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DOF: 15/03/2022
ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relativas a la devolución y renuncia de financiamiento público de los Partidos Político

ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relativas a la devolución y renuncia de financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales, recaídas a los recursos de apelación identificados con número de expedientes SUP-RAP-474/2021 y SUP-RAP-480/2021.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional Electoral.- Consejo General.- INE/CG12/2022.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN RELATIVAS A LA DEVOLUCIÓN Y RENUNCIA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, RECAÍDAS A LOS RECURSOS DE APELACIÓN IDENTIFICADOS CON NÚMERO DE EXPEDIENTES SUP-RAP-474/2021 Y SUP-RAP-480/2021
GLOSARIO
Consejo General
Consejo General del Instituto Nacional Electoral
CPEUM/Constitución
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DEPPP
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
DOF
Diario Oficial de la Federación
INE/Instituto
Instituto Nacional Electoral
LGIPE
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGPP
Ley General de Partidos Políticos
LGSMIME
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
PPN
Partido(s) Político(s) Nacional(es)
TEPJF
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
ANTECEDENTES
I.        El quince de marzo de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG61/2017, mediante el cual ejerció la facultad de atracción y se aprobaron los "Lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución del cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales del ámbito federal y local; así como para el registro y seguimiento del reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña", los cuales fueron confirmados por la Sala Superior del TEPJF al resolver el recurso de apelación de número SUP-RAP-115/2017 y acumulados.
II.       El veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el "Acuerdo INE/CG283/2018 por el que se distribuye a las candidaturas independientes el financiamiento público así como la prerrogativa relativa a la franquicia postal, para la etapa de campaña electoral del Proceso Electoral Federal 2017- 2018", en cuyo considerando 48, se razonó lo siguiente:
"48.Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 408, numeral 1, de la LGIPE, prevé la manera en que debe distribuirse entre los Candidatos Independientes el financiamiento público para sus gastos de campaña (33.3% distribuidos de manera igualitaria entre todos los Candidatos Independientes al cargo de Presidente; 33.3% distribuidos de manera igualitaria entre todas las fórmulas de Candidatos Independientes al cargo de Senador, y 33.3% distribuidos de manera igualitaria entre todas las fórmulas de Candidatos Independientes al cargo de Diputado); y que en el numeral 2 del mismo artículo se prevé el supuesto de que un sólo candidato obtenga su registro para cualquiera de los cargos antes mencionados (el que no podrá recibir financiamiento que exceda del 50% de los montos antes referidos); pero esta autoridad advierte que no se prevé el destino de los recursos cuando un candidato independiente renuncie a recibir financiamiento público para sus gastos de campaña o cuando no se cuente con candidatos independientes para algún tipo de elección popular; por ejemplo, si en este Proceso Electoral no se contara con candidaturas independientes a la Presidencia de la República.
 
En razón de lo anterior, tomando en consideración que los Candidatos Independientes no se encuentran en un plano de igualdad, al no estar en las mismas posibilidades y condiciones que las candidaturas que son impulsadas por los Partidos Políticos Nacionales, esta autoridad considera que los recursos públicos a los que ha renunciado un Candidato Independiente deben cumplir su fin, es decir, destinarse a los demás Candidatos Independientes para sus gastos de campaña por lo que deben ser redistribuidos con los otros Candidatos Independientes a otros cargos, para cumplir con la finalidad primordial para la que fueron destinados. Así, se obtiene un gasto público eficiente y se potencializa su finalidad que es el apoyo a los Candidatos Independientes en la contienda electoral. Por lo que este Consejo General, para garantizar condiciones de equidad en la contienda electoral, determinará tres escenarios de distribución del financiamiento público para gastos de campaña con el fin de prever el registro de Candidaturas Independientes tanto para tres, dos o un cargo de elección, e incluso renuncias al financiamiento público por parte de éstas. De tal suerte que, a partir de una interpretación pro-persona se busca potencializar el derecho de las Candidaturas Independientes a participar en condiciones equitativas en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. Lo anterior permitirá aprovechar mejor los recursos que la Ley establece para el conjunto de Candidaturas Independient.es, pues si bien es cierto que éstas cuentan con financiamiento público, también lo es que el acceso a las prerrogativas es distinto respecto de las candidaturas que son impulsadas a través de los Partidos Políticos Nacionales. Con la proyección de tres escenarios, este Consejo General no sólo aplica de por sí la fórmula establecida en la Ley electoral, sino que busca prever distintas situaciones, como lo son no sólo la renuncia al financiamiento público, la cancelación del registro o incluso, el registro superveniente de Candidaturas Independientes. Lo anterior, con la intención de aprovechar al máximo los recursos públicos a los que puedan acceder este tipo de Candidaturas (...)"
III.      Mediante escrito de fecha dos de abril de dos mil dieciocho y dirigido al Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa, el Candidato Independiente al cargo de Senador, el C. Jesús Manuel Clouthier Carrillo comunicó que renunciaba al financiamiento público para gastos de campaña que le correspondía para contender en el Proceso Electoral Federal 2017-2018 y el cual aún no había sido depositado, pues no había comunicado la cuenta bancaria para realizar el depósito.
IV.      El trece de abril de dos mil dieciocho, la Candidata Independiente al cargo de la Presidencia de la República la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, remitió escrito sin número dirigido al Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través del cual comunicó que renunciaba al monto de financiamiento público para gastos de campaña que le correspondía para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, y que fue determinado mediante Acuerdo INE/CG283/2018; de tal suerte que hizo entrega del cheque número 2643765 de Banca Mifel, expedido a favor de este Instituto por la cantidad de $2,386,851.00 (dos millones trescientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y un pesos en moneda nacional).
V.       El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito JHRC/CIPR/INE013/2018 dirigido al entonces Director Ejecutivo de Administración de este Instituto, el representante legal del Candidato Independiente a la Presidencia de la República, el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, manifestó a este Instituto su renuncia al financiamiento público para gastos de campaña que le correspondía para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, por lo que devolvió el monto que le había sido depositado como primer ministración de financiamiento público para gastos de campaña a través del cheque número 0000003 de Banca Mifel, expedido a favor de este Instituto por la cantidad de $2,386,851.00 (dos millones trescientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y un pesos en moneda nacional).
VI.      El diecisiete de abril de dos mil veinte, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG86/2020, por el que se establecieron los criterios para los PPN que soliciten renunciar a su financiamiento público, en virtud de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19).
 
VII.     En el ejercicio fiscal 2020, en atención al oficio CEN/P/037/2020, emitido por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y al acuerdo recaído al mismo INE/CG85/2020, fue retenido al PPN Morena de su financiamiento federal para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes la cantidad total de $826,972,392.00 (ochocientos veintiséis millones novecientos setenta y dos mil, trescientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.) correspondiente al 50% de su financiamiento público, en los meses de mayo a diciembre de dicho año.
VIII.    El dieciocho de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG573/2020 por el que se distribuye el financiamiento público federal, así como las prerrogativas postal y telegráfica de los PPN para el ejercicio 2021, estableciéndose en el resolutivo cuarto que los montos del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes y por actividades específicas serían ministrados a los institutos políticos en forma mensual, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.
IX.      En el ejercicio fiscal dos mil veintiuno Morena presentó al Instituto los oficios CEN/MDC/011/2021, CEN/MDC/015-BIS/2021, CEN/MDC/016-BIS/2021 y CEN/MDC/017-BIS/2021, solicitando la renuncia al financiamiento público ordinario que le correspondió en las ministraciones de mayo, agosto y septiembre de dos mil veintiuno.
X.       A través de los escritos INE/SE/2211/2021, INE/SE/2496/2021 e INE/SE/2666/2021, el INE informó a Morena que cumplía con los criterios aprobados mediante Acuerdo INE/CG86/2020, por lo que la retención por concepto de renuncia al financiamiento público ordinario se realizó en las ministraciones de los meses de mayo, agosto y septiembre de dos mil veintiuno.
XI.      El ocho de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio CEN/MDC/027-BIS/2021 dirigido al presidente del Consejo General del INE, Morena solicitó que se le hiciera del conocimiento la institución y cuenta bancaria en la cual debía hacer la devolución de la cantidad consistente en $200,000,000.00 (doscientos millones de pesos en moneda nacional) para su reintegro a la Tesorería de la Federación para la compra de vacunas contra el COVID-19.
XII.     En respuesta a la petición de Morena, el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, la DEPPP emitió el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/13609/2021 determinando que la solicitud resultaba improcedente, al considerar que la misma versaba sobre devolver un monto de financiamiento público que ya había sido depositado al partido político, es decir, que ya formaba parte de su patrimonio, por lo cual debía destinarse únicamente al fin para que el que fue otorgado.
XIII.    Inconforme, el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, Morena presentó demanda de recurso de apelación, integrándose el expediente SUP-RAP-474/2021 en la Sala Superior del TEPJF.
XIV.    Posteriormente, mediante oficio CEN/MDC/029-BIS/2021 de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, Morena, a través del presidente Nacional del Comité Ejecutivo Nacional, solicitó al Instituto la retención del 100% de la ministración del financiamiento público correspondiente al mes de diciembre de dos mil veintiuno, con la finalidad de ser reintegrado a la Tesorería de la Federación, para ser destinado a la compra de vacunas contra el COVID-19, calculado antes de aplicar las deducciones que correspondieran por sanciones.
XV.     El veintinueve siguiente, la DEPPP declaró improcedente la solicitud y le informó a Morena que no podía renunciar a la totalidad de la prerrogativa correspondiente a diciembre de dos mil veintiuno, toda vez que primero debían calcularse y deducirse las sanciones impuestas que se encontraban firmes y, posteriormente, calcular el monto al que podía renunciar, lo anterior mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/13720/2021.
XVI.    Inconforme con la repuesta del INE, el tres de diciembre de dos mil veintiuno, Morena interpuso recurso de apelación SUP-RAP-480/2021 ante la Sala Superior del TEPJF.
XVII.   En respuesta al oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/13720/2021, el uno de diciembre de dos mil veintiuno, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, solicitó mediante oficio CEN/MDC/031-BIS/2021, lo siguiente:
"AD CAUTELAM SE DA CONTESTACIÓN AL OFICIO
(...)
En tal escenario, y en respuesta a su oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/13720/2021, solicito se me haga LA RETENCION del 75% (setenta y cinco por ciento) de la ministración correspondiente al mes de diciembre, dicho porcentaje debe ser considerado después del descuento de las sanciones que ese instituto ha impuesto al partido que represento, es decir, el 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes al mes de diciembre, por lo que se deberá de retener la cantidad de $102,273,993.75 (ciento dos millones doscientos setenta y tres mil novecientos noventa y tres 75/100), lo anterior a efecto de que dicho monto sea reintegrado a la Tesorería de la Federación y a su vez pueda ser canalizado al sector salud para la compra de vacunas contra COVID-19."
XVIII.  El trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante Acuerdo CF/019/2021, la Comisión de Fiscalización del INE se pronunció respecto a la solicitud formulada por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena aprobando que, para la ejecución de sanciones derivadas de la resolución INE/CG1415/2021, se debía considerar por única ocasión, el descuento económico de hasta el veinticinco por ciento por el cúmulo de sanciones por reducción, respecto del financiamiento público mensual que recibirá Morena para actividades ordinarias en el mes de diciembre de 2021.
XIX.    En consecuencia, el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/SE/3053/2021, el Secretario Ejecutivo del INE decretó procedente la referida solicitud.
Sin embargo, el contenido de dicho escrito fue impugnado por Morena ante la Sala Superior del TEPJF mediante expediente SUP-RAP-9/2022; recurso que a la fecha no ha sido resuelto por el órgano jurisdiccional.
XX.     El diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, el Consejo General de este Instituto mediante Acuerdo INE/CG1795/2021 rechazó el "Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se modifica el diverso INE/CG86/2020, relativo a los criterios a los que deberán sujetarse los Partidos Políticos Nacionales que soliciten renunciar a su financiamiento público, en virtud de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del virus SARS-COVS (COVID)" sometido a consideración del colegiado por el partido político Morena. El documento pretendía modificar el numeral 3 de los Criterios aprobados mediante Acuerdo INE/CG86/2020, a fin de que se posibilitara la devolución del financiamiento público federal ordinario ya ministrado a los PPN.
XXI.    El veintidós y veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, la Sala Superior del TEPJF resolvió las impugnaciones presentadas por Morena mediante sentencias SUP-RAP-480/2021 y SUP-RAP-474/2021, respectivamente. En ambos casos, revocó los oficios emitidos por la DEPPP al considerar que carecía de facultades para pronunciarse y debía ser el Consejo General quien determinara lo conducente, tal como se lee en los párrafos 40 y 41 de la sentencia al Recurso de Apelación primeramente invocado, como se lee a continuación:
"... lo anterior ya que de conformidad con lo previsto por el artículo 44, apartado 1, inciso k), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de los criterios sustentados en los recursos de apelación SUP-RAP-50/2010 y SUP-RAP-60/2010, los asuntos relacionados con la renuncia y/o retención de financiamiento público, es una temática que corresponde conocer al máximo órgano directivo de la autoridad administrativa electoral nacional, por tratarse de una cuestión que constituye una disminución en las prerrogativas de los partidos políticos. Por ende, en dicho precedente se consideró que era el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el encargado de vigilar las temáticas relacionadas con las prerrogativas de los partidos políticos, a efecto de que se cumpla con la normativa, como es el caso del financiamiento público ordinario de los partidos políticos y su reducción a petición expresa..."
Y como se señaló en el SUP-RAP-474/2021, a página 24:
"... Al respecto, conviene precisar que en el acuerdo INE/CG86/2020, el CGINE consideró el tema de las renuncias al financiamiento público que pudieran presentarse con el propósito de canalizar recursos para hacer frente a la epidemia derivada del COVID-19 que actualmente aqueja al país.
No obstante, la solicitud del recurrente se refiere no una renuncia, que se considera previa a la entrega de la ministración, sino a una devolución, la cual operaría una vez transferidos los recursos, por lo que, al tratarse de una temática relacionada con la materia de fiscalización, en particular, con el análisis del destino que pudiera darse al financiamiento público, es que la competencia para pronunciarse al respecto corresponde al CGINE.
 
En este sentido, con independencia que el INE no tenga injerencia en la forma en que los recursos que son devueltos a la Tesorería de la Federación son utilizados, deberá evaluar la solicitud de la recurrente, en el sentido de la viabilidad de devolver los recursos que ya fueron ministrados por concepto de financiamiento público y, en su caso, los alcances que tal operación pudiera tener para efectos de fiscalización. Por lo expuesto, al alcanzar su pretensión la parte recurrente es innecesario abordar el resto de los agravios..."
(lo resaltado en negritas es propio)
CONSIDERANDO
Marco Normativo
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
1.     El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, en relación con los artículos 29, 30, numerales 1 y 2, y 31, numeral 1, de la LGIPE, establecen que el INE es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autoridad en materia electoral e independiente en sus decisiones y funcionamiento, que se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, paridad y con perspectiva de género, que tiene entre sus funciones la de contribuir al desarrollo de la vida democrática y preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos. Asimismo, el apartado B del mismo artículo de la Constitución establece que al INE corresponden, para los Procesos Electorales Federales, las actividades relativas a los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos.
2.     El artículo 41, en su párrafo tercero, Base I, estipula que los partidos políticos son entidades de interés público y que la Ley determinará sus derechos, obligaciones y prerrogativas; que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de la paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al poder público.
3.     El artículo 41, Base II de la CPEUM, señala que la ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.
4.     El artículo 41, Base II de la CPEUM señala que el financiamiento público para los partidos políticos se compone de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendentes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico; esto es, el financiamiento de los partidos políticos tiene una finalidad y un monto determinado constitucionalmente.
5.     El artículo 99 párrafo cuarto, fracción VII de la Constitución Política le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolver de forma definitiva e inatacable la determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto, de ahí que las sanciones que se encuentren firmes, así como la forma de cobro de estas, no pueden ser modificadas por otras autoridades administrativas o jurisdiccionales locales.
6.     El artículo 116, fracción IV, inciso g) de la citada CPEUM, determina que los partidos políticos reciban en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
7.     De conformidad con el artículo 30, numeral 1, incisos a), b), d), f) y g) de la LGIPE, son fines del INE, contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática.
8.     El artículo 31, numeral 3 de la LGIPE prescribe que el INE no podrá alterar el cálculo para la determinación del financiamiento público de los partidos políticos, ni los montos que del mismo resulten, debido a que los recursos presupuestarios destinados para este fin no forman parte del
patrimonio del instituto.
9.     El artículo 32, numeral 1, inciso b), en sus fracciones I y II de la LGIPE señala que son atribuciones del INE, en los Procesos Electorales Federales, el reconocimiento a los derechos y el acceso a las prerrogativas de los Partidos Políticos Nacionales.
10.   De conformidad con el artículo 35 de la LGIPE, el Consejo General del INE es el órgano superior de dirección responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, guíen todas las actividades del Instituto.
11.   El artículo 44, párrafo 1, inciso j) de la LGIPE, señala que es atribución del Consejo General de este Instituto vigilar que las actividades de los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales se desarrollen con apego a la ley en cita, así como a la LGPP y cumplan con las obligaciones a que están sujetos.
12.   El artículo 55, numeral 1, inciso d) de la LGIPE señala que es atribución de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) ministrar a los Partidos Políticos Nacionales el financiamiento público al que tienen derecho.
13.   De acuerdo con el artículo 190 de la LGIPE, la fiscalización de los partidos políticos se realizará en los términos y conforme a los procedimientos previstos por la propia ley y de conformidad con las obligaciones previstas en los artículos 78, 79 y 80 de la LGPP; además que la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos estará a cargo del Consejo General de este Instituto por conducto de la Comisión de Fiscalización.
14.   Conforme al artículo 191, numeral 1, incisos a) y d) de la ley en cita, establece que el Consejo General del INE, está facultado para emitir los Lineamientos específicos en materia de fiscalización, contabilidad y registro de operaciones de los partidos políticos, así como vigilar que el origen y aplicación de los recursos observen las disposiciones legales.
15.   Conforme al artículo 192, numeral 1, el Consejo General del Instituto ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización.
16.   El artículo 196, numeral 1 establece que la Comisión de Fiscalización del Instituto es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los partidos políticos.
17.   El artículo 209, numeral 5 de determina que la entrega de cualquier material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o por interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona, siendo que dichas conductas serán sancionadas de conformidad con la LGIPE y se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto.
18.   Ahora bien, para la individualización de sanciones, la autoridad electoral toma en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las condiciones socioeconómicas del ente infractor, creando así certeza de que éstos tienen la capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias que les sean impuestas, tal como lo señala el artículo 458, numeral 5, de la LGIPE. Asimismo, de acuerdo con el numeral 7 del mismo artículo, el monto de las multas que les hayan sido impuestas a los partidos políticos deberá restarse de sus ministraciones de gasto ordinario, conforme a lo que se determine en la resolución correspondiente.
Ley General de Partidos Políticos
19.   El artículo 23, numeral 1, inciso d) de la LGPP, establece como derecho de los partidos políticos el acceder a las prerrogativas y recibir financiamiento público, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 41 de la CPEUM y demás leyes federales o locales aplicables.
20.   El artículo 25, numeral 1, inciso n) de la LGPP, señala como obligación de los partidos políticos, el aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados.
21.   El artículo 26, párrafo 1, inciso b) prescribe que, entre las prerrogativas de los partidos políticos,
se encuentra la de participar del financiamiento público para la realización de sus actividades.
22.   Asimismo, el artículo 50 de la LGPP prescribe que los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa; que éste deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado únicamente para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas como entidades de interés público.
23.   En este orden de ideas, el artículo 51 de la LGPP, dispone que los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas previstas en la misma Ley, señalando que los conceptos a que deberá destinarse el mismo, será para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes; actividades específicas como entidades de interés público y gastos de campaña.
24.   De conformidad con lo establecido en el artículo 51, numeral 1, incisos a), fracción IV y c), en relación con el artículo 74 de la LGPP, los partidos políticos tienen derecho al financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, cumpliendo la responsabilidad de destinar anualmente el dos por ciento de dicho financiamiento para el desarrollo de actividades específicas, así como a recibir prerrogativas por actividades específicas como entidades de interés público, por un monto adicional equivalente al tres por ciento del financiamiento ordinario permanente, debiendo reportar el ejercicio de dichos recursos en sus informes anuales a la autoridad.
25.   En el artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción V de la LGPP, se establece que los partidos políticos destinarán anualmente el tres por ciento de su financiamiento público ordinario a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, así como para la creación y fortalecimiento de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, situación que puede modificarse de conformidad con la legislación local que se pretenda cumplir.
26.   El artículo 72, numerales 1 y 2 establece que los partidos políticos deberán reportar los ingresos y gastos del financiamiento para actividades ordinarias, determinando que los rubros de gasto ordinario corresponde al gasto programado que comprende los recursos utilizados por el partido político con el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de la cultura política y el liderazgo político de la mujer, el gasto de procesos internos de selección de candidatos, el cual no podrá ser mayor al dos por ciento del gasto ordinario establecido para el año en el cual se desarrolló el proceso interno; los sueldos y salarios del personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos y otros similares; la propaganda de carácter institucional.
27.   El artículo 80 señala las reglas a las que se sujetará el procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos.
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
28.   El artículo 5 de la LGSMIME, establece que este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del TEPJF.
Reglamento de Fiscalización
29.   El artículo 93, numeral 2 señala que el patrimonio de los partidos políticos se integra por los activos fijos propiedad de los sujetos obligados a nivel nacional, los derechos, el financiamiento público que en su caso reciban, las aportaciones recibidas de cualquier fuente de financiamiento permitido por la LGIPE.
30.   Asimismo, el artículo 96, numeral 1 señala que todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los partidos políticos como sujetos obligados por cualquiera de sus modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el propio Reglamento de Fiscalización.
Asimismo, el numeral 2 del ya referido artículo 96 establece que los ingresos se registrarán contablemente cuando se reciban, es decir, los que sean en efectivo cuando se realice el depósito en la cuenta bancaria o cuando se reciba el numerario, los que son en especie cuando se reciba el bien o la contraprestación.
31.   El artículo 342, párrafo 1 del Reglamento de Fiscalización, señala que las multas que fije el
Consejo General que no hubieran sido recurridas, o bien que fuesen confirmadas por el TEPJF, deberán ser pagadas en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la LGIPE.
Lineamientos para reintegrar el remanente no ejercido o no comprobado del financiamiento público otorgado a los Partidos Políticos Nacionales y locales para el desarrollo de las actividades ordinarias y específicas aplicable a partir del ejercicio dos mil dieciocho y posteriores, en cumplimiento a la sentencia SUP-RAP-758/2017 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aprobados mediante Acuerdo INE/CG459/2018
32.   Dichos Lineamientos, establecen:
"Artículo 3. Para determinar el remanente del ejercicio ordinario federal o local se aplicará de manera específica lo siguiente, conforme a la balanza consolidada del ámbito federal o local, según sea el caso:
I. Remanente de operación ordinaria.
(...)
II. Remanente de actividades específicas
(...)
Artículo 4. Conforme a las fórmulas definidas en el artículo anterior, los partidos políticos calcularán el saldo o remante a devolver del financiamiento público para operación ordinaria y actividades específicas, e informarán a la Unidad Técnica de Fiscalización en la entrega del Informe Anual del ejercicio correspondiente, para ello tomarán en consideración los saldos y movimientos en cuentas de balanza registrados en el SIF.
En la revisión del Informe Anual correspondiente, la Unidad Técnica de Fiscalización verificará el cálculo del remanente reportado y notificará las diferencias encontradas mediante el oficio de errores y omisiones a los sujetos obligados, así como el monto del gasto no comprobado.
En las respuestas a los oficios de errores y omisiones, los sujetos obligados deberán presentar las aclaraciones, documentación comprobatoria y ajustes que consideren, derivado de las observaciones notificadas por la Unidad Técnica de Fiscalización.
Artículo 5. En el caso del Informe Anual del ejercicio sujeto a fiscalización, el saldo a devolver será incluido en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos de los Partidos Políticos Nacionales, nacionales con acreditación local y locales, correspondientes."
Acuerdo INE/CG86/2020 del Consejo General del INE por el que se establecen los criterios a los que deberán sujetarse los Partidos Políticos Nacionales que soliciten renunciar a su financiamiento público, en virtud de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19)
33.   La Sala Superior del TEPJF, al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-10/2020 decidió que es atribución exclusiva del Consejo General del INE resolver lo relativo a la petición de cualquier PPN que involucre una solicitud de renuncia de algún porcentaje del financiamiento público otorgado conforme a las prerrogativas constitucionales que le son reconocidas para su funcionamiento, por lo que el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG86/2020 en el que estableció a la letra, lo siguiente:
"Del pronunciamiento del Consejo General respecto de la posibilidad constitucional y legal de atender las solicitudes de renuncia al financiamiento público
(...)
2. Por lo anterior, y dado que el financiamiento que como parte de las prerrogativas que constitucionalmente se confiere a los partidos políticos corresponde a erario público es jurídicamente factible concluir que las prerrogativas de los partidos políticos sí son renunciables, como es el caso del financiamiento público, sólo que los institutos políticos deben dar su consentimiento para que alguna parte de su financiamiento público sea retenido por el INE, con el fin de ser remitido a la Tesorería de la
Federación, sin que ello implique que el Instituto cuente con la atribución de destinar el recurso reintegrado al erario público hacia fines, instituciones u organismos públicos específicos.
Sin embargo, la renuncia al financiamiento público debe prever las obligaciones que los partidos políticos tienen como entidad de interés público, pues la renuncia a un derecho, que en este caso es el financiamiento público federal ordinario, de ninguna manera conlleva el incumplimiento de una obligación previamente establecida.
i. De los remanentes de financiamiento público y las multas y sanciones
(...)
Conforme al artículo 458, numeral 7, de la LGIPE, en el caso de las multas impuestas a los partidos políticos, el monto de éstas se restará de sus ministraciones de gasto ordinario conforme a lo que se determine en la resolución, sin que esté permitido deducirlas en forma distinta.
(...)
Criterios a los que deberán sujetarse los Partidos Políticos Nacionales que soliciten la renuncia al financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, en virtud de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)
8. Ahora bien, este Consejo General considera que los Partidos Políticos Nacionales solicitantes, deberán tomar en cuenta los siguientes criterios:
(...)
3. La renuncia al financiamiento público federal ordinario podrá aplicarse por el INE exclusivamente de las ministraciones mensuales que aún no hayan sido depositadas en las cuentas bancarias del partido político. Es decir, que no hayan ingresado al patrimonio de éste.
4. Los Partidos Políticos Nacionales deberán señalar con claridad el monto y/o porcentaje total al que renuncian, respecto del financiamiento público federal ordinario correspondiente al ejercicio dos mil veinte, conforme a lo acordado primigeniamente por el Consejo General.
5. Los partidos políticos deberán indicar explícitamente si la renuncia a la prerrogativa debe calcularse por la autoridad electoral, antes o después de aplicar las deducciones que correspondan por remanentes y sanciones. En caso de que no indiquen explícitamente si el monto de renuncia debe aplicarse antes o después, la DEPPP deberá deducir en primera instancia, los remanentes y sanciones, y sólo después podrá aplicar el monto de renuncia.
(...)
7. Atendiendo al punto 5 anterior, el monto mensual de renuncia puede variar debido a que la suma total mensual a deducir por remanentes de financiamiento público y/o multas y sanciones sea tal que no sea posible aplicarlo en su totalidad. Asimismo, el monto mensual de renuncia sólo podrá ser deducido en su totalidad, siempre que la redistribución que en su caso lleve a cabo el Consejo General por el registro de nuevos partidos políticos, así lo posibilite.
8. No obstante, la renuncia a la prerrogativa y en virtud de ser una obligación sujeta a fiscalización, los Partidos Políticos Nacionales deberán destinar anualmente del financiamiento público federal para actividades ordinarias, los porcentajes que correspondan tanto para actividades específicas como para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, y que hayan sido determinados por este Consejo General, en virtud de las disposiciones constitucionales y legales, tomando como base el financiamiento a que tienen derecho y no el que van a recibir producto de la renuncia respectiva.
9. Asimismo, la renuncia a algún monto del financiamiento público anual para el
sostenimiento de las actividades ordinarias no exime a los partidos políticos del cumplimiento de sus obligaciones en materia de fiscalización, entre las que se encuentra, garantizar que el financiamiento público prevalezca sobre el financiamiento privado.
10. Una vez reintegrado el recurso a la Tesorería de la Federación, es facultad exclusiva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el destino de los recursos, ya que éstos deben administrarse y aplicarse de conformidad con la normativa presupuestaria, sin que el INE cuente con la atribución legal para llevar a cabo la supervisión de los recursos ya transferidos.
(...)
A C U E R D O
Primero. Este Consejo General considera jurídicamente factible atender las solicitudes de renuncia al financiamiento público federal para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes correspondiente al ejercicio dos mil veinte, que así externen los Partidos Políticos Nacionales, en virtud de la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV2 (COVIT-19).
Segundo. En el marco de la actual contingencia sanitaria, este Consejo General instruye a la Secretaría Ejecutiva para que resuelva, en su caso, las futuras solicitudes de renuncia al financiamiento público para el sostenimiento de las actividades permanentes que llegaren a presentar los institutos políticos, conforme al procedimiento determinado en considerandos previos, de lo cual, al finalizar dicha contingencia, deberá rendir un informe a este Consejo General, en su sesión ordinaria siguiente, respecto de todas las resoluciones que emita.
Tercero. Los Partidos Políticos Nacionales que soliciten, a partir de la aprobación del presente Acuerdo, la renuncia a un monto del financiamiento público federal para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes correspondiente al ejercicio 2020 y en virtud de la emergencia sanitaria derivada del virus SARSCoV2 (COVIT-19), deberán sujetarse a los criterios indicados en el Considerando 8.
Cuarto. Los montos descontados a los Partidos Políticos Nacionales de su financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes por concepto de renuncia, serán remitidos a la Tesorería de la Federación por conducto de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto, asimismo, deberá gestionar la reducción líquida del financiamiento público a partidos políticos que corresponda, en el sistema destinado para tal fin por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."
Lineamientos para el cobro de sanciones impuestas por el INE y autoridades jurisdiccionales electorales, del ámbito federal y local; así como para el reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña
34.   En este sentido, el Acuerdo INE/CG61/2017(1) por el que se aprobaron los "Lineamientos para el cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales, del ámbito Federal y Local; así como para el reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña", especifican lo siguiente:
"...Quinto
Exigibilidad
Las sanciones se ejecutarán una vez que se encuentren firmes, en la forma y términos establecidos en la resolución o sentencia correspondiente. Las sanciones que no hayan sido objeto de recurso ante alguna de las Salas del Tribunal o tribunales electorales locales se consideran firmes en el momento que venció el plazo para recurrirlas, aun cuando formen parte de la misma resolución impugnada por otras sanciones. Asimismo, se consideran firmes aquellas sanciones confirmadas por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o bien, que no hayan sido oportunamente combatidas.
Respecto de las sanciones que fueron objeto de revocación, se considerarán firmes
una vez que se emita la resolución o acuerdo mediante el que se acata la sentencia y que haya vencido el plazo para impugnar dicho acto."
Tesis XII/2004
35.   La Tesis XII/2004 del TEPJF, establece lo siguiente:
"MULTA IMPUESTA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. SI LA INFRACCIÓN ES DE CARÁCTER PATRIMONIAL DEBE CUMPLIR UNA FUNCIÓN SIMILAR O EQUIVALENTE AL DECOMISO. - En los casos en que el autor de un ilícito obtenga un beneficio económico, como producto o resultado de dicha conducta, la multa impuesta debe incluir, por lo menos, el monto del beneficio obtenido, es decir, además de cumplir con su función sancionatoria típica, debe realizar una función equivalente al decomiso de dicho beneficio. Se toma como punto de partida la institución jurídica desarrollada por el derecho penal denominada decomiso, contenida en el artículo 40 del Código Penal Federal.
El decomiso consiste en que todos los objetos en los cuales recayó el ilícito, así como los que derivaron de su comisión, sean sustraídos del patrimonio del autor del ilícito. La finalidad del decomiso es que el individuo que comete un ilícito no se vea beneficiado de ninguna forma por su comisión, sino por el contrario, constituye una circunstancia de orden público e interés general que las conductas ilícitas que alteren la vida en sociedad se repriman, y si no se estableciera el decomiso, se estaría fomentando que se siguieran cometiendo este tipo de conductas, con lo cual no se lograría la finalidad que persigue el ius puniendi del Estado, pues no obstante que se impusiera una sanción, el autor del ilícito obtendría, de cualquier forma, un beneficio, esto es, para que se puedan cumplir las finalidades perseguidas por la sanción, debe existir la certeza de que su autor no obtenga provecho de ninguna especie, sino por el contrario, que resulte en un perjuicio en la esfera jurídica de sus derechos (patrimoniales, de libertad, etcétera) porque sólo de esta forma se logra la persuasión perseguida. El principio apuntado cobra vigencia en el derecho administrativo sancionador, toda vez que tanto éste como el derecho penal son coincidentes en la finalidad represiva de ilícitos. En el derecho penal, el decomiso es considerado como una pena accesoria expresamente prevista por la ley; pero como ya se vio que la razón del decomiso en el derecho penal permanece en el derecho administrativo sancionador, debe considerarse que una parte de la sanción debe cumplir una función similar o equivalente al decomiso. Considerar lo contrario, derivaría en un fraude a la ley, al permitir que una conducta ilícita sirviera como medio para que el que la cometa, pueda obtener un beneficio, no obstante que fuera sancionado por la autoridad competente, conforme a las leyes aplicables al caso. Lo anterior permite concluir que cuando se trate de sanciones relacionadas con ilícitos derivados de aportaciones al financiamiento que no provengan del erario público, la multa no podrá ser, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, menor a la cantidad objeto del ilícito."
Tesis XVI/2010
36.   La Tesis XVI/2010, refiere:
"FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ES COMPETENTE PARA DETERMINAR LO RELATIVO A SU RETENCIÓN.- De la interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 78, párrafo 1, inciso a), fracción I, 79, 116, párrafos 2 y 6, 118, párrafo 1, incisos i) y w), y 378, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que compete al Consejo General del Instituto Federal Electoral, y no al Secretario Ejecutivo, determinar lo relativo a la procedencia de retenciones del financiamiento público que corresponde a los partidos políticos, pues dicho órgano colegiado es el facultado para determinar, en el ámbito de sus atribuciones, cualquier cuestión relacionada con el financiamiento público de los partidos políticos, como es la fijación del monto anual y del destinado para la obtención
del voto en los Procesos Electorales Federales que les corresponde, la vigilancia del destino de dichos recursos y la imposición de sanciones que repercutan en dicho financiamiento, entre otras."
Tesis XI/2012
37.   La Tesis XI/2012, de rubro FINANCIAMIENTO PÚBLICO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEBEN DESTINARLO A SUS ACTIVIDADES O FINES PROPIOS, refiere:
"FINANCIAMIENTO PÚBLICO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEBEN DESTINARLO A SUS ACTIVIDADES O FINES PROPIOS.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, bases I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38, párrafo 1, inciso o), 78, 342, párrafo 1, inciso a) y 347, párrafo 1, incisos c), e) y f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que los partidos políticos, como entidades de interés público, deben destinar el financiamiento público que reciben a sus propias actividades y fines, lo que impide utilizarlo para apoyar actividades o funciones de un órgano de gobierno de los ámbitos federal, local o municipal, pues ello podría provocar un desequilibrio entre las distintas fuerzas políticas o contendientes, afectando los principios de imparcialidad y equidad que rigen en el derecho electoral."
Tesis XVII/2016
38.   La Tesis XVII/2016 determina lo que a continuación se indica:
"GASTOS DE CAMPAÑA. EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL TIENE LA FACULTAD IMPLÍCITA PARA ORDENAR LA DEVOLUCIÓN DEL MONTO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO NO COMPROBADO.- La interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, párrafo 2, 44, párrafo 1, incisos j) y k) y 191, párrafos 1, incisos a) y d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, revela que el Instituto Nacional Electoral tiene la facultad implícita de ordenar la devolución de los recursos destinados para las campañas comiciales cuyo gasto no se comprobó, a través de la emisión del acuerdo correspondiente, sin que sea necesario que exista disposición expresa en la normativa aplicable para ese efecto, dado los fines constitucionales y legales que tiene el uso de los recursos públicos; de ahí que es necesaria una interpretación en ese sentido, para hacer eficaces las labores de vigilancia, investigación y sanción con que cuenta el órgano nacional electoral, así como el procedimiento de fiscalización y la rendición de cuentas diseñado para disuadir cualquier clase de conductas que infrinjan la normativa electoral, y lograr que el financiamiento público pueda ser usado y destinado para el fin específico para el cual se otorgó."
Tesis XXIX/2016
39.   La Tesis XXIX/2016, establece que:
"GASTOS DE CAMPAÑA. LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REINTEGRAR EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO NO COMPROBADO.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, Bases I y II, inciso c), 116, fracción IV, inciso c), y 126, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, incisos a) y n), 51, fracción V, 61, 63, 66, 68 y 76, de la Ley General de Partidos Políticos, se desprende que los institutos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustarlas a los principios del Estado democrático, así como la obligación de aplicar el financiamiento de que dispongan, exclusivamente para los fines que fueron entregados, en observancia al mandato constitucional encaminado a lograr un compromiso real y efectivo con los principios de racionalidad y austeridad que deben prevalecer en las finanzas del país. Bajo ese contexto, los partido políticos tienen el deber de reintegrar al erario los recursos entregados específicamente para gastos de campaña que no fueron comprobados, ya que aun cuando no exista alguna norma que lo ordene expresamente, se deriva del deber de aplicar el financiamiento de que dispongan sólo para los fines que les haya sido entregado, con lo cual se dota de
coherencia al sistema jurídico nacional, porque se permite materializar y reforzar la labor de la fiscalización de los recursos públicos, de acuerdo a los principios que consideran la racionalidad y austeridad para el mejor funcionamiento de las entidades públicas, con lo que se logra la materialización de los fines del Estado democrático."
Tesis XXXIX/2016
40.   La Tesis XXXIX/2016, señala:
"FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE PARTIDOS POLÍTICOS. SE RIGE POR LA LEY VIGENTE AL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.- De la interpretación de los artículos 41, párrafo segundo, Bases I y II, y 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38, párrafo 1, inciso o), 78, y 342, párrafo 1, incisos e) y f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como del principio de integralidad, que consiste en tener una visión panorámica y completa de la revisión de los gastos; y el principio de anualidad, se concluye que la disposición de los recursos públicos, la formulación de informes, su revisión, la determinación de las infracciones y, en su caso, la imposición de sanciones, se regula por el ordenamiento legal vigente al inicio del ejercicio fiscal correspondiente. En ese sentido, la revisión de los informes que presenten los institutos políticos que recibieron recursos públicos después de que se dejó sin efectos la ley aplicable al inicio de la disposición del financiamiento deberá llevarse a cabo conforme a las reglas de la propia normativa, porque la fiscalización comprende a todos los entes políticos que recibieron ese beneficio durante el mismo ejercicio fiscal, independientemente de que lo hayan obtenido desde el inicio o posteriormente, ya que en observancia al principio de anualidad, debe brindarse certeza a los sujetos obligados y a la autoridad que lleva cabo el análisis respectivo, sobre la normativa aplicable."
Tesis XXI/2018
41.   La Tesis XXI/2018 establece, asimismo, lo siguiente:
"GASTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y ESPECÍFICAS. LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REINTEGRAR AL ERARIO EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO NO COMPROBADO O NO DEVENGADO.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, Base II, párrafos primero y segundo, 74, fracción IV, 116, fracción IV, inciso g), 126 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, párrafo primero, incisos b) y d), 25, incisos a), n) y s), 51, inciso a), fracciones IV y V, 68, 72, párrafos 1 y 2, y 74 de la Ley General de Partidos Políticos; 2, fracción XIII, y 4, fracción VIII, y 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 17, fracción VII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se concluye que los partidos políticos, como entidades de interés público, tienen la obligación de ejercer el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines y ejercicio que fueron entregados. En ese sentido, aun cuando no exista alguna norma que lo ordene expresamente, de conformidad con los principios constitucionales, hacendarios y presupuestales de racionalidad, austeridad y anualidad que deben prevalecer en las finanzas del país, los partidos políticos tienen el deber de reintegrar al erario los recursos entregados para el desarrollo de actividades ordinarias y específicas que no fueron debidamente comprobados o devengados en cada ejercicio anual."
Tesis XXX/2019
42.   La Tesis XXX/2019, señala:
"FISCALIZACIÓN. LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL PARA LA EJECUCIÓN DE SANCIONES PRESCRIBE EN UN PLAZO DE CINCO AÑOS.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 6, Apartado C, párrafo segundo, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, apartado 1, incisos o) y aa), y 190, apartados 1 y 2, 458, apartados 7 y 8, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 61, párrafo 1, inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos; 3, párrafos primero y tercero, 4, párrafo primero y 146, del Código Fiscal de la Federación; 342 del Reglamento de Fiscalización; apartados segundo, cuarto, quinto
y sexto, subapartado B), inciso B, de los Lineamientos para el registro, seguimiento y ejecución del cobro de sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales electorales del ámbito federal y local, así como para el registro y seguimiento del reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña; así como de la tesis XI/2018 de rubro GASTOS DE CAMPAÑA. LA OBLIGACIÓN DE REINTEGRAR LOS MONTOS DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO NO EROGADOS, REPORTADOS O COMPROBADOS NO SE EXTINGUE POR CADUCIDAD, PERO PRESCRIBE EN UN PLAZO DE CINCO AÑOS, se desprende que las sanciones determinadas por el Instituto Nacional Electoral debido a la fiscalización asumen la naturaleza jurídica de un aprovechamiento, por ende, de un crédito fiscal. Por tanto, la facultad de las autoridades electorales para la ejecución de sanciones firmes debe tenerse por actualizada en el plazo de cinco años contados a partir de que la resolución correspondiente haya adquirido firmeza."
Resoluciones, materia de acatamiento
43.   Como se señaló en los antecedentes la sentencia SUP-RAP-474/2021 emitida por la Sala Superior revocó el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/13609/2021, que dio respuesta al oficio CEN/MDC/027-BIS/2021 del 8 de noviembre de 2021, dirigido al presidente del Consejo General de este Instituto, recibido el 11 de noviembre del presente año, en el cual, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, solicitó:
"... se me haga del conocimiento la institución y cuenta bancaria en la cual este instituto deberá hacer la devolución de la cantidad consistente en $200,000,000.00 (Doscientos millones de pesos m.n. 00/100) para su reintegro a la Tesorería de la Federación para la compra de vacunas contra el COVID-19."
La Sala Superior del TEPJF, al resolver el expediente SUP-RAP-474/2021, señaló lo siguiente:
"En esencia, la parte recurrente sostiene que la solicitud debió ser sometida a la consideración del órgano superior de dirección del INE, dado que la DEPPP carece de facultades para pronunciase acerca de la solicitud de devolución de recursos que formulen los partidos políticos.
El agravio es sustancialmente fundado y suficiente para revocar el oficio impugnado.
(...)
Contrario a ello, la solicitud no guarda relación con el acto formal de ministrar los recursos a los partidos políticos, función que corresponde a la DEPPP, en el entendido que una vez que los recursos son entregados, ese órgano carece de facultades para pronunciarse en torno a las solicitudes de devolución o, en su caso, al destino de estos, pues su función se reduce a calcular los montos a ministrar, previa deducción de multas y sanciones.
Así, la solicitud no podía ser analizada por la DEPPP, dado que la facultad de vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos se actúe con apego a la normativa correspondiente es exclusiva del CGINE, de ahí que, la competencia para conocer de la solicitud planteada por la parte recurrente recae en ese órgano superior de dirección.
Esto porque en el artículo 44, numeral 1, inciso k), de la LGIPE, se establece que el CGINE es el órgano encargado de vigilar que, respecto a las prerrogativas de los partidos políticos, se actúe con apego a la LGIPE, a la LGPP, así como a lo dispuesto en los Reglamentos que expida el propio Consejo General.
Al respecto, conviene precisar que en el acuerdo INE/CG86/2020, el CGINE consideró el tema de las renuncias al financiamiento público que pudieran presentarse con el propósito de canalizar recursos para hacer frente a la epidemia derivada del COVID-19 que actualmente aqueja al país.
No obstante, la solicitud del recurrente se refiere no una renuncia, que se considera previa a la entrega de la ministración, sino a una devolución, la cual operaría una vez transferidos los recursos, por lo que, al tratarse de una temática relacionada con la materia de fiscalización, en particular, con el análisis del destino que pudiera darse al financiamiento público, es que la competencia para pronunciarse al respecto corresponde al CGINE.
 
En este sentido, con independencia que el INE no tenga injerencia en la forma en que los recursos que son devueltos a la Tesorería de la Federación son utilizados, deberá evaluar la solicitud de la recurrente, en el sentido de la viabilidad de devolver los recursos que ya fueron ministrados por concepto de financiamiento público y, en su caso, los alcances que tal operación pudiera tener para efectos de fiscalización.
Por lo expuesto, al alcanzar su pretensión la parte recurrente es innecesario abordar el resto de los agravios.
Conclusión
Al haber resultado fundado uno de los agravios propuestos por la parte recurrente, lo procedente es:
1) Revocar el oficio impugnado.
2) Ordenar al CGINE que se pronuncie y resuelva, en breve término, respecto de la solicitud formulada por el recurrente.
3) El CGINE deberá informar a esta Sala Superior, sobre el cumplimiento dado a la presente ejecutoria dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.
En consecuencia, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
RESUELVE
ÚNICO. Se revoca el oficio impugnado, para los efectos precisados en la presente ejecutoria."
44.   Por otro lado, en la solicitud de Morena remitida mediante oficio CEN/MDC/029-BIS/2021, materia del acatamiento al expediente SUP-RAP-480/2021, dirigida al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto y recibida el mismo día, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, solicitó:
"Derivado de lo anterior y de conformidad con lo previsto por los artículos 12 y 38 del Estatuto de Morena, que como documentos básicos establecen entre otras cuestiones, la facultad del Comité Ejecutivo Nacional para conducir a nuestro partido político y a su Presidente la representación legal del mismo en todo el país, le manifiesto expresamente que la voluntad de este partido político "es renunciar al 100% de la prerrogativa del Financiamiento Público, correspondiente al mes de diciembre de 2021, por lo que solicito que el cálculo que realice la autoridad electoral, sea antes de aplicar las deducciones que correspondan por sanciones, lo que representa un monto de $136,365,325.00 (ciento treinta y seis millones trescientos sesenta y cinco mil trescientos veinticinco pesos 001100 M.N.)" que debe ser reintegrado a la Tesorería de la Federación, para que sea destinado a la compra de vacunas contra COVID19.
Sin otro particular, por lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente solicito:
Único. - Se apruebe la presente solicitud, lo anterior con la finalidad de que los $136,365,325.00 (ciento treinta y seis millones trescientos sesenta y cinco mil trescientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) a los que renuncia el partido MORENA, sean reintegrados a la Tesorería de la Federación para la compra de vacunas contra COVID-19."
La Sala Superior al emitir la sentencia en el SUP-RAP-480/2021, revoca el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/13720/2021, argumentando medularmente lo siguiente:
"Es por ello que, al no advertirse que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tenga facultades normativas expresas para resolver, de manera directa, la reducción al financiamiento público ordinario de un Partido Político Nacional ante la sola solicitud del mismo por alguno de sus órganos partidistas, se debe revocar el oficio impugnado y establecer que es el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, como máximo órgano de la autoridad administrativa electoral nacional, quien cuenta con las atribuciones legales para emitir la resolución respectiva.
 
56 No es óbice a lo anterior que, de conformidad con el Acuerdo INE/CG86/2020 que establece los criterios a los que deberán sujetarse los partidos políticos que soliciten renunciar a su financiamiento público, se haya instruido a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que resolviera sobre dichas solicitudes, con el apoyo de la mencionada Dirección Ejecutiva, para verificar el cumplimiento de los criterios emitidos al respecto.
57 Ello porque, como ha quedado expuesto, es una facultad directa y exclusiva del Consejo General conocer y resolver las consultas en comento por ser el encargado de vigilar las temáticas relacionadas con las prerrogativas de los partidos políticos, a efecto de que se cumpla con la normativa y, por ende, es quien debe determinar lo que en derecho corresponda en relación con la procedencia de la reducción de financiamiento público de los partidos políticos.
58 Lo anterior, tiene apoyo también en el hecho de que, de conformidad con los mismos criterios, en el cual el titular de la Dirección Ejecutiva sustentó su respuesta, se indica que esta última solamente debe verificar que las solicitudes cumplan con dichos criterios y, en caso contrario, requerir a los partidos políticos documentación que permita verificar el cumplimiento de los parámetros fijados para ello, sin que cuente con la facultad expresa para determinar la procedencia de la materia de fondo de las solicitudes de renuncia del financiamiento.
59 En consecuencia, lo procedente es revocar el oficio con la clave INE/DEPPP/DE/DPPF/13720/2021, por lo que resulta innecesario el examen de los agravios hechos valer por MORENA.
EFECTOS
60 Por las razones expresadas, lo procedente es:
a. Revocar la determinación contenida en el oficio con la clave INE/DEPPP/DE/DPPF/13720/2021, emitido por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos.
b. Dejar sin efectos jurídicos todos los actos administrativos realizados en ejecución o como consecuencia del citado oficio.
c. Instruir al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que, en uso de sus atribuciones, dé respuesta a las peticiones formuladas por MORENA, en cuanto a la procedencia de la solicitud de retener el cien por ciento de la ministración del financiamiento público que le correspondería a MORENA en el mes de diciembre en los términos planteados por el mismo partido recurrente.
d. Notificar al partido recurrente las decisiones que al efecto emita.
61 Realizado lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral deberá informar a esta Sala Superior el cumplimiento dado a la sentencia y remitir las constancias que lo acrediten.
Por lo expuesto y fundado, se
R E S U E L V E
ÚNICO. Se revoca el oficio controvertido para los efectos precisados."
45.   ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES
A continuación, este Consejo General dividirá el análisis de las solicitudes en los siguientes tres apartados: A) Sobre la devolución del financiamiento público ya depositado; B) El procedimiento a seguir para atender las solicitudes de renuncia; y C) Sobre la solicitud de renunciar a la totalidad de la ministración del mes de diciembre de 2021
A)    Sobre la devolución del financiamiento público ya depositado
Como se desprende del marco normativo y, tesis invocadas, la participación de los PPN en la vida democrática del país va más allá de los comicios electorales, pues son depositarios de la responsabilidad de promocionar la participación del pueblo en la vida democrática, lo cual realizan a través de sus actividades ordinarias permanentes promoviendo su ideología y programas de acción, así como las actividades específicas respecto a temas de paridad de género, educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales.
 
Ahora bien, el vehículo para que estos entes de interés público puedan cumplir con sus fines constitucionales, lo constituye precisamente el financiamiento público que tiene una finalidad y un monto determinado constitucionalmente.
De lo hasta aquí referido se advierte que el financiamiento público ordinario de un partido político constituye el elemento esencial para que éste se encuentre en aptitud de cumplir con los fines que le fueron encomendados por el constituyente.
Ahora bien, en relación con el financiamiento para las actividades ordinarias permanentes, el artículo 72, párrafo 2 de la LGPP establece que éste debe ser aplicado para sufragar los gastos relacionados con el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de la cultura política y el liderazgo político de la mujer; el gasto de los procesos internos de selección de candidatos; los sueldos y salarios del personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos y otros similares. Esto es, que son gastos relacionados con la operación ordinaria del instituto político dentro o fuera de un Proceso Electoral, ya que son erogaciones cuya finalidad es proporcionar un continuo mantenimiento integral a la estructura orgánica del partido, a fin de cumplir con los fines constitucionalmente previstos.
De tal manera que las ministraciones para el sostenimiento de las actividades ordinarias deben aplicarse para sufragar los gastos cuya exigibilidad se produce, haya o no un Proceso Electoral, pues se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto ciudadano, sino dar continuidad a la estructura orgánica de la persona moral, por lo que no pueden ser suspendidas en ningún momento.
Así, el financiamiento público que se otorga a los partidos políticos se fija anualmente por el Consejo General del INE teniendo en cuenta la fórmula prevista constitucionalmente y, de acuerdo con el artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción III de la LGPP, las cantidades que, en su caso se determinen para cada partido, son entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal.
Dado que en el Presupuesto de Egresos se autorizan los recursos que se les entregarán a los PPN, ello implica que las prerrogativas pertenecen a la Federación y únicamente son administradas por el INE. Por lo tanto, forman parte del patrimonio de los partidos políticos una vez que les son entregadas para el destino específico que establece la norma, por lo que sólo pueden destinarse para dicho fin. De ahí que, una vez que los recursos son entregados a los partidos políticos, el INE carece de atribuciones para determinar un uso distinto.
Esto es, es responsabilidad de este Instituto ministrar los recursos a los partidos políticos, no obstante, una vez que el financiamiento público se les ha depositado, es decir, una vez que los partidos políticos reciben la prerrogativa a la que tienen derecho, ésta pasa a formar parte del patrimonio de los entes públicos y el ejercicio de dichos recursos queda sujeto a los procesos de fiscalización que la Constitución Política y la Ley Electoral prevén.
En ese sentido, es importante precisar que conforme a los establecido en el artículo 93 Reglamento de Fiscalización, el patrimonio de los sujetos obligados se integra, entre otros conceptos, por los activos fijos propiedad de los sujetos obligados a nivel nacional, los derechos, el financiamiento público que en su caso reciban, las aportaciones recibidas de cualquier fuente de financiamiento permitido por la LGIPE.
Asimismo, el artículo 96 del Reglamento de Fiscalización señala que por lo que hace a los ingresos, de origen público o privado, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad. Sobre esto último, establece que los ingresos deben registrarse contablemente al momento de recibirse.
Es decir, una vez que el recurso ha sido transferido por el Instituto a las cuentas del partido político, éste pasa a formar parte de su patrimonio y, por ende, la aplicación y disposición del recurso -egresos- debe apegarse a las reglas establecidas en la normatividad en la materia, por lo que se reitera que solo puede ser utilizado para los fines para los que le fue entregado, tal y como se establece en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la LGPP, mismo que se transcribe a continuación:
"Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos:
(...)
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados;
(...)"
Al respecto, la Sala Superior, sostuvo en el expediente SUP-RAP-758/2017, que el Instituto es un ejecutor de gasto para efectos de la fiscalización que realiza la Federación, mientras que los partidos políticos están sujetos de manera directa al régimen de fiscalización regulado desde la propia Constitución Política, donde se traza un modelo para la verificación de sus ingresos y gastos por parte del Instituto Nacional Electoral, cuyas disposiciones se contienen tanto en la LGIPE, la LGPP y el Reglamento de Fiscalización.
Asimismo, el Instituto tiene la obligación de rendir cuentas a los órganos de fiscalización del Estado Mexicano sobre los recursos que le son entregados para el cumplimiento de sus fines; particularmente en el caso de renuncia al financiamiento público de parte de los partidos, de manera previa a su depósito, o por reintegro de remanentes de los recursos que se ministran a los partidos políticos, el Instituto debe cumplir con enterarlos a la Tesorería de la Federación, lo cual se realiza sin menoscabo de las facultades de fiscalización que los ordenamientos citados le otorgan al INE, a través de lo cual se garantiza que dicho recursos se acojan a los principios de certeza, legalidad, rendición de cuentas, máxima publicidad y transparencia.
Por mandato de ley, los partidos políticos no pueden devolver el recurso que recibieron como parte de sus prerrogativas públicas, por lo que, una vez recibido, de acuerdo con las reglas y disciplina presupuestaria, deben destinar los recursos para los fines que fueron otorgados.
En este sentido, como se advierte en la Tesis XI/2012, los partidos políticos tienen la obligación de ejercer el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines y ejercicio que fueron entregados.
Aunado a lo anterior, la LGIPE establece la prohibición expresa para los partidos políticos de entregar u ofrecer cualquier tipo de material en el que se oferte o entregué algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona, pues de hacerlo dichas conductas deberán ser sancionadas. Tales disposiciones se encuentran contenidas en el artículo 209, numeral 5, mismo que se transcribe para pronta referencia:
"Artículo 209
(...)
5. La entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto."
De los preceptos antes señalados, se advierte que no se permite que los partidos políticos destinen su financiamiento a fines que no sean acordes con la función de promover la participación del pueblo en la vida democrática del país; por ello, un partido no puede destinar los recursos que integran su patrimonio para la compra de vacunas, libros de texto, electrodomésticos, becas, servicios médicos, entre otros. Ya que, además de que dichas erogaciones no cumplen con el objeto partidista que deben observar conforme a la normatividad en la materia, se podría interpretar que se busca un beneficio a cambio del voto, es decir, que se trata de una dádiva, generando una afectación al principio de equidad que debe regir en los procesos electorales que se encuentran vigentes.
De lo anterior, es dable concluir que permitir que un partido devuelva los recursos que le fueron entregados por financiamiento público- lo que configura una erogación-, con la intención de que sean destinados a la compra de vacunas, significa exceptuar al sujeto obligado de observar las disposiciones legales en materia de uso, destino y aplicación de los recursos, pues se le estaría autorizando que ejerza el recurso en un fin distinto para el que le fue otorgado.
Al respecto, si bien el marco normativo que establece las atribuciones del INE y su Consejo General señala que éste es responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, no lo faculta para exceptuar a los institutos políticos de las obligaciones previstas en Ley, lo que en la especie, configuraría una inaplicación de las normas electorales, facultad que se encuentra reservada para el TEPJF, únicamente en los casos de disposiciones jurídicas que sean contrarias a la Constitución Política, tal y como se establece en el párrafo sexto del artículo 99 de la Carta Magna.
No obstante, lo anterior no implica que los partidos políticos deban ejercer el financiamiento que les fue otorgado de manera completa, esto es, que deban erogar el monto total del mismo. Ahora bien, tal como se advierte en la sentencia recaída al expediente SUP-JDC-10/2020, el financiamiento de un partido político constituye el núcleo esencial para que éste se encuentre en aptitud de cumplir con los fines que le fueron encomendados de manera directa por el constituyente y permea tanto en los órganos representativos del estado al coadyuvar en su integración, como en la ciudadanía promoviendo su participación en la vida democrática del país y posibilitando su acceso al ejercicio del poder público.
 
Es decir, una vez que los partidos políticos han recibido el financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias, sí existe la posibilidad de que los recursos no utilizados sean reintegrados para el uso que determinen las autoridades Hacendarias.
Por lo que, una vez ingresado a las arcas del partido, y de conformidad con los principios constitucionales, hacendarios y presupuestales de racionalidad, austeridad y anualidad que deben prevalecer en las finanzas del país, los partidos políticos tienen el deber de reintegrar al erario los recursos entregados para el desarrollo de sus actividades ordinarias y específicas que no fueron debidamente comprobados o devengados en cada ejercicio anual, conforme a lo establecido en los Lineamientos para reintegrar el remanente no ejercido del financiamiento público otorgado para gastos de campaña en los Procesos Electorales Federales y locales, en acatamiento a la sentencia SUP-RAP-647/2015 de la Sala Superior del TEPJF, aprobados por el Consejo General mediante Acuerdo INE/CG471/2016 y los Lineamientos para reintegrar el remanente no ejercido o no comprobado del financiamiento público otorgado a los Partidos Políticos Nacionales y locales para el desarrollo de actividades ordinarias y específicas aplicable a partir del ejercicio dos mil dieciocho y posteriores, en cumplimiento a la sentencia SUP-RAP-758/2017 de la Sala Superior del TEPJF, aprobados por el Consejo General mediante Acuerdo INE/CG459/2018.
En ese orden de ideas, para determinar el remanente del ejercicio ordinario federal o local los Lineamientos mencionados establecen el siguiente procedimiento:
"(...)
 
Financiamiento público para operación ordinaria.
(-)
Gastos devengados a disminuir para efectos de remanente.
 
Gastos registrados en el SIF durante el ejercicio para operación ordinaria, incluyendo los de precampaña, actividades específicas y desarrollo del liderazgo político para las mujeres destinado del recurso de operación ordinaria.
(-)
Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio.
(-)
Aportaciones en especie de militantes, simpatizantes y precandidatos.
(-)
Gastos para actividades específicas o similares en el ámbito local, de recursos otorgados para ese fin, sin exceder el monto del financiamiento aprobado por el INE u OPLE.
(-)
Pago de pasivos contraídos en ejercicios anteriores (2017 y anteriores) *
(-)
Salidas de recursos no afectables en la cuenta de gastos.
(+)
Pagos en el ejercicio de adquisición de activo fijo y activos intangibles.
(+)
Pagos de bienes registrados en la cuenta Gastos por amortizar.
(+)
Pagos de arrendamientos comprometidos.
(-)
Egresos por transferencias en efectivo y en especie a campañas, o transferencias del ámbito federal (CEN o CDE) al local (CEE o CDM/CDD), y del local al federal, según sea el caso.
(-)
Reservas para contingencias y obligaciones (NIF C-9, D-3 y D-5).
(+)
Adquisición y remodelación de inmuebles propios.
(+)
Reservas para pasivos laborales.
(+)
Reservas para contingencias.
(=)
Déficit o remanente de la operación ordinaria con financiamiento público.
(+)
Gastos no comprobados según Dictamen.
(-)
Déficit de la operación ordinaria con financiamiento público del ejercicio anterior.**
(=)
Déficit o, en su caso, superávit a reintegrar de operación ordinaria.
(...)"
Mientras que el cálculo del remanente del gasto en actividades específicas se hace conforme a las siguientes consideraciones:
"(...)
 
Financiamiento Público aprobado para actividades específicas o similar en el ámbito local.
(-)
Gastos para actividades específicas o similar en el ámbito local
 
Gastos registrados en el ejercicio para actividades específicas o similar en el ámbito
local hasta por el monto del FPAE o similar aprobado por el INE u OPLE
(=)
Déficit o remanente de actividades específicas o similar en el ámbito local
(+)
Gastos no comprobados Dictamen
(=)
Déficit o, en su caso, superávit a reintegrar de actividades específicas o similar en el ámbito local
(...)"
Para los Partidos Políticos Nacionales, en la revisión del Informe Anual correspondiente, la Unidad Técnica de Fiscalización verificará el cálculo del remanente reportado y notificará las diferencias encontradas mediante el oficio de errores y omisiones a los sujetos obligados, así como el monto del gasto no comprobado. Una vez que el Dictamen y la Resolución respectiva hayan quedado firmes, la Unidad Técnica de Fiscalización, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto, girará un oficio a los sujetos obligados para informar el monto a reintegrar de financiamiento público, beneficiario, número de cuenta (o referencia) e institución bancaria en donde deberá efectuarse el reintegro de los recursos.
Para los Partidos Políticos Nacionales con acreditación local y locales, una vez que el Dictamen y la Resolución respectiva hayan quedado firmes, el monto de los recursos a reintegrar por parte de los sujetos obligados será notificado por la Unidad Técnica de Fiscalización a los Organismos Públicos Locales (OPLE), por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación del Instituto. Serán los OPLE los encargados de informar el monto a reintegrar de financiamiento público, beneficiario, número de cuenta (o referencia) e institución bancaria en donde deberá efectuarse el reintegro de los recursos.
Los sujetos obligados deberán depositar o transferir el monto a reintegrar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de los oficios señalados anteriormente.
En otras palabras, sí existe la viabilidad de que el partido Morena reintegre a la Tesorería de la Federación recursos que no utilizó durante el ejercicio fiscal 2021, a través de la figura de reintegro de remanentes después de que el Instituto Nacional Electoral emita el Informe de Dictamen respecto a los ingresos y gastos anuales del partido en 2021.
Como se observa, este Consejo General aprobó los Lineamientos anteriormente referidos, con el fin de establecer el procedimiento que se debe seguir a fin de calcular el saldo o remanente a devolver del financiamiento público, en la entrega del Informe Anual del ejercicio correspondiente, siendo el caso que, el saldo a devolver será incluido en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos de los PPN, el cual debe ser aprobado por este Consejo General.
Esto es que, los gastos no devengados o no comprobados del financiamiento público entregado a los partidos políticos para el desarrollo de sus actividades ordinarias y actividades específicas durante el ejercicio anual para el cual les fue entregado, deberá ser reintegrado toda vez que el sustento normativo y argumentativo gira alrededor de la obligación de dichos institutos políticos de aplicar el financiamiento público para los fines que les fue entregado y, en su caso, reintegrar al erario los recursos que no fueron comprobados.
En consecuencia, la única forma viable para la devolución de recursos por concepto de financiamiento público federal ordinario es a través del procedimiento para el reintegro de remanentes, una vez que sean determinados por el Consejo General, producto de la revisión de informes y gastos; un modelo para la verificación de sus ingresos y gastos por parte del Instituto Nacional Electoral, cuyas disposiciones se contienen tanto en la LGIPE, LGPP y Reglamento de Fiscalización.
Por todo lo anteriormente señalado, es pertinente enfatizar como criterio general la imposibilidad de devolver al INE los recursos que ya han sido ministrados a los partidos políticos, dado que forman parte de su patrimonio desde el momento en que los reciben, momento a partir del cual quedan sujetos al proceso de fiscalización previsto por la Ley Electoral.
Por ende, resulta improcedente la petición de Morena de llevar a cabo la devolución de los recursos ministrados, pues el financiamiento ya depositado se encuentra afectado por disposición constitucional para la consecución de una finalidad a la que el ordenamiento confiere especial relevancia.
Por otra parte, resulta importante aclarar las diferencias existentes entre el asunto que nos ocupa, que es materia de acatamiento de las sentencias dictadas por la Sala Superior en los expedientes identificados con las claves SUP-RAP-474/2021 y SUP-RAP-480/2021 y otros asuntos similares que han sido objeto de análisis por esta autoridad.
Bajo este contexto, es preciso reiterar que el Acuerdo INE/CG283/2018 del Consejo General del INE por el que se distribuye a las Candidaturas Independientes el financiamiento público, así como la prerrogativa relativa a la franquicia postal, para la etapa de campaña electoral del Proceso Electoral Federal 2017-2018 fue emitido el 28 de marzo de 2018, es decir, de manera previa al inicio del periodo de campaña para los cargos de Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones Federales, y estableció a la letra lo siguiente:
 
"En este sentido, el artículo 408, numeral 1 de la LGIPE establece la forma en que este monto debe distribuirse, a saber:
"Artículo 408. 1. El monto que le correspondería a un partido de nuevo registro, se distribuirá entre todos los Candidatos Independientes de la siguiente manera:
a) Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todos los Candidatos Independientes al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;
b) Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas las fórmulas de Candidatos Independientes al cargo de Senador, y
c) Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas las fórmulas de Candidatos Independientes al cargo de Diputado."
44. Como se observa, el dispositivo normativo regula la forma de distribuir el financiamiento público para gastos de campaña cuando existen Candidaturas Independientes registradas para contender tanto al cargo de Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, como a los cargos de Senador y Diputados, éstos últimos por mayoría relativa.
45. Si bien esta autoridad electoral podría ceñirse estrictamente al escenario plasmado en el artículo 408, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, también lo es que conforme al artículo 32, numeral 1, inciso b), fracción II de la referida Ley, el Instituto Nacional Electoral tiene la atribución de reconocer los derechos y el acceso a las prerrogativas por parte de los candidatos a cargo de elección popular.
46. Además de que el Consejo General debe proveer lo conducente para la adecuada aplicación de las normas relativas a las Candidaturas Independientes en el ámbito federal, de acuerdo a lo indicado por el artículo 358, numeral 1 de la misma Ley.
47. Aunado a lo anterior, el artículo 23, párrafo 1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que todos los ciudadanos deben tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
48. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 408, numeral 1, de la LGIPE, prevé la manera en que debe distribuirse entre los Candidatos Independientes el financiamiento público para sus gastos de campaña (33.3% distribuidos de manera igualitaria entre todos los Candidatos Independientes al cargo de Presidente; 33.3% distribuidos de manera igualitaria entre todas las fórmulas de Candidatos Independientes al cargo de Senador, y 33.3% distribuidos de manera igualitaria entre todas las fórmulas de Candidatos Independientes al cargo de Diputado); y que en el numeral 2 del mismo artículo se prevé el supuesto de que un sólo candidato obtenga su registro para cualquiera de los cargos antes mencionados (el que no podrá recibir financiamiento que exceda del 50% de los montos antes referidos); pero esta autoridad advierte que no se prevé el destino de los recursos cuando un candidato independiente renuncie a recibir financiamiento público para sus gastos de campaña o cuando no se cuente con candidatos independientes para algún tipo de elección popular; por ejemplo, si en este Proceso Electoral no se contara con candidaturas independientes a la Presidencia de la República.
En razón de lo anterior, tomando en consideración que los Candidatos Independientes no se encuentran en un plano de igualdad, al no estar en las mismas posibilidades y condiciones que las candidaturas que son impulsadas por los Partidos Políticos Nacionales, esta autoridad considera que los recursos públicos a los que ha renunciado un Candidato Independiente deben cumplir su fin, es decir, destinarse a los demás Candidatos Independientes para sus gastos de campaña por lo que deben ser redistribuidos con los otros Candidatos Independientes a otros cargos, para cumplir con la finalidad primordial para la que fueron destinados. Así, se obtiene un gasto público eficiente y se potencializa su finalidad que es el apoyo a los Candidatos Independientes en la contienda electoral.
Por lo que este Consejo General, para garantizar condiciones de equidad en la contienda electoral, determinará tres escenarios de distribución del financiamiento público para gastos de campaña con el fin de prever el registro de Candidaturas Independientes tanto para tres, dos o un cargo de elección, e incluso renuncias al financiamiento público por parte de éstas. De tal suerte que, a partir de una
interpretación pro-persona se busca potencializar el derecho de las Candidaturas Independientes a participar en condiciones equitativas en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Lo anterior permitirá aprovechar mejor los recursos que la Ley establece para el conjunto de Candidaturas Independientes, pues si bien es cierto que éstas cuentan con financiamiento público, también lo es que el acceso a las prerrogativas es distinto respecto de las candidaturas que son impulsadas a través de los Partidos Políticos Nacionales.
Con la proyección de tres escenarios, este Consejo General no sólo aplica de por sí la fórmula establecida en la Ley electoral, sino que busca prever distintas situaciones, como lo son no sólo la renuncia al financiamiento público, la cancelación del registro o incluso, el registro superveniente de Candidaturas Independientes. Lo anterior, con la intención de aprovechar al máximo los recursos públicos a los que puedan acceder este tipo de Candidaturas.
(...)
Elementos a tomar en cuenta al momento de asignar el financiamiento Público
(...)
II. Caso en que se renuncie al financiamiento público
1) Por parte de una o algunas candidaturas independientes por cargo de elección
60. En caso de que algún Candidato Independiente manifieste por escrito a esta autoridad electoral que renuncia al financiamiento público que conforme a la Ley le corresponde, la DEPPP redistribuirá este monto de forma igualitaria entre las Candidaturas Independientes que mantengan el registro y que correspondan al mismo cargo de elección. Para ello, se deberá tomar en cuenta el monto que hasta esa fecha no haya sido efectivamente ministrado a la Candidatura Independiente que renuncia a la prerrogativa, pues la ley electoral no prevé la existencia de efectos retroactivos.
61. Lo anterior se llevará a cabo siempre y cuando hayan sido resueltos todos los medios de impugnación que, en su caso, sean interpuestos por los aspirantes a una candidatura independiente a los que les haya sido negado el registro y que correspondan al mismo cargo de elección de quien renuncia al financiamiento.
62. La DEPPP ministrará el referido monto al resto de las Candidaturas Independientes que compitan por el mismo cargo de elección en el siguiente depósito mensual que así corresponda de acuerdo al calendario.
2) Por parte de la única o de todas las candidaturas independientes por cargo de elección
63. En el supuesto de que la única o todas las candidaturas independientes que contienden por el mismo cargo de elección notificarán su renuncia al financiamiento público para gastos de campaña que por Ley les corresponde, éste será redistribuido igualitariamente en función de los cargos de elección que cuenten con Candidaturas Independientes, para ser después asignado a cada Candidatura de manera igualitaria.
64. Por certeza, la redistribución se llevará a cabo hasta que sean resueltos todos los medios de impugnación que, en su caso, sean interpuestos por los aspirantes a una candidatura independiente a los que les haya sido negado el registro y que correspondan al mismo cargo de elección de la o las Candidaturas Independientes que sí obtuvieron el registro, pero que manifestaron su renuncia al financiamiento público.
65. La DEPPP ministrará el referido monto al resto de las candidaturas independientes que compitan por el mismo cargo de elección en el siguiente depósito mensual que así corresponda de acuerdo al calendario.
(...)
QUINTO. - En caso de que algún Candidato Independiente notifique a esta autoridad electoral que renuncia al financiamiento público que por Ley le
corresponde, éste será redistribuido entre las Candidaturas Independientes que mantengan el registro y que correspondan al mismo cargo de elección, conforme a lo establecido en los Considerandos 60, 61 y 62.
SEXTO. - En el supuesto de que la única o todas las Candidaturas Independientes que contienden por un mismo cargo de elección, notificaran su renuncia al financiamiento público para gastos de campaña que les corresponde, éste deberá redistribuirse en términos de los Considerandos 63, 64 y 65 del presente Acuerdo."
Como se observa, el Acuerdo INE/CG283/2018 reguló explícitamente que, en caso de renuncia al financiamiento público para gastos de campaña por parte de las Candidaturas Independientes, éste sería redistribuido entre el resto de las Candidaturas Independientes, ya que éstas no se encuentran en un plano de igualdad, al no estar en las mismas posibilidades y condiciones que las candidaturas que son impulsadas por los Partidos Políticos Nacionales, siendo el caso que dicho Acuerdo quedó firme, por no haber sido controvertido, de tal suerte que existió un consentimiento tácito de los distintos actores políticos.
Por lo que, al posibilitar que los recursos renunciados fueran redistribuidos entre las otras Candidaturas Independientes, se garantizó que éstos cumplieran con su objeto, esto es, destinarse a las Candidaturas Independientes para sus gastos de campaña, finalidad primordial para la que fueron destinados.
De tal suerte que, a partir de una interpretación pro-persona se buscó potencializar el derecho de las Candidaturas Independientes a participar en condiciones equitativas en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, además de que ello permitió aprovechar mejor los recursos que la Ley establece para el conjunto de Candidaturas Independientes, pues si bien es cierto que éstas cuentan con financiamiento público, también lo es que el acceso a las prerrogativas es distinto respecto de las candidaturas que son impulsadas a través de los Partidos Políticos Nacionales.
Así, resulta importante precisar que dentro del contexto del Proceso Electoral Federal 2017-2018, en el periodo de campañas electorales para el cargo de Titular del Poder Ejecutivo Federal , el 13 de abril de 2018, la Candidata Independiente a la Presidencia de la República, la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, remitió escrito sin número dirigido al Consejero Presidente del Consejo General de este Instituto, a través del cual comunicó que renunciaba al monto total de financiamiento público para gastos de campaña, y que fue determinado mediante Acuerdo INE/CG283/2018; de tal suerte que hizo entrega del cheque número 2643765 de Banca Mifel, expedido a favor de este Instituto por la cantidad de $2,386,851.00 (dos millones trescientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y un pesos en moneda nacional), importe que correspondió a la primera ministración que ya le había sido depositada, además de solicitar que dicho recurso fuera destinado a la reconstrucción de escuelas, hospitales y vivienda social, afectados por los sismos del año dos mil diecisiete.
Posteriormente, el 24 de abril de 2018, mediante escrito JHRC/CIPR/INE013/2018 dirigido al entonces Director Ejecutivo de Administración de este Instituto, el representante legal del Candidato Independiente a la Presidencia de la República, el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, manifestó a este Instituto su renuncia al financiamiento público para gastos de campaña que le correspondía para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, por lo que devolvió el monto que le había sido depositado como primer ministración de financiamiento público para gastos de campaña a través del cheque número 0000003 de Banca Mifel, expedido a favor de este Instituto por la cantidad de $2,386,851.00 (dos millones trescientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y un pesos en moneda nacional).
De ahí que, conforme al Acuerdo INE/CG283/2018, en caso de que alguna Candidatura Independiente manifestara por escrito a esta autoridad electoral que renunciaba al financiamiento público para gastos de campaña que conforme a la Ley le correspondía, como aconteció en el caso de la Candidata Independiente, la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, así como con el Candidato Independiente, el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, ambos candidatos a la Presidencia de República, así como con el Candidato Independiente al cargo de Senador por el Estado de Sinaloa, el C. Jesús Manuel Clouthier Carrillo, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos redistribuiría el monto renunciado de forma igualitaria entre las Candidaturas Independientes que mantuvieran su registro.
Por lo anterior, la solicitud realizada por la Candidata Independiente a la Presidencia de la República, la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, respecto de destinar el financiamiento público renunciado a la reconstrucción de escuelas, hospitales y vivienda social, afectados por los sismos del año 2017, no fue atendida de manera favorable por esta autoridad electoral, pues conforme a lo establecido en el Acuerdo INE/CG283/2018, el recurso renunciado debía redistribuirse entre las Candidaturas Independientes que mantuvieran el registro, es decir, destinarse para los fines previstos por la Constitución Política y la Ley Electoral.
Por lo que, una vez que se llevó a cabo la redistribución del financiamiento público para gastos de campaña prevista en el Acuerdo INE/CG283/2018 por parte de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en razón de las renuncias al financiamiento público para gastos de campaña y que fueron manifestadas por escrito por la entonces Candidata Independiente, la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo y los entonces Candidatos Independientes Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón y Manuel Jesús Clouthier Carrillo, los montos totales y definitivos de financiamiento público para gastos de campaña que se ministraron a cada Candidatura Independiente, fueron en lo que interesa los siguientes:
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Número
Nombre
Monto total de financiamiento
público
1
Margarita Ester Zavala Gómez del Campo
$0
2
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón
$0
Total
$0
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A UNA SENADURÍA POR MAYORÍA RELATIVA
Número
Nombre
Entidad
Federativa
Monto total de financiamiento
público
1
Lorenzo Ricardo García de León Coria
Baja
California Sur
$2,864,222
2
Pablo Abner Salazar Mendiguchía
Chiapas
$3,723,488
3
Soledad Romero Espinal
Guerrero
$3,723,488
4
José Pedro Kumamoto Aguilar
Jalisco
$3,723,488
5
Raúl Rodríguez González
Nuevo León
$3,723,488
6
Manuel Jesús Clouthier Carrillo
Sinaloa
$0
7
Obed Javier Cruz Pérez
Tlaxcala
$3,723,488
Total
$21,481,662
 
Es preciso señalar que el monto total de financiamiento público para gastos de campaña que se otorgó para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 al Candidato Independiente al cargo de Senador por el Estado de Baja California Sur, el C. Lorenzo Ricardo García de León Coria, equivalió al tope máximo de gastos establecido en el Acuerdo INE/CG505/2017 y que fue aprobado por el Consejo General de este Instituto.
En el caso de las demás Candidaturas Independientes al cargo de Senador no fue necesario ajustar el monto de financiamiento público para gastos de campaña, en virtud de que los topes máximos de gastos de campaña y que fueron establecidos en el Acuerdo INE/CG505/2017(2) rebasaron por mucho la cantidad determinada como financiamiento público para gastos de campaña.
 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A UNA DIPUTACIÓN FEDERAL POR MAYORÍA RELATIVA
Número
Nombre
Entidad
Federativa
Distrito
Electoral
Monto total de
financiamiento público
1
Obilfrido Gómez Álvarez
Chiapas
10
$565,307
2
Martha Beatriz Córdova Bernal
Chihuahua
1
$565,307
3
Jurgen Ganser Carbajal
Chihuahua
2
$565,307
4
Iván Antonio Pérez Ruiz
Chihuahua
3
$565,307
5
María Antonieta Pérez Reyes
Chihuahua
4
$565,307
6
Daniel Nieto Martínez
Guanajuato
12
$565,307
7
Mario Hernández Herrera
Guerrero
3
$565,307
8
Iris Paola Gómez de la Cruz
Guerrero
4
$565,307
9
Víctor Joel Echeverría Valenzuela
Guerrero
5
$565,307
10
Julio Hugo Sánchez Quiroz
Hidalgo
2
$565,307
11
Pablo Ricardo Montaño Beckmann
Jalisco
8
$565,307
12
Rodrigo Cerda Cornejo
Jalisco
10
$565,307
13
Alberto Valencia Bañuelos
Jalisco
13
$565,307
14
Aníbal Gómez Marquina
Jalisco
16
$565,307
15
Carlos Alberto Manzo Rodríguez
Michoacán
9
$565,307
16
Luisa María Guadalupe Calderón Hinojosa
Michoacán
10
$565,307
17
Daniel Altafi Valladares
Morelos
1
$565,307
18
Enrique Alonso Plascencia
Morelos
4
$565,307
19
Daniela González Rodríguez
Nuevo León
3
$565,307
20
Rolando Iván Valdez Hernández
Nuevo León
3
$565,307
 
 
21
Olga Valentina Treviño Hinojosa
Nuevo León
4
$565,307
22
Gregorio Farías Mateos
Nuevo León
5
$565,307
23
Yamilett Orduña Saide
Nuevo León
7
$565,307
24
Ángel Alberto Barroso Correa
Nuevo León
8
$565,307
25
Jesús Siller Rojas
Nuevo León
9
$565,307
26
David Eugenio Elizondo Cantú
Nuevo León
10
$565,307
27
Luis Ángel Benavides Garza
Nuevo León
11
$565,307
28
Raúl Guajardo Cantú
Nuevo León
12
$565,307
29
Alejandro Eric Cruz Juárez
Oaxaca
6
$565,307
30
Paul Alfonso López de Santa Anna Baeza
Sinaloa
2
$565,307
31
Jesús Humberto Alfaro Bedoya
Sinaloa
5
$565,307
32
José Terencio Valenzuela Gallegos
Sonora
6
$565,307
33
María Graciela Parra López
Tabasco
1
$565,307
34
Nora Vanessa Estrada Calles
Tabasco
2
$565,307
35
Carlos Arturo Córdova Cobos
Tabasco
3
$565,307
36
Julio Cesar Osorio Pérez
Tabasco
6
$565,307
37
Pedro Gustavo Barragán Nuño
Tamaulipas
7
$565,307
38
Juan Jesús Antonio Manzur Oudie
Tamaulipas
8
$565,307
Total
$21,481,666
 
Conforme al Acuerdo INE/CG283/2018 aprobado por el Consejo General de este Instituto, el monto total a repartir como financiamiento público para gastos de campaña al conjunto de Candidaturas Independientes ascendió a la cantidad de $42,963,332 (cuarenta y dos millones novecientos sesenta y tres mil trescientos treinta y dos pesos en moneda nacional), siendo el caso que el monto total efectivamente distribuido entre las Candidaturas Independientes para contender por Senadurías y Diputaciones Federales de mayoría relativa sumó la cantidad total de $42,963,328 (cuarenta y dos millones novecientos sesenta y tres mil trescientos veintiocho pesos en moneda nacional)(3), con lo cual se eficientó el recurso, destinándose éste para potencializar el apoyo a las Candidaturas Independientes en la contienda electoral, de conformidad con lo previsto en el referido Acuerdo del Consejo General. Lo cual, dado la naturaleza de dichos recursos y para hacer eficaz la finalidad de estos se tenían que reintegrar a este Instituto en una temporalidad específica, esto es, dentro del periodo de campaña, de lo contrario no podrían ser redistribuidos entre el resto de las Candidaturas Independientes registradas en los distintos cargos de elección popular.
De tal suerte que la devolución del financiamiento público para gastos de campaña realizado por las Candidaturas Independientes a la Presidencia de la República, no es igual a la devolución del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes por parte de los PPN, debido a que la primera debía de realizarse de manera invariable durante la etapa de campaña electoral para que dichos recursos puedan ser redistribuidos entre el resto de las Candidaturas Independientes, y con ello cumplir con los fines expresados en el Acuerdo INE/CG283/2018, sin embargo, el financiamiento público ordinario de los partidos políticos no ejercido, debe ser devuelto a la Tesorería de la Federación en el contexto del informe anual de actividades ordinarias de los partidos políticos, y es esa autoridad quien determinará la finalidad a la que se destinarán dichos recursos. Por lo tanto, en nada son aplicables a la solicitud de devolución que Morena manifiesta a través del escrito CEN/MDC/027-BIS/2021 los precedentes sobre la devolución de financiamiento público de campaña realizada por las Candidaturas Independientes en el contexto del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Además, como se ha referido a través del Acuerdo INE/CG283/2018, para el régimen de Candidaturas Independientes, no así de los PPN, se regularon de manera previa por este Consejo General diversos supuestos para un uso más eficiente del recurso, como lo fue el específico a la posibilidad que tenían las Candidaturas Independientes a renunciar a la prerrogativa para la obtención del voto de la ciudadanía para que los recursos fueran redistribuidos, sin que se haya nunca explicitado en dicho Acuerdo que esto debía hacerse antes de que fuera transferido o depositado el recurso para gastos de campaña por parte de esta autoridad electoral.
 
Por lo anterior, no es equiparable la solicitud realizada por las entonces Candidaturas Independientes a la Presidencia de la República en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, respecto de la solicitud de devolución realizada ahora por Morena en relación con el financiamiento público federal para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, pues los partidos políticos, a diferencia de las Candidaturas Independientes, son entidades de interés público de carácter permanente, ya que surgen a la vida jurídica en el momento en que se les otorga el registro como tal, y gozan de derechos y obligaciones hasta que lo pierden; mientras que las Candidaturas Independientes surgen a la vida jurídica por un tiempo más breve, con la finalidad de realizar actividades de proselitismo, es decir, de campaña para obtener el voto de la ciudadanía.
Por lo anterior, los PPN disfrutan del financiamiento público para el sostenimiento de sus "actividades ordinarias permanentes", siendo el caso que las Candidaturas Independientes no reciben este rubro de financiamiento público, sino que sólo reciben financiamiento público para la obtención del voto, considerándose en su conjunto, como un partido político de nuevo registro.
Aunado a lo anterior, el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes que reciben los institutos políticos como entidades de interés público debe destinarse a fines propiamente partidistas; mientras que el que reciben las Candidaturas Independientes para gastos de campaña, debe ejercerse en la etapa de proselitismo prevista por la Ley, con el fin de obtener el voto de la ciudadanía.
Al respecto, el artículo 400, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización establece que las Candidaturas Independientes que no utilicen la totalidad del financiamiento público que les sea otorgado para gastos de campaña, deberán reintegrar el remanente a la autoridad electoral que se los asignó.
Asimismo, los PPN están sujetos al principio constitucional de prevalencia del financiamiento público sobre el privado, mientras que para las Candidaturas Independientes la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dispuso, a través de la Tesis XXI/2015, lo siguiente:
"CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. NO LES ES APLICABLE EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PREVALENCIA DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO SOBRE EL PRIVADO, QUE CORRESPONDE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS.- A la luz de una interpretación armónica de los artículos 35, fracción II, y 41, Base II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con base en una interpretación pro persona del derecho de las y los ciudadanos a ser votados a través de una candidatura independiente, resulta indubitable que a esta figura no le es aplicable el principio constitucional de prevalencia del financiamiento público sobre el privado dentro de las campañas electorales. Esta conclusión se sustenta en tres premisas. La primera consiste en que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han sostenido que los partidos políticos y las y los candidatos independientes se encuentran en situaciones jurídicas distintas, no equiparables, de modo que el marco normativo de los primeros no es aplicable a los segundos. Así, resulta inviable aplicar a las candidaturas independientes las limitaciones que, según se desprende de una interpretación literal, teleológica y originalista del artículo 41, Base II, constitucional, fueron diseñadas exclusivamente para un esquema normativo e institucional de partidos políticos. La segunda se refiere a que el principio constitucional que se estudia contiene una limitación respecto al financiamiento privado, razón por la cual no puede ser aplicada por analogía para un supuesto para el cual no fue creado y que no es jurídicamente análogo. La tercera y última premisa, consiste en que la medida resulta desproporcionada para las y los candidatos independientes, puesto que al tener un financiamiento público significativamente inferior al de quienes contienden representando a un partido político, el hecho de que el financiamiento privado se vea topado por el público, conlleva una reducción significativa de sus posibilidades de competir en una elección. Al respecto, el derecho a ser votado, reconocido en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal debe interpretarse de conformidad con los artículos 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Conforme a estos preceptos, los derechos políticos deben entenderse también como oportunidades de contender y ganar una elección. Por ello, resulta parte del contenido constitucional del derecho a ser votado a través de una candidatura independiente, el que la participación en una campaña electoral se entienda como una oportunidad real y efectiva de tener éxito."
 
Asimismo, la Tesis LIII/2015 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la letra dice:
"CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. IGUALDAD RESPECTO AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS CANDIDATOS POSTULADOS, EN RELACIÓN CON UN PARTIDO POLÍTICO DE NUEVA CREACIÓN.- De una interpretación sistemática y funcional del artículo 35, fracción II, en relación con el 116, fracción IV, inciso p), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que es derecho de los ciudadanos solicitar su registro como candidatos independientes a todos los cargos de elección popular, registro que se otorgará siempre y cuando cumplan los requisitos que la propia ley determine; por ello, una vez superada la etapa de registro, esas candidaturas deberán regirse por un marco normativo en relación con la obtención de recursos públicos que les permitan contender en igualdad de circunstancias respecto de sus similares postulados por algún partido político de nueva creación más allá de las diferencias evidentes o de las derivadas del texto constitucional, lo cual es acorde con la equidad que debe regir en materia de financiamiento."
En ese sentido, es obligación de los PPN ejercer el recurso para los fines expresamente previstos por la norma electoral. Sólo si dichos recursos no se ejercen conforme a la normatividad prevista, deben ser reintegrados al erario público de conformidad con los Lineamientos que este propio Consejo General ha determinado, pues los partidos políticos, como entidades de interés público, no tienen como atribución la de ejercer el gasto público, sino que se trata de organizaciones que buscan competir por el poder político; además de que el financiamiento público tiene como finalidad última, fortalecer al sistema de partidos políticos.
Esto es que los partidos políticos tienen derecho a recibir financiamiento público federal para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes; asimismo, en virtud de la contingencia sanitaria, este Consejo General posibilitó la renuncia a dicha prerrogativa antes de que el recurso fuera ministrado, en virtud de las consideraciones vertidas previamente. Sin embargo, los PPN tienen la obligación de ejercer el recurso que ya les fue ministrado para fines partidistas como lo prevé la propia legislación.
Por todo lo explicado con antelación, resulta improcedente la petición de Morena de llevar a cabo la devolución de los recursos ministrados, pues el financiamiento ya depositado se encuentra afectado por disposición constitucional para la consecución de una finalidad a la que el ordenamiento confiere especial relevancia.
En el caso particular, la petición realizada por Morena a este Instituto mediante oficio CEN/MDC/027-BIS/2021 es improcedente y no puede dotársele de viabilidad, pues versa sobre la devolución de un monto de financiamiento público que ya fue depositado al partido político, es decir, que ya forma parte de su patrimonio, de ahí que los recursos deberán destinarse al fin para que el que fueron otorgados, deben ser fiscalizados dentro del ejercicio correspondiente y en su momento podrán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación como remanentes.
B)    El procedimiento a seguir para atender las solicitudes de renuncia
Ahora bien, este Consejo General ha considerado que sí es jurídicamente factible que los PPN renuncien a una parcialidad de su financiamiento público, siempre y cuando los institutos políticos realicen la solicitud a esta autoridad para que parte de su financiamiento público sea retenido por el INE, antes de que éste les sea ministrado. Lo anterior, con el fin de que los recursos renunciados sean remitidos a la Tesorería de la Federación, sin que ello implique que el Instituto cuente con la atribución de etiquetar el recurso reintegrado al erario hacia fines, instituciones u organismos públicos específicos.
Sin embargo, la renuncia al financiamiento público debe prever las obligaciones que los partidos políticos tienen como entidades de interés público, pues la renuncia a un derecho, de ninguna manera debe resultar en el incumplimiento de una obligación previamente establecida. Por lo que, no obstante la renuncia a la prerrogativa y en virtud de ser una obligación sujeta a fiscalización, los partidos políticos deben destinar anualmente del financiamiento ordinario, los porcentajes que correspondan tanto para actividades específicas como para el desarrollo político de las mujeres, tomando como base el financiamiento público a que tienen derecho y no el que resulte de la renuncia. Además de que el financiamiento público debe prevalecer sobre el financiamiento privado.
 
Como se observa, los partidos políticos tienen derecho a recibir financiamiento público y el INE tiene la obligación de administrarlo y ministrarlo, conforme al calendario respectivo y para el cumplimiento de sus fines.
En este sentido, en virtud de que es atribución exclusiva de este Consejo General resolver lo relativo a la petición de cualquier PPN que involucre una solicitud de renuncia de algún porcentaje al financiamiento público otorgado y encargado de vigilar lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos, como lo es el caso del financiamiento público ordinario de los partidos políticos y su reducción a petición expresa de éstos últimos, y dado el contexto mundial derivado de la crisis sanitaria que se detonó en el año 2020, en sesión extraordinaria del 17 de abril de 2020, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG86/2020 por el que se establecen los criterios a los que deberán sujetarse los Partidos Políticos Nacionales que soliciten renunciar a su financiamiento público, en virtud de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), el cual no fue impugnado por partido político alguno en su momento, por lo que goza de firmeza y definitividad.
Es decir, la consideración más relevante que da sentido a los Criterios emitidos por el Consejo General es que el financiamiento público de los partidos políticos corresponde al erario público y, por tanto, es jurídicamente factible concluir que dicho financiamiento es renunciable.
Así, las solicitudes de renuncia al financiamiento público al cual tienen derecho los PPN deben necesariamente desahogarse empleando el mecanismo establecido mediante el Acuerdo INE/CG86/2020, por ser el instrumento dispuesto por el máximo órgano directivo del INE a fin de analizar ese tipo de peticiones y, al mismo tiempo, ponderarlas con el resto de las prerrogativas y deberes a cargo del partido político solicitante, como se ha realizado por este Instituto a solicitud del PPN Morena en los ejercicios fiscales 2020 y 2021.
Así, el procedimiento para atender las solicitudes deberá considerar, cuando menos, lo siguiente:
"1. Las solicitudes de renuncia al financiamiento público federal para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes deberán ser turnadas a la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
2. La Secretaría Ejecutiva, con el apoyo de las áreas técnicas y de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos verificará que las solicitudes cumplan con los criterios establecidos por este Consejo General.
3. En caso de que las solicitudes no cumplan con los criterios previstos, la DEPPP requerirá a la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional u órgano equivalente (o al representante legal del partido político) para que haga llegar la documentación que permita verificar el cumplimiento de los criterios aquí establecidos; lo anterior a efecto de garantizar el derecho fundamental de audiencia del partido político solicitante.
4. En caso de que la solicitud cumpla con los criterios previstos, la Secretaría Ejecutiva deberá instruir a la DEPPP para que realice la retención del financiamiento público en la siguiente solicitud de ministración mensual que así corresponda, y notifique a la Dirección Ejecutiva de Administración a fin de que los recursos puedan ser enterados a la Tesorería de la Federación. La Secretaría Ejecutiva notificará a la Unidad Técnica de Fiscalización de lo resuelto respecto de la renuncia a la prerrogativa partidista.
5. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique por oficio a la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional u órgano equivalente (o al representante legal del partido político) que su solicitud ha sido resuelta, y que ésta surtirá efectos a partir de la ministración mensual que así corresponda."
Debe considerarse que, toda vez que dicho procedimiento deberá seguirse en tanto dure la contingencia sanitaria, el procedimiento continúa vigente.
Ahora bien, si el partido político, como lo ha hecho previo a las solicitudes que por esta vía se contestan, procediera a solicitar la renuncia a dicho financiamiento público, éste debe cumplir con lo establecido en el Acuerdo INE/CG86/2020, en el cual se establecen los criterios que los Partidos Políticos Nacionales deberán cumplir para efecto de solicitar la renuncia al financiamiento, en virtud de
la emergencia sanitaria generada por el SARS-CoV2 (COVID-19), los cuales se transcriben a continuación para pronta referencia:
"1. La solicitud de renuncia a una parte del financiamiento público federal para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes deberá ser suscrita por la o el Titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional u órgano equivalente (o representante legal del partido político) y deberá dirigirse a la Secretaría Ejecutiva del INE, con copia para el Consejero Presidente del Instituto, así como para la Presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.
2. A dicha solicitud deberá adjuntarse la convocatoria, acta y lista de asistencia de la sesión del órgano estatutario que se encuentre facultado para aprobar la renuncia parcial al financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, así como la documentación atinente o, de ser el caso, los propios del órgano que extraordinariamente -ajustado a la normativa partidista haya adoptado la decisión ante cualquier imposibilidad de actuación del órgano de dirección que ordinariamente cuenta con la facultad estatutaria para hacerlo.
3. La renuncia al financiamiento público federal ordinario podrá aplicarse por el INE exclusivamente de las ministraciones mensuales que aún no hayan sido depositadas en las cuentas bancarias del partido político. Es decir, que no hayan ingresado al patrimonio de éste.
4. Los Partidos Políticos Nacionales deberán señalar con claridad el monto y/o porcentaje total al que renuncian, respecto del financiamiento público federal ordinario correspondiente al ejercicio dos mil veinte, conforme a lo acordado primigeniamente por el Consejo General.
5. Los partidos políticos deberán indicar explícitamente si la renuncia a la prerrogativa debe calcularse por la autoridad electoral, antes o después de aplicar las deducciones que correspondan por remanentes y sanciones. En caso de que no indiquen explícitamente si el monto de renuncia debe aplicarse antes o después, la DEPPP deberá deducir en primera instancia, los remanentes y sanciones, y sólo después podrá aplicar el monto de renuncia.
6. De conformidad con el resolutivo cuarto del Acuerdo INE/CG348/2019 por el que se determinó el financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales para el ejercicio dos mil veinte, en el supuesto de que nuevos partidos políticos obtengan el registro, este Consejo General deberá redistribuir el financiamiento público federal. De tal suerte que, a partir de la resolución correspondiente sólo podrá ser objeto de renuncia el financiamiento para el sostenimiento de las actividades ordinarias que resulte para los Partidos Políticos Nacionales, una vez llevada a cabo la referida redistribución.
7. Atendiendo al punto 5 anterior, el monto mensual de renuncia puede variar debido a que la suma total mensual a deducir por remanentes de financiamiento público y/o multas y sanciones sea tal que no sea posible aplicarlo en su totalidad. Asimismo, el monto mensual de renuncia sólo podrá ser deducido en su totalidad, siempre que la redistribución que en su caso lleve a cabo el Consejo General por el registro de nuevos partidos políticos, así lo posibilite.
8. No obstante, la renuncia a la prerrogativa y en virtud de ser una obligación sujeta a fiscalización, los Partidos Políticos Nacionales deberán destinar anualmente del financiamiento público federal para actividades ordinarias, los porcentajes que correspondan tanto para actividades específicas como para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, y que hayan sido determinados por este Consejo General, en virtud de las disposiciones constitucionales y legales, tomando como base el financiamiento a que tienen derecho y no el que van a recibir producto de la renuncia respectiva.
 
9. Asimismo, la renuncia a algún monto del financiamiento público anual para el sostenimiento de las actividades ordinarias no exime a los partidos políticos del cumplimiento de sus obligaciones en materia de fiscalización, entre las que se encuentra, garantizar que el financiamiento público prevalezca sobre el financiamiento privado.
10. Una vez reintegrado el recurso a la Tesorería de la Federación, es facultad exclusiva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el destino de los recursos, ya que éstos deben administrarse y aplicarse de conformidad con la normativa presupuestaria, sin que el INE cuente con la atribución legal para llevar a cabo la supervisión de los recursos ya transferidos."
Conforme al criterio 3 establecido por el Consejo General, es claro que el partido político Morena no puede renunciar a financiamiento público que ya le fue ministrado pues dichos recursos forman parte ya de su patrimonio.
En consecuencia, Morena -y todo PPN- debe seguir el procedimiento establecido para atender las solicitudes de renuncia al financiamiento público ordinario, en virtud de la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV2 (COVID-19), así como los Criterios determinados por el Consejo General en el Acuerdo INE/CG86/2020, tal como lo hizo anteriormente y que derivaron en la retención de un monto del financiamiento público ordinario correspondiente a los meses de mayo a diciembre de 2020 por la cantidad de $826,972,392.00 (ochocientos veintiséis millones novecientos setenta y dos mil, trescientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.) y de mayo, agosto y septiembre de 2021 por la cantidad total de $150,000,000.000 (ciento cincuenta millones de pesos en moneda nacional).
C)    Sobre la solicitud de renunciar a la totalidad de la ministración del mes de diciembre de 2021
En términos de la normatividad en materia de fiscalización aplicable, para la individualización de sanciones, la autoridad electoral toma en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las condiciones socioeconómicas del ente infractor, creando así certeza de que éstos tienen la capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias que les sean impuestas, tal como lo señala el artículo 458, numeral 5, de la LGIPE. Asimismo, de acuerdo con el numeral 7 del mismo artículo, el monto de las multas que les hayan sido impuestas a los partidos políticos deberá restarse de sus ministraciones de gasto ordinario, conforme a lo que se determine en la resolución correspondiente.
Por lo que, las sanciones son exigibles desde el momento que quedan firmes y deben ejecutarse en la forma y términos establecidos en la resolución, acuerdo o sentencia correspondiente, sin que le esté permitido a la autoridad electoral modificar la forma o los términos en que hayan sido impuestas, pues hacerlo implicaría vulnerar el principio de legalidad que rige su actuar.
Así, las multas y sanciones deben pagarse o ejecutarse con cargo al financiamiento federal ordinario del partido político, conforme a lo establecido en las propias resoluciones o acuerdos aprobados por el Consejo General, de conformidad con la Legislación Electoral aplicable.
Por lo que, la renuncia solicitada por Morena debe prever las obligaciones que el partido tiene a cargo, es decir, la renuncia debe considerar las multas y sanciones que le fueron impuestas al instituto político por el Consejo General del INE y que han causado estado, pues no deducirlas implicaría que éstas no se cobraran conforme a lo establecido en las propias resoluciones o acuerdos aprobados por este Consejo General. Aplicar una sanción en una temporalidad distinta a la forma establecida en la propia resolución o acuerdo que la impuso, o incluso dejarla de aplicar, conllevaría contrariar los principios de certeza y legalidad. Además, debe tenerse en cuenta que el fin último de una sanción es precisamente inhibir la comisión de conductas indebidas que infrinjan las normas legales. Incluso cuando la solicitud tenga por objeto la consecución de un fin socialmente deseable como la compra de vacunas contra el COVID-19.
Es preciso señalar que las sanciones derivan de circunstancias generadas por el propio partido político al llevar a cabo la conducta indebida por la cual fue sancionado. Por lo que, no deducir las multas y sanciones, en aras de posibilitar la renuncia a un monto mayor del que es normativamente viable, supondría un desconocimiento por parte de esta autoridad de la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización de los partidos políticos, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actuar.
Así, no puede interpretarse aisladamente el criterio contenido en el Acuerdo INE/CG86/2020 y que establece:
"8. Ahora bien, este Consejo General considera que los Partidos Políticos Nacionales solicitantes, deberán tomar en cuenta los siguientes criterios:
(...)
5. Los partidos políticos deberán indicar explícitamente si la renuncia a la prerrogativa debe calcularse por la autoridad electoral, antes o después de aplicar las deducciones que correspondan por remanentes y sanciones. En caso de que no indiquen explícitamente si el monto de renuncia debe aplicarse antes o después, la DEPPP deberá deducir en primera instancia, los remanentes y sanciones, y sólo después podrá aplicar el monto de renuncia."
Sino que el criterio debe tomar en consideración el marco normativo electoral vigente. Por lo que, sólo después de cumplir las obligaciones que Morena tiene a cargo o sin dejar de considerar éstas en la ministración mensual del financiamiento ordinario del mes de diciembre de 2021, Morena tiene la posibilidad de elegir si el monto de la renuncia al financiamiento público se calcula antes o después de aplicar las deducciones por remanentes y sanciones.
Esto es que, la solicitud de renuncia por parte de Morena al financiamiento público federal ordinario del mes de diciembre de 2021 debe prever las obligaciones que el partido tiene a cargo en dicho mes, pues las multas y sanciones han quedado firmes, y tal como lo señala el propio Acuerdo INE/CG86/2020 aprobado por el Consejo General de este Instituto, la renuncia a un derecho, en este caso una prerrogativa, de ninguna manera conlleva el incumplimiento de una obligación previamente establecida.
En este sentido, existe la obligación por parte de este Instituto electoral de llevar a cabo la deducción de las multas y sanciones que se encuentren firmes, y que correspondan a reducciones de la ministración mensual, dado que así se ordenó en las resoluciones respectivas y que han quedado firmes.
En ese sentido, es importante señalar que no obstante que Morena interpuso recurso de apelación SUP-RAP-480/2021 ante la Sala Superior del TEPJF en contra del oficio referido en el párrafo anterior, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en respuesta al oficio identificado como INE/DEPPP/DE/DPPF/13720/2021 solicitó mediante similar número CEN/MDC/031-BIS/2021, lo siguiente:
"AD CAUTELAM SE DA CONTESTACIÓN AL OFICIO
(...)
En tal escenario, y en respuesta a su oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/13720/2021, solicito se me haga LA RETENCION del 75% (setenta y cinco por ciento) de la ministración correspondiente al mes de diciembre, dicha porcentaje debe ser considerado después del descuento de las sanciones que ese instituto ha impuesto al partido que represento, es decir, el 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes al mes de diciembre, por lo que se deberá de retener la cantidad de $102,273,993.75 (ciento dos millones doscientos setenta y tres mil novecientos noventa y tres 75/100), lo anterior a efecto de que dicho monto sea reintegrado a la Tesorería de la Federación y a su vez pueda ser canalizado al sector salud para la compra de vacunas contra COVID-19."
 
Al respecto, el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/SE/3053/2021, el Secretario Ejecutivo del INE, previo Acuerdo de la Comisión de Fiscalización identificado con el número CF/019/2021 de fecha trece de diciembre del mismo año, decretó procedente la referida solicitud, en el tenor siguiente:
"C. MARIO DELGADO CARRILLO
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO
NACIONAL DE MORENA
P R E S E N T E
El 01 de diciembre del año en curso se recibió el oficio CEN/MDC/031-BIS/2021 por medio del cual presentó solicitud formal de renuncia a $102,273,993.75 (ciento dos millones doscientos setenta y tres mil novecientos noventa y tres pesos 75/100 en moneda nacional) del financiamiento público ordinario correspondiente a la ministración del mes de diciembre de 2021.
Con apoyo en el mandato conferido por el Consejo General en el marco de la actual contingencia sanitaria, esta Secretaría Ejecutiva, junto con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, procedió a verificar que dicha solicitud cumpliera con los criterios establecidos en el Acuerdo INE/CG86/2020 aprobado el 17 de abril de 2020.
En consecuencia, el día de la fecha se instruyó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos mediante escrito INE/SE/3054/2021, para que realice la retención de $102,273,993.75 (ciento dos millones doscientos setenta y tres mil novecientos noventa y tres pesos 75/100 en moneda nacional) del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de Morena correspondiente al mes de diciembre de 2021, una vez deducidas las sanciones que se encuentren jurídicamente firmes y cuyo porcentaje total asciende al 25% (veinticinco) por ciento de la ministración mensual del partido político, en virtud del Acuerdo CF/019/2021 aprobado por la Comisión de Fiscalización de este Instituto el día 13 de diciembre de 2021.
De tal suerte que la ministración del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes queda como sigue para el mes de diciembre:
Ministración
mensual,
diciembre 2021
Monto por
sanciones
Ministración
mensual resultante
Monto de
renuncia
Ministración
mensual por
depositar
(A)
(B)
(C = A - B)
(D)
(E = C - D)
$136,365,325.0
0
$34,091,331.25
$102,273,993.75
$102,273,993.75
$0.00
 
(...)"
En consecuencia y en atención a la solicitud de Morena, mediante oficio número INE/SE/3054/2021(4) de fecha 14 de diciembre de 2021, la Secretaría Ejecutiva de este Instituto instruyó a la DEPPP para que realizara la retención de $102,273,993.75 (ciento dos millones doscientos setenta y tres mil novecientos noventa y tres pesos 75/100 en moneda nacional) del financiamiento público ordinario que correspondió a Morena en la ministración del mes de diciembre de 2021, una vez deducidas las sanciones.
Posteriormente, la DEPPP a través del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/13947/2021 de fecha 15 de diciembre de 2021 solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración, depositar a Morena el financiamiento público federal que le correspondió para el mes de diciembre de 2021, conforme a lo siguiente:
Partido
Político
Nacional
Financiamiento
mensual (A)
Deducciones
Importe de la
ministración (M = A-
B-C)
Por multas y
sanciones (B)
Por renuncia al
financiamiento (C)
MORENA
$136,365,325.00
$34,091,331.25
$102,273,993.75
$0.00
 
En consecuencia, el depósito del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes durante el mes de diciembre fue realizado a Morena conforme a la solicitud remitida por el propio partido político mediante oficio CEN/MDC/031-BIS/2021 de fecha 1 de diciembre de 2021, y el cual señala a la letra, lo siguiente:
"Tal como se observa, el monto que debe retener la autoridad por concepto reducciones de ministración es de $34,091,331.25 (treinta y cuatro millones noventa y un mil trescientos treinta y un pesos 25/100 M.N.) cantidad que resulta ser el 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes al mes de diciembre.
Derivado de lo anterior, el monto al que tiene derecho de recibir este instituto político correspondiente a la ministración de diciembre asciende a $102,273,993.75 (ciento dos millones doscientos setenta y tres mil novecientos noventa y tres 75/100), por lo que contrario a lo manifestado por esa Dirección, el monto al que puede renunciar este Instituto es el señalado en la columna "C" de la tabla inmediata anterior.
En tal escenario, y en respuesta a su oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/13720/2021, solicito se me haga LA RETENCION del 75% (setenta y cinco por ciento) de la ministración correspondiente al mes de diciembre, dicha porcentaje debe ser considerado después del descuento de las sanciones que ese instituto ha impuesto al partido que represento, es decir, el 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes al mes de diciembre, por lo que se deberá de retener la cantidad de $102,273,993.75 (ciento dos millones doscientos setenta y tres mil novecientos noventa y tres 75/100), lo anterior a efecto de que dicho monto sea reintegrado a la Tesorería de la Federación y a su vez pueda ser canalizado al sector salud para la compra de vacunas contra COVID-19."
Por ende, en el caso particular, la petición realizada por Morena a este Instituto mediante oficio CEN/MDC/029-BIS/2021 de fecha 24 de noviembre de 2021, y que versa en lo siguiente, es improcedente en los términos solicitados:
"Único. - Se apruebe la presente solicitud, lo anterior con la finalidad de que los $136,365,325.00 (ciento treinta y seis millones trescientos sesenta y cinco mil trescientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) a los que renuncia el partido MORENA, sean reintegrados a la Tesorería de la Federación para la compra de vacunas contra COVID-19."
Lo anterior, en virtud de que, si bien ésta versa sobre una renuncia a la prerrogativa, lo hace sin considerar que el instituto político tiene a cargo obligaciones derivadas de multas y sanciones que le fueron impuestas de manera previa y las cuales ya han adquirido definitividad y firmeza y, por lo tanto, debían deducirse de la prerrogativa del mes de diciembre de 2021.
Aunado a lo anterior, el financiamiento público ordinario correspondiente al mes de diciembre de 2021 fue aplicado conforme a la solicitud enviada por Morena a este Instituto a través del escrito CEN/MDC/031-BIS/2021 de fecha 1 de diciembre de 2021, es decir, en el mes de diciembre se realizaron deducciones por multas
y sanciones atinentes a $34,091,331.25, (treinta y cuatro millones noventa y un mil trescientos treinta y un pesos 25/100 en moneda nacional), y por concepto de renuncia se dedujo la cantidad de $102,273,993.75 (ciento dos millones doscientos setenta y tres mil novecientos noventa y tres 75/100 en moneda nacional), por lo que el Partido Político Morena no recibió financiamiento para gasto ordinario en el mes de diciembre del ejercicio 2021.
Ahora bien, tal como lo establece la LGIPE en su artículo 458, numeral 8, los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral serán destinadas al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en los términos de las disposiciones aplicables, tales como el artículo 37 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, que a la letra dice:
"Artículo 37. Las sanciones económicas que, en su caso, aplique el Instituto Nacional Electoral derivado del régimen disciplinario de los partidos políticos durante 2021, serán concentradas a la Tesorería de la Federación dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que se realice el pago o se haga efectivo el descuento. Los recursos obtenidos por este concepto serán destinados en los términos de las disposiciones aplicables al Ramo 38 para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y deberán destinarse a actividades sustantivas; dichos recursos no podrán ejercerse en servicios personales y su ejercicio y destino deberá reportarse en los Informes Trimestrales."
Ahora bien, es pertinente establecer como criterio general la obligatoriedad de tomar en consideración las multas, sanciones y remanentes correspondientes al mes respectivo en que se solicite renunciar al financiamiento ordinario, en cumplimiento a los principios de certeza y legalidad.
46.   Por lo que, en estricto cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del TEPJF en las sentencias dictadas en los recursos de apelación SUP-RAP-474/2021 y SUP-RAP-480/2021, este Consejo General, en atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 35, numeral y 44, numeral 1, inciso j), k) y jj) de la LGIPE, da respuesta a las consultas formuladas por Morena, mediante oficios CEN/MDC/027-BIS/2021 y CEN/MDC/029-BIS/2021, en los términos siguientes:
ACUERDO
PRIMERO. En lo relativo a la renuncia a las prerrogativas a las que tienen derecho los PPN, se determinan como criterios generales:
1) La imposibilidad de devolver al INE los recursos ya ministrados a los institutos políticos dado que forman parte de su patrimonio desde el momento en que los recursos son recibidos y, en consecuencia, están sujetos a las reglas de fiscalización establecidas en la normatividad aplicable.
2) La obligatoriedad de tomar en consideración las deducciones por multas, sanciones y remanentes correspondientes al mes respectivo previo a establecer el monto máximo posible de renuncia.
SEGUNDO. Conforme al Punto de Acuerdo anterior, es improcedente la petición realizada por Morena a este Instituto mediante oficio CEN/MDC/027-BIS/2021 de fecha 8 de noviembre de 2021, pues versa sobre devolver un monto de financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes que ya fue depositado al partido político en el ejercicio fiscal 2021, de ahí que los recursos deberán destinarse al fin para que el que fueron otorgados, deberán fiscalizarse y en su momento serán devueltos a la Tesorería de la Federación como remanentes, para los fines que esta autoridad del Estado Mexicano determine.
TERCERO. Conforme al Punto de Acuerdo primero, no procede la solicitud realizada por Morena a este Instituto mediante oficio CEN/MDC/029-BIS/2021 de fecha 24 de noviembre de 2021, y que versa sobre renunciar al cien por ciento de la ministración del financiamiento público federal para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes que le correspondió al partido político en el mes de diciembre de 2021, pues dicha solicitud no considera que el instituto político tiene a cargo obligaciones derivadas de multas y sanciones que han adquirido definitividad y firmeza y que, por lo tanto, deben deducirse de la prerrogativa del mes de diciembre de 2021. Además de que, el financiamiento ordinario correspondiente a dicho mes fue aplicado a Morena conforme a su solicitud enviada posteriormente mediante oficio CEN/MDC/031-BIS/2021
de fecha 1 de diciembre de 2021, atendiendo a lo establecido en el Acuerdo de la Comisión de Fiscalización CF/019/2021.
Esto es que, en el mes de diciembre de 2021 se realizaron deducciones por multas y sanciones atinentes a $34,091,331.25, (treinta y cuatro millones noventa y un mil trescientos treinta y un pesos 25/100 en moneda nacional), y por concepto de renuncia se dedujo la cantidad de $102,273,993.75 (ciento dos millones doscientos setenta y tres mil novecientos noventa y tres 75/100 en moneda nacional), por lo que Morena no recibió financiamiento para gasto ordinario en el mes de diciembre del ejercicio 2021.
CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a Morena, a través de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
QUINTO. Notifíquese en sus términos el presente Acuerdo a las representaciones de los Partidos Políticos Nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, acreditados ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
SEXTO. Se instruye a la Dirección Jurídica de este Instituto para que informe a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el cumplimiento a lo ordenado en las sentencias dictadas en los medios de impugnación identificados como SUP-RAP-474/2021 y SUP-RAP-480/2021, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación de este Acuerdo.
SEPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 12 de enero de 2022, por nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de las Consejeras Electorales, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y Carla Astrid Humphrey Jordán.
El Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo General, Lic. Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.
El Acuerdo y el anexo pueden ser consultados en las siguientes direcciones electrónicas:
Página INE:
https://www.ine.mx/sesion-extraordinaria-del-consejo-general-12-de-enero-de-2022/
Página DOF
www.dof.gob.mx/2022/INE/CGext202201_12_ap_10.pdf
______________________________
 
1     Confirmados por la Sala Superior del TEPJF en la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-115/2017.
2     Puede consultarse en el siguiente hipervínculo:
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93890/CGor201710-30-ap-22.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3     La diferencia de $4 (cuatro pesos en moneda nacional) entre el monto total aprobado por el Consejo General y el monto efectivamente distribuido, derivó de que la asignación de los recursos entre las Candidaturas Independientes es igualitaria, atendiendo además al cargo por el cual se contendió.
4     El contenido del escrito se encuentra impugnado por Morena ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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