DOF: 08/10/2021
ACUERDO del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante el cual se aprueba la modificación del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

ACUERDO del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante el cual se aprueba la modificación del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

ACUERDO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
MA. DEL ROSARIO PIEDRA IBARRA, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 último párrafo, 6 fracción X, 15 fracciones I y III, 17 y 19 fracciones I y II de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y 18 y 40 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y
CONSIDERANDO
Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un Organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, con base en lo dispuesto en el artículo 102, apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que éste establece sus propias disposiciones y lineamientos normativos para cumplir con las funciones que le han sido encomendadas;
Que el 12 de agosto de 2003, se emitió el acuerdo del Consejo Consultivo mediante el cual se expidió el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 2003 y entró en vigor el 1 de enero de 2004;
Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, armoniza el Reglamento Interno en cumplimiento de las obligaciones previstas por la Ley General de Comunicación Social, vigente a partir del 11 de mayo de 2018 y que de manera expresa, en su artículo 30, establece que, los Órganos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía, deberán prever en su Reglamento Interior, el mecanismo para la elaboración, aprobación y registro de las Estrategias y Programas Anuales de Comunicación Social;
Que se requiere precisar funciones y atribuciones para optimizar la operación interna de la Comisión Nacional, a fin de regular el gasto en materia de Comunicación Social, estableciendo lo pertinente relativo a la designación de la Secretaría Administradora de la Comisión Nacional, en términos de la Ley General de Comunicación Social, que, en razón de la naturaleza de las funciones y atribuciones del Órgano o Unidad Administrativa designado para tal efecto, haga las veces de ésta;
Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra comprometida con el cabal cumplimiento de su función institucional, en razón de las obligaciones constitucionales y convencionales en materia de la protección, defensa y promoción de los derechos humanos, por lo que resulta oportuno el fortalecimiento y optimización de sus Oficinas Foráneas;
Que con fecha 19 de noviembre del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la cual, en su artículo 1, párrafo segundo, refiere que, los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionales autónomos tomarán las acciones necesarias para dar cumplimiento a la referida Ley, de acuerdo con la normatividad aplicable a cada uno de ellos, cuando se les asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación;
Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Austeridad Republicana, el 10 de marzo del 2021, se emitieron las Normas en Materia de Austeridad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mismas que establecen en su numeral 4.1. que, se deberán ajustar las estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad de la Comisión Nacional, eliminando todo tipo de duplicidades;
Que para efectos de lo anterior, es preciso eliminar las duplicidades que actualmente realiza la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo y que, por Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, le competen a la Secretaría Ejecutiva de esta Comisión Nacional; por ende y en aras de fortalecer la observancia al bloque de constitucionalidad y a la progresividad de los derechos humanos, la Secretaría Ejecutiva, entre otras funciones, tendrá a su cargo la elaboración de propuestas de políticas públicas encaminadas a la protección y defensa, así como de promoción y difusión de los derechos humanos;
Que es necesario agilizar los trámites internos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para una mejor protección y defensa de los derechos humanos de las personas quejosas y agraviadas, por lo cual, se debe definir la manera en que se realizarán las notificaciones de los diversos documentos generados en la tramitación de los asuntos competencia de este órgano constitucional autónomo;
Que el artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades tienen la obligación, entre otras, la de proteger los derechos humanos y el deber de prevenir las violaciones a éstos; por lo tanto, en las medidas cautelares o precautorias que solicite la Comisión Nacional, se requiere que éstas se lleven a cabo a la brevedad posible, para evitar la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos, o la producción de daños de difícil reparación al agraviado o víctima. Así como, para ser oportunas dichas medidas, deben solicitarse bajo el principio de buena fe y sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos;
Que es obligación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos proporcionar un marco jurídico acorde con los estándares de protección a los derechos humanos de las personas quejosas y agraviadas, en irrestricto cumplimiento del artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que permita el acceso a la justicia con perspectiva de género, enfoque de inclusión, interseccionalidad y garantía del derecho a la verdad;
Que es necesario consolidar la armonización normativa de la Comisión Nacional, para dar cabal cumplimiento al artículo Constitucional, en el marco normativo institucional acorde con principios y estándares de derechos humanos, en este caso, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional, derivando de ello en instrumentos recomendatorios acordes a las obligaciones del Estado mexicano. Por lo que la reforma que se propone permitirá atender a dichas obligaciones, así como proteger los derechos humanos de todas las personas víctimas que han sido parte de un procedimiento de queja que ha concluido en una recomendación;
Que en materia de planeación y evaluación, en el cumplimiento de la misión institucional se requiere de un área que concentre la planeación, el seguimiento y cumplimiento de los programas de trabajo de los Órganos y Unidades Administrativas de la Comisión Nacional de manera estratégica, con un monitoreo puntual que permita detectar las debilidades de manera oportuna, para fortalecer los programas y, con ello, se cumplan las metas planeadas de manera eficiente, por lo que se propone el cambio de denominación y redefinición de funciones de la Dirección General de Planeación y Análisis por la de Dirección General de Planeación y Estrategia Institucional;
Que la demanda de las víctimas hace necesario la existencia de un área encargada de organizar, planear, analizar y evaluar de manera integrada y profesional, los servicios de especialidades científicas y técnicas requeridos por las áreas sustantivas de la Comisión Nacional, para dar certeza en la emisión de pruebas y la integración de los expedientes, mediante la creación de una Coordinación General de Especialidades Científicas y Técnicas;
Que el nuevo modelo organizacional requiere fortalecer el control interno sobre los recursos humanos y materiales, así como la planeación y evaluación interna, lo que hace necesario propiciar un mejor control respecto de los programas, el seguimiento de las metas institucionales y el gasto administrativo de la Comisión Nacional, lo que plantea cambiar la denominación y funciones de la Oficialía Mayor a Coordinación General de Administración y Finanzas;
Que con motivo de las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, así como su Comité de Participación Ciudadana. Que la regulación normativa constitucional y legal confieren a éste la facultad de coadyuvar en el cumplimiento del objetivo primordial de prevenir, detectar y sancionar los hechos de corrupción, a través de los diferentes instrumentos de control de la gestión pública, como lo prevé el artículo 21, fracción XVII, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en relación con el numeral 113, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo ello en beneficio de la sociedad en general.
Que, de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas servidoras públicas están obligadas a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses y, en este caso, las personas servidoras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante el Órgano Interno de Control, conforme a lo dispuesto en el precepto constitucional, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, esto, con la finalidad de procurar una certeza y veracidad de la información vertida en las mismas;
 
Que conforme a las consideraciones anteriores, surgió la necesidad de la creación de un sistema informático para el registro de las declaraciones patrimoniales en la CNDH, que permita presentar, registrar y administrarlas bajo los estándares de resguardo y confidencialidad de la información, determinados por el Sistema Nacional Anticorrupción, considerando, además, la legislación y los lineamientos y especificaciones técnicas correspondientes y que ese medio informático ha sido denominado Sistema de Declaraciones Patrimoniales CNDH, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 34 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y en apego a los principios de legalidad, honradez, transparencia, lealtad, imparcialidad y eficacia, que busca promover la integridad y la obligación de rendir cuentas, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Órgano Interno de Control, se encuentren alineados a las directrices del Sistema Nacional Anticorrupción;
Que la persona titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en calidad de titular de la presidencia del Consejo Consultivo, cuenta con la facultad, conforme al artículo 40 del Reglamento Interno, para presentar las propuestas correspondientes a la modificación del Reglamento Interno, para su discusión y aprobación; y
Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 19 fracciones I y II de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, corresponde al Consejo Consultivo establecer los lineamientos generales de actuación de la Comisión Nacional, así como aprobar el Reglamento Interno de la Comisión Nacional, por lo que se emite el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO. El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su sesión ordinaria número 398, celebrada el 13 de septiembre de 2021, acordó REFORMAR los artículos 1, párrafo primero; 6; 21 fracción I. III. V. y VII; 22, la denominación, primer párrafo, fracciones V., V Bis, IX, XII, XIII, XIV, XV y XVI; 23, la denominación, primer párrafo, fracciones IV, V y cuarto y quinto párrafos; 24, la denominación, primer párrafo, fracción I.;25, la denominación, primer párrafo, fracciones I., II., III y IV; 26, fracción VI; 28, la denominación, párrafo primero y fracción III; 29, la denominación, primer párrafo, fracción II; 30; 33 fracciones III, VIII, X, XII y se recorre el contenido actual de esta última, para pasar a ser la fracción XIII, asimismo, el párrafo tercero inciso a), así como los párrafos cuarto y quinto y, el párrafo octavo se recorre para pasar a ser el noveno; 34 fracciones I., II., III., VIII. y X.; 35, primer párrafo, fracción II; 38, fracciones VII, XV, XXIV y XLII, y el contenido actual de la fracción XLII pasa a formar parte de la XLIII; 51, apartado B, fracción VII.; 52 fracciones III. y V.; 60; 64; 70; 72; 87 fracción I.; 111, párrafo primero; 116; 117; 118; 129; 132 fracciones IV. y V y segundo párrafo; y 140, último párrafo. ADICIONAR los artículos 2, fracciones V un párrafo, XI, XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII., XXIV., XXV., XXVI., XXVII., XXVIII., XXIX., XXX.; 6, un segundo párrafo; 8 Bis, 8 Ter, 8 Quater, 8 Quinquies, 8 Sexies, 8 Septies, 8 Octies, 8 Nonies, 8 Decies; 18, un segundo párrafo; 21, un segundo párrafo y los actuales párrafos segundo, tercero y cuarto se recorren en su orden para quedar como párrafos tercero, cuarto y quinto; 23, una fracción VI; 24, fracción III Bis; 33, un inciso e) al párrafo tercero; 70, con tres párrafos; los artículos 79 Bis, 79 Ter, 79 Quáter, 79 Quinquies y 79 Sexies; 95 bis; 108 bis;118 bis y una fracción VI y un tercer párrafo al artículo 132. DEROGAR la fracción V del artículo 28; la fracción IX del artículo 33; las fracciones I., II., IX. y X. del artículo 51; las fracciones I., IV. y VI. del artículo 52, todos del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:
Artículo 1.- (Objeto del Reglamento y naturaleza jurídica de la Comisión Nacional)
El presente ordenamiento reglamenta la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regula su estructura, facultades y funcionamiento como un organismo público del Estado mexicano con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto esencial es proteger, observar, promover, estudiar, divulgar los derechos humanos, así como la prevención e investigación de las violaciones a los derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es también un órgano de la sociedad y defensor de ésta.
Artículo 2.- (Denominaciones)
Para los fines del presente Reglamento se entenderá por:
I. al IV. (...)
V. Organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas: las personas morales dedicadas a la promoción, defensa, difusión de los derechos humanos.
Dentro de esas organizaciones se comprenden los organismos de colaboración y participación ciudadana o vecinal, que se constituyan conforme a la legislación de la materia
Tratándose de Organismos a los que refieren las fracciones I. y II. del artículo 22 de la Ley, para seguir las políticas generales en materia de derechos humanos y para la promoción y el fortalecimiento de éstos, se deberá entender por:
a. Organizaciones no gubernamentales internacionales: A las Organizaciones Privadas que no forman parte de la esfera gubernamental de ningún Estado, cuyo fin fundamental es el promover, proteger, proveer defesa en materia de derechos humanos, en el ámbito internacional.
b. Organismos Extranjeros: Aquellas instituciones públicas internacionales tanto universales como regionales de promoción y protección de los derechos humanos; Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos y las Oficinas del Ombudsman de otros países.
c. Organismos públicos, sociales o privados nacionales: A las instituciones públicas, tanto gubernamentales como autónomas; instituciones académicas y sociales públicas o privadas, que atiendan, defiendan, promuevan, protejan, los derechos humanos.
VI. al X. (...)
XI. Acta circunstanciada: Al documento elaborado por el personal de la Comisión Nacional en el que se describen hechos o actuaciones relacionados con el desempeño de sus funciones, especificando las circunstancias de tiempo, modo, y lugar;
XII. Bloque de Constitucionalidad: Se considera como normas constitucionales en materia de derechos humanos, no son sólo aquellas que aparecen expresamente en el cuerpo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también a aquellos principios y valores que la propia Constitución remite, como son los estándares internacionales, en este sentido, el bloque de constitucionalidad está conformado por los derechos humanos contenidos en la Constitución, en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano sea parte y en los criterios de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos;
XIII. Características Peculiares: Es una de las causales de conclusión del seguimiento de los puntos recomendatorios o recomendaciones aceptadas por la autoridad, con base en las pruebas de cumplimiento recabadas en el seguimiento, por encontrarse en los supuestos siguientes:
a. Hechos futuros o inciertos;
b. Que las pretensiones planteadas por la víctima y/o agraviado, a la autoridad durante el seguimiento de la recomendación, rebasen el contenido de los puntos recomendatorios y
c. Que de las pruebas de cumplimiento presentadas por la autoridad, aparezca una imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la recomendación.
XIV. Caso urgente: A los hechos que impliquen una violación a los derechos humanos en las cuales se encuentre en riesgo la vida de una persona, su integridad física o psicológica y que debido a su naturaleza o condición deban ser atendidos de manera inmediata;
XV. Enfoque Basado en Derechos Humanos: Herramienta epistemológica, jurídica y metodológica basada en el marco normativo de derechos humanos para orientar la acción de promoción y protección de los derechos humanos identificando los factores que llevan a la violación de los mismos y generando prácticas efectivas para su eficaz respeto y garantía;
XVI. Enfoque de Inclusión: Herramienta epistemológica, jurídica y metodológica para identificar las exigencias específicas de derechos humanos a partir de las situaciones y condiciones específicas de desigualdad y violación a los derechos humanos de las personas;
XVII. Enfoque de Interseccionalidad: Herramienta epistemológica, jurídica y metodológica para reconocer la multiplicidad de factores por los que una persona puede sufrir discriminación y los efectos que dicha violación a sus derechos humanos tiene en su proyecto de vida, el acceso a oportunidades, su acceso a la igualdad ante la ley. Esta categoría posibilita la identificación de los engranajes de exclusión para entender la negación del respeto y garantía de los derechos humanos;
XVIII. Enfoque LGBTTTIQ+: Herramienta epistemológica, jurídica y metodológica para identificar las exigencias específicas de derechos humanos al identificar los factores de exclusión y negación del acceso a los derechos humanos de la población LGBTTTIQ+;
XIX. Persona agraviada: A la persona que ha sufrido una presunta violación a sus derechos humanos;
XX. Persona quejosa: A la persona titular de derechos, con capacidad de ejercer, promover y exigir la investigación de la violación de sus derechos humanos, a efecto de que se determine la responsabilidad de la o las personas servidoras públicas involucradas, mediante la presentación de una queja en la Comisión Nacional por presuntas violaciones a derechos humanos, ya sea a su persona o a nombre de otra;
XXI. Persona recurrente: A la persona que presenta un recurso de queja o de impugnación ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, conforme a lo señalado en la Ley y en este Reglamento;
XXII. Principio de Indivisibilidad: Aquel que deben observar todas las autoridades del País y los organismos públicos de derechos humanos en todas sus actuaciones, que los derechos humanos tienen como origen común la dignidad e integridad de la persona, por lo que deben apreciarse sin distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas separadas, prescindibles o excluyentes unas de otras. No es procedente relegar algunos para conceder prioridad a otros ni puede existir jerarquía entre ellos. Todos los derechos humanos deben ser objeto de protección sin distinción alguna, por lo que debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales;
XXIII. Principio de Interdependencia: Aquel que deben observar las autoridades del País y los organismos públicos de derechos humanos en todas sus actuaciones, que todos los derechos humanos están interrelacionados. Esto significa, que unos derechos tienen efectos sobre otros, lo que implica que la transgresión de uno de ellos impacta en el ejercicio y disfrute de otros derechos humanos. Es por ello que, para la realización y disfrute pleno de un derecho humano, sea necesaria la realización de otros, relacionados con el mismo. Los derechos humanos deben interpretarse, tomarse y observarse en su conjunto y no como elementos aislados; esto es, en su aplicación deben complementarse, potenciarse y reforzarse recíprocamente;
XXIV. Principio de Progresividad: Aquel que deben observar todas las autoridades del País y los organismos públicos de derechos humanos en todas sus actuaciones, que el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para avanzar hacia la plena efectividad de los derechos humanos, lo que no puede entenderse en el sentido de que el poder público no tenga la obligación inmediata de empeñarse por lograr la realización íntegra de tales derechos, sino que debe asumirse como el deber jurídico de ir avanzando gradual y constantemente hacia su más completa realización, en función de sus recursos materiales; y también debe ser entendido como la prohibición de retroceder en esta materia. De esta manera, a medida que mejore el nivel de desarrollo del país, el Estado debe fortalecer su capacidad para garantizar y satisfacer de mejor forma los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales;
XXV. Principio Pro persona: Aquel que deben observar todas las autoridades del País y los organismos públicos de derechos humanos en todas sus actuaciones, que toda autoridad, al aplicar normas relativas a derechos humanos conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados internacionales de la materia en los que el Estado mexicano sea parte, deberán aplicar aquellas que favorezcan en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. En caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá aplicarse aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción al ejercicio o disfrute de sus derechos fundamentales;
XXVI. Principio de Universalidad: Aquel que deben observar todas las autoridades del País y los organismos públicos de derechos humanos en todas sus actuaciones, que los derechos humanos pertenecen a todas las personas sin distinción alguna de edad, nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o étnico, color, sexo, religión, lengua, discapacidades, condición social, condiciones de salud, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, historia personal, o cualquier otra condición o situación personal o familiar. Asimismo, son exigibles en cualquier contexto político, jurídico, cultural, social, económico y en todo tiempo y lugar;
XXVII. Queja: La manifestación o denuncia ante la Comisión Nacional, efectuada por cualquier persona, ya sea por misma o a nombre de otra, por la que se materializa la exigibilidad de la investigación de violaciones a sus derechos humanos o los de otra persona, siempre y cuando fuesen imputadas a autoridades y personas en el servicio público de carácter federal, con excepción de las del Poder Judicial de la Federación, o que se trate de asuntos relativos a actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales y de resoluciones de carácter jurisdiccional, con el fin de que, tratándose de presuntas violaciones a derechos humanos, se inicie con el procedimiento establecido en la ley y en el presente Reglamento, para que se investigue sobre los hechos y, se determine, en su caso, la responsabilidad de las autoridades respectivas, en aras de hacer efectiva la protección de los Derechos Humanos.
Por lo que la queja representa el derecho de acción de la persona quejosa y/o agraviada para exigir con ello, el conocimiento de las violaciones a los Derechos Humanos cometidos en su perjuicio y la investigación de los mismos, a efecto de que se determine la responsabilidad de la o las personas servidores públicos involucradas;
XXVIII. Reparación Integral del daño: Abarca la acreditación de daños en la esfera tanto material como inmaterial de la persona o grupos de personas víctimas de la violación a sus derechos humanos, así como el otorgamiento de medidas tales como: la investigación de los hechos, la restitución de derechos, bienes y libertades, la rehabilitación física, psicológica y social, la satisfacción mediante actos en beneficio de las víctimas, la garantía de no repetición y la indemnización compensatoria por daño material e inmaterial;
XXIX. Víctima: A la persona física que directa o indirectamente ha sufrido una violación a sus derechos humanos establecidos en el bloque de constitucionalidad y que sea declarada con tal carácter por la Comisión Nacional al emitir una recomendación o por acuerdo expreso durante la tramitación de una queja;
XXX. Violación de derechos humanos: A la acción u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en el bloque de constitucionalidad, llevado a cabo por un servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas, o bien, éste sea instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o que actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público.
Artículo 6.- (Principios de actuación del personal)
El personal de la Comisión Nacional prestará sus servicios en cumplimiento a los principios de dignidad, buena fe, complementariedad, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, enfoque transformador, gratuidad, igualdad y no discriminación, integralidad, indivisibilidad e interdependencia, interés superior de la niñez, máxima protección, inmediatez, no criminalización, victimización secundaria, participación conjunta, progresividad y no regresividad, publicidad, rendición de cuentas, transparencia y trato preferente, ética pública, concentración, eficiencia y profesionalismo que conforman la existencia y los propósitos de la institución.
En consecuencia, deberá garantizar en toda circunstancia, la protección y restitución de los derechos humanos de las personas quejosas y personas agraviadas; participar en las acciones de promoción de los derechos humanos, y hacer del conocimiento y someter a la resolución de los superiores jerárquicos toda iniciativa que contribuya a la mejor realización de los objetivos de la Comisión Nacional.
Artículo 8 Bis. (La Secretaría Administradora)
La Dirección General de Difusión de los Derechos Humanos, como Secretaría Administradora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, será la encargada de prestar asistencia técnica y evaluación para la integración de las Estrategias, Programas y las Campañas de Comunicación Social de los Órganos y Unidades Administrativas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de que se lleven a cabo bajo los principios a los que hace referencia la Ley General de Comunicación Social.
La Secretaría Administradora será la encargada de la planeación y evaluación del Programa Anual de Comunicación Social que integre las acciones de los Órganos y Unidades Administrativas de la Comisión Nacional, a fin de que se lleven a cabo bajo los principios a los que hace referencia la Ley General de Comunicación Social.
Artículo 8 Ter. La Secretaría Administradora deberá elaborar una Estrategia anual de Comunicación Social, integrando en ella las necesidades de los Órganos y Unidades Administrativas, para efectos de la difusión de mensajes sobre programas y actividades de la Comisión Nacional.
La Estrategia Anual deberá contener:
I. Misión y Visión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
II. Objetivo u objetivos institucionales y objetivo de la Estrategia Anual de Comunicación Social;
III. Metas y estrategias institucionales, establecidas en el Plan Estratégico Institucional, en su caso;
IV. Programa o programas institucionales, de ser aplicable;
V. Objetivo estratégico o transversal, según corresponda, alineado y vinculado al Plan Estratégico Institucional, y
VI. Temas específicos derivados de los objetivos estratégicos que abordarán en las Campañas del Programa Anual de Comunicación Social.
Artículo 8 Quater. Para el ejercicio de sus recursos, la Secretaría Administradora deberá elaborar el Programa Anual de Comunicación Social.
 
El Programa Anual de Comunicación Social deberá comprender el conjunto de Campañas de Comunicación Social a difundirse en el ejercicio fiscal respectivo, mismas que estarán encaminadas al cumplimiento del objetivo u objetivos del Órgano o Unidad Administrativa que, en su caso, requiera de servicios de comunicación social, y que podrán incluir:
I. Mensajes sobre programas y actividades de la Comisión Nacional;
II. Acciones o logros de la Comisión Nacional, y
III. Mensajes tendientes a promover el conocimiento y el ejercicio de los derechos humanos, y a estimular acciones de la ciudadanía para acceder al servicio público que otorga la Comisión Nacional.
Artículo 8 Quinquies.- Los Órganos y Unidades Administrativas, deberán formular sus propuestas para su integración en la Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social correspondiente, y enviarlas a la Secretaría Administradora, previo registro en el Sistema de Información de Normatividad de Comunicación u homólogo, en la primera quincena de enero de cada año, primero de manera electrónica, y posteriormente, con plazos establecidos para la entrega documental con firmas autógrafas.
La Secretaría Administradora emitirá las observaciones pertinentes o, en su caso, autorizará las Estrategias y Programas Anuales que corresponda.
Artículo 8 Sexies. La Secretaría Administradora elaborará el Programa Anual de Comunicación Social de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, considerando la prioridad temática y cronología de la difusión de las campañas a efecto de dar cumplimiento con la Estrategia Anual de Comunicación Social. Las campañas deben ser acordes al objetivo de comunicación que persigue la Comisión Nacional, con la difusión de las mismas.
En la ejecución de sus Programas Anuales de Comunicación Social, se deberán atender los siguientes criterios:
I. Que las Campañas de Comunicación Social tengan relación directa con las atribuciones y facultades de la Comisión Nacional;
II. Que los recursos a utilizar sean proporcionales a los objetivos de la campaña;
III. Que las herramientas y medios utilizados para la difusión de la campaña sean seleccionados de manera efectiva a fin de que la hagan llegar al público al que vaya dirigida;
IV. Que haya objetivos claros y precisos para comunicar;
V. Que se establezcan metas de resultados y procedimientos de evaluación de las campañas;
VI. Utilizar, en primera instancia, los tiempos oficiales conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables, y
VII. Que tengan un carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.
Artículo 8 Septies.- Los Órganos y Unidades Administrativas, remitirán sus propuestas para incorporar a las Estrategias, Programas Anuales y respectivas Campañas de Comunicación Social a la Dirección General de Difusión de los Derechos Humanos, observando los Lineamientos que para tal efecto elabore ésta y atendiendo aquellos que en materia presupuestal establezca la Coordinación General de Administración y Finanzas.
Artículo 8 Octies. - La Secretaría Administradora deberá tener registro de las campañas que cada Órgano y Unidad Administrativa prevé realizar, las vigencias generales, y el presupuesto otorgado.
Artículo 8 Nonies. - Una vez autorizada la Estrategia y el Programa Anual de Comunicación Social conforme al artículo 8 Quinquies y de acuerdo a las vigencias establecidas en el mismo, la Secretaría Administradora de la Comisión Nacional dará cuenta del cumplimiento de cada campaña registrada en el Programa.
La Secretaría Administradora deberá establecer los Lineamientos que contemplen los tiempos del procedimiento de autorización para llevar a cabo la planeación de las campañas.
Cada solicitud de campaña registrada deberá contener, por lo menos:
I. Los Medios de Comunicación a utilizar;
II. Los recursos a erogar, y
III. Los requisitos adicionales que establezcan la Coordinación General de Difusión de los Derechos Humanos y la Coordinación General de Administración y Finanzas de conformidad con las disposiciones que para tal efecto emitan en el marco de sus respectivas competencias.
 
Artículo 8 Decies. Los Órganos y Unidades Administrativas podrán solicitar a la Dirección General de Difusión de los Derechos Humanos el difundir a través de Medios de Comunicación, Mensajes extraordinarios que comprendan información relevante para atender una situación de carácter emergente o coyuntural y que, por no ser previsible, no estén incluidos en su propuesta para el Programa Anual de Comunicación Social.
El registro de los Mensajes Extraordinarios debe solicitarse a la Secretaría Administradora, justificando las razones de su emisión. Una vez autorizado el Mensaje Extraordinario, la Secretaría Administradora debe integrar dicho mensaje en el Programa Anual de Comunicación Social.
Artículo 18.- (Órgano ejecutivo)
(...)
La Presidencia tendrá adscrita la Unidad de Transparencia, que ejercerá las funciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, en términos de las disposiciones en la materia.
Artículo 21.- (Unidades administrativas)
(...)
I. Coordinación General de Administración y Finanzas
II. (...)
III. Dirección General de Difusión de los Derechos Humanos
IV. (...)
V. Dirección General de Planeación y Estrategia Institucional
VI. (...)
VII. Coordinación General de Especialidades Científicas y Técnicas; y
VIII. Las demás que se establezcan en los correspondientes acuerdos administrativos.
La persona titular de la Presidencia de la Comisión Nacional contará, además, con el apoyo de la Unidad de Protección y Defensa, la Unidad de Promoción y Divulgación, la Secretaría Particular y el Enlace Administrativo.
(...)
Artículo 22.- (De la Coordinación General de Administración y Finanzas)
La Coordinación General de Administración y Finanzas tendrá las siguientes atribuciones, las cuales se ejercerán por misma o a través de las áreas previstas en su manual de organización.
I. al IV. (...)
V. Elaborar, desarrollar e implantar, con la aprobación de la persona titular de la presidencia de la Comisión Nacional, el Manual de Organización General de la Comisión Nacional, así como revisar los aspectos formales de los proyectos de manuales de los órganos y unidades administrativas de la Comisión;
V. Bis. Elaborar, desarrollar e implantar, con la aprobación de la persona titular de la presidencia de la Comisión Nacional, los manuales e instructivos de procedimientos y servicios administrativos;
VI. al VIII. (...)
IX. Coordinar, con la aprobación de la persona titular de la presidencia de la Comisión Nacional, el ejercicio del gasto conforme a los lineamientos generales y específicos establecidos en la materia y ejecutar el gasto conforme al presupuesto autorizado;
X. al XI. (...)
XII. Formular y ejecutar, con la aprobación de la persona titular de la presidencia de la Comisión Nacional, los programas anuales de obra pública, adquisiciones, mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles de la Comisión Nacional;
XIII. Realizar las adquisiciones de bienes y servicios de acuerdo con los preceptos legales aplicables, así como custodiar y administrar los bienes de la Comisión Nacional;
XIV. Suscribir, con la aprobación de la persona titular de la presidencia de la Comisión Nacional, los contratos, convenios y acuerdos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como los demás documentos que impliquen actos de administración, conforme a las disposiciones legales aplicables;
XV. Conducir las relaciones laborales de la Comisión Nacional conforme a la normatividad establecida al efecto y contando con la asesoría de la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos;
XVI. Establecer, con la aprobación de la persona titular de la presidencia de la Comisión Nacional, las políticas de contratación y desarrollo laboral, así como supervisar su cumplimiento e implementar el servicio civil de carrera;
XVII. al XX. (...)
Artículo 23. (Estructura de la Coordinación General de Administración y Finanzas)
Para el ejercicio de sus atribuciones la Coordinación General de Administración y Finanzas contará con las siguientes Direcciones Generales y Unidad:
I al III. (...)
IV. Recursos Materiales y Servicios Generales;
V. Unidad Técnica para la Igualdad de Género; y
VI. Unidad de Enlace Administrativo.
(...)
La persona que ocupe la titularidad de la Dirección General de Recursos Humanos podrá ejercer las atribuciones señaladas en el artículo 22, fracciones II, IV, IV Bis, V, V Bis, VI, XIV, XV y XVI, de este Reglamento.
La persona que ocupe la titularidad de la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones, podrá ejercer las atribuciones señaladas en el artículo 22, fracciones II, XIV, XVIII y XVIII Bis de este Reglamento.
(...)
Artículo 24.- (De la Dirección General de Difusión de los Derechos Humanos)
La Dirección General de Difusión de los Derechos Humanos tendrá las siguientes atribuciones:
I.     Proponer las políticas de difusión y comunicación social a la persona titular de la Presidencia de la Comisión Nacional y, en su caso, diseñarlas, a fin de que se comuniquen los derechos humanos y sus garantías, así como las actividades y los programas de la Comisión Nacional, y sus relaciones con los medios de información o comunicación;
II.     (...)
III.    (...)
III.    Bis. Fungir como Secretaría Administradora en términos de la Ley General de Comunicación Social.
IV.   (...)
Artículo 25.- (Estructura de la Dirección General de Difusión de los Derechos Humanos)
Para el ejercicio de sus atribuciones, la Dirección General de Difusión de los Derechos Humanos contará con las siguientes áreas:
I. Difusión de los Derechos Humanos;
II. Información Institucional;
III. Contenidos, y
IV. Monitoreo, síntesis y análisis de la información.
Además, contará con el personal profesional, técnico y administrativo autorizado en el presupuesto de la Comisión Nacional.
Artículo 26.- (De la Dirección General de Quejas y Orientación)
La Dirección General de Quejas y Orientación tendrá las siguientes atribuciones:
(...)
VI. Realizar, en su caso, la remisión correspondiente que derive de la orientación a que se refiere la fracción I. de este artículo.
(...)
 
Artículo 28. (De la Dirección General de Planeación y Estrategia Institucional)
La Dirección General de Planeación y Estrategia Institucional tendrá las siguientes atribuciones:
I. (...)
II. (...)
III. Presentar a la persona titular de la Presidencia de la Comisión Nacional las propuestas de reformas a documentos normativos internos, sobre prácticas administrativas, que redunden en el más óptimo cumplimiento de su misión constitucional;
IV. (...)
V. Derogado.
VI. (...)
VII. (...)
VIII. (...)
Art. 29.- (Estructura de la Dirección General de Planeación y Estrategia Institucional)
Para el ejercicio de sus atribuciones, la Dirección General de Planeación y Estrategia Institucional contará con las siguientes áreas:
I. Planeación Estratégica;
II. Gestión e Innovación Institucional, y
III. (...).
Además contará con el personal profesional, técnico y administrativo autorizado en el presupuesto de la Comisión Nacional.
Artículo 30.- (De la Coordinación General de Especialidades Científicas y Técnicas)
La Coordinación General de Especialidades Científicas y Técnicas, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Auxiliar a las Visitadurías Generales en la obtención de los indicios y pruebas, a fin de coadyuvar en el cumplimiento de sus funciones constitucionales en materia de atención a quejas;
II. Establecer los mecanismos de atención y procedimientos de registro, de las solicitudes de apoyo técnico en las diferentes especialidades, formuladas por las Visitadurías Generales, así como de los programas de supervisión y seguimiento de la atención a tales solicitudes;
III. Brindar asesoría técnica a los Órganos y a las Unidades Administrativas de la Comisión Nacional que lo requieran, en el ámbito de su competencia;
IV. Diseñar y establecer los requisitos mínimos de los documentos e informes que en el ejercicio de sus facultades elabore, así como emitir, en coordinación con las unidades competentes, guías y manuales técnicos que deban observarse en la intervención de apoyo en especialidades técnicas y científicas y para la formulación de los documentos y opiniones que emita como resultado de su intervención, dentro del marco de la autonomía técnica de los servicios que brinde, velando porque se cumplan con las formalidades y requisitos que establecen las normas científicas y técnicas aplicables;
V. Garantizar el cumplimiento de la metodología requerida y las normas vigentes en la emisión de los documentos y opiniones que emita;
VI. Proponer la habilitación de peritos cuando la Coordinación no cuente con especialistas en una determinada disciplina, ciencia o arte, cuando se requiera o en casos urgentes;
VII. Proponer la celebración de convenios con instituciones u organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros, en el ámbito de su competencia, donde se privilegie el intercambio de experiencias, conocimientos y avances tecnológicos;
VIII. Elaborar, desarrollar e implantar la normatividad en materia de intervención en especialidades científicas o técnicas; y
IX. Las demás que le confieran las disposiciones legales, así como aquellas que le asigne la persona titular de la Presidencia de la Comisión Nacional.
Para el cumplimiento de sus atribuciones, contará con el personal de estructura, técnico y administrativo autorizado en el presupuesto de la Comisión Nacional.
Artículo 33.- (De la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos)
(...)
I. al II. (...)
III. Garantizar la defensa de los intereses de la Comisión Nacional y proporcionar el apoyo y la asesoría jurídica necesarios a las unidades administrativas para el ejercicio de sus atribuciones;
IV. al VII. (...)
VIII. Elaborar los estudios, propuestas, proyectos de acciones de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales para ser sometidos a la aprobación de la Presidencia; en su caso, dar el seguimiento que corresponda a las acciones y controversias promovidas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
IX. Derogado
X. Verificar que las iniciativas de ley y dictámenes legislativos de las Cámaras del Congreso de la Unión que impactan en materia de derechos humanos, cumplan con el bloque de constitucionalidad;
XI. (...)
XII. Enviar la información del expediente respectivo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que las víctimas puedan acceder de manera más rápida, a la reparación integral del daño; y
XIII. Las demás que le confieran las disposiciones legales, así como aquellas que le asigne la persona titular de la Presidencia de la Comisión Nacional.
(...)
(...)
a). De Seguimiento de Recomendaciones;
b). (...)
c). (...)
d). (...); y
e). De Acciones de Inconstitucionalidad.
La persona quien ocupe la titularidad del área de Seguimiento de Recomendaciones podrá ejercer las atribuciones señaladas en las fracciones I, II, V y XIII.
La persona quien ocupe la titularidad del área de lo Contencioso podrá ejercer las atribuciones señaladas en las fracciones IV y VI.
(...)
(...)
La persona quien ocupe la titularidad del área de Acciones de Inconstitucionalidad podrá ejercer las atribuciones señaladas en la fracción VIII.
(...)
Artículo 34. (Del Centro Nacional de Derechos Humanos)
(...)
I. Realizar investigación académica e interdisciplinaria especializada en materia de derechos humanos;
II. Promover el intercambio académico con instituciones nacionales e internacionales para la formación de profesionales de la investigación en materia de derechos humanos;
III. Contribuir a la formación de personal para la enseñanza en materia de derechos humanos; así como promover la educación en derechos humanos para la población en general, a efecto de sensibilizar en su respeto y en el ejercicio pleno de su cumplimiento.
 
IV. al VII. (...)
VIII. Colaborar con la Dirección General de la Planeación y Estrategia Institucional en la elaboración del informe anual de actividades, y
IX. (...)
X. Las demás que le confieran las disposiciones legales, así como aquellas que le asigne la persona titular de la presidencia de la Comisión Nacional.
Artículo 35. (Estructura del Centro Nacional de Derechos Humanos)
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Centro Nacional de Derechos Humanos contará con una persona titular y las siguientes áreas:
I. (...)
II. Procesos Editoriales;
III. (...)
IV. (...)
Además contará con el personal profesional, técnico y administrativo autorizado en el presupuesto de la Comisión Nacional.
Por su naturaleza, el Centro Nacional de Derechos Humanos contará con un Reglamento Interno que deberá aprobar el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional.
Artículo 38.- (Atribuciones)
El Órgano Interno de Control tendrá las siguientes atribuciones:
I. al VI. (...)
VII. Fiscalizar, vigilar y dar seguimiento a las políticas de Austeridad que establecen las normas en materia de austeridad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como proponer las normas, lineamientos, mecanismos y acciones en materia de control interno.
VIII. al XIV (...)
XV. Administrar el Sistema de Declaraciones Patrimoniales CNDH, y verificar la presentación a través del medio electrónico las declaraciones de situación patrimonial, declaraciones de intereses y constancias de presentación de la declaración fiscal que presenten las personas servidoras públicas de la Comisión Nacional; inscribir y mantener actualizada la información correspondiente del Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal, de todas las personas servidoras públicas de la Comisión Nacional, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
XVI. al XXI. (...)
XXIV. Vigilar el cumplimiento de las normas complementarias en materia de control interno;
XXV. al XLI. (...)
XLII. Certificar los documentos necesarios que emita conforme a sus atribuciones;
XLIII. Las demás que le confieren otros ordenamientos legales.
Artículo 39.- (Estructura)
(...)
(...)
(...)
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Órgano Interno de Control contará con las siguientes áreas:
I. Quejas, Denuncias y Notificaciones;
II. Responsabilidades, Situación Patrimonial y Defensa Jurídica; y
III. Control, Auditorías y
IV. Evaluación de la Gestión.
(...)
 
La persona quien ocupe la titularidad del Área de Quejas, Denuncias y Notificaciones, podrá ejercer las atribuciones señaladas en las fracciones I, IX, XIV, XX, XXXV, XXXVIII, XXXIX, XLII y XLIII;
La persona quien ocupe la titularidad del Área de Responsabilidades, Situación Patrimonial y Defensa Jurídica, podrá ejercer las atribuciones señaladas en las fracciones I, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXXV, XXXVIII, XXXIX, XLII y XLIII;
La persona quien ocupe la titularidad del Área de Control y Auditorías, podrá ejercer las atribuciones señaladas en las fracciones I, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXV, XXXVIII, XXXIX y XLIII;
La persona quien ocupe la titularidad del Área de Evaluación de la Gestión, podrá ejercer las atribuciones señaladas en las fracciones I, XIX, XX, XXI, XXIV, XXVII, XXX, XXXI, XXXII, XXXV, XXXVIII, XXXIX, XLII y XLIII.
Artículo 51.- (Atribuciones de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo)
La Secretaría Técnica del Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones:
A. (...)
I. al III (...)
B. (...)
I. Derogado.
II. Derogado.
III. al VI (...)
VII. Proponer a la persona titular de la Presidencia de la Comisión Nacional proyectos que fortalezcan las actividades sustantivas con los Poderes de la Unión y los entes públicos federales, estatales, municipales y organismos autónomos en el marco de la vinculación interinstitucional;
VIII. (...)
IX. Derogado.
X. Derogado.
XI. (...).
Artículo 52.- (Estructura de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo)
Para el ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo contará con un titular y las siguientes áreas:
I. Derogado
II. (...)
III. Vinculación Interinstitucional, y
IV. Derogado
V. Atención al Consejo Consultivo y Control Operativo.
VI. Derogado
(...)
Artículo 60.- (Oficinas Foráneas)
La Comisión Nacional podrá contar con oficinas foráneas en las entidades de la República, las cuales se establecerán por acuerdo de la persona titular de la Presidencia de la Comisión Nacional.
Las oficinas foráneas dependerán de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tendrán competencia para conocer de todos aquellos asuntos que por acuerdo determine la persona titular de la presidencia.
Artículo 64.- (Visitadores adjuntos)
Tendrán el carácter de visitadores adjuntos los miembros del personal profesional que laboren en las Visitadurías Generales, en la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, en la Unidad de Protección y Defensa; en las Oficinas Foráneas, en la Coordinación General de Especialidades Científicas y Técnicas y en la Secretaría Ejecutiva que reciban el nombramiento específico y estén encargados de la atención de los asuntos que son de la competencia de la Comisión Nacional y de su consecuente investigación y seguimiento, incluidos los especialistas en medicina, medicina forense, criminología y otros que resulten necesarios para el trabajo de la Comisión Nacional.
Los Directores Generales, los Coordinadores de Oficinas Foráneas, los Directores y Subdirectores de Área o sus equivalentes adscritos a las Visitadurías Generales, los coordinadores de programas especiales, los coordinadores de procedimientos internos adscritos a las Visitadurías Generales, así como las personas titulares de la de la Secretaría Ejecutiva, Dirección General de Quejas y Orientación y de la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, serán considerados como Visitadores Adjuntos para los efectos del artículo 16 de la Ley.
Artículo 70.- (Estructura de la Secretaría Ejecutiva)
La Secretaría Ejecutiva tendrá las facultades y obligaciones señaladas en el artículo 22 de la Ley, así como aquellas que le confieren las demás disposiciones legales y las que le asigne la persona titular de la Presidencia de la Comisión Nacional.
Auxiliará a la Presidencia en la coordinación y seguimiento de las acciones de cada uno de los programas a cargo de la Institución, y presentará a la persona titular de la Presidencia propuestas de políticas públicas encaminadas a la protección y defensa y a la promoción y difusión de los derechos humanos; Asimismo, estudios en materia de progresividad de los derechos humanos realizados a las políticas públicas, presupuesto público, prácticas administrativas en el país, que a juicio de la Comisión Nacional, avancen o incidan en la realización de dicha progresividad, en el Estado mexicano.
Por lo que hace a la promoción y fortalecimiento de las relaciones con los organismos públicos, sociales o privados nacionales en materia de derechos humanos a que se refiere la fracción II del artículo 22 de la Ley, la Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones:
I. Dirigir, promover y consolidar la relación con organizaciones de la sociedad civil nacionales, a través del desarrollo de diversas acciones y programas de promoción y divulgación de los derechos humanos;
II. Fortalecer la cooperación y colaboración de la Comisión Nacional con los organismos públicos de derechos humanos locales, a fin de unificar criterios y realizar acciones conjuntas que intensifiquen la lucha por la protección, defensa, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos.
Para su ejercicio contará con un titular y con la estructura administrativa, además del personal profesional, técnico y administrativo autorizado en el presupuesto de la Comisión Nacional.
Artículo 72.- (Relación con organismos extranjeros)
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 22 fracción II, de la Ley, la Secretaría Ejecutiva impulsará la cooperación y colaborará con instituciones extranjeras multinacionales y regionales de promoción y protección de los derechos humanos en temas de su estricta competencia.
Promoverá el cumplimiento de las recomendaciones, resoluciones y compromisos internacionales por parte del Estado mexicano, en materia de derechos humanos, sistematizándolos para darles el debido seguimiento, a fin de mantener un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en el país. Y elaborará un boletín mensual denominado Carta de Novedades, y su correspondiente versión en inglés, el cual será distribuido entre organismos públicos, sociales o privados, nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos.
Artículo 79 Bis. - (De las Notificaciones)
En términos del artículo de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de cumplir con los principios de inmediatez, concentración y rapidez, las notificaciones que efectúe la Comisión Nacional, podrán realizarse de manera personal, por oficio, correo certificado con acuse de recibo, servicio de mensajería, telegrama, fax, vía medios de comunicación electrónica o cualquier otro medio similar que agilice la comunicación.
Todas las notificaciones surtirán sus efectos el mismo día en que se realicen.
Artículo 79 Ter. - (De las notificaciones a la persona quejosa o agraviada)
Se notificarán personalmente a la persona quejosa o agraviada:
I. La remisión de la queja a otra autoridad;
II. El requerimiento de información y documentación adicional o aclaración de la queja; y
 
III. El acuerdo que deseche o tenga por no presentada una queja o recurso de inconformidad.
Las notificaciones personales podrán realizarse por cualquier otro medio de los señalados en el artículo anterior, siempre y cuando la persona quejosa o agraviada manifieste por escrito su consentimiento e indique la vía como se realizará ésta.
Artículo 79 Quáter. - (De las notificaciones personales)
La notificación personal se entenderá con la persona a quien esté dirigida, su representante legal o las personas autorizadas para ese efecto; a falta de éstos, se dejará citatorio con la persona que se encuentre en el domicilio de la persona destinataria, para que ésta espere a una hora fija al día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará en lugar visible.
Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia, y de negarse ésta a recibirla o, en su caso, de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en lugar visible. Actuaciones que deberán quedar sustentadas mediante acta circunstanciada.
De las diligencias en que conste la notificación, se levantará acta circunstanciada en la que se hará constar la forma cómo se cercioró del domicilio, la personalidad de quien la recibió, fecha y hora en que efectuó la notificación y el acto que se notificó.
Las notificaciones personales podrán practicarse en las oficinas de la Comisión Nacional, cuando acuda la persona quejosa o agraviada. Dichas notificaciones serán válidas aun cuando no se hubieren efectuado en el domicilio respectivo, para lo cual deberá levantarse el acta circunstanciada correspondiente.
Artículo 79 Quinquies. - (De las notificaciones por correo certificado con acuse de recibo)
Se notificarán por correo certificado con acuse de recibo a la persona quejosa o agraviada:
I. Los resultados obtenidos de la tramitación del expediente de queja;
II. Las Recomendaciones; y
III. El acuerdo de conclusión del seguimiento de la recomendación.
Artículo 79 Sexies. - (De las notificaciones a las autoridades o personas en el servicio público)
Se notificarán por oficio a las autoridades o personas en el servicio público:
I. Los acuerdos de trámite para que comparezcan;
II. Las recomendaciones;
III. El acuerdo de remisión, atracción, o en su caso, de conclusión de la queja; y
IV. El acuerdo de no responsabilidad.
Las notificaciones por oficio se harán conforme a lo siguiente:
1. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad o persona en el servicio público se encuentra en el lugar en donde la Comisión Nacional tenga oficinas, se hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente; en caso de negativa de recibir el documento se levantará un acta circunstanciada de tal hecho y se tendrá por hecha la notificación.
2. Si el domicilio de la autoridad o persona en el servicio público se encuentra fuera del lugar en donde la Comisión Nacional tenga oficinas, se enviará el oficio por correo certificado con acuse de recibo, integrándose las constancias en el expediente correspondiente.
Artículo 87.- (Organizaciones no gubernamentales)
(...)
I. Las organizaciones no gubernamentales podrán presentar quejas y ejercer la representación de los quejosos que así lo autoricen, mediante escrito, ante la Comisión Nacional. En el caso de que se acuda ante la Comisión Nacional a nombre o en representación de una organización no gubernamental será necesario acreditar, además de lo anterior, la constitución legal, la personalidad jurídica y facultades de quienes se ostenten como su o sus representantes. La Comisión Nacional contará con un registro de organizaciones no gubernamentales en el cual se incluirán los nombres de las personas autorizadas para promover en representación de dicha organización no gubernamental;
Artículo 95 Bis.
Personal del Programa de Atención a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos (PROVÍCTIMA), desde el momento de presentación de la queja, en los casos en que se requiera, realizará el acompañamiento
a las víctimas y sus familiares; es decir, que las 24 horas del día, en todas las Oficialías de Partes de la Institución se habilitarán espacios para que personal del programa atienda los requerimientos de las víctimas.
Artículo 108 Bis.
En casos de violaciones graves a derechos humanos, la persona titular de la Presidencia, así como las y los visitadores generales, podrán revisar las recomendaciones que no hayan sido acordes con los estándares de protección a los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico mexicano, por no haberse investigado todos los hechos motivos de la queja que dio origen a la recomendación o por haberse allegado de nuevos datos, con posterioridad a la emisión de la recomendación.
Cuando producto de la revisión, se determine fundadamente que existieron otras violaciones a los derechos humanos que no fueron consideradas en la recomendación, se deberá emitir una nueva.
Artículo 111.- (Fe pública)
La persona titular de la Presidencia de la Comisión Nacional, las y los Visitadores Generales, las y los Visitadores Adjuntos, la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, la persona titular de la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, y las personas titulares de las áreas a su cargo, tendrán fe pública en el desempeño de sus funciones.
(...)
(...)
Artículo 116.- (Medidas precautorias o cautelares)
Se entiende por medidas precautorias o cautelares aquellas acciones o abstenciones de carácter preventivo que la Comisión Nacional solicite a las autoridades competentes, sin sujeción a mayores formalidades, para garantizar la protección oportuna o restitución de los derechos humanos de las personas, cuando deban ser atendidos de manera inmediata, eficaz y sin dilación alguna, y que de violentarse o no restituirse de manera inmediata, se sufran daños irreparables o graves para la persona agraviada.
Para efectos del primer párrafo del artículo 40 de la Ley, se entenderá por medidas cautelares aquellas acciones tendientes a garantizar la seguridad de las personas, y por medidas precautorias las tendientes a garantizar la reparación del daño de la persona agraviada.
Para efectos del segundo párrafo del artículo 40 de la Ley, las medidas requeridas por la Comisión Nacional tendrán un doble carácter, de conservación y restitutorias. Serán de conservación cuando se requiera preservar determinada situación jurídica, derechos humanos o estado de cosas; y serán restitutorias cuando se requiera rehabilitar los derechos humanos violentados.
Artículo 117.- (Requerimiento de medidas precautorias o cautelares)
La Comisión Nacional podrá requerir a las autoridades que adopten las medidas precautorias o cautelares necesarias cuando derivado de una queja se desprenda alguna situación que pudiera ocasionar daños graves, de difícil o imposible reparación. La Comisión Nacional a través de las personas titulares de las Visitadurías Generales y de la Dirección General de Quejas y Orientación y en ausencia de sus respectivos titulares, mediante la persona titular de la Dirección General de la Visitaduría correspondiente, podrá requerir a las autoridades pertinentes, en cualquier etapa del procedimiento, que adopten las medidas precautorias o cautelares necesarias.
Las medidas precautorias o cautelares solicitadas se notificarán a las autoridades responsables por cualquier medio de comunicación escrito o electrónico; en iguales términos se notificará a la persona agraviada. Las autoridades a quienes se haya solicitado las medidas precautorias o cautelares contarán con un plazo máximo de veinticuatro horas para notificar a la Comisión Nacional su aceptación, en caso contrario, deberán fundamentar su negativa.
Cuando las autoridades responsables, habiendo aceptado las medidas, no las adopten, esto se hará constar en el oficio de conclusión de medidas y en la recomendación que, en su caso, se emita una vez realizadas las investigaciones para determinar si hubo violaciones a derechos humanos.
Artículo 118.- (Duración de las medidas precautorias o cautelares)
Las medidas precautorias o cautelares se solicitarán por un plazo de treinta días, el cual podrá ser prorrogado por el mismo periodo, cuantas veces se requiera; en este caso se notificará tres días antes de que culmine el plazo anterior a la autoridad a la que se hubieren solicitado las medidas precautorias o cautelares sobre la solicitud de prórroga y los motivos de la misma.
La modificación o ampliación de las medidas deberá tomar en cuenta los hechos del caso, el surgimiento de nuevas personas beneficiarias, la información aportada por las autoridades responsables y el consentimiento de las personas beneficiarias.
Las medidas precautorias o cautelares mantendrán su vigencia por el tiempo que resulte necesario, éste puede ser, hasta que la Comisión Nacional notifique a las partes el oficio de conclusión de medidas o posterior a la emisión de la Recomendación correspondiente.
Cuando los hechos violatorios no resulten ciertos, las medidas solicitadas quedarán sin efecto inmediatamente.
Artículo 118 bis.- (Del registro y seguimiento de las medidas precautorias o cautelares)
Las medidas precautorias o cautelares que sean requeridas por esta Comisión Nacional a las diversas autoridades deberán ser registradas en el Sistema Automatizado para la gestión documental y administración de archivos, cuyo seguimiento corresponde a la Dirección General de Quejas y Orientación con el apoyo necesario de las Visitadurías Generales correspondientes.
Artículo 129.- (Elaboración del proyecto de recomendación)
La elaboración del proyecto de recomendación será realizada por la persona visitadora adjunta de acuerdo con los lineamientos que dicten las personas titulares de las visitadurías generales, de las direcciones generales de visitaduría o de las direcciones de área.
La persona visitadora adjunta tendrá la obligación de atender a los más altos estándares de protección de derechos humanos, observando el parámetro de control de regularidad constitucional, analizando de forma particular y exhaustiva cada una de las presuntas violaciones a los derechos humanos que se adviertan del expediente, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Artículo 132.- (Contenido de las recomendaciones)
Los textos de las recomendaciones contendrán al menos, los siguientes elementos:
I. (...)
II. (...)
III. (...)
IV. Observaciones, razonamiento lógico-jurídicos y de equidad en los que se soporte la convicción sobre la violación de derechos humanos reclamada, a partir de un enfoque de derechos humanos que, de acuerdo con los hechos relevantes del caso, incluya las categorías de género, interseccionalidad, etaria, indígena, territorial, étnica y LGBTTTIQ+;
V. Análisis de las pruebas que acrediten las violaciones a derechos humanos;
VI. Emplear un lenguaje incluyente y no sexista, sencillo que permita a las víctimas y a la ciudadanía comprender su contenido.
En los casos en los cuales las víctimas de la violación a los derechos humanos sean niñas, niños, adolescentes, personas mayores y/o personas que por su discapacidad no puedan acceder al contenido de la misma en forma tradicional, se deberá emitir una versión de lectura fácil.
En los casos en los cuales las víctimas de la violación a los derechos humanos sean personas indígenas, se deberá emitir una versión en su lengua o dialecto.
Artículo 140.- (Recomendaciones Generales)
(...)
(...)
Las recomendaciones generales no requieren aceptación por parte de las autoridades a quienes vayan dirigidas. Se publicarán en la Gaceta y en el Diario Oficial de la Federación. El registro de las recomendaciones generales se realizará de forma separada, y la verificación del cumplimiento se hará mediante la realización de estudios generales, donde conste el alcance de su cumplimiento.
 
TRANSITORIOS
Primero. El presente Acuerdo deberá ser publicado en la Gaceta de la Comisión Nacional y en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Tercero. El Manual de Organización General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que refleje las modificaciones realizadas al Reglamento Interno, será expedido dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo, y deberá ser publicado en la Gaceta de la Comisión Nacional y en el Diario Oficial de la Federación.
Ciudad de México, a los 21 días del mes de septiembre de 2021.- Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de su Consejo Consultivo, Mtra. Ma. del Rosario Piedra Ibarra.- Rúbrica.
(R.- 511943)
 

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