectores.
20 a 100
5.
No suministrar los datos o informes que legalmente puedan exigir los auditores o inspectores. No mostrarles los libros, documentos, registros y, en general, los elementos necesarios para la práctica de la visita.
20 a 100
6.
Inscribir o registrar los documentos, instrumentos o libros, sin la constancia de haberse pagado el gravamen correspondiente.
100 a 300
7.
No proporcionar informes o datos, no exhibir documentos cuando deban hacerlo en el plazo que fijen las disposiciones fiscales o cuando lo exijan las autoridades competentes, o presentarlos incompletos o inexactos.
100 a 300
III.-
LAS COMETIDAS POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS
1.
Alterar documentos fiscales que tengan en su poder.
10 a 50
 
2.
Asentar falsamente que se dio cumplimiento a las disposiciones fiscales o que se practicaron visitas de auditoría o inspección o incluir datos falsos en las actas relativas.
10 a 50
 
3.
Faltar a la obligación de guardar secreto respecto de los asuntos que conozca, revelar los datos declarados por los contribuyentes o aprovecharse de ellos.
20 a 100
4.
Facilitar o permitir la alteración de las declaraciones, avisos o cualquier otro documento. Cooperar en cualquier forma para que se eludan las prestaciones fiscales.
20 a 100
5.
Practicar visitas domiciliarias de auditoría, inspecciones o verificaciones sin que exista orden emitida por autoridad competente.
100 a 200
6.
Extender actas, legalizar firmas, expedir certificados o certificaciones autorizar documentos o inscribirlos o registrarlos, sin estar cubiertos los impuestos o derechos que en cada caso procedan o cuando no se exhiban las constancias respectivas.
100 a 300
IV.-
LAS COMETIDAS POR TERCEROS
1.
Consentir o tolerar que se inscriban a su nombre negociaciones ajenas o percibir a nombre propio ingresos gravables que correspondan a otra persona, cuando esto último origine la evasión de impuestos.
10 a 50
2.
Presentar los avisos, informes, datos o documentos que le sean solicitados alterados, falsificados, incompletos o inexactos.
10 a 50
3.
No proporcionar avisos, informes, datos o documentos o no exhibirlos en el plazo fijado por las disposiciones fiscales o cuando las autoridades lo exijan con apoyo a sus facultades legales. No aclararlos cuando las mismas autoridades lo soliciten.
100 a 300
4.
Resistirse por cualquier medio a las visitas domiciliarias, no suministrar los datos e informes que legalmente puedan exigir los visitadores, no mostrar los libros, documentos, registros, bodegas, depósitos, locales o caja de valores y, en general, negarse a proporcionar los elementos que se requieran para comprobar la situación fiscal de los contribuyentes con que se haya efectuado operaciones, en relación con el objeto de la visita.
100 a 300
5.
Descuidar el aseo del tramo de la calle y banqueta que corresponda a propietarios y poseedores de casas, edificios, terrenos baldíos y establecimientos comerciales o industriales.
$ 45.00 a
$ 209.00
6.
Quema de basura o desperdicios no autorizados por el R. Ayuntamiento.
10 a 15
7.
Destruir los depósitos de basura contenedores y tambos instalados en la vía pública.
100 a 250
 
8.
Tirar basura en la vía pública o lugares no autorizados.
10 a 15
9.
A quien no cumpla con la obligación de reparar o reconstruir las fachadas que determine la dirección de Obras Públicas del Municipio
1 a 2
10.
Por no tener autorización para demolición
3 a 7
11.
Por no tener autorización para excavación y obra de conducción
4 a 5
12.
Por no tener autorización para obras complementarias
4 a 6
13.
Por no tener autorización para obras completas o permiso de construcción
1 a 2
14.
Por no tener autorización para alberca
1 a 2
15.
Por no construir el tapial para ocupación de vía pública
$ 30.00 a
$58.50.
16.
Revoltura de concreto en áreas pavimentadas
$ 58.50 a
$118.00
17.
Por no presentar el aviso de terminación de obra
$ 58.50 a
$118.00
18.
Por Fraccionamiento no autorizado urbano o rústico
$ 588.00 a
$2,353.00
19.
Por Fraccionamiento no autorizado por relotificación
$2.35 m2. a
$7.05 m2.
20.
Por Fraccionamiento no autorizado por lote
$2.26 a
$ 3.40
21.
Infracciones al Reglamento de Arte y Cultura, referentes a daños efectuados al patrimonio histórico, artístico y cultural municipal.
Reglamento
22.
Los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas Sin refrendo.
20 a 105
23.
Los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas, por violación del reglamento
20 a 105
V.
LAS SANCIONES PREVISTAS EN LOS ORDENAMIENTOS APLICABLES EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y FISCAL
1.
No realizar el pago del derecho de compra venta, cesión de derechos, donación, herencia o cualquier traslación de dominio de servició público de transporte (taxi, transporte público de pasajeros, microbuses y camiones de pasajeros)
200 a 300
2.
A las plantas de almacenamiento, centros de carburación y auto tanques que comercialicen gas LP y que incumplan con las medidas de seguridad indicadas por el reglamento de protección civil respectivo
50 a 1000
3.
A las empresas que incumplan con las medidas de seguridad indicadas por su reglamento respectivo
50 a 1000
4.
A los negocios de grande, mediana y pequeña capacidad como son centros comerciales, bodegas, talleres, cartoneras, salones de baile, cantinas, balnearios etc. que incumplan con las medidas de seguridad indicadas por el reglamento de protección civil respectivo
50 a 500
5.
A los ciudadanos que incumplan con las medidas de seguridad como casas, bardas, árboles, etc. Que pongan en riesgo la integridad física de terceros indicadas por su reglamento de protección civil respectivo
25 a 100
6.
A las personas físicas o morales que incumplan con la inspección y recomendaciones, en relación a las nuevas construcciones, ampliaciones o modificaciones.
50 a 100
(78) Tampoco se observa que las conductas sancionadas en los numerales del precepto transcrito tengan relación con las infracciones impugnadas por la accionante.
(79) No obstante, del análisis del apartado relativo a las sanciones administrativas en esa legislación, establecidas en el Título Tercero, capítulo segundo, sección III, denominada "De los ingresos derivados de sanciones", cuyas infracciones se encuentran numeradas en los artículos 34 -antes transcrito- y 35, se advierte que la única norma que coindice con el tipo de conductas impugnadas por la promovente es la prevista en el artículo 35, fracción V, numeral 27; por lo que, atento a la causa de pedir, este Tribunal Pleno considera que es ésta la que debe tenerse como reclamada y será motivo de análisis en la presente ejecutoria, cuyo texto señala:
ARTÍCULO 35.- Los ingresos, que perciba el Municipio por concepto de sanciones de tránsito, serán en base a Unidades de Medida y Actualización (UMA), según la siguiente:
 
TABULADOR DE INFRACCIONES
SANCION CONCEPTO DE INFRACCION
UNIDADES DE
MEDIDA Y
ACTUALIZACION
Nº.
 
MIN.
MAX.
V.-
CIRCULACION
 
 
27.
Ingerir bebidas embriagantes al conducir
10
20
 
(80)  Precisado lo anterior, el contenido de las normas controvertidas se transcribe en los cuadros temáticos que se insertan a continuación:
a). Normas relacionadas con el principio de gratuidad en el acceso a la información.
Municipio
Artículos impugnados
Texto
Piedras Negras
Artículo 27, fracción II, numeral 3
ARTÍCULO 27. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por concepto de:
...
II. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
...
3. Expedición de copia a color $ 22.00.
Ramos de Arizpe
Artículo 33, fracción IX, numeral 3
ARTÍCULO 33. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por concepto de:
...
IX. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
...
3. Expedición de copia a color $ 23.00.
 
Saltillo
Artículo 13, fracción II, sección "transparencia", en las porciones normativas "copia tamaño carta u oficio 7.26", "copia a color 29.03", y 32, fracción VI, incisos a), b), c), d) y e)
ARTÍCULO 13. Es objeto de este derecho la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado a los habitantes del Municipio, en los términos de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza. Están sujetos al pago de este derecho, los propietarios o poseedores de predios que establece el artículo 36 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.
...
II. Los servicios que adicionalmente se presten materia de esta sección generarán los derechos correspondientes de conformidad con la siguiente:
Transparencia
Copia tamaño carta u oficio
$ 7.26
Copia a color, carta u oficio
$ 29.03
 
ARTÍCULO 32. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por los conceptos siguientes y que se pagarán conforme a las tarifas señaladas:
...
VI. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos de conformidad a lo siguiente:
a) Expedición de copias certificadas de documentos, por cada hoja tamaño carta u oficio
$ 41.50
b) Por cada disco compacto CD-R
$ 21.00
c) Expedición de copia a color
$ 31.50
d) Por cada copia simple tamaño carta u oficio
$ 1.00
e) Por cada hoja impresa por medio de dispositivo informático, tamaño carta u oficio
$ 1.00
 
 
 
Torreón
Artículos 42, fracción IV, numerales 1, 3 y 4; 51, numeral 14, números 1 y 3
ARTÍCULO 42. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por concepto de:
...
IV. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 141 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
1. Expedición de copia simple:                 $ 3.12 pesos. ...
3. Expedición de copia a color:                 $ 29.00 pesos.
4. Por cada disco compacto:                     $ 22.00 pesos.
ARTÍCULO 51.- Por servicios prestados por el Archivo Municipal "EDUARDO GUERRA" se pagarán en base a las cuotas y tarifas siguientes:
...
14. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
TABLA
1. Expedición de copias certificadas de documentos, por cada hoja tamaño carta u oficio $20.00 pesos
...
3. Expedición de copia a color: $ 22.00 pesos
 
Guerrero
Artículo 27, fracción VIII, numeral 3
ARTÍCULO 27. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por concepto de:
...
VIII. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
TABLA
...
3. Expedición de copia a color $ 22.50
Monclova
Artículo 39, fracción XI, numeral 3
ARTÍCULO 39. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por concepto de:
...
XI. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
TABLA
...
3. Expedición de copia a color $ 26.60
Morelos
Artículo 35, fracción VI, numeral 3
ARTÍCULO 35.- Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por concepto de:
VI. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo con el artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causarán los derechos conforme a la siguiente:
TABLA
...
3. Expedición de copia a color $ 22.00.
 
Múzquiz
Artículo 28, fracción III, numeral 3
ARTÍCULO 28. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por concepto de:
...
III. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
TABLA
...
3. Expedición de copia a color $ 22.00
Nava
Artículo 37, fracción X, numeral 3
ARTÍCULO 37. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por concepto de:
...
X. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
TABLA
...
3. Expedición de copia a color $ 22.00.
Parras
Artículo 30, fracción II, numeral 14, inciso c)
ARTÍCULO 30. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por concepto de:
...
II. Expedición de certificados existentes en los archivos municipales:
...
14. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
TABLA
...
c)         Expedición de copia a color $ 23.00.
Viesca
Artículo 33, fracción V, numeral 3
ARTÍCULO 33. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por concepto de:
...
V. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
TABLA
...
3. Expedición de copia a color $ 24.00
 
Villa Unión
Artículo 25, fracción IV, numeral 3
ARTÍCULO 25. Son objeto de este derecho, los servicios prestados por las autoridades municipales por los conceptos siguientes y que se pagarán conforme a las tarifas siguientes señaladas:
...
IV. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
TABLA
...
3. Expedición de copia a color $ 22.50.
Zaragoza
Artículo 25, fracción VI, numeral 2
ARTÍCULO 25. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por los conceptos y que se pagarán conforme a las tarifas señaladas:
...
VI. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente tabla:
...
2. Expedición de copia a color $ 22.50.
Abasolo
Artículo 16, fracción II, numeral 3
ARTÍCULO 16. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por los conceptos siguientes que se pagarán conforme a las tarifas señaladas:
...
II. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
TABLA
...
3. Expedición de copia a color $19.00
Arteaga
Artículo 27, fracción IV, numeral 3
ARTÍCULO 27. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por concepto de:
...
IV. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
TABLA
...
3. Expedición de copia a color $ 22.00
 
Candela
Artículo 22, fracción IV, numeral 3
ARTÍCULO 22. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por concepto de:
...
IV. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
TABLA
...
3. Expedición de copia a color, $ 21.94
Escobedo
Artículo 20, fracción IV, numeral 3
ARTÍCULO 20. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por los conceptos siguientes y que se pagarán conforme a las tarifas señaladas:
...
IV. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
TABLA
...
3. Expedición de copia a color $ 17.50
Francisco I.
Madero
Artículo 33, fracción IX, numeral 3
ARTÍCULO 33. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por concepto de:
...
IX. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
TABLA
...
3. Expedición de copia a color $ 21.30
Frontera
Artículo 22, fracción VI, numeral 3
ARTÍCULO 22. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por los conceptos siguientes y que se pagarán conforme a las tarifas señaladas:
...
VI. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
TABLA
...
3. Expedición de copia a color $ 26.00
 
Hidalgo
Artículo 18, fracción V, numeral 3
ARTÍCULO 18. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por los conceptos siguientes y que se pagaran conforme a las tarifas siguientes:
...
V. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
TARIFA
3. Expedición de copia a color $ 21.50.
Jiménez
Artículo 34, fracción VIII, numeral 3
ARTÍCULO 34. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por concepto de:
...
VIII. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
TABLA
...
3. Expedición de copia a color $ 22.00
Juárez
Artículo 20, fracción V, numeral 3
ARTÍCULO 20. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por concepto de:
...
V. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
TARIFA
...
3. Expedición de copia a color $ 22.00.
Lamadrid
Artículo 21, fracción IV, numeral 3
ARTÍCULO 21. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por los conceptos siguientes y que se pagarán conforme a las tarifas señaladas:
...
IV. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
CONCEPTO                                      CUOTA
3. Expedición de copia a color               $ 22.00
 
Matamoros
Artículo 36, fracción V, numeral 3
ARTÍCULO 36. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por concepto de:
...
V. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
TABLA
...
3. Expedición de copia a color $27.17
Nadadores
Artículo 29, fracción IV, numeral 3
ARTÍCULO 29. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por los conceptos siguientes y que se pagarán conforme a las tarifas siguientes:
...
IV. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
TABLA
...
3. Expedición de copia a color $ 21.00
Ocampo
Artículo 19, fracción VI, numeral 3
ARTÍCULO 19. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por los conceptos siguientes y que se pagarán conforme a las tarifas señaladas:
...
VI. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
TARIFA
...
3. Expedición de copia a color $ 20.90
Progreso
Artículo 32, fracción VI, numeral 3
ARTÍCULO 32. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por los conceptos siguientes y que se pagarán conforme a las tarifas señaladas:
...
VI. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
TABLA
...
3. Expedición de copia a color $ 22.00.
 
Sabinas
Artículo 41, fracción IV, numeral 3
ARTÍCULO 41. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por concepto de:
...
IV. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
TABLA
...
3. Expedición de copia a color $ 22.50.
Sacramento
Artículo 25, fracción III, numeral 3
ARTÍCULO 25. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por los conceptos siguientes y que se pagarán conforme a las tarifas señaladas:
...
III. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
TABLA
...
3. Expedición de copia a color $ 20.50
 
San Buenaventura
Artículo 28, fracción IV, numeral 3
ARTÍCULO 28. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por los conceptos siguientes y que se pagarán conforme a las tarifas señaladas:
...
IV. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
TABLA
...
3. Expedición de copia a color $ 17.50
San Juan de
Sabinas
Artículo 35, fracción II, numeral 16, punto 3
ARTÍCULO 35. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por concepto de:
...
II. Certificaciones o copias de documentos existentes en los archivos de las oficinas municipales; así como la expedición de certificados de origen, de residencia, de dependencia económica, de situación fiscal actual o pasada de contribuyentes inscritos en la Tesorería Municipal, de morada conyugal y demás certificaciones que las disposiciones legales y reglamentarias definan a cargo de los Ayuntamientos.
...
16. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
TABLA
...
3. Expedición de copia a color $ 22.50.
 
San Pedro
Artículo 37, fracción VI, numeral 3
ARTÍCULO 37. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por los conceptos siguientes y que se pagarán conforme a las tarifas señaladas:
...
VI. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
TABLA
...
3.- Expedición de copia a color $ 22.00.
Sierra Mojada
Artículo 21, numeral 3
ARTÍCULO 21. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
TABLA
...
3. Expedición de copia a color $ 22.36
Acuña
Artículo 27, fracción III
ARTÍCULO 27. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causarán los derechos conforme a la siguiente:
TABLA
...
III. Expedición de copia a color $ 23.00.
Allende
Artículo 28, fracción IV, numeral 3
ARTÍCULO 28. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por concepto de:
...
IV. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
TABLA
...
3. Expedición de copia a color $ 22.00
 
Castaños
Artículo 33, fracción VI, numeral 3
ARTÍCULO 33. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por las autoridades municipales por los conceptos siguientes que se pagarán conforme a las tarifas señaladas.
...
VI. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
TABLA
...
3. Expedición de copia a color $ 25.50
Cuatro Ciénegas
de Carranza
Artículo 33, fracción VI
ARTÍCULO 33. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por concepto de:
...
VI. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
Expedición de copias certificadas de documentos, por cada hoja tamaño carta u oficio
$19.00
Por cada disco compacto CD-R
$ 11.50
Expedición de copia a color
$ 22.00
Por cada copia simple tamaño carta u oficio
$0.60
Por cada hoja impresa por medio de dispositivo informático, tamaño carta u oficio
$0.60
Expedición de copia simple de planos
$86.00
Expedición de copia certificada de planos.
$53.00
adicional a la
anterior cuota
 
 
General de
Cepeda
Artículo 24, fracción VI, numeral 3
ARTÍCULO 24. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por los conceptos siguientes y que se pagarán conforme a las tarifas señaladas
...
VI. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causaran los derechos conforme a la siguiente:
TARIFA
...
3. Expedición de copia a color $ 23.50.
b). Artículos que establecen infracciones por conductas indeterminadas o imprecisas.
Municipio
Artículos
impugnados
Texto
Torreón
Artículo 61, numeral 188
ARTÍCULO 61. Son infracciones de tránsito, todas las conductas de acción u omisión contrarias a los deberes colectivos consignados en el Reglamento de Movilidad Urbana; en base a los mínimos y máximos en Unidades de Medida y Actualización, que a continuación se enuncian
...
188. Manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de enervantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas, comprobado, con menores de edad en el vehículo, de: 60 a 80 UMA
 
Guerrero
Artículo 42, fracciones I, numerales 1, 3 y 4, II, numeral 8, III, numerales 1, 2 y 3, y VI, numerales 3 y 4
ARTÍCULO 42. Las multas por cometer faltas administrativas en el Municipio de Guerrero, Coahuila, son las siguientes:
I. Por las faltas o infracciones contra el bienestar colectivo se aplicarán sanciones en Unidades de Medida y Actualización (UMA):
TABULADOR                                         SANCION (U.M.A.)
 
INFRACCIÒN
MÌN
MAX
1.
Causar escándalos o participar en ellos, en lugares públicos o privados
2
10
3.
Ocasionar molestias con emisiones de ruido que rebasen los límites máximos permisibles establecidos, en cuyo caso se aplicarán las sanciones contempladas en los ordenamientos aplicables
2
10
4.
Alterar el orden
2
10
 
II.- Por las faltas o infracciones contra la seguridad general se aplicarán sanciones en Unidades de Medida y Actualización (UMA):
INFRACCIÒN
MÌN
MAX
8.
Formar parte de grupos que causen molestias a las personas en lugares públicos o en la proximidad de sus domicilios y/o que impidan el libre tránsito.
5
10
III.- Por las faltas o infracciones que atentan contra la integridad moral del individuo y de la familia se aplicaran sanciones en Unidades de Medida y Actualización (UMA):
INFRACCIÒN
MÌN
MAX
1.
Proferir palabras, adoptar actitudes, realizar señas de carácter obsceno, en lugares públicos y que causen molestia a un tercero.
2
10
2.
Ofrecer, en la vía pública, actos o eventos que atenten contra la familia y las personas.
5
30
3.
Faltar, en lugar público, al respeto o consideración que se debe a los adultos mayores, mujeres, niños o personas con discapacidad.
2
10
...
VI. Por las faltas contra la seguridad, tranquilidad y propiedades de las personas, se aplicarán sanciones en Unidades de Medida y Actualización (UMA):
INFRACCIÒN
MÌN
MAX
3.
Causar molestias, por cualquier medio que impida el legítimo uso y disfrute de un bien.
10
20
4.
Molestar u ofender a una persona con llamadas telefónicas.
2
10
 
 
 
Nava
Artículo 52, fracción XXVII, numerales 41, 42, 43 y 45
ARTÍCULO 52.- Los ingresos, que perciba el municipio por concepto de sanciones administrativas y fiscales, serán los siguientes:
...
XXVII.- Las infracciones se cobrarán de acuerdo a la siguiente relación en Unidades de Medida y Actualización (UMA):
INFRACCIÒN
MÌN
MAX
41.
Ebrio y escandaloso
13
18
42.
Ebrio tirado
7
12
43.
Ebrio en vía publica
7
12
45.
Inmoral
13
18
 
 
Parras
Artículo 46, fracción XII, numeral 27
ARTÍCULO 46. Las faltas por Infracciones en General y Tránsito y Vialidad que se cometan en el municipio se sancionaran en Unidades de Medida y Actualización (UMA) de la siguiente manera:
INFRACCIÒN
MÌN
MAX
XII.
SEGURIDAD PÚBLICA Y LA PROTECCION A LAS
PERSONAS:
27.
Molestar a personas con señas, palabras o actitudes de carácter obsceno o con llamadas telefónicas
5
8
 
 
 
Viesca
Artículo 46, numerales 3 y 6
ARTÍCULO 46. Los ingresos, que perciba el Municipio por concepto de Multas de los diversos Reglamentos del Municipio, serán los siguientes, cobrados en Unidades de Medida y Actualización:
No.
INFRACCIÒN
MÌN
MAX
3.
Faltas a la moral
1
4
6.
Insultos
2
6
 
 
Villa Unión
Artículo 41, fracciones XXIV, numerales 1, 3 y 4, XXVI, numeral 1, y XXIX, numeral 3
ARTÍCULO 41. Los ingresos, que perciba el municipio por concepto de sanciones administrativas y fiscales, serán los siguientes:
...
XXIV. Por faltas o infracciones contra el bienestar colectivo, se aplicarán sanciones en Unidades de Medida y Actualización (UMA):
INFRACCIÒN
MÌN
MAX
1.
Causar escándalos o participar en ellos, en lugares públicos o privados.
5
20
3.
Ocasionar molestias con emisiones de ruido que rebasen los límites máximos permisibles establecidos, en cuyo caso de aplicaran las sanciones contempladas en los ordenamientos aplicables.
5
15
4.
Alterar el orden.
5
20
...
XXVI. Por faltas o infracciones que atenten contra la integridad moral del individuo y de la familia, se aplicaran sanciones en Unidades de Medida y Actualización (UMA):
INFRACCIÒN
MÌN
MAX
1.
Proferir palabras, adoptar actitudes, realizar señas de carácter obsceno, en lugares públicos y que causen molestia a un tercero
5
10
...
XXIX. Por faltas o infracciones contra la seguridad, tranquilidad y propiedades de las personas, se aplicarán sanciones en Unidades de Medida y Actualización (UMA):
INFRACCIÒN
MÌN
MAX
3.
Molestar u ofender a una persona con llamadas telefónicas.
5
10
 
 
 
Arteaga
Artículo 39, fracción I, numerales 20 y 21
ARTÍCULO 39. Se clasifican en este concepto los ingresos que perciba el municipio por la aplicación de sanciones a quienes incurren en violaciones a leyes y reglamentos municipales en cuestión de seguridad pública. Serán estipuladas en base a Unidades de Medida y Actualización (UMA).
INFRACCIÒN
MÌN
MAX
I.
AL CIRCULAR:
20
En estado de ebriedad completa.
20
50
21
En estado de ebriedad incompleta.
20
50
 
 
Candela
Artículo 35, fracciones I, numerales 1 y 3, II, numeral 3 y IV, numeral 1
ARTÍCULO 35. Las multas por cometer faltas administrativas en el municipio se aplicarán en Unidades de Medida y Actualización (UMA) son las siguientes:
INFRACCIÒN
MÌN
MAX
I. Por las faltas o infracciones contra el bienestar colectivo se aplicarán sanciones, según las tarifas siguientes:
1.
Causar escándalos o participar en ellos, en lugares públicos o privados;
4
10
3.
Alterar el orden
5
10
II. Por las faltas o infracciones contra la seguridad general se aplicarán sanciones según las tarifas siguientes
3.
Formar parte de grupos que causen molestias a las personas en lugares públicos o en la proximidad de sus domicilios y/o que impidan el libre tránsito, por persona
5
10
III. Por las faltas o infracciones que atentan contra la integridad moral del individuo y de la familia se aplicaran sanciones según las tarifas siguientes:
1.
Proferir palabras, adoptar actitudes, realizar señas de carácter obsceno, en lugares públicos y que causen molestia a un tercero.
2
8
 
 
 
Escobedo
Artículos 36, fracciones I, II, III y IV, 38, fracciones I, II y IV, y 41, fracción IV
ARTÍCULO 36. Los ingresos, que perciba el Municipio por concepto de multas por faltas administrativas, serán los siguientes:
 
INFRACCION
MÍN MÁX
I.
Causar escándalos o participar en ellos en lugares públicos o privados
5
40
II.
Consumir bebidas embriagantes y/o sustancias psicotrópicas
20
50
III.
Ocasionar molestias con emisiones de ruido que rebasen los límites máximos permisibles establecidos, en cuyo caso se aplicarán las sanciones
5
25
IV.
Alterar el orden
15
100
 
ARTÍCULO 38. Por las faltas o infracciones que atentan contra la integridad moral del individuo y de la familia se aplicaran sanciones que van de 2 hasta 50 días de Unidades de Medida y Actualización:
 
INFRACCION
MÍN
MÁX
I.
Proferir palabras, adoptar actitudes, realizar señas de carácter obsceno, en lugares públicos y que causen molestia a un tercero.
2
10
II.
Ofrecer, en la vía pública, actos o eventos que atenten contra la familia y las personas
10
20
molestia
20
30
 
ARTÍCULO 41. Por las faltas contra la seguridad, tranquilidad y propiedades de las personas, se aplicarán sanciones que van de 2 hasta 40 días de Unidades de Medida y Actualización:
 
INFRACCION
MÍN
MÁX
IV
Molestar u ofender a una persona con llamadas telefónicas
8
15
 
 
Frontera
Artículo 35, fracción V, numeral 27
ARTÍCULO 35. Los ingresos, que perciba el Municipio por concepto de sanciones de tránsito, serán en base a Unidades de Medida y Actualización (UMA), según la siguiente:
...
 
INFRACCION
MÍN
MÁX
V
CIRCULACIÓN
 
 
27
Ingerir bebidas embriagantes al conducir
10
20
 
 
 
 
 
 
Hidalgo
Artículo 26, fracciones I, numerales 1, 3 y 4, y, III, numerales 1 y 3
ARTÍCULO 26. Infracción por conducir a altas velocidades de las permitidas que pongan en peligro la integridad física del conductor o de terceras personas, patinadas de llantas etc. De 4 a 6 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por reincidencia de 10 a 12 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Las multas por cometer faltas administrativas en el municipio Hidalgo, Coahuila de Zaragoza, son las siguientes:
I. Por las faltas o infracciones contra el bienestar colectivo se aplicarán sanciones en Unidades de Medida y Actualización (UMA):
 
INFRACCION
MÍN
MÁX
1.
Causar escándalos o participar en ellos, en lugares públicos o privados.
2
5
3.
Ocasionar molestias con emisiones de ruido que rebasen los límites máximos permisibles establecidos, en cuyo caso se aplicarán las sanciones contempladas en los ordenamientos aplicables.
3
8
4
Alterar el orden
3
15
 
III. Por las faltas o infracciones que atentan contra la integridad moral del individuo y de la familia se aplicaran sanciones en Unidades de Medida y Actualización (UMA):
 
INFRACCION
MÍN
MÁX
1.
Proferir palabras, adoptar actitudes, realizar señas de carácter obsceno, en lugares públicos y que causen molestia a un tercero.
2
7
3.
Faltar, en lugar público, al respeto o consideración que se debe a los adultos mayores, mujeres, niños o personas con discapacidad.
2
7
 
 
 
Jiménez
Artículo 50, fracciones I, numerales 1, 3 y 4, III, numerales 1, 2 y 3, y VI, numerales 3 y 4
ARTÍCULO 50. Las multas por cometer faltas administrativas en el Municipio son las siguientes:
I. Por las faltas o infracciones contra el bienestar colectivo se aplicarán sanciones en Unidades de Medida y Actualización (UMA):
 
INFRACCION
MÍN
MÁX
1.
Causar escándalos o participar en ellos, en lugares públicos o privados
5
10
3.
Ocasionar molestias con emisiones de ruido que rebasen los límites máximos permisibles establecidos, en cuyo caso se aplicarán las sanciones contempladas en los ordenamientos aplicables.
5
10
4.
Alterar el orden
10
20
 
III. Por las faltas o infracciones que atentan contra la integridad moral del individuo y de la familia se aplicaran sanciones en Unidades de Medida y Actualización (UMA):
 
INFRACCION
MÍN
MÁX
1.
Proferir palabras, adoptar actitudes, realizar señas de carácter obsceno, en lugares públicos y que causen molestia a un tercero.
4
8
2.
Ofrecer, en la vía pública, actos o eventos que atenten contra la familia y las personas.
4
8
3.
Faltar, en lugar público, al respeto o consideración que se debe a los adultos mayores, mujeres, niños o personas con discapacidad.
10
15
...
VI. Por las faltas contra la seguridad, tranquilidad y propiedades de las personas, se aplicarán sanciones en Unidades de Medida y Actualización (UMA):
 
INFRACCION
MÍN
MÁX
3.
Causar molestias, por cualquier medio que impida el legítimo uso y disfrute de un bien.
10
20
4.
Molestar u ofender a una persona con llamadas telefónicas.
10
20
 
 
 
Juárez
Artículo 32, fracciones XVII y XIX
ARTÍCULO 32. Los ingresos que perciba el municipio por concepto de Multas de Tránsito, se pagaran en Unidades de Medida y Actualización (UMA), de acuerdo a lo siguiente:
 
INFRACCION
MÍN
MÁX
XVII
Ebrio en vía pública
7
10
XIX
Inmoral
7
10
 
 
Lamadrid
Artículo 31, fracciones I, numeral 1, II, numeral 7, III, numerales 1, 2 y 3 y VI, numerales 3 y 4
ARTÍCULO 31. Las multas por cometer faltas administrativas en el municipio son las siguientes:
 
INFRACCION
MÍN
MÁX
I. Por faltas o infracciones contra el bienestar colectivo se aplicarán sanciones que van de 2 hasta 130 Unidades de Medida y Actualización;
1.
Causar escándalos o participar en ellos, en lugares públicos o privados.
3
8
 
 
II. Por las faltas o infracciones contra la seguridad general se aplicarán sanciones que van de 2 hasta 50 Unidades de Medida y Actualización:
7.
Formar parte de grupos que causen molestias a las personas en lugares públicos o en la proximidad de sus domicilios y/o que impidan el libre tránsito.
5
10
III. Por las faltas o infracciones que ataquen contra la integridad moral del individuo y de la familia se aplicaran sanciones que van de 2 hasta 120 Unidades de Medida y Actualización:
1.
Proferir palabras, adoptar actitudes, realizar señas de carácter obsceno, en lugares públicos y que causen molestia a un tercero.
2
7
eventos que atenten contra la familia y las personas.
2
7
3.
Faltar, en lugar público, el respeto o consideración que se debe a los adultos mayores, mujeres o niños o personas con discapacidad.
2
7
VI. Por faltas contra la seguridad, tranquilidad y propiedad de las personas se aplicarán sanciones que van de 2 hasta 50 Unidades de Medida y Actualización:
3.
Causar molestias, por cualquier medio que impida el legítimo uso y disfrute de un bien.
2
10
4.
Molestar u ofender a una persona con llamadas telefónicas
2
8
 
 
 
Nadadores
Artículo 44, fracciones I, numerales 1 y 3, II, numeral 8, y III numerales 1, 2 y 3
ARTÍCULO 44. Las multas por cometer faltas administrativas en el municipio son las siguientes:
 
INFRACCION
MÍN
MÁX
I. Por las faltas o infracciones contra el bienestar colectivo se aplicarán sanciones que van de 2 hasta 150 Unidades de Medida y Actualización;
1.
Causar escándalos o participar en ellos en lugares públicos o privados.
2
8
3.
Ocasionar molestias con emisiones de ruido que rebasen los límites máximos permisibles establecidos, en cuyo caso se aplicaran las sanciones contempladas en los ordenamientos aplicables.
2
3
 
 
II. Por faltas o infracciones contra la seguridad general se aplicarán sanciones que van de 2 hasta 100 Unidades de Medida y Actualización.
molestias a las personas en lugares públicos o en la proximidad de sus domicilios y/o que impidan el libre tránsito, por persona.
5
10
III. Por las faltas o infracciones que atenten contra la integridad moral del individuo y de la familia se aplicaran sanciones que van de 2 hasta 200 Unidades de Medida y Actualización.
1.
Proferir palabras, adoptar actitudes, realizar señas de carácter obsceno, en lugares públicos y que causen molestia a un tercero
2
10
2.
Ofrecer, en la vía pública, actos o eventos que atenten contra la familia y las personas
2
10
3.
Faltar, en lugar público, al respeto o consideración que se debe a los adultos mayores, mujeres, niños o personas con discapacidad.
2
15
 
 
 
Sacramento
Artículo 37, fracciones I, numerales 1 y 3, II, numeral 8, III, numerales 1, 2 y 3, y VI, numerales 3 y 4
ARTÍCULO 37. Las multas por cometer faltas administrativas en el municipio se aplicarán de acuerdo a Unidad de Medida y Actualización y son las siguientes:
 
INFRACCION
MÍN
MÁX
I. Por las faltas o infracciones contra el bienestar colectivo se aplicarán sanciones que van de 5 hasta 25 Unidades de Medida y Actualización:
ellos, en lugares públicos o privados
5
15
3.
Ocasionar molestias con emisiones de ruido que rebasen los límites máximos permisibles establecidos, en cuyo caso se aplicarán las sanciones contempladas en los ordenamientos aplicables.
5
25
II. Por las faltas o infracciones contra la seguridad general se aplicarán sanciones que van de 2 hasta 20 Unidades de Medida y Actualización:
8.
Formar parte de grupos que causen molestias a las personas en lugares públicos o en la proximidad de sus domicilios y/o que impidan el libre tránsito.
10
20
III. Por las faltas o infracciones que atentan contra la integridad moral del individuo y de la familia se aplicaran sanciones que van de 2 hasta 100 Unidades de Medida y Actualización:
1.
Proferir palabras, adoptar actitudes, realizar señas de carácter obsceno, en lugares públicos y que causen molestia a un tercero
2
6
 
 
2.
Ofrecer, en la vía pública, actos o eventos que atenten contra la familia y las personas
2
6
3.
Faltar, en lugar público, al respeto o consideración que se debe a los adultos mayores, mujeres, niños o personas con discapacidad.
2
6
VI. Por las faltas contra la seguridad, tranquilidad y propiedades de las personas, se aplicarán sanciones que van de 5 hasta 10 Unidades de Medida y Actualización:
3.
Causar molestias, por cualquier medio que impida el legítimo uso y disfrute de un bien.
5
10
4.
Molestar u ofender a una persona con llamadas telefónicas
5
10
 
 
 
 
 
 
San Buenaventura
Artículo 42, fracciones XV, numerales 1, 3 y 4, XVI, numeral 8, XVII, numerales 1, 2, 3 y 4, y XX, numerales 3 y 4
ARTÍCULO 42. Los ingresos, que perciba el municipio por concepto de Multas de Tránsito aplicables, serán los siguientes de acuerdo a la Unidades de Medida y Actualización (UMA)
XV. Por las faltas o infracciones contra la seguridad pública se aplicarán sanciones que van de 2 hasta 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA)
1.
Causar escándalos o participar en ellos, en lugares públicos o privados
2
10
3.
Ocasionar molestias con emisiones de ruido que rebasen los límites máximos permisibles establecidos, en cuyo caso se aplicaran las sanciones contempladas en los ordenamientos aplicables.
 
2
 
8
4.
Alterar el orden
3
10
XVI. Por las faltas o infracciones contra la seguridad general se aplicarán sanciones que van de 2 hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA):
8.
Formar parte de grupos que causen molestias a las personas en lugares públicos o en la proximidad de sus domicilios y/o que impidan el libre tránsito, por persona
 
8.
XX. Por las faltas contra la seguridad, tranquilidad y propiedades de las personas, se aplicarán sanciones que van de 2 hasta 15 Unidades de Medida y Actualización (UMA):
 
3.
Causar molestias, por cualquier medio que impida el legítimo uso y disfrute de un bien.
 
3
 
5
4.
Molestar u ofender a una persona con llamadas telefónicas.
2
10
 
 
 
 
 
 
Sierra Mojada
Artículo 28, numerales 24, 25, 27, 37 y 38
ARTÍCULO 28. Se clasifican en este concepto los ingresos que perciba el Municipio por la aplicación de sanciones pecuniarias por infracciones cometidas por personas físicas o morales en violación a las leyes y reglamentos administrativos, se aplicarán de acuerdo a Unidades de Medida y Actualización (UMA)
 
INFRACCION
MÍN
MÁX
24.
Ebrio escandaloso de
5
7
25.
Ebrio tirado en la vía pública de
3
6
27.
Por realizar acciones inmorales en la vía pública de
5
7
37.
Ebrio en la vía pública de
1
6
38.
Ebrio y provocar riña de
1
6
 
Acuña
Artículo 50, fracción I, numerales 1 y 4
ARTÍCULO 50.- Faltas administrativas contempladas por sanciones de policía, se pagarán en Unidades de Medida y Actualización (UMA) de acuerdo a los siguientes conceptos:
I. Por las faltas o infracciones contra el bienestar colectivo se aplicarán sanciones en Unidades de Medida y Actualización (UMA):
 
INFRACCION
MÍN
MÁX
1.
Causar escándalos o participar en ellos, en lugares públicos o privados.
4
10
4.
Alterar el orden
10
20
 
 
Cuatro Ciénegas
de Carranza
Artículo 47, fracciones I, numerales 1, 4, 5 y 7, II, numeral 6, III, numerales 1, 2 y 3, y VI, numerales 3 y 4
ARTÍCULO 47.- Los parámetros de cobro con motivo de los conceptos de sanciones previstas en el Bando de Policía y Buen Gobierno serán las siguientes:
 
INFRACCION
MÍN
MÁX
I
Por infracciones contra el bienestar colectivo se aplicarán sanciones que van de 5 a 30 Unidades de Medida y Actualización de acuerdo al siguiente tabulador:
1.
A quien cause escándalos en lugares públicos o privados.
5
20
4.
A quien permanezca en Estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias psicotrópicas en la vía pública, terrenos baldíos o sobre los vehículos, ya sea en circulación o estacionados.
5
10
5.
A quien ocasione molestias con emisiones de ruido que rebasen los límites máximos permisibles establecidos.
5
10
7
A quien genere ruido excesivo en casa particular, provocando la molestia de los vecinos y rebasando los límites normativamente previstos.
5
10
II.
Por infracciones contra la seguridad general se aplicarán sanciones que van de 5 a 50 Unidades de Medida y Actualización
6.
A quien forme parte de grupos que causen molestias a las personas en lugares públicos o en la proximidad de sus domicilios y/o que impidan el libre tránsito.
10
25
III.
Por infracciones que atentan contra la integridad moral del individuo y de la familia se aplicarán sanciones que van de 5 a 50 Unidades de Medida y Actualización
1.
A quien infiera palabras, adopte actitudes o realice señas, todas ellas de carácter obsceno en lugares públicos que causen molestia a las personas.
10
20
2.
A quien realice en la vía pública actos o eventos que atenten contra la familia y las personas.
10
25
VI.
Por infracciones contra la seguridad, tranquilidad y propiedades de las personas se aplicarán sanciones que van de 10 hasta 30 Unidades de Medida y Actualización
3.
A quien cause molestias por cualquier medio que impida el legítimo uso y disfrute de un bien.
5
15
4.
A quien moleste u ofenda a una persona con llamadas telefónicas.
5
20
 
General de Cepeda
Artículo 40, fracción VIII, numerales 7 y 16
ARTÍCULO 40. Las faltas por Infracciones en General y Tránsito y Vialidad que se cometan en el municipio se sancionaran en Unidades de Medida y Actualización (UMA), de la siguiente manera:
 
INFRACCION
MÍN
MÁX
VIII
SEGURIDAD PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN A LAS
PERSONAS:
7.
Insultar a la autoridad
20
30
16.
Molestar a personas con señas, palabras o actitudes de carácter obsceno o con llamadas telefónicas
20
40
 
 
(81)  Establecido el anterior, procede ahora el estudio de los conceptos de invalidez correspondientes, lo que se hará en considerandos independientes en los que se abordará cada uno de los temas generales antes relacionados.
(82)  SEXTO. Análisis de las normas relacionadas con el derecho de acceso a la información.
(83)  En su primer concepto de invalidez la promovente afirma que los artículos que controvierte en ese apartado transgreden el derecho humano de acceso a la información, así como los principios de gratuidad en el acceso a la información, legalidad y proporcionalidad tributaria, pues establecen cobros injustificados por la reproducción de información pública en los medios ahí contenidos y no atienden a los costos de los materiales utilizados.
(84)  Sostiene que conforme a los artículos 6 constitucional y 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por regla general, el ejercicio del derecho de acceso a la información debe ser gratuito, pudiendo, excepcionalmente, cobrarse los materiales utilizados en la reproducción de la información, el costo de su envío o la certificación de documentos, pero de ninguna manera puede cobrarse la información, ni el costo del material cuando es proporcionado por el solicitante.
(85)  Señala que tales preceptos establecen cobros injustificados por la reproducción de la información en copias simples, copias a color, impresiones o su digitalización en medios magnéticos, por lo que si no existe razonamiento que justifique el cobro de reproducción de información con una base objetiva, sólo puede significar que la cuota se determinó arbitrariamente sin contemplar el costo real de los materiales utilizados.
(86)  Asimismo, se transgrede el principio de proporcionalidad tributaria porque las cuotas fijadas no corresponden con lo que efectivamente el Estado eroga en los materiales para reproducir la información solicitada.
(87)  Para el análisis de tales argumentos, conviene recordar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, entre otras, las acciones de inconstitucionalidad 5/2017,(10) 13/2018 y su acumulada 25/2018(11), 10/2019(12), 13/2019(13), 15/2019(14) y 27/2019,(15) en las que se analizó el contenido del artículo 6, fracción III, constitucional(16), se pronunció sobre los principios y directrices que rigen el derecho de acceso a la información, y en específico el de gratuidad, haciendo énfasis en que constituye un principio fundamental para alcanzar el derecho de acceso a la información, cuyo objetivo es evitar discriminación, pues su finalidad es que todas las personas, sin importar su condición económica, puedan acceder a la información.
 
(88)  Así, el Tribunal Pleno determinó que los únicos cobros que podrían efectuarse son para recuperar los costos de reproducción, envío y certificación de la información.
(89)  El principio de gratuidad quedó también plasmado en el artículo 17 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública(17), en donde se estableció que sólo puede requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada. Asimismo, su artículo 141(18) dispone que, en caso de existir costos para obtener la información, éstos no podrán ser superiores al costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información, al costo de envío y al pago de la certificación de los documentos, cuando proceda, y que la información será entregada sin costo cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples.
(90)  Es decir, tanto la Constitución Federal como la Ley General relativa son claras al establecer la gratuidad del acceso a la información, constituyendo así una obligación categórica de todas las autoridades el garantizarla.
(91)  Conforme a lo anterior, se estableció que las cuotas, en caso de que la entrega de la información tuviera algún costo, dado la forma de reproducción y entrega solicitadas, deberían ser acordes con el costo del servicio prestado e iguales para los solicitantes, atendiendo a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, lo que quiere decir que el Estado no debe lucrar con las cuotas, sino que las mismas deben fijarse de acuerdo a una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y de sus costos.
(92)  Así, recae en el legislador la carga de demostrar que el cobro que establece por la entrega de información en determinado medio atiende únicamente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada, puesto que, en el ejercicio del derecho de acceso a la información, es un imperativo general la gratuidad en la entrega de información.
(93)  Aunado a lo anterior, se afirmó que aun en el evento de que este Tribunal Pleno pudiera buscar o allegarse de información para determinar si las tarifas o cuotas aplicables se apegan o no al parámetro de regularidad constitucional antes comentado, lo objetivamente cierto es que no le corresponde realizar ni los cálculos respectivos ni tampoco fijar valores a fin de analizar su constitucionalidad; precisamente porque conforme al texto constitucional y legal aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública corresponde al legislador realizar la motivación reforzada en los términos antes apuntados.
(94)  También se señaló que los costos no pueden constituir barreras desproporcionadas de acceso a la información. De esta manera, si el solicitante proporciona el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para reproducir la información debe ser entregada sin costo. Además, se precisó que la Ley General de Transparencia prevé que en la determinación de las cuotas se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información; asimismo, dispone que las cuotas se establecen en la Ley Federal de Derechos, y salvo que dicha Ley no le sea aplicable a los sujetos obligados, las cuotas no deberán ser mayores a las dispuestas en la misma.
(95)  Con base en el parámetro de constitucionalidad expuesto, se analizarán los supuestos previstos en las disposiciones impugnadas, que han quedado precisadas en el inciso a) del considerando previo de la presente sentencia.
(96)  Así, de las normas cuestionadas se advierte que los treinta y ocho Municipios del Estado de Coahuila establecieron el cobro por la expedición de copias a color en materia de Acceso a la Información Pública en montos diversos que oscilan entre $17.50 (diecisiete pesos 50/100 m.n.) y $31.50 (treinta y un pesos 50/100 m.n.).
(97) Por su parte, las Leyes de Ingresos de los Municipios de Cuatro Ciénegas de Carranza, Saltillo y Torreón, establecen el cobro en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los siguientes supuestos:
a) Copias simples o impresiones en tamaños carta u oficio, entre $0.60 (sesenta centavos de peso 60/100 m.n.) y $7.26 (siete pesos 26/100 m.n.);
b) Expedición de copias certificadas en montos de $19.00 (diecinueve pesos 00/100 m.n.); $41.50 (cuarenta y un pesos 50/100 m.n.) y $20.00 (veinte pesos 00/100 m.n.), respectivamente;
c)Entrega de información en disco compacto CD, en montos de $11.50 (once pesos 50/100 m.n.); $21.00 (veintiún pesos 00/100 m.n.) y $22.00 (veintidós pesos 00/100 m.n.), respectivamente.
d) Expedición de copias de planos (sólo por lo que hace a la Ley de Ingresos del Municipio de Cuatro Ciénegas de Carranza), por $86.00 (ochenta y seis pesos 00/100 moneda nacional) en el caso de copia simple y $53.00 (cincuenta y tres pesos 00/100 m.n.) adicional a la cuota anterior, por copia certificada.
(98) Atento a ello, para analizar la validez de las disposiciones impugnadas, es necesario verificar si dichas
cuotas se fijaron de acuerdo con una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y de sus costos.
(99) Lo anterior, tomando en cuenta que se requiere una motivación reforzada por parte del legislador en la que explique o razone el costo de los materiales de reproducción de un documento o, en su caso, de su certificación, así como la metodología que utilizó para llegar a los mismos, pues no debe perderse de vista que el parámetro de regularidad constitucional se sustenta en el ya mencionado principio de gratuidad.
(100) Ahora bien, de la revisión integral de los procedimientos o antecedentes legislativos de las normas impugnadas, se advierte que en las leyes impugnadas el Congreso estatal no justificó el cobro por la reproducción de información con una base objetiva cuya razonabilidad pudiera ser estudiada por este Tribunal Pleno, sino que lo determinó de forma arbitraria, sin contemplar el costo real de los materiales requeridos para la reproducción de la información, lo cual transgrede el principio de gratuidad del acceso a la información pública contenido en el artículo 6 de la Constitución Federal.
(101) Así, resulta evidente la inconstitucionalidad de las normas impugnadas por la accionante en este apartado, en cuanto a la expedición de copias a color.
(102) Sin que pase inadvertido que el legislador tampoco estableció razón alguna a efecto de justificar la diferencia entre las tarifas establecidas en los preceptos impugnados y el valor comercial de los insumos necesarios para proporcionar la información.
(103) En ese mismo sentido y por las mismas razones, resulta la inconstitucionalidad de los diversos supuestos relativos a la expedición de copias simples o impresiones en tamaño carta u oficio; copias certificadas, información entregada en disco compacto CD, ya que ni en las Leyes de Ingresos de los Municipios de Cuatro Ciénegas de Carranza, Saltillo y Torreón, ni de los procedimientos o antecedentes legislativos de éstas se advierte que las cuotas establecidas tengan una base objetiva y razonable basada en los materiales utilizados y sus costos. Máxime que tampoco se justificó la diferencia entre las tarifas y el valor comercial de los insumos.
(104) Además, del contenido de los conceptos que prevén la impresión y expedición de copias simples o certificadas, se desprende que las tarifas están previstas a razón de cada hoja, siendo que conforme al artículo 141 de la ley marco aplicable, la información debe entregarse gratuitamente cuando no exceda de veinte hojas.
(105) Derivado de lo anterior, resulta innecesario entrar al estudio del resto de los argumentos que hace valer la promovente, relacionados con la transgresión al principio de proporcionalidad tributaria, ante la declaratoria de invalidez total de las porciones normativas reclamadas.
(106) Al respecto, es aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 37/2004 emitida por el Tribunal Pleno, de rubro: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ(19).
(107) SÉPTIMO. Análisis de las normas que establecen la regulación indeterminada de distintas conductas sancionables en el ámbito administrativo.
(108) En su segundo concepto de invalidez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene que los artículos controvertidos prevén cobros por multas derivadas de la comisión de infracciones administrativas, tales como: insultos, ultrajes, ofensas y agresiones verbales a la autoridad de tránsito o a algún miembro de la sociedad; por la producción de ruidos que por cualquier medio provoquen molestia o alteren la tranquilidad de las personas; o, a quienes presenten estado de embriaguez, lo cual considera conculca los derechos a la seguridad jurídica, de la libertad de expresión y el principio de taxatividad, pues resultan ambiguas e indeterminadas y queda al arbitrio de la autoridad la determinación de los casos en que se surten tales infracciones.
(109) Destaca que las normas cuestionadas no permiten que las personas tengan conocimiento suficiente de las conductas que en su caso podrían ser objeto de sanción por las autoridades en caso de exteriorizar una manifestación o idea que pudiera constituir una presunta ofensa, insulto, frase obscena o falta de respeto dirigida a las autoridades de tránsito o algún miembro de la sociedad.
(110) Afirma que tales disposiciones permiten un margen de aplicación muy amplio e injustificado que autoriza que, bajo categorías ambiguas y subjetivas, cualquier acto de expresión de ideas sea susceptible de una sanción administrativa, si es calificado como ofensivo contra cualquier persona a la que se infiera.
(111) Por otro lado, respecto de las normas que sancionan la producción de ruidos que por cualquier medio provoquen molestia o alteren la tranquilidad de las personas, argumenta que implican necesariamente
una evaluación subjetiva para determinar cuándo una conducta "atenta contra la tranquilidad de las personas".
(112) Asimismo, las normas que establecen sanciones como: ebriedad completa o incompleta, ebrio tirado, ebrio escandaloso, ebrio en vía pública, ebrio e inmoral, entre otros, transgreden el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, al resultar ambigua, abierta y poco clara la manera en la que el legislador local estableció tales sanciones, porque no prevé el parámetro para determinar el estado de embriaguez, lo que permite la discrecionalidad por parte de la autoridad al momento de determinar si la conducta puede o no ser sancionable.
(113) Previo al análisis de las normas cuestionadas este Tribunal Pleno estima conveniente retomar las consideraciones expuestas al resolver la acción de inconstitucionalidad 34/2019(20).
(114) En dicho asunto se indicó que este Alto Tribunal ha reconocido en diversos criterios, que dentro del derecho administrativo sancionador se encuentran, entre otras, las sanciones administrativas a los reglamentos de policía a que se refiere el artículo 21, párrafo cuarto, constitucional que, a su vez, dispone que compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía. Citó a manera ejemplificativa la tesis 1a. CCCXVI/2014 de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEBE MODULARSE EN ATENCIÓN A SUS ÁMBITOS DE INTEGRACIÓN(21).
(115) Asimismo, se puntualizó que los principios del derecho penal son aplicables al derecho administrativo sancionador con los matices y modulaciones propias de la expresión de la potestad punitiva del Estado de que se trate, de conformidad con los criterios siguientes: DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO(22); TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS(23); y, DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EVOLUCIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD A LA LUZ DE SUS FINES(24).
(116) Bajo la premisa de que los principios de la materia penal son aplicables con matices y modulaciones al derecho administrativo sancionador, dentro del cual se encuentran las sanciones administrativas aplicables a las conductas infractoras de reglamentos de policía a que se refiere el artículo 21, párrafo cuarto, constitucional, se destacó que, conforme al principio de legalidad, reconocido en el diverso 14, párrafo tercero, del propio ordenamiento fundamental, en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
(117) Precisó que al interpretar este último precepto, este Alto Tribunal ha establecido que la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal no se limita a los actos de aplicación, sino que incluye la ley que se aplica, de manera que debe ser redactada de forma clara, precisa y exacta a fin de que el gobernado esté cierto de la conducta infractora y de la sanción aplicable, aunado a que debe incluir todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, para evitar confusiones en su aplicación o menoscabo en la defensa del procesado o interesado.
(118) Asimismo, que el principio de legalidad se conforma por diversos subprincipios o garantías, dentro del cual está el de taxatividad que se traduce en la exigencia de que los textos en los que se recogen las normas sancionadoras describan con suficiente precisión las conductas que están prohibidas y las sanciones aplicables a quienes incurran en ellas.
(119) También, que la precisión de las disposiciones es una cuestión de grado, de modo que no sólo son válidas las normas sobre las que exista plena certeza de la conducta infractora y de la sanción aplicable, pues ello es lógicamente imposible ya que el legislador no está obligado a definir cada vocablo o locución utilizada al redactar algún tipo penal, sino que lo que se pretende al analizar si una norma respeta el principio de taxatividad es determinar que su grado de imprecisión es razonable, es decir, que es lo suficientemente clara.
(120) Finalmente, destacó que se ha reconocido que la aplicación de tales principios, tanto en materia penal como en las diversas disciplinas conducentes, no tienen como fin excluir totalmente el aspecto subjetivo de su entendimiento y aplicación, sino garantizar el valor preservado por el principio de legalidad, es decir, proscribir la arbitrariedad de la actuación estatal y garantizar que los ciudadanos puedan prever las consecuencias de sus actos.
 
(121) Razonó que lo pretendido con el análisis e interpretación del principio de legalidad reconocido en el artículo 14 constitucional es garantizar la seguridad jurídica de las personas en dos dimensiones, la primera, permitir la previsibilidad de las consecuencias de los actos propios y, por tanto, la planeación de la vida cotidiana y, la segunda, proscribir la arbitrariedad de la autoridad para sancionar a las personas. Consideraciones que apoyó en el criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J. 54/2014, de la Primera Sala, que establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS (25).
(122) Con apoyo en tales premisas se realizará el análisis de constitucionalidad de las normas aquí impugnadas a fin de determinar su validez o invalidez.
(123) Ahora bien, la promovente divide sus argumentos en tres temas, atendiendo a las conductas que pretende sancionar el legislador local en las normas cuestionadas, conforme a lo siguiente:
(124) TEMA 1. Por insultos, ultrajes, ofensas, agresiones, molestias y faltas de respeto a la autoridad o cualquier miembro de la sociedad.
(125) De las normas transcritas en el inciso b) del considerando quinto de la presente sentencia, se colige que la promovente reclama dentro de este rubro, las conductas que se enumeran a continuación:
1.1
Proferir o "A quien infiera" palabras, adoptar actitudes, realizar señas de carácter obsceno, en lugares públicos y que causen molestia a un tercero.
1.2
Molestar a personas con señas, palabras o actitudes de carácter obsceno o con llamadas telefónicas.
1.3
Molestar u ofender a una persona con llamadas telefónicas.
1.4
Insultos
1.5
Insultar a la autoridad
1.6
Realizar tocamientos obscenos en lugares públicos y que causen molestia.
1.7
Faltar, en lugar público, al respeto o consideración que se debe a los adultos mayores, mujeres, niños o personas con discapacidad.
1.8
Realizar u ofrecer, en la vía pública, actos o eventos que atenten contra la familia y las personas.
1.9
Causar molestias, por cualquier medio que impida el legítimo uso y disfrute de un bien.
1.10
Causar escándalos o participar en ellos en lugares públicos o privados
1.11
Formar parte de grupos que causen molestias a las personas en lugares públicos o en la proximidad de sus domicilios y/o que impidan el libre tránsito.
1.12
Alterar el orden
1.13
Faltas a la moral
1.14
Inmoral
1.15
Por realizar acciones inmorales en la vía pública
 
(126) De la lectura de las normas impugnadas se advierte que las conductas acotadas en los numerales 1.1. a 1.7, contienen expresiones como: proferir o inferir palabras, adoptar actitudes, realizar señas de carácter obsceno, en lugares públicos y que causen molestia a un tercero; insultos; insultos a la autoridad; molestar a personas con señas, palabras o actitudes de carácter obsceno o con llamadas telefónicas; molestar u ofender a una persona con llamadas telefónicas; y, faltar, en lugar público, al respeto o consideración que se debe a los adultos mayores, mujeres, niños o personas con discapacidad y realizar tocamientos obscenos en lugares públicos y que causen molestia.
(127) Al respecto, este Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 47/2019 y su acumulada 49/2019(26), en la que analizó la constitucionalidad de diversas normas del Estado de Morelos similares a las aquí controvertidas, destacó que las normas que sancionen infracciones como los insultos, frases obscenas, ofensas y faltas de respeto a la autoridad o a cualquier miembro de la sociedad, se encuentran íntimamente relacionadas con los derechos a la libertad de expresión y al honor.
 
(128) Concluyó que las normas que sancionan ese tipo de conductas buscan prevenir y, en su caso, sancionar a nivel administrativo, y en concreto, en el ámbito de la justicia cívica, aquellas expresiones que atenten contra el decoro de las personas, incluyendo a la autoridad en general, lo cual corresponde al aspecto subjetivo o ético del derecho al honor, esto es, el sentimiento íntimo de la persona que se exterioriza por la afirmación que hace de su propia dignidad.
(129) Se indicó que no obstante lo anterior, la redacción de ese tipo de normas evidencia un amplio margen de apreciación al juez cívico para determinar, de manera discrecional, qué tipo de ofensa, injuria o falta de respeto, encuadrarían en el supuesto para que el presunto infractor sea acreedor a una sanción.
(130) Sostuvo que tal circunstancia lejos de brindar seguridad jurídica, genera incertidumbre para los gobernados, pues la calificación que haga la autoridad no responderá a criterios objetivos, sino que responden a un ámbito estrictamente personal, que hace que el grado de afectación sea relativo a cada persona, atendiendo a su propia estimación, de manera que, si para alguna persona una expresión pudiera resultarle altamente injuriosa, para otra no representaría afectación alguna y que, por ende, las normas ahí analizadas resultaban violatorias del principio de taxatividad.
(131) Al aplicar esas razones al asunto que nos ocupa, es manifiesta la inconstitucionalidad de las disposiciones que contienen las infracciones antes referidas, en tanto que se trata de normas, cuya redacción evidencia un amplio margen de apreciación por parte del aplicador, para determinar, de manera discrecional, qué tipo de ofensa, injuria, falta de respeto, insulto, señas o actitudes obscenas encuadrarían en el supuesto para que el presunto infractor sea acreedor a una sanción, generando incertidumbre en los gobernados.
(132) Asimismo, este Tribunal Pleno considera que las normas que sancionan las conductas identificadas en los puntos 1.8 a 1.10, relativas a: ofrecer o "a quien realice", en la vía pública, actos o eventos que atenten contra la familia y las personas; causar molestias, por cualquier medio, que impida el legítimo uso o disfrute de un bien; y, causar escándalos o participar en ellos en lugares públicos o privados, son también inconstitucionales.
(133) Lo anterior, porque de igual manera, no describen con suficiente precisión las conductas que prohíben, lo que propicia un amplio margen de apreciación de la autoridad para determinar, de manera discrecional y subjetiva, cuáles actos o conductas en concreto serán motivo de sanción, así como el grado de afectación o molestia, lo que genera incertidumbre para los gobernados, en contravención al referido principio de taxatividad.
(134) Respecto de la conducta precisada en el numeral 1.11, relativa a "formar parte de grupos que causen molestias a las personas en lugares públicos o en la proximidad de sus domicilios y/o que impidan el libre tránsito", este Tribunal Pleno considera que, al margen de que pudiera -o no- ser violatoria del principio de taxatividad, la misma resulta inconstitucional por transgredir los derechos de reunión y libertad de expresión.
(135) Con el fin de corroborar dicha conclusión, resulta oportuno destacar que este Alto Tribunal sostuvo, al resolver la acción de inconstitucionalidad 96/2014 y su acumulada 97/2014(27), que la peculiaridad de la libertad de expresión es que una manera de ejercerla es en la vía pública a través de una reunión de un grupo de personas. De ahí que, las movilizaciones sociales o reuniones de personas son una forma de expresión en donde se interrelacionan las diferentes dimensiones del derecho a expresarse, lo cual forzosamente provoca que se tenga incidencia en otros derechos humanos como la asociación o reunión pacífica.
(136) Asimismo, estableció, que conforme a los artículos 9 de la Constitución Federal, 20.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho humano a la reunión es la aglomeración intencional y temporal de personas en un espacio privado o público con un propósito concreto, que debe llevarse a cabo pacíficamente y tener un objeto lícito, lo que abarca todo tipo de reunión, bajo cualquier motivación, sea religiosa, cultural, social, económica, deportiva, política, etcétera, siendo su característica definitoria la concentración de dos o más personas en un lugar determinado.
(137) Destacó también que la autoridad no puede vetar o sancionar el objetivo de una reunión, su mensaje, y, que en términos del artículo 1 constitucional, el Estado no debe, entre otras cosas, interferir indebidamente en el derecho a la reunión, de modo que sólo puede imponer restricciones a su ejercicio cuando sean necesarias y proporcionales al objetivo planteado, pero nunca a su contenido o mensaje.
(138) Por tanto, en el ejercicio del derecho a la libertad de reunión en el espacio público debe considerarse, por una parte, que al ejercerse la libertad de reunión en ese tipo de espacios, necesariamente habrá interferencia o injerencia con el goce y ejercicio de otros derechos, tanto de las propias personas que se
manifiestan como del resto de la población que interactúa con tales concentraciones humanas.
(139) Recalcó que aun cuando en la mayoría de las ocasiones las reuniones pueden generar molestias o distorsiones en el uso de las plazas públicas y vías de comunicación de una urbe, provincia, ciudad, población, etcétera, éstas deben ser sobrellevadas tanto por las autoridades como por el resto de la población, pues la democracia exige un alto grado de tolerancia al pluralismo y a la manifestación social pública, precisamente porque el uso y/o apropiación del espacio público es el cauce en que las personas pueden expresar y dar a conocer más eficazmente al resto de la población o a las propias autoridades sus ideas, pensamientos, inconformidades, molestias o reclamos.
(140) En ese sentido, la regla general es que todo ejercicio del derecho a la reunión debe presumirse pacífico y con objeto lícito, mientras el motivo de la reunión no sea la ejecución concreta de actos delictivos y no se lleven a cabo fácticamente actos de violencia o se incite, a través de la reunión, a actos de discriminación o discurso de odio que tengan una materialización real.
(141) Así que, retomando lo resuelto por este Tribunal Pleno, la norma aquí impugnada resulta restrictiva de los derechos de reunión y libertad de expresión, pues limita su ejercicio por el simple hecho de causar molestias a las personas o impedir el libre tránsito, por lo que resulta necesario declarar su invalidez.
(142) Por último, las normas a que aluden los numerales 1.12 a 1.15, sancionan conductas como: alterar el orden; faltas a la moral o realizar acciones inmorales en la vía pública.
(143) En relación con dicho tópico, el Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 47/2019 y su acumulada 49/2019(28) antes invocadas, señaló que se han emitido diversos criterios respecto a los alcances de los conceptos "moral" y "buenas costumbres", en los que se reconoció que, dado el carácter variable de la noción de "buenas costumbres" y de "moral pública", según sea el ambiente o grado de cultura de una comunidad determinada, es necesario dejar a los jueces el cuidado de determinar cuáles actos pueden ser considerados como impúdicos, obscenos o contrarios al pudor público.
(144) Lo anterior, porque a falta de un concepto exacto y de reglas fijas en materia de moralidad pública, el juez tiene la obligación de interpretar lo que el común de la gente entiende por obsceno u ofensivo al pudor, sin recurrir a procedimientos de comprobación, que sólo son propios para resolver cuestiones puramente técnicas; sin embargo, ello no significa que se atribuya una facultad omnímoda y arbitraria, pues no se debe perder de vista que sus decisiones se han de pronunciar de acuerdo con el principio de la moralidad media que impera en un momento dado en la sociedad y en relación con las constancias de autos. Lo que se sustentó en las tesis de rubros: MORAL PÚBLICA Y BUENAS COSTUMBRES, ULTRAJES A LAS(29) y ULTRAJES A LA MORAL, PÚBLICA O A LAS BUENAS COSTUMBRES(30).
(145) Precisó, que al resolver el amparo directo 23/2013(31) la Primera Sala sostuvo que lo que debe entenderse por "moral" o por "buenas costumbres", no puede identificarse con las normas culturales que prevalecen en una sociedad y época determinadas, sino que debe constreñirse al concepto de moral "pública", entendida como el núcleo de convicciones básicas y fundamentales sobre lo bueno y lo malo en una sociedad. De ahí que interpretar el término "moral" o "buenas costumbres" en forma más extensa, o apelando a lo que consideran las mayorías, constituiría una herramienta para hacer nugatorios los derechos fundamentales de las minorías, y resultaría contrario al pluralismo característico de una sociedad democrática. En ese sentido, la moral pública varía ampliamente, por lo que no existe un principio aplicable universalmente. De lo anterior derivó el criterio contenido en la tesis 1a. L/2014 (10a.), de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. FORMA EN QUE LA MORAL' O LAS BUENAS COSTUMBRES', PUEDEN CONSTITUIR RESTRICCIONES LEGÍTIMAS A DICHOS DERECHOS FUNDAMENTALES(32).
(146) Señaló que este Alto Tribunal también ha sostenido que los conceptos jurídicos no escapan a la indeterminación que es propia y natural del lenguaje, cuya abstracción adquiere un sentido preciso cuando se contextualizan en las circunstancias específicas de los casos concretos.
(147) Por lo que en estos casos, el legislador, por no ser omnisciente y desconocer de antemano todas las combinaciones y circunstancias futuras de aplicación, se ve en la necesidad de emplear conceptos jurídicos indeterminados, cuyas condiciones de aplicación no pueden preverse en todo su alcance posible porque la solución de un asunto concreto depende justamente de la apreciación particular de las circunstancias que en él concurran, lo cual no significa que necesariamente la norma se torne insegura o inconstitucional, ni que la autoridad tenga la facultad de dictar arbitrariamente la resolución que corresponda pues, en todo caso, el ejercicio de la función administrativa está sometido al control de las garantías de fundamentación y motivación que presiden el desarrollo no sólo de las facultades regladas sino también de aquellas en que ha de hacerse uso del arbitrio. Lo que tenía sustento en la jurisprudencia 1a./J. 1/2006, de rubro: LEYES. SU
INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE QUE ESTABLEZCAN CONCEPTOS INDETERMINADOS(33).
(148) Por lo que atendiendo a los criterios expuestos, se consideró que las normas ahí impugnadas, que establecían sanciones por atentar contra la moral y las buenas costumbres, así como la paz, tranquilidad u orden públicos en la jurisdicción municipal, eran constitucionales, en la medida en que para su concreción la autoridad correspondiente debía fundar y motivar las circunstancias particulares del caso y atendiendo, además, a las condiciones sociales en que se desenvolvieran los hechos respectivos, a fin de establecer el motivo de la falta respectiva y su consecuente sanción al infractor, conforme a los mandatos exigidos por el artículo 16 constitucional.
(149) Estableció que considerar lo contrario dejaría en un vacío abstracto la aplicación de los conceptos referidos en cualquier ámbito del derecho, por lo que debía reconocerse que la percepción transitoria en los cambios del nivel moral y de las costumbres en una sociedad, corresponde identificarlas a los operadores jurídicos al momento de aplicar las leyes vigentes a hechos que, dentro del conjunto de ideas dominantes en una sociedad, los llenan de contenido.
(150) Conclusiones que, aplicadas al caso concreto, permiten determinar la validez de las normas que sancionan las conductas analizadas.
(151) Lo anterior porque, el hecho de que tales disposiciones contengan conceptos jurídicos indeterminados no las torna necesariamente inseguras o inconstitucionales, ni significa que la autoridad tenga la facultad de aplicarlas de manera arbitraria, toda vez que, para su concreción, deberá fundar y motivar las circunstancias particulares del caso y atendiendo a las condiciones sociales en que desenvuelvan los hechos, establecerá el motivo de la falta respectiva y la consecuente sanción al infractor.
(152) Tema 2. Producir ruidos que por cualquier medio provoquen molestia o alteren la tranquilidad de las personas. Las normas impugnadas en este rubro imponen una multa por:
2.1
Ocasionar molestias con emisiones de ruido que rebasen los límites máximos permisibles establecidos, en cuyo caso se aplicarán las sanciones contempladas en los ordenamientos aplicables.
2.3.
A quien genere ruido excesivo en casa particular, provocando la molestia de los vecinos y rebasando los límites normativamente previstos.
 
(153) En la acción de inconstitucionalidad 47/2019 y su acumulada 49/2019 mencionadas, este Alto Tribunal estableció, al analizar la constitucionalidad de normas similares a las aquí reclamadas, que este tipo de infracciones tienen por objeto procurar que la producción de ruidos en la comunidad no resulte tan molesto que afecte la tranquilidad de los integrantes del Municipio, de donde resulta la utilidad del poder de policía para la ordenación de las relaciones sociales.
(154) Señaló que ha sido interés de la sociedad actual la regulación de sonidos molestos e indeseados, lo cual incluso se ha catalogado como "contaminación acústica o sonora", al representar un problema ambiental para el ser humano que puede provocar afectaciones a la salud, en la medida en que pueden resultar en peligrosidad inmediata o gradual cuando se transfiere en cantidades suficientes para las personas expuestas.
(155) Mencionó que el marco jurídico de los problemas de contaminación ambiental relacionados con la salud, se encuentra previsto en el quinto párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se reconoce y garantiza que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
(156) Asimismo, que la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente(34), prohíbe la emisión de ruido en cuanto rebasen los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas que, para ese efecto, expida la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, considerando los valores de concentración máxima permisibles para el ser humano de contaminantes en el ambiente, que determine la Secretaría de Salud. Por lo que en esos términos, se dispuso que serán las normas oficiales mexicanas las que establecerán los procedimientos a fin de prevenir y controlar la contaminación por ruido.
(157) Tomando en cuenta tal criterio, este Tribunal Pleno considera que las normas aquí impugnadas buscan sancionar la emisión de ruido excesivo, definido como, aquél que rebase los límites normativamente previstos, lo que en el ámbito de la justicia cívica cumple una función de prevención que deriva en la tranquilidad de los habitantes del Municipio.
(158) Luego, es evidente que la redacción de tales disposiciones permite que cualquier persona pueda entender las conductas sancionables a través de las multas contenidas en las mismas, esto es, producir
ruidos que rebasen los límites permisibles normativamente establecidos, ocasionando la molestia de las personas o vecinos.
(159) Además, no pueden generar arbitrariedad por parte del aplicador, pues establecen un parámetro objetivo para que la autoridad determine los niveles de intensidad que considere excesivos, molestos o dañinos, a saber, aquellos que rebasen los límites normativamente establecidos, pues para ello, bastará que acuda a los instrumentos normativos aplicables en nuestro país en materia de medio ambiente y contaminación por ruido, a efecto de motivar su determinación.
(160) Por tanto, debe reconocerse la validez de las normas cuestionadas en este apartado.
(161) TEMA 3. Presentar cierto grado de embriaguez. De las normas transcritas en el inciso b) del considerando quinto de la presente sentencia, se obtiene que las infracciones reclamadas en este apartado son las siguientes:
3.1
Manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de enervantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas, comprobado, con menores de edad en el vehículo.
3.2.
A quien permanezca en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias psicotrópicas en la vía pública, terrenos baldíos o sobre los vehículos, ya sea en circulación o estacionados.
3.3.
Ebrio "y" escandaloso
3.4
Ebrio tirado
3.5
Ebrio tirado en la vía pública
3.6
Ebrio en la vía pública
3.7
Ebrio y provocar riña
3.8
Al circular: En estado de ebriedad completa
3.9
Al circular: En estado de ebriedad incompleta
3.10
Consumir bebidas embriagantes y/o sustancias psicotrópicas
3.11
Ingerir bebidas embriagantes al conducir
 
(162) Este Tribunal Pleno considera que, atendiendo a los matices y modulaciones del principio de taxatividad aplicable a las infracciones administrativas, cualquier persona puede entender las conductas sancionables a través de la multa contenida en las normas impugnadas.
(163) Efectivamente, en estos casos, el sentido común es útil para entender que a una persona se le impondrá multa si conduce o circula en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias psicotrópicas; así como si permanece en ese estado o consume ese tipo de sustancias en la vía pública y provoca riña, escandalo o está tirado.
(164) Además, es evidente que las sanciones de mérito responden a la intención de preservar el orden público, la vialidad y en su caso, la integridad física del infractor y de terceras personas.
(165) Y si bien, como dice la comisión accionante, los términos utilizados por el legislador local para describir las conductas infractoras pueden ser genéricos, ya que no establecen un parámetro objetivo para que la autoridad determine el estado de ebriedad que será sancionable, lo cierto es que tal circunstancia no hace, por sí sola, inconstitucional la norma examinada, pues para ello se requiere, como se dijo, que a partir de su redacción los gobernados no tengan certeza respecto a la conducta infractora y la sanción aplicable, lo cual no sucede.
(166) Máxime que la autoridad deberá motivar su determinación en cuanto al grado de intoxicación que presente cada persona y la gravedad de la infracción, para aplicar la sanción correspondiente.
(167) Por tanto, si como ya se indicó, las conductas sancionadas a través de las normas controvertidas son de fácil entendimiento para cualquier persona, no contravienen el principio de taxatividad y, en consecuencia, se debe declarar su constitucionalidad.
(168) OCTAVO. Efectos. En razón de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, fracciones IV y V, así como 45, párrafo primero, en relación con el 73, todos de la Ley Reglamentaria(35) de la materia, las declaratorias de invalidez decretadas en la presente sentencia surtirán efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.
 
(169) Sin que sea procedente extender los efectos de invalidez a diversas normas, como lo pretende la accionante, toda vez que no se actualiza supuesto alguno para ello.
(170) Por otro lado, tomando en cuenta que la declaratoria de invalidez recae sobre disposiciones generales de vigencia anual, en lo futuro el Congreso del Estado deberá abstenerse de incurrir en los mismos vicios de inconstitucionalidad, en términos de lo resuelto en el presente fallo, respecto de las normas que fueron declaradas inválidas.
(171) Asimismo, deberá notificarse la presente sentencia a todos los Municipios involucrados, por ser las autoridades encargadas de la aplicación de las leyes de ingresos cuyas disposiciones fueron invalidadas.
(172) Por lo expuesto y fundado, se
RESUELVE:
PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad.
SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 50, fracción I, numeral 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Acuña, 39, fracción I, numerales 20 y 21, de la Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga, 35, fracción I, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Candela, 47, fracción I, numerales 4, 5 y 7, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuatro Ciénegas de Carranza, 36, fracciones II, III y IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Escobedo, 35, fracción V, numeral 27, de la Ley de Ingresos del Municipio de Frontera, 42, fracción I, numerales 3 y 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero, 26, fracción I, numerales 3 y 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo, 50, fracción I, numerales 3 y 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiménez, 32, fracciones XVII y XIX, de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, 44, fracción I, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nadadores, 52, fracción XXVII, numerales 41, 42, 43 y 45, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nava, 37, fracción I, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, 42, fracción XV, numerales 3 y 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Buenaventura, 28, numerales 24, 25, 27, 37 y 38, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sierra Mojada, 61, numeral 188, de la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón, 46, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Viesca y 41, fracción XXIV, numerales 3 y 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa Unión, todas del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2020, publicadas en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, en atención a lo dispuesto en el considerando séptimo de esta decisión.
TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 16, fracción II, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo, 27, fracción III, y 50, fracción I, numeral 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Acuña, 28, fracción IV, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Allende, 27, fracción IV, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga, 22, fracción IV, numeral 3, y 35, fracciones I, numeral 1, II, numeral 3, y III, numeral 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Candela, 33, fracción VI, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Castaños, 33, fracción VI, y 47, fracciones I, numeral 1, II, numeral 6, III, numerales 1, 2 y 3, y VI, numerales 3 y 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuatro Ciénegas de Carranza, 20, fracción IV, numeral 3, 36, fracción I, 38, fracciones I, II y IV, y 41, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Escobedo, 33, fracción IX, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Francisco I. Madero, 22, fracción VI, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Frontera, 24, fracción VI, numeral 3, y 40, fracción VIII, numerales 7 y 16, de la Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda, 27, fracción VIII, numeral 3, y 42, fracciones I, numeral 1, II, numeral 8, III, numerales 1, 2 y 3, y VI, numerales 3 y 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero, 18, fracción V, numeral 3, y 26, fracciones I, numeral 1, y III, numerales 1 y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo, 34, fracción VIII, numeral 3, y 50, fracciones I, numeral 1, III, numerales 1, 2 y 3, y VI, numerales 3 y 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiménez, 20, fracción V, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, 21, fracción IV, numeral 3, y 31, fracciones I, numeral 1, II, numeral 7, III, numerales 1, 2 y 3, y VI, numerales 3 y 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Lamadrid, 36, fracción V, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Matamoros, 39, fracción XI, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Monclova, 35, fracción VI, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, 28, fracción III, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Múzquiz, 29, fracción IV, numeral 3, y 44, fracciones I, numeral 1, II, numeral 8, y III, numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nadadores, 37, fracción X, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nava, 19, fracción VI, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ocampo, 30, fracción II, numeral 14, inciso c), y 46, fracción XII, numeral 27, de la Ley de Ingresos del Municipio de Parras, 27, fracción II, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Piedras Negras, 32, fracción VI, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Progreso, 33, fracción IX, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ramos Arizpe, 41, fracción IV, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sabinas, 25, fracción III, numeral 3, y 37, fracciones I, numeral 1, II, numeral 8, III, numerales 1, 2 y 3, y VI, numerales 3 y 4, de la Ley de Ingresos del
Municipio de Sacramento, 13, fracción II, sección Transparencia', en sus porciones normativas Copia tamaño carta u oficio $ 7.26' y Copia a color, carta u oficio $ 29.03', y 32, fracción VI, incisos del a) al e), de la Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo, 28, fracción IV, numeral 3, y 42, fracciones XV, numeral 1, XVI, numeral 8, y XX, numerales 3 y 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Buenaventura, 35, fracción II, numeral 16, punto 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan de Sabinas, 37, fracción VI, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro, 21, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sierra Mojada, 42, fracción IV, numerales 1, 3 y 4, y 51, numeral 14, números 1 y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón, 33, fracción V, numeral 3, y 46, numeral 6, de la Ley de Ingresos del Municipio de Viesca, 25, fracción IV, numeral 3, y 41, fracciones XXIV, numeral 1, XXVI, numeral 1, y XXIX, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa Unión y 25, fracción VI, numeral 2, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, todas del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2020, publicadas en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, por las razones plasmadas en el considerando sexto y séptimo de esta determinación.
CUARTO. La declaración de invalidez decretada surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza y conforme a los efectos vinculatorios hacia el futuro a ese órgano legislativo, tal como se precisa en el considerando octavo de esta ejecutoria.
QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Notifíquese. Por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
En relación con el punto resolutivo primero:
Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa con reserva de criterio, Franco González Salas con salvedades en cuanto a la legitimación, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek con salvedades en cuanto a la legitimación, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto de los considerandos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación, a las causas de improcedencia y a la precisión de las normas impugnadas.
En relación con el punto resolutivo segundo:
Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá en contra de las normas de los temas 1.12, 1.13, 1.14 y 1.15, Esquivel Mossa en contra de las normas del tema 1.6, Franco González Salas con reservas en las normas de los temas 1.12 y 1.15, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández en contra de las normas del tema 1.5, Ríos Farjat, Laynez Potisek en contra de las normas de los temas 1.5, 1.6 y 1.10, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea en contra de la metodología y de las normas de los temas 1.5, 1.6 y 1.10, respecto del considerando séptimo, relativo al análisis de las normas que establecen la regulación indeterminada de distintas conductas sancionables en el ámbito administrativo, en su tema 1, denominado "Por insultos, ultrajes, ofensas, agresiones, molestias y faltas de respeto a la autoridad o cualquier miembro de la sociedad", consistente en reconocer la validez de los artículos 50, fracción I, numeral 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Acuña, 35, fracción I, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Candela, 36, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Escobedo, 42, fracción I, numeral 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero, 26, fracción I, numeral 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo, 50, fracción I, numeral 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiménez, 32, fracción XIX, de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, 52, fracción XXVII, numeral 45, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nava, 42, fracción XV, numeral 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Buenaventura, 28, numeral 27, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sierra Mojada, 46, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Viesca y 41, fracción XXIV, numeral 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa Unión, todas del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2020, publicadas en el periódico oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. La señora Ministra Piña Hernández anunció voto concurrente. El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto particular.
Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando séptimo, relativo al análisis de las normas que establecen la regulación indeterminada de distintas conductas sancionables en el ámbito administrativo, en su tema 2, denominado "Producir ruidos que por cualquier medio provoquen molestia o alteren la tranquilidad de las personas", consistente en reconocer la validez de los
artículos 47, fracción I, numerales 5 y 7, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuatro Ciénegas de Carranza, 36, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Escobedo, 42, fracción I, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero, 26, fracción I, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo, 50, fracción I, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiménez, 44, fracción I, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nadadores, 37, fracción I, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, 42, fracción XV, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Buenaventura y 41, fracción XXIV, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa Unión, todas del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2020, publicadas en el periódico oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Los señores Ministros Aguilar Morales y Pérez Dayán votaron en contra. El señor Ministro González Alcántara Carrancá anunció voto concurrente.
Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros González Alcántara Carrancá en contra de las normas de los temas del 3.2 al 3.10, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Piña Hernández en contra de las normas de los temas del 3.3 al 3.7, Ríos Farjat en contra de las normas de los temas del 3.3 al 3.7, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando séptimo, relativo al análisis de las normas que establecen la regulación indeterminada de distintas conductas sancionables en el ámbito administrativo, en su tema 3, denominado "Presentar cierto grado de embriaguez", consistente en reconocer la validez de los artículos 39, fracción I, numerales 20 y 21, de la Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga, 47, fracción I, numeral 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuatro Ciénegas de Carranza, 36, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Escobedo, 35, fracción V, numeral 27, de la Ley de Ingresos del Municipio de Frontera, 32, fracción XVII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, 52, fracción XXVII, numerales 41, 42 y 43, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nava, 28, numerales 24, 25, 37 y 38, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sierra Mojada y 61, numeral 188, de la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón, todas del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2020, publicadas en el periódico oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Aguilar Morales votaron en contra. La señora Ministra Piña Hernández anunció voto concurrente.
En relación con el punto resolutivo tercero:
Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas en contra del estándar de exigencia de motivación al legislador, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo con salvedades, Piña Hernández separándose del párrafo noventa y cuatro, Ríos Farjat apartándose de algunas consideraciones, Laynez Potisek en contra de la invalidez de los derechos por copias a color y por copias certificadas, así como del párrafo noventa y cuatro, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea en contra de las consideraciones, respecto del considerando sexto, relativo al análisis de las normas relacionadas con el derecho de acceso a la información, consistente en declarar la invalidez de los artículos 16, fracción II, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo, 27, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Acuña, 28, fracción IV, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Allende, 27, fracción IV, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Arteaga, 22, fracción IV, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Candela, 33, fracción VI, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Castaños, 33, fracción VI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuatro Ciénegas de Carranza, 20, fracción IV, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Escobedo, 33, fracción IX, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Francisco I. Madero, 22, fracción VI, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Frontera, 24, fracción VI, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda, 27, fracción VIII, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero, 18, fracción V, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo, 34, fracción VIII, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiménez, 20, fracción V, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, 21, fracción IV, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Lamadrid, 36, fracción V, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Matamoros, 39, fracción XI, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Monclova, 35, fracción VI, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, 28, fracción III, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Múzquiz, 29, fracción IV, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nadadores, 37, fracción X, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nava, 19, fracción VI, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ocampo, 30, fracción II, numeral 14, inciso c), de la Ley de Ingresos del Municipio de Parras, 27, fracción II, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Piedras Negras, 32, fracción VI, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Progreso, 33, fracción IX, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ramos Arizpe, 41, fracción IV, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sabinas, 25, fracción III, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, 13, fracción II, sección Transparencia', en sus porciones normativas Copia tamaño carta u oficio $ 7.26' y Copia a color, carta u oficio $ 29.03', y 32, fracción VI, incisos del a) al e), de la Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo, 28, fracción IV, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Buenaventura, 35, fracción II, numeral 16, punto 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan de Sabinas, 37, fracción VI, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de San
Pedro, 21, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sierra Mojada, 42, fracción IV, numerales 1, 3 y 4, y 51, numeral 14, números 1 y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón, 33, fracción V, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Viesca, 25, fracción IV, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa Unión y 25, fracción VI, numeral 2, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, todas del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2020, publicadas en el periódico oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. El señor Ministro Pardo Rebolledo anunció voto concurrente.
Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá en contra de las normas de los temas 1.12, 1.13, 1.14 y 1.15, Esquivel Mossa en contra de las normas del tema 1.6, Franco González Salas con reservas en las normas de los temas 1.12 y 1.15, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández en contra de las normas del tema 1.5, Ríos Farjat, Laynez Potisek en contra de las normas de los temas 1.5, 1.6 y 1.10, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea en contra de la metodología y de las normas de los temas 1.5, 1.6 y 1.10, respecto del considerando séptimo, relativo al análisis de las normas que establecen la regulación indeterminada de distintas conductas sancionables en el ámbito administrativo, en su tema 1, denominado "Por insultos, ultrajes, ofensas, agresiones, molestias y faltas de respeto a la autoridad o cualquier miembro de la sociedad", consistente en declarar la invalidez de los artículos 50, fracción I, numeral 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Acuña, 35, fracciones I, numeral 1, II, numeral 3, y III, numeral 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Candela, 47, fracciones I, numeral 1, II, numeral 6, III, numerales 1, 2 y 3, y VI, numerales 3 y 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuatro Ciénegas de Carranza, 36, fracción I, 38, fracciones I, II y IV, y 41, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Escobedo, 40, fracción VIII, numerales 7 y 16, de la Ley de Ingresos del Municipio de General Cepeda, 42, fracciones I, numeral 1, II, numeral 8, III, numerales 1, 2 y 3, y VI, numerales 3 y 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero, 26, fracciones I, numeral 1, y III, numerales 1 y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo, 50, fracciones I, numeral 1, III, numerales 1, 2 y 3, y VI, numerales 3 y 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiménez, 31, fracciones I, numeral 1, II, numeral 7, III, numerales 1, 2 y 3, y VI, numerales 3 y 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Lamadrid, 44, fracciones I, numeral 1, II, numeral 8, y III, numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nadadores, 46, fracción XII, numeral 27, de la Ley de Ingresos del Municipio de Parras, 37, fracciones I, numeral 1, II, numeral 8, III, numerales 1, 2 y 3, y VI, numerales 3 y 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, 42, fracciones XV, numeral 1, XVI, numeral 8, y XX, numerales 3 y 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Buenaventura, 46, numeral 6, de la Ley de Ingresos del Municipio de Viesca y 41, fracciones XXIV, numeral 1, XXVI, numeral 1, y XXIX, numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa Unión, todas del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal 2020, publicadas en el periódico oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. La señora Ministra Piña Hernández anunció voto concurrente. El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto particular.
En relación con el punto resolutivo cuarto:
Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando octavo, relativo a los efectos, consistente en: 1) determinar que la declaratoria de invalidez decretada en este fallo surta sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza y 3) vincular al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza a que, en lo futuro y tratándose de disposiciones generales de vigencia anual, se abstenga de incurrir en los mismos vicios de inconstitucionalidad detectados.
En relación con el punto resolutivo quinto:
Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea.
Votación que no se refleja en los puntos resolutivos:
Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando octavo, relativo a los efectos, consistente en: 2) determinar que no procede extender los efectos de invalidez a otras normas.
En relación con el pie de los puntos resolutivos:
Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez
Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando octavo, relativo a los efectos, consistente en: 4) determinar que deberá notificarse la presente sentencia a todos los municipios involucrados por ser las autoridades encargadas de la aplicación de las leyes de ingresos cuyas disposiciones fueron invalidadas.
El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados. Doy fe.
Firman los señores Ministros Presidente y Ponente, así como el Secretario General de Acuerdos que da fe.
Presidente, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.- Firmado electrónicamente.- Ponente, Ministro Luis María Aguilar Morales.- Firmado electrónicamente.- Secretario General de Acuerdos, Lic. Rafael Coello Cetina.- Firmado electrónicamente.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de cincuenta fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente de la sentencia emitida en la acción de inconstitucionalidad 94/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dictada por el Pleno de este Alto Tribunal es su sesión del treinta de noviembre de dos mil veinte.- Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a once de mayo de dos mil veintiuno.- Rúbrica.
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MINISTRO PRESIDENTE ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 94/2020, PROMOVIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
En sesión pública celebrada el treinta de noviembre de dos mil veinte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 94/2020, en la que se analizaron diversas disposiciones de las leyes de ingresos de diversos municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondientes al ejercicio fiscal dos mil veinte.
Entre otros temas, la mayoría del Tribunal Pleno declaró la invalidez de las porciones normativas en las que se establecían sanciones administrativas por las conductas siguientes: "Insultar a la autoridad", "Realizar tocamientos obscenos en lugares públicos y que causen molestia" y "Causar escándalos o participar en ellos en lugares públicos o privados"(36), contemplados en diversas normas de las leyes de ingresos de cada uno de los municipios de Coahuila de Zaragoza.
Al respecto, la mayoría consideró que dichas porciones normativas no describen con suficiente precisión las conductas que prohíben, lo que propicia un amplio margen de apreciación de la autoridad para determinar, de manera discrecional y subjetiva, cuáles actos o conductas en concreto serán motivo de sanción, así como el grado de afectación o molestia, lo que genera incertidumbre para los gobernados, en contravención al principio de taxatividad.
Para justificar lo anterior, la sentencia se apoya en diversos precedentes de esta Suprema Corte en los que se han desarrollado los alcances del principio de taxatividad en el derecho penal y en el derecho administrativo sancionador. De manera particular, la sentencia retoma las consideraciones sustentadas en la acción de inconstitucionalidad 47/2019 y su acumulada 49/2019(37), en donde se declaró la invalidez de diversas disposiciones de leyes de ingresos municipales del Estado de Morelos.
Así las cosas, presento este voto particular, pues, respetuosamente, no comparto ni el sentido ni las consideraciones del fallo en este aspecto. Como explico a continuación, considero que el estándar de taxatividad aplicable debe ser menos estricto cuando se está ante normas de convivencia cívica y, bajo este estándar atenuado, debió reconocerse la validez de las porciones normativas antes mencionadas.
Efectivamente, aunque no se explicita en las consideraciones del fallo, la mayoría parece entender que el estándar de taxatividad en el derecho penal y en el derecho administrativo sancionador -específicamente, en el ámbito de la justicia cívica- es el mismo. Es decir, que los tipos administrativos que buscan regular la convivencia comunitaria de forma pacífica deben estar redactados con el mismo grado de exactitud y precisión que los tipos penales. Respetuosamente, no comparto dicha conclusión.
Es verdad que esta Suprema Corte ha sostenido desde la acción de inconstitucionalidad 4/2006(38) que las sanciones administrativas guardan una similitud fundamental con las sanciones penales, toda vez que ambas forman parte de la potestad punitiva del Estado. Efectivamente, en ambos casos se trata de expresiones del ius puniendi del Estado, pues ambas tienen lugar frente a actos y conductas antijurídicas, por lo que ambas se rigen por principios similares.
Por ello, este Tribunal ha sostenido que -a fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas y
evitar la arbitrariedad en el ejercicio del poder punitivo y de policía del Estado(39)- en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador es válido acudir a los principios penales sustantivos, como son, entre otros: el principio de legalidad -incluyendo en mandato de taxatividad o de lex certa-, el principio de non bis in idem, la presunción de inocencia, el principio de culpabilidad e incluso la prescripción de las sanciones. Ello, por supuesto, en el entendido de que la traslación de dichos principios, en cuanto a grados de exigencia, "no puede hacerse de forma automática, pues la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza"(40) (cursivas añadidas).
No obstante, en este caso, discrepo del estándar utilizado en la sentencia, pues -como sostuve en mi voto concurrente de la acción de inconstitucionalidad 45/2018 y su acumulada 46/2018(41) y, posteriormente, en mi voto particular de la acción de inconstitucionalidad 93/2020(42)- me parece que la mayoría pierde de vista que el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad no aplica con la misma intensidad en todas las ramas del derecho administrativo sancionador(43). Como expliqué en dichos precedentes, existen algunas áreas del derecho administrativo sancionador en donde -debido a la naturaleza de la materia regulada y/o los sujetos regulados- el uso de conceptos jurídicos indeterminados no sólo es más frecuente, sino incluso necesario para lograr una adecuada regulación y, por tanto, la exigencia de lex certa no rige con la misma intensidad(44).
Como también referí, uno de esos casos es precisamente el de las normas de convivencia social o justicia cívica (como es el caso de la norma aquí impugnada), en la cual, debido a la variedad de fenómenos y conductas que está destinada a regular, la variedad de sanciones a imponer, así como a la imposibilidad de describir a detalle todas las posibilidades que la norma administrativa pretende abarcar, no es extraño que el legislador se vea obligado a recurrir a los llamados "conceptos jurídicos indeterminados" (como son orden público, interés social, moral pública, entre otros). Ello, a fin de que el órgano de aplicación pueda contar con cierto margen de discrecionalidad (que no arbitrariedad), suficientemente adaptable y flexible para determinar el contenido y alcance de las normas aplicables en cada caso concreto(45).
En ese sentido, si lo que se pretende es garantizar una adecuada regulación en esta materia, es evidente que, tratándose de normas sobre justicia cívica -las cuales, además, no suelen traer aparejadas sanciones graves-, el nivel de precisión exigible al legislador no puede ser el mismo que en otros campos del derecho administrativo sancionador (como lo es, por ejemplo, el sistema de responsabilidades administrativas de servidores públicos), en donde el uso de los conceptos jurídicos indeterminados suele ser menos flexible, y en donde, en muchas ocasiones, debido a los intereses en juego, el nivel de precisión se acerca más a la materia penal. Ello es así, ya que de lo contrario la tarea del legislador se volvería prácticamente imposible, al no poder recurrir a términos más precisos sin que la regulación resulte extremadamente casuística o infraincluyente.
Por lo demás, no sobra señalar que esta gradualidad en el alcance del mandato de taxatividad en función de la materia ha sido reconocida también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha señalado que, si bien es cierto que el principio de legalidad tiene vigencia en materia disciplinaria y no sólo penal, "su alcance depende considerablemente de la materia regulada"(46) (cursivas añadidas). En esa línea, dicho Tribunal ha sostenido que "[l]a precisión de una norma sancionatoria de naturaleza disciplinaria puede ser diferente a la requerida por el principio de legalidad en materia penal, por la naturaleza de los conflictos que cada una está destinada a resolver"(47) (cursivas añadidas).
Con todo, es importante aclarar que lo anterior de ninguna manera significa que en materia de justicia cívica deba privar la arbitrariedad o la plena subjetividad. Al tratarse de normas sancionadoras, es incuestionable que el legislador está obligado a establecer un marco regulatorio razonablemente previsible, que permita a las personas saber qué tipo de conductas podrían ser sancionadas y que evite su aplicación arbitraria por parte de la autoridad(48). Además, al existir un mayor grado de discrecionalidad decisoria -insisto, que no arbitrariedad-, el deber de motivación por parte del órgano de aplicación -en este caso, de los jueces cívicos- es especialmente relevante, por lo que recae en éstos una carga argumentativa mayor que les obliga a justificar de forma muy expresa y clara las razones por las cuales se considera que una determinada conducta debe o no considerarse infractora de la normatividad.
Partiendo del estándar expuesto, me parece que las porciones normativas impugnadas consistentes en "Insultar a la autoridad", "Realizar tocamientos obscenos en lugares públicos y que causen molestia" y "Causar escándalos o participar en ellos en lugares públicos o privados" no eran contrarias al principio de taxatividad.
En primer lugar, respecto de la infracción consistente en "Insultar a la autoridad", como expresé en mi voto de la acción de inconstitucionalidad 93/2020, es cierto que el término "insultos" puede considerarse un concepto jurídico indeterminado y, por tanto, ciertamente depende de un juicio por parte de la autoridad en
cada caso concreto. Efectivamente, el verbo "insultar" implica "ofender a alguien provocándolo e irritándolo con palabras o acciones", por lo que determinar en qué casos estamos frente a un insulto, en efecto, depende de un juicio por parte del órgano de aplicación en cada caso concreto.
Sin embargo, como ya mencioné, el que las normas en materia de justicia cívica otorguen cierto grado de discreción a la autoridad es algo que no resulta per se incompatible con el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad(49). Como señalé, en este caso el mandato de lex certa es más flexible, por lo que es válido que se delegue en la autoridad un mayor grado de discrecionalidad en la aplicación de este tipo de normas. Ello es así, sobre todo cuando -como sucede en la especie- no parece posible recurrir a términos más precisos sin incurrir en un casuismo exacerbado. En efecto, ¿qué otro término pudo haber utilizado el legislador para conseguir el fin que buscaba sin incurrir en imprecisión? ¿Acaso debió hacer una lista de palabras o gestos insultantes?
Por lo demás, debo recordar que esta discrecionalidad, como ya referí, de ninguna manera equivale a arbitrariedad, sino únicamente que el deber de determinar la norma exactamente aplicable al caso concreto se traslada a la fase de aplicación. Ello es así, pues, como ya señalé, en estos casos la autoridad tiene un deber especialmente fuerte de justificar la imposición de la sanción en cada caso concreto a través de una adecuada motivación, cuya ilegalidad, arbitrariedad o falta de razonabilidad puede ser motivo de impugnación por parte del afectado(50).
En ese orden de ideas, no debe perderse de vista que, de acuerdo con los artículos 378 a 406 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, corresponde a los juzgados municipales calificar las conductas e imponer las sanciones correspondientes, mediante un procedimiento administrativo en el que debe garantizarse la garantía de audiencia del presunto infractor(51). Además, de acuerdo con los artículos 379 y 389(52), dicha resolución puede ser impugnada vía recurso de inconformidad.
Por lo que hace a las normas en las que se establece una infracción por "[r]ealizar tocamientos obscenos en lugares públicos y que causen molestia", estimo que -contrario a lo sostenido por la mayoría- no existe un grado de ambigüedad reprochable respecto a qué tipo de actitudes obscenas encuadrarían en el supuesto para que el presunto infractor sea acreedor a una sanción, pues la norma es clara en cuanto a que se trata de "tocamientos". En todo caso, sería la expresión "y que causen molestia" la que pudiera considerarse un concepto jurídico indeterminado que requiere una valoración por parte del operador jurídico, dado que es necesario determinar qué grados de afectación o molestia ameritan la imposición de la sanción administrativa. Sin embargo, partiendo de las premisas señaladas a lo largo de este voto particular, será deber de la autoridad el justificar la imposición de la sanción en el caso concreto mediante una adecuada motivación.
Con todo, me parece que las normas en cuestión son claras en el sentido de que lo que buscan sancionar son los tocamientos de carácter sexual en lugares públicos, particularmente -aunque no de manera exclusiva-, a las mujeres. De esta manera, estimo que la decisión de la mayoría de analizar estas normas a la luz de un estándar de taxatividad tan alto no sólo es incorrecto, sino que además tiene un efecto indeseable de dejar sin herramientas a las autoridades administrativas para combatir eficazmente la violencia sexual y de género, en un momento especialmente grave que atraviesa el país en esta materia.
Finalmente, considero que las razones antes apuntadas resultan igualmente aplicables a la porción normativa invalidada por la mayoría que se refiere a "Causar escándalos o participar en ellos en lugares públicos o privados". Al respecto, debo señalar que al resolver la ya referida acción de inconstitucionalidad 47/2019 y su acumulada, este Tribunal Pleno se pronunció respecto de una norma prácticamente idéntica y reconoció su validez.
En efecto, el Tribunal Pleno reconoció la validez del artículo 31, fracción I, inciso A, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, que establecía como falta administrativa el "causar escándalos o participar en ellos". Dicha norma fue analizada en conjunto con las normas que regulaban la producción de ruidos excesivos y se concluyó de manera genérica que, si bien es cierto que las normas impugnadas buscan sancionar la emisión de ruido sin establecer un parámetro objetivo, también lo era que en el ámbito de la justicia cívica ello cumple una función de prevención que deriva de la tranquilidad de los habitantes del municipio.
Así las cosas, estimo que, aunque la norma busca sancionar la emisión de ruidos, resulta evidente que no
busca prevenir cualquier ruido, sino sólo aquellos que resulten excesivos y notablemente irritables o molestos y que no encuentren justificación en su producción. Por tanto, si bien la norma se encuentra redactada en términos genéricos, lo cierto es que cumple una función de prevención para alcanzar la tranquilidad de los habitantes del municipio.
Por todo lo anterior es que respetuosamente me aparto de estos puntos de la sentencia.
Ministro Presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.- Firmado electrónicamente.- Secretario General de Acuerdos, Rafael Coello Cetina.- Firmado electrónicamente.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de seis fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente del voto particular formulado por el señor Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en relación con la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Pleno de este Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 94/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a once de mayo de dos mil veintiuno.- Rúbrica.
VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO EN LOS AUTOS DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 94/2020, RESUELTA EN SESIÓN VIRTUAL DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE
En sesión virtual de treinta de noviembre de dos mil veinte, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de once votos, resolvió declarar la inconstitucionalidad de algunas porciones normativas de las Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte.
Lo anterior, al analizar normas que establecían infracciones por conductas indeterminadas o imprecisas y cobros por el derecho de acceso a la información; en relación con estas últimas, se sostuvo su inconstitucionalidad por violación al principio de gratuidad, toda vez que no se justificó por el legislador local si las tarifas atendían a elementos objetivos y razonables en función del costo de los materiales en que se reproduce la información solicitada, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional que rige en esta materia.
Tal como lo señalé en la respectiva sesión, si bien comparto el sentido de la ejecutoria, me parece que aquellas porciones normativas que contienen cuotas iguales o menores a $1.00 (un peso 00/100 Moneda Nacional) por copias simples e impresión de documentos, y de $20.00 (veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) por información entregada en disco compacto o DVD, no resultan inconstitucionales, toda vez que, con independencia de que el legislador no hubiere justificado los costos respectivos, dichas cuotas no resultan notoriamente desproporcionales.
De ahí que no comparto la declaratoria de invalidez de los siguientes artículos:
"LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020
ARTÍCULO 32.- Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por los conceptos siguientes y que se pagarán conforme a las tarifas señaladas:
(...)
VI. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causarán los derechos de conformidad a lo siguiente:
a)
(...)
d) Por cada copia simple tamaño carta u oficio                                             $ 1.00
e) Por cada hoja impresa por medio de dispositivo informático, tamaño carta u oficio      $ 1.00
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020
ARTÍCULO 33. Son objeto de estos derechos, los servicios prestados por la autoridad municipal por concepto de:
(...)
 
VI. Por los servicios prestados relativos al derecho de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por los documentos físicos o que en medios magnéticos les sean solicitados causarán los derechos conforme a la siguiente:
(...)
Por cada disco compacto CD-R                                                                $11.50
Por cada copia simple tamaño carta u oficio                                                $0.60
Por cada hoja impresa por medio de dispositivo
Informático, tamaño carta u oficio                                                              $0.60"
Atentamente
Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.- Firmado electrónicamente.- Secretario General de Acuerdos, Lic. Rafael Coello Cetina.- Firmado electrónicamente.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de dos fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente del voto concurrente formulado por el señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en relación con la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Pleno de este Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 94/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a once de mayo de dos mil veintiuno.- Rúbrica.
VOTO PARTICULAR Y ACLARATORIO QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 94/2020
1.     En sesión pública ordinaria celebrada a distancia el treinta de noviembre de dos mil veinte, el Tribunal Pleno resolvió la acción de inconstitucionalidad citada al rubro, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos demandando la invalidez de diversas disposiciones de las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil veinte de diversos municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicadas todas en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve.
2.     Por un lado, en el considerando sexto relativo a las normas que se relacionaban con el derecho de acceso a la información, compartí todas las declaratorias de invalidez sobre las disposiciones que establecían cuotas por copias a color, copias simples o impresiones, copias certificadas e información en disco compacto, ya que no se advertía una base razonable y objetiva basada en los materiales utilizados para poder determinar dichos costos.
3.     Por otra parte, en el considerando séptimo, se analizaron tres temas. En el primero,(53) se invalidaron diversos preceptos por transgredir el principio de taxatividad, entre ellos, normas que establecían infracciones por insultos, ultrajes, ofensas, agresiones, molestias y faltas de respeto a la autoridad o cualquier miembro de la sociedad. En el segundo, se resolvió por mayoría de nueve votos(54) reconocer la validez de diversos preceptos que establecen infracciones por producir ruidos que, por cualquier medio, provoquen molestia o alteren la tranquilidad de las personas. Finalmente, en el tercer tema, se reconoció la validez de diversas normas que sancionan el presentar cierto grado de embriaguez.(55)
4.     Compartí la propuesta en la mayoría de las infracciones señaladas en el tema 1, sin embargo, voté en contra y por la invalidez de las conductas identificadas con los numerales 1.12 a 1.15, pues a mi parecer se transgredía el principio de taxatividad en el derecho administrativo sancionador. En el tema 2, compartí en su totalidad la propuesta aprobada y expresé que aclararía el sentido de mi postura en contraste con lo analizado y mi votación en la acción de inconstitucionalidad 45/2018 y su acumulada 46/2018 (A.I. 45/2018 y su acumulada). En relación con el tema 3, voté en contra del reconocimiento de validez de las conductas analizadas en los incisos 3.2 a 3.10 porque a mi parecer transgredían la libertad y autonomía de las personas, aunado a que criminalizaban las adicciones.
Voto particular en torno al tema 1 relativo al análisis de normas que imponen sanciones por
insultos, ultrajes, ofensas, agresiones, molestias y faltas de respeto a la autoridad o cualquier
miembro de la sociedad
I. Razones de la mayoría
5.     En síntesis, se declaró la invalidez de las conductas acotadas con los números 1.1 a 1.7,(56) por el
amplio margen de apreciación del aplicador para determinar, de manera discrecional, qué tipo de ofensa, injuria, falta de respeto, insulto, señas o actitudes obscenas encuadrarían en el supuesto para que el presunto infractor sea acreedor a una sanción, generando incertidumbre en los gobernados y transgrediendo el principio de taxatividad.
6.     También se declaró la invalidez de las conductas identificadas en los puntos 1.8 a 1.10,(57) porque no describen con suficiente precisión las conductas que prohíben, lo que propicia un amplio margen de apreciación de la autoridad para determinar, de manera discrecional y subjetiva, cuáles actos o conductas en concreto serán motivo de sanción, así como el grado de afectación o molestia, lo que genera incertidumbre para los gobernados, en contravención al principio de taxatividad.
7.     Respecto a la conducta del numeral 1.11, relativa a formar parte de grupos que causen molestias a las personas en lugares públicos o en la proximidad de sus domicilios y/o que impidan el libre tránsito, se consideró que es inconstitucional por transgredir los derechos de reunión y libertad de expresión, pues aun cuando en la mayoría de las ocasiones las reuniones pueden generar molestias o distorsiones en el uso de las plazas públicas y vías de comunicación de una urbe, provincia, ciudad, población, etcétera, éstas deben ser sobrellevadas tanto por las autoridades como por el resto de la población, pues la democracia exige un alto grado de tolerancia al pluralismo y a la manifestación social pública, precisamente porque el uso y/o apropiación del espacio público es el cauce en que las personas pueden expresar y dar a conocer más eficazmente al resto de la población o a las propias autoridades sus ideas, pensamientos, inconformidades, molestias o reclamos.(58)
8.     Por último, se reconoció la validez de las sanciones a las conductas identificadas con los numerales 1.12 a 1.15 relativas a alterar el orden, faltas a la moral, inmoral y por realizar acciones inmorales en la vía pública. Ello, porque el hecho de que contengan conceptos jurídicos indeterminados no las torna necesariamente inseguras o inconstitucionales, ni significa que la autoridad tenga la facultad de aplicarlas de manera arbitraria, toda vez que, para su concreción, deberá fundar y motivar las circunstancias particulares del caso y atendiendo a las condiciones sociales en que desenvuelvan los hechos, establecerá el motivo de la falta respectiva y la consecuente sanción al infractor. Considerar lo contrario dejaría en un vacío abstracto la aplicación de los conceptos referidos en cualquier ámbito del derecho, por lo que debía reconocerse que la percepción transitoria en los cambios del nivel moral y de las costumbres en una sociedad, corresponde identificarlas a los operadores jurídicos al momento de aplicar las leyes vigentes a hechos que, dentro del conjunto de ideas dominantes en una sociedad, los llenan de contenido.(59)
II. Razones del disenso
9.     Si bien compartí el reconocimiento de validez de las conductas precisadas en los incisos 1.1 a 1.11, en lo que concierne a los incisos 1.12 a 1.15 que establecen sanciones por conductas como alterar el orden, faltas a la moral, inmoral o por realizar acciones inmorales en la vía pública, no compartí el reconocimiento de validez, dado que, desde mi perspectiva, son supuestos ambiguos y violatorios del principio de taxatividad, aplicado de forma modular al derecho administrativo sancionador.
10.   Considero que los supuestos analizados en estos numerales imposibilitan a los ciudadanos conocer con claridad cuáles son las conductas que pueden encuadrar en las hipótesis normativas y, en consecuencia, hacerse acreedores a una sanción administrativa, dejando un amplio margen de discrecionalidad a las autoridades para determinar las conductas que se circunscriben en las infracciones impugnadas, en transgresión del derecho humano a la seguridad jurídica.
Voto aclaratorio en torno al tema 2 relativo al análisis de normas que imponen multa por producir
ruidos que por cualquier medio provoquen molestia o alteren la tranquilidad de las personas
I. Razones de la mayoría
11.   En este tema, se reconoció la validez de los preceptos impugnados,(60) pues buscan sancionar la emisión de ruido excesivo, definido como aquel que rebase los límites normativamente previstos, lo que en el ámbito de la justicia cívica cumple una función de prevención que deriva en la tranquilidad de los habitantes del Municipio. Además, no pueden generar arbitrariedad por parte del aplicador,
pues establecen un parámetro objetivo para que la autoridad determine los niveles de intensidad que considere excesivos, molestos o dañinos, para ello, bastará que acuda a los instrumentos normativos aplicables en nuestro país en materia de medio ambiente y contaminación por ruido, a efecto de motivar su determinación. Asimismo, se precisó que resultaban aplicables las mismas consideraciones que en la acción de inconstitucionalidad 47/2019 y su acumulada 49/2019,(61) donde este Alto Tribunal estableció que las infracciones por producir ruidos excesivos tenían por objeto procurar que la producción de ruidos en la comunidad no resultara tan molesto que afectara la tranquilidad de los integrantes del Municipio, de donde resultaba de utilidad el poder de la policía para la ordenación de las relaciones sociales.
II. Razones aclaratorias
12.   En este tema compartí los reconocimientos de validez, así como la aplicación del precedente de la A.I. 47/2019 y su acumulada. No obstante, me gustaría aclarar por qué en este caso voté de forma diferente a la A.I. 45/2018 y su acumulada,(62) donde no consideré aplicable el primer precedente mencionado.
13.   En mi voto particular de la A.I. 45/2018 y su acumulada, expuse ampliamente las razones que me llevaron a considerar que el problema jurídico ahí planteado no era equivalente al analizado en la A.I. 47/2019 y su acumulada, donde, en esencia, se estudiaron disposiciones que también sancionaban la producción de ruidos por cualquier medio que notoriamente atentara contra la tranquilidad o salud de las personas. En síntesis, las diferencias que identifiqué entre ambos asuntos fueron: 1) la naturaleza de los ordenamientos resultaba distinta pues mientras que en la A.I. 47/2019 y su acumulada se analizaron infracciones contenidas en leyes de ingresos y cuya sanción era monetaria, derivada de instrumentos como reglamentos de tránsito, de equilibrio ecológico y de buen gobierno, en la A.I. 45/2018 y su acumulada se impugnó un sistema normativo como el de justicia cívica que además permitía la detención y el arresto de la persona; 2) en el primero, las conductas se analizaron desde la perspectiva de una alegada violación seguridad jurídica y taxatividad, mientras que en el segundo, derivado del planteamiento de la accionante, considero que la norma impugnada debió analizarse desde la perspectiva de la violación al derecho de libertad de expresión; y, 3) en el primer caso, los ordenamientos hacían referencia a diferentes instrumentos normativos para establecer los parámetros de la infracción, no obstante, en el segundo no se desprendía referencia alguna a ordenamientos adicionales que dotaran de contenido al precepto impugnado. En consecuencia, voté en contra de la decisión mayoritaria, dado que el precepto, desde la perspectiva en que se argumentó su inconstitucionalidad, y derivado de un análisis sistémico del ordenamiento en materia de justicia cívica, resultaba violatorio de la libertad de expresión.
14.   Como se observa, a diferencia de mi postura en la A.I. 45/2018 y su acumulada, en el caso bajo análisis, sí considero aplicable la A.I. 47/2019 y su acumulada, dado que las disposiciones en ambos casos se refieren a sanciones establecidas en leyes de ingresos de municipios de entidades federativas. El argumento toral en ambas es el análisis de las sanciones por ocasionar ruidos excesivos a la luz del principio de taxatividad, y, además, las mismas disposiciones impugnadas refieren a diferentes instrumentos normativos para poder determinar con parámetros objetivos cuando se actualiza la infracción.
15.   Por dichas razones, en este asunto voté a favor de las consideraciones retomadas de la A.I. 47/2019 y su acumulada, y por la validez de los preceptos impugnados, sin que tal situación desconozca mi votación en otros casos que pueden ser claramente diferenciados.
Voto particular en torno al tema 3 relativo al análisis de normas que imponen multas por presentar
cierto grado de embriaguez
I. Razones de la mayoría
16.   Se reconoció la validez de las sanciones a las conductas identificadas en lo que aquí interesa como circular en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias psicotrópicas, así como permanecer en ese estado o consumir ese tipo de sustancias en la vía pública y provocar riña, escándalo o estar tirado, ya que responden a la intención de preservar el orden público, la vialidad y en su caso, la integridad física del infractor y de terceras personas. Además, son de fácil entendimiento para cualquier persona y no contravienen el principio de taxatividad, máxime que la autoridad deberá motivar su determinación en cuanto al grado de intoxicación que presente cada persona, para aplicar la sanción correspondiente.
II. Razones del disenso
17.   Compartí el reconocimiento de validez de las sanciones por las conductas señaladas con los incisos 3.1, y 3.11, relativas a manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de enervantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas, comprobado; así como ingerir bebidas embriagantes al conducir, en particular porque las normas señalan, respectivamente, que las sanciones son por
infracciones de tránsito y a leyes y reglamentos administrativos. En ese sentido, coincidí en que no se violan los principios de legalidad y taxatividad al permitir a las autoridades administrativas determinar la sanción aplicable a partir de distintos ordenamientos, pues en materia administrativa es permisible una modulación de los referidos principios.
18.   Sin embargo, no compartí el reconocimiento de validez de las conductas señaladas en los incisos 3.2 a 3.10,(63) pues, desde mi perspectiva, sancionar estas conductas se traduce en limitaciones indebidas a la libertad y autonomía de las personas y, además, es susceptible de desconocer el carácter sanitario y criminalizar las adicciones.
19.   Si bien podría deducirse que la finalidad de las normas es preservar el orden público o la integridad física de las personas, lo cierto es que establecer una sanción por encontrarse en un estado de ebriedad o en estado de intoxicación por sustancias psicotrópicas per se no es la forma menos restrictiva para llegar a la finalidad propuesta, pues una de las consecuencias es precisamente las limitantes que se imponen a las personas indebidamente en su libertad y autonomía.
20.   Ello, porque el hecho de permanecer en los estados mencionados en vía pública no implica necesariamente alteraciones al orden público o daños o amenazas a la integridad de las personas. Aunado a que las conductas que se asocian a "ser escandaloso", "estar tirado" o "provocar riña", son acciones independientes al hecho de encontrarse en estado de ebriedad, pues pueden ocurrir incluso en un estado de sobriedad.
21.   Asimismo, me parece que el sancionar estos supuestos desconoce que el consumo de alcohol u otras sustancias psicotrópicas debe atenderse desde un punto de vista sanitario, y no a través de la criminalización de las adicciones, ya que dicho tratamiento expone a las personas que consumen estas sustancias a situaciones de mayor riesgo y estigma, en lugar de encausar las adicciones como una cuestión de salud pública prioritaria.
22.   Son estas las razones que me llevaron a apartarme del reconocimiento de validez en los temas precisados.
Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.- Firmado electrónicamente.- Secretario General de Acuerdos, Lic. Rafael Coello Cetina.- Firmado electrónicamente.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de cinco fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente del voto particular y aclaratorio formulado por el señor Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en relación con la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Pleno de este Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 94/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a once de mayo de dos mil veintiuno.- Rúbrica.
VOTO ACLARATORIO QUE FORMULA LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 94/2020
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al treinta de noviembre de dos mil veinte, resolvió la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de las leyes de ingresos de treinta y ocho municipios de Coahuila, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte. En específico, la citada Comisión consideró que resultaban inconstitucionales las diversas normas que regulaban cobros por reproducción de información y multas por diversas infracciones.
Una de las normas impugnadas regulaba infracciones por realizar tocamientos obscenos en lugares públicos y que causen molestia. La norma es la siguiente:
Ley de Ingresos del Municipio de Escobedo para el Ejercicio Fiscal 2020
Artículo 38. Por las faltas o infracciones que atentan contra la integridad moral del individuo y de la familia se aplicaran sanciones que van de 2 hasta 50 días de Unidades de Medida y Actualización:
 
Infracción
Mín.
Máx.
I.
[...].
2
10
II.
[...]
10
20
IV.
Realizar tocamientos obscenos en lugares públicos y que causen molestia
20
30
 
Respecto a estar norma, en el Pleno determinamos, por mayoría de ocho votos(64), declarar su invalidez al considerar que da un amplio margen de apreciación a la autoridad para determinar qué tipo de actitud obscena es acreedora a una sanción, circunstancia que genera incertidumbre en los gobernados.
La norma anterior se analizó en conjunto con muchas otras que establecían infracciones por diversas conductas relacionadas con insultos, ultrajes, ofensas, proferir palabras en lugares públicos que causaran molestias a terceros, y agresiones y faltas de respeto a la autoridad. En términos generales, la sentencia determinó que estas conductas sancionadas contenían diversas expresiones que evidenciaban un amplio margen de apreciación por parte del aplicador.
Si bien voté a favor de la propuesta, quiero precisar las razones que me llevaron a tal conclusión porque durante la sesión se llegó a decir que invalidar este tipo de normas equivalía a algo así como convalidar la
violencia "contra las mujeres" (por impedir la existencia de normas que sancionaran los tocamientos obscenos en lugares públicos).
No comparto en lo absoluto ese argumento y, es más, opino exactamente al revés: que haber convalidado la norma habría podido perjudicar la dignidad de mujeres (y en general de cualquier persona) que, estando en lugares públicos con sus parejas expresándose afecto, fueran humilladas por algún tercero a quien le causaran molestia tales despliegues afectuosos, tercero que incluso podría solicitar la intervención de la autoridad administrativa para imponerles una multa por atentar contra la integridad de la familia'.
Tal situación era perfectamente posible porque la norma era sobreinclusiva: "Realizar tocamientos obscenos en lugares públicos y que causen molestia", ¿molestia a quién? ¿A la mujer? ¿A las parejas? ¿O a cualquier tercero en los alrededores que sintiera amenazada su integridad o la de su familia al considerar que hay expresiones de amor o de afecto que no deben ser públicas?
Si consideramos que la multa es por faltas o infracciones que atentan contra la integridad del individuo y de la familia, y se refieren a situaciones que suceden en lugares públicos, tenemos entonces que no es absolutamente cierto que la norma sancionaba solo a quienes realizaran tocamientos no consentidos por una mujer. Tan no es cierto, que la norma ni siquiera se refiere a las mujeres. Solo sancionaba los tocamientos que causaran molestia (sin especificar molestia a quién). Incluso si se refiriera a ellas, no debe soslayarse que las mujeres, en su libertad sexual, pueden permitirlos. No puede caerse en una defensa tan a ultranza de las mujeres que termine anulando su dignidad y su libertad.
Haber permitido la pervivencia de la norma impugnada habría autorizado que terceros, molestos, buscaran castigar a las parejas en parques y plazas por hacerse "tocamientos obscenos". Imagino, por ejemplo, una pareja de jóvenes que disfrutan un domingo de descanso tras una ardua semana laboral, que pasean con gusto o porque no pueden reunirse en otro lugar, que se abrazan, y de pronto llega un tercero acompañado de alguien con autoridad para imponerles una multa. Qué situación más indigna, y además potencialmente arbitraria: ¿cómo debe ser la expresión física para ser considerada "obscena" en este cuerpo de normas administrativas?
Ese era el problema de esta norma sobreinclusiva, que no solo podría sancionarse con ella a quien hiciera tocamientos no consentidos, sino incluso a parejas felices tan solo por causar molestia a terceros ajenos.
Las agresiones sexuales jamás deben tolerarse, si la norma hubiera sido puntual en el sentido de castigar los tocamientos que causaran molestia a la persona que los recibiera, mi voto habría sido muy distinto.
Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.- Firmado electrónicamente.- Secretario General de Acuerdos, Rafael Coello Cetina.- Firmado electrónicamente.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de dos fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente del voto aclaratorio formulado por la señora Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, en relación con la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 94/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a diecisiete de junio de dos mil veintiuno.- Rúbrica.
 
1     Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: [...]
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: [...]
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas. [...]
2     Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3     Segundo. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución: (...)
II. Las acciones de inconstitucionalidad, salvo en las que deba sobreseerse, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención.
4     Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles.
5     Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
 
(...)
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
(...)
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas;