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DOF: 29/10/2021
DICTAMEN del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a la pérdida de registro del Partido Político Nacional denominado Partido Encuentro Solidario, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emi

DICTAMEN del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a la pérdida de registro del Partido Político Nacional denominado Partido Encuentro Solidario, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la Elección Federal Ordinaria celebrada el seis de junio de dos mil veintiuno.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional Electoral.- Consejo General.- INE/CG1567/2021.

DICTAMEN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RELATIVO A LA PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN FEDERAL ORDINARIA CELEBRADA EL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO
GLOSARIO
Consejo General
Consejo General del Instituto Nacional Electoral
CPEUM/Constitución
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DEOE
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
DEPPP
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
DOF
Diario Oficial de la Federación
INE/Instituto
Instituto Nacional Electoral
JGE
Junta General Ejecutiva
LGIPE
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGPP
Ley General de Partidos Políticos
PEF
Proceso Electoral Federal
PPN
Partido(s) Político(s) Nacional(es)
TEPJF
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
 
ANTECEDENTES
I.        Consulta formulada por el otrora partido Encuentro Social. El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, se aprobó el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da respuesta a la consulta formulada por el partido denominado Encuentro Social", identificado con la clave INE/CG651/2018, relativo a la reinterpretación del concepto de votación válida emitida para efectos del artículo 41, Base I, párrafo cuarto de la CPEUM, excluyendo de la misma los votos emitidos para candidaturas independientes.
II.       Recurso de apelación promovido por el otrora partido Encuentro Social. El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, el otrora partido "Encuentro Social" interpuso recurso de apelación, a efecto de controvertir el Acuerdo INE/CG651/2018, mismo que fue resuelto por la Sala Superior del TEPJF el tres de agosto del mismo año mediante sentencia SUP-RAP-204/2018, confirmando el acto impugnado.
III.      Notificación de Intención para constituirse como PPN. El día treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, la organización denominada Encuentro Solidario notificó al INE su intención de constituirse como PPN. Asimismo, a través del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/559/2019 de fecha catorce de febrero de dos mil diecinueve, la DEPPP notificó a la organización denominada Encuentro Solidario que fue aceptada su notificación de intención de constituirse como PPN, por lo que podría continuar con el procedimiento, para lo cual debía cumplir los requisitos y observar lo señalado en la LGPP y en el Instructivo expedido por el Instituto para dicho proceso.
IV.      Certificación de Asamblea Nacional Constitutiva. A través de los oficios INE/DEPPP/DE/DPPF/13315/2019 e INE/DEPPP/DE/DPPF/007/2020 de fechas diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve y ocho de enero de dos mil veinte, signados por el titular de la DEPPP, se designó al Mtro. Donaciano Muñoz Loyola, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, para que asistiera a certificar la Asamblea Nacional Constitutiva de la organización Encuentro Solidario, celebrada el día 11 de enero del mismo año.
 
V.       Solicitud de Registro. El veintiuno de febrero de dos mil veinte, la representación legal de la organización Encuentro Solidario presentó su solicitud de registro como PPN ante la DEPPP.
VI.      Declaración de pandemia. El once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el brote de coronavirus (COVID-19), por la cantidad de casos de contagio y de países involucrados, y emitió una serie de recomendaciones para su control.
VII.     Reconocimiento de la epidemia de COVID-19. El veintitrés de marzo de dos mil veinte, se publicó en la edición vespertina del DOF el Acuerdo mediante el cual el Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecieron las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia.
VIII.    Declaración de fase 2 de la pandemia. Con base en la declaración de la Organización Mundial de la Salud, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, declaró el inicio de la fase 2 por la pandemia del Coronavirus (COVID-19), que implicó que existía contagio local, al contrario de la fase 1 que consistía únicamente en casos importados.
IX.      Medidas preventivas emitidas por la Secretaría de Salud. El veinticuatro de marzo de dos mil veinte, se publicó en el DOF, el acuerdo por el que se establecieron las medidas preventivas que se deberían implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implicaba la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). En el artículo primero se estableció que todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno estaban obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), entendiendo como tales aquellas intervenciones comunitarias definidas en la "Jornada Nacional de Sana Distancia", que tenían como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional del virus SARS-CoV2 (COVID-19), disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y, por ende, el de propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de enfermedad esperada no se concentrara en unidades de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves. Asimismo, entre otros aspectos, indicaba que se debería evitar la asistencia a centros de trabajo de personas en condiciones vulnerables y suspender temporalmente las actividades que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas, a partir de la entrada en vigor de ese acuerdo y hasta el diecinueve de abril de dos mil veinte; así como que deberían instrumentarse planes que garantizaran la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras.
X.       Suspensión de plazos. En razón de los antecedentes descritos, mediante Acuerdo INE/CG82/2020, aprobado el veintisiete de marzo de dos mil veinte, el Consejo General determinó como medida extraordinaria la suspensión de plazos inherentes a las actividades de la función electoral, con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19, entre ellas la constitución de nuevos PPN, lo que contemplaba las garantías de audiencia y las diligencias que derivaran del análisis de las actas de certificación de asambleas.
XI.      Declaración de emergencia sanitaria. El treinta de marzo de dos mil veinte, se publicó en la edición vespertina del DOF el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19), y establece que la Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atenderla.
         El treinta y uno de marzo de dos mil veinte se publicaron en el DOF las medidas determinadas por la Secretaría de Salud, que como acción extraordinaria para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, deberán implementar los sectores público, social y privado.
XII.     Declaración de fase 3 de la pandemia. El veintiuno de abril de dos mil veinte, en la conferencia matutina del titular de la Presidencia de la República, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud dio por iniciada la Fase Tres de la epidemia ocasionada por el virus SARS-CoV2, cuya jornada nacional de sana distancia se previó que concluiría el 30 de mayo de dos mil veinte. Ese mismo día fue publicado en la edición vespertina del DOF el Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el treinta y uno de marzo de dos mil veinte.
 
XIII.    Reanudación del proceso de constitución de nuevos PPN. Este Consejo General aprobó en sesión del veintiocho de mayo de dos mil veinte, el Acuerdo INE/CG97/2020 por el que se reanudaron algunas actividades suspendidas como medida extraordinaria con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, COVID19, mediante Acuerdo INE/CG82/2020, o que no habían podido ejecutarse, respecto al procedimiento de constitución de nuevos PPN y se modificó el plazo para dictar la resolución respecto a las solicitudes de registro presentadas. El acuerdo fue impugnado y confirmado por sentencia de fecha veinticuatro de junio de dos mil veinte, dictada por la Sala Superior del TEPJF, en los expedientes SUP-JDC-742/2020, SUP-JDC-749/2020, SUP-JDC-751/2020 y acumulados.
XIV.    Modificación del plazo para resolver sobre el proceso constitución de nuevos PPN's. No obstante, el Consejo General aprobó en sesión del veintiséis de agosto de dos mil veinte, el Acuerdo INE/CG237/2020 por el que se modificó el plazo previsto en el diverso INE/CG97/2020, para dictar la Resolución respecto de las solicitudes de las organizaciones que pretendían constituirse como PPN.
XV.     Registro del Partido Encuentro Solidario. El PPN denominado Partido Encuentro Solidario, obtuvo su registro ante este Instituto, el cuatro de septiembre de dos mil veinte, mediante Resolución identificada con la clave INE/CG271/2020. En tal virtud, el partido político mencionado participó, conforme a lo dispuesto en la CPEUM y a la LGIPE en la preparación, desarrollo y vigilancia del PEF ordinario 2020-2021, y ejerció su derecho a postular candidaturas a diputaciones por ambos principios.
XVI.    Jornada Electoral Federal 2021. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la LGIPE, el seis de junio de dos mil veintiuno se celebraron elecciones ordinarias federales para elegir diputaciones. En ellas participaron los partidos políticos denominados: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, MORENA, Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México; así como las coaliciones nombradas: "Va por México" integrada por los institutos políticos: Partidos Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática; y "Juntos Hacemos Historia" integrada por los institutos políticos: Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y MORENA.
XVII.   Designación de personas que fungirán como Interventores. Derivado de los cómputos realizados por los Consejos Locales y Distritales, en los cuales los partidos políticos Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México no obtuvieron, por lo menos, el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección de diputaciones federales, en sesión extraordinaria celebrada el dieciséis de junio del año en curso, la Comisión de Fiscalización realizó el procedimiento de insaculación para designar a los respectivos Interventores que iniciarían el proceso de prevención y eventual liquidación de los citados PPN.
XVIII.  Resultados del PEF 2020-2021. Con fecha diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, el TEPJF concluyó la resolución de los medios de impugnación interpuestos por los partidos políticos y las coaliciones, respecto a los resultados de las elecciones ordinarias federales para diputaciones, realizadas el seis de junio de dos mil veintiuno.
XIX.    Remisión resultados DEOE. Con fechas veinte y veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, mediante oficios INE/DEOE/2330/2021 e INE/DEOE/2353/2021 la DEOE remitió a la DEPPP los resultados de las elecciones ordinarias federales para diputaciones.
XX.     Declaración de validez y asignación de diputaciones. El veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE efectuó el cómputo total, la declaración de validez de la elección de diputaciones federales por el principio de representación proporcional y la asignación a los PPN Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y MORENA las diputaciones que les corresponden, mediante Acuerdo INE/CG1443/2021, publicado el uno de septiembre de dos mil veintiuno en el DOF.
XXI.    Impugnaciones del Acuerdo INE/CG1443/2021. El veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, diversos PPN y ciudadanas (os) impugnaron el Acuerdo citado en el antecedente inmediato anterior.
 
XXII.   Resolución de Recursos de Reconsideración. En sesión iniciada el veintiocho de agosto de dos mil veintiuno, la Sala Superior del TEPJF resolvió los recursos de reconsideración interpuestos en contra del Acuerdo mencionado en el numeral que antecede, revocando en la parte impugnada el referido Acuerdo mediante sentencias dictadas en los expedientes SUP-REC-1410/2021 y Acumulados y SUP-REC-1414/2021 y Acumulados, y ordenando al Consejo General expedir constancias a nuevas fórmulas sin que dichas sentencias afecten los cómputos distritales.
XXIII.  Declaratoria de pérdida de registro. El treinta de agosto de dos mil veintiuno, la Junta General Ejecutiva de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/JGE175/2021, mediante el cual se emitió la declaratoria de pérdida de registro del PPN denominado Encuentro Solidario al no haber alcanzado el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el seis de junio de dos mil veintiuno. (Anexo 1)
XXIV.  Notificación al PPN denominado Partido Encuentro Solidario. El treinta de agosto del presente año, a las veinte horas con cinco minutos, se notificó al PPN denominado Partido Encuentro Solidario la declaratoria referida en el antecedente que precede, otorgándosele un término de setenta y dos horas para que manifestara lo que a su derecho conviniere.
XXV.   Desahogo de la vista otorgada. El dos de septiembre de dos mil veintiuno, el PPN denominado Partido Encuentro Solidario desahogó la vista mencionada y manifestó lo que a su derecho convino.
XXVI.  Aprobación de la JGE del Dictamen. El veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, la JGE aprobó el presente proyecto de Dictamen a fin de someterlo a consideración de este máximo órgano de dirección.
CONSIDERACIONES
Atribuciones del INE
1.       En términos de lo preceptuado en la CPEUM en el artículo 41, párrafo tercero, Base V, Apartado A, párrafo primero, en relación con los artículos 29, párrafo 1 y 30, párrafo 2 de la LGIPE, el INE es un organismo público autónomo que tiene como función estatal la organización de las elecciones, es autoridad en la materia, cuyas actividades se rigen por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y perspectiva de género.
2.       El artículo 34 de la LGIPE, dispone que el Consejo General; la Presidencia del Consejo General; la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva, constituyen los órganos centrales del INE.
Competencia del Consejo General del INE
3.       De conformidad con el artículo 44, párrafo 1, inciso m) de la LGIPE es atribución del Consejo General resolver, en los términos de esta Ley, el otorgamiento del registro a los PPN y a las agrupaciones políticas nacionales, así como sobre la pérdida del mismo en los casos previstos en la LGPP, emitir la declaratoria correspondiente y solicitar su publicación en el Diario Oficial de la Federación;
Causales de pérdida de registro como PPN
4.       En términos de lo previsto en el artículo 41, párrafo tercero, Base I, último párrafo de la CPEUM: "el partido político que no obtenga, al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro".
5.       El artículo 94, párrafo 1, inciso b) de la LGPP, establece como causal de pérdida de registro de un PPN la de no obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputaciones, senadurías o presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, si participa solo.
6.       Al respecto, cabe resaltar lo establecido por la Sala Superior del TEPJF mediante la Tesis LIII/2016,(1) en relación con la votación válida emitida y los votos de la ciudadanía para candidaturas independientes:
"[...] los votos emitidos a favor de las candidaturas independientes son plenamente válidos, con impacto y trascendencia en las elecciones uninominales, por lo que deben computarse para efectos de establecer el umbral del 3% para la conservación del
registro de un partido político, en virtud de que éste es determinado por la suma de voluntades ciudadanas a través del sufragio, en un porcentaje suficiente que soporte la existencia de un instituto político. De ahí que, para efectos de la conservación del registro de un Partido Político Nacional la votación válida emitida se integrará con los votos depositados a favor de los diversos partidos políticos y de las candidaturas independientes, que son los que cuentan para elegir presidente, senadores y diputados, deduciendo los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados."
Análisis del caso concreto sobre la pérdida de registro del PPN denominado Partido Encuentro Solidario
7.       En primer término, se estudiará entonces si el PPN denominado Partido Encuentro Solidario se ubica o no en el supuesto de pérdida de registro a que se refiere el citado artículo 41, Base I, último párrafo de la Constitución, en relación con el artículo 94, párrafo 1, inciso b) de la LGPP, ya que de conformidad con el artículo 85, párrafo 4, los partidos de nuevo registro no podrán convenir frentes, coaliciones o fusiones con otro partido político antes de la conclusión de la primera elección federal o local inmediata posterior a su registro según corresponda; posteriormente se analizarán los argumentos vertidos por dicho instituto político, en el desahogo de la vista que presentó el dos de septiembre de dos mil veintiuno.
8.       El contenido del artículo 41, párrafo tercero, Base I, último párrafo de la Constitución, establece que le será cancelado el registro al PPN que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión; sin embargo, dicho artículo no establece a qué elección se refiere, si se trata de la elección inmediata anterior, si se trata de una elección ordinaria o extraordinaria, si se refiere a la renovación del Congreso en su totalidad o a la elección para renovar cada una de las cámaras, por tanto, la disposición constitucional en comento no puede ser aplicada en forma aislada y, en consecuencia, debe acudirse a su interpretación sistemática y funcional.
         Como ya quedó asentado, el artículo 94, párrafo 1, inciso b) de la LGPP establece como causal de pérdida de registro de un partido político "no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de Partidos Políticos Nacionales".
         De lo anterior, se colige que los elementos necesarios a considerar por la autoridad administrativa para declarar la pérdida de registro, son los siguientes:
a)    Que se trate de una elección ordinaria;
b)    Que sea la elección inmediata anterior;
c)     Que se trate de la elección para diputaciones federales, senadurías o la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.
         En este sentido, la elección inmediata anterior a la resolución sobre la pérdida de registro del PPN denominado Partido Encuentro Solidario, es la elección ordinaria celebrada el pasado seis de junio de dos mil veintiuno para diputaciones federales.
         Como se señaló en los antecedentes XVIII, XX y XXII del presente Dictamen, el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, el TEPJF concluyó la resolución de los medios de impugnación interpuestos por los partidos políticos respecto a los resultados de la elección ordinaria federal para elegir diputaciones, realizadas el seis de junio de dos mil veintiuno. Posteriormente, el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE efectuó el cómputo total, la declaración de validez de la elección y la asignación de diputaciones federales por el principio de representación proporcional mediante el Acuerdo INE/CG1443/2021. Finalmente, el veintiocho de agosto de dos mil veintiuno, la Sala Superior del TEPJF resolvió los Recursos de Reconsideración interpuestos en contra del Acuerdo mencionado, y si bien revocó dicho acuerdo en la parte impugnada, dejó intocados los cómputos señalados en el mismo, con lo que concluyó el PEF ordinario.
         De ahí que se concluya que los datos relacionados con la votación válida emitida son firmes y definitivos.
9.       De acuerdo con la Declaratoria de pérdida de registro del PPN denominado Partido Encuentro Solidario, aprobada por la JGE de este Instituto el día treinta de agosto de dos mil veintiuno,
mediante Acuerdo INE/JGE175/2021, el referido partido político se ubica en el supuesto establecido por el artículo 94, párrafo 1, inciso b) de la LGPP, como consta en los cuadros siguientes:
DIPUTACIONES DE MAYORÍA RELATIVA
PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN
VOTACION
PORCENTAJE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
8,896,470
18.8840%
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
8,663,257
18.3889%
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1,785,351
3.7897%
PARTIDO DEL TRABAJO
1,588,152
3.3711%
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
2,659,178
5.6445%
MOVIMIENTO CIUDADANO
3,425,006
7.2700%
MORENA
16,629,905
35.2992%
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO
1,344,835
2.8546%
REDES SOCIALES PROGRESISTAS
864,391
1.8348%
FUERZA POR MÉXICO
1,210,384
2.5692%
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
44,292
0.0940%
VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA
47,111,221
100%
 
DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN
VOTACION
PORCENTAJE
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
8,967,785
18.9080%
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
8,715,191
18.3754%
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1,792,348
3.7790%
PARTIDO DEL TRABAJO
1,594,635
3.3622%
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
2,670,677
5.6309%
MOVIMIENTO CIUDADANO
3,449,804
7.2737%
MORENA
16,756,189
35.3293%
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO
1,352,388
2.8514%
REDES SOCIALES PROGRESISTAS
868,444
1.8311%
FUERZA POR MÉXICO
1,216,780
2.5655%
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
44,311
0.0934%
VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA
47,428,552
100%
 
Argumentos esgrimidos por el PPN denominado "Partido Encuentro Solidario"
10.     Ahora bien, el treinta de agosto del presente año, mediante oficio INE/DS/2609/2021 se notificó al PPN denominado "Partido Encuentro Solidario" la declaratoria referida en el considerando anterior del presente Dictamen, dándosele vista para que en un término de setenta y dos horas manifestara lo que a su derecho conviniere.
11.     Ante lo cual, el dos de septiembre del mismo año, el PPN denominado "Partido Encuentro Solidario" desahogó la vista que le fue otorgada remitiendo sus argumentos dentro de ocho tópicos principales, los cuales contienen tesis secundarias y específicas, las cuales se transcriben a continuación(2):
a)    Inequidad en la contienda por el registro tardío del Partido Encuentro Solidario imputable a la autoridad electoral.
"(...)
De esta manera, el Instituto Nacional Electoral modificó los tiempos y procesos para la constitución de nuevos partidos, así como su acceso a
financiamiento, por razones derivadas de la pandemia, pero no así los tiempos electorales y sus fases. Así, cuando la Ley establece el 1º. de julio anterior a la elección como la fecha para determinar el registro de nuevos partidos políticos, con vista a que el Proceso Electoral se inicie en septiembre, el INE modificó esta fecha, los procesos y tiempos para el registro de nuevos partidos, con lo cual el registro del Partido Encuentro Solidario se otorgó cuatro días antes del inicio del Proceso Electoral. De la misma manera esto tuvo un impacto significativo en la organización y registro de candidaturas, como en el financiamiento. Es importante señalar que esto significó de inicio una grave inequidad en la contienda electoral, pues tampoco se pudieron instalar los órganos internos partidistas y de representación, hasta en tanto no hubiera ocasionado definitividad y firmeza nuestro registro, lo que sucedió hasta el catorce de octubre de dos mil veinte, 35 días después de haber iniciado el Proceso Electoral, cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el Recurso de Apelación SUP-RAP-75/2020 y acumulado, confirmó la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificada con la clave INE/CG271/2020 y con ello el registro del Partido Encuentro Solidario, por lo que las medidas tomadas por esa autoridad electoral no cumplió con los estándares de necesidad y proporcionalidad constitucional y por lo tanto son violatorias de los derechos de participación política electoral en condiciones de equidad en detrimento del Partido Encuentro Solidario.
(...)¿Por qué la Junta General Ejecutiva omite aplicar el estudio obligado por el artículo 1º Constitucional que refiere que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, interpretando los mismos de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo al gobernado la protección más amplia y en lugar de ello pretende justificar la afectación realizada por esa autoridad en los tiempos de registro que afectaron de manera directa al Partido Encuentro Solidario?
En ese sentido, atendiendo al mandato Constitucional, los actos y resoluciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como de la Junta General Ejecutiva y las Direcciones Ejecutivas que lo integran, deben tener como eje rector el principio pro homine o por persona, lo cual implica que la Junta General Ejecutiva, debió, además de simplemente plasmar cronológicamente los hechos que llevaron al registro tardío del Partido Encuentro Solidario, realizar un análisis profundo dentro de sus consideraciones, sobre cómo afectó dicho suceso los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14, 16 y 17, así como los principios de objetividad, imparcialidad, equidad certeza, autonomía y máxima publicidad, previstos en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se le solicita a esa autoridad aclare esta inconsistencia jurídica.
Desde el punto de vista de esta representación partidista, sólo a través de un estudio objetivo, minucioso y exhaustivo de cada uno de los hechos relevantes que se presentaron durante las diversas etapas del Proceso Electoral Federal 2020-2021, aunado a la indebida prórroga para la aprobación de nuestro registro, puede resolverse sobre la conservación o pérdida del registro de un Partido Político Nacional que representa no sólo una opción política para la ciudadanía, sino que, personifica la visión política, económica y social de un millón trescientos cincuenta y dos mil trescientos ochenta y ocho ciudadanos.
Sin duda, el acuerdo dictado por la Junta General Ejecutiva, atenta no sólo contra nuestros derechos, sino contra la verdad, pues deliberadamente omite una serie de hechos relevantes dentro de la coyuntura política, electoral y social del Proceso Electoral 2020-2021.
 
Ante ello, es claro que el Proceso Electoral Federal 2020 - 2021, se vio afectado en perjuicio del Partido Encuentro Solidario, ya que no se cumplieron los principios de certeza y equidad en la contienda electoral, y como consecuencia le fueron vulnerados sus derechos fundamentales, elevados a rango constitucional y de observancia en los tratados internacionales de los que forma parte el Estado Mexicano; lo cual no le es permisible al Consejo General de ese Instituto de dejar de tomar en consideración (...)." [sic]
b)    Influencia por parte del Ejecutivo Federal en la equidad de la contienda electoral (conferencias matutinas de la Presidencia, uso de programas sociales y servidores de la nación)
"(...)
Es de destacar que el partido que represento se vio afectado para alcanzar el porcentaje de votación requerido debido a que por parte de gobierno federal se violentó lo dispuesto por el artículo 134 párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consistente en lo siguiente:
(...)
La sentencia confirmada finalmente es la verdad legal de la afirmación que aquí se plantea, es decir resulta innegable que el Gobierno Federal influyó en la violación a la equidad en la contienda electoral.
(...)
1.- Esta conducta sancionada al Presidente de la República, así como también la existencia de la citada infracción imputable al Coordinador General de Comunicación Social y a la Vocería de la Oficina de la Presidencia de la República y al titular del Centro de Producción de Programas Informáticos y Especiales, órgano administrativo desconcentrado, ¿influyó a nivel nacional al grado de afectar la equidad en la contienda electoral?
(...)
En el ejercicio de la garantía de audiencia de mi representado a esto le sumamos que el Gobierno Federal por medio de la Secretaría de Bienestar, también influyó en la contienda electoral dado que si analizamos que la mayoría de los delegados de programas sociales previo a ser designados con dicho cargo fungían como presidentes de los Comités Directivos Estatales del partido ´Morena', y la estructura que formaron denominada los ´Servidores de la Nación´, personas encargadas de llevar a cabo la implementación de los programas sociales federales como parte de las políticas públicas del Presidente de la República y que en su gran mayoría de beneficiarios son los propios militantes del partido político ´Morena´, (...)
(...)
Esta práctica se ha venido llevando a cabo con total impunidad, por lo que le formulo a esa autoridad la pregunta sobre si ¿No considera que la intervención del Gobierno Federal a través de las mañaneras y la operación político-electoral que realizan los Servidores de la Nación no afectan de manera importante a mi representado, al haberse utilizados recursos públicos influyendo en la contienda electoral de manera parcial violentando el artículo 134 párrafo séptimo Constitucional?" [sic]
c)     Vulneración grave a los principios de legalidad y equidad en la contienda cometida por el Partido Verde Ecologista de México
"(...)
Resulta evidente, que las conductas desplegadas por el Partido Verde Ecologista de México fueron parte de una estrategia carente de legalidad y
probidad, dirigida no solo a obtener preferencia entre los electores, sino también, a debilitar al resto de las opciones del plano político electoral. Esto con independencia del uso indebido del financiamiento público por el que fue sancionado el Partido Político.
El Consejo General del INE, al emitir la RESOLUCIÓN INE/CG1314/2021 (...) ha establecido con total claridad el alcance de las irregularidades por la conducta atribuida a los influencers en beneficio del Partido Verde Ecologista de México, cuya sanción interpuesta fue confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el SUP-REC-1159/2021.
Esa autoridad, concluyó que el Partido Verde se benefició de un ejercicio propagandístico diseñado bajo un supuesto ejercicio de libertad de expresión en las redes sociales, pero que, en el caso, dada la coincidencia entre los mensajes difundidos, el pago detectado a determinados influencers y el número de personas participantes en dicha acción comunicativa conjunta a favor del PVEM, se diluía la presunción de espontaneidad que caracteriza a las publicaciones que ahí se producen. Además, advirtió que se trataba de una conducta similar con elementos comunes a la acontecida en el 2015 con Twitter propiciada por el propio Partido.
(...)
Las publicaciones llevadas a cabo por los influencers durante el periodo de veda electoral transgredieron el principio de equidad en la contienda, de conformidad con lo establecido por el artículo 41, párrafo segundo, fracciones I, primer párrafo, y IV, de la Constitución federal, en relación con el 242, párrafos 1 y 2; 247, párrafo 1; 251, párrafos 2 y 4, y 252 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
(...)
De no haber cometido la conducta violatoria a los principios de equidad, transparencia en el ejercicio de los recursos y veda electoral, la candidatura postulada por la Coalición Juntos Hacemos Historia y el PVEM hubiera obtenido menos votos de los conseguidos.
Así, esa autoridad electoral, previo a la declaratoria de pérdida de registro, debe analizar el impacto directo ocasionado por la conducta violatoria en perjuicio de este partido, pues así como el Instituto Nacional Electoral resolvió sancionar al Partido Verde por la trascendencia del impacto que tienen las redes sociales al incidir en el resultado de una elección, esa autoridad debe también analizar la conducta violatoria a la luz de la afectación que obtuvo este partido político para la obtención del 3º/ de la votación, por lo que esta representación se lo solicita en este ocurso.
(...)." [sic]
d)    Violación a los principios constitucionales de igualdad, equidad y certeza en el Proceso Electoral derivado del sistema de distribución de prerrogativas y del sistema de fiscalización
"(...)
En un sistema de partidos políticos que honre la democracia, los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, deben estar siempre presentes, pero también y de manera muy destacada, el principio de equidad en la contienda que define y distingue la Base II del Artículo 41 Constitucional cuando señala, literalmente que: ´La Ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades´ .
La equidad en la contienda es así, el principio unificador de los componentes de la contienda, con la pretensión de garantizar que en la competencia no se pre constituyan ventajas políticas, económicas,
sociales o de ningún tipo en beneficio de partido político alguno.
Este principio no ha sido observado por la autoridad electoral y el acuerdo de declaratoria de la Junta General Ejecutiva no es la excepción; no es exagerado afirmar, que ha sido violentado en los hechos propios de la contienda electoral del 6 de junio pasado y, naturalmente que la falta de equidad en la realización de las tareas propias de los partidos ha producido una desventaja sancionable. Esto, porque además del hecho de que el Partido Encuentro Solidario ingresó a la competencia como nuevo partido político, han sucedido, en la etapa preparatoria de la contienda y en la contienda misma, varios temas que demuestran la inequidad en la contienda que conduce a vulnerar nuestro derecho y en consecuencia a dar supuestas razones por las que la Junta General Ejecutiva nos ubica dentro de los partidos susceptibles de poder perder el registro.
(...)
1. La entrega de prerrogativas para el actual Proceso Electoral no se dio en igualdad de circunstancias pues al entregar los registros de manera tardía por la supuesta afectación de actividades provocada por la pandemia el COVlD 19, afectó de manera directa la equidad en la contienda.
Por lo anterior, previo a la elaboración del Proyecto de Resolución, se solicita nos sean entregados por escrito los argumentos que tuvo la autoridad para no entregar los recursos públicos completos que correspondían al Partido Encuentro Solidario, toda vez que ya iniciado el Proceso Electoral nos fue aprobado el registro primero por la autoridad electoral y después del proceso de impugnación confirmado por la autoridad judicial.
En este sentido, se solicita proceda a contestar las siguientes preguntas:
1) ¿Si considera que esa autoridad electoral administrativa actuó de acuerdo al marco constitucional negándonos la entrega de recursos completa una vez que fue aprobado el registro como Partido Político Nacional?
2) Nos detalle los criterios y o argumentos con los que negó este derecho constitucional al Partido Encuentro Solidario.
3) ¿Si estaba consciente de la afectación que provocó al Partido Encuentro Solidario al violar flagrantemente sus derechos con la decisión de no sólo entregar tardíamente su registro, sino también de la condición de inequidad en que nos dejó al no entregar los recursos correspondientes y presupuestados en el ejercicio presupuestal 2020?
4) ¿Si considera que la aplicación literal de la norma no afecta el principio constitucional de igualdad y de equidad en la contienda en materia de prerrogativas públicas, toda vez que de manera reiterada toma acuerdos para interpretar otras disposiciones constitucionales y no en el caso de la distribución de las prerrogativas?
2. La falta de agotar el principio de exhaustividad en materia de fiscalización provoca una gran inequidad en la contienda además que viola el principio de certeza al Partido Encuentro Solidario.
(...)." [sic]
e)    Intervención ilegal de agentes externos en el Proceso Electoral
"(...)
Existen diversos testimonios de que, durante los meses previos a la Jornada Electoral, se incrementaron las amenazas, los secuestros y asesinatos a candidatos y a miembros de sus equipos. Según diversos estudios, la violencia y la coerción criminal se apoderó del Proceso Electoral y condicionó, como nunca antes, sus resultados.
Todos fuimos testigos de algunas de estas agresiones orquestadas por el crimen organizado. Cientos de imágenes y reportes de medios, fueron
difundidos en redes sociales, así como en radio y televisión.
Este partido político fue víctima de la delincuencia organizada, pues el 29 de junio, alcalde electo de Penjamillo, postulado por el Partido Encuentro Solidario, Gilberto Mejía Salgado, fue secuestrado por un grupo de civiles armados en la plaza principal de esa población del Bajío michoacano, lo que ocasionó que renunciaran todos los integrantes de la planilla ganadora, por temor a correr con la misma suerte.
(...)
Al respecto, se le solicita a esa autoridad electoral que previo a la aprobación de la resolución sobre el registro del Partido Encuentro Solidario, considere el impacto que tuvo la inseguridad provocada por el Proceso Electoral en el país, situación que inhibió la votación obtenida por este partido." [sic]
f)     Inequidad en la contienda al restringir días de campaña electoral en diversas elecciones por parte de autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales
"(...)
Es así que para efecto de analizar el estudio del tres por ciento de la votación válida emitida necesario para mantener el registro por parte del Partido Encuentro Solidario, esa autoridad deberá responder al cuestionamiento sobre si ¿Está de acuerdo en que en caso de haber contado estos candidatos con la totalidad de los días que otorga la legislación para realizar actos de campaña habría incrementado la votación del Partido Encuentro Solidario? ¿Corresponde al principio de imparcialidad y equidad en la contienda el hecho de que los referidos candidatos hayan sido imposibilitados para realizar actos de campaña y sólo lo hayan podido hacer en menos del 20% de los días de campaña permitidos por ley?
(...)." [sic]
g)    Violación a los principios de legalidad, seguridad jurídica, certeza y equidad, al haber extralimitado el Instituto Nacional Electoral sus funciones al emitir criterios y Lineamientos reservados al poder legislativo, inobservando el principio de reserva de ley
"(...)
Estos principios constitucionales que sustentan, y que rigen el actuar electoral, prevén que el desarrollo de los procedimientos electorales debe regirse, entre otros, por el principio de certeza, el cual debe ser garantizado por las autoridades electorales, en todos los ámbitos de gobierno.
Así, se puede sostener que el principio de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades electorales, de tal modo que todos los participantes en el procedimiento electoral - acorde a las reglas del Derecho escrito formal mexicano-, conozcan previamente, con claridad y seguridad, las reglas a las que debe estar sometida la actuación de todos los sujetos que han de intervenir, incluidas las autoridades, electorales y no electorales, además de atender los hechos tal como acontezcan.
(...)
De lo antes indicado, el Partido Encuentro Solidario, sostiene que la autoridad administrativa, no se apegó en ningún momento al principio de legalidad, que todo acto debe contener, esto fue así, porque al introducir nuevos criterios cuando ya había dado inicio del Proceso Electoral Federal 2020 -2021 (siete de septiembre del años dos mil veinte), o más aún, incluso cuando ya habían dado inicio el periodo de precampaña federal o incluso estaba por concluir, según los calendarios establecidos por el propio Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y del cual se desprenden los acuerdos identificados con su registro alfanumérico INE/CG569/2020, (...) INE/CG572/2020 (...) y INE/CG635/2020 (...) sólo por citar algunos de estos criterios que fueron determinados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, rompiendo con el procedimiento electoral, previamente
establecido, es decir, se apartó de las normas jurídicas vigentes y aplicables al caso concreto, y las que debían regir para todos los contendientes o participantes, entre ellos el Partido Encuentro Solidario; resultando una vulneración al principio de seguridad jurídica, que en todo acto se debe respetar. Sin que esto obste que los acuerdos fueron materia de modificación por la autoridad jurisdiccional electoral, sin que esto conlleve a la vulneración e infracción de los principios de legalidad, certeza, seguridad jurídica y reserva de ley.
(...)." [sic]
h)    Falta de certeza sobre el resultado final de la elección y la votación obtenida por el Partido Encuentro Solidario
"(...)
Lo anterior, en virtud de que esa autoridad electoral administrativa oculta la información referente al total de paquetes electorales que se aperturaron y cuáles son las diferencias existentes entre los resultados obtenidos por los cómputos llevados a cabo por la autoridad electoral administrativa y los derivados de los recuentos, nulidades y aperturas ordenadas por parte de las Salas Regionales y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En este sentido, de 233 casillas anuladas y de los recuentos que se llevaron a cabo, se modificaron resultados en todo el territorio nacional, ante lo cual ésta representación ha elaborado un ejercicio numérico, en el que existe un diferencial de 62,163 votos a favor del Partido Encuentro Solidario, pero la Junta General Ejecutiva en la Declaratoria de Pérdida de Registro, debió dejar asentado cuál fue el total de paquetes electorales que se reaperturaron por manato jurisdiccional y el porcentaje final de paquetes recontados. (...)
(...)
Así, esa autoridad deberá tomar en consideración que desde un inicio se negó al Partido Encuentro Solidario, la posibilidad de verificar los resultados electorales que obtuvo en el Proceso Electoral Federal Ordinario 2020 -2021.
Lo anterior es así, debido a la disparidad que hubo desde un inicio entre los resultados que arrojó el Programa de Resultados Preliminares y los Cómputos Distritales que el Instituto Nacional Electoral difundió respecto de cada partido político, y al impedir el recuento de votación en casillas, es que no se tuvo la oportunidad de verificar que ello correspondiera a los votos que de manera correcta le correspondía al partido que represento.
(...)
¿En cuántas casillas se anularon votos de acuerdo a las causales le ley?
¿Cuáles fueron estas casillas?, ¿En qué porcentaje el Partido Encuentro Solidario subió su votación por el total de estas casillas anuladas y recontadas?
(...)
Así, de acuerdo con el Artículo 356, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del INE, el Conteo Rápido se define como "el procedimiento estadístico diseñado con la finalidad de estimar con oportunidad las tendencias de los resultados finales de una elección, a partir de una muestra probabilística de resultados de actas de escrutinio y cómputo de las casillas electorales, o en su caso de los Cuadernillos para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de, casilla, cuyo tamaño y composición se establecen previamente, de acuerdo a un esquema de selección específico de una elección determinada, y cuyas conclusiones se presentan la noche de la Jornada Electoral." y de acuerdo a los criterios científicos, logísticos y operativos para la realización de los Conteos Rápidos y protocolo para la selección de muestras, (...)
(...) que, de vista a este partido sobre la metodología empleada para dar
los resultados del conteo rápido, así como de una explicación técnica que dé certeza suficiente a esta representación sobre el resultado final de la elección.
(...) por lo que se solicita se realice la apertura del total de paquetes electorales, no para modificar los resultados definitivos de la votación, respecto a los ganadores de los comicios, pero si para poder dotar de certeza al acuerdo de la Junta General Ejecutiva que emite la declaratoria y que este partido político pueda conocer así si alcanzó el umbral del tres por ciento, recontando la totalidad de los votos emitidos. (...)
Atendiendo a esa capacidad de análisis, es que solicitamos a esa Junta General Ejecutiva, se amplíen los hechos y, en consecuencia, se considere al momento de resolver sobre la conservación o pérdida del registro, cómo influyó en perjuicio del partido Encuentro Solidario, cada uno de los hechos enunciados, por supuesto, no de forma limitativa, durante el desarrollo del Proceso Electoral y en la elección del 6 de junio puesto que, el simple hecho de convertir votos en un porcentaje no refleja las vicisitudes que Encuentro Solidario como Partido de nueva creación vivió el pasado Proceso Electoral.
(...)." [sic]
Estudio de los argumentos presentados por el PPN denominado "Partido Encuentro Solidario"
12.     Para un mejor estudio y análisis de los argumentos esgrimidos por el PPN denominado "Partido Encuentro Solidario" éstos serán estudiados de manera conjunta o separada, según la temática de los planteamientos.
A.       Por lo que hace a los argumentos transcritos en los incisos a) y d), no le asiste la razón al PPN denominado "Partido Encuentro Solidario", en virtud de lo siguiente:
         Para mayor claridad se analizará en primer lugar lo relativo al otorgamiento "tardío" del registro como PPN a la entonces organización Encuentro Solidario por parte de la autoridad electoral, y de lo cual, de acuerdo con la argumentación del PPN, devinieron diversas circunstancias que provocaron que el Partido Encuentro Solidario se encuentre en el supuesto establecido del artículo 94, párrafo 1, inciso b) de la LGPP. Para tal propósito, se presenta a continuación un recuento cronológico objetivo, minucioso y exhaustivo de los hechos que fundamentaron la suspensión y reanudación de plazos para la constitución de nuevos Partidos Políticos Nacionales.
         Como ya quedó asentado en los antecedentes VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV del presente Dictamen, ante la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud, en la que calificó como pandemia el brote de coronavirus COVID-19, por la cantidad de casos de contagio y de países involucrados, y el reconocimiento en México de la misma como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia y en el contexto del registro de los Partidos Políticos Nacionales 2019-2020, el Instituto emitió el Acuerdo INE/CG82/2020, mismo que no fue impugnado, en el que se determinó como medida extraordinaria, la suspensión de plazos inherentes a las actividades de la función electoral; sin embargo, por medio del Acuerdo INE/CG97/2020 se reanudaron algunas actividades suspendidas o que no habían podido ejecutarse, respecto al procedimiento de constitución de nuevos PPN y se modificó el plazo para dictar la resolución respecto a las solicitudes de registro presentadas. El acuerdo referido fue impugnado, confirmado y modificado (únicamente en lo relativo a los plazos que rigen en el procedimiento ordinario sancionador) por sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF, en los expedientes SUP-JDC-742/2020, SUP-JDC-749/2020, SUP-JDC-751/2020 y acumulados, de la que sirven de sustento los argumentos siguientes(3):
"Tercer tema. Fecha límite para resolver sobre el registro y violación a otros derechos
Como se mencionó en el apartado de metodología, a continuación, se analizarán los argumentos expuestos por OES y LRD(4), porque son idénticos en algunos aspectos.
I. Planteamientos
En su concepto, no existe causa legal para retardar el dictado de la resolución de registro, máxime si cumplieron todos los requisitos. Para
OES y LRD la nueva fecha límite vulnera la equidad, porque los nuevos PPN necesitan por lo menos dos meses para realizar su organización interna.
(...)
II. Tesis
Son infundados los argumentos, porque sí hay causa que justifica emitir la resolución a más tardar el treinta y uno de agosto, consistente en la existencia de una situación extraordinaria, la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID.
Esto motiva un ajuste de plazos del procedimiento de constitución de PPN, a fin de garantizar una revisión exhaustiva de los requisitos.
(...)
Entre las atribuciones del CG del INE está la posibilidad de emitir Reglamentos, vigilar el adecuado funcionamiento de los órganos, vigilar el apego a la normativa respecto a las prerrogativas de los partidos políticos, otorgar el registro a éstos y emitir la declaratoria correspondiente, conocer las infracciones e imponer las sanciones respectivas, así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las atribuciones anteriores.
(...)
De lo expuesto, se advierte que las organizaciones que pretendan ser PPN deben realizar múltiples actividades y cumplir diversos requisitos para lograrlo. Y, a su vez, el INE debe verificar que esos actos se hayan llevado a cabo y, por supuesto, examinar si se cumplen las exigencias para ser PPN.
(...)
2. Caso concreto
Existe una situación extraordinaria que impidió un procedimiento normal
(...)
Sin embargo, en el caso, existe una situación extraordinaria que impide resolver sobre la procedencia del registro en los tiempos previstos en la ley.
(...)
Por otra parte, cuando se declaró la existencia de la pandemia, diversas organizaciones ya habían presentado su solicitud de registro como PPN, (...)
Ante el avance de la pandemia en nuestro país, el CSG(5) reconoció al virus como una enfermad grave de atención prioritaria. Por otra parte, estableció medidas preventivas para la mitigación y control del virus, como lo fue la denominada "Jornada Nacional de Sana Distancia" (la cual inició el veintitrés de marzo y concluyó el treinta y uno de mayo), cuyo objetivo era el distanciamiento social.
Para tal efecto, se determinó evitar la asistencia a centros de trabajo y suspender temporalmente las actividades de concentración física, tránsito o desplazamiento de personas.
Ante tal situación, el veintisiete de marzo el CG del INE acordó como medida extraordinaria la suspensión de plazos inherentes a las actividades de la función electoral, así como toda aquella que requiera la interacción de personas, tanto en el interior como en el exterior del INE. La suspensión se dictó a fin de evitar el incumplimiento de plazos y términos cuyo vencimiento está próximo.
(...)
Entre los plazos que fueron suspendidos, de manera enunciativa más no limitativa, según el anexo de ese acuerdo de suspensión, están actividades vinculadas, por ejemplo, con el Dictamen del sistema de voto electrónico,
procedimientos sancionadores, procedimientos de remoción de consejeros, cumplimientos de algunas sentencias, asuntos laborales, constitución de agrupaciones políticas.
Lo anterior, porque el INE expresamente reconoció que algunas de sus funciones implican necesariamente el contacto directo con personas, su movilidad, congregación de centros de trabajo, actividades de campo, las cuales aumentan el riesgo de infección.
En cuanto a actividades sobre la constitución de PPN, se suspendieron plazos para el desahogo de la garantía de audiencia, los procedimientos sancionadores y la fiscalización.
De esta manera, desde el diecisiete de marzo, el INE adoptó medidas para contener el posible contagio entre su personal. Esto motivó la reducción significativa de sus labores y se complementó con otra serie de actuaciones por parte del CG del INE que conllevaron a la suspensión de actividades.
¿Está justificado que el CG del INE resuelva el treinta y uno de agosto?
En el caso, está justificado que el INE resuelva sobre la procedencia de registro de PPN, a más tardar el treinta y uno de agosto, porque: a) existe una situación extraordinaria que lo justifica; b) el procedimiento de revisión de los requisitos es complejo, y c) la fecha señalada por el CG del INE es de límite, es decir, puede resolver antes.
Tanto OES y LRD aducen que el plazo fijado por el CG del INE es indebido.
Este argumento es infundado porque el tiempo existente entre la reanudación de actividades (quince de junio) y el dictado de la resolución (a más tardar el treinta y uno de agosto) es razonable y necesario para verificar exhaustivamente el cumplimiento de los requisitos exigidos para constituir un PPN, máxime ante la existencia de una situación extraordinaria que así lo amerita.
Ha sido criterio de este Tribunal Electoral que las leyes contienen hipótesis comunes, no extraordinarias. Al respecto, se ha considerado que cuando se presentan circunstancias anormales, explicablemente no previstas en la Legislación Electoral, la autoridad debe buscar una solución con base en el conjunto de principios rectores, para encontrar la armonización de los fines y valores tutelados.
(...)
Hecho lo anterior, la ley regula una situación ordinaria sobre el plazo que el INE tiene para revisar los requisitos y, en su momento, emitir la resolución correspondiente.
(...)
Como se observa, la complejidad del procedimiento de registro de PPN involucra muchas actividades que necesariamente requiere una revisión exhaustiva de los requisitos, lo cual exige un tiempo razonable para su análisis, el cual está prevista en la ley para los casos ordinarios.
(...)
Por otra parte, es necesario señalar que no fue controvertido el acuerdo por el cual el INE suspendió sus actividades(6), y ello justifica la imposibilidad de resolver sobre el registro de nuevos PPN antes del primero de julio.
Esto, porque se está en presencia de una situación totalmente extraordinaria, por lo que no era racionalmente posible su previsión en la ley, y que ha motivado al INE a tomar las medidas necesarias para cumplir los fines acordes a su función electoral.
Ello porque, como se ha explicado, existe una situación extraordinaria
derivada de la emergencia necesaria provocada por el virus COVID-19, motivo por el cual se justifica adecuar los plazos previstos en la ley, para resolver sobre la constitución de PPN.
(...)
Con base en lo expuesto, contrario a lo sostenido en las demandas, sí existe una causa que justifica la nueva fecha establecida por el INE, en tanto se requiere revisar exhaustivamente el cumplimiento de requisitos, sin que se haya superado la crisis sanitaria provocada por el virus, lo cual implica que se debe hacer esa actividad sin poner en riesgo la salud del personal.
Lo anterior, porque se requiere realizar múltiples actividades para la revisión de los requisitos, para lo cual la LGPP otorga sesenta días para hacerlo, pero actualmente se está en una situación de pandemia que impide funcionar con regularidad.
(...)
En ese plazo, el INE desarrollará todas las actividades conducentes y, una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos, estará en la aptitud de emitir la resolución respectiva.
(...)
No obstante, se debe tener presente el contexto en el cual fue emitido ese acuerdo y la finalidad perseguida. Así, la determinación se dictó ante la existencia de la emergencia sanitaria y su finalidad era evitar el contagio del virus entre el personal, motivo por el cual la función electoral se debía suspender y enunció, más no limitó, ciertas actividades.
(...)
Es más, el propio INE señaló en ese acuerdo lo siguiente:
En ese contexto, tomando en consideración que nos encontramos en un momento crucial para mitigar la propagación del coronavirus COVID- 19 y privilegiando el derecho humano a la salud, este órgano máximo de dirección estima necesario, a fin de evitar el incumplimiento de plazos y términos cuyo vencimiento está próximo, y así brindar seguridad jurídica en el actuar de esta autoridad, sin dejar de cumplir con la función que se tiene constitucionalmente encomendada, pero sin poner en riesgo la salud de las personas, decretar como medida extraordinaria la suspensión de plazos y términos relacionados con las actividades vinculadas a la función electoral, con la realización de trámites y prestación de servicios, así como con toda aquella que requiera la interacción de personas, tanto al interior como al exterior del Instituto, como las que se señalan, de manera enunciativa mas no limitativa, en el anexo único de este Acuerdo, hasta en tanto continúe la contingencia sanitaria derivada de la pandemia.
(...)
Con la nueva fecha no se vulnera la organización de las asociaciones que solicitaron su registro
En otro contexto, es inoperante que al establecer una nueva fecha se pueda vulnerar la organización interna de las asociaciones que solicitaron su registro como PPN.
Ello es así, porque esos actos dependen de diversas situaciones que, en este momento, no se tienen por acreditadas.
En efecto, como se ha explicado, el registro es el acto constitutivo de la organización como PPN. Solo cuando se dicta de manera favorable, se adquieren los derechos, prerrogativas y facultades respectivos.
Así, cuando el registro es favorable, entonces los PPN están en la posibilidad
de realizar las actuaciones correspondientes a su organización interna. Pero, para decidir sobre el registro, el INE debe verificar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la normativa.
En ese sentido, actualmente las organizaciones de ciudadanos, a pesar de argumentar que han cumplido los requisitos para ser partidos políticos, lo cierto es que aún está pendiente esa determinación.
Así, en este momento, esas supuestas violaciones para elegir dirigencias partidistas, designar representantes y las actividades ordinarias, aún no les son propias, porque dependen del dictado de una resolución favorable.
Y, de ser el caso, cuando obtengan el registro estarán en la aptitud de realizar esas actividades. Suponer que, en este momento se afecta esos derechos, sería reconocer una situación jurídica que no les corresponde propiamente, en tanto aún no obtienen el registro respectivo.
En este sentido, la inoperancia se debe a que las actoras son omisas en señalar en cuánto y cómo se pueden acelerar la revisión de los requisitos para ser PPN.
(...)
En ese sentido, si la pretensión de las actoras es que su posible registro surta efectos el primero de julio, no proporciona argumentos ni prueba específicamente cómo el INE puede revisar todos los requisitos desde el quince de junio (fecha en que se reanudan las actividades) al treinta de ese mes.
Suponer que el INE puede revisar exhaustivamente los requisitos de siete organizaciones que solicitaron su registro como PPN, en un plazo de quince días, es perder el contexto de la situación extraordinaria de la emergencia sanitaria y, por supuesto, simplificar una tarea que es por demás laboriosa, por la cantidad de documentación a revisar.
(...)
De esta manera, como en modo alguno se controvierte que está pendiente la revisión de los requisitos, así como la cantidad de actividades que debe hacer el INE para examinarlos, devienen inoperantes los argumentos.
(...) [sic]
         Es el caso que, los argumentos remitidos por el Partido Encuentro Solidario pueden resumirse en que éste se encuentra ubicado en el supuesto establecido en el artículo 94, párrafo 1, inciso b) de la LGPP relativo a la pérdida de registro, derivado del registro "tardío" otorgado al partido en cita por parte de la autoridad electoral.
         No obstante, de acuerdo con los argumentos esgrimidos en la sentencia de mérito, la emisión tardía de la resolución, como la identifica el partido en cuestión, se otorgó al Partido Encuentro Solidario por una causa debidamente justificada consistente en la existencia de una situación extraordinaria en el mundo, esto es, la emergencia sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19, situación que a la fecha aún sigue latente. Lo anterior motivó a la autoridad electoral en un primer momento, a realizar la suspensión de plazos inherentes a las actividades de la función electoral, incluidas las del registro de PPN, (INE/CG82/2020, mismo que como ya se estableció no fue impugnado en el momento procesal oportuno); así como un ajuste de plazos del procedimiento referido, a fin de garantizar una revisión exhaustiva de los requisitos contemplados en la ley.
         De conformidad con el principio general del derecho dura lex, sed lex, el mismo nos obliga a cumplir a cabalidad lo establecido por la CPEUM y la Legislación Electoral, así como por los Reglamentos y acuerdos que de ellos emanen. Incluso es criterio del TEPJF que las leyes contienen hipótesis comunes, no extraordinarias, por lo que cuando se presentan circunstancias anormales, explicablemente no previstas en la Legislación Electoral, como es el caso concreto de la pandemia, la autoridad debe buscar una solución con base en el conjunto de principios rectores, para encontrar la armonización de los fines y valores tutelados; debe tomarse en consideración además, que el aminorar la propagación del virus va de la mano con el derecho a la salud, dejando a salvo el derecho de asociación de las organizaciones que solicitaron su registro como PPN en el
proceso 2019-2020.
         Señaló también el TEPJF que el hecho que la autoridad haya modificado los plazos de ninguna manera vulneró la organización interna de las asociaciones referidas, ya que dichos actos dependían de diversas situaciones que previo a la emisión por la autoridad electoral del registro correspondiente, no podían ser acreditadas; ya que el registro es el acto constitutivo de la organización como PPN, la cual sólo cuando se dicta de manera favorable, se adquieren los derechos, prerrogativas y facultades respectivos, no antes; por lo que las supuestas violaciones aducidas que le provocaron una grave inequidad en la contienda electoral, la instalación de sus órganos internos partidistas y de representación a destiempo y la falta de reciprocidad en la distribución del financiamiento, aún no les eran propias, porque dependían del dictado de una resolución favorable, situación que se actualizaría hasta la obtención del registro. Dado lo anterior, suponer que, previo a la obtención del registro se vulneraron los derechos de las organizaciones, sería reconocer una situación jurídica que no les correspondía propiamente; incluso el pensar que la autoridad electoral realizara un análisis exhaustivo de los requisitos de las organizaciones que solicitaron su registro como PPN en quince días, con la finalidad de que el mismo fuera procedente a partir del primero de julio, como lo estipula la ley, es perder el contexto de la situación extraordinaria de la emergencia sanitaria existente.
         Luego entonces los argumentos invocados por el Partido Encuentro Solidario relativos a que, derivado de la emisión del registro tardío, dicho instituto político tuvo limitantes para constituir sus órganos internos partidistas y de representación, aunado a la falta de imparcialidad en la distribución del financiamiento, entre otras, no son determinantes ya que éstos no podían haberse actualizado de ninguna manera, en tanto no existiera el registro legal correspondiente, ante la autoridad electoral.
         Es de resaltar que incluso, el supuesto de la emisión "tardía" del registro era un hecho que las organizaciones en proceso de constitución como PPN ya conocían, puesto que mediante Acuerdo INE/CG237/2020, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, se modificó el plazo previsto en el diverso INE/CG97/2020, para dictar la Resolución respecto de las solicitudes de las organizaciones que pretendían constituirse como PPN, determinación que, en su momento, no fue controvertida, y en la que se determinó de manera general que, tomando en cuenta que a la fecha no había iniciado el PEF 2020-2021, resultaba jurídicamente posible emitir el pronunciamiento sobre la procedencia del registro de las organizaciones que pretendían constituirse como PPN, el cuatro de septiembre de dos mil veinte, luego de que se resolvieran los procedimientos ordinarios sancionadores vinculados con ese tópico, y cuyas etapas procesales hubieran concluido en su totalidad; sin que ello implicara inobservar lo señalado por el TEPJF en la citada sentencia SUP-JDC-742/2020 y acumulados.
         Por lo anterior, el cuatro de septiembre de dos mil veinte, esta autoridad electoral resolvió sobre la solicitud de registro como PPN del Partido Encuentro Solidario, mediante el Acuerdo INE/CG271/2020, por el cual se le otorgó el registro correspondiente; determinación que fue impugnada por diversos actores políticos, en ejercicio de sus derechos político electorales, y confirmada por la Sala Superior del TEPJF mediante sentencia identificada con el acrónimo SUP-RAP-75/2020 y SUP-RAP-76/2020 ACUMULADOS. Así, si el Partido Encuentro Solidario consideró que la Resolución por la cual le fue otorgado su registro era violatoria de sus derechos y afectaría su desempeño durante el Proceso Electoral al no contemplar efectos retroactivos del mismo, debió haberla impugnado; sin embargo, no lo hizo.
         Cabe resaltar que, como ya quedó asentado en los párrafos anteriores, la supuesta emisión "tardía" de la resolución, identificada así por el Partido Encuentro Solidario derivó de una situación extraordinaria como es la pandemia, luego entonces el PEF se enmarcó en un contexto similar; no obstante, debe tomarse en consideración el criterio establecido en la Tesis CXX/2001, "LEYES, CONTIENEN HIPÓTESIS COMUNES, NO EXTRAORDINARIAS" 3ª época, TEPJF, que a la letra señala(7):
"LEYES. CONTIENEN HIPÓTESIS COMUNES, NO EXTRAORDINARIAS. Una máxima de experiencia, relacionada con la solución de conflictos derivados de la existencia de una laguna legal, conduce a la determinación de que, cuando se presenten circunstancias anormales, explicablemente no previstas en la normatividad rectora de una especie de actos, la autoridad competente para aplicar el derecho debe buscar una solución con base en el conjunto
de principios generales rectores en el campo jurídico de que se trate, aplicados de tal modo, que armonicen para dar satisfacción a los fines y valores tutelados en esa materia. Lo anterior es así, porque la norma jurídica tiende, originariamente, a establecer anticipadamente criterios de actuación seguros, que pongan en evidencia las semejanzas y diferencias de los supuestos jurídicos, para que al aplicar la ley se realice un ejercicio de deducción y se ubique el asunto concreto en lo dispuesto por el precepto legal de modo general abstracto e impersonal, para resolver el asunto planteado en un marco de igualdad jurídica. Empero, el trabajo legislativo, por más exhaustivo y profesional que sea, no necesariamente puede contemplar todas las particularidades ni alcanza a prever todas las modalidades que pueden asumir las situaciones reguladas por los ordenamientos, mediante disposiciones más o menos específicas o identificables y localizables, sino que se ocupan de las cuestiones ordinarias que normalmente suelen ocurrir, así como de todas las que alcanzan a prever como posibles o factibles dentro del ámbito en que se expiden y bajo la premisa de que las leyes están destinadas para su cumplimiento, sobre todo en lo que toca a axiomas que integran las partes fundamentales del sistema; lo que encuentra expresión en algunos viejos principios, tales como los siguientes: Quod raro fit, non observant legislatores, (Los legisladores no consideran lo que rara vez acontece); Non debent leges fieri nisi super frequenter accidentibus; (Non se deuen fazer las leyes, si non sobre las cosas que suelen acaescer a menudo. E... non sobre las cosas que vinieron pocas vezes); Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur (Sobre lo que por casualidad puede acontecer en algún que otro caso no se establecen leyes). Lo anterior lleva a la conclusión de que no es razonable pretender que ante situaciones extraordinarias, el caso o asunto concreto se encuentre regulado a detalle, pero tampoco que se quede sin resolver. Por tanto, ante el surgimiento de situaciones extraordinarias previstas por la ley, es necesario completar la normatividad en lo que se requiera, atendiendo siempre a las cuestiones fundamentales que se contienen en el sistema jurídico positivo, además de mantener siempre el respeto a los principios rectores de la materia, aplicados de tal modo que se salvaguarde la finalidad de los actos electorales y se respeten los derechos y prerrogativas de los gobernados, dentro de las condiciones reales prevalecientes y con las modalidades que impongan las necesidades particulares de la situación.
Tercera Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-303/2000. Coalición Alianza por Campeche. 9 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José Fernando Ojesto Martínez Porcayo. Secretario: Arturo Martín del Campo Morales.
La Sala Superior en sesión celebrada el quince de noviembre de dos mil uno, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 94 y 95." [sic]
         Dado lo anterior, ante una situación extraordinaria como es la pandemia la autoridad electoral buscó una solución con base en el conjunto de los principios rectores del propio Instituto; además, identificó la resolución más viable, resguardando el interés jurídico de todos los actores políticos; como ya quedó asentado, modificó los plazos relativos al proceso de constitución de PPN, e incluso al emitir la resolución INE/CG271/2020 estipuló los plazos necesarios para realizar las reformas a sus documentos básicos a fin de cumplir cabalmente con lo puntualizado en los considerandos 93 y 94 de la Resolución citada, notificar a la DEPPP la integración definitiva de sus órganos directivos nacionales y, en su caso, estatales, nombrados en términos de sus Estatutos, su domicilio social y número telefónico; remitir los Reglamentos derivados de sus Estatutos, una vez aprobados por el órgano estatutario facultado para tal fin; además, se instruyó a la DEPPP a fin de que realizara las gestiones necesarias a efecto de que, a partir del cinco de septiembre de dos mil veinte, el PPN denominado Partido Encuentro Solidario gozara de las prerrogativas señaladas en el artículo 26 de la LGPP; también se otorgó un plazo diverso para determinar el procedimiento para la selección de sus candidaturas y los criterios a que se refiere el Acuerdo INE/CG308/2020, y se instruyó al
Comité de Radio y Televisión para que aprobara las pautas correspondientes para que dicho partido gozara de la prerrogativa en radio y televisión; entre otras.
         Por ello, argumentar que durante el PEF 2020-2021 imperaron hechos relevantes o extraordinarios, no resulta suficiente para justificar la conservación del registro como PPN del Partido Encuentro Solidario, ni para considerar que existieron situaciones de desventaja desde el momento mismo de la obtención del registro, toda vez que desde la fecha de obtención del mismo, hasta el día de la Jornada Electoral, el instituto político contó con un tiempo razonable y suficiente para la preparación de todo lo inherente a los Procesos Electorales; aunado a lo anterior, a pesar de haber sido un partido de reciente creación, este Instituto, bajo el principio de máxima publicidad, otorgó las facilidades y recursos a su alcance para darlo a conocer entre la población, así como la difusión de su Plataforma Electoral, su Declaración de Principios, su Programa de Acción y sus Estatutos, adicional a ello, contó con la libertad de acceder a los medios impresos, digitales y electrónicos, (periódicos, noticiarios en radio y televisión locales y nacionales, e internet) y a los tiempos del Estado en radio y televisión administrados por el Instituto.
         Aunado a lo anterior, no puede dejar de considerarse que durante el año dos mil diecinueve y parte de dos mil veinte, la entonces organización Encuentro Solidario, realizó asambleas en diversos estados de la República y recabó afiliaciones a lo largo y ancho del país, dándose a conocer como una posible opción política y haciendo del conocimiento público sus documentos básicos, esto es, los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postula, así como su programa de acción para alcanzar los objetivos del partido político que se encontraba en formación, lo cual le permitió llegar a un número importante de personas de las cuales algunas se afiliaron al partido político en formación, en cantidad suficiente para alcanzar el requisito para la obtención de su registro.
         Es así que, en todo momento se reconoció al Partido Encuentro Solidario el respeto al estado de derecho en general, así como al marco constitucional, jurídico y normativo en materia electoral en particular y que, derivado de lo anterior, (aceptando la calidad de partido de nueva creación), debió adaptarse a las situaciones económicas, financieras y estructurales que se le presentaron, sin que esto llegue a considerarse una desventaja.
         Luego de la expedición de la Resolución INE/CG271/2020 el Partido Encuentro Solidario conocía los retos a los que se enfrentaría por lo que, si dicha determinación no era acorde con sus pretensiones o incluso los plazos establecidos, dicho instituto político pudo haberla impugnado, pero no lo hizo. Asimismo, cabe destacar que el partido parte de una visión errónea al señalar que los efectos constitutivos de su registro se formalizaron hasta el catorce de octubre de dos mil veinte en que la Resolución sobre la procedencia de su registro quedó firme, y que fue hasta entonces que se encontró en aptitud de llevar a cabo su Congreso Nacional. Lo anterior es así, puesto que de conformidad con lo establecido por el artículo 41, Base VI, segundo párrafo de la CPEUM en materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado, por lo que el hecho de que no realizó su Congreso Nacional para elegir a sus dirigentes o modificar sus documentos básicos, hasta esa fecha, no puede imputarse a esta autoridad electoral.
         En este contexto, es necesario resaltar que, inclusive en la sesión de Consejo General del Instituto realizada el siete de septiembre de dos mil veinte, con la cual se inició formalmente el PEF 2020-2021, estuvo presente el Representante del Partido Encuentro Solidario, de hecho, en dicha sesión fue informada su designación y tomada la protesta de ley respectiva; por lo que si de acuerdo a sus pretensiones los plazos emitidos por la autoridad electoral no eran afines a sus objetivos pudo haber realizado las acciones pertinentes que a su derecho le correspondían.
         Ahora bien, en relación con el argumento de la entrega incompleta del financiamiento público al que el PPN tenía derecho, situación de la cual se derivó una violación flagrante a los principios de equidad e igualdad, así como al de legalidad, situaciones que fueron determinantes para la consolidación y creación del partido político, dichas explicaciones son inexactas.
         De conformidad con los argumentos establecidos en la sentencia expedida por el TEPJF, identificada con el acrónimo SUP-JDC-748/2020 y ACUMULADOS, mediante la cual se impugnó el Acuerdo INE/CG98/2020 por el que el Consejo General modificó el Acuerdo INE/CG348/2019 relativo al otorgamiento de financiamiento público y las prerrogativas postal y telegráfica de las que gozarían los PPN en el dos mil veinte, se determinó, entre otras cuestiones, lo siguiente(8):
 
"b) Sobreseimiento en los juicios ciudadanos SUP-JDC-748/2020 y SUP-JDC-750/2020.
En principio, se debe señalar que, en el acuerdo impugnado, el INE determinó que los partidos políticos con registro vigente seguirían recibiendo su ministración mensual de financiamiento público en términos del tercer Punto Resolutivo del acuerdo INE/CG348/2019, hasta en tanto no se tuviera certeza del registro de nuevos partidos políticos.
También precisó que, si bien en el párrafo 2 del artículo 19 de la Ley de Partidos se establece que el registro de los partidos políticos surtirá efectos constitutivos a partir del primer día del mes de julio del año previo a la elección, por la emergencia sanitaria el INE no estaría en condiciones de emitir las resoluciones de las solicitudes dentro del plazo legal.
Sobre esto, "Encuentro Solidario" plantea una violación al principio constitucional de equidad en su perjuicio, pues considera que, si bien hay una situación extraordinaria por la crisis sanitaria generada por la enfermedad COVID-19, esta no impide que las prerrogativas que deben recibir las asociaciones que logren su registro como partido político se otorguen como estaban presupuestadas mediante el acuerdo INE/CG348/2019.
Por su parte, "Libertad y Responsabilidad Democrática" sostiene que mediante el acuerdo impugnado se pretende reducir el financiamiento público que le correspondería en caso de obtener su registro como Partido Político Nacional, incluyendo la partida destinada a financiar su franquicia postal, lo que trastoca su derecho de competir en condiciones de equidad frente a los demás partidos políticos, pues no contarían oportunamente con los recursos para desempeñar actividades ordinarias y las relacionadas con el Proceso Electoral.
En ambos casos, la pretensión es que haya efectos retroactivos del registro y, por ello, se otorgue financiamiento público desde el mes de julio.
Para esta Sala Superior, las organizaciones actoras no tienen interés jurídico para impugnar el referido acuerdo del INE, porque carecen de un derecho sustancial y no se podría restituir, en este momento, un derecho.
Como se despende de los escritos de demanda, la pretensión de las organizaciones actoras consiste en que se les otorgue financiamiento público de manera retroactiva cuando obtengan su registro como Partidos Políticos Nacionales, sin embargo, se considera que, al momento, el acuerdo impugnado no causa un perjuicio a su esfera de derechos, en atención a lo siguiente.
El financiamiento público es un derecho constitucional expresamente previsto para los partidos políticos, en términos del artículo 41 de la Constitución, es decir, son los titulares de este derecho, no así las organizaciones que busquen su registro como partidos.
En ese sentido el registro como PPN que, en su caso, otorgue el INE es de carácter constitutivo, es decir, es a partir de ese momento que surte efectos jurídicos y es cuando los partidos políticos tienen derecho de recibir financiamiento, no antes
Por lo tanto, en este momento, en modo alguno es posible restituir el derecho presuntamente vulnerado, consistente en obtener financiamiento retroactivo desde el mes de julio.
Lo anterior, porque la posible restitución depende de una condición que actualmente no se ha cumplido, como es obtener el registro como Partido Político Nacional, ya que tal restitución solo es posible si éste ya existe y fue vulnerado.
 
En este sentido, en la actual situación que tienen las organizaciones demandantes, en modo alguno es posible restituirles derecho alguno, mucho menos ordenar que se les otorgue financiamiento retroactivo desde el mes de julio.
Ello, porque primero es indispensable que el INE verifique que cumplieron todos los requisitos para ser PPN, hecho lo cual gozarán de los derechos, prerrogativas y deberes constitucional y legalmente previstos.
Asimismo, a partir de ese momento, esto es, del registro, posible exigir el cumplimiento de los derechos que la normativa constitucional y legal les reconoce.
De esta manera, las organizaciones demandantes pretenden la restitución de un derecho del cual aún no son titulares, porque el financiamiento público tiene como titular a los partidos políticos formal y materialmente registrados.
Por tanto, como no son titulares del derecho a recibir financiamiento y, en consecuencia, no se les puede restituir, es evidente que carecen de interés jurídico, porque en este momento ninguna afectación les genera el acuerdo impugnado.
En todo caso, será hasta que obtengan esa calidad que podrán exigir el financiamiento público que, en su concepto, les pueda corresponder conforme a la normativa aplicable." [sic]
         Derivado de los argumentos referidos y de que inclusive el Partido Encuentro Solidario fue uno de los actores que impugnó el Acuerdo referido, se constata que era imposible haberle otorgado antes del cinco de septiembre de dos mil veinte las prerrogativas contempladas en el artículo 26 de la LGPP a que tienen derechos los Partidos Políticos, dentro de las que se encuentra en el inciso b) el financiamiento público, ya que antes de esa fecha el Partido Encuentro Solidario no era titular de dichos derechos.
         Aunado a lo anterior, en virtud de que el registro le fue otorgado al Partido Encuentro Solidario con efectos constitutivos a partir del día cinco de septiembre de dos mil veinte en consecuencia, el financiamiento público también se le otorgó a partir de dicho día y mes, pues la LGPP en el artículo 51, numeral 2, estipula claramente que el derecho a que se les otorgue el financiamiento público es a partir de que obtengan el registro, que es cuando nace el derecho, por lo que de ninguna manera puede ser retroactivo. Sirven de sustento las manifestaciones de la Tesis LXXV/2016, que a la letra señala(9):
"FINANCIAMIENTO PÚBLICO. EL DOS POR CIENTO OTORGADO A PARTIDOS POLÍTICOS DE NUEVA CREACIÓN O QUE CONTIENDAN POR PRIMERA VEZ EN UNA ELECCIÓN ES ACORDE AL PRINCIPIO DE EQUIDAD.
De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 41, párrafo segundo, Base II, incisos a), b) y c), y 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como 51, párrafo 2, y 23, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de Partidos Políticos, se advierte que la ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con recursos para llevar a cabo sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Por tanto, el principio de equidad estriba en el derecho de los partidos políticos a recibir financiamiento público, en términos de lo establecido en la normativa electoral, el cual atiende a las circunstancias propias de cada partido, esto es, su antigüedad y presencia en el electorado, así como el grado de representación en los órganos legislativos, por lo cual existe una situación diferenciada, pero no desigual, entre los institutos políticos. En consecuencia, es acorde al principio de equidad la asignación a los partidos de nueva creación o que contiendan por primera vez en una elección el dos por ciento del monto que por financiamiento total corresponde a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, o bien para el financiamiento de gastos de campaña, porque la distribución de los recursos atiende a la fuerza electoral de cada uno de los partidos que tiene sustento en la
preferencia de la ciudadanía, sin que ello atente contra el principio de igualdad consagrado en la Constitución ya que tiene una finalidad razonable y proporcional con el interés público.
Quinta Época:
Juicio de revisión constitucional electoral.SUP-JRC-39/2016.-Actor: Encuentro Social.- Autoridad responsable: Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.-24 de febrero de 2016.-Unanimidad de votos.-Ponente: Pedro Esteban Penagos López.-Ausente: María del Carmen Alanis Figueroa.-Secretario: Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 56 y 57." [sic]
         En ese sentido, el derecho a recibir financiamiento público, se generó hasta el día cinco de septiembre de dos mil veinte, ya que fue hasta entonces que obtuvo su registro con la Resolución de este Consejo General; motivo por el cual, antes de esa fecha no era ajustable, pues esto hubiese implicado otorgar un derecho cuando no se había cumplido la norma y, además, hubiesen resultado afectados los derechos de terceros.
         Por lo tanto, contrario a lo que sostiene el Partido Encuentro Solidario, el haberles otorgado financiamiento público hasta la fecha señalada, no puede considerarse como una reducción de financiamiento, pues en el periodo comprendido entre el uno de julio y el cuatro de septiembre de dos mil veinte, aún no era titular de ese derecho. De tal forma, que dicha situación no constituyó, en sí misma, un obstáculo para que el instituto político participara activamente en la contienda electoral, pues en la proporción que la ley prevé, sí le fue otorgado, en tiempo y forma, el financiamiento correspondiente.
         Finalmente dentro de los tópicos analizados en el inciso a), el Partido Encuentro Solidario sostiene que este Instituto omitió aplicar el principio pro persona, establecido en el artículo 1º de nuestra Carta Magna, no obstante, esta autoridad electoral se ha conducido apegado a los principios que lo rigen y si bien, los derechos político-electorales como derechos humanos efectivamente deben ser tratados con la máxima protección en virtud del artículo 1º constitucional y que el principio pro persona implica la protección más amplia en lo que hace a derechos humanos en favor de las personas, también es cierto que, dicho principio no deriva en que necesaria e imperiosamente todas las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a todas sus pretensiones, tal como lo establece la Jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(10):
"Época: Décima Época
Registro: 2004748
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.)
Página: 906
PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes
medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." [sic]
         Por lo anterior, la JGE de este Instituto al declarar la pérdida de registro del partido representado por no haber obtenido el requisito de ley del tres por ciento de la votación válida emitida en los pasados comicios, solamente se ha encargado de verificar y revisar la no transgresión de las normas, los principios y las obligaciones sobre derechos humanos, tanto en sus cuerpos normativos, como en todos los actos de su atribución, es decir, dicha declaratoria se da tras la verificación exhaustiva, que tanto en la elección de diputaciones de Mayoría Relativa como de Representación Proporcional, el Partido Encuentro Solidario no obtuvo el tres por ciento de la votación válida emitida estipulado en la ley.
         Derivado de ello, este Instituto apegado al marco legal, emite la declaratoria de pérdida de registro atendiendo a sus principios rectores, reconfigurándose así la dinámica del sistema de partidos atendiendo a la regla para la cual fue establecido normativamente dicho porcentaje que es medir la fuerza electoral que pueda convocar en urnas, aunado a la atribución del Instituto de verificar que los parámetros constitucionales se cumplan, siendo la ciudadanía quien con su voto da cancelación a dicha fuerza política, por lo que no ha lugar el argumento de que este Instituto no se apegó al principio pro homine o pro persona, ya que éste no deriva en que esta autoridad electoral necesaria e imperiosamente resuelva de manera favorable sólo por invocarle a todas sus pretensiones, sino a través de un análisis particular y exhaustivo como lo hace con el partido en cuestión apegado al caso concreto y atendiendo al marco jurídico vigente.
         Respecto de invocar lisa y llanamente que fueron vulnerados sus derechos fundamentales citando Jurisprudencias sobre el Principio de Progresividad, Control de Convencionalidad y Constitucional, es importante que no solamente se invoquen, sino que también se motive cuál es la relación causal por las cuales los cita, por lo que al no disponer de argumentos eficaces con los cuales se de sustento a su exhorto, no se puede atender a su llamamiento en los términos que plantea al hacerlo con afirmaciones genéricas e imprecisas.
         Cabe recordar que el Poder Reformador estatuyó como norma un umbral mínimo para conservar el registro de un PPN, dicha norma constitucional cuenta con una naturaleza que establece un supuesto y una consecuencia jurídica a efecto de evitar la proliferación de partidos y fragmentación de representación en aras de lograr estabilidad con partidos que impriman representatividad en el sistema de partidos, por lo que el partido en cuestión en ninguna de sus alusiones expone argumentos que ayuden a contrarrestar lo marcado en la hipótesis normativa del artículo 41 constitucional, lo que se traduce en que no se justifican sus pretensiones de conservar su registro, al contar con un texto constitucional claro y preciso y al haberse actualizado tal supuesto, es decir, solamente existe un parámetro de representatividad, que son los votos emitidos y los que obtiene cada partido político, por lo que esta autoridad no puede emplear privativa y particularmente algún otro parámetro como lo intenta el partido representado toda vez que se quebrantaría el significado constitucional original. El único parámetro para medir la representatividad de un partido, son los votos que obtuvo, sin que pueda emplearse algún otro.
         Finalmente, la existencia de situaciones diversas que pueden presentarse en el desarrollo de todas las etapas del propio Proceso Electoral, mismas que ya han sido agotadas, y en las cuales, como ya quedó asentado, el partido ejerció o pudo ejercer su derecho a impugnar las determinaciones con las que no estaba de acuerdo, y atendiendo al principio de definitividad, esta autoridad se encuentra impedida para realizar un nuevo estudio respecto de la forma en que se llevó a cabo
dicho proceso.
         Cabe resaltar que en los argumentos remitidos por el Partido Encuentro Solidario en el inciso d) in fine se realizan diversas consultas relativas a temas específicos planteados en los mismos argumentos. Es preciso señalar que las respuestas a dichas consultas se encuentran claramente desglosadas, fundadas y motivadas en cada uno de los acuerdos y resoluciones que al efecto ha emitido este Consejo General, y que de ninguna manera modifican la causal de pérdida de registro en que se encuentra el Partido Encuentro Solidario estipulada en el artículo 94, párrafo 1, inciso b) de la LGPP.
B.       Por lo que hace a los argumentos transcritos en el inciso b) del presente considerando, no le asiste la razón al PPN denominado Partido Encuentro Solidario, toda vez que:
         La Sala Superior del TEPJF mediante sentencia identificada con el acrónimo SUP-REP-243/2021, SUP-REP-248/2021 y SUP-REP-249/2021 ACUMULADOS confirmó la resolución dictada por la Sala Especializada que determinó, entre otras cuestiones, la existencia de la infracción consistente en la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, atribuible al Presidente de la República, al C. Erwin Sigfrid Frederick Neumaier de Hoyos, en su carácter de director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales(11); Jesús Ramírez Cuevas, en su carácter de Coordinador General de Comunicación Social y Vocería,(12) y al C. Edgar Armando Aguirre González, en representación de la presidencia de la República, derivado de diversas manifestaciones que efectuó el Presidente de la República, el nueve de abril de dos mil veintiuno, en la conferencia de prensa matutina conocida como "La Mañanera".
         De las tesis establecidas en la Sentencia de mérito se concluye de manera general que los argumentos emitidos por el Presidente de la República en la conferencia del nueve de abril de dos mil veintiuno configuran una violación al artículo 134, párrafo séptimo de la CPEUM, en relación con el 449, párrafo 1, inciso d) de la LGIPE, entre otros. Esto aunado a que se constató que el personal de la oficina de la Presidencia de la República tenía la obligación de implementar medidas adecuadas, concretas e idóneas a fin de evitar la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido.
         Además, dicho personal es titular de áreas responsables de la producción de material audiovisual que se pone a disposición de los medios de comunicación para su difusión, así como de subirlo a las redes, por lo que se acreditó su responsabilidad en la violación a una prohibición constitucional, como lo es la difusión de propaganda gubernamental, durante las campañas electorales.
         Es así que, siguiendo la línea jurisprudencial desarrollada por la Sala Superior del TEPJF, y una vez analizada la trascripción puntual de la versión estenográfica se identificaron los elementos: 1) personal, en el quedó plenamente acreditado que la emisión del mensaje fue realizada por Andrés Manuel López Obrador; 2) circunstancial (modo, tiempo y lugar) donde quedó establecido que la conferencia tuvo lugar el nueve de abril, durante el periodo de campañas electorales del PEF y diversos procesos electorales concurrentes, en las instalaciones del Palacio Nacional que es un recinto público y que, además, la logística y desarrollo estuvo a cargo de la Coordinación de Comunicación Social y Vocería así como la producción, y puesta a disposición de los medios de comunicación a cargo del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE) y que el evento se difundió a través de las cuentas oficiales de redes sociales del Gobierno de México; y 3) elemento material, sobre éste se analizó las expresiones realizadas para identificar si en alguna de ellas se incurría en propaganda gubernamental(13), concluyendo que en dos de cuatro se advertía propaganda gubernamental, en los que resaltaban programas sociales, como los Ahorros de los extrabajadores del Programa Bracero y Pensiones para Personas Adultas Mayores, mientras que los otros eran el robo de combustible y número de tomas ilegales en el país.
         Por lo anterior, se constató de manera clara, puntual y precisa cuáles fueron los elementos considerados para declarar la existencia de la infracción al artículo 41, Base III, apartado C, párrafo segundo, de la CPEUM.
         En la misma tesitura, mediante sentencia identificada con el número SRE-PSC-152/2021, la Sala Regional Especializada determinó: i) la existencia de la propaganda gubernamental en periodo prohibido y vulneración al principio de imparcialidad, por parte del Presidente de la República respecto de algunos mensajes emitidos en las conferencias de prensa matutina del dieciséis, diecinueve y veinte de abril; ii) la existencia de la responsabilidad del Director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia de la República y del
Coordinador General de Comunicación Social y Vocería de la Presidencia de la República por su participación en la difusión de las expresiones que vulneraron la normatividad electoral; iii) la existencia de la difusión de las expresiones del Presidente que constituyeron infracciones, por parte de diversas emisoras de radio y televisión; iv) la existencia del uso indebido de recursos públicos atribuidos a las referidas personas servidoras públicas, así como a las concesionarias de carácter público; y v) la inexistencia del supuesto beneficio atribuido al partido político MORENA; entre otros.
         Por lo anterior, se imputó al Presidente de la República la vulneración a los artículos 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo y 134, párrafo séptimo de la Constitución porque, en concepto de las personas promoventes de la misma, las conferencias matutinas de la Presidencia de la República del dieciséis, diecinueve y veinte de abril, actualizaban las infracciones consistentes en la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y, en consecuencia, transgresión a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral y uso indebido de recursos públicos; además, referían que dichas conductas tuvieron un beneficio para MORENA.
         Cabe destacar, que si bien se declaró la existencia de las infracciones relativas a la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, vulneración al principio de imparcialidad y uso indebido de recursos públicos, atribuidas a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por las expresiones realizadas en las conferencias matutinas de dieciséis, diecinueve y veinte de abril de dos mil veintiuno; así como la existencia de las infracciones relativas a la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, vulneración al principio de imparcialidad y uso indebido de recursos públicos, atribuidas a los titulares de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República y del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, conforme a lo expuesto en la sentencia; e instando a un llamamiento al Presidente, por conducto de su Consejería Jurídica, para que utilizara adecuadamente los recursos públicos a los que tiene alcance de conformidad con las consideraciones vertidas en la dicha determinación.
         No obstante, en cuando a que las expresiones aducidas por el Presidente de la República, tendrían un posicionamiento que le generaría un beneficio indebido al PPN MORENA, la Sala Especializada estimó que no era posible atribuir responsabilidad alguna al citado instituto político, toda vez que(14):
"(...)
1)    Mañanera del dieciséis de abril:
-     Dicho instituto político no tuvo participación alguna en la organización del referido evento, sin que obre en el expediente prueba alguna en contrario.
-     Además, del contenido de las manifestaciones analizadas, no se advierten frases o alusión alguna cuya finalidad sea posicionar a dicho partido frente a la ciudadanía, ni destacar alguna cualidad o incluso llamar a votar a su favor.
-     En efecto, durante la referida conferencia matutina, no se utilizaron por parte del Presidente o el Gobierno Federal, elementos propagandísticos alusivos a MORENA que implicaran su promoción premeditada, con la intención de generar una influencia en las preferencias electorales de la ciudadanía.
2)    Mañanera del diecinueve y veinte de abril:
256. Tal y como lo ha sostenido la Sala Superior(15), no resulta aceptable determinar la responsabilidad de los partidos políticos por conductas desplegadas por las personas servidores públicas en ejercicio de sus atribuciones, pues implicaría reconocer que los partidos se encuentran en una relación de supra a subordinación respecto de ellos, es decir, que los partidos pudieran ordenar a las personas servidoras públicas cómo cumplir con sus atribuciones legales.
257. De esta manera, aunque el Presidente de la República hubiera hecho alguna referencia al partido político en sus declaraciones, ello no puede
generarle responsabilidad pues no está en su ámbito de control el desempeño de sus militantes en el ejercicio de sus cargos públicos.
(...)" [sic]
         Por lo anterior, en relación con las ideas remitidas por el Partido Encuentro Solidario se constata que, ya fue analizado por parte del TEPJF lo relativo a la injerencia por parte del Gobierno Federal en el PEF 2020-2021, sin que ello haya generado inequidad para un solo partido en específico, particularmente para el Partido Encuentro Solidario, pues de las sentencias citadas se constata dicha injerencia en 4 días de los 60 que duró la campaña en el PEF inmediato; ante dichas violaciones se dio vista al Órgano Interno de Control de la oficina de la Presidencia para que determine lo conducente; finalmente, se desestimó que por los hechos descrito el partido MORENA hubiera sido beneficiado de manera directa, por los argumentos ya descritos.
         No pasa desapercibido por esta autoridad que dentro de los promoventes de las sentencias citadas en el presente apartado, en ninguna aparece el Partido Encuentro Solidario, por lo que es relevante resaltar que si el Partido Encuentro Solidario vio afectados o violados sus derechos político electorales en alguna o algunas etapas del PEF contaba con los elementos correspondientes para hacer valer los propios derechos en el momento procesal oportuno, incluso pudo pedir en el momento oportuno a la oficina de la Presidencia, por medio de una solicitud de Transparencia la lista de los integrantes identificados como "Siervos de la Nación", y a su vez, solicitar el cruce que solicita que haga la autoridad electoral. No obstante, si no lo realizó y reiterando el principio de definitividad, no existen los elementos legales para eximir al Partido Encuentro Solidario de la causal prevista en el artículo 94, párrafo 1, inciso b) de la LGPP.
C.      En relación con los argumentos transcritos en el inciso c), tampoco le asiste la razón al PPN denominado Partido Encuentro Solidario, en atención a lo siguiente:
         Si bien, las personas llamadas influencers se manifestaron a favor de las propuestas del PVEM e incluso, algunas exhortaron a votar por dicho partido durante la veda electoral, también es irrefutable que este Instituto emitió la sanción respectiva en el ejercicio de sus funciones y apegada conforme a derecho; la cual fue impugnada y confirmada por el TEPJF mediante sentencia identificada con el acrónimo SUP-RAP-172/2021, destaca que al igual que en el apartado anterior, el Partido Encuentro Solidario no fue promovente de recurso alguno sobre este tema.
         Como ya quedó asentado en la sentencia de mérito se confirmó lo analizado por la autoridad electoral, pues a partir de los argumentos vertidos se constató que con la conducta desplegada por el Partido Verde Ecologista de México se configuró la conducta infractora consistente en la realización de una campaña publicitaria en beneficio del mismo y sus candidatas y candidatos en el marco de los procesos electorales federal y locales concurrentes, la cual no se registró dentro de los informes de gastos de campañas respectivos, ya que pese a que se trataron de hacer valer como actuaciones de diferentes personas en ejercicio de derechos fundamentales como el de libertad de expresión, del análisis de los mensajes, las circunstancias fácticas, las similitudes de acciones y afirmaciones en las respuestas, se arribó a una conclusión distinta consistente en el despliegue de una estrategia de comunicación o campaña propagandística pagada, que tuvo como finalidad influir en el sentido del voto de los electores en favor del partido descrito, en veda electoral.
         Al respecto, destaca que se trataban de personajes públicos que en sus cuentas de Instagram tienen un número amplio de seguidores por lo que tuvieron un alto impacto en la ciudadanía en general, así como que el contenido fue difundido entre el cinco y seis de junio, y que los mensajes perseguían el fin de difundir e influenciar el voto en favor del partido recurrente, además de que se constató incluso que en algunos casos hubo la existencia de un guion que debían seguir con especificaciones sobre cuándo y en qué momento emitir los mensajes correspondientes. Por lo que se concluyó que de manera masiva se difundieron mensajes en historias de Instagram por influencers en apoyo al Partido Verde Ecologista de México desde el 5 de junio de dos mil veinte, los cuales no fueron fruto de la libertad de expresión, sino se trató de una acción concertada por el aludido partido en el que utilizó a "personas famosas o figuras públicas" para generar atracción y conseguir una mayor cantidad de votos, en un periodo en donde está prohibido realizar cualquier tipo de propaganda.
 
         Es relevante incluso que el Partido Verde Ecologista de México sabía que era ilegal dicha circunstancia, ya que dicho instituto político presentó una denuncia en contra de Samuel García Sepúlveda (otrora candidato a la gubernatura de Nuevo León postulado por Movimiento Ciudadano), denunciando la participación de su esposa como influencer en su campaña política. Por lo que dicha actividad fue sancionada, tomando en consideración las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como que se cumplía con los elementos constitutivos del dolo directo por parte del partido recurrente, pues especificó que conocía previamente la obligación de registrar la totalidad de las erogaciones que realizaba, y que omitió registrar los gastos efectuados por concepto de una campaña publicitaria desplegada por más de 100 influencers de cara a la Jornada Electoral, beneficiándose ilegalmente de la estrategia propagandística durante la veda electoral.
         Aunado a lo anterior, se determinó que se actualizaba la reincidencia porque la conducta consistente en la omisión de registrar gastos por concepto de publicidad ya había sido reiterada por el instituto político, el cual fue sancionado previamente por la realización de una estrategia sistematizada de difusión de propaganda electoral durante el periodo de veda, esto durante 2015, periodo en el cual personas famosas posicionaron sus propuestas, vulnerando así principios o bienes jurídicos similares, como los de legalidad, certeza en la rendición de cuentas y equidad en la contienda. Finalmente, se aseveró que el Partido Verde Ecologista de México incumplió con sus obligaciones en materia de fiscalización, consistentes en trasparentar y brindar certeza en la rendición de cuentas, al haberse valido de la emisión de una campaña publicitaria simulando que ésta provenía del ejercicio del "derecho a la libre expresión". Resaltando que el beneficio obtenido, no derivaba del resultado en votos obtenidos por el Partido Verde Ecologista de México, sino de la ventaja obtenida en términos de fiscalización por la adquisición de propaganda cuyos gastos no fueron reportados, poniendo en peligro la vulneración de los principios que rigen la materia electoral.
         Sin embargo, ni el Partido Encuentro Solidario expone ni prueba como es que la conducta realizada por el Partido Verde Ecologista de México afectó su porcentaje de votación y en qué medida, ni esta autoridad encuentra relación causal con la pérdida de registro del partido representado, ya que, como se señaló en párrafos anteriores, la pérdida de registro es determinada por la fuerza electoral que emita la ciudadanía traducida en el umbral mínimo de la votación válida emitida en las elecciones anteriores, es decir, existe un parámetro normativo y numérico que sirve para medir la fuerza política que hace conservar o no el registro de un partido político, donde la autoridad electoral, únicamente se constriñe a verificar que los parámetros constitucionales se cumplan, además de la legalidad en las diversas etapas del Proceso Electoral, así como el principio de definitividad, teniendo como resultado que las etapas del proceso han quedado firmes y que el partido representado no impugnó en su momento ante la máxima autoridad jurisdiccional correspondiente, por lo que aducir, de forma inoportuna, que fueron vulnerados sus derechos por las causas ya expuestas resulta desestimable pues no existe base probatoria y jurídica idónea para su razón.
D.      Sobre los argumentos aducidos en el inciso e), no le asiste la razón al PPN denominado Partido Encuentro Solidario", toda vez que:
         De acuerdo a la información consultada en el sitio web del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública(16), se obtuvieron las cifras de incidencia delictiva en el país, las cuales se refieren a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas en las Agencias del Ministerio Público y reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas, instancias responsables de la veracidad y actualización de las cifras, en el documento denominado Incidencia Delictiva del Fuero Común 2021.
         Al respecto, dicho documento refiere que, la incidencia delictiva reportada presenta la información correspondiente a los meses de enero a agosto de 2021 proporcionada por las entidades federativas. Los delitos se encuentran agrupados por el tipo de bien jurídico afectado: la vida y la integridad corporal, la libertad personal, la libertad y la seguridad sexual, el patrimonio, la familia, la sociedad y otros. Destacando que, para dicho estudio las 32 entidades remitieron su información de incidencia delictiva para el mes de agosto del año de referencia.
 
         Una vez analizada la información, se constata que el número de delitos reportados en el país ante las instancias correspondientes, entre los cuales se encuentra homicidio, lesiones, feminicidio, secuestro, robo, amenazas, e incluso electorales, entre otros, no son nada alentadores; respecto al tema de violencia en el país, queda asentado que aún faltaría sumar a ellos los delitos que no fueron reportados, por lo que el clima de violencia es aún más desalentador.
         Al respecto, es un hecho claro y conocido que la violencia en el país en sus diversas modalidades se ha incrementado de manera preocupante, no sólo en procesos electorales y en contra de un solo actor político, sino en diferentes momentos; por lo que dicho argumento expuesto por el Partido Encuentro Solidario es irrelevante para aseverar que la violencia afectó a ese partido directamente en la obtención de votos para lograr el porcentaje requerido por la ley para la conservación de su registro. Lo anterior es así pues al no señalar ni probar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de supuestas dificultades derivadas de situaciones de inseguridad, que generaron un impacto negativo directamente en las campañas realizadas por el partido, torna a sus manifestaciones insuficientes y carentes de sustento; además de que no acreditó cómo la ciudadanía derivado de esta situación se abstuvo de votar o modificó su preferencia política.
         Aunado a ello, al afirmar que la violencia en las campañas electorales son motivo suficiente para dejar de cumplir con el porcentaje mínimo de votación efectiva que señala la norma, pues si bien es cierto, los conflictos en materia de seguridad pública se hicieron evidentes en este PEF y en diferentes momentos como ya ha quedado asentado, también lo es que todos los partidos políticos, incluido el Partido Encuentro Solidario, obtuvieron registro de diversas candidaturas, las cuales tuvieron la posibilidad de efectuar diversos actos de campaña y propaganda electoral en distintos medios, para presentar y promover sus candidaturas, máxime si se considera que derivado de las restricciones que se estipularon con motivo de la pandemia y la campaña de sana distancia, se incrementó el uso de medios electrónicos y herramientas virtuales para promover las candidaturas y hacer un llamado al voto.
         Asimismo, resulta importante destacar, que contrario a lo que refiere, el Partido Encuentro Solidario llevó a cabo más de veinte mil eventos públicos y privados durante las campañas electorales, cuyas datos y especificaciones pueden consultarse en el apartado "Campaña/Ámbito Federal/Agenda de Eventos" en lo siguiente liga: https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/descarga-de-reportes, por lo que, a pesar de la violencia que se generó en diversos actos políticos, sí tuvo la posibilidad de promover su plataforma política entre la ciudadanía.
         No menos importante son los argumentos esgrimidos en la sentencia identificada con el acrónimo SUP-JDC-124/2020, emitida por la Sala Superior del TEPJF, ya que la misma confirmó el Acuerdo impugnado(17):
"(...)
Aunado a lo anterior y como está precisado anteriormente, conforme al procedimiento de conformación de nuevos partidos, la legislación no prevé que elementos fácticos como lo son la inseguridad, expuestos en términos generales como se hizo en la solicitud, puedan servir de base para que se otorgue la ampliación del plazo para llevar a cabo las asambleas de las organizaciones o agrupaciones políticas nacionales, sin afectar además el principio de equidad, de ahí que resulte insuficiente lo que hace valer el actor.
(...)"
         A mayor precisión, cabe destacar que dicha sentencia se emitió en el contexto de registro de Partidos Políticos Nacionales, mediante la cual la organización denominada "Movimiento Ambientalista Social por México, A.C." impugnó el Acuerdo INE/CG32/2020, pues dicha organización aducía que derivado del clima de violencia en el país no había logrado reunir el número de asambleas requeridas por la ley, situación que para el Instituto no era una atenuante o
se identificaba como una situación por la cual la autoridad electoral debiera otorgar una dispensa para el aplazamiento respecto a la celebración de asambleas y por lo tanto la presentación de solicitud de registro; aunado a que la percepción de seguridad no es una causa establecida en la normatividad que permita eximir el cumplimiento de los requisitos legales; como tampoco lo es en el supuesto que nos ocupa, que es la actualización de Redes Sociales Progresistas en el supuesto previsto en el artículo 94, párrafo 1, inciso b).
E.       Por lo que hace a las explicaciones esgrimidas en el inciso f), tampoco le asiste la razón al PPN denominado Partido Encuentro Solidario, en atención a lo siguiente:
         Al respecto, es preciso comentar que los Organismos Públicos Locales son organismos autónomos, por lo que esta autoridad no puede tener injerencia en sus decisiones; no obstante, a nivel local también se pueden presentar las impugnaciones correspondientes ante los órganos jurisdiccionales competentes en el momento procesal oportuno. En ese sentido, esta autoridad electoral no se pronunciará sobre las aseveraciones de Encuentro Solidario en torno a las candidaturas locales.
         Por lo que respecta a las alusiones sobre los CC. Alfredo Flores León (Guerrero Distrito 09) y Nancy Claudia Reséndiz Hernández (México Distrito 41). En el primer caso, mediante Acuerdo INE/CG337/2021 se negó el registro al ciudadano descrito en razón de lo determinado por la Autoridad Electoral mediante Acuerdo INE/CG228/2021, en el que determinó sancionar a dicho ciudadano con la pérdida del derecho a ser registrado como candidato en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y III de la LGPP; 380 numeral 1, inciso g) en relación al 446, numeral 1, inciso g), y 456 numeral 1, inciso d) fracción III de la LGIPE; y 223, numeral 6, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, por lo que el registro de su candidatura no fue procedente. No obstante, dado que la falta era imputable sólo a una persona candidata integrante de la fórmula de la cual formaba parte el ciudadano descrito, con la finalidad de no coartar el derecho al voto pasivo de los otros integrantes, la autoridad determinó otorgar al partido político un plazo de cuarenta y ocho horas contado a partir de la aprobación de ese Acuerdo para que rectificara la solicitud de registro de candidatura sin incluir en la mismas a la persona que había sido sancionada.
         En ese sentido, mediante Acuerdo INE/CG354/2021, en fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó el registro de la fórmula integrada por los ciudadanos José Luis Torres Herrera y Luis Antonio Bueno Barbosa como candidatos propietario y suplente, respectivamente, a Diputados por el principio de mayoría relativa postulados por el Partido Encuentro Solidario para contender por el Distrito 09 del estado de Guerrero, encontrándose en aptitud de iniciar su campaña electoral a partir del diez de abril del mismo año.
         No obstante, la Sala Regional del TEPJF correspondiente a la cuarta circunscripción electoral plurinominal, en fecha doce de mayo de dos mil veintiuno, dictó sentencia en el expediente SCM-JDC-1204/2021, en la que determinó revocar el Acuerdo INE/CG228/2021 y ordenar a este Instituto que revocara todos los actos emitidos con base en dicho acuerdo, por lo que mediante Acuerdo INE/CG462/2021 del veinte de mayo de dos mil veintiuno, se aprobó la candidatura del C. Alfredo Flores León en acatamiento a lo ordenado por el TEPJF, en el momento que dicha autoridad lo determinó.
         De lo anterior, es posible advertir que si bien el C. Alfredo Flores León pudo iniciar su campaña electoral el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, el partido ya había realizado actos de campaña a través de la candidatura registrada, por lo que aseverar que de haber iniciado su campaña dicho ciudadano en tiempo y forma habría conducido a que el partido no se ubicara en el supuesto de pérdida de registro, carece de sustento.
         Por otro lado, en el caso de la ciudadana Nancy Claudia Reséndiz Hernández, el Partido Encuentro Solidario estuvo en aptitud de manifestar su inconformidad ante la autoridad jurisdiccional, misma que mediante sentencia dictada en el expediente ST-JDC-181/2021 del veintitrés de abril de dos mil veintiuno determinó confirmar el acto de esta autoridad consistente en el no registro de la candidatura correspondiente al Distrito 41 del estado de México, al no existir constancia de la presentación de la solicitud de registro de dicha ciudadana ante este Instituto.
         Así, es errado argumentar por parte del Partido Encuentro Solidario que supuestamente se hayan restado días de campaña ya que en el caso del Distrito 09 del estado de Guerrero la persona registrada sí estuvo en aptitud de realizar campaña y, en el segundo caso, al no haberse acreditado
la presentación de la solicitud de registro respectiva ante esa autoridad electoral, era jurídicamente imposible que realizara promoción del voto, por lo que tampoco le asiste la razón al señalar que por tal razón no se alcanzó porcentualmente el umbral de un mínimo de tres por ciento de la votación emitida.
F.       En relación con los argumentos transcritos en el inciso g), no le asiste la razón al PPN denominado Partido Encuentro Solidario, en atención a lo siguiente:
         El Partido Encuentro Solidario sostiene que este Instituto no se apegó en ningún momento al principio de legalidad al introducir nuevos criterios cuando ya había dado inicio el PEF 2020-2021. Los tres acuerdos aprobados por el Consejo General, a los cuales se refiere el Partido Encuentro Solidario, INE/CG569/2020, INE/CG572/2020 e INE/CG635/2020, fueron impugnados ante la autoridad jurisdiccional, misma que mediante sentencias dictadas en los expedientes SUP-RAP-0116/2020 y ACUMULADOS, SUP-RAP-021/2020 y ACUMULADOS y SUP-JDC-10257/2020 y ACUMULADOS, determinó lo conducente. En el caso del primer acuerdo mencionado, se refiere a la paridad en la postulación de gubernaturas, por lo que no tiene incidencia alguna en lo que a la elección de Diputaciones Federales se refiere y que es la que cobra relevancia para el caso en estudio aunado a que fue revocado por dicha autoridad. En el caso de los otros dos acuerdos, sobre los criterios aplicables para el registro de candidaturas y los Lineamientos para la elección consecutiva, los mismos fueron confirmados en lo general por el TEPJF y modificados para los efectos que en las sentencias respectivas se precisa.
         Cabe señalar que en el caso particular del acuerdo INE/CG572/2020 el Partido Encuentro Solidario acudió ante la autoridad jurisdiccional para manifestar su inconformidad, sin que entre sus alegatos manifestara lo que hoy expone ante esta autoridad administrativa en relación con el periodo en el cual fue aprobado dicho acuerdo, esto es, ya iniciado el PEF, con lo que pretende ahora argumentar lo que no refutó en su momento.
         Ahora bien, para el caso particular que refiere dicho partido respecto a la facultad reglamentaria de este Instituto, la Sala Superior del TEPJF en la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-021/2020, por la que resolvió las impugnaciones presentadas por diversos partidos políticos, incluido el Partido Encuentro Solidario, en relación con el Acuerdo INE/CG572/2020 mediante el cual se aprobaron los criterios aplicables para el registro de candidaturas, señaló lo siguiente:
"5.4.1.2. El acuerdo impugnado no transgrede el principio de reserva de ley. En el apartado anterior se abordó el tema de si el CGINE está facultado para prever medidas o acciones afirmativas tendentes a materializar los principios vinculados estrechamente con el de igualdad y no discriminación, entre los cuales está el de paridad, así como aquellas tendentes a garantizar el acceso al ejercicio del poder público, a las personas pertenecientes a determinados grupos sociales colocados históricamente en situaciones desventajosas, aunque también se sostuvo que no desarrolló las herramientas necesarias para ello, específicamente en el rubro de personas con discapacidad.
También se dijo que el INE es un órgano constitucional que goza de autonomía en el ejercicio de sus atribuciones, varias de las cuales se encuentran previstas y/o reguladas en varias disposiciones de la LGIPE -entre otras leyes de la materia-, como es el caso del artículo 44 y 231, los cuales le facultan para:
-     Aprobar y expedir los Reglamentos necesarios para el debido ejercicio de sus facultades y atribuciones;
-     Aprobar y expedir los Reglamentos, Lineamientos y acuerdos para ejercer las facultades previstas en el Apartado B de la Base V del artículo 41 de la CPEUM, respecto de las facultades del INE en los PEF y los locales;
-     Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las atribuciones contenidas en el referido artículo 44 de la LGIPE y las demás señaladas en dicho cuerpo normativo o en otras leyes aplicables; y
-     Emitir los Reglamentos y acuerdos que sean necesarios para la debida regulación de los procesos internos de selección de candidaturas a cargos de elección popular y las precampañas, según lo dispuesto por la LGIPE.
 
Lo anteriormente pormenorizado devela que la facultad reglamentaria del INE se despliega con la emisión de Reglamentos, acuerdos y Lineamientos, todos de carácter general, la que debe ejercerse dentro de los parámetros establecidos por la CPEUM.
Al respecto, cobra aplicación el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia P./J. 79/2009, de rubro FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. SUS PRINCIPIOS Y LIMITACIONES[25], en el que se dice que la facultad reglamentaria ha de ejercerse al amparo de los principios derivados del de legalidad, específicamente los de reserva y primacía de la ley, motivo por el cual no debe incidir en el ámbito reservado al constituyente y el legislador, ni ir en contra de lo dispuesto en actos de esta naturaleza, pues debe ceñirse a la previsto en el contexto formal y materialmente legislativo que habilita y condiciona su emisión.
Es así que los subprincipios de reserva de ley y subordinación jerárquica derivan del de legalidad, siendo aquellos aplicables a la naturaleza de los Reglamentos en cuanto se trata de disposiciones derivadas de los propios ordenamientos que buscan desarrollar y/o dar sentido y alcance conforme a todo el marco jurídico aplicable de acuerdo con las condiciones que imperen en el contexto al que se pretenden aplicar, a fin de lograr su plena y efectiva aplicación.
En ese sentido, se tiene que el principio de reserva de ley evita que la facultad reglamentaria se ejerza sobre materias reservadas en forma exclusiva al legislador, ya que la propia CPEUM puede restringir la regulación de cierta materia a los órganos parlamentarios, excluyendo la posibilidad de que sean regulados por otro tipo de órganos mediante la emisión de normas secundarias, como son Reglamentos, acuerdos y Lineamientos.
Sin embargo, la propia CPEUM puede permitir la regulación concomitante de una materia, es decir, autorizar expresa o implícitamente que a través de otras fuentes del derecho se emitan prescripciones diversas a la ley, que regulen parte de la disciplina normativa de ciertas materias, las cuales suelen estar condicionadas a que la propia Constitución o las leyes determinen las bases sobre las cuales pueden desarrollarse.
Así, la facultad reglamentaria puede desarrollarse a partir de los principios y criterios a que debe circunscribirse, sin que esto excluya la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, pero sin que tales referencias hagan posible una regulación independiente y no subordinada al propio ordenamiento legal del que derivan, ya que esto supondría una degradación de la reserva establecida por la Constitución.
En ese sentido, puede sostenerse que la facultad reglamentaria no tiene un alcance tal que pueda modificar o alterar el contenido de una ley, pero sí pueden detallar los supuestos normativos para su aplicación, sin incluir otros que sean contrarios a la sistemática jurídica, ni crear limitantes distintas a las previstas expresamente en la ley, pues esta finalidad tiende a la modulación de las previsiones legales para, entre otros aspectos, dar alcance, sentido y aplicabilidad a las normas legales de acuerdo con la finalidad que se busca y con el contexto al que se pretende aplicar.
De ahí que pueda decirse que si la ley define el qué, para quién o para quiénes, en dónde y cuándo debe darse una situación jurídica general, hipotética y abstracta, a los Reglamentos, Lineamientos y acuerdos generales les corresponde, por regla general, definir el cómo de esos supuestos jurídicos, pues se parte del supuesto de que desarrollan la aplicabilidad y obligatoriedad de un principio ya definido por la ley -en sentido amplio-, sin que pueda ir más allá con la finalidad de contradecirla o extenderla a supuestos a los que resulte inaplicables, pues en todo caso, debe concretarse a indicar la forma y medios
para cumplirla.
Enseguida, se abordará por separado lo alegado por los recurrentes sobre el tema del supuesto exceso a la facultad reglamentaria del INE respecto del principio paritario y la acción afirmativa indígena.
5.4.1.2.1. El CGINE no excedió su facultad reglamentaria en lo relacionado con la materialización del principio de paridad de los géneros, ni esto supone una transgresión a la libertad de los PP. A lo largo de este apartado ya se ha abordado lo concerniente al estatus regulatorio del principio de paridad de género, en el entendido de que la paridad de los géneros no es un fin en sí mismo, sino solo un medio para alcanzar la igualdad.
(...)
En tal sentido, el cúmulo de disposiciones constitucionales y legales que plantean la perspectiva de género como nuevo paradigma transversal para la postulación de candidaturas y la conformación de órganos representativos del poder público, conlleva que el INE, como ente de estado encargado de la instrumentación de los derechos humanos y los principios que les dan cuerpo y sustento, así como del andamiaje jurídico y procedimental a partir del cual se conducen los procesos comiciales, está obligado a diseñar normas reglamentarias que garanticen la consolidación del mandato legal.
Es decir, el INE no solo es competente, sino que está obligado a concretizar las disposiciones legales abstractas y establecer Lineamientos concretos tendentes a lograr, en este caso, la conformación igualitaria de los órganos representativos, mediante la modulación de las normas jurídicas, para así garantizar que la implementación de tales medidas regulatorias de índole legislativo no se queden sólo en una previsión formal, sino que se traduzcan en realidades materiales, en verdaderos mecanismos que materialicen la igualdad y la no discriminación desde una perspectiva sustantiva y material, a la vez que funjan como herramientas compensatorias de la desigualdad que pretende erradicarse.
En atención a ello, si el CGINE estatuyó una medida temporal y transitoria para asegurar que, en el actual PEF, tres de las listas de candidaturas a las diputaciones federales por el principio de RP estén encabezadas por mujeres, para lo cual se basó en la tendencia de los PP, quienes históricamente han encabezado la mayoría de las listas con fórmulas compuestas por hombres, es claro que la determinación combatida no rebasó su facultad reglamentaria, pues no estatuye una capitulación que transgreda la legalidad, sino que modula una forma de postulación, para garantizar la conformación de la Cámara de Diputados de acuerdo con la finalidad de las normas vigentes, que orientan la composición paritaria de los órganos representativos.
(...)
En tal sentido, la forma en que el INE moduló la aplicación del precepto para definir el género que encabezaría tres de las cinco listas de candidaturas plurinominales que postularán los PP, de ninguna manera vulnera el principio de reserva de ley ni el de subordinación jerárquica, pues lo que en realidad hace es tomar la disposición contenida en la LGIPE, para, desde ahí, señalar cuál es el género al que le corresponde la cuota mayoritaria a partir de la experiencia histórica y la tendencia partidista a privilegiar el género masculino, lo que se traduce en una modulación que en nada desnaturaliza el principio de que se trata, ni establece cargas no previstas en la ley].
Esto es, resulta correcto el proceder de la autoridad responsable, en tanto que sólo se limitó a modular el contenido de la disposición legal, a partir de la tendencia histórica relativa a que, con anterioridad los PP encabezaban sus listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional, con fórmulas de hombres, lo que derivaba en que accedieran a un
mayor número de curules, en perjuicio del derecho de las mujeres a ocupar tales espacios, de ahí que, si ahora se prevé que sean tres listas de candidaturas encabezadas por mujeres, ello no contraviene lo dispuesto en el artículo 234, apartados 1 y 2 de la LGIPE, sino que por el contrario, se hace una interpretación con perspectiva de género, con la finalidad de revertir una desigualdad estructural e histórica para que un mayor número de mujeres accedan a las diputaciones.
(...)
También resultan infundados los planteamientos de los PP recurrentes, que van dirigidos a evidenciar una supuesta transgresión a los principios de autodeterminación y autoorganización, pues como ya se dijo, compete al INE regular el cómo se habrán de postular las candidaturas, y más en el caso, porque se trata de equilibrar un aspecto que, a lo largo de los tiempos se ha dejado relegado en materia de representación y aplicación del derecho de igualdad en cuanto a la postulación de mujeres se refiere para los cargos de participación y representación política.
Además, la decisión que acota la libre elección de qué género encabezaría las tres listas de candidaturas, no constituye una intromisión grave en la vida interna de los PP, pues esto no cambia en nada respecto del número de candidaturas que tendrían que postular, ni tampoco el equilibrio paritario que debe existir en cada listado, pues esto permanece intocado y vigente conforme con lo que mandatan la CPEUM y la LGIPE. La decisión del INE simplemente coloca a tres fórmulas de mujeres al inicio de sendas listas de candidaturas, lo que se hizo con un fin legítimo y, como medida afirmativa, constituye una medida razonable en sí misma.
Y es que debe tenerse en cuenta que no solo las autoridades están obligadas al respeto de los principios de paridad e igualdad en todos los aspectos que involucran su acatamiento, sino que también ahora, los PP están vinculados al acatamiento irrestricto de ellos, principalmente al de paridad, pues a partir de las reformas constitucional y legales en materia de paridad y violencia política por razón de los géneros, se avanzó hacia un escenario que garantiza que el respeto a dichos parámetros de actuación se materialice efectivamente.
En ese ámbito, existe una obligación constitucionalmente prevista para que los PP postulen sus candidaturas conforme con el principio en cuestión, pero también para encabezar sus listas de forma alternada entre mujeres y hombres en cada periodo electivo, previsión que la LGIPE contiene en el artículo 234, párrafo 2, en cuanto dispone que de las cinco listas, al menos dos deberán estar encabezadas por fórmulas de un mismo género, alternándose en cada periodo, disposiciones que, como alegan los recurrentes, cobran vigencia a partir del proceso en curso.
Sin embargo, ello no conlleva que la disposición se deba aplicar de manera que se privilegie, en este caso, al género que históricamente ha sido el más representado, pues hacerlo de esa manera no solo dejaría de lado la finalidad de la reforma constitucional y legal a que se ha hecho referencia, sino que también transgrediría la finalidad de la medida afirmativa tendente al aseguramiento del parámetro de regularidad constitucional en relación con el acceso en condiciones de igualdad para todos los sectores poblacionales, lo que lleva a la necesidad de tomar todas las medidas necesarias para materializar tal finalidad, de ahí la razonabilidad de la medida cuestionada.
Por las razones expuestas, es que no asiste la razón a los recurrentes en la supuesta transgresión indebida a su vida interna.
5.4.1.2.2. El CGINE no excedió su facultad reglamentaria en lo relacionado con la acción afirmativa indígena. Tampoco en este tópico el CGINE
transgredió los parámetros que rigen su facultad reglamentaria, pues a juicio de esta Sala Superior, no puede actualizarse una condición exorbitante en su ejercicio al momento de emitir el acuerdo controvertido, habida cuenta que la instauración de medidas afirmativas de carácter indígenas no está reservada por la CPEUM para ser regulada mediante un proceso legislativo, ni tampoco existe alguna regulación a la que deba ceñirse.
(...)"
         Este Instituto se ha conducido apegado a todos y cada uno de los principios rectores de su actividad, además de que para la conducción de sus actividades tanto jurídica como doctrinariamente se encuentra facultado para emitir los Lineamientos y criterios que considere resulten para el ejercicio de sus funciones.
         En conclusión, los argumentos presentados por el Partido Encuentro Solidario relativos a este inciso ya fueron vertidos y analizados previamente por la autoridad jurisdiccional o no se hicieron valer ante la misma en el momento oportuno, aunado a que el PPN en cuestión señala que la aprobación de los Acuerdos de este Consejo General, según su apreciación, incidieron directamente en la disminución del voto a favor de dicho partido, sin mencionar expresamente cómo, cuándo ni en qué medida dichos Acuerdos tuvieron los efectos descritos.
G.      Finalmente, en relación con los argumentos transcritos en el inciso h) del presente considerando, tampoco le asiste la razón al PPN denominado Partido Encuentro Solidario, por lo siguiente:
         El argumento sobre la falta de certeza del resultado definitivo de la elección de Diputaciones Federales, no es viable, ya que conforme a lo establecido en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el partido estuvo en aptitud de promover ante la autoridad jurisdiccional, dentro de los plazos y causales establecidas los medios necesarios para desestimar lo que conforme a derecho consideró adecuado a sus intereses, lo cual se ve reflejado en las diversas sentencias dictadas por dicha autoridad en todos y cada uno de los medios de impugnación presentados por el Partido Encuentro Solidario.
         Ahora bien, es preciso mencionar que toda la información relativa a los resultados electorales ha sido transparente a través de procesos claros y acuerdos públicos, siendo el caso que a ningún partido se ha negado información y mucho menos la verificación procesal de los resultados, toda vez que este Instituto dotó a todos y cada uno de los PPN vigentes de condiciones legales y equitativas. Por lo anterior, la aseveración que realiza el partido en mención, con la cual aduce un supuesto ocultamiento de información es falsa.
         Aunado a lo anterior, el Partido Encuentro Solidario aduce que se oculta información sobre el total de paquetes electorales que se aperturaron y que no hay certeza sobre las diferencias existentes entre el Programa de Resultados Electorales Preliminares, los resultados obtenidos por los cómputos llevados a cabo por la autoridad electoral administrativa y los derivados de los recuentos, nulidades y aperturas ordenadas por parte del TEPJF. Sin embargo, como se ha mencionado, la declaratoria que emitió la JGE constituye únicamente una consecuencia lógica de los resultados proporcionados por los cómputos, declaraciones de validez y los fallos dictados por la autoridad jurisdiccional.
         En el caso de los cómputos distritales, de entidad federativa, todos ellos fueron hechos del conocimiento del partido político en los momentos procedimentales oportunos a través de su representación ante los diversos Consejos del Instituto y el último cómputo fue publicado en la página electrónica https://computos2021.ine.mx/votos-distrito/mapa
         Asimismo, las sentencias dictadas por las salas de la referida autoridad jurisdiccional, en las cuales se han modificado tales cómputos, fueron publicadas en la página electrónica de la misma para el conocimiento público y se notificaron a dicho partido por la autoridad competente.
         Como es evidente, el partido pretende nuevamente controvertir los resultados que ya han sido objeto de estudio por parte de las instancias administrativas y jurisdiccionales correspondientes, así como manifestarse en torno de los resultados de las elecciones que han sido declaradas válidas y se encuentran firmes, realizando alegatos similares a los que formuló en su momento ante la autoridad jurisdiccional.
         Así, se han agotado todas las etapas del PEF 2020-2021 correspondiente a las elecciones para
diputaciones federales, en las cuales el partido ejerció su derecho a impugnar los resultados con los cuales no estaba de acuerdo, por lo que, conforme al principio de definitividad de las etapas electorales, esta autoridad se encuentra impedida para realizar un nuevo estudio respecto de la forma en que se llevaron a cabo los cómputos y en todo caso también se encuentra impedida para modificarlos.
         Ahora bien, de conformidad con el artículo 219, párrafo 1 de la LGIPE define al Programa de Resultados Electorales Preliminares como el mecanismo de información electoral encargado de proveer los resultados preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente informativo a través de la captura, digitalización y publicación de los datos asentados en las Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos autorizados por el Instituto o por los Organismos Públicos Locales. Por lo tanto, lo presentado ahí es meramente informativo, no definitivo y carece de efectos jurídicos y vinculantes.
Del debido proceso y garantía de audiencia sobre la pérdida de registro del PPN denominado Partido Encuentro Solidario
13.     El artículo 14 de la Constitución establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes aplicables. Dichas formalidades esenciales se refieren al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas o, en este caso, un partido político como entidad de interés público, estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos.
14.     En tal sentido, dentro del procedimiento para resolver sobre la conservación o la pérdida de registro del partido político de referencia, se le otorgó la garantía de audiencia y se combatieron todos y cada uno de los argumentos que hizo valer.
15.     Al respecto, en primer término debe precisarse que, la garantía de audiencia que se dio al PPN denominado Partido Encuentro Solidario, fue para que alegara lo que a su derecho conviniera respecto de la declaración que hizo la JGE a través del Acuerdo INE/JGE175/2021, relativo a la pérdida de su registro como PPN, al no haber alcanzado el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el seis de junio de dos mil veintiuno; es decir, el objeto de la garantía de audiencia otorgada no fue para argumentar y ofrecer medios de prueba tendentes a demostrar irregularidades respecto de los resultados de las elecciones de Diputaciones federales, que han quedado firmes y, por ende, son inatacables e incontrovertibles; sino para que se manifestara respecto de la verificación que esta autoridad hacía del porcentaje que obtuvo en las citadas elecciones respecto de la votación válida emitida que es decisiva.
         De conformidad con lo sostenido por el TEPJF en la tesis LVIII/20011, que señala(18):
"(...) la declaración de pérdida del registro es simplemente una consecuencia lógica y connatural de la causa que lo origina. Consecuentemente, la garantía de audiencia del partido político se cumple desde el momento en que el afectado registra representantes en los consejos general, locales y distritales del propio Instituto, en los que tiene oportunidad de participar en las distintas fases del Proceso Electoral, especialmente en el de los cómputos derivados de la Jornada Electoral; y está en aptitud de combatir dichos cómputos a través de los medios ordinarios de defensa previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o bien, participar como tercero interesado en esos procedimientos jurisdiccionales para hacer patente un derecho incompatible con el que, en su caso, pretenda la parte actora." [sic]
         Aunado a lo anterior, la declaratoria emitida por la JGE se hizo del conocimiento del Partido Encuentro Solidario para dar oportunidad a que manifestara lo que a su derecho conviniere, siendo el caso que el partido presentó sus alegatos sin ofrecer pruebas ante esta autoridad.
         Así también, cabe precisar que conforme a lo dispuesto por los artículos 10 y 15 del Reglamento de Sesiones del Consejo General de este Instituto, los representantes de los partidos políticos cuentan con la facultad de concurrir y participar en las sesiones del Consejo, y que la convocatoria a la sesión respectiva deberá acompañarse de los documentos y anexos necesarios para el análisis de
los puntos a tratarse. En consecuencia, el Partido Encuentro Solidario conoció con oportunidad la declaratoria de la JGE, así como el presente proyecto de Dictamen que se sometería a consideración de este Consejo, por lo que queda intocada su garantía de audiencia.
         En efecto, se considera que, con las actuaciones realizadas por la JGE para la presentación del actual Dictamen, se colmaron los supuestos previstos en la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente(19):
"DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.
Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.
PRIMERA SALA
Amparo en revisión 352/2012. 10 de octubre de 2012. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez.
Amparo directo en revisión 3758/2012. Maple Commercial Finance Corp. 29 de mayo de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi.
Amparo en revisión 121/2013. 12 de junio de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso.
Amparo en revisión 150/2013. 10 de julio de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez.
Amparo directo en revisión 1009/2013. 16 de octubre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho a formular voto concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez.
Tesis de jurisprudencia 11/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha siete de febrero de dos mil catorce." [sic]
         En el caso se satisfacen los requisitos previstos en la jurisprudencia, por lo siguiente:
         Notificación del inicio del procedimiento. Dicho elemento se colma con la vista que la propia JGE de este Instituto otorgó al partido político, en la cual se expresaron las razones y fundamentos legales de la declaratoria relativa a la pérdida de registro del Partido Encuentro Solidario, tal como se demuestra a continuación.
"PRIMERO. Se declara que el Partido Político Nacional denominado Partido Encuentro Solidario se ubica en el supuesto establecido en el artículo 94, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en las elecciones federales ordinarias para diputaciones federales celebradas el seis de junio de dos mil veintiuno." [sic]
         Oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa y de alegar. También se colman dichos requisitos puesto que, con la declaratoria relativa al registro del Partido Encuentro Solidario, la JGE ordenó dar vista al partido político a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera.
"SEGUNDO. En términos del Considerando 14 del presente Acuerdo, dese vista al Partido Político Nacional denominado Partido Encuentro Solidario con la presente declaratoria, a fin de garantizar su derecho de audiencia y que esté en condiciones de alegar lo que a su derecho convenga en un término de setenta y dos horas contado a partir de su legal notificación. Una vez transcurrido dicho término, elabórese el Proyecto de Dictamen respecto de la pérdida de registro del Partido Político Nacional denominado Partido Encuentro Solidario, para que, previa aprobación de este órgano colegiado, se someta a consideración del Consejo General del INE." [sic]
         En ese sentido, el dos de septiembre del presente año, el partido político desahogó la vista antes citada y formuló alegatos respecto a la declaratoria referida. En dicho escrito, además de las argumentaciones que plasma en ejercicio de su derecho, se advierte que no ofreció pruebas.
         Por lo anterior, se estima satisfecho el requisito antes señalado relacionado con la garantía de audiencia, puesto que el partido político ofreció alegatos con el desahogo de la vista.
Valoración de las pruebas ofrecidas por el PPN denominado Partido Encuentro Solidario
16.     En relación con los párrafos que anteceden, y dado que en el escrito presentado el dos de septiembre de dos mil veintiuno ante esta autoridad por parte de Ernesto Guerra Mota, Representante Propietario del PPN denominado Partido Encuentro Solidario", no se ofrecieron
pruebas sino sólo argumentos, los cuales tenían por objeto desvirtuar que el PPN en cita se ubica en el supuesto de pérdida de registro a que se refiere el artículo 41, Base I, último párrafo, de la CPEUM en relación con el diverso 94, párrafo 1, inciso b) de la LGPP; y que ya fueron analizados y combatidos en los párrafos que anteceden, no se realiza valoración alguna.
Conclusiones
17.     Como se ha mencionado, la JGE, emitió el Acuerdo mencionado en el Antecedente XXII, mismo que se agrega al presente Dictamen como parte de él, en el que se declaró que el PPN denominado Partido Encuentro Solidario se ubica en el supuesto establecido en el artículo 94, párrafo 1, inciso b), de la LGPP, al no haber obtenido en la elección ordinaria inmediata anterior el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección para diputaciones federales por ambos principios del seis de junio de dos mil veintiuno.
18.     Dicha declaratoria se fundó en los resultados de los cómputos y declaraciones de validez respectivas de los Consejos del Instituto, así como en las resoluciones del TEPJF. Esto es, las cifras relativas a los votos de la elección consideraron, entre otros, la deducción de los sufragios derivadas de los cómputos distritales y de las sentencias de las salas del mismo TEPJF.
19.     En ese sentido, una vez notificada la declaratoria en comento y valorados los argumentos hechos valer por el partido político afectado, este Consejo General arriba a la conclusión de que debe confirmarse la misma y, en consecuencia, aprobarse el presente Dictamen.
20.     Asimismo, por lo expuesto en los considerandos anteriores los argumentos vertidos por el PPN denominado Partido Encuentro Solidario no son suficientes para contrarrestar lo dispuesto por dicha JGE o para otorgarle la razón. En consecuencia, se concluye que el PPN denominado Partido Encuentro Solidario, en efecto, se ubica en el supuesto establecido en el artículo 41, párrafo tercero, Base I, párrafo cuarto de la CPEUM, en relación con el artículo 94, párrafo 1, inciso b) de la LGPP, por lo que es procedente la declaratoria de pérdida de registro de dicho instituto político nacional.
21.     Conforme a lo señalado por el artículo 96, párrafo 1 de la LGPP, al partido político que pierda su registro le será cancelado el mismo y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece dicha Ley. Sin embargo, de conformidad con lo establecido por el artículo 389 del Reglamento de Fiscalización, las prerrogativas públicas correspondientes al ejercicio fiscal en que ocurra la liquidación del partido, contadas a partir del mes inmediato posterior al que quede firme la resolución de pérdida o cancelación de registro, deberán ser entregadas por el Instituto al Interventor, a fin de que cuente con recursos suficientes para una liquidación ordenada, por lo que las prerrogativas públicas correspondientes al resto del ejercicio fiscal 2021, deberán ser entregadas por este Instituto a la persona Interventora respectiva.
22.     Según lo establecido en el artículo 96, párrafo 2 de la LGPP, "la cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido político, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establece esta Ley, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio".
23.     Si bien es cierto que el artículo 96, párrafo 2 de la LGPP señala que se extingue la personalidad jurídica del Partido Político Nacional que pierda su registro, también lo es que, para efectos de fiscalización, se prorroga la personalidad de las y los dirigentes hasta la conclusión del proceso de liquidación del patrimonio. No obstante, a efecto de dotar de certeza sobre las instancias facultadas para el ejercicio del derecho establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la LGPP, este Consejo General considera necesario aplicar por analogía lo establecido en el párrafo 2 del artículo 96 de dicha Ley. Esto es, a fin de prorrogar las atribuciones y la integración de los órganos directivos del extinto partido político únicamente para tales fines.
24.     En ese sentido, el artículo 55, párrafo 1, inciso i) de la LGIPE, dispone que la DEPPP tiene entre sus atribuciones llevar el libro de registro de las y los integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos, a nivel nacional y estatal, por lo que, para efectos de lo mencionado en el párrafo anterior, serán las personas integrantes de los órganos estatutarios inscritos en el libro de registro que lleva la referida Dirección Ejecutiva a quienes se les prorroguen sus atribuciones de conformidad con las facultades establecidas en los Estatutos y Reglamentos registrados y vigentes al treinta de septiembre de dos mil veintiuno.
25.     En relación con lo anterior, en el numeral 5, de los Lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otrora Partidos Políticos Nacionales para optar por el registro como Partido Político Local establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la LGPP, aprobados por acuerdo INE/CG939/2015, se establece que la solicitud de registro debe presentarse por escrito ante el OPL que corresponda, dentro de los diez días hábiles contados a partir de la aprobación de dichos Lineamientos; no
obstante, dado que los mismos fueron aprobados en el año dos mil quince, para el caso que nos ocupa debe considerarse dicho plazo a partir de que el presente Dictamen haya quedado firme o, en su caso, a partir de que haya concluido el proceso local extraordinario de la entidad de que se trate.
         Asimismo, en el numeral 8, inciso d), de los referidos Lineamientos, se menciona que a la solicitud de registro debe acompañarse el padrón de afiliados del partido político; sin embargo, dicho artículo señala que con la condición de que el partido hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y Distritos, se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, párrafo 2 inciso c) de dicha Ley, motivo por el cual este Consejo General considera innecesario presentar dicho padrón al momento de la solicitud de registro ante el OPL correspondiente.
         Aunado a lo anterior, derivado del proceso de actualización permanente y de verificación de los padrones de personas afiliadas a los partidos políticos, este Instituto cuenta con la información relativa al padrón de personas afiliadas al Partido Encuentro Solidario en cada entidad federativa, razón por la que, en caso de que el partido político obtenga su registro a nivel local, tampoco será necesario que el OPL remita a este Instituto el padrón mencionado conforme al numeral 20 de dichos Lineamientos, ya que a través del Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos este Instituto realizará la migración de la información de los militantes del PPN como Partido Político Local.
26.     De igual forma, cabe mencionar que, conforme a lo establecido en el artículo 97 de la LGPP, en relación con lo dispuesto en el último párrafo de la Base II del artículo 41 de la Constitución, "[...] el Instituto dispondrá lo necesario para que sean adjudicados a la Federación los recursos y bienes remanentes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan su registro legal [...]", para lo que, de conformidad con lo establecido por el artículo 192, párrafo 1, inciso ñ), en relación con el artículo 199, párrafo 1, inciso i), la Comisión de Fiscalización con el apoyo de la Unidad Técnica de Fiscalización, llevará a cabo la liquidación de los partido políticos que pierdan su registro y debe encargarse de la designación de una persona que funja como Interventora, como se señala en el antecedente XIV del presente Dictamen. Dicha persona será responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del partido, tendrá las más amplias facultades para actos de administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del partido político y todos los gastos que realice el partido deberán ser autorizados expresamente por la o el Interventor.
27.     Finalmente, de conformidad con el artículo 36, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, las pautas aprobadas por el Comité de Radio y Televisión del Instituto podrán ser objeto de modificación cuando se declare la pérdida de registro de algún partido político como es el caso de los PPN Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México.
En virtud de los antecedentes y consideraciones, el Consejo General:
RESUELVE
PRIMERO.- Se aprueba el Dictamen emitido por la Junta General Ejecutiva de este Instituto relativo a la pérdida de registro del Partido Político Nacional denominado Partido Encuentro Solidario, al no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el seis de junio de dos mil veintiuno.
SEGUNDO.- Se declara la pérdida de registro como Partido Político Nacional, del Partido Encuentro Solidario, en virtud de que al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el seis de junio de dos mil veintiuno, se ubicó en la causal prevista en el artículo 41, párrafo tercero, Base I, párrafo cuarto de la CPEUM y 94, párrafo 1, inciso b) de la LGPP.
TERCERO.- A partir del día siguiente a la aprobación del presente Dictamen, el Partido Encuentro Solidario pierde todos los derechos y prerrogativas que establecen la CPEUM y la LGPP, y demás normatividad aplicable, con excepción de las prerrogativas públicas correspondientes al resto del ejercicio fiscal 2021, que deberán ser entregadas por este Instituto a la persona Interventora respectiva, de conformidad con lo establecido por el artículo 389 del Reglamento de Fiscalización.
CUARTO.- Para efectos del ejercicio del derecho que le otorga el artículo 95, párrafo 5, de la LGPP, se prorrogan las atribuciones y la integración de los órganos estatutarios estatales del Partido Encuentro Solidario, inscritos en el libro de registro que lleva la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, con las facultades establecidas en los Estatutos y Reglamentos registrados ante esta autoridad.
Asimismo, para efectos de lo establecido en el numeral 5 de los Lineamientos para el ejercicio del derecho
que tienen los otrora Partidos Políticos Nacionales para optar por el registro como partido político local establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la LGPP, deberá entenderse que el plazo para la presentación de la solicitud ante el Organismo Público Local, corre a partir de que el presente Dictamen haya quedado firme o, en su caso, a partir de que haya concluido el proceso local extraordinario de la entidad de que se trate.
Aunado a lo anterior, para la presentación de la solicitud de registro ante el Organismo Público Local, no será necesario que Encuentro Solidario presente el padrón de personas afiliadas en la entidad.
QUINTO.- El Partido Encuentro Solidario deberá cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establecen la LGPP, el Reglamento de Fiscalización y demás normatividad aplicable, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.
SEXTO.- Notifíquese al Partido Encuentro Solidario e inscríbase el presente Dictamen en el libro correspondiente.
SÉPTIMO.- Hágase del conocimiento de todas y cada una de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales del Instituto el presente Dictamen, para los efectos a que haya lugar.
OCTAVO.- Dese vista a la Comisión de Fiscalización para efectos de lo establecido en el artículo 97 de la LGPP, en relación con los diversos 192, párrafo 1, inciso ñ), y 199, párrafo 1, inciso i) de la LGIPE.
NOVENO.- Se instruye al Comité de Radio y Televisión para que emita el Acuerdo por el que se modifica la pauta para el segundo semestre del periodo ordinario 2021 con el objeto de reasignar los tiempos del Estado entre los Partidos Políticos Nacionales con derecho a ello a partir de la siguiente orden de transmisión. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para que notifique a los concesionarios de radio y televisión sobre la pérdida de registro señalada, a fin de que se tomen las medidas necesarias para la sustitución de los promocionales pautados por el otrora partido político por promocionales institucionales en tanto surte efectos la modificación de la pauta señalada.
DÉCIMO.- Comuníquese el presente Dictamen a los Organismos Públicos Locales, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con dichos órganos, para los efectos legales conducentes.
DÉCIMO PRIMERO.- Publíquese el presente Dictamen en el Diario Oficial de la Federación, así como en la página de Internet de este Instituto.
El presente Dictamen fue aprobado en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 30 de septiembre de 2021, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
El Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo General, Lic. Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________
 
1     VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA. ELEMENTOS QUE LA CONSTITUYEN PARA QUE UN PARTIDO POLÍTICO CONSERVE SU REGISTRO. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quinta Época. Recurso de apelación SUP-RAP-430/2015. Recurrente Partido del Trabajo. Autoridad responsable Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 19 de agosto de 2015.
2     Las negritas son propias.
3     Ídem.
4     Organización Encuentro Solidario (OES) y Libertad y Responsabilidad Democrática (LRD).
 
5     Consejo de Salubridad Nacional.
6     INE/CG82/2020.
7     Las negritas son propias.
8     Ídem.
9     Ídem.
10    Ídem.
11    CEPROPIE.
12    Vocería
13    Las temáticas analizadas fueron: 1) vacunación contra la COVID-19 para el personal médico y odontólogos; 2) El poder político que pueden llegar a tener los medios de comunicación y su impacto o influencia en los procesos electorales; 3) Ahorros de los extrabajadores del Programa Bracero y Pensiones para Personas Adultas Mayores y 4) Robo de combustible y número de tomas ilegales en el país.
14    Las negritas son propias.
15    Criterio visible en el expediente SUP-RAP-122/2014.
Además, resulta aplicable la jurisprudencia 19/2015 de la Sala Superior, de rubro: CULPA IN VIGILANDO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON RESPONSABLES POR LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO ACTÚAN EN SU CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS.
16    https://www.gob.mx/sesnsp/es/#2697 consultado el 22 de septiembre de 2021.
17    Las negritas son propias.
18    Ídem.
19    Ídem.

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