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DOF: 15/12/2021
PROGRAMA Nacional de Desarrollo Social 2021-2024

PROGRAMA Nacional de Desarrollo Social 2021-2024.

Programa Nacional de Desarrollo Social 2021-2024
Secretaría de Bienestar
PROGRAMA ESPECIAL DERIVADO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
1.- Índice
1.- Índice
2.- Fundamento normativo de elaboración del programa
3.- Siglas y acrónimos
4.- Origen de los recursos para la instrumentación del Programa
5.- Análisis del estado actual
I.     Hacia una política de bienestar para todos
II.     Entorno actual en materia de desarrollo social
a.     Situación de los grupos poblacionales históricamente excluidos
b.    Análisis en materia de desarrollo social por objetivo prioritario
6.- Objetivos prioritarios
7.- Estrategias prioritarias y Acciones puntuales
8.- Metas para el bienestar y Parámetros
9.- Epílogo: Visión hacia el futuro
10.- Lista de dependencias y entidades participantes
11.- Anexos
2.- Fundamento normativo de elaboración del programa
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) establece en sus artículos 25 y 26, respectivamente que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable y que éste organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación, para lo cual habrá un Plan Nacional de Desarrollo (PND) al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal (APF).
En cumplimiento a lo anterior, la Ley de Planeación dispone en su artículo 21 que el PND precisará los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país, que contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional.
Asimismo, los artículos 22 y 26 de este ordenamiento legal establece que el PND indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deberán ser elaborados, y que los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del país, fijados en el Plan o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector.
Conforme a los artículos 16, fracción VIII y 27 de la referida Ley de Planeación, corresponde a las dependencias de la APF coordinar la elaboración y ejecución de los programas especiales y regionales conforme a su ámbito de atribuciones y elaborar sus anteproyectos de presupuestos, considerando los aspectos administrativos y de política económica, social y ambiental correspondientes.
Ahora bien, la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) establece en sus artículos 39 y 43, fracción II, que corresponde al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Bienestar, formular el Programa Nacional de Desarrollo Social (PNDS) en coordinación con las dependencias y entidades de la APF relacionadas con la materia, de conformidad con lo establecido en la Ley de Planeación; para lo cual deberá promover que la planeación sea congruente, objetiva y participativa.
 
Por su parte, el Reglamento de la LGDS establece en su artículo 10 que, para la formulación del PNDS, la Secretaría implementará procesos de consulta pública y recabará las propuestas de las dependencias y entidades de la APF, las Entidades Federativas y de los municipios, así como de los sectores social y privado.
De la normatividad mencionada, el PNDS está sustentado en el PND 2019-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 12 de julio de 2019; el cual establece como objetivo superior el bienestar general de la población. Para lograr ese objetivo el PND se articula en tres ejes nacionales que son: Política y Gobierno; Política Social y Economía.
Asimismo, en la elaboración del presente programa se tomó en consideración los instrumentos internacionales en los que México es parte, dentro de los que destacan: la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las Personas Mayores; los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo relativos a los derechos fundamentales de la persona en el trabajo; el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático de diciembre de 2015, promulgado en el DOF el 4 de noviembre de 2016, entre otras normatividades importantes en la materia.
Tomando en cuenta la normatividad nacional e internacional vigente, el PNDS 2021-2024 contiene objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores que establecen las prioridades de la Política Nacional de Bienestar, cuya rectoría y coordinación recaerá en las Secretarías de Bienestar; de Salud; de Educación Pública; de Economía; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Agricultura y Desarrollo Rural; de Economía; del Trabajo y Previsión Social; de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; de Gobernación; de Energía, de Hacienda y Crédito Público, así como de todos sus organismos sectorizados. El PNDS 2021-2024, establece las bases para trabajar en conjunto con los tres órdenes de gobierno y la sociedad con el fin de lograr el bienestar general de la población.
3.- Siglas y acrónimos
APF: Administración Pública Federal.
Banco del Bienestar: Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.
CFE: Comisión Federal de Electricidad.
CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
CONADIC: Comisión Nacional contra las Adicciones.
CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
CONAFOR: Comisión Nacional Forestal.
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua.
CONAPO: Consejo Nacional de Población.
CONAPRED: Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación.
CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda.
CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CONUEE: Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía.
CRE: Comisión Reguladora de Energía.
DGPPyEE: Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa.
DOF: Diario Oficial de la Federación.
ENADID: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica.
ENAPROCE: Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
ENDIREH: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares.
 
ENIGH: Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares.
ENOE: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
FONACOT: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.
IMTA: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
INAES: Instituto Nacional de la Economía Social.
INAFED: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
INEEL: Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
INSABI: Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.
INSP: Instituto Nacional de Salud Pública.
ISSFAM: Instituto de la Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
LGBTTTI: Lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual.
LGDNNA: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
LGDS: Ley General de Desarrollo Social.
MIAF: Milpa Intercalada entre Árboles Frutales.
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (en español).
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio.
OMS: Organización Mundial de la Salud.
ONU: Organización de las Naciones Unidas.
PEA: Población Económicamente Activa.
PEMEX: Petróleos Mexicanos.
PIDR: Planes Integrales de Desarrollo Regional.
PJCF: Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
PLANEA: Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes.
PND: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
PNDS: Programa Nacional de Desarrollo Social 2021-2024.
PNEA: Población No Económicamente Activa.
PROFECO: Procuraduría Federal del Consumidor.
PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
SEDIF: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEGALMEX: Seguridad Alimentaria Mexicana.
Seguro Popular: Sistema de Protección Social en Salud.
SEP: Secretaría de Educación Pública.
SFP: Secretaría de la Función Pública.
SIPINNA: Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
SMDIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
SNS: Sistema Nacional de Salud.
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
 
4.- Origen de los recursos para la instrumentación del Programa
La totalidad de las acciones que se consideran en este Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus Objetivos prioritarios, Estrategias prioritarias y Acciones puntuales, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación u operación de dichas acciones y el seguimiento y reporte de las mismas, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto participantes en el Programa, mientras éste tenga vigencia.
5.- Análisis del estado actual
I.     Hacia una política de bienestar para todos
Construyendo los cimientos del Estado de Bienestar para Todos
El PNDS 2021-2024 presenta los primeros pasos hacia la creación del Estado de Bienestar en México en cumplimiento al mandato del Titular del Poder Ejecutivo de la Nación de garantizar a todas y todos los mexicanos, bienestar desde el nacimiento hasta la muerte, para que nadie viva con miedos, con temores y que nadie sufra por pobreza.
El PNDS 2021-2024 concentra los Programas Prioritarios de desarrollo sostenible enunciados por el PND que permitirán el cuidado, la atención y el desarrollo de capacidades de poblaciones que históricamente han sido marginadas.
En esta oportunidad histórica de transformar México para disminuir las desigualdades sociales y económicas, las dependencias de la APF que suscriben el presente PNDS 2021-2024 establecen los objetivos y metas que perseguirán en conjunto para proveer de bienestar a la población.
Un ingreso mínimo para quienes más lo necesitan en el momento de mayor vulnerabilidad de su ciclo de vida, derecho a la salud para todas y todos los mexicanos, educación para todas y todos los niños, jóvenes y adolescentes; oportunidades de trabajo para las y los jóvenes del país.
Desde la APF, en coordinación con los otros órdenes de gobierno, estableceremos un conjunto de políticas que garanticen los derechos sociales para la población a lo largo de su ciclo de vida, en especial el derecho a tener una pensión no contributiva a partir de los 68 años y desde los 0 a 30 años para las personas con discapacidad permanente. Bajo el principio de que, por el bien de todos, primero los pobres, las personas adultas mayores contarán con un ingreso mínimo a partir de los 65 años o durante toda su vida en caso de que tengan una discapacidad permanente y se es parte de un pueblo indígena.
Porque la salud debe dejar de ser una mercancía para finalmente convertirse en un derecho, este PNDS 2021-2024 tiene como objetivo garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito a los servicios de salud para la población sin acceso a seguridad social a partir de la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), el acceso a servicios de salud y medicamentos gratuitos, y el fortalecimiento de la atención universal para la cobertura y acceso a la población no derechohabiente.
Como tercer pilar para el bienestar de todas y todos los mexicanos del PNDS 2021-2024, el Gobierno de México garantizará el derecho a una educación de excelencia, equitativa e incluyente para toda la población en los diferentes tipos de niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. Es por ello que se establece como cuarto objetivo impulsar la inclusión de jóvenes a través de la capacitación que desarrolle hábitos de trabajo y mejore su empleabilidad. Este Programa buscará también impulsar e incrementar la capacidad productiva de los hogares y comunidades para generar ingresos, el desarrollo del sector minero para promover un crecimiento económico equilibrado, a la par de que impulsaremos la economía social para fortalecer los modelos alternativos de desarrollo.
El Gobierno de México necesita reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre territorios y grupos poblacionales, priorizando en la atención de los programas sociales a las comunidades indígenas y afromexicanas, zonas de marginación y con altos índices de violencia.
Esta nueva visión de gobierno pone como prioridad la atención de las demandas sociales; en particular las destinadas a los grupos y comunidades excluidos por los regímenes anteriores como son: los indígenas, afromexicanos, la población adulta mayor, jóvenes, mujeres, niñas, niños, personas con discapacidad, entre otras.
Estos grupos históricamente marginados, excluidos y en condición de pobreza se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional, localizándose principalmente en las zonas de alta marginación, con elevados niveles de violencia, o con población de mayoría indígena y afromexicana.
 
Considerando las demandas sociales y las exigencias de justicia por el cual votaron millones de mexicanos en las elecciones de 2018, el Gobierno de México impulsará una nueva vía hacia el desarrollo para el bienestar, en la cual el Estado garantizará el cumplimiento efectivo de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en tratados internacionales de los que México es parte.
De esta manera, el gobierno consolidará una vía donde la participación de la sociedad resulta indispensable y que puede definirse con este propósito: construiremos la modernidad desde abajo, entre todos y sin excluir a nadie (PND 2019-2024).
Asimismo, el Gobierno de México considerará en toda circunstancia los impactos que tendrán sus políticas y programas en el tejido social, en la ecología y en los horizontes políticos y económicos del país. Además, se guiará por una idea de desarrollo que subsane las injusticias sociales e impulse el crecimiento económico sin provocar afectaciones a la convivencia pacífica, a los lazos de solidaridad, a la diversidad cultural y al entorno.
Principios de la nueva política de bienestar
La nueva política de bienestar que impulsa el Gobierno de México pasará del ámbito tradicionalista de ofrecer oportunidades con un enfoque garantista de derechos (PND 2019-2024). Al reconocer la titularidad de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, políticos y civiles, la política del bienestar busca cambiar la lógica de los procesos de elaboración y ejecución de planes y programas, para corregir el enfoque asistencialista por otro que reconozca a los mexicanos como sujetos de derecho.
Este enfoque está basado en un sistema de derechos reconocidos en nuestra Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte en materia de derechos humanos que conllevan a obligaciones y mecanismos para hacerlos exigibles y darles cumplimiento, cuyo propósito es combatir las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo. Se trata de pasar de una política social de atención de necesidades, a una política de bienestar con esquemas y mecanismos de exigibilidad hacia el Estado mexicano.
El enfoque garantista de derechos humanos está basado en los principios emanados de la Constitución. Al respecto, la política de bienestar se sujetará a los siguientes principios:
·   Universalidad. Con enfoque diferenciado, y sensible a las particularidades de los grupos históricamente discriminados, se refiere al compromiso de asegurar a todas las personas el goce pleno de sus derechos humanos y sociales sin discriminación por ningún motivo. La discriminación en la efectividad de derechos se encuentra fuertemente asociada con las brechas de desigualdad que experimentan grupos en desventaja social agravada, a los que persistentemente se les ha privado del ejercicio de sus derechos humanos y sociales.
·   Progresividad. Implica el reconocimiento de que la plena efectividad de los derechos se logra en un periodo de tiempo, comenzando con los grupos poblacionales más desfavorecidos y excluidos, pero obliga al Estado a proceder de forma expedita y eficaz para que su población ejerza plenamente los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles. También exige a todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección, garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos.
·   Igualdad, interdependencia e indivisibilidad. Complementan el principio de universalidad, ya que asegura que todas las personas son titulares de los mismos derechos sin distinción alguna. Además, parten del reconocimiento de que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí. De tal forma que el respeto y garantía, así como la transgresión de alguno de ellos necesariamente impacta en otros derechos.
·   Inclusión. Es un proceso mediante el cual se accede a las formas de participación en la sociedad a través de mayores oportunidades, acceso a recursos, expresión de su voz y respeto de sus derechos, en particular la de aquellas personas desfavorecidas por razones de edad, sexo, discapacidad, etnicidad, origen nacional, religión o condición socioeconómica.
Nuevo enfoque de la política de bienestar
La política de bienestar no puede ser solamente un componente más de las políticas públicas, sino la guía de orientación general y rectora del quehacer gubernamental, es decir, debe ser una verdadera política de Estado. Se busca que la política de bienestar trascienda la suma de programas y se logre establecer como una política de renovación nacional, que identifique su fundamento en el logro de una sociedad justa y armónica.
 
Para tal propósito, el PNDS 2021-2024 deberá coadyuvar y promover la vinculación y coordinación entre todas las dependencias de la APF para la implementación de las estrategias, programas y acciones a fin de promover el bienestar de la población en distintos niveles como son: el nivel individual, familiar y comunitario.
Es obligación del Estado mexicano que toda persona que habite el territorio nacional pueda tener acceso a un nivel de vida adecuado, por tanto, el presente PNDS 2021-2024 tiene como finalidad principal construir un nuevo paradigma en las políticas públicas en México, partiendo del reconocimiento institucional que el objetivo primordial de toda política pública en nuestro país deber ser el bienestar de sus habitantes, lo que conlleva también el respeto y la preservación de su entorno natural, social y cultural, así como la atención de su diversidad.
Asimismo, el propósito del PNDS 2021-2024 es sentar las bases de una coordinación efectiva entre las dependencias y entidades en la articulación de un nuevo esquema que permita la construcción de una sociedad de bienestar integral, sustentable y universal para todos sus habitantes.
En este sentido, los programas del Gobierno de México tendrán como prioridad de atención a las personas que habiten en zonas de población mayoritariamente indígena, zonas con alto o muy alto grado de marginación o zonas con altos índices de violencia.
Asimismo, los programas se basarán en los siguientes criterios: los apoyos económicos y en especie se entregarán de manera directa y sin intermediarios; las unidades responsables de la ejecución de recursos públicos verificarán que las personas beneficiarias cumplan con los requisitos señalados en las reglas de operación de los programas o sus lineamientos, así como su localización geográfica; a partir de esto, se realizará la integración de un padrón de beneficiarios el cual permitirá la implementación de acciones transversales de las distintas dependencias de la APF; el padrón será revisado de manera continua para su validación, actualización y auditoría y contarán con mecanismos de participación comunitaria y de contraloría social.
Instrumentación de la Política de Bienestar
A nivel territorial, los programas que integran el PNDS 2021-2024, podrán auxiliarse de los Centros Integradores del Desarrollo que funcionarán como Módulos de Atención en todo el país que serán las ventanillas de atención al público. De esta manera, la población tendrá un lugar en el cual se brinde atención e información de todos los esfuerzos del gobierno federal y con oficinas territoriales cercanas a sus comunidades, convirtiéndose en un vínculo entre el gobierno y la población, fortaleciendo la cohesión y participación social, según el marco legal vigente.
Finalmente, considerando que la gran mayoría de la población que se encuentra en situación de pobreza carece del acceso a servicios de banca y crédito, se ha creado el Banco del Bienestar que tiene como objetivo realizar funciones de banca social, para promover y facilitar el ahorro, el acceso al financiamiento en condiciones equitativas y la inclusión financiera a través del uso de la innovación tecnológica, la perspectiva de género y la inversión. De igual manera, tiene como objetivos específicos atender a mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes, especialmente de 15 a 17 años, con la finalidad de incluirlos financieramente.
Construir un país con bienestar para todos
El Gobierno de México tiene el compromiso de transitar hacia un sistema de bienestar universal basado en la efectividad de derechos que pueda acompañar a las y los mexicanos, a lo largo de su ciclo de vida, contribuyendo a reducir las brechas de desigualdad y garantizando el desarrollo integral de los individuos y sus comunidades en condiciones de igualdad de género y no discriminación.
Lo propuesto en el PNDS 2021-2024 busca combatir las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias que obstaculizan el acceso a una vida digna de las y los mexicanos que más lo necesitan, con especial énfasis en la población indígena, afromexicanos, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres, inmigrantes y refugiados, personas jornaleras agrícolas, personas campesinas pobres y población LGBTTTI.
En el PND se proponen programas a través de los cuales se instrumentará la política de bienestar, los cuales estarán a cargo de distintas dependencias consolidando un enfoque integral de política pública; en el entendido de que el bienestar es responsabilidad de todo el Gobierno de México. A continuación, se describen estos programas:
 
1.     Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Otorga apoyo universal a mujeres y hombres de más de 68 años en todo el país. El apoyo económico se entrega de manera directa y sin intermediarios mediante el uso de una tarjeta bancaria. En las comunidades indígenas del país, la edad mínima para inscribirse al programa es de 65 años; lo mismo ocurre en el caso de personas mayores de 65 años que se hayan inscrito en el Padrón de derechohabientes del programa Pensión para Adultos Mayores activos a diciembre de 2020. Para el ejercicio fiscal 2021 el monto del apoyo económico es de $2,700 bimestrales, mediante depósito directo en tarjeta bancaria.
2.     Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. Apoya a niñas, niños y jóvenes de hasta 29 años que tienen discapacidad permanente, así como a personas con discapacidad de 0 a 64 años que vivan en comunidades indígenas. Con este programa el Gobierno de México busca la vigencia efectiva de los derechos de niñas, niños, jóvenes e indígenas con discapacidad, así como eliminar la marginación, la discriminación y el racismo de las y los mexicanos con discapacidad. Para el ejercicio fiscal 2021 el monto del apoyo económico es de $2,700 bimestrales que se entrega mediante depósito directo en tarjeta bancaria.
3.     Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Está dirigido a niñas, niños y jóvenes menores de 18 años, cuyos hogares se encuentren en situación de pobreza extrema y que estudien en una escuela pública, desde Educación Inicial, Básica y Media Superior. Está limitado a una beca por familia y el apoyo es de $1,600 entregados de manera bimestral al beneficiario, ya sea mediante depósito en tarjeta bancaria o con una orden de pago en sucursales, en caso de no poder aplicar estas formas de pago se hará en efectivo en mesas de pago. Para las niñas y los niños, el apoyo se entregará a sus padres o tutores, su duración será la misma que la del ciclo escolar (cinco bimestres) y los beneficiarios deberán reincorporarse anualmente al programa (PND 2019-2024).
4.     Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Tiene como propósito que jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no se encuentren estudiando ni trabajando reciban capacitación laboral. Para el ejercicio fiscal 2021, el gobierno federal les otorga una beca mensual de $3,748 para que se capaciten durante un año en empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales, en donde recibirán capacitación para desarrollar habilidades que les permitan integrarse con éxito en el ámbito laboral; esta relación entre becarios y tutores no se considerará de carácter laboral. Los becarios también recibirán por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un seguro médico que cubre accidentes, enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo durante el periodo de permanencia en el programa. La meta del programa es de 2.3 millones de jóvenes.
5.     Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro. Está dirigido a jóvenes menores de 29 años en situación de pobreza, que estén inscritos en algún centro de educación superior en modalidad escolarizada y que no reciban otra beca del gobierno federal. En una primera etapa se aplica en las escuelas normales, universidades interculturales, Universidad Nacional Agraria, Universidad de Chapingo y Universidad Benito Juárez. Se dará prioridad a la población indígena y afromexicana, a personas que vivan en una zona de atención prioritaria y a personas que vivan en contextos de violencia. A cada becario se dará un apoyo de $4,800 de manera bimestral durante el ciclo escolar de cinco bimestres y tendrá como requisitos los siguientes: la institución educativa deberá tener el expediente escolar del becario completo, que éste tenga un número de matrícula, que esté en un grupo asignado y asista a clases con regularidad (PND 2019-2024).
6.     Programa Sembrando Vida. Tiene como propósito apoyar a las y los sujetos agrarios para impulsar su participación efectiva en el desarrollo rural integral. Cubre los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Incentiva a los sujetos agrarios a establecer sistemas productivos agroforestales, el cual combina la producción de los cultivos tradicionales en conjunto con árboles frutícolas y maderables; asimismo se incorporará el sistema de Milpa Intercalada entre Árboles Frutales (MIAF). Con este programa se contribuirá a generar empleos, se mejorarán los ingresos de las y los pobladores, se contribuirá a la autosuficiencia alimentaria y, además, se recuperará la cobertura forestal de un millón de hectáreas en el país.
       El programa también otorgará apoyo económico a sujetos agrarios mayores de edad, que habiten en localidades rurales, cuyos municipios se encuentran con niveles de rezago social y que sean propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para proyectos agroforestales. Los beneficiarios recibirán un apoyo mensual de $5,000, así como apoyos en especie para la producción agroforestal (plantas, insumos, herramientas) y acompañamiento técnico para la implementación de sistemas agroforestales.
 
7.     Programa Nacional de Reconstrucción. Su objetivo está orientado a la atención de la población afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, con un enfoque de derechos humanos, se aplicará en los estados de: Chiapas, México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México. Se prioriza la atención a quienes habiten en zonas con mayor grado de marginación, con población mayoritariamente indígena y afromexicana o con altos índices de violencia, considerando las localidades con mayor concentración de daños materiales, la proporcionalidad de la afectación por el número de inmuebles en la localidad, y el mayor daño en la infraestructura y vivienda. El programa es operado por la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción, creada mediante decreto presidencial, es encabezada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, también participarán las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Educación Pública, Salud, Cultura, Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Está a cargo de la reconstrucción, reparación, reubicación, acondicionamiento, equipamiento, restauración, rehabilitación, mantenimiento y capacitación para la prevención y la conservación de los bienes afectados por los sismos en los sectores de vivienda, educación, salud y cultura.
       Para realizar los proyectos y acciones se promoverá la participación de profesionistas, instituciones académicas, pequeñas empresas, cooperativas, trabajadores de la construcción y de servicios, privilegiando la participación de empresas y profesionistas de la entidad correspondiente, así como de la mano de obra de las localidades en las que se llevarán a cabo los proyectos y acciones del programa, cuando no se trate de actividades de alta especialización para recuperar y preservar el patrimonio cultural de la Nación. En todos los casos se buscará contribuir al fortalecimiento de la economía local. El presupuesto de este programa se ejercerá de manera conjunta por las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Educación Pública, Salud, y Cultura (PND 2019-2024).
8.     Programa de Mejoramiento Urbano. Se realizarán obras de rehabilitación y/o mejoramiento de espacios públicos y abarca principalmente ciudades fronterizas como: Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros; así como colonias marginadas de cuatro centros turísticos: Los Cabos, Bahía de Banderas, Acapulco y Solidaridad. En los polos de desarrollo turístico, pretende aminorar el contraste entre zonas con hoteles de gran lujo, desarrollos urbanos exclusivos y colonias marginadas (PND 2019-2024).
9.     Programa de Microcréditos para el Bienestar. El objetivo de este programa es mejorar las condiciones de todo tipo de pequeñas unidades económicas con el fin de fortalecer la economía con un enfoque de justicia social. Los créditos iniciales serán de $6,000 y al término de un año, si el crédito ha sido pagado, el beneficiario podrá acceder a otro préstamo por $10,000; en el siguiente ciclo la cantidad a financiar será de $15,000.00 pesos y el tope máximo será de $20,000. La meta de este programa es beneficiar a un millón de pequeños negocios que recibirán un crédito a la palabra para la adquisición de insumos y herramientas (PND 2019-2024).
Los programas de transferencia directa de recursos a los beneficiarios se acompañarán de contenidos de Educación Financiera para que la población beneficiada aprenda un mejor manejo del dinero que contribuya a su bienestar, fortaleciendo la inclusión financiera.
Transversalidad de la política de bienestar
En cumplimiento al principio rector del PND, No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera¸ las políticas públicas que implementa el Gobierno de México están orientadas hacia la inclusión social, igualdad sustantiva, pertinencia cultural, políticas universales redistributivas, acciones afirmativas, enfoques diferenciados, entre otras medidas, con el fin de garantizar un desarrollo con bienestar, incluyente e igualitario, donde todas las personas, en lo individual y colectivo, sean reconocidas en sus identidades, características y condiciones diversas, donde se mejoren las situaciones sociales, económicas y culturales para ejercer sus derechos humanos, derechos colectivos y libertades fundamentales, en especial para aquellos sectores o poblaciones históricamente discriminados y excluidos.
A la nueva perspectiva de la política de bienestar, se agregan el enfoque de igualdad de género, interculturalidad, no discriminación e inclusión, como un valor agregado con un sentido de derechos humanos, reconociendo a las personas como titulares de derechos y no únicamente como beneficiarias. Las políticas, programas y acciones no son dádivas, apoyos ni concesiones especiales, sino preceptos constitucionales que el Estado mexicano está obligado a garantizar.
 
El acceso y ejercicio efectivo de los derechos humanos deberá realizarse bajo un enfoque diferenciado en políticas tendientes a transformar las desigualdades relacionadas con injusticias históricas y omisiones del Estado y de los gobiernos neoliberales, que han dejado en permanente situación de riesgo social a: niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas y afromexicanos, migrantes, refugiados, personas jornaleras agrícolas, personas campesinas pobres, mujeres y población LGBTTTI. Es decir, a todas aquellas personas que han sufrido discriminación y menoscabo de sus derechos humanos por características físicas, posición social, escolaridad, religión, idioma, cultura, origen étnico, preferencia política e ideológica, identidad de género, orientación y preferencia sexual.
El sentido de prioridad de los programas descritos en el punto anterior, implica la atención estratégica de los grupos más vulnerables en nuestro país, garantizándoles con ello los satisfactores básicos de bienestar, busca erradicar la pobreza extrema a fin de construir esquemas que permitan a los jóvenes concluir satisfactoriamente sus estudios o capacitarse laboralmente para facilitar su inserción al mercado de trabajo.
De igual forma, se trata de reactivar las dinámicas agroforestales a través de un desarrollo rural integral, en un esquema transversal de sustentabilidad, para atender a los damnificados por los recientes sismos. Se busca mejorar los entornos urbanos en zonas estratégicas, a fin de permitir una reactivación económica integral con un enfoque de justicia social.
Este conjunto de medidas permite construir un esquema básico indispensable de bienestar sobre el que podrán consolidarse las bases de una nación más justa. Con los modelos de economía plural que impliquen un equilibrio entre los sectores privados, públicos y sociales en un marco democrático de libertades se consolidará un mercado interno que junto con el esquema básico de bienestar generará las condiciones para devolver la paz social que fomente un crecimiento económico justo, sostenible y ordenado, promoviendo la inversión, así como las iniciativas productivas y de intercambio económico, cultural y social.
Finalmente, el modelo integral de bienestar implica también una política transversal de sostenibilidad, tanto en lo que implica tomar en cuenta en todas las políticas y acciones el aspecto medioambiental y construir una cultura de responsabilidad en torno a la protección de nuestros ecosistemas, la consolidación de una cultura de promoción de energías renovables, economía circular y de construcción de una cultura de solidaridad generacional hacia las nuevas generaciones, buscando dejarles un país en el que puedan vivir sustentablemente en armonía.
Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
El PND tiene como objetivo superior el bienestar general de la población; el cual busca alcanzar a través de la construcción de un modelo viable de desarrollo económico, de ordenamiento político, de convivencia entre los sectores sociales, que garantice un progreso con justicia y un crecimiento con bienestar. El PND está conformado por un objetivo superior y doce principios rectores, tres ejes generales de política y, finalmente, la visión 2024, en torno de los cuales se definen las prioridades del desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible que persigue el Gobierno de México.
El Gobierno de México busca instaurar un modelo viable de desarrollo económico, político y convivencia social que sea una salida responsable del neoliberalismo, donde nadie quede excluido. El PND establece el nuevo consenso nacional que habrá de consolidarse, siguiendo doce principios rectores que rigen los tres ejes del Gobierno de la Cuarta Transformación, de los cuales, ocho orientarán el presente PNDS 2021-2024:
·   Honradez y honestidad. La corrupción extendida y convertida en práctica administrativa regular ha sido el principal inhibidor del crecimiento económico. Por eso el Gobierno de México tiene el compromiso de acabar con la corrupción en toda la administración pública, no sólo la corrupción monetaria sino la que conllevan la simulación y la mentira.
·   Economía para el bienestar. La Constitución reconoce que concurrirán al desarrollo económico nacional, los sectores público, privado y social. En la economía para el bienestar, impulsaremos la creación de empleos, el fortalecimiento del mercado interno, el impulso al agro, a la investigación, la educación, la ciencia y la tecnología. Además del desarrollo de las economías locales, de una lógica de economía plural en la que las economías, privadas, públicas y sociales convivan y se complementen armónicamente, desde la promoción del comercio justo y la economía social y solidaria.
·   El mercado no sustituye al Estado. El Estado recuperará su fortaleza como garante de la soberanía, la estabilidad y el estado de derecho, como árbitro de los conflictos, como generador de políticas públicas coherentes y como articulador de los propósitos nacionales.
·   Por el bien de todos, primero los pobres. El Gobierno de México se ha propuesto separar el poder político del poder económico.
 
·   No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. Somos y seremos respetuosos de los pueblos originarios, de sus usos, costumbres y su derecho a la autodeterminación y a la preservación de sus territorios; propugnamos la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la inclusión de las personas con discapacidad, la dignidad de las personas adultas mayores y el derecho de las niñas, niños y jóvenes a tener un lugar en el mundo; rechazamos toda forma de discriminación por características físicas, posición social, escolaridad, religión, idioma, cultura, lugar de origen, preferencia política e ideológica, identidad de género, orientación, preferencia sexual o cualquier otra condición social.
·   No puede haber paz sin justicia. La inseguridad, la delincuencia y la violencia tienen un costo inaceptable en vidas humanas, bienes materiales, cohesión social y gobernabilidad. Inhiben el crecimiento económico y debilitan la confianza de la población en su país, su estado, su municipio y su barrio. Las estrategias de seguridad pública aplicadas por las administraciones anteriores han sido catastróficas: lejos de resolver o atenuar la catástrofe la han agudizado. Estamos aplicando ya un nuevo paradigma en materia de paz y seguridad que plantea como prioridad restarle base social a la criminalidad mediante la incorporación masiva de jóvenes al estudio y al trabajo para apartarlos de conductas antisociales: con el fin de su reinserción social.
·   No más migración por hambre o por violencia. Aspiramos ofrecer la ciudadanía condiciones adecuadas para que puedan vivir con dignidad y seguridad en la tierra en la que nacieron. Nuestros consulados en Estados Unidos funcionarán como defensorías del migrante. Asimismo, respetando la larga tradición de nuestro país como tierra de asilo y refugio que ha salvado innumerables vidas y enriquecido al país, a los extranjeros que llegan a nuestro territorio les brindaremos respeto a sus derechos, hospitalidad y la posibilidad de que construyan una nueva vida.
·   Democracia significa el poder del pueblo. Nos dotaremos de una democracia participativa para socializar el poder político e involucrar a la sociedad en las grandes decisiones nacionales. En este sentido, utilizaremos mecanismos como son: la consulta popular o ciudadana, la revocación periódica de mandato y las asambleas comunitarias como instancias efectivas de participación. Reivindicamos el principio de que el gobierno mande obedeciendo y queremos una sociedad que mandando se obedezca a misma.
La nueva política de bienestar será la base del cambio de paradigma de seguridad, garantizará el empleo, la educación, salud, vivienda y el bienestar, mediante:
·   Reactivación de la economía y el fortalecimiento del mercado interno.
·   Recuperación salarial y creación de puestos de trabajo.
·   Acceso al sistema crediticio para las pequeñas y medianas empresas y reduciendo y simplificando los requisitos para la creación de empresas nuevas.
·   Rescate del sector energético, de manera particular PEMEX y la CFE.
·   Rehabilitación de las plantas de producción de fertilizantes para apoyar a productores agrícolas.
·   Cultura para todas las personas, para la construcción de la paz, bienestar, cohesión social, convivencia y espiritualidad.
·   Creación del INSABI.
·   Inversión en infraestructura y servicios de salud.
·   Instalación y funcionamiento de las Universidades para el Bienestar Juárez García.
·   Acceso de todos los jóvenes a la educación.
·   Sistema de salud pública de forma gratuita.
·   Prestación de servicios bancarios para la población a través de las sucursales del Banco del Bienestar.
·   Cobertura de internet para todo el país.
·   Construcción de caminos rurales.
También mediante proyectos regionales y especiales como el Tren Maya; el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec cuyo eje será el Corredor Multimodal Interoceánico; la modernización del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, así como los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca; el Programa Zona Libre de la Frontera Norte; la creación del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía; y la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, entre otros.
 
La construcción del bienestar de la población en 2024 implica sentar bases sólidas para un nuevo pacto social y un nuevo modelo de desarrollo que priorice la colaboración a la competencia, la generosidad por encima del egoísmo. Un modelo en el que seamos capaces de legarle a las nuevas generaciones, un país más justo, más generoso, que sobre la base de la empatía construya nuevos esquemas de cohesión social, consolidando progresivamente una paz social duradera, en armonía con la naturaleza.
II.    Entorno actual en materia de desarrollo social
a.    Situación de los grupos poblacionales históricamente excluidos
Por el futuro de México: impulsar el bienestar de niñas, niños y adolescentes
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), en su análisis "La evolución de la pobreza en México: con énfasis en niñas, niños y jóvenes 2008-2018" presentado en el marco del Seminario Permanente Asistencia Social con enfoque de derechos, manifiesta como principales resultados los siguientes (CONEVAL, 2019a):
1.     La pobreza entre la población infantil es mayor que en el resto de la población nacional.
2.     Los niveles de pobreza entre la población de 0 a 17 años tuvieron una reducción entre 2008 y 2018.
3.     Las carencias por acceso a la seguridad social y por acceso a la alimentación afectan más a este grupo de población.
4.     La carencia por acceso a los servicios de salud y acceso a la seguridad social en la población infantil y adolescente presentó la mayor reducción entre 2008 y 2018.
5.     Existen procesos multifactoriales de exclusión social que afectan a la población infantil y adolescente y aumentan la probabilidad de reproducir la pobreza: hogares ampliados, con jefaturas jóvenes, indígenas, rurales, con baja escolaridad.
Por lo anterior, el CONEVAL recomienda que el Gobierno de México debe:
1.     Otorgar a todas las niñas, niños y adolescentes las mismas oportunidades para un desarrollo adecuado. Las políticas públicas enfocadas a la niñez y la adolescencia deben tomar en cuenta las realidades heterogéneas que enfrentan estos grupos poblacionales y atender a la equidad para eliminar las barreras que privan a los más pequeños de un futuro mejor.
2.     Atender las necesidades de la primera infancia, pues es una etapa crucial para impulsar el potencial de cualquier persona.
3.     Vigilar el cumplimiento de lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) para asegurar el acceso de las niñas, niños y adolescentes a sus derechos.
Por otra parte, la salud de niños y niñas manifiesta necesidades de atención distintas a las de otros grupos etarios; al relacionarse con la atención de necesidades en un entorno preventivo, por un lado, incluye aspectos como vacunación y lactancia materna, y por el otro, los referentes a las problemáticas alimentarias, como la desnutrición y la sobrealimentación, aspectos que pueden condicionar la vida futura de niñas y niños (CONEVAL, 2018b).
En lo que respecta a la carencia por acceso a la alimentación, este grupo etario es uno de los más afectados, en especial para aquellos que se encuentran en situación de pobreza y habitan en el ámbito rural. La alimentación adecuada es fundamental durante los primeros años de vida ya que puede impactar de manera positiva en su desarrollo físico y cognitivo.
En este sentido, las niñas y los niños del país siguen padeciendo las principales manifestaciones de la desnutrición; por ejemplo, la prevalencia de bajo peso en infantes pasó de 2.8% en 2012 a 3.9% en 2015, mientras que en el medio rural era de 6.4% para el mismo año. Asimismo, la prevalencia de baja talla fue de 10.2% en las localidades urbanas y de 18.9% en las rurales en 2015 (INSP & UNICEF, 2015; CONEVAL, 2018a).
Si bien en nuestro país la desnutrición infantil crónica ha venido a la baja, al grado de ya no considerarse un problema de salud pública, sigue siendo alta para el tamaño y nivel de ingreso del país (INSP, 2016) a nivel nacional la incidencia fue de 13.6% en 2012, pero esta última casi se duplica en el medio rural y supera 20% entre los segmentos más pobres de la población (CONEVAL, 2018a).
 
En lo que respecta a los temas de salud, nuestro país ha logrado importantes avances en cuanto a reducir la mortalidad en la niñez; no obstante, aún tenemos niveles elevados en comparación con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En 2015 la tasa de mortalidad en menores de cinco años fue de 15.1 muertes por cada 1,000 nacidos vivos. Aunque en los compromisos asumidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) la meta era reducir la tasa a 13.7 para 2015, la cual no se cumplió (CONEVAL, 2018b). Lo mismo ocurrió con el indicador de mortalidad infantil que en 2015 fue de 12.5 muertes por cada 1,000 nacidos vivos, mientras que la meta planteada en los ODM para este indicador fue de 10.8 (CONEVAL, 2018b).
Finalmente, un problema de salud relacionado con la adecuada alimentación consiste en el aumento de niños y niñas con sobrepeso y obesidad. La proporción de niñas con sobrepeso y obesidad en el grupo de 5 a 11 años pasó de 25.5% en 1999 a 32.8% en 2016, en tanto que, entre los niños de este mismo grupo, pasó de 28.2% en 1999 a 33.7% en 2016, es decir, un crecimiento de 7.3 puntos porcentuales entre las niñas y de 5.5 puntos porcentuales entre los niños (INSP, 2016; CONEVAL, 2018b).
Desarrollar políticas a favor de la juventud
La población de jóvenes, de acuerdo con la información de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), asciende a 37.5 millones de personas, de las cuales 50.6% son mujeres y el 49.4% son hombres. Por esta razón, la población joven de México tiene un papel muy importante para las políticas, tanto por el lugar que ocupan entre la población nacional en cuanto a su número, como por sus características diversas en cuanto a etnicidad, educación, empleo y transiciones en el curso de vida.
Asimismo, de acuerdo con el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH) en 2014, se estima que existen 28.2 millones de jóvenes con algún tipo de carencia social. Al no tener acceso a los derechos y no contar con un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, las personas jóvenes se enfrentan a una situación vulnerable. Las cifras correspondientes a 2014 indican que 17.5 millones de jóvenes se encuentran en situación de pobreza: 13.9 millones en pobreza moderada y 3.6 millones en pobreza extrema.
Derivado de lo anterior es urgente elaborar políticas que logren incidir en los problemas de la juventud, y que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos, ya que al menos una quinta parte de la población de 12 a 29 años le ha sido negado el ejercicio de sus derechos como la posibilidad de seguir estudiando. Para dichas políticas es necesario considerar la heterogeneidad tanto de la composición y distribución territorial de la población joven, como de sus transiciones en el curso de vida.
En esta nueva etapa de la historia nacional, el gobierno de México ha decidido distinguir a las personas jóvenes como sujetos de derecho, con un papel central, y reconociendo la capacidad de agencia de las juventudes, como agentes de cambio. Nunca más se les dará la espalda a las y los jóvenes o se le condenará a la marginación y al olvido. Se garantizará a los jóvenes el derecho al estudio y al trabajo.
Construcción de una cultura de la paz y la disminución de las violencias contra las mujeres
México atraviesa una crisis inédita de inseguridad y violencia, agudizada en diversas regiones del país, que ha visto recrudecer los excesos del crimen organizado. Desde el desplazamiento forzado de comunidades enteras hasta el incremento más alto registrado en la tasa de homicidios, la paz en nuestro país se ha deteriorado en ritmos cada vez acelerados.
En este contexto el número violaciones a los derechos humanos se ha incrementado; de acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez, entre 2000 y 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró un total de 130,318 expedientes de queja por la presunta violación de derechos humanos y emitió 1,285 recomendaciones a distintas autoridades. Esta cadena de eventos ha expuesto a la mayoría de la población a diversas formas de riesgo que niegan o limitan su ejercicio pleno de derechos para alcanzar el bienestar.
El PNDS 2021-2024 tiene como ambición fundamental garantizar entornos seguros, saludables y pacíficos para todas las personas, pero de manera prioritaria para las mujeres, las y los adolescentes, las y los jóvenes, las personas indígenas y afromexicanas, con discapacidad, adultos mayores y las personas de la comunidad LGBTTTI. Consideramos que no podemos avanzar como país si dichos grupos prioritarios tienen temor al salir de sus casas, si los niveles de inseguridad y violencia social en las comunidades, colonias y territorios en los que construyen su vida, les generan restricciones importantes en su autonomía y bienestar, vulnerando sus derechos a la integridad, seguridad y una vida en paz.
 
En consecuencia, mediante políticas públicas de intervención e impacto social en espacios territoriales delimitados, el Gobierno de México busca revertir factores de desigualdad, atender las necesidades y demandas más apremiantes externadas por dichos grupos prioritarios para consolidar una igualdad sustantiva entre todos los sectores sociales, respondiendo al principio de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera.
En este sentido, uno de los temas relevantes lo constituye la atención prioritaria a la violencia contra las mujeres, la cual, en sus diferentes tipos y modalidades, representa una de las expresiones de desigualdad social más profunda trayendo consigo enormes costos sociales y económicos, que limitan una democracia plena, cuya aspiración es el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos de todas las personas.
Se considera que, por la desigualdad estructural de las mujeres, la pobreza tiene impactos negativos más profundos en ellas, pues se suma a una vivencia de discriminación múltiple cuando se contemplan otras condiciones como la clase social, la pertenencia étnica, la edad, la condición geográfica, de discapacidad, entre otras. A tal grado llega este problema que se habla de un fenómeno creciente llamado la "feminización de la pobreza en México".
Al respecto, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2016 reportó que de las 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que residen en el país, 30.7 millones (66.1%) han padecido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en el ámbito escolar, laboral, comunitario, familiar o en su relación de pareja. No obstante, sólo el 88.4% solicitan apoyo en alguna institución o denuncian ante alguna autoridad.
Revalorar la situación de la población de adultos mayores
De acuerdo con los datos de CONEVAL, entre 2008 y 2018, se observa un ligero mejoramiento en los indicadores de carencias sociales a nivel nacional: el promedio de las carencias de la población en situación de pobreza pasó de 2.8 a 2.2 y, para la población en situación de pobreza extrema pasó de 3.9 a 3.6. En relación con los grupos de edad, el porcentaje de población en situación de pobreza entre los menores de 18 años pasó de 53.3% a 49.6%; entre los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años el porcentaje de pobreza pasó de 43.0% a 42.4% entre 2008 y 2018; para la población adulta mayor (65 o más años) pasó de 44.9% a 41.1% y para la población con alguna discapacidad en situación de pobreza pasó de 50.2% a 48.6% en el mismo periodo (CONEVAL, 2019b).
En números absolutos, para la población de 65 años o más, el número de personas en situación de pobreza aumentó en más de un millón de personas; la población con al menos una carencia social aumentó de 5.7 a 7.1 millones de personas entre 2008 y 2018 (CONEVAL, 2019b). Lamentablemente, la mayor parte de ellos se encuentra en pobreza y sin acceso a un sistema de protección social que les garantice una vejez digna y plena. De acuerdo con datos oficiales, tan sólo el 23% de las mujeres y 40% en el caso de los hombres, tienen acceso a una pensión contributiva; mientras que el 26% no tienen ni pensión contributiva ni apoyo de programas sociales (PND 2019-2024).
Las personas con los ingresos más bajos del país utilizan una proporción significativamente mayor de sus recursos para alimentarse que aquellos en los deciles más altos, sin que ello garantice que se trate de una alimentación adecuada, además de poner en riesgo la satisfacción de otras necesidades como la atención de su salud, educación y otras (CONEVAL, 2018a). La población adulta mayor que tenía carencia por acceso a la alimentación pasó de 21.7 a 20.4 entre 2008 y 2018; sin embargo, en número absolutos la población adulta mayor que sufría esta condición llegó a 25.5 millones de personas en 2018 (CONEVAL, 2019b).
Para atender esta desigualdad en los ingresos y derechos de las personas adultas mayores, el Gobierno de México impulsa el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que tiene por objetivo dar un apoyo universal a mujeres y hombres de más de 68 años en todo el país; en las comunidades indígenas del país, por estar en mayor desventaja que el promedio nacional, la edad mínima para inscribirse en el programa es de 65 años. La entrega de pensiones a adultos mayores no es una dádiva, sino un derecho, una recompensa a quienes han contribuido al desarrollo de México y merecen vivir con un poco de holgura.
Es la continuación de una de las creaciones de nuestro movimiento, con el cual, no sólo logramos visibilizar la urgencia de apoyar a las personas mayores, en algunos otros casos, logramos concientizar la necesidad y el derecho que se tiene a contar con una vida digna en el último tramo de nuestra existencia como personas. Ahora, en lo que nos corresponde en este gobierno, no solo garantizaremos su derecho, sino que además, este derecho será universal, es decir, también van a recibir este apoyo los jubilados, pensionados del ISSSTE y del Seguro(1) /.
Mejorar las condiciones de vida para las personas con discapacidad permanente
 
La discapacidad es un fenómeno multidimensional y complejo por lo que las intervenciones para superar las desventajas asociadas a la discapacidad son múltiples, sistémicas y varían según el contexto (CONEVAL, 2018b). Las personas que padecen alguna condición discapacitante son un grupo con necesidades especiales de atención y presentan una mayor demanda de asistencia sanitaria y necesidades insatisfechas en este ámbito.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la mayoría de las personas sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de su vida (OMS, 2011). La situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad se puede atenuar a partir de la intervención pública para atender a este grupo poblacional. En este sentido, no solo son necesarias las intervenciones para reducir las enfermedades prevenibles sino ofrecer servicios de rehabilitación que pueden mejorar el estado general de salud, impulsar las actividades y, en general, mejorar calidad de vida de las personas con discapacidad.
La estructura por edad de la población mexicana con discapacidad muestra una relación entre el envejecimiento de la población y el aumento de las tasas de discapacidad. De esta manera, casi la mitad de las personas con discapacidad (47.3%) son adultas mayores (60 años y más) y 34.8% tienen entre 30 y 59 años (CONEVAL, 2018b). Datos de 2016 indican que el 12% de la población con discapacidad enfrenta carencia por acceso a los servicios de salud en comparación con 15.8% de la población sin discapacidad; si bien el primer grupo registra un mayor acceso (medido como afiliación), no hay información suficiente que permita conocer las condiciones y características del acceso que tienen a los servicios de atención médica, los costos, la oferta de servicios apropiados, las limitaciones físicas en el acceso a servicios básicos y hospitalización o la calidad de estos (CONEVAL, 2018b).
En lo que respecta al análisis de las carencias sociales para este grupo poblacional, entre 2008 y 2018 la población en situación de pobreza y que tiene alguna discapacidad aumentó cerca de dos millones de personas; la población con al menos una carencia social aumentó de 4.8 a 7.3 millones de personas. De igual manera la población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos aumentó de 3.2 a 5.1 millones de personas en el mismo periodo (CONEVAL, 2019b).
Superar la marginación y pobreza de las comunidades indígenas y afromexicanas
La población indígena y afromexicana presenta una situación desfavorable en cuanto a la carencia por acceso a la alimentación en relación con la población en general, ya que enfrentan diferentes desafíos para hacerse de alimentos con variedad, suficiencia y calidad para poder llevar una dieta correcta.
Al ser uno de los principales grupos más vulnerables por ingreso, implica que destinan mayor parte de sus ingresos en satisfacer sus necesidades alimentarias. A menor ingreso, la inseguridad alimentaria severa y modera tiende a aumentar, es decir, existe una relación inversa entre ingreso y carencia por acceso a la alimentación (CONEVAL, 2018a). El derecho a la alimentación implica que se debe tener acceso a una alimentación adecuada, que no implique tener que sacrificar la satisfacción de otras necesidades básicas o derechos.
El 31.5% de la población indígena presentó carencia por acceso a la alimentación 2016, esto es 2.2 millones de hablantes de lengua indígena. Lo anterior lo coloca como el grupo de mayores niveles de inseguridad alimentaria severa y moderada. Los estados con mayor porcentaje de personas con ingresos por debajo de la línea de pobreza extrema por ingresos fueron Chiapas (49.9%), Oaxaca (40.2%), Guerrero (35.2%), Veracruz (30.6%) y Puebla (23.1%), caracterizados por una fuerte presencia de población rural y hablante de lengua indígena (CONEVAL, 2018a).
Por su parte, la carencia por acceso a la alimentación prevalece entre las personas indígenas que viven de manera predominante en el medio rural, junto con el mayor porcentaje de personas con ingresos inferiores a la línea de pobreza extrema por ingresos cuya concentración es igualmente mayor en el ámbito rural, expone la situación de exclusión en el que se encuentra este segmento de la población en cuanto a su derecho a disfrutar de una alimentación nutritiva y con calidad (CONEVAL, 2018a). En 2018, la población en condición de pobreza que habita en zonas rurales fue de 55.3% mientras que para las zonas urbanas llegó a 37.6% en el mismo periodo. La población indígena en situación de pobreza, disminuyó ligeramente entre 2008 y 2018 al pasar de 76.0% a 74.9% entre 2008 y 2018 (CONEVAL, 2019b). Por lo cual, es imperante para el Gobierno de México abatir las desigualdades territoriales y entre grupos de población, de manera prioritaria en mujeres indígenas que viven en zonas rurales.
En lo que concierne al tema de salud, las desigualdades territoriales también afectan a la población indígena y afromexicana. En 2018, las unidades de hospitalización suman un total de 4,571 en el sector público en todo el país; 97.7% de estas se encuentran en localidades urbanas y solo 1.5% en poblaciones rurales (CONEVAL, 2018b). Esta cobertura desigual afecta de manera predominante a la población de habla indígena, la cual se concentra en las comunidades rurales del país. Ahí las primeras causas de muerte fueron: las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos y enfermedades del hígado. De igual forma, persisten las muertes por desnutrición y otras deficiencias nutricionales, lo que indica la existencia de condiciones que vulneran no solo su derecho a la salud, sino también el derecho a llevar una alimentación adecuada y de calidad (CONEVAL, 2018b).
Para hacer frente a la situación de desventaja social y vulnerabilidad de este grupo poblacional, el Gobierno de México dará atención especial a los pueblos indígenas y afromexicanos para poner fin a la ignominia que nuestros pueblos originarios viven desde hace siglos bajo la opresión y el racismo, y con la pobreza y la marginación a cuestas. Todos los programas del gobierno tendrán como población preferente a los pueblos indígenas y afromexicanos.
Mejorar el bienestar de las campesinas y campesinos
Es fundamental considerar como prioridad la recuperación del campo. Promover el desarrollo rural implica mejorar las condiciones de vida de los campesinos y fortalecer las actividades productivas, lo que a su vez forma parte de la solución a los grandes problemas nacionales.
Se debe considerar que el campo es mucho más que tierras para la producción agropecuaria y forestal, abarca un conjunto diverso e interrelacionado de patrimonios territoriales de importancia estratégica actual y potencial para el país. Son tierras, aguas, costas, biodiversidad, recursos genéticos, minerales, conocimientos tradicionales, bellezas naturales, activos históricos y culturales. En el campo existe una forma de vida sana, llena de valores morales y espirituales. Regresar al campo significa fortalecer una identidad cultural de la más alta calidad humana.
La recuperación del campo tiene múltiples beneficios, se reforesta, se produce, se genera empleo y se arraiga a la gente a su comunidad, situación que además atempera el fenómeno migratorio y, además, se cuida el medio ambiente.
Para impulsar el campo mexicano, el PNDS 2021-2024 partirá del apoyo a las actividades productivas de las comunidades indígenas y campesinas. Crearemos el programa más grande de generación de empleos y de reforestación de la historia de México. Un programa integral de entrega de fertilizantes, de un ingreso económico mensual sin intermediarios que se irá ampliando en todo el país.
b.    Análisis en materia de desarrollo social por objetivo prioritario
1.     Establecer políticas que garanticen un conjunto básico de derechos humanos para la población a lo largo de su ciclo de vida, contribuyendo a reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre territorios y grupos poblacionales
Pobreza multidimensional y carencias sociales
De acuerdo con la metodología desarrollada por el CONEVAL se considera que una persona está en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia en alguno de los indicadores de derechos sociales y su ingreso es insuficiente para adquirir las canastas alimentaria y no alimentaria. Por su parte, la población en situación de pobreza extrema es aquella que presenta tres o más carencias sociales y percibe un ingreso total insuficiente para adquirir la canasta alimentaria.
Medición de la pobreza multidimensional en México, 2008-2018

FUENTE: Elaborado a partir de Coneval (2019)
 
Las cifras de pobreza multidimensional contrastan con la gran cantidad en el número de programas y acciones en materia de desarrollo social, los cuales no se tradujeron en una disminución significativa de la pobreza multidimensional. De acuerdo con CONEVAL, en 2018 se identificaron 8,192 programas y acciones de desarrollo social, de los cuales: 150 eran federales, 1,213 estatales y 6,829 municipales.
Como puede apreciarse en el cuadro anterior, los resultados de los programas y acciones en materia de desarrollo social implementados en los últimos diez años no son nada alentadores. Entre 2008 y 2018 la población en situación de pobreza se redujo tan sólo 2.5% en términos relativos y aumentó a 2.9 millones de personas en números absolutos. Dentro de este conjunto, la población en condición de pobreza moderada aumentó en 1.2%, lo que equivalió a 5.9 millones de personas aproximadamente.
Así mismo, en una década de medir la pobreza multidimensional, la población vulnerable por ingresos aumentó de 4.7 a 6.9 puntos porcentuales lo que se expresó en un incremento de 3.4 millones de personas en esa situación.
Los resultados que hemos mencionado sugieren que los programas y acciones focalizados han tenido un magro resultado en lograr sus objetivos y, por consiguiente, en incrementar el bienestar de la población, que sigue mostrando niveles de pobreza semejantes a los de hace diez años. Por tanto, es imperante cambiar el enfoque en la asignación de recursos a programas y acciones, y en ampliar el espectro de desarrollo social, a uno centrado en el bienestar humano, a partir de la conformación de un sistema de bienestar que asigne eficientemente los recursos, distribuya el ingreso nacional y atienda de manera integral, los diversos derechos humanos en todo el ciclo de vida de las personas a través de los programas para el desarrollo.
La política social
Con la llegada del régimen neoliberal, desde los años ochenta del siglo pasado, la política social en México se vierte hacia la satisfacción de las necesidades populares tratando de legitimar el papel de un Estado cada vez más cuestionado pero afianzado en las prácticas corporativas y en el uso del clientelismo como rasgo principal de los programas sociales.
Las políticas neoliberales implementadas durante esta época, consideraban que el Estado debería asegurar únicamente las condiciones económicas para el crecimiento de la producción y del empleo, ya que el desarrollo sería algo que se distribuiría naturalmente a toda la población. Los gobiernos de las administraciones pasadas consideraron indispensable que la política social se encargaría de atender a los grupos de excluidos por los beneficios del modelo. No se pretendía atender las causas de la pobreza sino solamente atenuarla, controlarla y contenerla.
La política social implementada en México puso el énfasis en el desarrollo de programas focalizados de combate a la pobreza para asegurar un ingreso o pisos mínimos en el acceso a alimentación, salud, educación y demás derechos sociales, lo cual no sólo no contribuyó a mejorar la condición de vida de la población, sino que acentúo su condición de marginalidad, exclusión y falta de desarrollo de capacidades. Por lo anterior, estos programas han sido considerados asistencialistas, clientelares y paternalistas dejando poco espacio para el desarrollo de capacidades de las personas y el acceso efectivo al cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución.
Partiendo del reconocimiento de las brechas de desigualdad, pobreza, exclusión y marginación en distintos grupos y regiones del país, el PNDS 2021-2024 contribuye a diseñar una nueva política de bienestar distinta a la aplicada en nuestro país a lo largo de las últimas décadas. Lo anterior, contribuirá a que se corrijan los errores de implementación y resultados de administraciones anteriores. Se tiene el compromiso de realizar una adecuada planeación para el bienestar, sustentada en programas y acciones federales que tengan como fin mejorar el bienestar de la población, con especial énfasis en los identificados como grupos prioritarios.
2.     Garantizar a la población el acceso efectivo, universal y gratuito a la atención médica y hospitalaria, incluido el suministro de medicamentos, materiales de curación y exámenes médicos, especialmente, en las regiones con mayores niveles de marginación
Situación del Sistema Nacional de Salud (SNS)
En nuestro país la protección de la salud es todavía una aspiración que está lejos de cumplirse. El sistema público de salud está descentralizado, fragmentado y segmentado, con abandono y sobrecarga de los servicios que refleja en prolongados tiempos de espera de los pacientes que van a recibir la atención médica. Además, de la falta de personal, medicamentos e insumos básicos.
Es importante mencionar que el Sistema de Protección Social en Salud denominado Seguro Popular, propuesto para solucionar la falta de atención a la población que carece de seguridad social, después de 15 años no logró la cobertura universal ya que aproximadamente, 20 millones de mexicanos carecen de ella. Asimismo, los servicios que ampara son restringidos y sólo corresponden al 20% de los servicios ofrecidos a los derechohabientes de los institutos de seguridad social. Por ello, los afiliados al Seguro Popular se ven obligados a pagar los servicios no cubiertos en la atención de salud.
 
Actualmente, el SNS no garantiza el derecho a la salud de todos los mexicanos, ni el acceso efectivo a los servicios requeridos por las personas y las comunidades. Se ha hecho poco énfasis en la educación, promoción y prevención de la salud. La atención sanitaria que se brinda es de mala calidad y deshumanizada, los padecimientos crónicos se agravan y tienen complicaciones serias, los enfermos suelen sufrir innecesariamente y muchos mueren prematuramente en condiciones precarias. La situación es grave para toda la población, pero se observa mayor inequidad en el sector más vulnerable, principalmente, campesinos, habitantes de zonas indígenas y rurales.
Creación, rescate y fortalecimiento de instituciones de salud pública
Atendiendo al principio rector del Gobierno de México de "No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera", el IMSS colaborará en la implementación de un sistema universal de salud que atienda las necesidades de toda la población; además de fortalecer sus capacidades operativas, financieras, administrativas y de infraestructura en beneficio de las personas derechohabientes y usuarias. En particular, el IMSS trabajará para hacer realidad el derecho a la protección de la salud de las y los mexicanos, dando prioridad a los más desprotegidos a través del Programa IMSS-BIENESTAR y la creación de INSABI.
Para hacer frente a las desigualdades actuales y promover el acceso al derecho a la protección de la salud, se requiere que las instituciones que conforman el SNS consideren, entre otros, los retos siguientes: avanzar en la integración del sistema público de salud, reduciendo la fragmentación y mejorando la coordinación interinstitucional; mejorar la eficiencia del gasto; aumentar la infraestructura y promover acciones para contar con más profesionales de la salud, propiciando mecanismos para incentivar una distribución territorial equitativa; mejorar la calidad de los servicios de atención, considerando como principal prioridad a