alerta Si el documento se presenta incompleto en el margen derecho, es que contiene tablas que rebasan el ancho predeterminado. Si es el caso, haga click aquí para visualizarlo correctamente.
 
DOF: 13/07/2021
SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 132/2020, así como los Votos Particular y Concurrente del señor Ministro Luis María Aguilar Morales, Concurrente y Particular del se

SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 132/2020, así como los Votos Particular y Concurrente del señor Ministro Luis María Aguilar Morales, Concurrente y Particular del señor Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y Concurrente y Particular del señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 132/2020
PROMOVENTE: PARTIDO POLÍTICO MORENA
PONENTE:           JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ
SECRETARIOS:     FERNANDO SOSA PASTRANA
                        DANIELA CARRASCO BERGE
COLABORARON:   BRUNO ALEJANDRO ACEVEDO NUEVO
                        PAULINA ARAIZA LOZANO
                        FEDERICO JORGE GAXIOLA LAPPE
                        DIEGO RUIZ DERRANT
Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día veintiuno de septiembre de dos mil veinte emite la siguiente:
SENTENCIA
Por la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 132/2020 promovida por el Partido Político MORENA en contra de diversos artículos de la "Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro", la "Ley Electoral del Estado de Querétaro" y la "Ley que expide la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro"; todas publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", el primero de junio de dos mil veinte.
I. TRÁMITE
1.     Presentación de la demanda. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por el partido político MORENA ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, a través del Sistema Electrónico, el veintiocho de junio de dos mil veinte.
2.     Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas. Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Querétaro.
3.     Normas generales cuya invalidez se demanda. El Partido Político MORENA, en el apartado correspondiente,(1) demanda la invalidez de la:
a.   Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, de cuyo Artículo Primero, se impugna la reforma al artículo 7 de la Constitución de Querétaro.
b.   Ley Electoral del Estado de Querétaro (LEEQ, en adelante), en sus artículos 5, fracción II, inciso c); 7, párrafo cuarto; 14, párrafos primero, fracción III, y segundo; 20, en su parte final; 23, párrafos primero y cuarto; 24; 34, fracción XI; 41, penúltimo párrafo; 66, párrafos primero y octavo; 80, párrafo tercero; 88, párrafos primero y cuarto; 92, párrafos segundo y cuarto; 99, párrafos tercero, parte inicial, y décimo tercero, fracción II; 100, párrafo primero, fracciones IV, inciso b), primera parte, y VIII; 102, párrafo tercero, fracciones II y III, en su parte final; 103, párrafo primero, fracción VIII; 108, párrafo quinto; 109, fracción VI; 116, fracciones I, inciso f), II, incisos d) y f), y III, inciso b); 122, párrafo quinto; 126, párrafo primero, numerales 1 y 2, fracción I, inciso c); 127, párrafos tercero, fracción I, y quinto; 128, párrafos tercero, sexto y octavo; 130, párrafo segundo; 150; 160, primer párrafo; 162, primer párrafo; 165; 168, apartado A, fracción III, inciso a); 171, primer párrafo, fracción III, primer párrafo; 206, párrafo quinto; 209, párrafo cuarto; 227, primer párrafo, fracción I, inciso f); 234, segunda parte; y 237, fracción VI.
c.    Ley que expide la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, específicamente de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro (LMIEQ, en adelante), los artículos 7, párrafo tercero; 25, párrafos primero, fracción IX, y segundo; 29, fracción I; 61, fracción III; 98, fracción IV; y 99, párrafo tercero.
 
4.     Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez planteados por el promovente, serán desarrollados en el apartado correspondiente al estudio de fondo. Para su adecuada identificación, en el presente apartado se presenta una síntesis del tema sobre el que versa cada concepto planteado, los artículos impugnados, y las páginas del escrito de demanda en las que se desarrolla por parte del actor.
TEMA
CONCEPTO
PÁGS.
TEMA 1
Paridad de género
PRIMERO
III-XV
DÉCIMO SEXTO
LXXV-LXXX
DÉCIMO OCTAVO
XC-XCIII
TEMA 2
Voto en el extranjero
PRIMERO
III-XV
TEMA 3
Definición de calumnia
SEGUNDO
XV-XVIII
TEMA 4
Requisito de residencia efectiva para acceder al cargo de
Gobernador
TERCERO
XVIII-XXIII
TEMA 5
Ausencia de suplente del titular de la Presidencia Municipal
CUARTO
XXIII-XXVII
TEMA 6
Mecanismo para cubrir vacantes definitivas en diputaciones
de mayoría relativa
QUINTO
XXVII-XXXVII
TEMA 7
Prohibición para la persona sancionada de participar en
elecciones extraordinarias
QUINTO
XXVII-XXXVII
TEMA 8
Prohibición de recibir financiamiento privado
SEXTO
XXXVII-XL
TEMA 9
Reglas sobre quórum y votación en las sesiones de los
Consejos del IEEQ
SÉPTIMO
XL-XLVII
TEMA 10
Cancelación de la acreditación de representantes por la
pérdida o falta de registro de una candidatura
OCTAVO
XLVII-LI
TEMA 11
Regulación de propaganda gubernamental durante el proceso
electoral y de artículos promocionales
NOVENO
LI-LVIII
 
TEMA 12
Tope de gastos de precampaña
DÉCIMO
LVIII-LX
TEMA 13
Tope de gastos de campaña
DÉCIMO PRIMERO
LXI-LXIII
TEMA 14
Prohibición de pintar propaganda electoral en propiedad
privada, incluso cuando medie permiso
DÉCIMO SEGUNDO
LXIII-LXV
TEMA 15
Regulación de debates organizados por medios de
comunicación locales
DÉCIMO TERCERO
LXV-LXVII
TEMA 16
Regulación de coaliciones y en materia de impresión y
producción de materiales electorales
DÉCIMO CUARTO
LXVIII-LXXI
TEMA 17
Verificación de requisitos de elegibilidad en declaratoria de
validez
DÉCIMO QUINTO
LXXI-LXXIV
TEMA 18
Valores de asignación de diputaciones por el principio de
representación proporcional
DÉCIMO SÉPTIMO
LXXX-XC
TEMA 19
Obligación de contar con anuencia de los órganos de
dirección nacional y local para formar coaliciones y
candidaturas comunes
DÉCIMO NOVENO
XCIII-XCV
TEMA 20
Sustitución de candidaturas
VIGÉSIMO
XCV-XCIX
TEMA 21
Obligación de acreditar la solicitud oportuna de pruebas que
no obran en poder del oferente
VIGÉSIMO
PRIMERO
XCIX-CIII
TEMA 22
Suplencia de la queja en los juicios de nulidad de votación,
casillas o elecciones
VIGÉSIMO
SEGUNDO
CIII-CVII
TEMA 23
Plazo para la presentación de medios de impugnación
VIGÉSIMO
TERCERO
CVIII-CX
TEMA 24
Regulación de la facultad de prevenir ante el incumplimiento
de los requisitos de la demanda
VIGÉSIMO CUARTO
CX-CXIII
TEMA 25
Permanencia del Secretario Ejecutivo del IEEQ
VIGÉSIMO QUINTO
CXIII-CXXIV
 
5.     MORENA señaló como violados los artículos 1, 6, 9, 14, 16, 17, 35, 39, 40, 41, 115, 116, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 23.1, 24 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 21.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
6.     Acuerdo de registro y turno. En un acuerdo emitido el dos de junio de dos mil veinte, el Presidente de esta Suprema Corte ordenó que se formara y registrara el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por MORENA, a la que le correspondió el número 132/2020, y turnó el asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor del procedimiento.
7.     Auto admisorio. Por medio de un auto emitido el seis de julio de dos mil veinte, el Ministro instructor tuvo por presentado al promovente con la personalidad que ostenta y admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad. Asimismo, ordenó que se diera vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Querétaro para que rindieran su informe, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que estuvieran en posibilidad de formular pedimento u opinión respecto de la demanda. Aunado a lo anterior, solicitó al Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Sala Superior, en adelante) que ese órgano jurisdiccional expresara por escrito su opinión en relación con la acción de inconstitucionalidad.
8.     Por otro lado, solicitó al Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE, en adelante) el envío de copias certificadas del estatuto vigente del partido político nacional MORENA y la certificación de su registro vigente, así como que precisara quiénes eran al momento de la presentación de la demanda el representante y los integrantes de su órgano de dirección nacional. También requirió al Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ, en adelante) para que informara la fecha en que iniciará el próximo proceso electoral en la entidad.
9.     Informe del Poder Legislativo del Estado de Querétaro. El Congreso local sostuvo la validez de todas las normas impugnadas por MORENA; en esencia, planteó los argumentos que serán resumidos a continuación.
10.   En el primer concepto argumenta que, si bien conforme a la reforma constitucional en materia político electoral de dos mil catorce, la paridad de género se debía garantizar en candidaturas a diputados y fórmulas para ayuntamientos, no se previó el supuesto de la designación de titulares de las secretarías del Poder Ejecutivo local, lo que, en todo caso, no encuadra en un tema electoral.
11.   Es cierto que la reforma constitucional de seis de junio de dos mil diecinueve expandió la paridad de género a los nombramientos de los titulares de las secretarias de estado locales, pero el Congreso de la entidad federativa no puede ser calificado como omiso, ya que no existe un plazo marcado por
la Constitución.
12.   Ahora bien, tratándose de la regulación del voto para los ciudadanos residentes en el extranjero, el Congreso sostiene que la remisión a las autoridades electorales debe ser comparada con los artículos 133, numeral 3, y 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE, en adelante).
13.   En el segundo concepto, el Congreso local sostiene que la definición de "calumnia" prevé a los posibles sujetos activos del delito, pero de forma enunciativa y no limitativa, dado que en caso de excepción pueden incluirse otros sujetos activos, por lo que no contradice lo dispuesto por la LGIPE, y es acorde con su artículo 471.
14.   Además, considera que es congruente con lo determinado por la Sala Superior en el Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador SUP-REP-131/2015 y en el Recurso de Apelación SUP-RAP-105/2014, pues se estableció que la figura de calumnia tiene como elementos de su tipo: a) la prueba de cualquier forma de manifestación mediante cualquier medio; b) que dicha expresión se impute directa o indirectamente a un sujeto o sujetos concretos; y, c) que dicha manifestación sea calumniosa y afecte la imagen del sujeto al que se atribuyen, como bien jurídico protegido por la norma.
15.   En el tercer concepto argumenta que, el artículo 116, fracción I, último párrafo, de la Constitución Federal, establece que solamente pueden ser gobernadores de una entidad federativa los ciudadanos mexicanos por nacimiento y nativos de la misma, o con residencia efectiva en ella no menor a cinco años inmediatamente anteriores al día de las elecciones.
16.   Bajo esta línea, los requisitos previstos en el artículo 14 de la LEEQ, no vulneran ningún derecho, pues no se advierte que sean contrarios a la Constitución Federal. Además, no es excesivo ni desproporcionado establecer que se pierde el derecho a ser votado por residir más de tres años consecutivos fuera de la entidad federativa, dado que aunado a que se prevé la excepción de poder ser votados siempre y cuando se hayan integrado a su domicilio por lo menos con seis meses de anticipación, también se atiende a un criterio en que las personas deben demostrar su residencia, conforme a diversas disposiciones legales.
17.   Tampoco considera que se vulnere el artículo 23.1 de la Convención Americana, pues si bien existe el derecho humano a ser votado, este puede sujetarse a diversas condiciones, tal y como se prevé en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal. Esto, dado que las entidades federativas cuentan con libertad configurativa para establecer restricciones en el acceso a los cargos públicos locales, siempre y cuando estas sean razonables, no discriminatorias y respeten la Constitución Federal.
18.   Finalmente, respecto de la constancia de residencia prevista por el artículo 171, fracción III, de la LEEQ, considera que ésta garantiza que sea posible comprobar la residencia de una persona. Además, la constancia de residencia se regula por lo dispuesto en el artículo 11, segundo párrafo, de la Ley Orgánica Municipal por lo que la autoridad electoral no está facultada para regular dicho tema, de otra forma invadiría competencias de otra autoridad.
19.   En el cuarto concepto considera que, si bien la LEEQ no establece suplente en el caso de quién presidirá el órgano de gobierno municipal, lo cierto es que eso no transgrede los principios electorales de certeza, legalidad, objetividad, seguridad, fundamentación y motivación, ni el principio de supremacía municipal, dado que, sí se prevén los supuestos para el caso de que el candidato a presidente municipal sea inelegible, ya sea al momento del registro o en la calificación de la elección.
20.   Conforme al artículo 115, primer párrafo y fracción I, de la Constitución Federal, los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine, por lo que las entidades federativas cuentan con amplia libertad configurativa para implementar el principio de representación proporcional en el orden municipal. Sustenta su dicho en la tesis 36/2018, de este Tribunal Pleno.
21.   Arguye que, el sistema mexicano no contempla la figura de suplente en ninguna de las figuras titulares de las funciones ejecutivas en los tres órdenes de gobierno, a diferencia de los cargos de regidurías, sindicaturas, diputaciones y senadurías. Asimismo, la Constitución de Querétaro señala que, en caso de faltas temporales o absolutas del presidente municipal, éstas serán suplidas por el regidor o síndico propietarios que nombre el Ayuntamiento.
22.   En el quinto concepto, respecto del artículo 23 de la LEEQ, argumenta que es válido prever el concepto "persona" en vez del de candidatura. Sin embargo, el mismo debe ser interpretado a luz de
la LGIPE, entendiendo que al ser un candidato una persona, es un concepto más amplio y adecuado. Considera que el termino candidatura implica que dos o más partidos, sin mediar coalición, postulan a la misma persona, fórmula o planilla. Siendo así, una candidatura engloba a una persona y a uno o varios partidos políticos, por lo que quien incurre en la causal de nulidad es la persona y por eso se sanciona a la candidatura, no al partido político postulante.
23.   En lo relativo al artículo 24 de la LEEQ, arguye que debe ser interpretado de forma sistemática, dado que tal sustitución atiende a las asignaciones efectuadas por el Consejo General o el Consejo correspondiente conforme a los artículos 127, 129, 130 y 131 de la LEEQ, mismo caso acontece para las asignaciones efectuadas por los Consejos distritales o municipales para las elecciones de Ayuntamiento, siendo este último donde se hace un cómputo parcial o total y la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional.
24.   Además, considera que no es aplicable el artículo 63 de la Constitución Federal para cubrir las vacantes absolutas de los cargos nombrados por mayoría relativa y representación proporcional, dado que existe libertad configurativa en tal aspecto.
25.   Por último, respecto del artículo 99 de la LMIEQ, considera que debe diferenciarse entre la prohibición para que una persona sancionada pueda participar y la posibilidad de que el partido correspondiente postule una nueva candidatura, lo cual es congruente con el espíritu de la norma. En el caso de candidatos independientes, este precepto resultaría inaplicable pues los mismos no forman parte de algún partido, sino que se representan por sí mismos, por lo que no sería posible que un candidato independiente causante de la nulidad de una elección pudiera participar en la extraordinaria.
26.   En el sexto concepto, considera que el artículo impugnado respeta lo previsto por el artículo 41 constitucional, dado que no distingue entre partidos para el financiamiento público o para la prohibición de financiamiento privado, por lo que es equitativo. Considera que, por mandato constitucional, se debe garantizar que los recursos de financiamiento público estén por encima de los recursos privados, quedando en libertad configurativa de las entidades federativas los términos específicos.
27.   Asimismo, propone que la disposición reclamada no limita que los partidos con registro nacional puedan recibir financiamiento siempre y cuando se apeguen al marco legal correspondiente. Sustenta sus afirmaciones en la tesis 12/2010, de este Tribunal Pleno.
28.   Añade que, la Ley General de Partidos Políticos (LGPP, en adelante), en su artículo 52, numeral 2, establece claramente los límites al financiamiento privado, debiendo ser interpretado con la tesis P. LX/2009, de este Alto Tribunal.
29.   En el séptimo concepto plantea que, conforme al artículo 32 de la Constitución de Querétaro, el IEEQ es autónomo, dado lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, así conforme al artículo quinto transitorio de la LEEQ, será el Consejo General de IEEQ quien emita los reglamentos, acuerdos o disposiciones, en donde, entre otras cosas, se regulará lo relativo a las inasistencias de los consejeros electorales. Además de que, conforme al artículo 80 de la LEEQ, existen reglas de suplencia aplicables.
30.   Argumenta que es innecesaria una sanción a nivel local toda vez que conforme al artículo 102, numerales 1 y 2, inciso f), de la LGIPE, ya se encuentran sujetos a un régimen de sanción por no desempeñar sus funciones injustificadamente.
31.   Por otra parte, respecto de los artículos 66, párrafo primero, 88, párrafo primero, 122, párrafo quinto, y 126, párrafo primero, numeral 1, de la LEEQ, arguye que son acordes con los artículos 41 y 67 de la LGIPE e, inclusive, similares al artículo 15, numeral 4, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del INE, precisando que, con sustento en su libertad configurativa, la legislatura local determinó replicar lo previsto en la LGIPE.
32.   Ahora bien, en relación con el párrafo cuarto del artículo 88 de la LEEQ, señala que la realidad social de la entidad requiere mecanismos que hagan viables las resoluciones del Consejo General del IEEQ, por lo que se determinó que éstas serían aprobadas por una mayoría simple, siendo acorde con los artículos 41.4 y 67.6 de la LGIPE.
33.   Por último, tratándose de los artículos 66, párrafo octavo, y 88, párrafo cuarto, de la LEEQ, precisa que es adecuado que los presidentes de las sesiones de los consejos electorales cuenten con un voto de calidad, lo que es una facultad que la ley otorga a los presidentes de diversos órganos colegiados a distintos niveles de gobierno para evitar dilación en las determinaciones, de ahí que fuera necesario prever dicho mecanismo de toma de decisiones, sin que esto contravenga proceso democrático alguno, además de estar sustentado en la libertad configurativa estatal.
 
34.   En el octavo concepto, propone que resulta válido prever que los partidos políticos que no obtengan o pierdan el registro de una candidatura, también pierdan la acreditación de los representantes que conozcan de tales elecciones relacionadas a esa candidatura.
35.   Lo anterior, dado que los artículos 41, 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso f), de la Constitución Federal y 94 de LGPP, establecen que los partidos políticos nacionales que no obtengan al menos el tres por ciento de la votación pierden su registro.
36.   Además, conforme al artículo 96 de la LGPP, los partidos políticos que pierden su registro, también pierden todos sus derechos y prerrogativas, y se extingue su personalidad jurídica, salvo por las obligaciones en materia de fiscalización. Bajo esta línea, resulta adecuado que, una vez que haya quedado firme una determinación de cancelación de registro, el partido político pierda la acreditación de su representante respecto de tal candidatura.
37.   En el noveno concepto, arguye que no existe la omisión de incluir a los poderes federales, toda vez que un ordenamiento estatal no podría, aunque fuera como reflejo de la ley general, prever tal situación, pues se estaría limitando una función de un ente federal que no es propia de una ley estatal.
38.   En todo caso, señala que el artículo 41, base V, apartado C, párrafo segundo, de la Constitución Federal prevé que deberá suspenderse la propaganda gubernamental de los poderes federales, lo cual debe ser interpretado junto al ordenamiento general y no como algo que pueda regularse a nivel local. Además, considera que los supuestos de excepción de las campañas de información, atienden a la libertad configurativa estatal, por lo que el Congreso local válidamente determinó no añadir más supuestos, homologándose con el artículo constitucional previamente aludido.
39.   Considera que la legislación local es acorde con lo determinado por la Sala Superior en la tesis XIII/2017. Mismo razonamiento considera aplicable a la impugnación de la fracción VIII del artículo 100 de la LEEQ, el cual es acorde con el artículo 29 de la LGIPE.
40.   Para concluir, propone que el artículo 92, párrafo cuarto, de la LEEQ, es válido al replicar los numerales 3 y 4 del artículo 209 de la LGIPE.
41.   En el décimo concepto, considera que la norma impugnada es acorde con el artículo 116, fracción IV, inciso h), de la Constitución Federal, que prevé la obligación de establecer criterios para limitar las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos de aportación de sus militantes y simpatizantes.
42.   Señala que la disposición impugnada debe interpretarse con el artículo 5, fracción II, incisos a) y b) de la LEEQ, donde se definen los actos anticipados de campaña y los de precampaña. Además de que la sanción aplica únicamente a los ciudadanos que aún no han sido registrados como candidatos.
43.   Considera que las precampañas se encuentran estrechamente relacionadas con el proceso electoral, debiendo sujetarse a los límites de los artículos 41, fracción II, inciso c), penúltimo párrafo, y 116, fracción IV, inciso h), de la Constitución Federal, por lo que, imponer un tope a los gastos de precampaña atiende a un control de los recursos económicos, con el fin de garantizar una igualdad de circunstancias entre los precandidatos. Además, el artículo 229, numeral 3, de la LGIPE, establece que los precandidatos deben presentar su información financiera para ser evaluada a fin de verificar si cumplieron con el tope de gastos de precampaña.
44.   En el décimo primer concepto, sostiene que dicha disposición es acorde con los artículos 41, apartado B, penúltimo párrafo, y 116, fracción IV, incisos c), g) y h), de la Constitución Federal, de donde deriva la obligación local de fijar los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos, más el tope se deja a la libertad configurativa local.
45.   En el décimo segundo concepto considera que se debe sobreseer, toda vez que dicho artículo ya fue materia de un pronunciamiento previo de este Alto Tribunal al resolver la acción de inconstitucionalidad 52/2017.
46.   En el fondo, argumenta que el Congreso local está facultado para legislar en materia de propaganda electoral, y la prohibición imputada no es violatoria del derecho a la libertad de expresión pues existen otros medios para dar a conocer las propuestas de los candidatos; inclusive, conforme a los criterios de la Corte Interamericana el derecho a la libertad de expresión e información no es absoluto.
47.   Además, este tema no es abordado por la LGIPE, pues asiste libertad configurativa, por lo que el
legislador buscó proteger el medio ambiente y evitar la contaminación visual conforme a los artículos 209, numeral 2, de la LGIPE y 155 de la Ley General de Equilibrio Ecológico.
48.   En el décimo tercer concepto, propone la validez del artículo 108, párrafo quinto, de la LEEQ, pues el mismo es acorde con el artículo 41 de la Constitución Federal que establece el derecho de los partidos de contar de manera equitativa con elementos para llevar acabo sus actividades, incluyendo el acceso a los medios de comunicación social, conforme con los numerales 6, 7 y 8 del artículo 68 del Reglamento de Radio y Televisión en materia electoral del INE.
49.   En este sentido, el Reglamento de Elecciones del INE, obligatorio para los partidos políticos locales, establece en el artículo 314, numeral 8, que los medios de comunicación local podrán organizar libremente debates entre los candidatos a cualquier cargo de elección popular del ámbito estatal, al igual la norma impugnada de la LEEQ. Aunado, los numerales 10 y 11 del artículo 68 del mismo reglamento y el artículo 218, numeral 6 y 7, de la LGIPE contemplan las mismas reglas que a nivel local. Bajo esta línea, considera que es aplicable el criterio de la Sala Superior en su jurisprudencia 33/2016, así como lo determinado por este Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014.
50.   En el décimo cuarto concepto, argumenta que el artículo 73, fracción XXIX-U, de la Constitución Federal si bien prevé la facultad del Congreso de la Unión para expedir la ley general en materia de partidos políticos, organismos electorales y procesos electorales conforme a las bases previstas en la Constitución, lo cierto es que existe un margen de libertad configurativa a nivel estatal para adoptar diferentes criterios en ciertos rubros. Pero, en todo caso, la disposición reclamada es coincidente con los artículos 104, fracción I, inciso a), y 266, primer párrafo, de la LGIPE, así como 87 de la LGPP.
51.   Por tanto, el precepto impugnado al mencionar la coalición, lo hace de forma informativa, mas no pretende regular la manera en que deberán realizarse las fórmulas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional.
52.   En el décimo quinto concepto, la legislatura de la entidad federativa argumenta que no existe omisión alguna de establecer el deber de los consejos del IEEQ de verificar previamente el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de los candidatos, fórmulas y planillas triunfadoras.
53.   Al respecto, precisa que tal situación sí se encuentra regulada en el artículo 14 de la LEEQ, dado que tales requisitos se mantienen vigentes hasta en tanto la persona electa ocupa el cargo. De ahí que, el artículo 178, segundo párrafo, de la LEEQ establezca la negativa de registro a quienes no acrediten tales requisitos para ser candidato.
54.   Además, arguye que MORENA omite mencionar las fracciones VI y VIII del artículo 82 de la LEEQ, donde sí se prevé la facultad de los consejos municipales de emitir las constancias de mayoría y asignación una vez declarada válida la elección, sin que se actualice una omisión legislativa, pues se trata de una facultad discrecional.
55.   En el décimo sexto concepto, argumenta que no existe omisión legislativa parcial en competencia de ejercicio obligatorio respecto de la previsión del principio de paridad en la elección de diputaciones, específicamente en el registro de la lista primaria de candidatos por el principio de representación proporcional, dado que el mismo está previsto en la Constitución Federal desde la reforma constitucional de seis de junio de dos mil diecinueve. Considera que los artículos 9, fracción II, 34, fracción VI, 76, fracción I, 80, fracción I, 130, 133, 160 a 168, 187 y 206 de la LEEQ garantizan el principio de paridad de género adecuadamente.
56.   En el décimo séptimo concepto, argumenta que conforme al artículo 116, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Federal, las legislaturas locales gozan de libertad configurativa para determinar los principios de mayoría relativa y representación proporcional, sin que estén obligados a seguir reglas específicas respecto de los límites de sobre y sub representación. Lo anterior, con apoyo en las tesis 67/2011 y 8/2010, de este Alto Tribunal.
57.   Siendo así, argumenta que los preceptos impugnados son acordes con lo decidido por este Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014. Por último, propone que la definición de votación estatal emitida derivó de atender a las particularidades estatales y es acorde con los artículos 15, numeral 1 y 2, de la LGIPE, para la integración del Congreso Federal.
58.   En el décimo octavo concepto, plantea que no se inobservó el principio de paridad de género en la conformación del órgano legislativo al término de asignación, pues desde el registro de las candidaturas a diputaciones se debe salvaguardar dicho principio conforme al artículo 158 de la LEEQ. En este sentido, el Congreso local considera que actuó conforme a la libertad configurativa que le asiste, siendo respetuoso de los artículos 233 y 234, párrafo primero, de la LGIPE. Además,
propone que se resuelva conforme a la jurisprudencia 6/2015 y la tesis IX/2014, ambas de la Sala Superior.
59.   En el décimo noveno concepto, considera que existe libertad configurativa conforme a los artículos 116, fracción IV, inciso b), y 124 de la Constitución Federal, en el diseño de los procesos electorales locales.
60.   En otro aspecto, argumenta que conforme a la LGIPE las coaliciones y candidaturas comunes son formas de participación política diferentes, ya que las primeras implican un acercamiento entre dos o más partidos para postular en conjunto y bajo la misma plataforma electoral a un candidato; mientras que las candidaturas comunes, tienen un mismo candidato, pero diferentes plataformas políticas, manteniendo, en principio, cada partido su individualidad. Bajo esta línea, los artículos 142 a 150 de la LEEQ, regulan la participación de los partidos en los procesos locales y las reglas aplicables a las candidaturas comunes y coaliciones, sin que se exceda lo previsto en los artículos 87 a 91 de la LGPP. En consecuencia, arguye que el precepto impugnado solamente define las candidaturas comunes y coaliciones, por lo que, para el ejercicio del derecho de los partidos a formarlas, debe apegarse a los artículos 23, inciso f), y 85, numeral 5, de la LGPP.
61.   En el vigésimo concepto, considera que el supuesto de que en caso de renuncia la sustitución no proceda cuando se presente dentro de los 35 días anteriores al de la elección, es acorde con los artículos 235 y 237 de la LGIPE. Además, el artículo 241 de la misma establece que la sustitución de candidatos se encuentra sujeta a un plazo para libre sustitución y posteriormente sólo hay causales específicas.
62.   Aunado a lo anterior, precisa que el plazo previsto de 35 días en la LEEQ busca garantizar la operatividad de las elecciones locales, y el simple hecho de prever un plazo diferente no genera la invalidez. Bajo esta línea, se debe considerar la dificultad técnica de imprimir las boletas en caso de cancelación o sustitución de candidatos, en línea con el artículo 267 de la LGIPE y la jurisprudencia 7/2019 de la Sala Superior.
63.   Ahora bien, respecto de la cancelación de registro de la planilla de Ayuntamiento que quede incompleta, considera que es válido, pues busca garantizar la correcta integración de los ayuntamientos, suprimiendo la posibilidad que se dificulte la instalación del mismo ante la falta de personas que ocupen los cargos, siendo congruente con la jurisprudencia 17/2018, de la Sala Superior.
64.   En el vigésimo primero concepto, arguye que las normas impugnadas son acordes con lo previsto en los artículos 465, numeral 2, inciso e), y 467, numeral 2, inciso e), de la LGIPE y 9, fracción f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME, en adelante).
65.   Lo anterior, dado que los procedimientos ordinario y especial a nivel local, deben contemplar en sus requisitos que, al presentar la denuncia, se acompañen las pruebas pertinentes, en términos de la LMIEQ y la LGSMIME.
66.   En el vigésimo segundo concepto, arguye que la suplencia de la queja no es dable en juicios donde se pretenda la nulidad de la votación de casillas o elecciones, dado que conforme a los artículos 7, párrafo segundo y 98 de la LMIEQ, no está facultada para aplicarla, salvo que pueda deducirse de los hechos expuestos o se advierta una violación evidente.
67.   En el vigésimo tercero concepto, considera que se debe diferenciar entre el momento en que se realiza una notificación y aquél en que surte efectos, por lo que el plazo de cuatro días a partir de que surta efectos la notificación o se tenga conocimiento del acto o resolución recurrida, es claro y acorde con el artículo 8 de la LGSMIME.
68.   Además, propone que no es deficiente dicha regulación, pues aun cuando se haya emitido con un proceso electoral vinculado o no, el cómputo debe hacerse en días hábiles, por lo que la expresión "durante el desarrollo de un proceso electoral" debe entenderse que los actos se encuentran relacionados.
69.   En el vigésimo cuarto concepto, el Congreso local sostiene que acorde con una interpretación pro persona, los promoventes de los medios de impugnación que omitan aportar algún documento para acreditar su personalidad deberán ser prevenidos y, en caso de que no se subsane tal omisión, se procederá desechando de plano.
 
70.   Siendo así, el hecho de que el artículo 25 impugnado señale que la autoridad podrá prevenir a la parte actora, no debe entenderse como una facultad potestativa, sino que la autoridad se encuentra obligada a prevenir a todo aquel que no cumpla con los requisitos susceptibles de subsanarse, por lo que el verbo "podrá" se ocupa dado que no todos los medios de impugnación necesitan requerimientos de este tipo.
71.   En el vigésimo quinto concepto, el Poder Legislativo local aduce que conforme al artículo 116, fracción VI, inciso c), de la Constitución Federal, se prevé la figura de secretario ejecutivo en los organismos públicos electorales locales (OPLES, en adelante). Sin embargo, no se establece forma de designación alguna, ni temporalidad de su encargo, por lo que, conforme a la autonomía de los OPLES, se considera que son éstos, a través del Consejo General, quienes determinen tales aspectos, a fin de respetar la independencia del IEEQ.
72.   Pasando al siguiente punto, relativo a la competencia del Consejo General para designar o ratificar a los titulares de la Secretaría Ejecutiva, de las áreas ejecutivas de dirección y técnicas, y de las consejerías distritales y municipales, considera que asiste libertad configurativa al respecto, por lo que debe interpretarse junto con el artículo quinto transitorio de la LEEQ y la tesis 30/2007, de este Alto Tribunal, que la organización del IEEQ debe ser determinado por los lineamientos interiores, en respeto a su autonomía constitucional.
73.   En lo relativo al quórum legal de las sesiones del Consejo General y el tipo de votación de las mismas, considera que debe aplicarse la tesis 144/2005, de este Tribunal Pleno.
74.   Por último, precisa que el término "ratificación" del artículo 62, fracción VII, de la LEEQ, no especifica el género de la persona que deba ocupar la titularidad de la Secretaría Ejecutiva, por lo que no se deduce violación alguna al principio de paridad de género.
75.   Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. El Poder Ejecutivo local sostuvo la validez de todas las normas impugnadas por MORENA; en esencia, planteó los argumentos que serán resumidos a continuación.
76.   En el primer concepto, considera que, si bien el principio de paridad de género, es aplicable en la designación de los titulares de las secretarías del Poder Ejecutivo local, no se trata de una cuestión de carácter electoral, por lo que no debería estar establecida una disposición en este sentido en la LEEQ. Tratándose del voto de la ciudadanía en el extranjero, considera que el legislador local cuenta con libertad configurativa en ese sentido.
77.   En el segundo concepto, sostiene que la definición de calumnia ya se encontraba establecida en la Ley Electoral de Querétaro abrogada, publicada en dos mil diecisiete, por lo que no existe un acto legislativo novedoso.
78.   En el tercer concepto, argumenta que el accionante parte de una premisa errónea, dado que se debe atender a una interpretación sistemática con el resto de la legislación electoral y la Constitución Federal.
79.   En el cuarto concepto, argumenta que se debe tener en cuenta que la inelegibilidad establecida, parte de la comisión de una falta grave prevista en el artículo 41 de la Constitución Federal; además, la figura de suplente en las candidaturas a presidente municipal, se encuentra dentro del ámbito de libertad configurativa estatal, por lo que, considera válido que, al declararse la inelegibilidad de un candidato a presidente municipal, el resultado debe ser la invalidez de la elección respectiva.
80.   En el quinto concepto, arguye que el artículo 24 de la LEEQ no se refiere a las diputaciones electas por mayoría relativa, sino de representación proporcional, por lo que sí es válido que puedan ser cubiertas por los candidatos del mismo género que sigan en la lista registrada por el partido político. En este sentido, para las diputaciones por mayoría relativa, el artículo 23 prevé la elección extraordinaria en caso de nulidad de las elecciones.
81.   En el sexto concepto, propone que dicho modelo de financiamiento es equitativo y favorece la participación en condiciones de competitividad. Además, se sitúa dentro de la libertad configurativa estatal, donde se buscó la preminencia del financiamiento público, para prevenir que intereses ilegales o ilegítimos influyan en los partidos políticos y las campañas electorales. Sustenta su afirmación, en la tesis 12/2010, de este Alto Tribunal.
82.   En el séptimo concepto, afirma que se trata de una situación excepcional, necesaria de prever, a fin de evitar que no se lleven a cabo las sesiones del Consejo, y poder garantizar la certeza, seguridad y legalidad de los procesos electorales.
 
83.   En el octavo concepto, sostiene que el precepto reclamado no deja sin representación a los partidos o candidaturas independientes, dado que un representante de estos forma parte del Consejo; así, lo que queda sin efectos es la acreditación que hicieron, esto es, únicamente los representantes acreditados para las casillas, ante la falta de candidato en la contienda, más no su representación en el Consejo.
84.   En el noveno concepto, el Poder Ejecutivo arguye que existe libertad configurativa y no causa ninguna afectación al interés público el agregar un supuesto de excepción a la suspensión de la propaganda gubernamental, más aún al tratarse de la seguridad de los habitantes, lo cual es congruente con la tesis 61/2009, de este Tribunal Pleno.
85.   En el décimo concepto, sostiene que la pérdida de la candidatura o la cancelación del registro, no es una sanción desproporcionada, pues busca respetar la equidad en la contienda electoral; además, resulta racional, adecuada y eficaz para quien exceda los topes de gastos de campaña, al haber puesto en desventaja a los demás candidatos que no lo hicieron.
86.   Aunado, arguye que es correcto que el precepto se refiera al periodo de precampañas, pues lo que se sanciona es exceder del cinco por ciento del tope de gastos de campaña de la elección respectiva en la precampaña.
87.   En el décimo primer concepto, argumenta que el establecimiento de los topes de gastos de campaña y su cálculo se sitúa dentro de la libertad configurativa estatal, siendo racional que la campaña para la Gubernatura requiera mayores gastos que aquella para un Ayuntamiento dado el tamaño de población a la que se dirige.
88.   En el décimo segundo concepto, sostiene que la disposición salvaguarda la equidad en la contienda, ya que la publicidad en inmuebles de propiedad privada, generaría inequidad y una ventaja indebida, además de que causaría contaminación visual, violentando el derecho humano a un medio ambiente sano.
89.   En el décimo tercer concepto, considera que se regula válidamente una opción para que los candidatos den a conocer sus propuestas, sin que sea necesario que todos los debates incluyan a todos los candidatos, en atención a los intereses de la sociedad.
90.   En el décimo cuarto concepto, propone que al señalar las "coaliciones" no invade la competencia del Congreso de la Unión para regular dicha cuestión, pues su inclusión se hizo conforme a los parámetros establecidos por el legislador federal.
91.   En el décimo quinto concepto, argumenta que las declaratorias de validez se otorgan en la etapa posterior a la elección, y los requisitos de elegibilidad de las candidaturas se revisan en la etapa de registro, por lo que se trata de momentos procesales diferenciados.
92.   Esto es, si bien pueden no cumplirse los requisitos o dejar de cumplirlos con posterioridad al registro, permanece la posibilidad de su revisión mediante un medio de impugnación.
93.   En el décimo sexto concepto, argumenta que conforme al artículo 160 de LEEQ, las solicitudes de registro de las candidaturas deben salvaguardar una integración paritaria, por lo que no existe necesidad de reiterar dicho principio en cada artículo para que se considere regulado.
94.   En el décimo séptimo concepto, responde que el modelo empleado en la legislación local para la asignación de las diputaciones por el principio de representación proporcional es acorde con la Constitución Federal, garantizando la proporcionalidad y pluralidad en el órgano legislativo.
95.   Aunado, arguye que este precepto no sufrió cambios desde la Ley Electoral de Querétaro expedida en dos mil diecisiete por lo que no constituye un acto legislativo novedoso.
96.   En el décimo octavo concepto, propone que no se transgrede el principio de paridad de género, pues, a su decir, es lógico iniciar con los partidos que tuvieron una menor votación, ya que los que tuvieron una mayor votación tienen mayor probabilidad de que sus fórmulas atiendan a la paridad de género.
97.   En el décimo noveno concepto, señala que el artículo 150 de la LEEQ, establece claramente que se deberá atender al órgano competente, por lo que está abierta la posibilidad de que éste sea el órgano federal al que le corresponda la facultad.
 
98.   En el vigésimo concepto, argumenta que el plazo de treinta y cinco días es necesario para que se impriman las boletas con los elementos legales necesarios, pues no se pueden imprimir más boletas ni sustituirse en cualquier momento, pues se causaría incertidumbre en los votantes; por lo que hace a las planillas para ayuntamientos, considera que forzosamente deben estar completas, de lo contrario, lo correcto es cancelar su registro.
99.   En el vigésimo primer concepto, sostiene que, de no presentarse pruebas, es válido que el Tribunal Electoral local, devuelva el expediente a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del IEEQ, a fin de que practique las diligencias necesarias, incluyendo la adquisición de los medios de prueba necesarios.
100. En el vigésimo segundo concepto, arguye que la suplencia de la queja en los procedimientos de nulidad de votación de casillas o elecciones retrasaría la resolución de los procedimientos, y atentaría contra la certeza de la elección, por lo que las causas de invalidez deben ser señaladas adecuadamente por el accionante de tales medios. Sustenta su afirmación en la jurisprudencia 9/2002 y la tesis XCCCVIII/2002, ambas de la Sala Superior.
101. En el vigésimo tercer concepto, sostiene que no se causa inseguridad jurídica, pues sí se establece de forma clara y precisa cómo se computarán los plazos dentro y fuera del proceso electoral. En todo caso, considera que dicho precepto no fue motivo de reforma, por lo que resulta en un acto consentido.
102. En el vigésimo cuarto concepto, argumenta que se salvaguarda la seguridad y certeza jurídica en el proceso, pues la prosecución judicial en materia electoral requiere cargas procesales a las partes, de ahí que, si se previera de otra forma, se atentaría contra el equilibrio procesal.
103. En el vigésimo quinto concepto, aduce que la norma busca la permanencia de los funcionarios, garantizando la estabilidad en el cargo. Además, considera que no existe afectación al interés público, por el contrario, se garantiza la experiencia y el conocimiento del funcionario encargado.
104. Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dado que la Sala Superior, al presentar su opinión, adoptó una metodología diversa a la utilizada por MORENA, para mayor claridad, se retomará el orden de los conceptos de invalidez, tal como fueron presentados en la demanda. La Sala Superior no formuló opinión alguna por lo que hace a los conceptos décimo quinto, décimo sexto, décimo octavo, ni vigésimo primero a vigésimo cuarto.
CONCEPTO DE
INVALIDEZ
OPINIÓN
PÁGINA
PRIMERO
La previsión del principio de paridad de género en el nombramiento de los titulares de las secretarías de estado del Poder Ejecutivo local, no encuadra en la materia electoral, por lo que no es dable emitir opinión alguna, respecto del artículo 7 de la Constitución de Querétaro.
Respecto de la alternancia de género en las listas para las candidaturas a diputaciones de representación proporcional, son acordes con la reforma constitucional de seis de junio de dos mil diecinueve, pues no se estableció obligación expresa para el constituyente local. Conforme a lo resuelto en la contradicción de tesis 275/2015, las entidades cuentan con libertad para determinar la distribución de diputaciones por cualquiera de los dos principios, así como para establecer las reglas de integración paritaria.
Ahora bien, tratándose del artículo 7, párrafo cuarto, de la LEEQ, el precepto es acorde con los artículos 1, 35, fracción II, 39, 40 y 116, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Federal, ya que no existe obligación de los congresos locales de legislar procedimientos que permitan la emisión del sufragio fuera del territorio de la entidad federativa de que se trate.
4-13
 
SEGUNDO
Los artículos 5, fracción II, inciso c), y 234, segunda parte, de la LEEQ, podrían ser inconstitucionales, pues se omitió prever como elemento del delito de calumnia, el conocimiento sobre la falsedad de los hechos o delitos divulgados, conforme a lo determinado en las acciones de inconstitucionalidad 48/2017; 97/2016; 129/2015 y sus acumuladas 130/2015, 131/2015, 132/2015, 133/2015 y 137/2015.
Por otra parte, es válido que el artículo 5, fracción II, inciso c), de la LEEQ prevea la posibilidad de fincar responsabilidad al partido político por la conducta que desplieguen las personas relacionadas con sus actividades, incluyendo los simpatizantes, dado que al ser entidades de interés público, se consideran como garantes con un deber de vigilancia, aceptando o tolerando tales conductas ilegales, sin perjuicio de la responsabilidad individual.
13-18
TERCERO
Los preceptos impugnados son válidos, conforme al artículo 116, fracción I, último párrafo, de la Constitución Federal y la jurisprudencia 3/2011, de este Tribunal Pleno.
Asimismo, el artículo 171, primer párrafo, fracción III, primer párrafo, de la LEEQ, no resulta inconstitucional, en tanto la constancia de residencia es un requisito adecuado para que las candidaturas acrediten una residencia efectiva en el territorio estatal.
En esa línea, el artículo 14, segundo párrafo, de la LEEQ, es válido conforme a los artículos 35, fracción II, de la Constitución Federal y 23, numeral 1, inciso b), y 2 de la Convención Americana, dado que es posible establecer ciertas restricciones al derecho de ocupar cargos públicos. Así, la necesidad de una residencia efectiva deriva de una interpretación funcional del artículo 36, fracción V, de la Constitución Federal y lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 29/2017 y sus acumuladas.
18-28
CUARTO
El artículo 20, parte final, de la LEEQ, es constitucional, ya que no contemplar la figura de presidente municipal suplente, se sitúa dentro de la libertad configurativa estatal.
Respecto del artículo 98, fracción IV, de la LMIEQ, no es dable emitir opinión especializada, pues no está comprendida en las normas generales que regulan aspectos relativos a los procesos electorales directamente marcados en la Constitución Federal.
28-31
QUINTO
El artículo 23 de la LEEQ, no contraviene la Constitución Federal, al no existir obligación de las legislaturas estatales de implementar un supuesto de elección extraordinaria ante la falta absoluta de las personas que integran la fórmula ganadora de una diputación por el principio de mayoría relativa, solamente estando limitados por lo previsto en la fracción II del artículo 116 constitucional.
El artículo 24 de la LEEQ es inconstitucional, pues transgrede los principios de legalidad y certeza electoral, conforme a lo determinado en la acción de inconstitucionalidad 142/2017.
Finalmente, tratándose de la constitucionalidad de los artículos 23 de la LEEQ y 99, tercer párrafo, de la LMIEQ, los preceptos son válidos en atención al artículo 41, de la Constitución Federal y 78 bis, párrafo 3, de la LGSMIME.
31-41
SEXTO
El artículo 41, penúltimo párrafo, de la LEEQ, es acorde con la Constitución Federal, ya que no existe disposición que obligue a las entidades federativas a regular el financiamiento privado de los partidos políticos en forma alguna, quedando comprendido en la libertad configurativa estatal, pues el único lineamiento constitucional al respecto, establece que deberá prevalecer el financiamiento público respecto del privado.
41-43
 
SÉPTIMO
No asiste razón al promovente, pues la previsión del voto de calidad, el régimen de suplencia para el Consejero Presidente y el quórum extraordinario de las sesiones del Consejo, reguladas en los artículos 66, párrafos primero y octavo, 88, párrafos primero y cuarto, 122, párrafo quinto, y 126, párrafo primero, numeral 1, de la LEEQ, son conformes con los artículos 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal.
Lo anterior, dado que a fin de garantizar la autonomía del IEEQ, se debe evitar cualquier acto que atente contra su funcionamiento, como sería limitar las sesiones del Consejo; además, el voto de calidad, es una atribución que garantiza la funcionalidad del órgano en su toma de decisiones.
43-46
OCTAVO
El artículo 80, párrafo tercero, de la LEEQ, que prevé dejar sin efectos la acreditación, ante los consejos distritales y municipales, de los representantes de los partidos políticos o candidatos independientes que pierdan los registros de sus candidaturas, es contrario al parámetro constitucional sólo por lo que hace a los partidos políticos.
Lo anterior, pues representa una restricción injustificada de los derechos constitucionales de estos actores políticos institucionalizados (artículo 41 de la Constitución Federal) y les impide el cumplimiento de sus fines. Los intereses de los candidatos independientes, por el contrario, sí se limitan a su participación individual.
46-47
NOVENO
En primer lugar, debe declararse infundado el argumento de que el artículo 92, segundo párrafo, de la LEEQ es inconstitucional por no incluir a las autoridades federales dentro de la prohibición de difundir propaganda gubernamental durante las campañas y hasta la culminación de la jornada electoral. Ello es así, porque la ley impugnada prohíbe a las autoridades federales difundir propaganda gubernamental durante las campañas y hasta la conclusión de la jornada electoral en su artículo 100, fracción IV, inciso c).
En segundo lugar, debe calificarse fundado el argumento de que los artículos 92, segundo párrafo, y 100, fracción IV, inciso c), y fracción VIII, de la LEEQ son inconstitucionales. En la acción de inconstitucionalidad 78/2017 y su acumulada 79/2017 este Tribunal Pleno estableció que la regulación de la propaganda gubernamental es una competencia exclusiva del Congreso de la Unión y, en consecuencia, debe concluirse que la entidad federativa era incompetente para emitir estas normas.
Por último, debe calificarse infundado el argumento de que el artículo 92, cuarto párrafo de la LEEQ, es inconstitucional. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 88/2015 y sus acumuladas, este Tribunal Pleno estableció que la distribución de artículos promocionales utilitarios no viola los principios de autenticidad, equidad y legalidad electorales. Además, la distribución de estos artículos no puede considerarse entrega de dádivas o ejercicio de actos de presión al electorado para obtener el voto, pues el artículo segundo transitorio, fracción II, inciso g), del decreto de reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce reconoce la existencia de los artículos promocionales utilitarios y la validez de su distribución.
47-53
DÉCIMO Y
DÉCIMO
PRIMERO
Los artículos 99, párrafo décimo tercero, fracción II, segunda parte, y 102, párrafo tercero, fracciones II y III, parte final de la LEEQ, que se refieren a los límites de gasto en precampaña y campaña, no son contrarios a la Constitución Federal.
En efecto, el artículo 116 constitucional, fracción IV, otorga amplia libertad de configuración a las legislaturas estatales para definir los topes de gasto.
Por lo tanto, los Congresos estatales tienen la facultad soberana para determinar el modelo que defina los límites a los gastos de campaña, mientras se atiendan cabalmente las directrices constitucionales del sistema normativo electoral.
53-57
 
DÉCIMO
SEGUNDO
El artículo 103, párrafo primero, fracción VIII, de la LEEQ, es constitucional, pues bajo una interpretación sistemática de la fracción impugnada con el artículo 103, párrafo primero, fracción II, de la misma, debe concluirse que sí está permitido pintar en propiedad privada siempre que medie permiso escrito del propietario del bien inmueble, por lo que no existe afectación alguna a los derechos a los que hace referencia MORENA.
57-59
DÉCIMO
TERCERO
El artículo 108, párrafo quinto, de la LEEQ no hace una regulación deficiente de los debates no obligatorios de las candidaturas en medios de comunicación, que viole la libertad de expresión o el principio de equidad electoral.
Partiendo de una interpretación armónica y sistemática de la norma impugnada con el resto de los párrafos del mismo artículo obliga a concluir que los debates deben efectuarse en condiciones igualitarias. Además, el artículo 108, párrafo cuarto, indica que el Consejo General debe fijar parámetros mínimos para la celebración de estos debates, los cuales tienen como función logar la observancia de los principios rectores en materia electoral.
Asimismo, el artículo 108, último párrafo, al establecer que la no asistencia de una candidatura invitada al debate no impedirá la realización del mismo, implícitamente obliga a que se inviten a todas las candidaturas. Apoya lo anterior la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas.
Por otro lado, la disposición impugnada no es inconstitucional por hacer únicamente referencia a medios de comunicación locales. Ello es así, porque al resolver la acción de inconstitucionalidad 88/2015, este Tribunal Pleno estableció que una norma de otra entidad federativa que sólo hacía referencia a medios de comunicación locales debía interpretarse de manera conjunta con el artículo 218, numeral 6, de la LGIPE, que hace referencia tanto a medios de comunicación nacionales y como a locales.
Además, indica que, conforme al artículo segundo transitorio del decreto de reforma constitucional publicado el diez de febrero de dos mil catorce, la realización o difusión de debates en radio y televisión no se considerará contratación ilegal de tiempos o propaganda encubierta, salvo que exista prueba en contrario, por lo que la norma impugnada no contraviene los principios de certeza y legalidad electorales.
60-64
DÉCIMO
CUARTO
La norma impugnada podría resultar contraria a la Constitución porque invade la competencia del Congreso de la Unión para regular todo lo relativo a las coaliciones, prevista en el artículo 73, fracción XXIX-U, constitucional y en el segundo transitorio, fracción I, inciso f), del Decreto de reforma de dos mil catorce, tal como resolvió este Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 71/2018 y su acumulada 75/2018.
64-69
 
DÉCIMO
SÉPTIMO
El artículo 128 de la LEEQ, en las porciones normativas impugnadas, es inválido. En primer lugar, según la fórmula de asignación, el valor para la distribución de curules restantes luego de la ronda primigenia de asignación no está depurado, lo cual genera una falta de proporción entre la fuerza electoral efectiva de cada partido y la representatividad legislativa.
Además, la fórmula de asignación contiene elementos equívocos, contrarios a lo que ha resuelto la Suprema Corte en relación con los parámetros constitucionales para determinar los porcentajes de la votación requeridos con el fin de integrar el sistema de asignación por el principio de representación proporcional (artículo 116 de la Constitución Federal) en la acción de inconstitucionalidad 83/2017 y sus acumuladas, así como la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas, para elaborar sobre la definición constitucional de los conceptos de la fórmula de asignación por el principio de representación proporcional.
75-81
DÉCIMO
NOVENO
Es inconstitucional la regulación de la figura de coaliciones, por las mismas razones expresadas en relación con el concepto de invalidez décimo cuarto.
85-86
VIGÉSIMO
Los artículos 206, párrafo quinto y 209, párrafo cuarto de la LEEQ son constitucionales, pues garantizan los principios de legalidad, seguridad jurídica y certeza en campaña. La regulación sobre la sustitución de candidatos queda comprendida dentro de las facultades del legislador local.
En particular, el precepto que impide sustituir a un candidato con motivo de su renuncia dentro de los treinta y cinco días previos a la elección (artículo 206, párrafo quinto de la LEEQ) persigue un fin legítimo y es una medida necesaria para conseguirlo, pues impide sustituciones indebidas. En efecto, las posibles discrepancias entre la boleta impresa y los candidatos efectivamente registrados sólo deben permitirse en los casos excepcionales y eventuales, señalados por el legislador, pero no para causar agravio a los partidos políticos.
85-88
VIGÉSIMO
QUINTO
Los artículos 58, fracción II, 61, fracciones VIII y XXXI, y 62, fracción VII, de la LEEQ son constitucionales.
En primer lugar, no existe un mandato constitucional que prescriba la elección de la titularidad de la Secretaría Ejecutiva de los OPLES cada renovación parcial de consejerías. El artículo 58 de la LEEQ tampoco es contrario a la seguridad jurídica, ya que sí prevé el plazo específico de duración del cargo.
Por otro lado, la determinación sobre la votación necesaria para ratificar al Secretario Ejecutivo se obtiene de una interpretación sistemática de la LEEQ; además, existe libertad configurativa para determinar si ésta debe ser calificada o no.
Finalmente, la figura de la ratificación no contraviene en sí misma el principio de paridad. No hay una medida específica que derive de los transitorios de la reforma constitucional de seis de junio de dos mil diecinueve que resulte aplicable para los titulares de la Secretaría Ejecutiva. Y, en su caso, los integrantes del Consejo General de los OPLES son los encargados de adoptar las medidas necesarias para cumplir con ese imperativo.
93-97
 
105. Opinión del Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República no formuló pedimento alguno.
106. Opinión de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. El Consejero Jurídico del Gobierno Federal no formuló pedimento alguno.
107. Informe del IEEQ. El IEEQ señaló que el Proceso Electoral Local 2020-2021, iniciará entre el dieciséis y el treinta y uno de octubre de dos mil veinte.
108. Informe del INE. El INE, en cumplimiento a lo solicitado por el Ministro Instructor, remitió a este Alto Tribunal, el Estatuto vigente de MORENA, así como las constancias de su registro nacional, del registro del Presidente de su Comité Ejecutivo Nacional, así como la integración de este último.
109. Alegatos. Mediante escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil veinte, el Poder Legislativo local formuló alegatos en la presente acción de inconstitucionalidad.
110. Cierre de instrucción. Visto el estado procesal de los autos, el día treinta y uno de agosto de dos mil veinte de dos mil veinte, con fundamento en el artículo 68, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional, el Ministro instructor dictó auto de cierre de instrucción.
 
II. COMPETENCIA
111. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(3) y Segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013,(4) toda vez que se plantea la posible contradicción entre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por un lado, y diversos artículos contenidos en la Constitución del Estado de Querétaro, la LEEQ y la LMIEQ, por el otro.
III. OPORTUNIDAD
112. El plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que se haya publicado en el correspondiente medio oficial, la norma general o tratado internacional impugnado. En materia electoral todos los días son hábiles, para el cómputo de los plazos.(5)
113. Sin embargo, debe destacarse que en atención a las circunstancias extraordinarias por la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2-COVID-19, el Pleno de esta Suprema Corte aprobó los Acuerdos Generales 3/2020, 6/2020, 7/2020, 10/2020, 12/2020 y 13/2020, a través de los cuales se declararon inhábiles para la Suprema Corte los días comprendidos entre el dieciocho de marzo al quince de julio de dos mil veinte; cancelándose el periodo de receso y prorrogándose la suspensión de plazos entre el dieciséis de julio al dos de agosto de dos mil veinte.
114. En particular, en los Acuerdos 10/2020 y 12/2020, en sus artículos Primero, Segundo, numerales 2 y 3, y Tercero, se prorrogó la suspensión de plazos del primero de junio al treinta de junio y del primero de julio al quince de julio; permitiéndose promover electrónicamente los escritos iniciales de los asuntos de competencia de esta Suprema Corte y ordenándose proseguir, por vía electrónica, el trámite de las acciones de inconstitucionalidad en la que se hubieren impugnado normas electorales. Sin que en ninguno de estos acuerdos se excepcionara de estas declaratorias como días inhábiles el plazo impugnativo que corresponde al ejercicio inicial de una acción de inconstitucionalidad en materia electoral. Más bien, se permitió habilitar días y horas hábiles, pero sólo para acordar los escritos iniciales de las acciones que hubieren sido promovido por las partes.
115. Decisiones plenarias que se complementaron con el Acuerdo General 8/2020, también emitido por el Pleno de esta Suprema Corte, mediante el cual se establecieron las reglas para que regular la integración de los expedientes impreso y electrónico en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad; en concreto, se reguló el uso de la firma electrónica u otros medios para la promoción y consulta de los expedientes de acciones de inconstitucionalidad.
116. Ahora bien, bajo ese contexto normativo, las normas generales impugnadas, se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" No. 46, Tomo CLIII, el primero de junio de dos mil veinte; por lo que, el plazo para su impugnación transcurrió del dos de junio al primero de julio, ambos de dos mil veinte.
117. En el caso, MORENA presentó su escrito de demanda ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, a través del Sistema Electrónico, el veintiocho de junio de dos mil veinte. Por tanto, cabe concluir que su presentación resulta oportuna. Sin que sea obstáculo que tales demandas se hayan planteado dentro del ámbito temporal declarado como inhábil por la Corte; ello, toda vez que dicha declaratoria no privó a los entes legitimados constitucionalmente de su acción para cuestionar la validez de normas generales a pesar de que no corrieran los plazos, como incluso se regula en los referidos acuerdos generales.
118. Ahora bien, el Poder Legislativo local, en general respecto de la LEEQ, y el Poder Ejecutivo local, específicamente respecto de los artículos 5, fracción II, inciso c), 128 y 234, segunda parte, de la LEEQ y 24 de la LMIEQ, plantearon que no se actualiza un nuevo acto legislativo, dado que su contenido guarda estrecha relación o identidad con el texto previo a la reforma legal, lo que resultaría en una actualización de la causal prevista en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria en la materia.(6)
119. Esta Suprema Corte considera que el argumento es infundado, pues, en el caso, se actualiza un nuevo acto legislativo para todos los efectos procesales. Lo anterior, dado que todos los artículos reclamados son normas generales y fueron emitidos a partir de decretos que expidieron la totalidad de las legislaciones correspondientes, y conforme a sus preceptos segundo transitorio, respectivamente,(7) abrogaron la Ley Electoral del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial de la entidad federativa el primero de junio de dos mil diecisiete y la Ley de Medios de
Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial local el veinte de diciembre de dos mil ocho.
120. Es decir, tanto la LEEQ, como la LMIEQ, publicadas el primero de junio de dos mil veinte, en el Periódico Oficial de la entidad, deben categorizarse en su totalidad como un diverso acto legislativo que da pie a la presentación de una acción de inconstitucionalidad, al haberse dado un cambio de las disposiciones legales con motivo de la emisión de toda una nueva normatividad que abroga la anterior.(8) De ahí que no asista razón a los Poderes Ejecutivo y Legislativo locales.
IV. LEGITIMACIÓN
121. Los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, último párrafo, de la Ley Reglamentaria en la materia,(9) disponen que los partidos políticos con registro podrán ejercer la acción de inconstitucionalidad, para lo cual se deben satisfacer los siguientes extremos:
a.   Que el partido político cuente con registro ante la autoridad electoral correspondiente;
b.   Que se promueva por conducto de su dirigencia (nacional o local, según sea el caso);
c.    Que quien suscriba a nombre y en representación del partido político cuente con las facultades para ello; y
d.   Que las normas cuya invalidez soliciten deben ser de naturaleza electoral.
122. En este sentido, MORENA es un Partido Político Nacional con registro ante el INE, y el Presidente de su Comité Ejecutivo Nacional es Alfonso Ramírez Cuellar, según consta en las certificaciones expedidas por la Directora del Secretariado del INE.
123. Bajo esta línea, el artículo 38, inciso a), de los Estatutos vigentes de MORENA, prevén que el Presidente de su Comité Ejecutivo Nacional será su representante legal.(10)
124. En el caso, se advierte que la acción fue hecha valer por parte legitimada, toda vez que se trata de un partido político con registro acreditado ante las autoridades electorales correspondientes, a través de su dirigencia nacional, y la demanda presentada fue suscrita por quien cuenta con la facultad para representarlos legalmente en términos de los estatutos que lo rigen.
125. Ahora bien, como se mencionó, los partidos políticos solamente pueden promover acción de inconstitucionalidad cuando las normas que pretendan impugnar tengan una naturaleza electoral, de no ser así, carecerían de legitimación para el presente medio de control constitucional.
126. Al respecto, esta Suprema Corte, ha establecido que el término "leyes electorales", para estos efectos, debe distinguir entre cuestiones relacionadas directamente con los procesos electorales, de aquéllas relacionadas de manera indirecta, todas susceptibles de ser sometidas a examen de constitucionalidad por los partidos políticos.(11)
127. Dentro de las relacionadas directamente se han establecido: 1) las reglas que establecen el régimen normativo de los procesos electorales; y 2) los principios para la elección de determinados servidores públicos.
128. Por otra parte, como cuestiones relacionadas indirectamente, se han establecido las reglas sobre: 1) distritación y redistritación; 2) la creación de órganos administrativos para fines electorales; 3) la organización de las elecciones; 4) el financiamiento público; 5) la comunicación social de los partidos políticos; 6) los límites de las erogaciones y montos máximos de aportaciones en materia de financiamiento partidario; 7) los delitos y faltas administrativas de carácter electoral y sus sanciones; y 8) la integración de los órganos jurisdiccionales electorales.
129. De este modo, es posible distinguir un ámbito electoral para efectos de la procedencia, considerando como no electoral para tales efectos todo aquello que no se encuentre dentro de dicha esfera, es decir, aquello que no se relaciona directa ni indirectamente con los procesos electorales. Importante resulta no perder de vista que esta división de la materia electoral se hace con la única finalidad de determinar la procedencia de la acción de inconstitucionalidad cuando es intentada por partidos políticos.
130. Siendo así, de una lectura integral de las normas impugnadas, este Alto Tribunal, advierte que, prima facie, todas ellas están relacionadas directa o indirectamente con la materia electoral, conforme al estándar mencionado.
131. Independientemente de que algunos de los ordenamientos que contienen las normas impugnadas, tal como la LEEQ o la LMIEQ, por sí mismos, aludan a la materia electoral; lo cierto es que los
artículos impugnados sí versan sobre los temas mencionados con anterioridad y que este Pleno ha considerado procedentes.
132. Se afirma lo anterior porque las normas combatidas se refieren a temas como: a) el principio de paridad de género y el voto de los ciudadanos residentes en el extranjero; b) el delito electoral de calumnia; c) los requisitos de elegibilidad para ser Gobernador; d) la figura de suplente del Presidente Municipal y las causas de nulidad de las elecciones municipales; e) los supuestos de convocatoria a elecciones extraordinarias y la imposibilidad de participar de los partidos o candidatos sancionados; f) la prohibición de recibir financiamiento privado; g) las reglas procesales de los consejos del IEEQ; h) la acreditación de los representantes de partidos políticos en los órganos que conozcan de las elecciones; i) la regulación de la propaganda gubernamental durante la veda electoral; j) los gastos permitidos durante la campaña y la precampaña para diversos cargos; k) la regulación de propaganda electoral en propiedad privada; l) la regulación de los debates no obligatorios; m) la regulación de coaliciones, candidaturas comunes y producción de materiales electorales; n) las declaraciones de validez de las elecciones y los supuestos de inelegibilidad; ñ) la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional; o) la sustitución de candidaturas y cancelación de registros de las planillas para Ayuntamiento; p) las reglas procesales en los procedimientos sancionadores o medios de impugnación electoral correspondientes; q) los juicios de nulidad de votación de casillas o elecciones, sus etapas procesales; y, r) la duración del encargo, el proceso de remoción y la ratificación del titular de la Secretaría Ejecutiva del IEEQ.
133. Por tanto, MORENA sí tiene legitimación para impugnar mediante esta vía las normas señaladas, dada la naturaleza electoral de las mismas, para efectos de la procedencia en este medio de control.
134. En consecuencia, al haberse acreditado los requisitos previstos en el artículo 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal, y 62, último párrafo, de la Ley Reglamentaria, debe concluirse que la presente acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada para ello.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
135. Al rendir su informe, el Poder Legislativo local planteó la actualización de diversas causas de improcedencia. Del análisis de los argumentos vertidos, este Alto Tribunal advierte que se hacen valer cuatro causas diferentes (una de ellas analizada previamente en el apartado de oportunidad, misma que coincide con la única causa de improcedencia planteada por el Poder Ejecutivo local).
136. En primer lugar, el Poder Legislativo local plantea la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción I, de la Ley Reglamentaria en la materia,(12) toda vez que, desde su perspectiva, esta acción se interpone contra decisiones de esta Suprema Corte, ya que los temas impugnados fueron motivo de un pronunciamiento al resolver la acción de inconstitucionalidad 52/2017.
137. Este Tribunal Pleno considera que la causa invocada es infundada, dado que MORENA no impugna una decisión de esta Suprema Corte, sino la validez de diversas normas generales emitidas por los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Querétaro.
138. En este sentido, inclusive si la acción de inconstitucionalidad 52/2017 versara sobre algunas normas similares a las que se impugnan en la presente, lo cierto es que MORENA no controvierte la validez de la decisión emitida por este Alto Tribunal, sino la validez de una norma similar que, en todo caso, habría sido motivo de un pronunciamiento previo. Por tanto, es claro que no asiste razón al Poder Legislativo.
139. En segundo lugar, la legislatura local hace valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción IV, de la Ley Reglamentaria,(13) pues considera que las normas generales reclamadas en la presente acción, ya fueron motivo de pronunciamiento de esta Suprema Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 52/2017.
140. Al respecto, cabe señalar que, la acción de inconstitucionalidad 52/2017, fue resuelta por el Pleno de esta Suprema Corte el veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, en dicho caso, el Partido del Trabajo planteó la inconstitucionalidad del artículo 103, fracción VII,(14) de la entonces vigente Ley Electoral del Estado de Querétaro.(15)
141. En contraste, el presente caso se promueve por el Partido Político Morena, reclamando la invalidez de una multiplicidad de preceptos contenidos en la Constitución de Querétaro, la LMIEQ, y la LEEQ vigente.
142. Consecuentemente, se concluye que no se actualizan los requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 19, de la Ley Reglamentaria, pues ninguna de las normas generales impugnadas en la presente fueron materia de pronunciamiento en la acción de inconstitucionalidad 52/2017. Por tanto,
este Alto Tribunal considera infundado el argumento planteado.
143. En tercer lugar, el Poder Legislativo local considera que se actualiza la causa prevista en el artículo 19, fracción II, de la Ley Reglamentaria,(16) toda vez que la acción es improcedente contra normas generales en materia electoral.
144. Ahora bien, en el caso, es cierto que se impugnan normas generales en materia electoral, sin embargo, tal y como se señaló con anterioridad, la Constitución Federal legitima a los partidos políticos para reclamar este tipo de normas, e inclusive la misma Ley Reglamentaria exceptúa la aplicación de tal causa tratándose de acciones de inconstitucionalidad.
145. El artículo 19 de la Ley Reglamentaria se encuentra dentro del Título II, relativo a las controversias constitucionales, su aplicación para acciones de inconstitucionalidad, parte de lo dispuesto por el artículo 59,(17) que prevé aplicable a este medio de control, en todo lo no previsto, las disposiciones del título relativo a las controversias. De ahí que en un primer momento pareciera aplicable.
146. Sin embargo, el artículo 65,(18) prevé que en las acciones de inconstitucionalidad, se podrán aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19, con excepción de su fracción II, respecto de leyes electorales, entre otras. Esto es, las causales de improcedencia previstas para las controversias no deben aplicarse a las acciones de inconstitucionalidad en términos textuales.(19)
147. Así, lo que el Poder Legislativo pierde de vista es que, la improcedencia contra normas generales en materia electoral, no podría ser aplicable al caso de las acciones de inconstitucionalidad derivadas del artículo 105, fracción II, inciso f) de la Constitución, pues el mismo legitima a los partidos políticos específicamente para promover acciones en contra de leyes electorales, no de otras materias.
148. Esto es, si bien el artículo 19 de la Ley Reglamentaria es, en lo general, aplicable a las acciones de inconstitucionalidad, lo cierto, es que tanto la Constitución, como la Ley Reglamentaria, prevén diversos supuestos de excepción, uno de ellos aplicable en este caso. En consecuencia, el argumento planteado por el Congreso local, debe declararse infundado.
149. En consecuencia, todas las causas de improcedencia planteadas son infundadas y, al no haberse planteado alguna otra, ni advertirse por parte de esta Suprema Corte alguna de oficio, procede estudiar la cuestión planteada.
VI. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS
150. De conformidad con los artículos 41, fracción I, y 71 de la Ley Reglamentaria de la materia,(20) por un lado, se deberá precisar las normas generales objeto del presente medio de control; por otro, este Alto Tribunal debe corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos impugnados en la demanda.
151. Para mayor claridad, y derivado de un análisis integral del escrito de demanda presentado por MORENA, se precisarán las normas efectivamente impugnadas en cada concepto de invalidez.
152.  Es importante notar que, en el desarrollo de cada concepto de invalidez, la promovente transcribe los artículos impugnados, señalando en ocasiones que "subraya la parte cuya invalidez se demanda". En atención a lo anterior, y sólo en aquellos casos donde los conceptos de invalidez controvierten efectivamente la parte que MORENA destaca con énfasis, se tienen por impugnadas porciones normativas específicas.
Concepto
Artículos señalados como
impugnados en la demanda
Precisión de las normas
PRIMERO
-     7 de la Constitución de Querétaro; y
-     7, párrafo cuarto, de la LEEQ.
-     7 de la Constitución de Querétaro; y
-     7, párrafo cuarto, en la porción normativa "y las determinaciones que para tal efecto emita el Instituto.", de la LEEQ.
SEGUNDO
-     5, fracción II, inciso c), y 234, segunda parte, de la LEEQ.
-     5, fracción II, inciso c); y 234, en la porción normativa "Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral.", de la LEEQ.
TERCERO
-     14, párrafos primero, fracción III, y segundo, y 171, primer párrafo, fracción III, primer párrafo, de la LEEQ.
-     14, fracción III, en su porción normativa "y para el caso de la Gubernatura", y párrafo segundo; y 171, fracción III, de la LEEQ.
 
CUARTO
-     20, parte final, de la LEEQ; y
-     98, fracción IV, de la LMIEQ.
-     20, última oración, de la LEEQ; y
-     98, fracción IV, de la LMIEQ.
QUINTO
-     23, párrafos primero y cuarto, y 24 de la LEEQ; y
-     99, tercer párrafo, en su porción normativa final, de la LMIEQ.
-     23, párrafos primero y último, en la porción normativa "candidatura"; y 24, en la porción normativa "diputaciones y", de la LEEQ; y
-     99, tercer párrafo, en la porción normativa "pero el partido correspondiente sí podrá postular una nueva candidatura o un nuevo candidato", de la LMIEQ.
SEXTO
-     41, penúltimo párrafo, de la LEEQ.
-     41, penúltimo párrafo, de la LEEQ.
SÉPTIMO
-     66, párrafos primero y octavo; 88, párrafos primero y cuarto; 122, párrafo quinto; y 126, párrafo primero, numeral 1, de la LEEQ.
-     66, párrafos primero, en la porción normativa "con las y los integrantes que asistan", y octavo, en las porciones normativas "simple" y "en caso de empate, será de calidad el voto del Consejero Presidente"; 88, párrafos primero, en la porción normativa "con quienes asistan", y cuarto, en la porción normativa "teniendo la persona titular de la Presidencia voto de calidad en caso de empate"; 122, párrafo quinto, en la porción normativa "con las y los integrantes presentes"; y 126, párrafo primero, numeral 1, en la porción normativa "con la integración presente", todos de la LEEQ.
OCTAVO
-     80, párrafo tercero, de la LEEQ.
-     80, párrafo tercero, de la LEEQ.
NOVENO
-     92, párrafos segundo y cuarto, 99, párrafo tercero, parte inicial, 100, párrafo primero, fracciones IV, inciso b), primera parte, y VIII, de la LEEQ.
-     92, párrafos segundo y cuarto, en la porción normativa "contengan imágenes, signos, emblemas o expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del partido político, coalición o candidatura que lo distribuye. Estos artículos"; 99, párrafo tercero, en la porción normativa "Durante la precampaña está prohibido el otorgamiento de artículos promocionales utilitarios"; 100, fracciones IV, inciso c), en la primera oración, y VIII, de la LEEQ.
DÉCIMO
-     99, párrafo décimo tercero, fracción II, en su segunda parte, de la LEEQ.
-     99, párrafo décimo tercero, fracción II, en la segunda oración, que dispone: "La persona precandidata que rebase el tope de gastos de campaña establecido será sancionada con la cancelación de su registro o, en su caso, con la pérdida de la candidatura que haya obtenido.", de la LEEQ.
DÉCIMO
PRIMERO
-     102, párrafo tercero, fracciones II y III, en su parte final, de la LEEQ.
-     102, párrafo tercero, fracciones II y III, en la porción normativa "sumándole la mitad del monto resultante en cada uno de ellos; el resultado será el tope de gastos de campaña para el municipio respectivo", de la LEEQ.
DÉCIMO
SEGUNDO
-     103, párrafo primero, fracción VIII, de la LEEQ.
-     103, párrafo primero, fracción VIII, en la porción normativa "privada o", de la LEEQ.
DÉCIMO
TERCERO
-     108, párrafo quinto, de la LEEQ.
-     108, párrafo quinto, de la LEEQ.
 
DÉCIMO
CUARTO
-     109, fracción VI, de la LEEQ.
-     109, fracción VI, de la LEEQ.
DÉCIMO
QUINTO
-     116, fracciones, I, inciso f), II, incisos d) y f), y III, inciso b), y 126, numeral 2, fracción I, inciso c), de la LEEQ.
-     116, fracciones, I, inciso f), II, incisos d) y f), y III, incisos b) y c); y 126, numeral 2, fracción I, incisos c) y d), de la LEEQ.
DÉCIMO SEXTO
-     34, fracción XI, 127, párrafos tercero, fracción I, y quinto, 128, párrafo tercero, 160, primer párrafo, 162, primer párrafo, 165 y 168, apartado A, fracción III, inciso a), de la LEEQ.
-     34, fracción XI; 127, párrafos tercero, fracción I, y quinto; 160, primer párrafo; 162, primer párrafo; 165 y 168, apartado A, fracción III, inciso a), de la LEEQ.
DÉCIMO
SÉPTIMO
-     128, párrafos tercero, sexto y octavo, de la LEEQ.
-     128 de la LEEQ.
DÉCIMO
OCTAVO
-     130, párrafo segundo, de la LEEQ.
-     130, párrafo segundo, en la porción normativa "empezando por el partido político con menor porcentaje de votación emitida. Existe paridad en la conformación cuando en la integración del órgano de representación popular los géneros se encuentran representados con el porcentaje más cercano posible al cincuenta por ciento del total de los espacios disponibles.", de la LEEQ.
DÉCIMO
NOVENO
-     150, de la LEEQ.
-     150, en las porciones normativas "y coaliciones" y "local y nacional", de la LEEQ.
VIGÉSIMO
-     206, párrafo quinto, y 209, párrafo cuarto, de la LEEQ.
-     206, párrafo quinto, y 209, párrafo cuarto, de la LEEQ.
VIGÉSIMO
PRIMERO
-     227, primer párrafo, fracción I, inciso f), y 237, fracción VI, de la LEEQ; y
-     25, fracción IX, de la LMIEQ.
-     227, fracción I, inciso f); y 237, fracción VI, de la LEEQ, ambos en sus idénticas porciones normativas "habiéndose solicitado oportunamente al órgano competente no le fueron entregadas, a fin de que acreditado lo anterior"; y
-     25, fracción IX, en la porción normativa "señalando, en su caso, la imposibilidad de exhibir las que hubiera solicitado en tiempo y no le fueron entregadas, debiendo acreditar que las pidió oportunamente por escrito al órgano o autoridad competente.", de la LMIEQ.
VIGÉSIMO
SEGUNDO
-     7, párrafo tercero, y 61, fracción III, de la LMIEQ.
-     7, párrafo tercero; y 61, fracción III, de la LMIEQ.
VIGÉSIMO
TERCERO
-     24 de la LMIEQ.
-     24, en la porción normativa "contados a partir del momento en que surta sus efectos la notificación o se tenga conocimiento del acto o resolución recurrida", de la LMIEQ.
VIGÉSIMO
CUARTO
-     25, segundo párrafo, y 29, primer párrafo, fracción I, de la LMIEQ.
-     25, segundo párrafo; y 29, fracción I, en la porción normativa "y V", de la LMIEQ.
VIGÉSIMO
QUINTO
-     58, fracción II, 61, fracciones VIII y XXXI, y 62, fracción VII, de la LEEQ.
-     58, fracción II, en la porción normativa "que durará en su encargo hasta en tanto no se renueven la totalidad de las consejerías que lo nombraron"; 61, fracciones VIII y XXXI; y 62, fracción VII, de la LEEQ.
 
VII. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
153. A continuación, se abordarán los conceptos de invalidez formulados por el partido político promovente, de acuerdo con los temas que se advirtieron del análisis integral de la demanda.(21)
       TEMA 1. PARIDAD DE GÉNERO
154. En este apartado se analizan los conceptos de invalidez que hizo valer el partido político promovente en relación con el principio de paridad de género contenido en el artículo 41, fracción I, de la Constitución Federal, así como con las obligaciones derivadas de los artículos transitorios tercero y cuarto del "Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad entre Géneros" publicado el seis de junio de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación.
155. En los conceptos de invalidez primero y décimo sexto, (22) MORENA señala que los artículos 7 de la Constitución local,(23) así como los artículos 34, fracción XI,(24) 127, párrafos tercero, fracción I, y quinto,(25) 160, párrafo primero,(26) 162, párrafo primero,(27) 165(28) y 168, apartado A, fracción III, inciso a),(29) de la LEEQ, omiten garantizar el principio de paridad.
156. Desde la perspectiva del partido actor, a pesar de la existencia de medidas para garantizar la paridad en las normas locales, el legislador queretano incumplió el deber jurídico de adecuar su marco normativo interno a las obligaciones de paridad que se desprenden del artículo 41 constitucional, en términos de lo previsto por los artículos tercero y cuarto transitorio del Decreto publicado el seis de junio de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación.
157. En primer lugar, señala que la Constitución local no desarrolla las bases del principio de paridad. Argumenta que las bases deben estar establecidas en la Constitución local, porque la Constitución Federal establece en su artículo 116, párrafo segundo, que "los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos."
158. En segundo lugar, alega que los artículos impugnados omiten establecer las formas y modalidades que correspondan para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal, sus equivalentes en las entidades federativas y los organismos autónomos, así como medios de defensa del principio paritario en estos nombramientos.
159. En tercer lugar, sostiene que los artículos no prevén la obligación de que los partidos alternen en cada periodo electivo los géneros de las personas que encabezan la lista primaria de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional, como se exige para los diputados y senadores del Congreso de la Unión en los artículos 53, párrafo segundo, y 56, párrafo segundo, de la Constitución Federal; ni la obligación del IEEQ de verificar esta obligación de alternancia al asignar las diputaciones por representación proporcional.
160. Estrechamente relacionado con los argumentos anteriores, en el concepto de invalidez décimo octavo,(30) también solicita que se declare la invalidez del artículo 130, párrafo segundo, de la LEEQ(31) en la porción que dispone "empezando por el partido político con menor porcentaje de votación emitida. Existe paridad en la conformación cuando en la integración del órgano de representación popular los géneros se encuentran representados con el porcentaje más cercano posible al cincuenta por ciento del total de los espacios disponibles." El artículo en cuestión establece el mecanismo a través del cual el IEEQ podrá hacer las sustituciones de fórmulas de diputaciones por el principio de representación proporcional, para garantizar la integración paritaria de la legislatura local.
161. Desde el punto de vista del partido actor, las sustituciones de fórmulas deberían comenzar por las listas de diputaciones por el principio de representación proporcional de los partidos políticos que no hayan observado el principio de paridad de género, no sólo en la postulación, sino también en la integración de la legislatura estatal por no contar con un número equivalente de diputadas y diputados en la legislatura estatal. Según se desprende de la demanda, MORENA considera que los partidos que incumplen la paridad en la integración son los que postulan a candidatos hombres en sus primeros lugares de la lista de diputaciones por el principio de representación proporcional en periodos electivos consecutivos, en vez de seguir una regla de alternancia del género que encabeza esta lista cada periodo electivo.
162. En esa misma línea, también argumenta que solamente deberían sustituirse fórmulas de los partidos que hayan alcanzado más de una curul por el principio de representación proporcional, más no en aquellos que solamente hayan conseguido la curul en la modalidad de asignación directa por obtener el porcentaje mínimo de la votación válida.
163. Como una precisión previa al comienzo del estudio del concepto de invalidez, es pertinente recordar
que este Tribunal Pleno ha determinado que la acción de inconstitucionalidad no es procedente en contra de omisiones legislativas absolutas, pues la promulgación y publicación de una norma es un presupuesto indispensable para la procedencia de la acción. Sin embargo, sí resulta procedente para analizar omisiones legislativas relativas, es decir, el cumplimiento parcial de una obligación de legislar derivado de que, si bien se emitieron normas para cumplir con ésta, ellas no la cumplen adecuadamente al prever una regulación deficiente.(32)
164. En ese orden de estudio, este Tribunal Pleno debe analizar si existe una omisión relativa en una competencia de ejercicio obligatorio. Para ello, es necesario analizar: i) si del Decreto de reforma constitucional en materia político electoral publicado el seis de junio de dos mil diecinueve se desprende una obligación de legislar para las entidades federativas, ii) si tenían un plazo para realizar tales ajustes a su orden jurídico interno y iii) si se incumplió, desde un punto de vista material, con la obligación de adecuar su marco normativo interno al mandato constitucional de paridad.
165. Para contestar los anteriores cuestionamientos, resulta necesario exponer brevemente el contenido de esta reforma constitucional. En ella se hicieron, medularmente, las siguientes modificaciones a la Constitución Federal:
-     Se estableció que la elección de los representantes indígenas ante los ayuntamientos debe observar el principio de paridad de género, conforme a las normas aplicables.(33)
-     Se especificó que el derecho a la ciudadanía a ser votada a todos los cargos de elección popular debe ser en condiciones de paridad.(34)
-     Se estableció que la ley deberá establecer las formas y modalidades que correspondan para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y las equivalentes de las entidades federativas, así como los organismos autónomos.(35)
-     Se previó que, en la postulación de sus candidaturas, los partidos políticos deberán observar el principio de paridad de género.(36)
-     Se incluyó dentro de los fines de los partidos políticos el fomento de la paridad de género.(37)
-     Se estableció que las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género son en relación con "las candidaturas a los distintos cargos de elección popular", no sólo en relación con las candidaturas a legisladores federales o locales, como se señalaba antes de la reforma.(38)
-     Se determinó que las listas para la elección de diputaciones y senadurías del Congreso de la Unión por el principio de representación proporcional deberán estar conformadas de acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre hombres y mujeres cada periodo electivo.(39)
-     Se previó que la ley debe establecer la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género.(40)
-     Se realizaron modificaciones a diversos artículos constitucionales para que estén redactados con lenguaje incluyente, eliminando estereotipos de género y visibilizando a las mujeres en la integración y conformación de órganos del Estado.(41)
166. A su vez, en los artículos tercero y cuarto transitorios del Decreto de reforma constitucional en materia político electoral publicado el seis de junio de dos mil diecinueve se estableció lo siguiente:
TERCERO. - La observancia del principio de paridad de género a que se refiere el artículo 41, será aplicable a quiénes tomen posesión de su encargo, a partir del proceso electoral federal o local siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, según corresponda.
Por lo que hace a las autoridades que no se renuevan mediante procesos electorales, su integración y designación habrá de realizarse de manera progresiva a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que correspondan, de conformidad con la ley.
CUARTO.- Las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán realizar las reformas correspondientes en su legislación, para procurar la observancia del principio de paridad de género en los términos del artículo 41.
167. El artículo cuarto transitorio transcrito establece que las legislaturas de las entidades federativas tienen la obligación de ajustar su orden jurídico interno a los mandatos de paridad previstos en el
artículo 41 de la Constitución Federal. Por su parte, el artículo tercero transitorio prevé que las exigencias del principio de paridad del artículo 41 constitucional deben ser aplicables a las personas que tomen posesión de cargos de elección popular en el proceso electoral federal o local siguiente a la entrada en vigor de la reforma constitucional.
168. De lo anterior se infiere que las adecuaciones que deben hacer las entidades federativas para que se observe el principio de paridad respecto de cargos de elección popular locales deben realizarse dentro de un plazo que permita su aplicación a lo largo del próximo proceso electoral local en los que los candidatos a estos cargos serán postulados y elegidos. Conforme al artículo 105 fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, las leyes electorales federales y locales deben promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en el que vayan a aplicarse, para cumplir con el principio de certeza electoral.
169. En el caso de Querétaro, el proceso electoral siguiente más próximo a la entrada en vigor de la citada reforma es el proceso electoral local que comienza entre el dieciséis y el treinta y uno de octubre de este año.(42) En consecuencia, la legislatura local debía realizar las adecuaciones necesarias a más tardar noventa días antes de la primera de estas fechas, es decir, el diecinueve de julio de este año. Dado que las normas impugnadas fueron publicadas en el periódico oficial del Estado el uno de junio de este año, debe concluirse que el Congreso local las emitió dentro del plazo otorgado por el constituyente para adecuar sus leyes al contenido del artículo 41 constitucional, y que al día en que se resuelve la presente acción de inconstitucionalidad, el plazo ha fenecido.
170. El siguiente paso es verificar si existe una omisión relativa del Congreso local en la competencia de ejercicio obligatorio descrita en el párrafo anterior. Para ello, es necesario contrastar las diversas normas de la LEEQ que tienen por objeto garantizar el principio de paridad de género, con las obligaciones de paridad de género contenidas en el artículo 41 constitucional. La porción relevante de la norma en cuestión dispone lo siguiente:
Art. 41.- [...]
La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio.
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género.
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. [...]
171. Como se mencionó anteriormente, las modificaciones al artículo 41 de la Constitución Federal consistieron medularmente en i) prever que la ley deberá establecer las formas y modalidades para que los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y las equivalentes de las entidades federativas, así como la integración de los organismos autónomos, observen el principio de paridad de género, ii) establecer la obligación de los partidos políticos de observar el principio de paridad de género en todas las postulaciones a cargos de elección popular y iii) estipular que las leyes electorales deben prever reglas para garantizar la paridad de género en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular, y no exclusivamente en las relativas a legisladores federales o locales, como se señalaba antes de la reforma.
172. En relación con la primera modificación (i), MORENA argumenta que la regulación de la paridad de
género en la LEEQ es deficiente, dado que omite prever las formas y modalidades para que los nombramientos de las personas titulares de las secretarías y los organismos autónomos locales observen este principio. Este Tribunal Pleno considera que el planteamiento es infundado.
173. Asiste razón a MORENA cuando considera que la reforma constitucional de seis de junio de dos mil diecinueve fue en gran medida electoral. Sin embargo, la obligación que prevé el artículo 41, segundo párrafo, de la Constitución Federal de establecer las formas y modalidades para que los nombramientos de titulares de secretarías y organismos autónomos observen el principio de paridad no corresponde a esta materia, pues estos nombramientos no están sujetos a la elección popular.
174. Los procesos de nombramiento de estos titulares corresponden a una cuestión orgánica ajena a los procesos electorales y, por lo mismo, no tienen por qué estar regulados en las disposiciones electorales que impugna, al exceder su objeto. Así, el hecho de que los artículos específicos de la LEEQ que impugna el partido político no previeran las formas y modalidades para garantizar la paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías y organismos autónomos locales no evidenciaría, por sí solo, una regulación deficiente que obligue a declarar su inconstitucionalidad.
175. No pasa inadvertido que recientemente, al resolver la acción de inconstitucionalidad 140/2020 y su acumulada 145/2020 en sesión pública de siete de septiembre de dos mil veinte, este Tribunal Pleno resolvió un planteamiento relacionado con el antes relatado. Sin embargo, a diferencia de aquel asunto, en la presente acción de inconstitucionalidad, MORENA no se inconformó por la integración del IEEQ, ni por la falta de mecanismos para garantizar la paridad en su interior, tampoco lo hizo por la "deficiente regulación del concepto de paridad de género" (énfasis añadido). Lejos de ello, planteó una omisión genérica de prever formas para garantizar la paridad en las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo y en la integración de los organismos autónomos. Por otro lado, en la acción de inconstitucionalidad antes referida, el planteamiento se centraba en la invalidez del artículo que definía el concepto mismo de paridad y cuya redacción, sin una interpretación conforme, podía interpretarse como agotándose en la garantía de asignación paritaria de candidaturas.(43) De los artículos impugnados de la LEEQ, no se advierte una definición genérica que pudiera prestarse a esa interpretación;(44) por lo anterior, se considera que no podría llegarse, en suplencia de la queja, a una interpretación conforme como la alcanzada en aquel precedente, pues en todo caso, ante la ausencia de definición, sería directamente aplicable la prevista por la LGIPE.(45)
176. Ahora bien, en lo que se refiere al cumplimiento del principio de paridad de género en relación con cargos de elección popular, en la interpretación del texto anterior del artículo 41 constitucional, este Tribunal Pleno ya había hecho una interpretación extensiva y había establecido que el mandato de paridad de género en el ámbito local era aplicable no solamente al Poder Legislativo de las entidades, sino también a los ayuntamientos, en tanto que su naturaleza plural y de órgano de representación popular lo permitía.(46)
177. Así, en una línea de precedentes, esta Suprema Corte ha dotado de contenido la paridad de género y ha establecido el contenido mínimo de las obligaciones que imponen a las entidades federativas en las elecciones a diputaciones locales y ayuntamientos, tomando como referencia en buena medida las obligaciones establecidas en la LGIPE que, por mandato del artículo segundo transitorio, fracción II, inciso h), del decreto de reformas a la Constitución Federal publicado el diez de febrero de dos mil catorce, debía establecer las reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales.(47)
178. Debe destacarse, asimismo, que este Tribunal Pleno recientemente interpretó que el principio constitucional de paridad de género no se agota en el registro o postulación de candidaturas antes de la jornada electoral, sino que trasciende a la integración de los órganos. Por ende, se determinó que obliga a las entidades federativas a contemplar medidas en la asignación de diputaciones de representación proporcional que favorezcan la integración paritaria de los congresos locales, las cuales necesariamente deben ser respetuosas del resto de los principios constitucionales aplicables.(48)
179. Así, es preciso mencionar que, en su gran mayoría, los precedentes de este Alto Tribunal no han perdido su aplicabilidad en lo referente a este principio. Sin embargo, deberá delimitarse en cada caso las conclusiones que ya han perdido fuerza vinculante dado el nuevo texto constitucional, o bien, que necesiten ser moduladas.
180. Algunas de las consideraciones relevantes que han sido reiteradas en diversas oportunidades y que se mantienen vigentes como premisas normativas, al no haberse visto afectadas por el texto constitucional actual, son las relativas a la libertad configurativa de las entidades federativas en el diseño de las reglas y medidas específicas para cumplir con el mandato de paridad de género, así como las relativas a que no existe una reserva de fuente para cumplir con este mandato.
 
181. Es decir, si bien las entidades federativas están obligadas a garantizar el principio de paridad de género el cual, como ya se mencionó, no se agota en las reglas de postulación, sino que debe trascender a la integración de los órganos, tienen competencia para establecer el diseño de los mecanismos y reglas específicos para garantizar su cumplimiento en su régimen interno, sin tener que replicar las reglas y mecanismos específicos establecidos en las disposiciones aplicables para las elecciones federales y lo pueden hacer tanto en sus constituciones locales como en la legislación secundaria, al no actualizarse una reserva de fuente.(49)
182. La vigencia de estos criterios se ve confirmada por el hecho de que la Constitución no prevé un catálogo exhaustivo de reglas y medidas para garantizar la paridad de género en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular,(50) sino que prevé que éstas deberán establecerse en las leyes electorales, sin exigir que estén en las constituciones de las entidades federativas. Asimismo, el artículo cuarto transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia político electoral publicado el seis de junio de dos mil diecinueve, prevé que las entidades federativas deberán adecuar su legislación, para procurar la observancia del principio de paridad, sin exigir que las disposiciones necesarias para garantizar este principio se prevean en un instrumento normativo específico.
183. Conforme a lo expuesto, son infundados los planteamientos que el partido político expuso en su primer concepto de invalidez, en cuanto a que el Congreso local tenía la obligación de desarrollar las bases del principio de paridad de género en la Constitución local de la entidad.
184. De acuerdo con el texto actual del artículo 41 constitucional, así como los precedentes de este Alto Tribunal, el deber del legislador local de adecuar su orden jurídico interno al mandato de paridad, en lo que se refiere a los cargos de elección popular, se satisface al incorporar, en cualquier ordenamiento de rango legal interno, puesto que no hay reserva de fuente, las reglas de postulación, conformación y registro de candidaturas que aseguren el respeto de la paridad de género en los órganos representativos locales,(51) sin pasar por alto que este principio no se limita a regir la postulación de las candidaturas, sino que trasciende a la integración de estos órganos. Lo anterior, sin dejar de considerar que estas reglas deberán cumplir con el resto de los preceptos constitucionales, los derechos humanos y el resto de los principios aplicables en la materia, así como que tienen aplicación directa en la entidad federativa las distintas obligaciones que prevén la LGIPE o la LGPP, en lo que resulte aplicable a las elecciones para las legislaturas locales.
185. Ahora bien, MORENA está en lo cierto al señalar que del mandato de paridad se desprende una obligación de que los partidos políticos alternen en cada periodo electivo los géneros de las personas que encabezan la lista de candidaturas por el principio de representación proporcional. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 140/2020 y su acumulada 145/2020,(52) este Tribunal Pleno estableció que el mandato de alternancia por periodo electivo de las listas de candidaturas por representación proporcional en la Federación y las entidades federativas se encuentra inmerso en el contenido genérico del principio constitucional de la paridad de género exigible a los partidos políticos.
186. Asimismo, se coincide con MORENA en que los artículos de la LEEQ no establecen de forma expresa este mandato de alternancia por periodo electivo de las listas de candidaturas por el principio de representación proporcional. Como se indicará con más detalle más adelante, los artículos 160, primer párrafo, y 162, primer párrafo, de la LEEQ,(53) ambos impugnados, establecen que la solicitud de registro de candidaturas que presenten los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes deben integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros, así como que las listas de candidaturas de representación proporcional de diputados y ayuntamientos se integrarán por fórmulas alternando los géneros de cada una de ellas hasta agotar las mismas, pero no señalan de forma explícita que deba alternarse en cada periodo electivo el género de la persona que encabeza las listas de candidaturas por el principio de representación proporcional.
187. Sin embargo, se considera que lo anterior no debe tener como consecuencia la declaración de invalidez de las normas impugnadas, pues éstas admiten una interpretación conforme, de acuerdo con el criterio establecido en el precedente recién citado.
188. En ese asunto, este Tribunal Pleno determinó no invalidar varios artículos de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, a pesar de que no establecían de manera explícita el mandato de alternancia por periodo electivo de las listas de candidaturas por representación proporcional. Ello fue así, porque se señaló que varias de las normas de esta ley, y particularmente su artículo 223, párrafo primero,(54) aluden de manera genérica al principio de equidad de género, del cual, como se apuntó en párrafos previos, se desprende un elemento de alternancia por periodo electivo. Se estableció que lo anterior permitía hacer una interpretación conforme en el sentido de que, cuando se exige que las candidaturas por representación proporcional observen el principio de paridad de género, ello incluye una alternancia entre los géneros, pero también por periodo electivo.(55)
 
189. Siguiendo este precedente y dado que los artículos 160, primer párrafo, y 162, primer párrafo, de la LEEQ también aluden de manera genérica al principio de equidad de género, se considera que debe hacerse una interpretación conforme de estos artículos, en el sentido de que las exigencias de observar la paridad de género en la postulación de candidaturas por representación proporcional, así como de alternar los géneros en las fórmulas de las listas respectivas, conllevan la obligación de alternar el género de la persona que encabeza estas listas en cada periodo electivo.
190. Tomando en cuenta la interpretación conforme de estos preceptos, son infundados los planteamientos que el accionante expone en los conceptos de invalidez décimo sexto y décimo octavo, pues el Congreso local sí cumplió con el mandato constitucional de adecuar sus leyes al mandato de paridad de género previsto en el artículo 41 constitucional.
191. Por un lado, en el artículo 7 de la Constitución local previó que los partidos políticos están obligados a establecer las reglas político electorales que garanticen la paridad de género en candidaturas a diputados y fórmulas de ayuntamientos.
192. Asimismo, en la regulación secundaria el legislador local estableció una serie de reglas que tienen como fin garantizar el mandato de paridad en la postulación, en la conformación y registro de candidaturas, así como provisiones adicionales que aseguran un resultado paritario en la integración del Congreso local y los ayuntamientos y, en este último caso, también se observan medidas de paridad horizontal.
193. Las obligaciones derivadas del principio de paridad de género se garantizan en la legislación local a través de las normas siguientes:
-     Postulación paritaria entre hombres y mujeres para todos los cargos de elección popular. El registro de candidaturas por parte de partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes, en listas y planillas, se debe sujetar al principio de paridad de género (artículos 160 y 161 de la LEEQ).(56) De igual manera, la paridad en la conformación del congreso y los ayuntamientos debe de ser un valor relevante, independientemente de cual sea el método de selección interna de candidaturas (artículo 164 de la LEEQ;(57) encuentra su correlativo en los artículos 26, numeral 2, párrafo segundo, 232, numeral 3, y 233, numeral 1, de la LGIPE;(58) así como 3, numeral 3, de la LGPP).(59)
-     Integración de fórmulas de candidaturas por personas del mismo género. Las candidatas propietarias del género femenino, para cualquier cargo, solo podrán tener suplentes del mismo género; en cambio los candidatos propietarios del género masculino, pueden tener suplentes del género femenino (artículos 160, párrafo segundo, y 161, párrafo primero, de la LEEQ,(60) encuentra su correlativo en los artículos 26, numeral 2, párrafo tercero, y 232, numeral 2, de la LGIPE).(61) Las sustituciones de candidaturas también deben observar el principio de paridad de género y alternancia (artículo 165 de la LEEQ).(62)
-     Postulación paritaria en el ámbito municipal desde un enfoque vertical y horizontal. En la conformación de planillas de ayuntamientos regirán medidas de paridad vertical y horizontal (artículo 163 de la LEEQ;(63) encuentra su correlativo en el artículo 207, numeral 1, de la LGIPE).(64)
-     Regla de alternancia en las listas de representación proporcional en diputados y ayuntamientos. Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidaturas compuestas cada una por una persona propietaria y una suplente, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad (artículo 162, primer párrafo, de la LEEQ;(65) encuentra su correlativo en el artículo 234, numeral 1, de la LGIPE).(66) Asimismo, conforme a la interpretación conforme que se realiza en esta sentencia de los artículos 160, primer párrafo, y 162, primer párrafo, de la LEEQ, el género de las personas que encabezan las listas de candidaturas por el principio de representación proporcional debe alternarse en cada periodo electivo.
-     Negativa de registro y cancelación de candidaturas. El IEEQ debe verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de paridad de género para todas las elecciones en el registro de las candidaturas. De no observarse estas reglas, el IEEQ debe realizar un requerimiento para que ello se rectifique. Si no se cumple el requerimiento, el IEEQ negará el registro de candidaturas o suprimirá fórmulas hasta que se cumpla con el mandato de paridad, y, en el caso de que no se cumplan las reglas de alternancia en las planillas o listas de representación proporcional, las reordenará para que cumplan con estas reglas (artículo 168, apartado A, de la LEEQ;(67) encuentra su correlativo en los artículos 232, numeral 4, y 235 de la LGIPE).(68)
-     Bloques de competitividad. Se prohíbe que las candidaturas del género femenino sean postuladas de manera exclusiva en distritos o municipios en donde el partido político postulante haya tenido malos resultados electorales, de forma que sea más probable que las personas tengan acceso a los cargos públicos y sean votadas en condiciones de igualdad (artículo 166 de la LEEQ;(69) encuentra su correlativo en el artículo 3, numeral 5, de la LGPP).(70)
-     Medidas de ajuste para garantizar paridad en la integración de los órganos. El IEEQ tiene facultades para que, después de la asignación de fórmulas de representación proporcional en el Congreso local, verifique que la integración del órgano es paritaria y, en caso de no serlo, puede sustituir tantas candidaturas como sean necesarias para lograr un resultado paritario (artículo 130, párrafos primero y segundo, de la LEEQ).(71) Asimismo, los consejos distritales o municipales tienen la obligación de atender la paridad de género en la integración del Ayuntamiento por lo que, en caso de que la lista registrada no garantice este principio, tendrán que asignar la regiduría a la candidata ubicada en la siguiente posición de la lista del partido que
haya obtenido la menor votación (artículo 133, segundo párrafo, de la LEEQ).(72)
194. Conforme a lo anterior, este Tribunal Pleno observa que el Congreso local cumple con los requisitos de paridad que impone el artículo 41 constitucional, pues se advierte que estableció medidas para garantizar el cumplimiento de este principio en la postulación de las candidaturas, así como para favorecer la integración paritaria de los órganos representativos de la entidad federativa, en los términos que ha sido definido por este Alto Tribunal y las leyes generales que rigen la materia. Por lo tanto, no existe la omisión relativa a la que hace referencia el partido político promovente.
195. Por otra parte, la impugnación del segundo párrafo artículo 130 de la LEEQ, que prevé la facultad del IEEQ de sustituir fórmulas en la asignación de diputaciones por representación proporcional para garantizar la integración paritaria de la Legislatura, es infundada. Ello es así, porque el diseño de la medida de ajuste en la integración del Congreso local pertenece al ámbito de libertad configurativa de las entidades federativas y cumple con los parámetros que garantizan el mandato de paridad constitucional.
196. En principio, el derecho fundamental a votar en una elección de diputaciones locales por el principio de representación proporcional protege únicamente la emisión del sufragio a favor de un partido político o coalición de partidos, pero no la elección de una persona o fórmula de personas en específico. Ello es así, porque el propósito esencial de la representación proporcional es favorecer la pluralidad del órgano y porque considerar lo contrario comprometería la realización de diversos fines constitucionales a los que los partidos políticos están obligados a contribuir como entidades de interés público, entre ellos la paridad de género en la integración de los órganos legislativos locales. Por lo anterior, este Tribunal Pleno ha establecido que las acciones que para la asignación de diputaciones de representación proporcional reajusten las listas definitivas de los partidos políticos con derecho a escaños y, por consiguiente, otorguen curules a los candidatos de un género sub-representado en el partido favorecido, no vulneran el derecho fundamental de los ciudadanos al sufragio activo.(73)
197. En relación con estas medidas de ajuste, en la contradicción de tesis 275/2015, este Tribunal Pleno concluyó que las entidades federativas se encuentran constitucionalmente obligadas a establecer en su normativa local acciones tendientes a la paridad de género en la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional. En este precedente no se estableció que estas acciones o medidas deban tener un diseño o implementación específica, aunque sí se indicó que deben ajustarse al resto de los preceptos constitucionales, así como que podrían tener que ceder en su aplicación en la medida que se opongan a otro derecho fundamental o los principios rectores en materia electoral.(74)
198. De la lectura del artículo 130 de la LEEQ, este Alto Tribunal advierte que prevé una medida encaminada a favorecer la integración paritaria del órgano legislativo de la entidad en la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional. Según MORENA, el diseño de esta medida es inconstitucional porque la sustitución de fórmulas para asegurar la integración paritaria en el Congreso local no debería comenzar por las listas de los partidos políticos con menor porcentaje de votación estatal emitida. Más bien debería comenzar por las listas de los partidos políticos i) que incumplen el principio de paridad en la postulación de candidaturas, así como en la integración del órgano por no contar el partido con un número igual de diputadas y diputados en la legislatura estatal y ii) que hayan obtenido al menos dos diputaciones de representación proporcional.
199. Respecto del primer planteamiento, según se analizó párrafos arriba, el artículo 168, apartado A, de la LEEQ establece que el IEEQ debe verificar el cumplimiento de las reglas para garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas. En caso de que éstas no se observen, debe realizar un requerimiento para que se rectifique lo anterior y, de no cumplirse, debe negar el registro de tantas candidaturas o fórmulas como sea necesario para el cumplimiento de este principio y, en su caso, reordenar las listas para que cumplan con las reglas de alternancia de género. Cabe señalar que, de acuerdo con la interpretación conforme que se realiza en esta sentencia, esta última obligación también se actualiza cuando se omite cumplir con la regla de alternancia de género por periodo electivo.
200. Así, es claro que en la LEEQ ya existen reglas que aseguran el respeto de la paridad de género en la etapa de postulación. Ello tiene como consecuencia que sea innecesario que, mediante el mecanismo de sustitución de fórmulas para garantizar la integración paritaria de la legislatura que se
prevé en la LEEQ, se corrija el incumplimiento del mandato de paridad en la postulación.
201. De hecho, la existencia de reglas que aseguran que se cumpla con el mandato de paridad de género en la postulación tiene como consecuencia que el incumplimiento de este mandato no pueda utilizarse como criterio para determinar por qué lista debe comenzar a hacerse la sustitución. Ello es así porque, una vez ejercidas las facultades del IEEQ previstas en el artículo 168, apartado A, de la LEEQ, todas las listas de diputaciones por el principio de representación proporcional de los partidos políticos necesariamente estarán conformadas de acuerdo con el mandato de paridad, lo que impide diferenciar a las listas con base en este criterio.
202. Aunado a lo anterior, al resolver la acción de inconstitucionalidad 140/2020, este Tribunal Pleno estableció que, contrariamente a lo que sostiene MORENA, no existe un mandato constitucional, como parte de las medidas para observar la paridad de género, que exija a las legislaturas locales que establezcan normas para asegurar que los partidos políticos tengan la misma cantidad de hombres y mujeres en los espacios que les corresponden (a cada grupo partido/grupo parlamentario) al interior del Congreso, ni la misma cantidad de regidoras y regidores en los ayuntamientos.(75)
203. En relación con el segundo planteamiento, el criterio a partir del cual los OPLES comiencen a realizar la sustitución de candidaturas para asegurar la integración paritaria del órgano está dentro de la libertad configurativa de las entidades federativas. En este caso y de manera abstracta, no se advierte que el criterio de comenzar por el partido político que menor votación haya recibido, aun cuando solo tenga derecho a una diputación de representación proporcional, colisione con otros derechos o con los principios que rigen la materia electoral. Ello es así, sobre todo si se toma en cuenta que, como se mencionó anteriormente, el derecho fundamental a votar en una elección de diputaciones locales por el principio de representación proporcional protege únicamente la emisión del sufragio a favor de un partido político o coalición de partidos, pero no la elección de una persona o fórmula de personas en específico.
204. Por lo expuesto, se reconoce la validez de los artículos 34, fracción XI, 127, párrafos terceros, fracción I, y quinto, 130, párrafo segundo, en la porción normativa "empezando por el partido político con menor porcentaje de votación emitida. Existe paridad en la conformación cuando en la integración del órgano de representación popular los géneros se encuentran representados con el porcentaje más cercano posible al cincuenta por ciento del total de los espacios disponibles", 165 y 168, apartado A, fracción III, inciso a), todos ellos de la LEEQ.
205. Asimismo, se reconoce la validez de los artículos 160, párrafo primero y 162, párrafo primero, bajo una interpretación conforme en el sentido de que las exigencias de observar la paridad de género en la postulación de candidaturas por representación proporcional, así como de alternar los géneros en las fórmulas de las listas respectivas, conlleva la obligación de alternar el género de la persona que encabeza estas listas en cada periodo electivo.
206. Por último, se reconoce la validez del artículo 7 de la Constitución local, aclarando que no se emite pronunciamiento por lo que se refiere a la porción normativa "y se sujetará a lo previsto en la normatividad aplicable", cuyo estudio se realizará en el tema siguiente de esta resolución.
       TEMA 2. VOTO EN EL EXTRANJERO
207. En su primer concepto de invalidez,(76) MORENA argumenta que los artículos 7 de la Constitución local,(77) párrafo cuarto, en su porción normativa "y se sujetará a lo previsto en la normatividad aplicable" y el 7, párrafo cuarto, de la LEEQ,(78) en su porción normativa "y las determinaciones que para tal efecto emita el Instituto", son inconstitucionales por regular en forma deficiente el voto de la ciudadanía residente en el extranjero, ya que no reservan a la ley la debida configuración y eficacia de este derecho de la ciudadanía.
208. En ese sentido, el partido político plantea que el Congreso local tiene el deber de regular en la legislación local electoral las bases, reglas y mecanismos para posibilitar el ejercicio del derecho de la ciudadanía al voto en el extranjero, sin que pueda delegar la emisión de esta regulación a los OPLES.
209. Este Tribunal Pleno considera que el argumento es infundado por dos razones. La primera es que las bases mínimas para el ejercicio del derecho al voto de los mexicanos en el extranjero están ampliamente desarrolladas en la LGIPE, que resulta directamente aplicable a las entidades
federativas, en términos de los artículos 73, fracciones XXI, inciso a), y XXIX-U, y 116, fracción IV, de la Constitución Federal.(79) La segunda es que no existe una reserva de ley respecto a las reglas y mecanismos para posibilitar el voto de los mexicanos en el extranjero que imposibilite a los OPLES regular lo que no esté previsto en la LGIPE o, en términos generales, los elementos que resulten necesarios para posibilitar el ejercicio del derecho al voto en el extranjero.
210. Así, en cuanto a la primera razón, este Tribunal Pleno observa que el partido político promovente parte de una premisa falsa en cuanto al alcance de las normas impugnadas, pues considera que su consecuencia normativa es que el IEEQ deberá desarrollar, sin partir de una base mínima prevista en la ley, toda la normatividad relativa al ejercicio del sufragio de los mexicanos en el exterior y que ello vulneraría el derecho al sufragio universal.
211. En realidad, las bases, mecanismos y reglas mínimas que rigen el voto de los mexicanos en el exterior están previstas en el Libro Sexto, Capítulo Único de la LGIPE, conformado por los artículos 329 a 356 de esa ley, mismas que también rigen para la elección de gubernaturas en las entidades federativas.
212. Entre otras cosas, las disposiciones ahí contenidas regulan lo relativo a i) los mecanismos para votar en el extranjero (p.ej. entrega de voto personal, voto postal o voto de manera electrónica), ii) requisitos para el ejercicio de ese derecho desde el extranjero, iii) las reglas relativas al trámite de solicitud para el ejercicio de ese derecho, iv) las reglas para asegurar la confiabilidad del padrón electoral y las listas nominales de los mexicanos residentes en el extranjero y evitar duplicidad de domicilios, v) las boletas electorales físicas o electrónicas que serán utilizadas por los mexicanos residentes en el extranjero, vi) el envío de los documentos y materiales necesarios para que los votantes en el exterior puedan ejercer ese derecho, vii) las reglas específicas sobre cómo deben votar los mexicanos residentes en el extranjero de acuerdo al mecanismo que hayan elegido, viii) las reglas sobre las boletas electorales que serán válidas y se contabilizarán para la elección respectiva, ix) las reglas para el escrutinio y cómputo de los votos recibidos del exterior, x) la presentación de los resultados en actas y la integración de los paquetes electorales, xi) las reglas y prohibiciones para campañas y propaganda electorales en el extranjero y xii) una previsión expresa de que los OPLES deberán ajustarse a los lineamientos que emita el Instituto Nacional Electoral para garantizar el ejercicio de ese derecho.
213. De esa manera, es falso que las disposiciones impugnadas confieran al IEEQ la facultad de regular el voto desde el extranjero en ausencia de bases mecanismos y reglas previstos a nivel legal, pues ya existen bases mínimas para ejercer el derecho al voto desde el extranjero en la LGIPE.
214. Conforme al marco normativo que rige la modalidad de este derecho, el artículo 329, numeral 1, de la LGIPE,(80) reserva de manera exclusiva al constituyente local (reserva de fuente) la facultad potestativa de establecer que los ciudadanos que residan en el extranjero puedan votar en las elecciones de las entidades federativas. Ello es así, pues establece que los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de gubernaturas "siempre que así lo determinen las Constituciones de los Estados".(81)
215. Ahora bien, una vez que el constituyente local toma la decisión de permitir el ejercicio al voto desde el extranjero, éste se sujeta a las bases mínimas que la LGIPE en relación con este derecho. Si bien la entidad federativa cuenta con libertad configurativa para establecer el modelo de voto en el extranjero que considere más conveniente, esta libertad está condicionada a que la regulación sea compatible con las bases mínimas que ya prevé la LGIPE, las cuales son de aplicación directa.(82) Ello es incluso concordante con el artículo 7 de la LEEQ, que reconoce que la votación de la ciudadanía con residencia en el extranjero en la elección de la Gubernatura "se sujetará a lo establecido en la Constitución Política, la Constitución Local, las Leyes Generales y las determinaciones que para tal efecto emita el Instituto" (énfasis añadido).
216. Además de lo anteriormente mencionado, es importante destacar que no existe una reserva de ley respecto de la reglamentación de todos los aspectos del derecho al voto desde el extranjero que impida al legislador local delegar a los OPLES la reglamentación de diversas cuestiones necesarias para su implementación.
217. El principio de reserva de ley existe cuando una norma constitucional asigna la regulación de una materia determinada al órgano legislativo mediante una ley, entendida ésta como un acto material y formalmente legislativo, por lo que excluye la posibilidad de que pueda ser regulada por disposiciones de naturaleza distinta o de rango inferior a la ley, como lo puede ser un reglamento administrativo.
 
218. En el caso, no se advierte que haya una disposición constitucional en el sentido que argumenta MORENA. Además, la propia LGIPE, en su artículo 356, numeral 1,(83) establece de manera amplia una facultad de los OPLES de proveer lo conducente para lograr la adecuada aplicación de las normas que prevé en relación con esta materia, lo que conlleva un reconocimiento de que no es necesario que estén regulados en ley todos los aspectos necesarios para permitir el ejercicio del derecho al voto desde el extranjero en relación con los cargos de elección popular locales en los que esta modalidad de voto es permitida por las Constituciones locales.
219. Por lo expuesto, se reconoce la validez del artículo 7 de la Constitución local, en su porción normativa "y se sujetará a lo previsto en la normatividad aplicable", así como del artículo 7, párrafo cuarto, de la LEEQ, en su porción normativa "y las determinaciones que para tal efecto emita el Instituto".
       TEMA 3. DEFINICIÓN DE CALUMNIA
220. En su segundo concepto de invalidez,(84) MORENA plantea la inconstitucionalidad de los artículos 5, fracción II, inciso c), y 234, en su porción normativa, "Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral", ambos de la LEEQ.(85)
221. Por un lado, argumenta que la definición del concepto de calumnia que se hace en las disposiciones impugnadas es contraria al derecho a la libertad de expresión, pues no incluye como elemento del tipo ilícito que el calumniador divulgue los hechos o delitos falsos a sabiendas de su falsedad.
222. Por el otro, afirma que la definición del concepto de calumnia prevista en las disposiciones impugnadas también es contraria a los principios de taxatividad y presunción de inocencia, pues permite sancionar a partidos políticos por expresiones de militantes o simpatizantes, lo que constituye una sanción trascendente.
223. El primer argumento hecho valer por el partido político es fundado y suficiente para declarar la invalidez de los artículos impugnados. Este Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas 65/2015, 66/2015, 68/2015 y 70/2015(86) y la acción de inconstitucionalidad 129/2015 y sus acumuladas 130/2015, 131/2015, 132/2015, 133/2015 y 137/2015(87) ha declarado la invalidez de normas similares, por no incluir dentro de la definición de calumnia que la imputación de los hechos o delitos falsos se haya hecho con conocimiento de su falsedad.
224. El punto de partida para el análisis de la disposición impugnada es la modificación que el constituyente permanente hizo al artículo 41, base III, apartado C de la Constitución Federal mediante la reforma del diez de febrero de dos mil catorce, el cual establece lo siguiente:
Artículo 41. [...]
III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la ley. [...]
Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. [...]
225. Este Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas,(88) determinó por unanimidad de votos que lo dispuesto en el artículo 41, fracción III, apartado C, de la Constitución, sólo protege a las personas frente a las calumnias. Lo anterior, en razón de que la norma constitucional referida fue reformada, y excluyó de su ámbito de protección a las instituciones y partidos políticos por expresiones que las puedan denigrar.(89)
226. En este mismo precedente, se destacó que resulta relevante proteger la libertad de expresión de los partidos políticos, pues ello contribuye a promover la participación democrática del pueblo. Más aún, a través de la información que proveen, contribuyen a que el ejercicio del voto sea libre y a que los ciudadanos cuenten con la información necesaria para evaluar a sus representantes. Lo anterior ha sido reconocido, además, en diversos precedentes de este Tribunal Pleno, como las acciones de inconstitucionalidad 45/2006 y 61/2008.(90)
227. Finalmente, es necesario tener presente que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión protege no sólo las informaciones o
ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una "sociedad democrática".(91)
228. Ahora bien, este Alto Tribunal ha dicho que el uso cotidiano del término calumnia se refiere a una acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño, o bien, a la imputación de un delito a sabiendas de su falsedad.(92)
229. A partir de lo anterior y siguiendo las consideraciones reiteradas en los precedentes mencionados, este Tribunal Pleno considera problemática la acepción que el Congreso local estipuló para calumnia, pues en el artículo 5, párrafo II, inciso c) la definió como "[L]a imputación hecha por cualquier persona en su carácter de particular, servidor público o partido político a través de sus representantes, militancia, simpatizantes o candidaturas, de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral" y en el artículo 234 la definió como "la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral". Ello permite advertir que no incluyó un elemento fundamental al definir el concepto, esto es, que la imputación de los hechos o delitos falsos debía hacerse a sabiendas o teniendo conocimiento de que el hecho que auspiciaba la calumnia era falso.
230. En este sentido, la definición no concuerda con la interpretación que este Tribunal Pleno considera que debe hacerse del término calumnia para que resulte ajustado y proporcional como término constitucionalmente permitido para restringir la libertad de expresión, máxime que en este tipo de debate democrático su posible restricción debe entenderse en términos muy estrictos.
231. Por lo anterior, se declara la invalidez del artículo 5, párrafo II, inciso c) y del artículo 234, en su porción normativa "Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral", ambos de la LEEQ.
232. Habiéndose declarado la invalidez de los artículos impugnados, es innecesario realizar el estudio del segundo argumento planteado por MORENA.(93)
TEMA 4. REQUISITO DE RESIDENCIA EFECTIVA PARA ACCEDER AL CARGO DE GOBERNADOR
233. En su tercer concepto de invalidez,(94) MORENA impugna los artículos 14, fracción III, en la porción normativa "y para el caso de la Gubernatura", artículo 14, párrafo segundo, y artículo 171, fracción III.(95) El partido político accionante plantea, en síntesis, que i) las personas que hayan nacido en el Estado de Querétaro no deberían tener que acreditar, además, la residencia en el Estado de cuando menos cinco años inmediatos anteriores a la fecha de la elección para ocupar la Gubernatura, puesto que ello viola el artículo 116, fracción I, de la Constitución, ii) que la regla que establece que se pierde el derecho a ser votado en la entidad por residir más de tres años consecutivos fuera de la entidad es excesiva y desproporcionada y iii) que la excepción a la regla anterior que permite a los queretanos migrantes ser elegibles para cargos de elección popular si se reintegran a su domicilio con seis meses de anticipación también resulta inconstitucional pues no es necesaria, ni proporcional.
234. El primer planteamiento del partido político es fundado puesto que no se ajusta al parámetro constitucional establecido en el artículo 116, fracción I, último párrafo, que establece como requisito tasado para ser electo al cargo de Gobernador el de haber nacido en la entidad federativa correspondiente o, alternativamente, el requisito de residencia efectiva de cuando menos cinco años.
235. Este Tribunal Pleno ha identificado en la citada disposición constitucional, algunos requisitos para acceder al cargo de Gobernadora o Gobernador que resultan indisponibles para el legislador local, es decir, que son requisitos constitucionalmente tasados.(96) Éstos son definidos directamente por la Constitución, sin poder ser alterados por el legislador ordinario. En específico, al resolver la acción de inconstitucionalidad 74/2008,(97) este Tribunal Pleno los analizó de manera exhaustiva, incluyendo el que ahora nos ocupa.
236. De esta forma, se dijo que el artículo 116, fracción I, establece que sólo pueden ser gobernadores de un Estado: 1) todos los ciudadanos mexicanos y nativos de la entidad de que se trate, sin restricción de residencia alguna, y 2) todos los ciudadanos mexicanos no nativos del Estado, con una residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios.
237. Para sustentar el carácter categórico de estas condiciones, se sostuvo que:
 
Al efecto, resulta conveniente aludir al procedimiento que dio origen al texto del entonces artículo 115, último párrafo, de la Constitución Federal -que corresponde al texto vigente del artículo 116, fracción II, constitucional-, llevado a cabo en mil novecientos diecisiete, por el Constituyente, el que, a través de un interesante debate, aprobó dicho texto, en los siguientes términos: "Artículo 115. (...) Sólo podrá ser Gobernador Constitucional de un Estado, un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con vecindad no menor de cinco años, inmediatamente anteriores al día de la elección."
De dicho procedimiento, se desprende que la previsión para los no nativos, de tener una residencia no menor a cinco años, efectiva e inmediatamente anteriores a la fecha de los comicios, fue largamente debatida, pues, inicialmente, la propuesta era establecer únicamente que sólo podía ser Gobernador de un Estado, un ciudadano mexicano por nacimiento, a fin de que, en las Constituciones Locales, se fijaran las demás reglas para ser Gobernador. Al discutirse tal propuesta, varios Constituyentes se pronunciaron a favor de que, además de ser mexicano por nacimiento, se exigiera ser oriundo y vecino del Estado; otros diputados se opusieron a tal propuesta, apoyándose, primordialmente, en que correspondía a la soberanía estatal fijar los requisitos para ser Gobernador.
Con motivo de dicho debate, la 2a. Comisión presentó, modificado, el último párrafo del artículo 115, de la siguiente forma: "Sólo podrá ser Gobernador Constitucional de un Estado, un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia no menor de cinco años anteriores al día de la elección".
Respecto de tal propuesta, surgieron las siguientes intervenciones: [...]
Como se aprecia, el debate entre establecer únicamente en la Norma Fundamental el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento para ser Gobernador y dejar a la configuración legal de las entidades federativas los demás requisitos para ocupar dicho cargo, como inicialmente se proponía, o bien, fijar no sólo dicha ciudadanía, sino, además, una residencia en la entidad, a fin de que quien se postule la conozca y esté identificado con la misma, dio como resultado el texto del entonces artículo 115, última parte ya transcrito-, actualmente, artículo 116, fracción I, constitucional. [...]
Además, en aquel precedente se estimó que si bien es cierto que el derecho político de que se trata -ser votado como Gobernador de un Estado- está sujeto a configuración legal estatal, en términos del artículo 35, fracción II, constitucional, ello debe armonizarse con lo dispuesto en el artículo 116, fracción I, que, de principio, fija tres condiciones para ello: 1) ser ciudadano mexicano; 2) ser nativo de la entidad o con residencia efectiva no menor a cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección; y 3) tener treinta años cumplidos al día de la elección, o menos, si así lo establecen las Constituciones Locales.
Dichas condiciones no son totalmente disponibles al legislador local, pues, como vemos, ser ciudadano mexicano por nacimiento no admite modalidades, es decir, se trata de un imperativo o, como hemos dicho, de una prohibición: quien no sea mexicano por nacimiento, no podrá postularse para Gobernador.
Satisfecha tal condición, se presentan dos supuestos: ser nativo del Estado, o bien, con residencia en él, de lo que se advierte, sin duda alguna, que, para el primer supuesto, no se exige residencia alguna; y, por último, tener treinta años cumplidos al día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución Local, esto es, las Legislaturas, en ningún caso, podrán fijar, como edad, una mayor a esos treinta años. [...]
Al respecto, cabe recordar que este Pleno, al resolver la diversa acción de inconstitucionalidad 28/2006 y sus acumuladas, que trató sobre el tema de las candidaturas independientes, se apoyó, además de lo dispuesto en la Constitución Federal, en diversos tratados internacionales y organismos internacionales, lo que, se estima, también debemos tomar en consideración en el presente caso, a fin de solucionar la problemática que ahora se nos presenta.
En este orden de ideas, tenemos que el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocida como "Pacto de San José"), adoptada en la Ciudad de San José de Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve y el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, mediante la Resolución 2200 A (XXI), de dieciséis de
diciembre de mil novecientos sesenta y seis, respectivamente, señalan: [...]
Destaca de lo anterior, la tendencia a una menor restricción de los derechos políticos, permitiendo el acceso y la participación más amplios de las personas que pretendan postularse a un cargo de elección popular, es decir, dichas personas no deberán ser excluidas a través de la imposición o exigencia de requisitos irrazonables o discriminatorios. Además, el citado artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos impone a los Estados la obligación de adoptar todas las medidas legislativas o de otro tipo que puedan ser necesarias para garantizar que los ciudadanos tengan efectivamente la posibilidad de gozar de los derechos que ampara.
238. En ese sentido, de una interpretación textual, teleológica y sistemática del artículo 116, fracción I, de la Constitución Federal,(98) se extrae que es un requisito tasado el establecimiento de que sólo pueden ser titulares del Poder Ejecutivo de una entidad federativa todos los ciudadanos mexicanos y nativos de la entidad federativa de que se trate, sin restricción de residencia alguna, y todos los ciudadanos mexicanos no nativos de la entidad federativa, con una residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios electorales.
239. Ahora bien, una interpretación posible de la norma que se analiza es que ésta solamente resulta aplicable a los no nativos de la entidad federativa y, de esa manera, se da por descontado que los nativos de la entidad federativa son elegibles con independencia de lo dispuesto en el artículo 14 de la LEEQ, en virtud de lo dispuesto por la norma constitucional.
240. Sin embargo, a juicio de este Tribunal Pleno no cabe suponer que la deficiente regulación que se analiza puede subsanarse con una interpretación armónica con el artículo 116, fracción I, último párrafo de la Constitución Federal. Como se ha expresado previamente, estamos ante un requisito constitucionalmente tasado y, en estos casos, "el propio texto constitucional es el que limita la discrecionalidad del legislador, por lo que la intervención y control del Tribunal Constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella".(99)
241. En ese sentido, no puede ignorarse que, al establecer los requisitos para ocupar el cargo de Gobernador, el legislador local decidió recoger de manera literal uno de los requisitos que se desprenden del artículo 116, fracción I, último párrafo, constitucional y omitir de manera absoluta el requisito de ser nativo de la entidad federativa para poder ocupar dicho cargo. Por lo tanto, esa omisión debe considerarse como una modulación de un requisito constitucionalmente tasado que restringe el derecho al voto pasivo previsto en el artículo 35, fracción II, constitucional, contrario al parámetro constitucional.
242. En virtud de lo hasta aquí expuesto, asiste razón al accionante por lo que hace a la porción normativa "y para el caso de la Gubernatura, de cinco años", pues con la misma se pretende establecer como requisito para postular al cargo de Gobernador, la residencia efectiva, sin que ésta quede excluida frente a la natividad, de acuerdo con el artículo 116 constitucional.
243. En estrecha relación con lo antes expresado, para este Tribunal Pleno, la intención de restringir el derecho al voto pasivo de la ciudadanía queretana más allá del parámetro constitucional se vuelve evidente al interpretar de manera sistemática la fracción III del artículo 14 de la LEEQ, con el segundo párrafo del mismo artículo, también impugnado, que establece: "Se pierde el derecho a ser votado para desempeñar cargos de elección popular en el Estado, por residir más de tres años consecutivos fuera del mismo, salvo en los casos de ciudadanas y ciudadanos del estado migrantes [...], por estudios y de empleo, así como tratándose de cargo o comisión gubernamental."
244. El artículo 14, segundo párrafo, no deja lugar a duda respecto de que el único criterio para ser elegible a cargos de elección popular es el de la residencia ininterrumpida por al menos cinco años, salvo las excepciones previstas en el propio artículo, entre las que, nuevamente, no se encuentra haber nacido en la entidad federativa. Por lo tanto, también asiste razón al partido político accionante puesto que el segundo párrafo del artículo 14 prevé las excepciones a una regla general (el requisito de necesaria residencia), que es inconstitucional.
245. Así, de la lectura de ambos preceptos, es claro que la intención del legislador local es excluir la posibilidad de ser elegible para cargos de elección popular en esa entidad sobre la base del criterio de nacimiento previsto constitucionalmente sin limitantes de residencia y esa restricción incluye el cargo de Gobernadora o Gobernador puesto que la norma no hace distinción alguna.
246. Por tanto, tiene razón MORENA cuando afirma que la legislación electoral local debía de recoger los dos requisitos previstos constitucionalmente y no sólo uno de ellos. Al excluir una de las condiciones que la Constitución Federal establece para poder ser Gobernadora o Gobernador de una entidad
federativa, el legislador local restringió de manera indebida el derecho al voto pasivo.(100)
247. Resultando hasta aquí fundado el primer planteamiento formulado por el partido político accionante, a ningún fin conduciría dar respuesta al resto de los argumentos formulados por el mismo.
248. Ahora bien, en lo que concierne al artículo 171, fracción III, de la LEEQ, parecería que, para la accionante, su invalidez derivaría de lo hasta aquí expresado.(101) Sin embargo, el mismo refiere a que la solicitud de registro de la candidatura deberá contener constancia de tiempo de residencia, por lo que este Tribunal Pleno considera que no adolece del mismo vicio de inconstitucionalidad antes identificado. El artículo 171, en su fracción impugnada, solamente establece la manera en la que el IEEQ tendrá por cumplido uno de los requisitos de elegibilidad para ocupar un cargo público que, por sí mismo, no es inconstitucional.
249. Esto es, el requisito de residencia efectiva de por lo menos cinco años en la entidad federativa no resulta inconstitucional pues, como se ha expuesto, así lo dispone textualmente el artículo 116, fracción I, de la Constitución Federal. Lo que es inconstitucional es la exclusión del resto de los ciudadanos nacidos en la entidad federativa, a los que no les debe resultar exigible cumplir con el requisito de residencia efectiva.
250. En ese sentido, la fracción III del artículo 171 no configura una restricción por sí sola del derecho al voto pasivo, simplemente constituye un medio para acreditar la residencia efectiva, en caso de no ser nativo, exigida por el propio artículo 116 de la Constitución Federal. En efecto, aun aplicando directamente el texto constitucional, será necesario acreditarla ante el IEEQ para lograr el registro de la candidatura.
251. Así las cosas, este Tribunal Pleno considera que debe declararse inconstitucional la porción normativa impugnada de la fracción III del artículo 14 de la LEEQ que dice "y para el caso de la Gubernatura, de cinco años", así como el segundo párrafo del mismo artículo que dispone "Se pierde el derecho a ser votado para desempeñar cargos de elección popular en el Estado, por residir más de tres años consecutivos fuera del mismo, salvo en los casos de ciudadanas y ciudadanos del estado migrantes que se hubieren reintegrado a su domicilio por lo menos seis meses antes del día de la elección, por estudios y de empleo, así como tratándose de cargo o comisión gubernamental" pues resulta claro que el legislador local ignoró el parámetro constitucional de elegibilidad para el cargo de Gobernadora o Gobernador de la entidad federativa, relativo a que los ciudadanos mexicanos que hayan nacido en esa entidad federativa no están sujetos, además, a un requisito de residencia efectiva en dicha entidad. Asimismo, debe reconocerse la validez del artículo 171, fracción III, en los términos antes apuntados.
       TEMA 5. AUSENCIA DE LA FIGURA DEL SUPLENTE PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
252. En su cuarto concepto de invalidez,(102) el partido accionante plantea la invalidez del artículo 20, en su última oración, que dispone: "Por cada regiduría y sindicatura propietaria se elegirá una regiduría y sindicatura suplente respectivamente", de la LEEQ.(103) Desde su punto de vista, la regulación es inconstitucional porque, al omitir prever la existencia de un suplente para el cargo de presidente municipal, contraviene lo dispuesto por el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, que establece que, para cada miembro propietario del Cabildo, deberá haber un suplente (5.1).
253. Asimismo, plantea la invalidez del artículo 98, fracción IV,(104) de la LMIEQ porque establece, como causa de nulidad de la elección del Ayuntamiento, que el ganador resulte inelegible. Desde su punto de vista, el precepto es inconstitucional porque: i) no es una causa suficiente para anular una elección puesto que el Ayuntamiento no es un cargo unipersonal, sino que se compone de una pluralidad de cargos y ii) aun si se reconoce válida la ausencia de un suplente para la presidencia municipal, ésta debería de ser ocupada por el Regidor o Síndico propietarios que nombre el Ayuntamiento, en atención al artículo 36 de la Constitución local (5.2).
       TEMA 5.1. Ausencia de la figura del suplente para la Presidencia Municipal
254. El primer planteamiento del concepto de invalidez hecho valer por el partido accionante es infundado porque el modelo previsto en el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal no exige a las entidades federativas que sus legislaciones contemplen la figura de un suplente para la presidencia municipal de los ayuntamientos.
255. El texto del artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal que servirá como parámetro es el siguiente:
 
Art. 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. [...]
Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley. [...]
256. En primer lugar, es importante destacar que este Tribunal Pleno ya se ha pronunciado sobre un problema idéntico para el caso de la legislación de Coahuila. En la acción de inconstitucionalidad 14/2010 y sus acumuladas 15/2010, 16/2010 y 17/2010,(105) se concluyó que tratándose de los miembros del Ayuntamiento, la figura del suplente no es obligatoria.
257. Al respecto, la principal línea de razonamiento que siguió esta Suprema Corte es que las entidades federativas gozan de libertad configurativa para establecer la manera en la que se debe de proceder cuando exista una vacante en el Ayuntamiento, por cualquier causa, debido a que alguno de los miembros propietarios deje de desempeñar su cargo.
258. La libertad configurativa de las entidades federativas se desprende del propio texto constitucional en el que señala que, en caso de que no exista un suplente, "se procederá según lo disponga la ley". Por tanto, el propio precepto constitucional faculta a las legislaturas locales para que establezcan las normas que deberán observarse a efecto de que las funciones encargadas a los municipios no se vean interrumpidas por la ausencia de los integrantes de los ayuntamientos, pudiendo prever la figura del suplente o alguna otra que consideren adecuada conforme a su orden jurídico interno.
259. En el caso, este Tribunal Pleno observa que la correcta integración del Ayuntamiento y la continuidad de las funciones de los miembros que lo integran se garantiza a partir del mecanismo que prevé el artículo 36 de la Constitución local que establece que "[L]as faltas temporales y absolutas del Presidente Municipal, serán suplidas por el Regidor o Síndico propietarios que nombre el Ayuntamiento". Así, lo dispuesto en el artículo impugnado es congruente con la normativa local para sustituir a este funcionario municipal, en caso de ausencia.
260. En ese sentido, no le asiste la razón a MORENA cuando afirma que el artículo 20, última parte, de la LEEQ va en contra del modelo constitucional previsto en el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal.
261. Por tanto, se reconoce la validez del artículo 20, última oración, de la LEEQ.
       TEMA 5.2. Adición de una nueva causal de nulidad
262. En la segunda parte de su planteamiento, MORENA impugna el artículo 98, fracción IV, de la LMIEQ que prevé como causa de nulidad de una elección el que la candidatura que gane la elección del Ayuntamiento sea inelegible: aún si la persona titular de la Presidencia fuese inelegible, ello no sería suficiente para anular una elección del respectivo Ayuntamiento, pues suponiendo sin conceder que no hubiera suplente, se aplicaría el artículo 36 de la Constitución local que dispone que las faltas temporales o absolutas del Presidente Municipal, serán suplidas por el Síndico o Regidor propietarios que nombre el Ayuntamiento.
263. Este Tribunal Pleno considera que también es infundado este planteamiento, en tanto que las entidades federativas gozan de libertad configurativa para establecer causales de nulidad de elecciones adicionales a las que prevé el texto constitucional, siempre que al hacerlo no contravengan lo dispuesto en el texto constitucional, violen los principios que rigen la materia electoral o afecten de manera desproporcionada otros derechos fundamentales, lo que no acontece en este caso.
264. Este Tribunal Pleno, en la acción de inconstitucionalidad 126/2015 y su acumulada 127/2015,(106) analizó los artículos 41, fracción VI,(107) y 116, fracción IV, incisos b), l) y m)(108) de la Constitución Federal, que establecen las bases que deben regir los medios de impugnación y de nulidad para las elecciones federales y locales.
265. En aquel precedente, el Tribunal Pleno entendió que las entidades federativas tienen la obligación de prever un sistema de medios de impugnación que incluya recuento de votos y causales de nulidad de las elecciones de Gobernador, diputados locales y ayuntamientos bajo un régimen de libertad configurativa. Sin embargo, en conjunción con esta facultad legislativa de ejercicio obligatorio, la Constitución impone el mandato de contemplar en este sistema de impugnación y de nulidades ciertas causales de violación específicas, tanto para las elecciones federales, como para las locales.
 
266. Es decir, el artículo 116, fracción IV, incisos l) y m), delegaba en las entidades federativas, desde el año dos mil siete, una amplia facultad para establecer en su orden jurídico interno las causales de nulidad de las elecciones de Gobernador, diputados y ayuntamientos que estimaran pertinentes, así como un sistema de medios de impugnación que volviera justiciables o efectivas esas causales, tomando en cuenta los diversos principios que rigen la materia electoral.
267. De manera posterior, la reforma a la fracción VI del artículo 41 constitucional, moduló la libertad de configuración legislativa de las entidades federativas de manera que, al margen de las causales de nulidad que el legislador estatal considere prudentes adicionar respecto de las elecciones de Gobernador, diputados e integrantes de ayuntamientos, debe de tomar en cuenta, ya sea en su incorporación a la legislación local o en su aplicación directa por las autoridades locales, las causales de nulidad ahí previstas, sin introducir nuevos elementos, requisitos o condicionantes a fin de acreditar dichas violaciones.
268. En este caso nos encontramos en el tipo de causales de nulidad que responden a la libertad configurativa de las entidades federativas, puesto que no se trata de las tres causales previstas de manera directa en el artículo 41 constitucional, que se actualizan cuando: i) se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; ii) se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley, y iii) se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.
269. Desde la perspectiva de la libertad configurativa de la que goza el Congreso local resultan infundados los argumentos hechos valer por el partido accionante porque no logran demostrar, ni este Tribunal Pleno advierte, que el diseño legislativo elegido contravenga alguna norma o fin previsto constitucionalmente, los principios que rigen la materia electoral, o bien, que atente contra algún derecho fundamental.
270. Por el contrario, la norma es razonable en el contexto del marco normativo electoral local. Como se analizó párrafos arriba, la legislación de la entidad federativa no prevé que exista un presidente municipal propietario y uno suplente, sino solamente uno propietario. De esa manera, resulta razonable que la inelegibilidad de la persona que compite por la presidencia municipal culmine en la nulidad de la elección respectiva, en tanto que no hay un presidente municipal suplente que pueda tomar posesión del cargo.
271. Sin embargo, lo que sí resultaría violatorio de la Constitución Federal, sería que, ante la inelegibilidad de la presidenta o presidente municipal, tomara posesión del cargo alguna candidatura de regidor o síndico propietario que no se haya postulado para competir por ese cargo. Contrario a lo que plantea el partido actor, las reglas de suplencia previstas en el artículo 36 de la Constitución local operan cuando el Ayuntamiento está integrado, pero no pueden operar para integrar el órgano municipal en la etapa electoral.
272. La conclusión anterior se sustenta en dos razones. La primera es meramente formal, no se puede suplir una ausencia temporal o definitiva de un presidente municipal que no ha sido electo, pues en estricto sentido no se trata de un presidente municipal. La segunda razón es que suplantar a una candidatura de mayoría relativa, con cualquier otra persona que no haya aparecido en la boleta electoral compitiendo para ese cargo el día de la jornada electoral, resultaría violatorio de los principios de certeza electoral, y violatoria del derecho al voto activo de la ciudadanía del Ayuntamiento correspondiente.
273. Lo anterior, porque para que la ciudadanía pueda ejercer en plena libertad su derecho al voto activo, es necesario que tenga información precisa sobre los cargos que va a elegir. Una vez que el voto ha sido emitido, las condiciones fundamentales que llevaron a la ciudadanía a emitir su voto en el sentido que lo hicieron no pueden variar, entre las que al menos se encuentran: i) la temporalidad para el cargo que se votó, y ii) el cargo para que el que se votó y iii) en el caso de un cargo de mayoría relativa como la presidencia municipal, las personas en específico que integraban la candidatura que votó. Cualquier modificación posterior a la elección en estos rubros, es violatoria del derecho al voto activo prevista en el artículo 35, fracción I, de la Constitución Federal.
274. Por las consideraciones expuestas, se reconoce la validez del artículo 98, fracción IV, de la LMIEQ.
TEMA 6. MECANISMOS PARA CUBRIR VACANTES DEFINITIVAS EN DIPUTACIONES DE MAYORÍA RELATIVA
275. En su quinto concepto de invalidez y en lo relativo a esta temática,(109) el promovente solicita que
se declare la invalidez de los artículos 23, primer párrafo y 24 de la LEEQ, en la porción normativa "diputaciones y".(110)
276. En primer lugar, estima que el artículo 24 de la LEEQ, en la porción impugnada, permite que una candidatura propietaria y suplente en diputaciones por mayoría relativa, pueda ser sustituida por otra fórmula distinta que haya sido registrada en las listas de representación proporcional, lo cual resulta violatorio de los artículos 35, fracciones I y II, 41, párrafos primero y tercero, fracción IV, último párrafo y 116, párrafo segundo, fracción II y tercero de la Constitución Federal (6.1).
277. En segundo lugar, en atención al mismo parámetro y añadiendo el artículo 63 constitucional, señala que el primer párrafo del artículo 23 de la LEEQ debería contemplar, en caso de que haya una vacante permanente para las diputaciones de mayoría relativa, que se convocara extraordinariamente a elecciones (6.2).
TEMA 6.1. Mecanismo para cubrir las vacantes de diputados y regidores en el orden de la lista plurinominal
278. Como fue reseñado, se argumentó que el artículo 24 de la LEEQ era inconstitucional por no distinguir la forma de cubrir vacantes generadas por el principio de mayoría relativa, respecto de la falta absoluta de las electas por el principio de representación proporcional.
279. El proyecto presentado a este Tribunal Pleno consideraba que el planteamiento del partido político era infundado porque la norma impugnada admitía una interpretación conforme.
280. Dado que el artículo 24 de la LEEQ no define de manera expresa a qué tipo de diputaciones le aplica el mecanismo para cubrir vacantes, se proponía que admitía dos interpretaciones.
281. La primera interpretación, era que el artículo 24 buscaba establecer un mecanismo que abarcara las vacantes de diputaciones por el principio de mayoría relativa y el principio de representación proporcional. Interpretado de esa manera, el artículo resultaba inconstitucional, tal como lo sostuvo este Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 142/2017,(111) al analizar una regla en la que de manera expresa establecía la vacantes permanentes de diputados de mayoría relativa se cubrirían a partir de las listas de candidatos de representación proporcional en la legislación de Quintana Roo.(112)
282. La segunda interpretación, que se estimaba plausible y constitucional, era que el artículo impugnado se refería de manera exclusiva a las vacantes de diputaciones por el principio de representación proporcional. Lo anterior, se podría inferir a la luz del contexto de la norma. Además, partiendo del principio de presunción de constitucionalidad, se proponía que era razonable suponer que si el legislador previó que las fórmulas se cubrirían a partir de las listas que los partidos políticos registraron por el principio de representación proporcional, entonces su intención era, aun cuando no lo delimitó así expresamente, que solamente las vacancias por ese principio fueran cubiertas a partir de ese mecanismo.
283. Por lo tanto, se proponía reconocer validez a la luz de una interpretación conforme, en el sentido de que debía entenderse que la porción normativa "diputaciones y" prevista en el artículo 24 de la LEEQ se refería exclusivamente a diputaciones por el principio de representación proporcional.
284. Sin embargo, existió un empate a cinco votos en relación con la propuesta del proyecto.(113) Dado el resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó desestimar el planteamiento consistente en declarar la invalidez del precepto referido, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TEMA 6.2. Ausencia de un mecanismo de sustitución de vacantes definitivas de diputaciones por mayoría relativa
285. MORENA señaló que el artículo 23 de la LEEQ incurría en una deficiente regulación de los supuestos que deben ser contemplados para la celebración de elecciones extraordinarias. Según lo expuesto por el partido político, ello resultaba en una omisión derivada de una competencia de ejercicio obligatorio, si se tiene en cuenta que los habitantes de cada distrito tienen derecho a estar representados en la legislatura local por la diputada o el diputado electo popularmente por el principio de mayoría relativa. Por lo anterior, la ausencia de previsión de convocar elecciones extraordinarias para cubrir vacantes definitivas de diputaciones por mayoría relativa, contravendría el artículo 63 de la Constitución Federal.
286. En el proyecto, se proponía que el planteamiento del actor era infundado, porque si bien los
ciudadanos tienen el derecho a estar representados en el Congreso local a través de una diputación de mayoría relativa, elegida en el distrito uninominal de su residencia, esa obligación no implica que exista un deber de prever que se convocará a elecciones extraordinarias en el caso de una vacante definitiva.
287. En ese sentido, se estimaba que, el hecho de que no se contemplara un proceso electoral extraordinario para el caso de una vacante definitiva en diputaciones de mayoría relativa no representaba una regulación deficiente de la elección de diputados por ese principio, pues no es posible desprender que exista un mandato para ello en la Constitución Federal.
288. Aunado a lo anterior, se consideraba que la Constitución local, en la figura del suplente, ya preveía un mecanismo de sustitución razonable para asegurar que, ante un posible imprevisto ocurrido a la persona electa como propietaria, la ciudadanía del distrito uninominal afectado no perdiera su representatividad en el Congreso local.
289. Se proponía que, en el caso de que ambas personas se vieran impedidas para ejercer el cargo, la entidad federativa estaba en libertad de evaluar si decidía o no establecer un mecanismo adicional como lo es el de llamar a elecciones extraordinarias, sin que ex ante, debiera incluirlo en su legislación local.
290. En virtud de lo anterior, se proponía reconocer la validez del primer párrafo del artículo 23 de la LEEQ.
291. No obstante, se expresó una mayoría de seis votos en contra de la propuesta del proyecto, y por la invalidez del precepto.(114) Dado el resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó desestimar el planteamiento consistente en declarar la invalidez del precepto referido, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
       TEMA 7. PROHIBICIÓN PARA LA PERSONA SANCIONADA DE PARTICIPAR EN ELECCIONES EXTRAORDINARIAS
292. En la segunda parte de su quinto concepto de invalidez,(115) MORENA considera que el artículo 99 de la LMIEQ,(116) en la porción normativa impugnada, excluye que la "persona sancionada" pudiera ser el propio partido político, contraviniendo con ello lo dispuesto por el artículo 41, fracción VI, de la Constitución Federal. Desde su perspectiva, el artículo impugnado debería impedir la participación de partidos políticos, coaliciones y servidores públicos en elecciones extraordinarias por causa de anulación, y no solamente la de candidatos sancionados, pues ese es el sentido que debe dársele a "persona sancionada" en el referente constitucional.
293. Para el promovente, el artículo 23, último párrafo, de la LEEQ, en la porción normativa "candidatura", comparte el mismo vicio pues tácitamente exime de la prohibición de participar en elección extraordinaria a quienes no sean una candidatura y hayan dado origen a la irregularidad que determinó la nulidad de la elección.
294. Los planteamientos resultan infundados.
295. Este Tribunal Pleno no comparte la lectura que el partido político hace del artículo 41 constitucional, en su fracción VI, que, con énfasis añadido en la parte de mayor relevancia para el tratamiento que nos ocupa, dispone:
Artículo 41. [...]
VI. [...]
La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:
a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del total del monto total autorizado;
b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;
c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y
el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.
En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.
296. Dicho artículo constitucional debe de ser leído en relación con el artículo 116, fracción IV, incisos b), l) y m), de la Constitución Federal, que dispone que las constituciones y leyes de los estados deben garantizar que en el ejercicio de la función electoral sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad y que se imponga un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad; particularizando que se deberán señalar los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación y que se deberán de fijar las causales de nulidad de las elecciones de Gobernador, diputados locales y ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales.
297. Sobre este tema, en la acción de inconstitucionalidad 126/2015 y su acumulada 127/2015,(117) el Tribunal Pleno especificó que aun cuando las legislaturas locales tienen libertad configurativa para determinadas cuestiones, por ejemplo, establecer causales de nulidad adicionales, están condicionadas por los mandatos expresos de la Constitución que resultan aplicables a todo tipo de elecciones, como el umbral al que debe sujetarse la acreditación de las irregularidades que provoque la nulidad una elección, debiendo ser éste objetivo y material.
298. En esa línea, este Tribunal considera que, aquí también, nos encontramos ante un mandato expreso de la Constitución Federal que debe ser aplicable en todo tipo de elecciones: la persona sancionada no puede volver a participar en el proceso electoral extraordinario.
299. Ahora bien, dado que la entidad federativa elabora sobre este mandato constitucional, es necesario analizar si, a través de su regulación, la entidad federativa está modulando el mandato y si tal modulación resulta compatible con el texto constitucional.
300. Por lo que hace al artículo 23 de la LEEQ, de una lectura integral de su último párrafo, se extrae que más allá de pretender regular de forma genérica la participación en las elecciones extraordinarias y la prohibición de participación a la persona sancionada, tiene por objeto regular la participación de un partido político que perdió el registro, en elecciones ordinarias o extraordinarias. A lo anterior, prevé como excepción la postulación de una candidatura en la elección anulada y es solo en ese contexto, que establece la prohibición para esa candidatura, si fue la causante de la "irregularidad", de participar en la elección extraordinaria.
301. De esta forma, atendiendo a la integralidad del precepto, se extrae que el mismo no regula de manera genérica la participación de la persona sancionada en las elecciones extraordinarias, ni pretende modularla, sino que atiende, en específico, al caso de los partidos políticos que perdieron el registro con anterioridad a la fecha de las elecciones y a su excepción: que el partido haya postulado una candidatura en la elección que fue anulada. Es en este contexto que resulta para el legislador local, más específico emplear el término de candidatura, sin por ello tergiversar o incidir restrictivamente en el ámbito de aplicación del artículo 41, fracción VI, último párrafo de la Constitución Federal.
302. Ahora bien, por lo que hace al artículo 99 de la LMIEQ, en su tercer párrafo, este Tribunal Pleno debe dilucidar si la especificación de que "el partido correspondiente sí podrá postular una nueva candidata o un nuevo candidato" se ajusta a la norma constitucional o si, por el contario, cuando el artículo 41, fracción VI constitucional dice "persona sancionada" engloba también a partidos políticos o servidores públicos, como lo siguiere el promovente.
303. Así, de la argumentación que hace MORENA en este punto, se advierte que su lectura del artículo 41 constitucional, en la porción relativa al sistema de nulidades, parte de la premisa de que dicha disposición tiene un fin sancionatorio.
304. Este Tribunal Pleno no comparte la interpretación del promovente: el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales previsto en el precepto constitucional referido no tiene un propósito directamente sancionador y, por ello, no es relevante que la comisión de las irregularidades pueda
ser cometida tanto por servidores públicos, el partido político que postula el candidato, o por las personas que ocupan las candidaturas, para darle contenido al mismo.
305. Por el contrario, los medios de impugnación cuyo objeto es la nulidad de una elección son el último recurso para salvaguardar la autenticidad y legitimidad de los resultados de un determinado proceso electoral y, en consecuencia, del derecho universal al sufragio y el carácter democrático de nuestras instituciones.
306. Lo anterior no quiere decir que no existan sanciones previstas en nuestro orden jurídico para los sujetos que cometen las irregularidades previstas en los incisos a), b) y c) del artículo 41, fracción VI constitucional. Lejos de ello, tanto en la legislación electoral, como en la legislación penal, existen distintas sanciones y penas por el rebase de topes de campaña, adquisición indebida de tiempos en radio y televisión, uso parcial de los recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
307. En el régimen sancionador electoral establecido por la LGIPE,(118) por ejemplo, las penas para los partidos políticos que incurran en los ilícitos mencionados incluyen la amonestación pública, multas, y van hasta la cancelación del registro como partido político.(119) Por su parte, las candidaturas pueden ser sujetas también a penas ascendentes, yendo hasta la cancelación del registro como candidato.(120)
308. Considerando, entonces, que el sistema de nulidades de elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, previsto por el artículo 41, fracción VI, no tiene como fin último determinar las sanciones, sino asegurar un resultado auténtico y legítimo en un proceso electoral, este Alto Tribunal no extrae motivos para pensar que el Poder Reformador buscaba impedir también la participación de los partidos políticos a los que hubieran pertenecido las personas sancionadas.(121)
309. Por lo menos, no se extraen motivos para considerar que el Poder Reformador buscó fijar a priori la imposibilidad de los partidos políticos a los que las personas sancionadas pertenecen de contender en las elecciones extraordinarias. Lo anterior no inobserva el régimen sancionador electoral que ya fue mencionado en párrafos anteriores, y que pudiera dar lugar a que el propio partido político se viera sancionado con la pérdida de su registro y, por lo tanto, imposibilitado fáctica y jurídicamente para participar en las elecciones extraordinarias. Sin embargo, considerar que el artículo 41 constitucional, cuando establece la prohibición de participación a la "persona sancionada", refiere también y automáticamente, al partido político, implicaría una lectura restrictiva de los derechos de militancia de los partidos. En específico, restringiría desproporcionadamente, su derecho de participación política y de asociación, puesto que se les negaría el derecho de postular candidatos en un proceso electoral por hechos ilícitos que no forzosamente les son atribuibles. A su vez, lo anterior afectaría excesivamente los derechos de participación política de los ciudadanos, pues no debe pasarse por alto que, conforme al artículo 41 constitucional, los partidos son entidades de interés público que tienen como parte de su objeto hacer posible el acceso de los ciudadanos al poder público y promover la participación del pueblo en la vida democrática.
310. Por último, la restricción de estos derechos tampoco abonaría a la legitimidad de los resultados electorales. En este punto, conviene traer a cuenta que la participación del partido político con una nueva candidatura, sirve para eliminar las ventajas indebidas que en un determinado momento pudieran haberle otorgado las irregularidades cometidas.
311. Por las razones mencionadas, este Tribunal Pleno reconoce la validez del artículo 23, de la LEEQ, y del artículo 99, de la LMIEQ, en los párrafos y porciones impugnadas.
TEMA 8. PROHIBICIÓN DE RECIBIR FINANCIAMIENTO PRIVADO, EN CASO DE NO TENER DERECHO A FINANCIAMIENTO PÚBLICO LOCAL
312. En su sexto concepto de invalidez, MORENA impugna el artículo 41, penúltimo párrafo de la LEEQ.(122) Desde su perspectiva, el hecho de que un partido político no obtenga el porcentaje mínimo en las elecciones de diputaciones de mayoría relativa para contar con recursos públicos locales, no implica que no pueda recibir financiamiento privado.
313. Lo anterior, porque si el partido político cuenta con registro nacional, entonces tiene derecho a financiamiento público nacional y a competir en elecciones locales. En ese sentido, siempre que el financiamiento público, aunque sea nacional, exceda el monto del financiamiento privado, subsiste el derecho de los partidos políticos nacionales a recibir financiamiento privado, aunque no reciban financiamiento público local.
 
314. Añade a lo anterior que, si a las candidaturas independientes no les es aplicable el principio de prevalencia del financiamiento público sobre el privado, los partidos que pierden el derecho a recibir financiamiento público local, deberían poder recibir financiamiento privado.
315. Este Tribunal Pleno considera que el concepto de invalidez es infundado porque la norma impugnada se ajusta a las bases de financiamiento previstas en los artículos 41, fracción II, y 116, fracción IV, inciso g) de la Constitución Federal para el financiamiento público local.
316. En relación con el tema de financiamiento público y privado de los partidos políticos, este Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 5/2015,(123) así como la acción de inconstitucionalidad 50/2015 y sus acumuladas 55/2015, 56/2015 y 58/2015,(124) sostuvo el criterio de que la facultad de las entidades federativas para garantizar en sus leyes que los partidos políticos reciban financiamiento equitativo debe ejercerse de conformidad con las bases establecidas en la propia Constitución y en las leyes generales en la materia, tal como lo establece el artículo 116, fracción IV, incisos g) y h),(125) de la Constitución Federal.
317. En virtud de lo anterior, para garantizar que los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante el proceso electoral, las entidades federativas deberán legislar atendiendo las bases previstas en el artículo 41 de la Constitución Federal, y en los artículos 50 a 54 de la LGPP, expedida con fundamento en el artículo 73, fracción XXIX-U,(126) en relación con la fracción IV del artículo 116 constitucional.
318. En ese sentido, el artículo 41 constitucional prevé que la ley señalará las reglas a las que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos nacionales y sus campañas, "debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado".(127)
319. Por su parte, la LGPP, en lo que interesa establece:
TÍTULO QUINTO
DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
CAPÍTULO I
Del Financiamiento Público
Artículo 50.
1. Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, Base II de la Constitución, así como lo dispuesto en las constituciones locales.
2. El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas como entidades de interés público.
Artículo 52.
1. Para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate.
2. Las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos que cumplan con lo previsto en el párrafo anterior se establecerán en las legislaciones locales respectivas.
320. Considerando el marco normativo expuesto, este Tribunal Pleno advierte que existen las siguientes premisas normativas que deben regir la solución del planteamiento:
a.   Existe un mandato expreso en el artículo 41, fracción II constitucional y reiterado por el artículo 50, numeral 2, de la LGPP (tanto para partidos políticos nacionales, como locales) que establece que el financiamiento público debe prevalecer sobre el financiamiento privado.
b.   Las entidades federativas gozan de libertad configurativa para determinar la manera en la que los partidos políticos recibirán financiamiento privado en el ámbito local, atendiendo a las bases de las leyes generales y la Constitución Federal.
c.    Los partidos políticos nacionales solamente pueden recibir financiamiento público local cuando alcancen el tres por ciento de la votación en la entidad federativa correspondiente.
321. Así, a la luz de las premisas normativas expresadas, la norma impugnada establece una regla que tiene como objetivo salvaguardar la prevalencia del financiamiento público respecto del privado en el caso de que un partido político no tenga derecho a recibir financiamiento público local. En ese sentido, si un partido político no tiene derecho a recibir financiamiento público local, la manera que encontró el legislador local de salvaguardar el principio mencionado es que no pueda recibir financiamiento privado en el ámbito local, pues cualquier aportación sería superior al financiamiento
público local.
322. No pasa por desapercibido que el partido promovente busca poner de relieve que, tratándose de partidos políticos nacionales, con financiamiento público federal, la prohibición de recibir financiamiento privado local, perdería su racionalidad. Al respecto, este Tribunal Pleno ya ha estudiado planteamientos similares, en los que partidos políticos con registro nacional, aducen la necesidad de recibir un trato diferenciado en el ámbito local, por virtud de su carácter nacional y ha considerado que, al tratarse de la regulación de acceso a recursos locales, no vale hacer tal diferenciación.(128)
323. Ahora bien, respecto del tratamiento equiparado con las candidaturas locales que el promovente propone, este Tribunal Pleno considera que no es posible homologar a los partidos políticos con las candidaturas independientes, como quedó asentado en las acciones de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014,(129) y 32/2014 y su acumulada 33/2014.(130)
324. De esa manera, considerando que el legislador local goza de libertad configurativa para regular el financiamiento privado de los partidos políticos en el ámbito local, este Tribunal Pleno concluye que la norma es válida en tanto que responde a un mandato expreso de prevalencia sobre el financiamiento público, respecto del privado.
325. Por lo tanto, este Tribunal Pleno reconoce la validez del artículo 41, penúltimo párrafo, de la LEEQ.
TEMA 9. REGLAS SOBRE QUÓRUM Y VOTACIÓN EN LAS SESIONES DE LOS CONSEJOS DEL IEEQ
326. En su séptimo concepto de invalidez,(131) MORENA impugna la validez de los artículos 66, párrafos primero, en la porción normativa "con las y los integrantes que asistan", y octavo, en la porciones normativas "simple" y "en caso de empate, será de calidad el voto del Consejero Presidente"; 88, párrafos primero, en la porción normativa "con quienes asistan", y cuarto, en la porción normativa "teniendo la persona titular de la Presidencia voto de calidad en caso de empate"; 122, párrafo quinto, en la porción normativa "con las y los integrantes presentes"; y 126, párrafo primero, numeral 1, en la porción normativa "con la integración presente", todos de la LEEQ.(132)
327. En primer lugar, considera que, si las resoluciones del Consejo General, o de los consejos distritales y municipales, se pueden tomar con voto de calidad del Presidente, en caso de empate, se infringe el principio de certeza en la materia electoral, pues se permite que, sin el quórum legal, se adopten resoluciones aparentemente válidas, por una minoría de los integrantes, y en un caso extremo de empate (solo dos Consejeros), podría decidirse por el voto único del presidente, atentando contra la esencia colegiada de estos órganos.
328. Así, agrega que, conforme a una interpretación integral y democrática de las resoluciones, se debería tomar en cuenta lo previsto por los artículos 1, segundo párrafo, 40 y 116, fracción IV, inciso c), numeral 1, de la Constitución Federal, para concluir que, por un lado, el Consejo General debería emitir todas sus resoluciones por cuando menos cuatro votos, salvo que esté justificada alguna inasistencia; y, por otro lado, los consejos distritales y municipales deberían tomar sus decisiones por cuando menos tres votos, salvo inasistencia justificada. Es decir, una resolución válida no podría tener un número de votos menor al número de integrantes necesarios para sesionar.
329. Por otra parte, argumenta que, al permitir realizar sesiones dentro de las veinticuatro horas siguientes con los integrantes presentes en todos los consejos, o en el caso de tercera convocatoria para cómputo, con la integración presente, se torna posible adoptar decisiones no solamente sin quórum legal, sino con una minoría, o, inclusive por un solo voto de calidad contra uno ordinario.
330. En consecuencia, arguye que, si conforme al artículo 116 de la Constitución Federal, el Consejo General se integra por siete miembros, la regla mínima de votación en todos los casos debería ser de cuatro integrantes para poder aprobar cualquier decisión; siendo aplicable lo anterior por mayoría de razón en los consejos distritales y municipales.
331. Los planteamientos hechos valer por el promovente resultan infundados.
332. Los preceptos reclamados abordan aspectos diferentes, en esencia:
-     El artículo 66 se encuentra en el Título Cuarto "Del Instituto" (IEEQ), Capítulo Segundo "De los órganos de dirección", y versa, en general, sobre las reglas para que pueda sesionar el Consejo General; en específico, el párrafo primero prevé que para instalar legalmente una sesión es necesaria la asistencia de la mayoría de los integrantes, incluyendo al Consejero Presidente, en caso de que no se acredite tal mayoría, la sesión se llevará a cabo en las veinticuatro horas
siguientes con quienes asistan; por otra parte, el párrafo octavo, establece que las resoluciones del Consejo se tomarán por mayoría simple, salvo que la ley disponga otro supuesto y, en caso de empate, el voto de calidad será del Consejero Presidente.
-     El artículo 88 se encuentra en el Título Cuarto "Del Instituto" (IEEQ), Capítulo Cuarto "De los Consejos distritales y municipales", y versa, en general, sobre las reglas para las sesiones de los consejos distritales y municipales; en específico, el primer párrafo establece que éstas serán instaladas con la mayoría de sus integrantes, entre los que se deberá encontrar el presidente, en su defecto, se convocará a una nueva sesión en las veinticuatro horas siguientes, con quienes asistan; por otra parte, el párrafo cuarto prevé que las resoluciones se aprobarán por mayoría de votos, teniendo voto de calidad en caso de empate el presidente, añadiendo que las consejerías tienen derecho a voz y voto, mientras que los demás integrantes del consejo sólo voz, al igual que la secretaría técnica con voz informativa.
-     El artículo 122 se encuentra en el Título Quinto "Del Proceso Electoral", Capítulo Cuarto "De la etapa posterior a la elección", y prevé, de forma general, las reglas aplicables a las sesiones de los consejos distritales y municipales para realizar el cómputo parcial o total de las elecciones de diputaciones por mayoría relativa, Gubernatura, Ayuntamiento y regidurías por el principio de representación proporcional. En específico, el párrafo quinto establece que las sesiones se podrán instalar con la mayoría de los integrantes del consejo, incluyendo al presidente; de lo contrario, se sesionará en segunda convocatoria a las 8:30 del mismo día; de no reunirse los supuestos, se sesionará en tercera convocatoria a las 9:00 del mismo día con quienes se encuentren presentes. En este entendido, si para la tercera convocatoria no se encuentra quien ejerza la presidencia, entre los presentes se nombrará a uno para esa sesión, en votación secreta. En caso de inasistencia de la secretaría técnica, el presidente podrá designar entre los consejeros, en cualquier convocatoria, a quien supla para tales efectos, conservando su derecho a voto.
-     Finalmente, el artículo 126 se encuentra en el Título Quinto "Del Proceso Electoral", Capítulo Cuarto "De la etapa posterior a la elección", y en general regula que una vez concluidos los cómputos distritales y municipales, el Consejo General celebrará una sesión para designar las diputaciones por representación proporcional y para realizar el cómputo de la elección de la Gubernatura. El numeral 1, impugnado, prevé las mismas reglas y escenarios que el artículo 122, párrafo quinto, sólo que aplicables para el Consejo General y la Secretaría Ejecutiva.
333. En este sentido, los preceptos impugnados establecen las reglas a partir de las cuáles se deberán desarrollar las sesiones del Consejo General del IEEQ, así como de los consejos distritales y municipales. En síntesis, regulan dos aspectos principales: a) las reglas para las sesiones ordinarias de los Consejos General, distritales y municipales (artículos 66 y 88); y b) las reglas para las sesiones de la etapa posterior a la elección para los Consejos General, distritales y municipales (artículos 122 y 126).
334. Dado lo anterior, debe destacarse que, conforme los artículos 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal y 98 a 104 la LGIPE,(133) se establece la existencia de OPLES, la integración de su órgano de dirección superior, los requisitos de elegibilidad de sus consejeros o consejeras y su procedimiento de designación y remoción, así como sus atribuciones generales y principios fundamentales de funcionamiento.
335. Esto es, si bien existe un margen de libertad configurativa en el diseño de los OPLES, también se establecen ciertas normas constitucionales y legales que necesariamente deben de ser cumplimentadas. A nivel constitucional, el artículo 116, fracción IV, inciso c), prevé que:
1.   El diseño de su órgano superior de dirección debe contar con un consejero Presidente y seis consejeros electorales, todos con derecho a voz y voto, así como un Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos que solamente tendrán derecho a voz.
2.   El INE deberá designar a los consejeros locales y la manera de cubrir vacantes, así como los requisitos y calidades con los que deben contar.
3.   El periodo de los consejeros locales y la prohibición para ser reelectos, así como la previsión de que solamente podrán ser removidos por causas graves.
4.   Las prohibiciones para desempeñar empleos, cargos o comisiones.
 
5.   Deberán contar con servidores públicos investidos con fe pública para actos de naturaleza electoral.
336. A nivel legal, la LGIPE establece en lo relativo a los OPLES que:
1.   Contarán con personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomos en su funcionamiento e independientes en sus decisiones, y se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Además, serán autoridad en materia electoral, y deberán tener servidores públicos envestidos de fe pública (artículo 98).
2.   El diseño de su órgano superior de dirección debe contar con un consejero Presidente y seis consejeros electorales, todos con derecho a voz y voto, así como un Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos que solamente tendrán derecho a voz, debiéndose procurar la paridad. Además, la integración del patrimonio de los OPLES (artículo 99).
3.   La duración de los consejeros y los requisitos de elegibilidad (artículo 100).
4.   El proceso de elección de consejeros electorales (artículo 101).
5.   Los supuestos de remoción de los consejeros (artículo 102).
6.   El proceso de remoción de un consejero (artículo 103).
7.   Las atribuciones de los OPLES (artículo 104), entre las que destacan las fracciones: "h) efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales y municipales"; "i) expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos así como la constancia de asignación a las fórmulas de representación proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y declaración de validez que efectúe el propio organismo"; y, "j) efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la entidad de que se trate.
337. Bajo esta línea, se desprende que la regulación del funcionamiento de estos organismos públicos, su integración o el desempeño de sus atribuciones, no se agota en tales ordenamientos; sino que existe un ámbito de libertad configurativa de las entidades federativas para regular los organismos electorales locales y sus funciones que, como cualquier otra norma de naturaleza electoral, encontrará sus limitantes con los principios generales aplicables a la materia y la salvaguarda de los derechos humanos.
338. En consecuencia, para el análisis de este planteamiento, no existe un lineamiento expreso que este Tribunal Pleno deba observar contenido en la Constitución Federal o en la LGIPE, a fin de contrastar las normas impugnadas, relativo al desarrollo de las sesiones de los OPLES, en las diversas etapas que se prevén, pues serán producto de la libertad configurativa del legislador. No obstante, lo que sí existe, y es necesario analizar, es si estas normas cumplen con el deber de garantizar que la función electoral se desarrolle observando los principios que rigen la materia.
339. De forma preliminar, cabe recordar que el IEEQ tiene a su cargo la relevante función constitucional de organizar las elecciones en la entidad federativa para los cargos de su competencia,(134) para cumplir dicha función debe observar el calendario electoral que tiene fechas específicas y plazos para cada etapa del proceso.(135) Asimismo, debe recordarse que, en principio, es un deber de los consejeros asistir a las sesiones a las que son convocados. Sin embargo, en caso de que así no sucediera, las tareas de este órgano no pueden verse impedidas por las acciones individuales. Por eso, dada la naturaleza de la función que desempeña el IEEQ, es razonable y necesario que existan reglas que permitan a su órgano de dirección y a sus consejos distritales y municipales, poder desahogar sus sesiones sin contratiempos que pongan en riesgo la implementación de las etapas del proceso electoral, sin comprometer los principios que rigen su función.
340. A la luz de lo anterior, es posible colegir que la LEEQ implementa una preferencia excepcional en la toma de decisiones y la continuación del proceso, más que una prevalencia imperante de que las sesiones y sus decisiones tengan que verse acompañadas en todo momento de determinado quórum. Lo cual no afecta los principios de seguridad, legalidad o certeza electoral, pues se puede considerar como un fin legítimo y razonable, en atención a la naturaleza perentoria de los plazos en los procesos electorales y la excepcionalidad de la ausencia de los consejeros.
341. En este sentido, debe recalcarse que la regla general, tanto para el Consejo General (artículo 66, primer párrafo), como para los consejos distritales y municipales (artículo 88, primer párrafo), sí exige una presencia mayoritaria de los consejeros, y de no ser así, otorga un plazo de veinticuatro horas para que acudan a la siguiente sesión; este aspecto evidencia la priorización del legislador por un quórum más robusto, pero a la vez la previsión de que no pueden paralizarse las sesiones por
inasistencia de algunos integrantes.
342. No obsta el planteamiento respecto de que las sesiones tendrían que ser tomadas por una mayoría de cuando menos cuatro votos para el Consejo General y tres votos para los consejos distritales y municipales; dado que, como se dijo, esta exigencia no deriva del texto constitucional y el legislador prefirió, en este caso, evitar un impedimento para la resolución de los asuntos, lo cual halla justificación en los propios plazos electorales.
343. Esto no implica que la legalidad de las decisiones resulte irrelevante ante la premura de emitirlas, pues, ciertamente, la idea de un organismo colegiado es que se robustezca su legitimidad, de ahí que se exija cierto número en su integración, pero esto no puede llegar al punto de que las decisiones en todos los casos tengan que ser apoyadas por una cantidad cierta de integrantes, de lo contrario, la legislación general o la misma Constitución Federal hubieran requerido quórums determinados de asistencia o reglas específicas de votación.
344. Más bien, se considera que ante las particularidades que se pueden presentar en cada caso, debe existir cierto grado de flexibilidad para que la decisión puedan adoptarse, sin con ello transgredir la composición colegiada del órgano.
345. Así, debe concluirse que, por un lado, las normas impugnadas permiten la eficiencia de las sesiones y, por otro, aseguran el cumplimiento irrestricto de cierta votación calificada cuando la misma ley lo señale. De ahí que sea válido que a nivel local se haya previsto que el Consejo General, y los consejos distritales y municipales, puedan operar con tales reglas de quórum y votación, sin que tal aspecto comprometa los principios en materia electoral, previstos constitucionalmente.
346. En este mismo sentido, resulta también válida la previsión de los artículos 122, párrafo quinto, y 126, numeral 1, respecto de las sesiones de cómputo en la etapa posterior a la elección, tanto para el Consejo General, como para los distritales y municipales.
347. En atención a consideraciones similares, si bien es cierto que en la tercera convocatoria se permite iniciar la sesión con los integrantes presentes, lo cierto es que estamos hablando de un caso excepcional, es decir, de entender que los integrantes de los consejos no estuvieron presentes por dos ocasiones consecutivas, teniendo el deber de hacerlo. Esto no podría tener como consecuencia la parálisis de los consejos, sobre todo, en una etapa tan importante y breve como es el cómputo de las votaciones.
348. Es más, contrario a lo que plantea el accionante, estas normas buscan garantizar la operatividad de las sesiones y la posibilidad de tomar decisiones en momentos esenciales que no pueden ser postergados. Incluso, en el caso de la sesión que celebrarán los consejos distritales y municipales para realizar el cómputo de las elecciones, la propia ley establece la fecha y hora de la convocatoria: "a partir de las 8:00 horas del miércoles posterior al día de la elección", por lo que la inasistencia de los consejeros debe ser una situación realmente extraordinaria.
349. En estos casos, la implementación de las reglas propuestas por MORENA pondría en riesgo el cómputo de las elecciones de la Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos e impediría conocer con oportunidad los resultados.
350. Ahora bien, tratándose del voto de calidad del Presidente en cualquiera de los consejos, impugnado en el último párrafo de los artículos 66 y 88 de la LEEQ, también es un aspecto que se sitúa dentro de la libertad configurativa del legislador, siendo una medida razonable.
351. Esto, pues dentro de un órgano colegiado, el voto de calidad se instaura válidamente como un mecanismo idóneo y necesario para cumplir con su objeto, la toma de decisiones, sin detrimento de los principios rectores en la materia; por el contrario, buscando cumplir lo perentorio de los plazos y el principio de definitividad de las diferentes etapas del proceso.
352. Es decir, el voto de calidad constituye una atribución excepcional y extraordinaria que dota de un poder particular a un determinado integrante de un cuerpo colegiado respecto de sus pares, pues en el supuesto de una decisión dividida, sería el voto de este funcionario el preponderante, garantizando la viabilidad de tomar decisiones. El voto de calidad es un medio extraordinario en el caso de empates, sin que pueda considerarse que el mismo transgreda de forma alguna la integración colegiada del órgano.
353. Finalmente, debe precisarse que, las normas analizadas tampoco contravienen los principios que rigen la función electoral porque: i) están previstas en rango legal con anterioridad al inicio del proceso electoral, ii) no ponen en riesgo la independencia del órgano, en tanto que no impide que los consejeros del IEEQ, en todos los niveles, ejerzan su derecho a participar libremente en las sesiones con voz y voto, iii) el diseño normativo no impacta de manera diferenciada a alguno de los
operadores jurídicos o agentes que participan en los procesos electorales y, además, iv) tampoco impide que se conozcan el proceso y la toma de decisiones del órgano por toda la ciudadanía.
354. Por lo expuesto, se reconoce la validez de los artículos 66, párrafos primero, en la porción normativa "con las y los integrantes que asistan", y octavo, en la porciones normativas "simple" y "en caso de empate, será de calidad el voto del Consejero Presidente"; 88, párrafos primero, en la porción normativa "con quienes asistan", y cuarto, en la porción normativa "teniendo la persona titular de la Presidencia voto de calidad en caso de empate"; 122, párrafo quinto, en la porción normativa "con las y los integrantes presentes"; y 126, párrafo primero, numeral 1, en la porción normativa "con la integración presente", todos de la LEEQ.
       TEMA 10. CANCELACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTES POR LA PÉRDIDA O FALTA DE REGISTRO DE UNA CANDIDATURA
355. En su octavo concepto de invalidez, MORENA estima que el artículo 80, párrafo tercero, de la LEEQ,(136) es inconstitucional, al disponer que quedará sin efectos la acreditación de los representantes de los partidos políticos o candidatos independientes que no obtengan o pierdan el registro de sus candidaturas, ante los órganos que conozcan parcial o totalmente de las elecciones relacionadas con dichas candidaturas.
356. Argumenta que la disposición afecta el derecho de los partidos políticos de contar con un representante ante el órgano superior de dirección o ante el consejo distrital o municipal que haya otorgado, y posteriormente cancelado, el registro de las candidaturas respectivas, lo cual es contrario a lo que establece el artículo 116, fracción IV, inciso c), numeral 1, de la Constitución Federal. Señala que, de la legislación general en la materia, es posible desprender que es el registro de los partidos y no de las candidaturas lo que legitima el derecho a contar con representantes ante los organismos locales que ejerzan la función de organización de las elecciones. En todo caso, el único supuesto para perder la acreditación de la representación debería ser la falta de asistencia injustificada por tres veces seguidas ante el mismo órgano electoral.
357. Además, resalta que es preferible contar con un mayor número de representantes acreditados que vigilen el desarrollo y los actos de preparación del proceso electoral; y que, con ese fin, los representantes acreditados ante el órgano superior se apoyan en aquellos acreditados ante los consejos distritales y municipales.
358. Este Alto Tribunal estudiará, en primer lugar, lo relativo a los representantes de los partidos políticos ante los órganos electorales (10.1), y en segundo, sobre los representantes de los candidatos independientes (10.2).
       TEMA 10.1. Representantes de los partidos políticos.
359. Este Tribunal Pleno considera que los planteamientos anteriores son fundados por lo que hace a los partidos políticos, por las razones que se expresan a continuación.
360. En relación con el tema, este Pleno se ha pronunciado en diversas ocasiones. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 38/2014 y sus acumuladas 91/2014, 92/2014 y 93/2014(137) se declaró la invalidez del artículo 38, fracción I, de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, que preveía que los partidos políticos perderían sus derechos de representación ante los organismos electorales durante el periodo electoral, cuando no postularan candidatos para la elección de que se tratara. Al respecto, se estableció que "[s]e advert[ía] con claridad el derecho que asiste a los partidos políticos de nombrar representantes ante los órganos de dirección de las autoridades administrativas electorales, el cual no puede restringirse ante supuestos no contemplados en la propia Constitución Federal". (138)
361. Además, que "el hecho de que no participen con candidatos en determinada elección o en cierto número de elecciones, no constituye un impedimento para que cuenten con representantes ante el órgano electoral correspondiente, dado que sus labores no se circunscriben a la defensa de intereses particulares, sino que el propio diseño constitucional del sistema electoral, les concede funciones adicionales que tienden a garantizar la observancia de la propia norma fundamental, así como de los principios que rigen los comicios" (énfasis añadido). (139)
362. Finalmente, en la acción de inconstitucionalidad 50/2015 y sus acumuladas 55/2015, 56/2015 y 58/2015,(140) se estudió la validez de ciertos preceptos del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con la pérdida del derecho tanto de los partidos políticos como de los candidatos independientes para acreditar a sus representantes ante los órganos electorales, por solicitud extemporánea. En dicho precedente, este Alto Tribunal determinó lo siguiente (énfasis añadido):
-     Tratándose de partidos políticos, este Pleno ha sostenido que en términos de los artículos 41, base V, apartado A y 116, fracción IV, inciso c), numeral 1, constitucionales, las entidades
federativas no pueden restringir su representación ante los organismos electorales, pues el propio diseño constitucional les concede esa función.
-     En efecto, la Constitución contempla a los representantes de los partidos políticos como integrantes tanto del INE como de los OPLES, y específicamente los señala como parte de los órganos superiores de dirección de dichos organismos, lo que impide que esta participación pueda hacerse nugatoria con motivo del incumplimiento de plazos o inasistencias. No obstante, cabe hacer la precisión que dicho criterio sólo resulta aplicable a los representantes de los partidos políticos ante los órganos superiores de dirección de los OPLES, pues es únicamente a éstos que se refiere el artículo 116 constitucional.(141)
363. Así, se reconoció la validez del precepto impugnado por lo que se refería a la imposibilidad de acreditar a los representantes de los partidos políticos ante los consejos distritales y municipales, así como ante las mesas directivas de casilla y los representantes generales cuando la solicitud fuera extemporánea; en interpretación conforme, se excluyó al órgano de dirección superior del OPLE, atento a lo dispuesto por el texto constitucional.(142)
364. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el actor parte de una falsa premisa por lo que hace a la posible pérdida de representación de los partidos políticos ante el Consejo General del IEEQ. Este Consejo, como se desprende de los artículos 56 y 57 de la LEEQ,(143) es el órgano superior de dirección del IEEQ. Sobre su integración, el artículo 58 del ordenamiento citado prevé lo siguiente (énfasis añadido):
Artículo 58. El Consejo General se integra de la siguiente manera:
I. Un Consejero Presidente y seis consejeros electorales, designados por el Consejo General del Instituto Nacional;
II. Una persona titular de la Secretaría Ejecutiva, designada por el Consejo General, en términos de las disposiciones aplicables, que durará en su encargo hasta en tanto no se renueven la totalidad de consejerías que lo nombraron;
III. Una persona representante de cada uno de los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional;
IV. Una persona representante de cada uno de los partidos políticos locales con registro; y
V. Una persona representante de cada candidatura independiente que contienda por la Gubernatura, una vez aprobado el registro para contender en el proceso electoral correspondiente; concluido éste, la representación de la candidatura dejará de formar parte del Consejo.
Por cada persona representante propietaria de partidos políticos o candidaturas independientes a la Gubernatura, podrán nombrar a una persona suplente, quienes no podrán actuar de manera simultánea en las sesiones del Consejo General.
El Consejero Presidente y los consejeros electorales tendrán derecho a voz y voto, los demás integrantes sólo tendrán derecho a voz. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva concurrirá a las sesiones de Consejo General con voz informativa. (Énfasis añadido)
365. Así pues, el precepto transcrito se ajusta al diseño constitucional previsto en el artículo 116, fracción IV, inciso c), numeral 1,(144) en relación con la conformación del órgano superior de dirección del IEEQ. En efecto, la posibilidad de acreditar representantes de los partidos políticos está sujeta solamente a su registro nacional o local, sin que se adviertan supuestos adicionales que condicionen, limiten o anulen la posibilidad de acreditar representantes ante el Consejo General, o su posterior permanencia.
366. El artículo 80 de la LEEQ, a su vez, se refiere a la integración de los consejos distritales y municipales, exclusivamente. Al respecto, de una lectura del mismo, en su primer párrafo, fracciones III y IV, en conjunto con el tercer párrafo,(145) se desprende que el legislativo local articuló una configuración variable para los consejos distritales y municipales, sujetando la permanencia de los representantes de los partidos políticos y de las candidaturas independientes, a la participación efectiva de sus candidatos en los distritos o municipios correspondientes a cada consejo.
367. Como se extrae de los precedentes, particularmente de la acción de inconstitucionalidad 50/2015 y sus acumuladas 55/2015, 56/2015 y 58/2015, es cierto que la Constitución Federal no prescribe un
diseño sobre la conformación de órganos distintos al superior de dirección de los OPLES; sin embargo, de igual manera, se estableció que la configuración de estos organismos no podía ser arbitraria, ni afectar la participación de los partidos políticos en el proceso electoral.
368. Ahora bien, de una lectura del artículo 91 de la LEEQ, en su segundo párrafo, se extrae que, por lo que hace a los partidos políticos, los representantes que acrediten ante los consejos distritales y municipales son en nombre del partido político, y no actúan exclusivamente en nombre de un determinado candidato o candidata.(146) Esta interpretación se confirma al advertir que, en la conformación de los consejos municipales y distritales, se prevé "una persona representante de cada uno de los partidos políticos".
369. Es importante considerar que, en términos de los artículos 81 y 82 de la LEEQ, los consejos distritales y municipales ejercen funciones de relevancia que repercuten al proceso electoral en su totalidad, y que podrían impactar a diversos candidatos postulados por el mismo partido político. Ejemplificativamente, en los consejos distritales no sólo se realizan cómputos exclusivos para los diputados de mayoría relativa, sino también cómputos parciales para las elecciones de la Gubernatura, así como para las elecciones de los ayuntamientos; y, a su vez, en los consejos municipales, sucede algo similar.(147)
370. Así pues, dado que los representantes de los partidos acreditados ante los consejos distritales y municipales no son exclusivos de un candidato o candidata postulado por un partido político, que la LEEQ disponga que cuando "un partido político no obtenga o pierda el registro de candidaturas...quedará sin efectos la acreditación de sus representantes en aquellos órganos que conozcan parcial o totalmente de las elecciones relacionadas con dichas candidaturas" es contrario al principio de certeza electoral, ya que parece asumir que hay tantos representantes como candidatos de los partidos políticos. En ese sentido, la consecuencia prevista por el artículo dispuesto por lo que hace a los representantes de los partidos genera inseguridad jurídica y representa una afectación en la participación de los partidos políticos en el proceso electoral.
371. En ese tenor, lo procedente es declarar la invalidez del artículo 80, tercer párrafo, de la LEEQ, en la porción normativa "un partido político no obtenga o pierda el registro de candidaturas o".
       TEMA 10.2. Representantes de los candidatos independientes.
372. Ahora bien, para este Alto Tribunal, son infundados los argumentos que versan sobre los representantes de los candidatos independientes ante los consejos distritales y municipales.
373. En efecto, "desde la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014, resueltas en sesión pública de nueve de septiembre de dos mil catorce, ha sostenido el criterio de que no pueden compararse partidos políticos y candidatos independientes al no encontrarse en condiciones equivalentes, por lo que el examen de constitucionalidad y razonabilidad de la medida tiene que hacerse dentro de la propia figura y no de manera comparativa"(148) (énfasis añadido).
374. En relación con el punto de estudio, cabe resaltar que la Constitución Federal, en el artículo 116 constitucional, no dispone sobre los representantes de los candidatos independientes, incluso ante los órganos superiores de dirección de los OPLES. Como se estableció en la citada acción de inconstitucionalidad 50/2015 y sus acumuladas, "tratándose de los candidatos independientes, la Constitución no prevé que deban contar con representación ante los [OPLES], sino que se deja al ámbito de competencia estatal regular el régimen aplicable a su postulación, registro, derechos y obligaciones, lo que por supuesto no puede hacerse de manera arbitraria o que haga inviable su participación en el proceso electoral"(149).
375. En ese sentido, es viable que el ordenamiento local, al regular la integración de los consejos municipales y distritales, disponga que quedará sin efectos la acreditación de los representantes de los candidatos independientes que pierdan su registro "ante aquellos órganos que conozcan parcial o totalmente de las elecciones relacionadas con dichas candidaturas", una vez que quede firme la situación que originó esa determinación.
376. Lo anterior, pues apreciado bajo un parámetro de razonabilidad, el diseño previsto no excede la libertad de configuración que gozan los legisladores locales en este ámbito, para trastocar los principios electorales que rigen en la materia. A diferencia de lo que ocurre con los partidos políticos, en este caso, los representantes sí están vinculados a una candidatura. Es posible afirmar que el interés de la candidatura independiente, y en consecuencia de sus representantes, desaparece una vez que el candidato pierda su registro, habiendo agotado todos los medios de defensa posibles.
377. Así pues, a la luz de lo expuesto, lo procedente es reconocer la validez del artículo 80, tercer
párrafo, por lo que hace a los candidatos independientes, y, únicamente, en términos de lo resuelto en el apartado anterior, declarar la invalidez de la porción normativa "un partido político no obtenga o pierda el registro de candidaturas o" del mismo artículo de la LEEQ.
       TEMA 11. REGULACIÓN de PROPAGANDA GUBERNAMENTAL DURANTE EL PROCESO ELECTORAL Y REGULACIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES
378. En su noveno concepto de invalidez,(150) MORENA impugna diversos artículos de la LEEQ, por considerar que algunos de ellos invaden la competencia del Congreso de la Unión, en materia de propaganda gubernamental y los otros, regulan deficientemente la propaganda electoral. Por un lado, considera que los artículos 92, segundo párrafo, y 100, fracciones IV, inciso c), en la primera oración, y VIII,(151) invaden la competencia de la Federación en materia de propaganda gubernamental. Para MORENA, estos artículos regulan deficientemente la obligación de suspensión de la propaganda gubernamental durante el proceso electoral porque excluyen de su aplicación a los poderes federales y crean nuevas excepciones (11.1). Por otro lado, MORENA argumenta una violación al principio de equidad en la competencia electoral por definir inadecuadamente a los artículos promocionales utilitarios, en el cuarto párrafo del el artículo 92,(152) y regularlos deficientemente, en el artículo 99, tercer párrafo, de la LEEQ (11.2).(153)
       TEMA 11.1. Competencia para regular la propaganda gubernamental durante las campañas electorales locales y hasta la conclusión de la jornada comicial
379. MORENA considera que el legislador queretano invade la competencia de la Federación, al regular de forma deficiente en el artículo 92, párrafo segundo, y en el artículo 100, fracciones IV, inciso c), primera oración, y VIII, de la LEEQ. Indica que, por un lado, omite contemplar la obligación de los poderes federales de suspender la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales locales y hasta la conclusión de la jornada comicial, violando lo dispuesto por el artículo 41, base V, apartado C. Afirma que, por otro lado, añade a la seguridad y a la seguridad pública como excepciones al deber de suspensión de propaganda gubernativa, contraviniendo lo dispuesto en el mismo artículo constitucional.
380. El planteamiento es fundado.
381. El artículo 134, reformado el trece de noviembre de dos mil siete, prevé en su párrafo octavo que la propaganda que, bajo cualquier modalidad de comunicación social, difundan las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Además, prevé en su párrafo noveno, que las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo antes señalado, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.
382. A través de la misma reforma se estableció que, durante el tiempo de campañas electorales, tanto federales como locales, y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en medios de comunicación social de toda la propaganda gubernamental, en el artículo 41, fracción III, Apartado C, segundo párrafo. Además, se previeron como únicas excepciones a la suspensión de la propaganda, las campañas de información: a) de las autoridades electorales; b) de los servicios educativos; c) de salud; y d) necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
383. Si bien la reforma en materia político electoral de febrero de dos mil catorce no modificó las disposiciones antes descritas, sí reconfiguró el régimen competencial. Por lo que hace a lo electoral, adicionó la fracción XXIX-U al artículo 73, facultando al Congreso de la Unión para distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de partidos, organismos y procesos electorales. Además, estableció bases mínimas que deberían contener estas leyes generales, siendo una de ellas la regulación de la propaganda electoral.(154)
384. En lo que concierne a la propaganda gubernamental, añadió un régimen transitorio en el que estableció un plazo para que el Congreso de la Unión expidiera la Ley Reglamentaria del octavo párrafo del artículo 134,(155) a la que deberían sujetarse todos los poderes públicos, en sentido amplio, de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, para garantizar los principios constitucionales en materia de gasto en comunicación social.
385. En el artículo 92 de la LEEQ, el Congreso de Querétaro establece la obligación de suspender, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales locales y hasta la conclusión de las
jornadas comiciales, la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes estatales como de los municipios y cualquier otro ente público. Adicionalmente, el mismo artículo dispone las excepciones a la suspensión, siendo éstas las campañas de información: i) de las autoridades electorales; ii) de servicios educativos; iii) de seguridad, iv) de salud pública; y v) las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
386. Como es posible constatar, al prever la excepción de suspender, durante el tiempo que comprenden las campañas locales y hasta la conclusión de la jornada comicial, las campañas de información de seguridad, el legislativo local contraviene la facultad exclusiva prevista a favor del Congreso de la Unión para legislar sobre propaganda gubernamental. Similares consideraciones fueron adoptadas en la acción de inconstitucionalidad 78/2017 y su acumulada 79/2017.(156)
387. Las mismas consideraciones resultan aplicables para el artículo 100 en su fracción IV, inciso c), en la primera oración, pues se establece a la seguridad pública como una excepción a la prohibición para las autoridades y los servidores públicos de difundir publicidad sobre programas gubernamentales desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral.
388. De manera similar, el artículo 100, fracción VIII, al establecer, en el ámbito de la propaganda electoral, que las autoridades deberán reservar, desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, parte de la infraestructura para su uso en la difusión de ciertas campañas de información, invade las facultades exclusivas del Congreso de la Unión, por lo que adolece del mismo vicio antes descrito.
389. Al resultar fundado el planteamiento competencial, a ningún fin conduciría estudiar el argumento restante planteado por MORENA. Por lo anterior, se declara la invalidez del artículo 92, párrafo segundo, y del artículo 100, fracciones IV, inciso c), en la primera oración, y VIII, de la LEEQ.
       TEMA 11.2. Regulación de artículos promocionales
390. MORENA impugna, en la segunda parte de su noveno concepto de invalidez, el artículo 92, párrafo cuarto, de la LEEQ, en su porción normativa "contengan imágenes, signos, emblemas o expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del partido político, coalición o candidatura que lo distribuye. Estos artículos".
391. Argumenta que la porción normativa impugnada contraviene los principios de equidad y legalidad electoral, pues permite que, por medio de los artículos promocionales utilitarios, se eludan las sanciones dirigidas a impedir la coacción del electorado. Alega que estos artículos, por su carácter utilitario, necesariamente tienen un valor y precio y, en consecuencia, debe considerarse que quienes los distribuyen están solicitando votos a cambio de una dádiva o contraprestación, lo cual se prohíbe en el artículo 209, párrafo 5, de la LGIPE.
392. Agrega que la porción normativa impugnada ni siquiera fija límites claros y precisos respecto al costo máximo o precio unitario y calidad de los artículos promocionales utilitarios, ni indica el número de unidades que cada partido, coalición o candidato podría distribuir.
393. Por otro lado, afirma que también es inconstitucional el artículo 99, tercer párrafo, de la LEEQ, en su porción normativa "Durante la precampaña está prohibido el otorgamiento de artículos promocionales utilitarios", por prever una prohibición infra inclusiva. Alega que omite prohibir el otorgamiento de los artículos promocionales utilitarios durante la fase de campaña electoral, así como prohibir la distribución de artículos que, a pesar de no tener imágenes, signos, emblemas o expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del partido político, coalición o candidatura que lo distribuye, sí tienen una utilidad, y podrían ser entregados con una finalidad eminentemente electoral para coaccionar al electorado.
394. Los planteamientos de MORENA en contra de la porción normativa impugnada del artículo 92, párrafo cuarto, de la LEEQ son infundados, ya que la distribución de artículos promocionales utilitarios no vulnera los principios de autenticidad, equidad y legalidad electorales, pues, contrariamente a lo que argumenta el partido político, no implica la entrega de dádivas o un acto de presión sobre los electores para obtener el voto.
395. Como quedó expuesto en el apartado previo y tal como fue resuelto por este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 45/2014 y sus acumuladas 46/2014, 66/2014, 67/2014, 68/2014, 69/2014 y 75/2014,(157) el artículo segundo transitorio de la reforma de dos mil catorce en materia político electoral no previó la obligación de uniformar nacionalmente y por lo tanto, agotar, la regulación de la propaganda electoral. Simplemente, estableció que dentro de los contenidos mínimos que tendría que desarrollar la ley general respectiva, debía, por lo que hace a propaganda electoral, establecer el material (textil) con el que podrían ser elaborados los artículos promocionales utilitarios.
396. De lo anterior se infiere que el artículo segundo transitorio reconoció la existencia de los artículos
promocionales utilitarios, como parte de la propaganda electoral, y, la posibilidad de su distribución, en los términos y condiciones que establezca la ley general de la materia, así como las leyes de las entidades federativas. Por lo tanto, no puede considerarse que su distribución, en los términos de las leyes respectivas, se traduzca en una dádiva irregular.
397. Ello se ve corroborado por las definiciones de propaganda electoral y de artículos promocionales utilitarios que se establecen tanto en la LGIPE como en la LEEQ. Específicamente, el artículo 92, párrafo cuarto, de la LEEQ, que contiene la porción normativa impugnada, define a los artículos promocionales utilitarios como los que contienen imágenes, signos, emblemas o expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del partido político, coalición o candidatura que lo distribuye.
398. Lo anterior obliga a establecer que los artículos promocionales utilitarios son propaganda electoral, la cual es permitida por la Constitución Federal, y la LEEQ. Son pues, objetos que contienen propaganda electoral, cuya regulación mínima quedó encomendada al Congreso de la Unión, en virtud del citado artículo segundo transitorio, con la previsión expresa de que los mismo tendrían que ser elaborados con materia textil, por lo que no puede entenderse que su distribución, en los términos que establezcan las leyes, atente contra los principios que refiere el promovente de la acción.
399. Además, si se entiende a los artículos promocionales utilitarios como parte de la propaganda electoral, por la propia determinación del Poder Reformador, es lógico que su distribución tendrá que ser gratuita; incluso, la exigencia de que se elabore con material textil, buscó un beneficio práctico de durabilidad.
400. En sintonía con lo antes expuesto, conviene traer a cuenta la regulación mínima establecida por la LGIPE en su artículo 209, numerales 2 y 3, y formulada en términos muy similares a la impugnada en este asunto:
Artículo 209. [...]
3. Para efectos de esta Ley se entenderá por artículos promocionales utilitarios aquellos que contengan imágenes, signos, emblemas y expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del partido político, coalición o candidato que lo distribuye.
4. Los artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con material textil. [...]
401. Cabe agregar que la dádiva irregular a la que alude el partido político, se encuentra prohibida por el artículo 209, numeral 5, de la LGIPE,(158) así como por el artículo 92, último párrafo, de la propia LEEQ.(159) En consecuencia, no puede considerarse que la porción normativa impugnada conlleve una permisión de entrega de dádivas para obtener el voto de los ciudadanos.
402. Similares consideraciones fueron sostenidas por este Tribunal Pleno en las acciones de inconstitucionalidad 88/2015 y sus acumuladas,(160) y 76/2016 y sus acumuladas.(161)
403. De acuerdo con las anteriores consideraciones, también deben calificarse como infundados los argumentos que hace valer MORENA en contra de la porción normativa impugnada del artículo 99, tercer párrafo, de la LEEQ.
404. Contrariamente a lo que argumenta MORENA, el hecho de que el párrafo impugnado no prohíba la distribución de artículos promocionales utilitarios durante el periodo de campaña no viola la Constitución Federal, pues, como ya se mencionó, ésta no obliga al legislador local ni al Congreso de la Unión a prohibir la distribución de los artículos promocionales utilitarios. Más bien, en el artículo segundo transitorio de la reforma de dos mil catorce en materia político electoral reconoce su existencia, así como su carácter de propaganda electoral, y se limita a establecer que su material debe ser textil.
405. Por su parte, la LGIPE tampoco exige que se prohíba la distribución de artículos promocionales utilitarios durante el periodo de campaña. Al regular las normas aplicables tanto a los procesos electorales federales como a los locales, se limita a definir, en su artículo 209, numeral 3, a los artículos promocionales utilitarios en términos prácticamente idénticos a como lo hace la LEEQ, y a establecer, en los artículos 209, numeral 4, y 211, numeral 2, que éstos, tanto en la precampaña como la campaña electoral, deben elaborarse con material textil.(162)
406. De hecho, el legislador local, al prohibir la distribución de artículos promocionales utilitarios únicamente durante el periodo de precampaña, replicó, sin estar obligado a ello, lo previsto en el artículo 227, numeral 5, de la LGIPE,(163) aplicable a la organización de los procesos electorales
federales, por estar dentro del título segundo de la ley general.(164)
407. Aunado a lo anterior, MORENA parte de una premisa falsa cuando argumenta que la LEEQ omite prohibir la distribución de artículos que, a pesar de no tener imágenes, signos, emblemas o expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del partido político, coalición o candidatura que lo distribuye, sí tienen una utilidad, y podrían ser entregados con una finalidad eminentemente electoral para coaccionar al electorado.
408. Si bien es cierto que el artículo 99, tercer párrafo de la LEEQ, no contiene esta prohibición, la misma sí se prevé en el artículo 92, último párrafo, de la misma ley, el cual prohíbe la entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o por interpósita persona.(165) Así, no puede considerarse que la LEEQ no contenga disposiciones para impedir la coacción o presión del electorado a través de la entrega de artículos.
409. Por lo expuesto, se reconoce la validez de los artículos 92, párrafo cuarto, en su porción normativa "contengan imágenes, signos, emblemas o expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del partido político, coalición o candidatura que lo distribuye. Estos artículos" y el artículo 99, tercer párrafo, en su porción normativa "Durante la precampaña está prohibido el otorgamiento de artículos promocionales utilitarios", ambos de la LEEQ. Para efectos de síntesis, se reitera que en el Tema 11.1 se declara la invalidez del artículo 92, párrafo segundo, y del artículo 100, fracciones IV, inciso c), en la primera oración, y VIII, de la LEEQ.
       TEMA 12. TOPE DE GASTOS DE PRECAMPAÑA
410. En el décimo concepto de invalidez,(166) MORENA argumenta que el artículo 99, párrafo décimo tercero, fracción II, segunda oración, de la LEEQ es inconstitucional.(167) Señala que, al no especificar una sanción dirigida a quienes, durante la precampaña, hayan excedido los topes dispuestos para ese periodo, se vacía de contenido la primera oración de esa fracción, pues implícitamente permite rebasar los límites de gasto de la precampaña. Estima que, para prevenir el derroche de recursos, la sanción a que se refiere la segunda oración del precepto debería estar vinculada al tope de los gastos de precampaña, no los de campaña. De lo contrario, se actualizaría una violación a los principios de autenticidad de las elecciones, equidad en la competencia política, proporcionalidad en las condiciones de aplicación de la norma sancionadora, supremacía constitucional, así como a la seguridad jurídica, en sus distintas vertientes. Además, se incumpliría con lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso j),(168) de la Constitución Federal, pues no se fijan adecuadamente las reglas de precampaña ni las sanciones para quienes las infrinjan.
411. Este Alto Tribunal considera que los planteamientos anteriores son infundados, por las razones que se expresan a continuación.
412. En primer lugar, es pertinente precisar que MORENA no formula argumentos sobre la proporcionalidad de la sanción prevista en el artículo citado. Más bien, su planteamiento versa sobre la supuesta omisión de sancionar el que los precandidatos excedan los topes previstos para la precampaña.
413. Sin embargo, la accionante parte de una falsa premisa, como se argumenta a continuación.
414. El artículo 99 forma parte del capítulo de la LEEQ que regula la etapa preparatoria a la elección; en específico, esta disposición se refiere a ciertas reglas aplicables para el periodo de precampañas electorales, como correctamente señala el partido actor. En el párrafo décimo tercero, fracción II, primera oración, se establece la obligación del Consejo General de vigilar que los gastos de precampaña en los procedimientos de selección de candidaturas a la Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, no excedan, por precampaña o fórmula, el cinco por ciento del tope determinado para las campañas de la elección respectiva.
415. En la segunda parte, dispone que el precandidato que rebase el tope de gastos de campaña será sancionado con la pérdida del registro o de la candidatura que haya obtenido. Así pues, también es cierto que, como señala MORENA, en el artículo 99 de la LEEQ se establece una sanción dirigida a un precandidato para el supuesto en el que exceda los gastos de campaña. En otras palabras, de una lectura aislada del precepto, parecería que si un precandidato excede sus gastos de precampaña en un monto que oscile entre el cinco por ciento del tope de gastos de campaña (máximo permitido para la precampaña) y el total de los gastos de campaña, él o ella no sería
sancionado por su conducta, haciendo nugatoria la limitación.
416. Sin embargo, en el Título Tercero de la LEEQ se regula el régimen sancionador electoral y disciplinario interno. En particular, en el artículo 214 de la ley se establece lo siguiente (énfasis añadido):
Artículo 214. Constituyen infracciones de aspirantes a candidaturas independientes, precandidaturas o candidaturas a cargos de elección popular a la presente Ley:
I. La realización de actos anticipados de obtención de respaldo de la ciudadanía, precampaña o campaña, según sea el caso;
II. Solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de personas no autorizadas por esta Ley;
III. Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecido por el Consejo General;
IV. Cometer violencia política en términos de esta Ley; y
V. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en las Leyes Generales y esta Ley.
417. En ese sentido, no es cierto como sostiene el actor que la LEEQ no sancione a quienes excedan el tope de los gastos de precampaña, pues esta infracción está prevista por el artículo 214 del mismo ordenamiento, y está sujeta a las sanciones del diverso 221.(169)
418. Así pues, de actualizarse la infracción consistente en exceder el tope de gastos para la precampaña, el monto del exceso, entre otras cosas, deberá ser considerado por la autoridad competente para individualizar la sanción.(170) Lo anterior, precisamente a la luz de lo que dispone el artículo 99 de la LEEQ, ya que expresamente prescribe la consecuencia para el caso de que en precampaña, el gasto incurrido supere el límite de los gastos de campaña.
419. A mayor abundamiento, cabe destacar que, por el diseño del sistema sancionador interno, la cancelación del registro o la pérdida de la candidatura no es una sanción reservada exclusivamente para el caso en el que se excedan los gastos de campaña durante la precampaña. Cuando el exceso sea menor a ese monto, la autoridad sancionadora podría ordenarla luego de un ejercicio de valoración casuística, atendiendo al resto de las circunstancias relevantes.(171) Lo cual colmaría los planteamientos del partido actor.
420. Por lo tanto, lo procedente es reconocer la validez del artículo 99, párrafo décimo tercero, fracción II, en la segunda oración, de la LEEQ.
       TEMA 13. TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA
421. En el décimo primer concepto de invalidez,(172) MORENA impugna el artículo 102, párrafo tercero, fracciones II y III, en la porción normativa "sumándole la mitad del monto resultante en cada uno de ellos; el resultado será el tope de gastos de campaña para el municipio respectivo".(173)
422. La fracción II del artículo citado regula los topes de gastos de campaña para la elección de las diputaciones. Al respecto, MORENA solicita al Pleno de este Alto Tribunal que establezca una interpretación conforme de la fracción. Lo anterior, con el fin de que quede asentado que cuando el artículo se refiere al tope de gastos de campaña para la elección de cada diputación de mayoría relativa y de representación proporcional, en realidad se entienda que el monto se fija por distrito uninominal.
423. A su vez, la fracción III del artículo 102, párrafo tercero, se refiere al tope de gastos de campaña para la elección de cada uno de los ayuntamientos. El actor argumenta que la porción normativa señalada es inconstitucional, ya que prevé una asignación adicional de recursos que es contraria a la proporcionalidad en el tope de los gastos de campaña que corresponden a cada Ayuntamiento.
424. Señala que la primera parte de la fracción III es acertada, pues sujeta el cálculo del tope de gastos de campaña para los ayuntamientos al porcentaje de personas inscritas en el padrón electoral para cada municipio. En ese sentido, es correcto que se multiplique el porcentaje que represente el número de ciudadanía inscrita en el padrón electoral del municipio que corresponda, con relación al padrón electoral del Estado actualizada (1), por la cantidad fijada como límite de gastos para las candidaturas a la Gubernatura (2).
425. El error, argumenta, está en sumar a la cantidad resultante, la mitad de ese monto. Al efectuar esta operación para cada municipio, el cálculo final implicaría que la sumatoria de los topes de gasto para los ayuntamientos superen el monto límite de gastos para las candidaturas a la Gubernatura. Circunstancia que, sostiene, es contraria a los principios de proporcionalidad, certeza y objetividad
electorales, pues por lo menos debió ser motivado específicamente por el Poder Legislativo local.
426. Por una cuestión metodológica, se estudiará en primer lugar el planteamiento formulado contra la fracción III del artículo 102, párrafo tercero, en la porción normativa señalada (13.1), y posteriormente, se analizará lo relativo a la fracción II del mismo precepto (13.2).
       TEMA 13.1. Tope de gastos de campaña previsto para las elecciones de los ayuntamientos
427. Este Alto Tribunal considera que los planteamientos para demostrar la inconstitucionalidad de la porción normativa impugnada son infundados, por las razones que se expresan a continuación.
428. En la acción de inconstitucionalidad 45/2015 y sus acumuladas 46/2015 y 47/2015,(174) el Pleno de la Suprema Corte analizó el problema jurídico consistente en determinar la proporcionalidad de los topes de gastos de campaña, en términos de lo previsto en la legislación electoral de Tamaulipas. En el asunto citado, se reconoció la validez de un precepto que establece que los topes de campaña serán el resultado de multiplicar el cincuenta y cinco por ciento del salario mínimo diario general vigente en la capital de Tamaulipas, por el número de electores que estén inscritos en el padrón electoral correspondiente al territorio de la elección que corresponda, por no advertir que fuera excesivo bajo un parámetro de razonabilidad.(175)
429. Al respecto del imperativo previsto en el artículo 116, fracción IV, inciso h),(176) estableció que "la obligación que la Constitución impuso a los Congresos locales fue la fijación de límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, sin que al efecto se establezca determinado parámetro, por lo que es válido sostener que el legislador ordinario cuenta con una amplia libertad configurativa para fijar dichos topes, sin que desde luego pueda considerarse que dicha libertad sea absoluta, sino que debe sujetarse a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad a efecto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales en materia electoral" (énfasis añadido).(177)
430. En el caso que nos ocupa, MORENA sostiene que la porción normativa impugnada del artículo 102, párrafo tercero, fracción III, representa una autorización de un monto desproporcionado como tope de gastos de campaña para los ayuntamientos. La razón principal, argumenta, es que sumar la mitad del monto a la cantidad que resulte de multiplicar el porcentaje del número de ciudadanía inscrita en el padrón electoral del municipio que corresponda, con relación al padrón del Estado (1), por el tope de gastos de campaña para la elección a la Gubernatura (2),(178) rompe con la proporción entre los gastos para las campañas de los ayuntamientos y las campañas a la Gubernatura.
431. Este Tribunal Pleno no considera que le asista razón. En primer lugar, apreciado bajo un parámetro de razonabilidad, no se desprende que el diseño legislativo previsto en la LEEQ autorice un gasto excesivo, y que, en consecuencia, sobrepase la libertad de configuración del legislador local para esta materia. En efecto, no existe un imperativo constitucional que obligue a las entidades federativas a guardar estrictas proporciones entre los montos que se prevén como topes de financiamiento para elecciones a distintos cargos. En otras palabras, no se advierte que deba existir estricta correspondencia proporcional matemática entre el monto que se prevé como tope de campaña para las elecciones gubernamentales y aquellas relativas a los ayuntamientos. Tampoco se estima que el monto límite para los gastos de campaña de las elecciones de los ayuntamientos deba ceñirse exclusiva y necesariamente al porcentaje del padrón electoral municipal.
432. Por otro lado, no se considera que esta fracción, en la porción normativa señalada, sea contraria a los principios de certeza y objetividad electoral.
433. Sobre el tema, en la acción de inconstitucionalidad 78/2017 y su acumulada 79/2017,(179) se analizaron dichos principios en el marco de la legislación electoral de Chiapas, pues se estudió si un precepto fijaba con suficiente claridad cómo determinar los topes de gasto de campaña. El Tribunal Pleno reiteró la amplia libertad de configuración de las legislaturas estatales en la materia, y sostuvo que sólo estaba limitada "por la necesidad de fijar criterios para establecerlos, que sean congruentes con el diseño constitucional y con los principios que rigen el sistema electoral, entre los que se encuentran los de objetividad y certeza".(180) Se reconoció la validez del artículo, ya que permitía conocer de manera cierta, previa y clara los topes de campaña.
434. En el caso presente, la porción normativa señalada es precisa y clara al referirse a la forma de cuantificación del monto "adicional" para arribar a la cifra final equivalente al tope de gastos de campaña para las elecciones a los ayuntamientos. Simplemente, basta con adicionar una mitad de la cantidad previamente calculada.
435. Finalmente, no se advierte que, en la especie, se actualice la necesidad de una motivación específica
para justificar la porción normativa que llevó al legislador local a fijar los topes de campaña para la elección de los ayuntamientos conforme está previsto en su legislación interna.(181)
436. Por lo tanto, lo procedente es reconocer la validez del artículo 102, párrafo tercero, fracción III, en la porción normativa "sumándole la mitad del monto resultante en cada uno de ellos; el resultado será el tope de gastos de campaña para el municipio respectivo".
       TEMA 13.2. Sobre la solicitud de interpretación conforme de los topes de gastos para las elecciones de los diputados locales.
437. En su demanda, el partido accionante solicita que este Tribunal Pleno realice una interpretación conforme de la fracción II del tercer párrafo del artículo 102 de la LEEQ, para establecer que ésta debe entenderse en el sentido de que el tope de gastos de campaña de la elección de diputados es fijado por distrito uninominal.
438. Retomando los términos exactos del único planteamiento que formula en contra del artículo 102, en la fracción impugnada, MORENA plantea lo siguiente:
"Aunado a lo anterior, se plantea en interpretación conforme, en su caso, que la fracción II del tercer párrafo de este artículo 102, debe entenderse en el sentido de que el tope de gastos de campaña de la elección de diputados, es fijado por distrito uninominal, es decir, el monto equivalente al que resulte de dividir la cantidad determinada como tope de gastos de campaña para la elección de la Gubernatura entre quince (que es el número de distritos en que se eligen diputados) a fin de no incurrir en dualidad, pues la elección de diputaciones se verifica en la misma boleta para renovar un mismo órgano colegiado: la Legislatura estatal."
439. Sin embargo, para que proceda la interpretación conforme, debió formular argumentos para demostrar por qué estima que la fracción II, del artículo 102, tercer párrafo, es inconstitucional. Lo anterior, pues la interpretación conforme supone que "antes de considerar inconstitucional una norma jurídica, deben agotarse todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, de ser posibles varias interpretaciones de la disposición, debe preferirse la que salve la aparente contradicción con la Norma Fundamental".(182)
440. En ese sentido, el accionante pareciera instar al Pleno de este Alto Tribunal para fijar un criterio interpretativo, sin mediar un planteamiento de inconstitucionalidad concreto relativo a la norma señalada.(183) Por lo tanto, lo procedente es declarar que no ha lugar a atender la solicitud de MORENA, y, en consecuencia, reconocer la validez del artículo 102, párrafo tercero, fracción II, de la LEEQ.
       TEMA 14. PROHIBICIÓN DE PINTAR PROPAGANDA ELECTORAL EN PROPIEDAD PRIVADA, INCLUSO CUANDO MEDIE PERMISO
441. En su décimo segundo concepto de invalidez,(184) MORENA impugna la porción normativa "privada o" del artículo 103, párrafo primero, fracción VIII, de la LEEQ,(185) pues considera que prohibir pintar propaganda electoral en propiedad privada, aun con el permiso del propietario, constituye una restricción excesiva del derecho a la propiedad y la autonomía de la voluntad de los propietarios del inmueble, así como de la libertad de expresión de los ciudadanos y los partidos políticos.
442. Añade que la prohibición también restringe el derecho de los partidos, coaliciones y candidaturas de realizar propaganda electoral y, en términos más generales, el derecho previsto en el artículo 23.1 de la LGPP de participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la Constitución Federal.
443. Por último, argumenta que la porción normativa impugnada vulnera el artículo 116, fracción IV, inciso j), en relación con el artículo 41, fracción I, párrafo cuarto, ambos de la Constitución Federal, que prevén la obligación de fijar en las constituciones y leyes estatales las reglas para las precampañas y campañas electorales de los partidos políticos nacionales, así como su derecho de participar en elecciones de las entidades federativas y de los municipios.
444. Este Tribunal Pleno considera que el planteamiento de que la porción normativa impugnada constituye una restricción excesiva al derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos y de los partidos políticos es fundado.(186)
445. Este Tribunal Pleno ha reconocido la importancia del derecho a la libertad de expresión de los partidos políticos y, en términos más generales, del ejercicio de la libertad de expresión durante las campañas electorales, en varios precedentes.(187) Los partidos políticos en nuestro país son entidades de interés público y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular.
446. De acuerdo con ese fin, la libertad de expresión de los partidos políticos cobra especial relevancia, pues a través de su ejercicio les brindan información a los ciudadanos para que puedan participar en el debate público, es decir, en la vida democrática. Más aún, a través de la información que proveen contribuyen a que el ejercicio del voto sea libre y a que los ciudadanos cuenten con la información necesaria para evaluar a sus representantes.
447. En la acción de inconstitucionalidad 61/2008 y sus acumuladas se dijo que "la expresión y difusión de ideas son parte de sus prerrogativas como personas jurídicas y se relaciona con las razones que justifican su existencia misma; sin embargo los derechos con que cuentan los partidos políticos en relación a la libertad de expresión no deben llevar a concluir que se trata de derechos ilimitados, ya que existen reglas sobre límites plasmados en el primer párrafo del artículo 7 constitucional y el párrafo 2 del artículo 13 de la Convención Americana. [...] De lo cual se puede deducir que la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión dependerá, por tanto, de que las mismas estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo, y de que cuando existan varias opciones para alcanzar ese objetivo, se escoja la que restrinja en menor escala el derecho protegido"(188).
448. Asimismo, en la acción de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada se señaló que "en el caso de los partidos políticos, la expresión y difusión de ideas con el ánimo no ya de informar, sino de convencer, a los ciudadanos, con el objeto no sólo de cambiar sus ideas sino incluso sus acciones, es parte de sus prerrogativas como personas jurídicas y se relaciona con las razones que justifican su existencia misma. Los partidos políticos son actores que, como su nombre indica, operan como agentes permanentes de creación de opinión sobre los asuntos públicos; su relación con el tipo de discurso que, por su función, la libertad de expresión está destinada a privilegiar -el discurso político- es estrecha y en alguna medida, funcionalmente presupuesta"(189).
449. Se precisó también que "los partidos políticos tienen derecho a hacer campaña y en parte se justifican institucionalmente porque hacen campaña y proveen las personas que ejercerán los cargos públicos en normas de los ciudadanos. En esta medida, son naturalmente un foro de ejercicio de la libre expresión distintivamente intenso, y un foro donde el cariz de las opiniones y las informaciones es de carácter político -el tipo de discurso que es más delicado restringir a la luz de la justificación estructural o funcional de la libertad de expresión en una democracia-"(190).
450. Estos precedentes ponen énfasis en el hecho de que el ejercicio de la libertad de expresión no sólo tiene una dimensión individual sino social, pues implica también un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno(191) y apuntan a la necesidad de que las medidas restrictivas de la libertad de expresión de los partidos políticos se sometan a un test estricto de proporcionalidad.
451. Asimismo, es necesario tener presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado que "en el marco de una campaña electoral, la libertad de pensamiento y de expresión en sus dos dimensiones constituye un bastión fundamental para el debate durante el proceso electoral, debido a que se transforma en una herramienta esencial para la formación de la opinión pública de los electores, fortalece la contienda política entre los distintos candidatos y partidos que participan en los comicios y se transforma en un auténtico instrumento de análisis de las plataformas políticas planteadas por los distintos candidatos, lo cual permite una mayor transparencia y fiscalización de las futuras autoridades y de su gestión"(192).
452. Además, ha añadido que es "indispensable que se proteja y garantice el ejercicio de la libertad de expresión en el debate político que precede a las elecciones de las autoridades estatales que gobernarán un Estado. La formación de la voluntad colectiva mediante el ejercicio del sufragio individual se nutre de las diferentes opciones que presentan los partidos políticos a través de los candidatos que los representan. El debate democrático implica que se permita la circulación libre de ideas e información respecto de los candidatos y sus partidos políticos por parte de los medios de comunicación, de los propios candidatos y de cualquier persona que desee expresar su opinión o brindar información. Es preciso que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, así como disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones de manera que los electores puedan formar su criterio para votar. En este sentido, el ejercicio de los derechos políticos y la libertad de pensamiento y de expresión se encuentran íntimamente ligados y se fortalecen entre sí".
453. Este Tribunal Pleno considera que la porción normativa impugnada afecta o restringe la libertad de expresión de los ciudadanos y partidos políticos, así como el derecho de las personas a estar adecuadamente informadas. Ello es así, porque al prohibir que se pinte propaganda electoral en
inmuebles de propiedad privada, aun contando con el permiso del propietario, se restringe un medio por el cual los partidos podrían expresar un mensaje político, dar a conocer a los candidatos, así como expresar sus propuestas, lo que contribuye a que los electores estén más informados. También afecta la libertad de expresión de los propietarios de los inmuebles, pues el que éstos permitan a los partidos pintar propaganda electoral en su propiedad puede tener una función expresiva, consistente en mostrar apoyo o simpatía con el partido o el candidato, así como con sus programas y propuestas.
454. Es cierto que la LEEQ permite la difusión de estos mensajes a través de medios alternativos, los cuales pueden incluso estar fijados o colocados en inmuebles de propiedad privada. El artículo 103, fracción II, de la LEEQ,(193) permite la fijación o colocación de propaganda en propiedad privada, siempre que medie permiso escrito del propietario. La porción normativa impugnada de la fracción VIII del mismo artículo constituye un supuesto de excepción a esta regla general, que se limita a impedir la expresión de mensajes a través de propaganda electoral fijada o colocada en propiedad privada por el medio específico de la pintura, sin prohibir que ésta se fije o coloque a través de otros medios o mecanismos.
455. Sin embargo, ello no permite concluir que la porción impugnada no constituye una restricción a la libertad de expresión, tal como argumenta el Poder Legislativo local. Ello es así, pues no debe pasarse por alto que, como regla general, el derecho a la libertad de expresión comprende el de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio o procedimiento.(194) Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que dicho derecho no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios.(195)
456. Lo anterior no implica que toda medida que prohíba o impida el uso de un medio para expresar un mensaje sea inconstitucional. La centralidad e importancia de la libertad de expresión y el derecho a la información no debe llevar a concluir que se trata de derechos absolutos o ilimitados. Como ya se mencionó, conforme a los precedentes de este Tribunal Pleno, para que una medida que restringe la libertad de expresión de los partidos políticos sea constitucional ésta debe superar un test de proporcionalidad conforme a un escrutinio estricto.(196) La medida que se analiza en este asunto no supera este estándar de escrutinio pues, si bien persigue una de las finalidades imperiosas por las que válidamente puede restringirse la libertad de expresión y se ajusta de forma estrecha a satisfacer esta finalidad, no resulta necesaria, ya que no es la medida menos restrictiva de la libertad de expresión para lograr esta finalidad.
457. En cuanto a la finalidad de la medida, los Poderes Legislativo y Ejecutivo locales señalan en su informe que ésta es proteger los derechos a la salud y a un medio ambiente sano de las personas, al evitar que las campañas electorales y la propaganda electoral generen una mayor contaminación visual.(197) Dado que la protección de derechos de terceros, como son los derechos a la salud y a un medio ambiente sano, es una de las finalidades imperiosas por las que la Constitución y las normas de derechos humanos de los tratados internacionales admiten el establecimiento de restricciones a la libertad de expresión, debe concluirse que la porción normativa supera la primera grada del test de escrutinio estricto.
458. En relación con la idoneidad que, dado el estándar de escrutinio, exige una adecuación estrecha entre la medida y la finalidad imperiosa, este Tribunal Pleno advierte que pintar propaganda electoral en propiedad privada efectivamente puede aumentar la contaminación visual y de esa manera afectar el derecho al medio ambiente de las personas, el cual se encuentra íntimamente relacionado con su derecho a la salud.
459. Conforme al artículo 3, fracción VI, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,(198) la contaminación es la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico.
460. A su vez, en el artículo 5, fracción XIV, de la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, se define la contaminación como la presencia en el ambiente de contaminantes en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir negativamente en el bienestar y la salud de los organismos vivos; y en la fracción XV del mismo artículo se establece que la contaminación visual es la alteración de las cualidades de la imagen de un paisaje natural y urbano, causado por cualquier elemento funcional o simbólico que tenga carácter comercial, propagandístico o de servicio, cuya presencia resulte no armónica con la estética del lugar.(199)
461. Estas definiciones evidencian la relación que existe entre la regulación de la contaminación visual, la protección del medio ambiente y el derecho a la salud. Asimismo, permiten establecer que la propaganda electoral puede generar contaminación visual, pues ésta es un elemento de carácter
propagandístico que puede alterar las cualidades de la imagen de un paisaje natural y urbano.
462. Ahora bien, la medida que prevé la porción impugnada se reduce a prohibir la pintura de propaganda electoral en inmuebles de propiedad privada, sin prohibir que se coloque o fije en esos mismos inmuebles, con permiso del propietario, propaganda electoral a través de otros medios que también generaría contaminación visual. Sin embargo, este Tribunal Pleno considera que ello se debe a que la norma está específicamente diseñada para evitar la contaminación que deriva de la pintura que tiene características específicas que podrían traducirse en una mayor afectación.
463. A diferencia de la propaganda electoral que se fija o coloca por otros medios, la propaganda que se pinta suele ser más difícil de retirar y tiende a permanecer por más tiempo, incluso después de la conclusión de los procesos electorales, lo que, en efecto, podría aumentar la contaminación visual que se genera con motivo de estos procesos. Por lo anterior, se concluye que la medida cumple con la segunda grada del test de escrutinio estricto.
464. A pesar de lo anterior, este Tribunal Pleno considera que la medida de prohibir la pintura de propaganda electoral en inmuebles de propiedad privada, incluso con autorización de su propietario, no resulta necesaria, pues para evitar que se produzca esta contaminación visual que es susceptible de generar la pintura, en comparación con otros medios, basta con establecer medidas que contribuyan a asegurar que ésta sea retirada oportunamente. De hecho, tanto la LGIPE como la LEEQ ya prevén normas encaminadas a lograr lo anterior.
465. En el artículo 210, numerales 1 y 2, la LGIPE prevé la obligación de retirar y finalizar la distribución de propaganda tres días antes de la jornada electoral o, en el caso de la colocada en vía pública, 7 días después de la jornada.(200) Por su parte, el artículo 103, fracciones XI y XII, de la LEEQ establece que las candidaturas independientes, partidos políticos y coaliciones deben retirar toda su propaganda electoral en un plazo de treinta días naturales después de las elecciones y que, en caso de no hacerlo, las autoridades municipales las retirarán y el gasto generado será reintegrado con cargo al financiamiento público del partido político o cobrado como un crédito fiscal, en el caso de las candidaturas independientes.(201)
466. Además, el artículo 210, numeral 3, de la LGIPE prevé que la omisión de retirar o finalizar la distribución de la propaganda electoral será sancionada en los términos de esa ley.(202) De conformidad con los artículos 442 a 456 de la LGIPE, el incumplimiento de la obligación de retiro podría ser sancionado con amonestación pública, multa, reducción de las ministraciones del financiamiento público, entre otras.
467. En suma, la LGIPE y la LEEQ ya establecen medidas para evitar que se prolongue la contaminación visual derivada de la propaganda electoral, incluso si ésta se realiza a través de pintura, pues prevén la obligación de retirar la propaganda electoral y, en caso de incumplimiento, procedimientos para que ésta sea retirada por las autoridades municipales con cargo al partido, coalición o candidatura independiente correspondiente, así como para que éstos sean sancionados por haber incumplido con su obligación.
468. A mayor abundamiento, de conformidad con lo establecido por la fracción II del artículo 103 de la LEEQ,(203) la propaganda electoral que se coloque o fije en propiedad privada en todo caso deberá respetar "el paisaje natural y urbano y el entorno ecológico, por lo que se prohíbe el uso de suelos, colinas, barrancas y montañas para usos propagandísticos". Asimismo, la fracción VIII del mismo artículo establece que en la elaboración de la propaganda electoral únicamente pueden utilizarse materiales reciclables y no podrán emplearse sustancias tóxicas ni materiales que produzcan riesgo directo a la salud o dañen el medio ambiente. En este sentido, la pintura de propaganda electoral en inmuebles de propiedad privada también estaría sujeta a estas restricciones, que ya están encaminadas a garantizar que la propaganda no afecte excesivamente el medio ambiente y la salud de las personas, lo que corrobora la falta de necesidad de la porción normativa impugnada.
469. Por lo expuesto, se declara la invalidez de la porción normativa "privada o" del artículo 103, párrafo primero, fracción VIII, de la LEEQ.
470. Al haber resultado fundado el planteamiento relacionado con la violación al derecho a la libertad de expresión y ser éste suficiente para declarar la invalidez de la porción normativa impugnada, resulta innecesario el estudio del resto de los argumentos planteados por MORENA en su décimo segundo concepto de invalidez.(204)
 
       TEMA 15. REGULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE DEBATES POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN locales
471. En su décimo tercer concepto de invalidez, MORENA impugna el artículo 108, párrafo quinto, de la LEEQ,(205) que establece que los medios de comunicación local podrán organizar libremente debates entre las candidaturas y los requisitos que éstos deben cumplir.
472. En primer lugar, MORENA argumenta que la norma impugnada es contraria a los principios de certeza, legalidad y equidad electoral, pues no obliga a los medios de comunicación a invitar al debate a todos los candidatos al mismo cargo de la elección. Sostiene que lo anterior pone en riesgo de discriminación, por motivo de posiciones políticas, a las candidaturas que no sean de la preferencia de los medios de comunicación con mayor cobertura en la entidad federativa.
473. En segundo lugar, argumenta que la inexistencia de una obligación de invitar a todas las candidaturas al debate permitiría la realización de debates simulados que en realidad son una contratación o adquisición ilegal de tiempos o de propaganda encubierta. Ello es así, porque podría organizarse un debate en el que únicamente sean invitadas y participen dos candidaturas, y es posible que una de ellas sea simulada.
474. En relación con lo anterior, sostiene que, si bien el artículo segundo transitorio, fracción II, inciso d), del decreto de reforma constitucional en materia político-electoral, publicado el diez de febrero de dos mil catorce, establece que la realización o difusión de debates en radio y televisión, salvo prueba en contrario, no se considerará como contratación ilegal de tiempos o propaganda encubierta, ello sólo aplica cuando la norma que los regula garantiza plenamente que no se produzca fraude a la ley o simulación.
475. En tercer lugar, sostiene que la norma impugnada es inconstitucional porque únicamente permite a los medios de comunicación locales organizar los debates, con lo que excluye a los nacionales. Alega que ello viola el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información de los medios de comunicación nacionales, los candidatos, así como los ciudadanos que se ubican en la cobertura de los mayores canales de televisión y radio a nivel nacional. Afirma que la norma impugnada impide a los contendientes divulgar su mensaje a un mayor número de potenciales electores.
476. Asimismo, alega que, del artículo segundo transitorio, fracción II, inciso d), del decreto de reforma a la Constitución Federal en materia político electoral, publicado el diez de febrero de dos mil catorce, se advierte que el constituyente refiere a la libertad de difundir los debates de todos los medios de comunicación, no sólo los locales y, al señalar que la negativa de cualquiera de los candidatos de participar no es motivo para cancelar o prohibir el debate respectivo, implícitamente establece que debe invitarse previamente a todos los candidatos o candidatas.
477. Este Tribunal Pleno considera infundado el concepto de invalidez formulado.
478. Tal como afirma la accionante, mediante reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce, se facultó al Congreso de la Unión para expedir, entre otras, la ley general que distribuya competencias en materia de procedimientos electorales.(206) Además de lo anterior, en el referido decreto, se estableció un amplio régimen transitorio en el que quedaron fijadas las bases mínimas que deberían ser desarrolladas por el legislador federal. En materia de procedimientos electorales, se determinó que la ley general tendría, al menos, que definir los términos en que habrían de realizarse tanto los debates obligatorios, como los debates entre candidatos a cualquier cargo de elección popular.(207) Es por lo anterior que, para dar respuesta a los argumentos de MORENA resulta necesario recurrir al marco establecido en la LGIPE.
479. Específicamente, el artículo 218 de la LGIPE(208) contiene las reglas que deben cumplir los debates entre candidatos. Este artículo ya fue motivo de análisis por este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014.(209) En este precedente, el Tribunal Pleno declaró infundados los conceptos de invalidez que los partidos políticos hicieron valer en contra de este artículo, consistentes, en lo medular, en que la norma impugnada no obligaba a convocar a los debates a todos los candidatos, con lo que se vulneraba el principio de equidad electoral, y que ello tenía como consecuencia que el debate se utilizara para adquirir de forma indebida tiempo en radio y televisión para fines electorales.
480. Las razones que se proporcionaron para reconocer la validez del artículo 218 de la LGIPE son, en resumen, las siguientes:
a) El párrafo 7 del artículo 218 implícitamente obliga a que se cite al respectivo debate a todos los candidatos participantes en la elección, pues dispone que: "La no asistencia de uno o más de los candidatos invitados a estos debates no será causa para la no realización del mismo"; lo que significa que existe la obligación de convocar a su realización a la totalidad de los aspirantes en la contienda.
 
b) El inciso c), del párrafo 6, de la disposición 218, establece la obligación legal de que en los debates "Se establezcan condiciones de equidad en el formato"; lo cual implica que, para su realización, no basta con que simplemente se convoque a los candidatos interesados, sino que es menester llevar a cabo todos los actos necesarios para que exista acuerdo sobre los términos concretos de su verificación, todo ello bajo la supervisión de la autoridad electoral, pues para tal fin se prevé que en cualquier caso, previamente a su programación, "Se comunique al Instituto o a los institutos locales, según corresponda".
c) La intervención de la autoridad electoral constituye un medio de control de la legalidad de la organización de estos encuentros públicos entre los candidatos a una elección.
d) Cuando el artículo 218 párrafo 6, inciso b) dispone que los medios de comunicación nacional y local podrán organizar libremente debates entre candidatos, siempre y cuando participen por lo menos dos candidatos de la misma elección; debe entenderse que existe la obligación de los organizadores de convocar en forma fehaciente, a todos los candidatos registrados para el mismo cargo, pues solamente de esta forma se satisface el principio de imparcialidad que debe regir en este tipo de eventos públicos.
481. Precisado lo anterior, debe declararse infundado el argumento de MORENA en el sentido de que el artículo 108, párrafo quinto de la LEEQ es inconstitucional por no prever que los medios de comunicación deben invitar a todas las candidaturas registradas para el mismo cargo de elección popular, por partir de una premisa falsa. De la lectura a la norma cuestionada no se advierte referencia alguna de la que pudiera desprenderse que no existe esta obligación, pues en toda su redacción se alude en general, al término "candidaturas".
482. Además, con base en el precedente indicado, el enunciado: "La no asistencia de uno o más de los candidatos invitados a estos debates no será causa para la no realización del mismo", previsto tanto en el artículo 218, numeral 7, de la LGIPE, como en el artículo 108, párrafo sexto, de la LEEQ,(210) se ha interpretado en el sentido de que existe la obligación de convocar a los debates a la totalidad de los aspirantes en la contienda, ya que de otra forma no se explicaría la prevención consistente en que la inasistencia de alguno de ellos no motivaría la cancelación del evento.
483. Incluso, la fracción III del artículo 108, párrafo quinto, de la LEEQ guarda similitud con lo dispuesto en el inciso c) del párrafo 6 del artículo 218 de la Ley General, pues ambos prevén la obligación de que "se establezcan condiciones de equidad en el formato", la cual este Tribunal Pleno determinó que implica que, para la realización del debate no basta con que simplemente se convoque a los candidatos interesados, sino que es necesario llevar a cabo todos los actos necesarios para que exista acuerdo sobre los términos concretos de su verificación.
484. Lo anterior lleva a concluir que, contrariamente a lo que argumenta MORENA en su demanda, de una lectura conjunta de la LEEQ con la LGIPE, se extrae que los medios de comunicación que organicen los debates sí están obligados a invitar a todas las candidaturas que estén registradas para un mismo cargo de elección popular.
485. También debe declararse infundado el argumento consistente en que la deficiente regulación de la organización de los debates por parte de los medios de comunicación, permite que éstos se utilicen para contratar o adquirir tiempos o propaganda encubierta de forma ilegal. Ello es así, porque MORENA hace depender este argumento de la premisa de que la norma impugnada no obliga a invitar a todas las candidaturas registradas para el cargo de elección popular correspondiente, lo que considera permitiría que el debate fuera una simulación, y ya se señaló que esta interpretación de la norma impugnada no se ajusta a los precedentes de este Tribunal Pleno.
486. Por último, es infundado el argumento consistente en que debe declararse la invalidez del artículo 108, párrafo quinto, por únicamente permitir la organización de estos debates a medios de comunicación locales, excluyendo la posibilidad de que los organicen medios de comunicación nacionales.
487. Es verdad que la disposición sólo alude a los medios de comunicación de la entidad federativa, en cuanto a la organización libre de debates; sin embargo, el artículo impugnado tiene que analizarse y aplicarse de manera conjunta con lo que prevé la LGIPE, que en su artículo 218, numeral 6, alude tanto a medios de comunicación nacional y local, y esa referencia implica el reconocimiento de que ambos medios de comunicación pueden organizar debates, sujetos desde luego a los requisitos que el propio numeral prevé, a saber, que se comunique al INE o a los OPLES, según corresponda, que participen por lo menos dos candidatos de la misma elección, y que se establezcan condiciones de equidad en el formato. Máxime que ese ordenamiento general, como se ha subrayado, es aplicable tanto a las elecciones de carácter federal como local.
 
488. Similares consideraciones fueron sostenidas por este Tribunal Pleno en las acciones de inconstitucionalidad 86/2014 y su acumulada,(211) 88/2015 y sus acumuladas(212), 76/2016 y sus acumuladas(213) y 97/2016 y su acumulada.(214)
489. Por lo anterior, se reconoce la validez del artículo 108, párrafo quinto, de la LEEQ.
       TEMA 16. REGULACIÓN DE COALICIONES Y EN MATERIA DE IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAS ELECTORALES
490. MORENA plantea en su décimo cuarto concepto de invalidez que el artículo 109, fracción VI,(215) de la LEEQ es inconstitucional por contravenir lo dispuesto por los artículos 1, 41, base V, Apartado B, punto 5 y C, puntos 3 y 4; 116, fracción IV, incisos b) y j) y 133 de la Constitución Federal.
491. Por un lado, MORENA considera que la entidad federativa carece de competencia para regular las coaliciones, tal como se desprende del artículo segundo transitorio, fracción I, inciso f), en materia político electoral, de dos mil catorce, que prevé que la ley general que regula los partidos políticos nacionales y locales es el ordenamiento llamado a establecer el sistema de participación electoral de los partidos a través de coaliciones.
492. En ese sentido, señala que sería inconstitucional prever que en el reverso de las boletas aparecerán las listas de coaliciones que postulen diputaciones por representación proporcional porque únicamente los partidos tienen potestad legal para postular listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional, como se desprende de los artículos 87.2 y 14 de la LGPP.
493. Por otro lado, la accionante considera que la fracción impugnada, al establecer que en el reverso de las boletas de elección de diputaciones deberá aparecer la lista de cada partido político o coalición que postule de sus candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional, invade las competencias del INE. Las boletas son materiales electorales, por lo que, el artículo combatido regula reglas, lineamientos, criterios y formatos de su impresión y producción, que competen al INE. Al respecto, resulta incongruente que el propio artículo 109, en su acápite, establezca que las boletas se harán conforme al modelo que apruebe el INE, con base a los lineamientos que emita, y luego disponga, en la fracción impugnada, lo que contendrá el reverso de cada boleta.
494. El concepto resulta parcialmente fundado.
495. El artículo 109, fracción VI, al prever que las boletas electorales para la elección de diputaciones, contendrán en el reverso la lista de cada coalición que postule sus candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional, regula inconstitucionalmente, la figura de las coaliciones. Esto es así porque prevé la posibilidad de que coaliciones postulen listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional, sin contar con facultades para alterar el sistema uniforme de coaliciones, establecido por la Constitución y desarrollado por el Congreso de la Unión.
496. Lo anterior, porque el artículo 73, fracción XXIX-U, de la Constitución Federal dispone que es facultad del Congreso de la Unión expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y los Estados, en lo relativo a los partidos políticos, organismos electorales y procesos electorales, conforme a las bases establecidas en la propia Constitución.
497. En relación con lo apuntado, el artículo Segundo transitorio del Decreto de reformas a la Constitución Federal de diez de febrero de dos mil catorce; determina que, en la ley general que regule a los partidos políticos nacionales y locales, se establecerá un sistema uniforme de coaliciones para los procesos federales y locales:
SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el inciso a) de la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de esta Constitución, a más tardar el 30 de abril de 2014. Dichas normas establecerán, al menos, lo siguiente:
I. La ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales: [...]
f) El sistema de participación electoral de los partidos políticos a través de la figura de coaliciones, conforme a lo siguiente:
1. Se establecerá un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales federales y locales;
2. Se podrá solicitar su registro hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas;
3. La ley diferenciará entre coaliciones totales, parciales y flexibles. Por coalición total
se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular a la totalidad de los candidatos en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral. Por coalición parcial se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos el cincuenta por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma. Por coalición flexible se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos el veinticinco por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral;
4. Las reglas conforme a las cuales aparecerán sus emblemas en las boletas electorales y las modalidades del escrutinio y cómputo de los votos;
5. En el primer proceso electoral en el que participe un partido político, no podrá coaligarse, y [...]"
498. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 71/2018 y su acumulada 75/2018,(216) este Tribunal Pleno consideró que se actualizaba una invasión competencial por parte del Congreso de Sonora, ya que, en el artículo 31 de su Constitución, regulaba la posibilidad de que, bajo la forma de coaliciones, se postularan candidaturas de diputados locales de representación proporcional, no obstante que el artículo segundo transitorio antes referido, dispuso categóricamente que fuera la legislación general de la materia que estableciera un sistema uniforme de coaliciones, tanto para los procesos federales, como para los procesos locales.
499. Al respecto, es importante traer a cuenta, con énfasis añadido, el artículo 87, numeral 2, de la LGPP, inserto en el Capítulo III "De las Coaliciones", del Título Noveno; éste prevé que los partidos nacionales y locales podrán formar coaliciones para la elección de diputados a las legislaturas locales por mayoría relativa, sin prever la postulación de candidaturas de diputados locales por el principio de representación proporcional:
Artículo 87. [...]
2. Los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para las elecciones de Gobernador, diputados a las legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa de mayoría relativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
500. De lo hasta aquí expuesto es posible concluir que la entidad federativa, al regular la posibilidad para las coaliciones de postular listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional, resulta violatorio del artículo 73, fracción XXIX-U, y del artículo segundo transitorio del decreto de reformas en materia político electoral de dos mil catorce. En efecto, si por la disposición transitoria del decreto de reforma constitucional mencionada se determinó que sería en la ley general en la que se regulara este aspecto del proceso electoral, debe concluirse que las entidades federativas no pueden reproducir ni, mucho menos, como ocurre en el caso concreto, contrariar lo que ha sido previsto en ella, por tratarse de un régimen excepcional en el que sólo cuentan con competencia residual para normar los aspectos que no hayan sido previstos en la propia legislación general y, por tanto, en los tópicos que ya hayan sido abordados por ella, claramente, no tendrán libertad configurativa, pues deben sujetarse a lo que ésta prevé, tal como se determinó al resolver la acción de inconstitucionalidad 86/2014 y su acumulada 88/2014.(217)
501. Una vez sentado lo anterior, el artículo 109, fracción VI, sin la porción normativa "o coaliciones" tiene un alcance distinto, pues se limita a regular una de las características que presentará la boleta electoral, estableciendo qué información corresponderá al anverso y cuál al reverso, así como el espaciamiento de la misma. Este Tribunal Pleno considera que esta fracción debe ser leída a la luz de su acápite, que dispone que las boletas electorales se emitirán conforme al modelo que apruebe el INE.(218)
502. Con lo anterior, el artículo impugnado no resulta violatorio del principio de certeza electoral ni genera inseguridad jurídica, pues el mismo reitera que la impresión de las boletas electorales se hará conforme al modelo aprobado por el INE, con base a los lineamientos emitidos por él, tal como lo dispone el artículo 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 5, de la Constitución Federal.(219)
503. La facultad de las entidades federativas para regular ciertas características del material electoral, como son las boletas, ya ha sido reconocida por este Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 129/2015 y sus acumuladas 130/2015, 131/2015, 132/2015, 133/2015 y 137/2015,(220) y resulta acorde con lo dispuesto por el artículo 216 de la LGIPE que prevé que las leyes
electorales locales determinarán las características de la documentación y materiales electorales,(221) pero que será el INE a quien corresponderá la aprobación de las boletas electorales.(222)
504. En virtud de lo anterior, procede reconocer la validez del artículo 109 en su fracción VI, de la LEEQ, excepto por lo que hace a la porción normativa "o coaliciones" que debe declararse inválida, por resultar esta última violatoria del artículo 73, fracción XXIX-U, en relación con el artículo transitorio segundo del Decreto de reformas, en materia político electoral, de diez de febrero de dos mil catorce.
       TEMA 17. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD EN DECLARATORIA DE VALIDEZ
505. En su décimo quinto concepto de invalidez,(223) el actor controvierte los artículos 116, fracciones I, inciso f), II, incisos d) y f), y fracción III, incisos b) y c), y 126, numeral 2, fracción I, incisos c) y d), de la LEEQ por deficiencia legislativa.(224) Lo anterior, pues se omite explicitar, por una parte, que se debe verificar el cumplimiento de los requisitos formales de la elección, previo a la declaración de validez; y por otra, que, previo a la expedición de las constancias de mayoría, se debe verificar que los candidatos cumplan con los requisitos de elegibilidad.
506. En efecto, toma como referencia la LGIPE, para demostrar cómo en su artículo 311, numeral 1, incisos j) y l), al regular el cómputo distrital de la votación para diputados federales, se especifica que se tienen que verificar el cumplimiento de los requisitos formales de la elección y los requisitos de elegibilidad de los candidatos.(225)
507. Establece que no verificar los requisitos de elegibilidad sería una violación al artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, ya que "tener las calidades que establezca la ley" para poder ejercer un cargo público, no es una situación que se agota en un momento determinado del proceso electoral, sino que es un continuo.
508. Formula un argumento por mayoría de razón, en el que señala que, en caso de que desaparezca un ayuntamiento, en términos del artículo 115, base primera, último párrafo, de la Constitución Federal, cuando se deba establecer un Concejo Municipal, los miembros que designen las legislaturas locales para concluir los periodos respectivos deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad que establezcan los regidores.(226) Por lo tanto, no es dable que un OPLE no tenga certeza, al emitir las constancias respectivas, de si un candidato es legalmente elegible.
509. Este Tribunal Pleno estima que el planteamiento que aduce es infundado, por las razones que se expresan a continuación.
510. El artículo 41, fracción V, Apartado C, numeral 6, de la Constitución Federal, establece que una de las funciones de los OPLES es expedir las declaraciones de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales.(227) En ese tenor, la LGIPE, en su artículo 104, párrafo primero, inciso i), contempla entre las atribuciones de los OPLES el "expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos así como la constancia de asignación a las fórmulas de representación proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y declaración de validez que efectúe el propio organismo".(228)
511. Al respecto, en la ley local se establece que el proceso electoral "concluye cuando sean entregadas las constancias de mayoría y haya vencido el término para la interposición de medios de impugnación o, en su caso, se emitan las resoluciones por los órganos jurisdiccionales competentes" y su etapa final, corresponde a aquella en que se emitan "los resultados y declaraciones de validez de las elecciones".(229)
512. En efecto, durante esta etapa posterior a la jornada electoral, entre otras cosas:
-     Los consejos municipales realizarán el cómputo y la declaración de validez de la elección del Ayuntamiento, así como la entrega de las constancias de mayoría.
-     Los consejos distritales realizarán el cómputo total de la elección de diputaciones, la declaración de validez de la elección de diputaciones por mayoría relativa en sus respectivos distritos, y la entrega de las constancias respectivas.
-     El Consejo General realizará el cómputo de la elección de la Gubernatura, la declaración de validez de esta elección y la entrega de la constancia de mayoría.
513. Está previsto que los consejos municipales y distritales ejerzan dichas funciones en el marco del procedimiento esbozado en los artículos 122 a 125 de la LEEQ, que, a grandes rasgos, regula el desarrollo de las sesiones dedicadas al cómputo de las elecciones. Los presidentes de estos órganos
electorales, al finalizar el cómputo respectivo, deberán publicar en el exterior de los locales los resultados de las elecciones que les correspondan, con sus declaraciones de validez, y expedir a las candidaturas o fórmulas que hayan obtenido el triunfo, sus constancias de mayoría, para que sean presentadas ante el Consejo General para su registro.(230)
514. Una vez finalizado el cómputo en los consejos distritales y municipales, el Consejo General celebrará sesión para proceder a la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional y al cómputo estatal de la elección de la Gubernatura, en ese orden; procedimiento que se regula en los artículos 126 a 129 de la LEEQ.(231)
515. De lo anterior, es posible extraer que la declaración de validez de una elección, así como la expedición de las constancias de mayoría, no operan en un vacío, sino que son el resultado de una sucesión de actos distintos, llevados a cabo conforme a las formalidades de la LEEQ. Más aún, cuando conforme con lo dispuesto por los artículos 57, 81 y 82, de la LEEQ es posible advertir que el Consejo General es el encargado de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, y a su vez, los consejos distritales y municipales intervendrán en la preparación, vigilancia y desarrollo de los procesos electorales en sus respectivos distritos y municipios.(232)
516. En esta misma línea argumentativa, cabe resaltar que el artículo 14 del ordenamiento, especifica los requisitos "para ser postulado y, en su caso, para ocupar cualquier cargo de elección popular".(233) Esta porción normativa se puede interpretar como que los requisitos de elegibilidad previstos, no solamente atañen al registro de los candidatos, sino que también son relevantes para poder ocupar los cargos correspondientes, en el caso de triunfo en las elecciones.
517. Así pues, de una lectura sistemática de la ley, y contrario a lo que aduce el accionante, no se desprende que las autoridades electorales puedan obviar que las elecciones locales cumplan con los requisitos constitucionales y legales pertinentes, o que los candidatos no cumplan con los requisitos de elegibilidad, previo a la emisión de la declaración de validez y las respectivas constancias de mayoría. Lo anterior, sin que exista una obligación que constriña al legislador local a replicar textualmente el contenido sobre lo que la LGIPE dispone para las elecciones federales.
518. En ese sentido, lo procedente es reconocer la validez de los artículos 116, fracciones I, inciso f), II, incisos d) y f), y III, incisos b) y c), y 126, numeral 2, fracción I, incisos c) y d), de la LEEQ.
       TEMA 18. VALORES PARA ASIGNAR DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
519. En su décimo séptimo concepto de invalidez,(234) el partido político promovente impugna la validez del artículo 128 de la LEEQ, porque en la fórmula de asignación para la determinación de diputaciones plurinominales después de la asignación directa por porcentaje mínimo toma como base la votación obtenida por cada partido político, lo que implica una doble contabilidad de sufragios porque: i) a los partidos políticos que ganan la elección de mayoría relativa no se les descuenta esa votación para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional y ii) no se deducen los votos utilizados para la asignación de la diputación plurinominal de la primera ronda.(235)
520. Asimismo, considera que la definición de votación estatal emitida es inconstitucional, pues no concuerda con la base de votación depurada que este Alto Tribunal ha definido que debe utilizarse para la fórmula de distribución de escaños tomando como referencia el artículo 116, fracción II, párrafo tercero.
521. Lo anterior, porque para calcular la "votación estatal emitida" el legislador local deduce la votación de los partidos políticos que no hayan alcanzado el 3% de la votación total emitida, siendo que lo correcto es deducir el 3% de la votación valida emitida, y, además, deduce los votos de los partidos políticos que no hayan alcanzado algún triunfo en un distrito uninominal, lo cual distorsiona la representatividad del órgano.
522. Para dar respuesta a los planteamientos formulados por MORENA, se estudiarán, en primer lugar, los argumentos relativos a la doble contabilización de votos en el cálculo del resultante de asignación (18.1), y posteriormente, lo concerniente a la definición de la votación estatal emitida (18.2).
       TEMA 18.1. Sobre el cálculo del resultante de asignación.
523. Respecto del primer planteamiento, el partido político considera que la fórmula prevista en el párrafo octavo del artículo impugnado propicia la doble contabilización de votos porque toma la "votación obtenida por cada partido" sin descontar los votos que hayan sido utilizados para obtener los triunfos de mayoría relativa, ni los votos que hayan sido utilizados por la diputación de primera asignación, es
decir, la que le corresponde a cada partido por haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida.
524. Este Tribunal Pleno considera que es infundado el argumento por el cual el partido político sugiere que, para calcular la "votación obtenida por cada partido" en la fórmula de asignación, deberían descontarse los votos de los partidos que hayan obtenido triunfos en mayoría relativa, pues no es cierto que ello viole el principio de un voto por ciudadano, o que, implique una doble contabilización de votos.
525. Este Tribunal Pleno se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre las características de nuestro sistema electoral y, en particular, respecto de su carácter mixto, esto es, que conjuga los principios de mayoría relativa y de representación proporcional para la elección de ciertos cargos públicos, como las diputaciones locales. De manera relevante para este caso, se retoman algunas de las consideraciones expresadas en la acción de inconstitucionalidad 129/2015 y sus acumuladas 130/2015, 131/2015, 132/2015, 133/2015 y 137/2015,(236) en relación con ambos conceptos.
526. En síntesis, el principio de mayoría consiste en asignar cada una de las diputaciones a la candidatura que haya obtenido la mayor cantidad de votos en cada una de los distritos electorales uninominales en los que se divide la entidad federativa en cuestión. Este sistema expresa como característica principal el fincar una victoria electoral por una simple diferencia aritmética de votos en favor del candidato más aventajado. El término "uninominal" significa que cada partido político puede postular un solo candidato por cada distrito en el que participa y el acreedor de la constancia de mayoría y validez de la elección será el que obtenga la mayoría relativa de los votos emitidos dentro del distrito electoral de que se trate.
527. Por su parte, la representación proporcional es el principio de asignación de diputaciones por medio del cual se atribuye a cada partido político un número de diputaciones proporcional al número de votos emitidos en su favor en una circunscripción plurinominal, que se eligen a partir de listas de candidaturas que registra cada partido político para ese efecto. El objeto de este principio, ha dicho este Alto Tribunal, es procurar que la cantidad de votos obtenidos por los partidos corresponda, en equitativa proporción, al número de curules a que tenga derecho cada uno de ellos y, entre otras cosas, evitar los efectos extremos de distorsión de la voluntad popular que se pueden producir en un sistema de mayoría simple y de esta forma, hacer prevalecer el pluralismo.
528. Ahora bien, en un sistema mixto como el nuestro, se aplican ambos principios. En nuestro sistema la ciudadanía emite un solo voto que se contabiliza para la elección de un diputado por mayoría relativa y, asimismo, para un partido político a través de listas de representación proporcional. De esa manera, los partidos deben presentar candidatos en los distritos electorales uninominales y listas de candidatos en las circunscripciones plurinominales.
529. Por lo que se refiere a las entidades federativas, en el artículo 116, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Federal, se prevé la obligación de integrar sus Legislaturas con diputados electos por ambos principios (mayoría relativa y representación proporcional), en los términos que señalen las leyes locales y, a partir de la reforma constitucional de dos mil catorce, aunque se mantiene la libertad de configuración normativa referida, se sujeta su ejercicio a ciertas bases, con la fijación de reglas y límites de sobre y sub representación.
530. Del precepto constitucional citado, se desprenden las siguientes bases relevantes para esta resolución:
-     Obligación de incorporar en la legislación estatal los principios de mayoría relativa y representación proporcional y libertad de configuración normativa. Los Congresos de los Estados deben integrarse por diputados electos conforme a los principios de mayoría relativa y representación proporcional, de acuerdo con lo que establezcan las leyes locales.
-     Límite de sobrerrepresentación. La diferencia entre el porcentaje de diputaciones que por ambos principios corresponda a un partido político y el porcentaje de votos que hubiese obtenido no puede ser mayor a ocho por ciento.
-     Excepción al límite de sobrerrepresentación. Esta diferencia puede ser mayor si el porcentaje de diputaciones que por el principio de mayoría relativa corresponde a un partido político excede en más de ocho por ciento el porcentaje de votos que hubiese obtenido.
-     Límite de subrepresentación. La diferencia entre el porcentaje de diputaciones que por ambos principios corresponda a un partido político y el porcentaje de votos que hubiese obtenido no puede ser menor a ocho por ciento.
531. Sentado lo anterior, este Tribunal Pleno estima que el argumento del partido político es infundado, porque el voto de la ciudadanía en la elección de diputaciones locales sirve a dos propósitos: elegir a
un candidato de mayoría relativa y ser contabilizado para un partido político de manera que le sean asignadas las diputaciones que, de la manera más fiel posible, dentro de los límites de sobre y sub representación, representen su fuerza electoral en una circunscripción plurinominal. Esto es, ambos principios electivos se perfeccionan mediante un mismo sufragio, aun cuando sirven a propósitos constitucionales completamente distintos.
532. Tal como recientemente se reiteró en la contradicción de tesis 275/2015,(237) el derecho al voto activo previsto en la fracción I del artículo 35 de la Constitución Federal comprende la emisión del sufragio bajo los dos principios electivos contemplados en la fracción II del artículo 116. Este derecho fundamental protege, en pocas palabras, la elección de legisladores locales tanto de mayoría relativa, como de representación proporcional.
533. Por lo tanto, si se dejaran de contabilizar en la asignación diputaciones de representación proporcional de un partido político los votos que le hayan dado la victoria en algún distrito uninominal, se violaría el derecho al voto activo de la ciudadanía en la elección por ese principio. Es decir, se estaría privando a algunos ciudadanos de que su voto tuviera todos sus efectos constitucionales, mientras que a otros sí se les permitiría participar en las elecciones por ambos principios.
534. Los propios límites de sobre y sub representación que rigen la integración de los congresos locales obligan a que se observe la votación obtenida por cada partido político en la elección para la asignación de diputaciones, sin que pueda haber una discrepancia significativa entre su fuerza electoral y su representación en el Congreso local. Por tanto, dejar de contabilizar la votación de los partidos políticos en los distritos uninominales donde hubieran ganado la elección, terminaría por crear una clara distorsión entre la presencia electoral de un partido político en el territorio y las diputaciones que finalmente le fueran asignadas, pues la base para la asignación sería inexacta. De ahí que no asista razón al promovente.
       TEMA 18.2. Definición de votación estatal emitida.
535. Este Tribunal Pleno estima que los argumentos planteados por MORENA en relación con la definición de "votación estatal emitida" de la LEEQ, son parcialmente fundados.
536. Para explicarlo, es necesario recuperar la interpretación que esta Suprema Corte ha hecho del artículo 116, fracción II, tercer párrafo,(238) de la Constitución Federal, en lo relativo a los límites de representación de los partidos en el órgano legislativo local, y su fracción IV, inciso f),(239) en lo relativo a la representatividad mínima de los partidos, para conservar su votación.
537. En la acción de inconstitucionalidad 53/2017 y su acumulada 57/2017,(240) se retomaron las consideraciones de las acciones de inconstitucionalidad 53/2015 y sus acumuladas 57/2015, 59/2015, 61/2015, 62/2015 y 63/2015(241) así como la acción 55/2016(242) para conjugar y definir "votación estatal válida emitida", y este Tribunal Pleno determinó lo siguiente:
-     De los precedentes citados, se advierte que esta Suprema Corte ha venido construyendo una línea jurisprudencial conforme a la cual el artículo 116 de la Constitución Federal establece distintos parámetros para determinar los porcentajes de votación requeridos en las diversas etapas que integran el sistema de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional a nivel local.
-     Así, en la fracción II se establece como base para verificar los límites de sobre y subrepresentación de los partidos políticos, la votación emitida, respecto de la cual hemos dicho que debe ser la misma que se utilice para la aplicación de la fórmula de distribución de curules.
-     En cambio, la fracción IV, inciso f), segundo párrafo, precisa que la representatividad mínima que permite a los partidos políticos conservar su registro se acredita con la obtención del tres por ciento de la votación válida, la cual hemos sostenido que debe ser la misma para determinar qué partidos políticos tendrán acceso a diputaciones de representación proporcional.(243)
538. En ese sentido, para aterrizar las exigencias del artículo 116, fracciones II y IV, inciso f), de la Constitución Federal, se estableció, a tenor literal, lo siguiente:
i.    Para determinar qué partidos tienen derecho a diputaciones de representación proporcional, la base que debe tomarse en cuenta es la votación válida prevista en el artículo 116, fracción IV, inciso f), que es una votación semidepurada en la que a la votación total se le sustraen los votos nulos y a favor de candidatos no registrados;
ii.   Para la aplicación de la fórmula de distribución de escaños, la base debe ser la votación emitida prevista en el artículo 116, fracción II, párrafo tercero, que es una votación depurada a la que, adicionalmente a los votos nulos y a favor de candidatos no registrados, se le sustraen los votos a favor de los partidos que no alcanzaron el umbral y los votos a favor de candidatos
independientes; y
iii.   Sobre esta última base deben calcularse los límites a la sub y sobrerrepresentación.(244)
539. Ahora bien, el artículo 128 de la LEEQ, en su sexto párrafo, establece que, para efectos de la asignación de diputaciones bajo el principio de representación proporcional, la votación estatal emitida se define de la siguiente manera: "la que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de dicha votación, los votos emitidos para candidaturas independientes, los votos nulos, los votos de candidaturas no registradas y los que no hayan alcanzado el triunfo en algún distrito uninominal."
540. El partido actor sostiene que la definición de "votación estatal emitida" de la LEEQ, es errónea, pues altera la aplicación de la fórmula de asignación de escaños de la siguiente manera:
-     Resta los votos de aquellos partidos que no hayan alcanzado el triunfo en algún distrito uninominal, con lo que se altera el cálculo. En realidad, se deberían restar los votos que ya fueron utilizados antes.
-     Resta de la votación total emitida "los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de dicha votación" (es decir, de la votación total emitida). Sin embargo, para obtener una base depurada conforme a los criterios de este Alto Tribunal, este elemento debería hacer referencia a los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida.
(1) Sobre la deducción de los votos para candidatos que no hayan alcanzado triunfo en algún distrito uninominal.
541. En primer lugar, le asiste razón en considerar que restar los votos de candidatos que "no hayan alcanzado el triunfo en algún distrito uninominal" introduce distorsiones al cálculo, y, en última instancia, frustraría el propósito de prever escaños bajo el principio de representación proporcional.
542. En efecto, de los precedentes antes reseñados, se extrae que la votación emitida (la depurada, que sirve para determinar la distribución de escaños bajo el principio de representación proporcional), se obtiene de restar de la votación total, lo siguiente:
-     Los votos nulos
-     Los votos a favor de candidatos no registrados
-     Los votos a favor de los partidos que no alcanzaron el umbral; y
-     Los votos a favor de candidatos independientes
543. El objetivo, como ha establecido este Alto Tribunal, es lograr una base de votación que realmente refleje la representatividad de cada partido, por lo cual además de los votos que no son eficaces, se depuran los votos de quienes, por cuestiones diversas, no tendrán acceso a curules bajo el principio de representación proporcional.
544. Así pues, si lo que se busca es integrar un órgano que procure equidad entre curules y la cantidad de votos obtenidos para cada partido, al eliminar los votos de los candidatos que no hayan obtenido un triunfo en los distritos uninominales (pero que, en todo caso, pertenezcan a partidos que hayan superado el umbral de votación requerida), se restaría un elemento fundamental para dicho cómputo, distorsionando la base del cálculo.
545. Lo anterior, sin que se deban restar los votos ya contabilizados, por las mismas razones que se desprenden del apartado anterior.
546. En ese sentido, procede declarar la invalidez del sexto párrafo del artículo 128, en su porción normativa "y los que no hayan alcanzado el triunfo en algún distrito uninominal.".
(2) Sobre la deducción a la votación total emitida, de los votos de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de dicha votación, para el cálculo de la votación estatal emitida.
547. Por otro lado, le asiste razón en considerar que, al definir los elementos para calcular la votación estatal emitida, de la porción normativa "deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de dicha votación", se desprende un posible significado que es contrario al parámetro de regularidad fijado por esta Corte para, en última instancia, obtener la votación depurada que debe ser base para la distribución de escaños.
548. Reiterando, uno de los elementos adicionales a restar a la votación semidepurada, para obtener la votación depurada, además de los votos a favor de los candidatos independientes, son los votos a favor de los partidos que no alcanzaron el umbral.
549. Este último requisito hace referencia a los partidos que no alcanzaron la votación suficiente para conservar su registro. En términos de los requisitos de la Constitución Federal, ello se tendría que
calcular en función de la "votación válida emitida".
550. Así pues, de manera literal, de la porción normativa señalada se podría entender que, para calcular la votación estatal efectiva, hay que restar los votos de los partidos que no obtuvieron el tres por ciento de la votación total. Este significado no es conforme con las exigencias definidas por esta Corte para el cálculo de la votación estatal emitida, pues presenta el riesgo de dejar de contabilizar votos que deberían ser eficaces para la asignación por representación proporcional.
551. Ahora bien, si para el cálculo de la votación estatal emitida, uno de los valores a restar es el correspondiente a los votos de los partidos políticos que no alcanzaron el umbral, y éste, por definición constitucional es indisociable de la "votación válida",(245) entonces, es posible determinar que cuando el artículo 128 de la LEEQ establece que para calcular la votación estatal emitida "se entiende la que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de dicha votación...", la porción "dicha votación" debe interpretarse como haciendo referencia a la votación válida emitida y no la total.
552. En ese sentido, no ha lugar a invalidar esta porción normativa de la definición de votación estatal emitida, mientras se entienda que, por la deducción de la votación total emitida, de los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de "dicha votación", esta última porción necesariamente hace referencia a la votación válida emitida.(246)
553. Similares consideraciones fueron adoptadas por este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 55/2016, al reconocer la validez de una norma de la Constitución de Nayarit,(247) que por su parte, regulaba los requisitos de acceso a la asignación de los curules bajo el principio de representación proporcional. Ahí se dijo que era posible interpretar la porción normativa de la Constitución de Nayarit de manera conforme, en los siguientes términos:
En consecuencia, cuando la norma controvertida determina que todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento de la votación total, tendrá derecho a que le sean asignados diputados de representación proporcional, debe entenderse en el sentido de que sólo se tomarán en cuenta, para los efectos de la aplicación de este precepto, los votos que tuvieron efectividad para elegir a los diputados de mayoría relativa, lo cual implica excluir los votos nulos y los de los candidatos no registrados, pues este tipo de sufragios tampoco son eficaces para realizar el cómputo ni a favor o ni en contra de candidato alguno a diputado en los distritos uninominales.(248)
554. Sin advertir vicios adicionales en el sistema de asignación para la determinación de diputaciones plurinominales, este Tribunal Pleno reconoce la validez del artículo 128 de la LEEQ, con excepción de la porción normativa "y los que no hayan alcanzado el triunfo en algún distrito uninominal" , del sexto párrafo del artículo impugnado, que se declara inválido, y en el entendido que cuando el artículo, en su párrafo sexto, dispone "deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de dicha votación", por dicha votación debe entenderse la votación válida emitida, en los términos apuntados previamente.
TEMA 19. REGULACIÓN de COALICIONES Y OBLIGACIÓN DE CONTAR CON ANUENCIA DE LAS DIRIGENCIAS LOCALES Y NACIONALES PARA LA FORMACIÓN DE COALICIONES O DE CANDIDATURAS COMUNES
555. En su décimo noveno concepto de invalidez,(249) MORENA plantea que el artículo 150 de la LEEQ, en sus porciones normativas "y coaliciones" y "local y nacional",(250) es inconstitucional por contravenir lo dispuesto por los artículos 14, párrafo segundo, 16, primer párrafo, 41, base I, párrafos segundo, tercero y cuarto, 116, fracción IV, inciso b) y 133 de la Constitución Federal.
556. Por un lado, MORENA considera que la entidad federativa carece de competencia para regular las coaliciones, tal como se desprende del artículo segundo transitorio, fracción I, inciso f), en materia político electoral, de dos mil catorce, que prevé que la ley general encargada de regular los partidos políticos nacionales y locales es el ordenamiento llamado a establecer el sistema de participación electoral de los partidos a través de coaliciones. La invasión competencial aludida traería como consecuencia una vulneración al principio de legalidad y de certeza electoral, garantizado por los artículos 14, 16 y 116 de la Constitución.
557. La accionante considera que el artículo impugnado efectivamente regula la figura de coaliciones pues añade un requisito para su formación: contar con la anuencia de la dirección competente.
558. Por otro lado, la accionante considera que la condicionante reseñada, que obliga a contar con la anuencia tanto del órgano de dirección local como del órgano nacional, conculca la autodeterminación de los partidos políticos, constituyendo una forma de intromisión en sus asuntos internos, contraria a lo dispuesto por el artículo 41 constitucional.
559. Este Tribunal Pleno considera parcialmente fundado el planteamiento hecho valer por la accionante.
 
560. En lo que concierne al argumento de incompetencia,(251) y como el Tribunal Pleno ha reiterado en precedentes,(252) la figura de las coaliciones resulta indisponible para las entidades federativas, cuya competencia residual quedó excluida mediante reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce, en la que se facultó al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales en materia electoral, con la adición de la fracción XXIX-U al artículo 73 y se dispuso, en el artículo segundo transitorio, fracción I, inciso f) de ese decreto de reformas, que, a través de las mismas, se establecería un sistema único y uniforme.
561. En el caso concreto, el artículo 150 dispone que, para el caso de las candidaturas y las coaliciones, los partidos deberán contar con la anuencia, tanto del órgano de dirección local, como del órgano de dirección nacional.
562. Al regular uno de los requisitos de conformación de coaliciones, es claro que el legislador local invade la competencia del Congreso de la Unión para establecer un sistema único y uniforme. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el precepto impugnado, al exigir la autorización del órgano de la dirección local de manera adicional a la anuencia del órgano de dirección nacional, excede lo dispuesto por la LGPP, respecto de la formación de coaliciones.(253)
563. Por lo anterior, debe declararse la invalidez de la porción normativa "y coaliciones" del artículo 150 de la LEEQ.
564. Ahora bien, por lo que hace al caso de las candidaturas comunes, que deberán contar con la anuencia de sus dirigencias nacionales y locales, el argumento de la accionante es infundado.
565. Al respecto, conviene traer a cuenta lo resuelto por este Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014.(254) Al igual que en el caso concreto, en aquella ocasión el artículo impugnado establecía la exigencia de aprobación por parte de las dirigencias nacionales y locales para la participación bajo la modalidad de candidaturas comunes,(255) y en contra del mismo, se planteaba una violación al derecho de autodeterminación de los partidos políticos. Por lo anterior, resultan aplicables las mismas consideraciones.
566. Al resolver la impugnación planteada, el Tribunal Pleno recurrió a la acción de inconstitucionalidad 23/2014 y sus acumuladas 24/2014, 25/2014, 27/2014 y 29/2014,(256) y afirmó que, de los artículos 41, base I, penúltimo párrafo,(257) y 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución Federal se desprende un reconocimiento de la libertad auto-organizativa de los partidos políticos, al disponer que las autoridades electorales solamente pueden intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen la Constitución Federal, las leyes generales y las Constituciones y leyes locales. Los principios de auto-conformación y auto-organización, se dijo, garantizan que los partidos políticos cuenten con un amplio margen de actuación en lo concerniente a su régimen interior, esto es, que cuenten con la posibilidad de decidir en todos y cada uno de los rubros internos que les correspondan.
567. No obstante la garantía institucional de la que gozan los partidos políticos, existen limitantes a su ejercicio, pues de la propia Constitución Federal se desprende que las autoridades electorales podrán intervenir en la vida interna de los partidos políticos, previéndose como condición que esta institución esté contemplada en ley.
568. Así, aun cuando los partidos políticos pueden operar bajo un amplio margen de libertad, no debe perderse de vista que dichos institutos son asociaciones al servicio de la sociedad, pues constituyen el instrumento para que los ciudadanos tengan una eficaz participación en el proceso de conformación política de los órganos democráticos.(258)
569. En este orden de ideas, los incisos b), c), d) y e) de la fracción I del artículo segundo transitorio del decreto de reformas a la Constitución Federal de febrero de dos mil catorce,(259) establecen que la ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales debe establecer, entre otros aspectos, los derechos y obligaciones de sus militantes y la garantía de acceso a los órganos imparciales de justicia intrapartidaria; los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos; la postulación de sus candidatos y, en general, la conducción de sus actividades de forma democrática; así como la transparencia en el uso de los recursos; los contenidos mínimos de sus documentos básicos; y, los procedimientos y las sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones.
570. Asimismo, el Título Tercero, denominado "De la Organización Interna de los Partidos Políticos" de la LGPP, desarrolla las disposiciones destacadas del transitorio en comento y establece las bases mínimas a las que deberán sujetarse los partidos.
571. De acuerdo con tales argumentos, el precepto impugnado resulta razonable al exigir que la decisión
de formar candidaturas comunes sea aprobada por los órganos de dirección nacional y local de los partidos políticos, en atención a la relevancia de que los partidos políticos participen en esa modalidad pues esto condiciona los derechos político electorales de sus militantes; y, son los órganos de dirección nacional o local, como máximas autoridades dentro de los partidos políticos los que deben adoptar esa decisión, de acuerdo con los intereses y estrategias del propio instituto político.
572. En consecuencia, debe reconocerse la validez del artículo 150 de la LEEQ, en su porción normativa "local y nacional", y declarar la invalidez de la porción normativa "y coaliciones", que se declara inválida por las razones expresadas en este apartado.
TEMA 20. SUSTITUCIÓN DE CANDIDATURAS
573. En su vigésimo concepto de invalidez, MORENA impugna el artículo 206, párrafo quinto, de la LEEQ, que prevé que, en casos de renuncia, no procederá la sustitución de candidaturas dentro de los treinta y cinco días anteriores a la elección. También, controvierte el cuarto párrafo del artículo 209, por disponer que, si la integración de una planilla de Ayuntamiento queda incompleta, se cancelará su registro.(260)
574. El accionante argumenta que la negativa de conceder la sustitución de las candidaturas cuando la renuncia se presente dentro de los treinta y cinco días previos a la elección es una restricción excesiva al derecho de poder ser votado. Sostiene que, aunque el fin pudiera ser legítimo, hay medidas menos lesivas. También, estima que el plazo de treinta y cinco días no es proporcional, considerando la normativa de la LEEQ en relación con las boletas electorales y sobre la duración de las campañas.
575. Por otro lado, sostiene que la cancelación del registro de las planillas de Ayuntamiento por quedar incompletas lesiona el derecho de todos los demás integrantes para poder ser votados en condiciones de igualdad. Lo anterior, pues basta con una dimisión, sea de buena fe o dolosa, para impedirles participar en el proceso electoral. Y, paralelamente, ello representa una afectación al derecho al voto de la ciudadanía, ya que no estarían en condiciones de escoger a esa planilla.
576. Asimismo, argumenta que ambos casos son violaciones al artículo 14 constitucional, pues sin previo juicio se les priva a los candidatos propuestos como sustitutos y a los candidatos independientes de participar en el proceso electoral. Además, caracteriza los supuestos previstos por ambos preceptos como sanciones trascendentes.
577. Para dar respuesta a los planteamientos del accionante, este Tribunal Pleno estudiará en primer lugar lo relativo a la imposibilidad de sustitución de candidaturas en los treinta y cinco días previos a la elección (20.1), y posteriormente, la cancelación del registro a las planillas de Ayuntamiento que queden incompletas (20.2).
TEMA 20.1. Limitación a la sustitución de las candidaturas por renuncia.
578. El actor argumenta que la medida prevista en el artículo 206, quinto párrafo, de la LEEQ, restringe de manera desproporcionada los derechos constitucionales previstos en el artículo 35, fracciones I y II, a votar y ser votado.(261) Sin embargo, este Tribunal Pleno estima que los argumentos esgrimidos por el actor son infundados.
579. En efecto, en la acción de inconstitucionalidad 78/2017 y su acumulada 79/2017,(262) el Pleno de este Alto Tribunal se enfrentó a un problema jurídico idéntico, que lo llevó a reconocer la validez de una disposición del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que impedía la sustitución de candidatos por renuncia, cuando ésta se presentaba veinte días antes de la elección.(263)
580. Luego de precisar que el precepto reclamado solo se refería a los casos en los que el candidato postulado por un partido renunciara, se estableció lo siguiente:
-     El plazo referido no opera como una condicionante para que la renuncia del candidato surta plenos efectos, pues como se reitera, la norma impugnada no desconoce el derecho de todo candidato de poder renunciar en cualquier momento a su postulación. Lo que en todo caso se limita es la posibilidad del partido político que postuló al referido candidato, para solicitar su sustitución al órgano electoral local.(264)
-     Debe decirse que dicho precepto resulta idóneo y proporcional, puesto que por un lado evita privar al partido político de su derecho a participar en la contienda electoral como consecuencia de la sola voluntad del candidato al renunciar a su postulación, pero además, garantiza que esta oportunidad que se brinda al partido político a través de la sustitución del candidato, no
transgreda el resto de principios constitucionales que concurren en dicho supuesto.(265)
-     El hecho que se exija que el partido político presente su solicitud de sustitución al menos veinte días antes de la elección, pretende garantizar un mínimo de tiempo para que la autoridad pueda llevar a cabo los trámites necesarios para el registro del candidato, para que el candidato cuente con un tiempo mínimo que le permita competir en términos equitativos en la contienda electoral y principalmente, para garantizar que exista al menos un periodo de tiempo suficiente para hacer del conocimiento de la ciudadanía quiénes son los candidatos que aspiran a determinado cargo de elección popular, cuáles sus propuestas y qué opción es la que más les convence para efecto de otorgar su voto.(266)
581. Para este Tribunal Pleno, son aplicables las consideraciones del precedente citado, al caso presente. Lo anterior, sin perjuicio de que el artículo 206, quinto párrafo, de la LEEQ prevé que no se podrá sustituir a un candidato que haya renunciado treinta y cinco días antes de la elección (a diferencia del artículo de la legislación electoral de Chiapas, que era de veinte días), por las razones que a continuación se desarrollan.
582. De una lectura integral del artículo 206 de la LEEQ se desprende que hay distintos supuestos para la sustitución de candidaturas una vez fenecido el plazo para el registro de candidatos: la renuncia, el fallecimiento, la inhabilitación o por incapacidad por resolución administrativa y judicial (artículo 206, cuarto párrafo). De entre los supuestos anteriores, el quinto párrafo (reclamado en la presente acción) sólo señala a la renuncia como supuesto en el que no procede la sustitución dentro de los treinta y cinco días anteriores a la elección.
583. La renuncia de los candidatos, cabe resaltar, es el único caso de entre los mencionados que no es excepcional, pues es un acto potestativo del interesado. En efecto, la LEEQ prevé mecanismos específicos para la presentación y la ratificación de tal acto, con el fin de cerciorarse de la voluntad de quien presenta la renuncia.(267)
584. Ahora bien, sobre este punto, cabe recordar que el artículo 116 constitucional, fracción IV, incisos e), j), k) y p) establece la obligación de las entidades de garantizar en sus leyes locales, entre otras cosas, que los partidos políticos tengan reconocido el derecho para registrar candidatos y el derecho de los ciudadanos a registrarse de forma independiente, así como de fijar reglas para las campañas electorales; todo, informado por los principios previstos en el inciso b) del mismo precepto: certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.(268)
585. En ese sentido, es posible afirmar que, en lo relativo al registro y sustitución de candidatos al estar íntimamente vinculado con lo primero, existe libertad de configuración en favor de las entidades, que debe ejercerse sin contravenir los principios antes enunciados.
586. Así pues, se estima que el precepto es razonable, al tener como fin maximizar la certeza electoral sobre quiénes serán los candidatos en un proceso específico particularmente, cuando la situación no obedece a casos excepcionales y, en consonancia con lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 78/2017 y su acumulada 79/2017, representa un balance adecuado entre el derecho de los partidos políticos a participar en la contienda electoral, y el respeto de los principios electorales aplicables al proceso. Sin que se advierta, además, que el plazo de treinta y cinco días previos,(269) resulte irrazonable, a la luz de la duración y los fines de las campañas.(270)
587. Por otro lado, no se estima que el precepto reclamado represente una afectación para quienes pretenden sustituir a los candidatos, contraria al artículo 14 constitucional. Ello, pues no es posible afirmar que la renuncia de un candidato, treinta y cinco días antes de la elección, genere un derecho personal que pueda ser restringido.
588. Tampoco, como propone el actor, estamos frente a un supuesto que represente una pena inusitada o trascendente, en los términos del artículo 22 constitucional. Lo anterior, ya que el precepto no regula alguna consecuencia derivada de una actuación ilegal o irregular.(271) Más bien, delinea momentos que conforman el proceso electoral local en Querétaro, en pro de la certeza electoral.
589. Finalmente, tal como se estableció en el precedente, el argumento en relación con las reglas excepcionales aplicables a las boletas impresas, para el caso de sustituciones de candidaturas, no es suficiente para contrariar lo antes expuesto, porque "el hecho de que se prevea que las boletas no necesariamente deban ser reimpresas para los casos de pérdida de registro o sustitución de candidatos [...] no quita que dicho supuesto busca remediar una situación excepcional, que se justifica en función de la celeridad que conlleva un proceso electoral pero que lleva inmerso el sacrificio del principio de certeza jurídica".(272)
590. Por lo tanto, lo procedente es reconocer validez del artículo 206, quinto párrafo, de la LEEQ.
 
TEMA 20.2. Cancelación del registro a planillas incompletas de Ayuntamiento.
591. El actor, de igual manera, estima que la consecuencia de cancelar el registro a planillas incompletas de Ayuntamiento es desproporcionada, a la luz del derecho a ser votado. Este Tribunal Pleno estima que los argumentos esgrimidos por el actor son infundados.
592. Al respecto, el artículo 115 constitucional reconoce que el municipio libre es la base de división territorial de las entidades federativas, y cada uno será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine.(273)
593. La LEEQ, a su vez, prevé que el Ayuntamiento será el órgano colegiado, de elección popular directa, que gobierna a los municipios, el cual se integrará por una persona titular de la Presidencia Municipal, dos sindicaturas y por el número de regidurías que se precisan en el artículo 20 del ordenamiento.(274)
594. Por lo que hace a su registro, el artículo 178 del ordenamiento establece, de manera categórica, que deben de presentarse planillas de manera completa.(275) El artículo 209 de la LEEQ, que forma parte del capítulo que regula la sustitución de candidatos, en la porción normativa que impugna el accionante, establece que "si la integración de una planilla de Ayuntamiento queda incompleta, se cancelará su registro".(276)
595. A diferencia de lo que argumenta el partido actor, no es posible considerar que dicha porción normativa restrinja los derechos de votar y ser votado. Este precepto no impide, como tal, a los candidatos de una planilla de Ayuntamiento participar en una elección. Lo anterior, pues solamente establece una consecuencia para que, sea por una cuestión fáctica o jurídica, la planilla interesada no logre subsanar esa situación de manera previa a la elección.
596.