CPROGRAMA CNacional de CSeguridad CPública C2022-2024 PROGRAMA Nacional de Seguridad Pública 2022-2024.
Programa Nacional de Seguridad Pública 2022-2024
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
PROGRAMA ESPECIAL DERIVADO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
1.- Índice.
1.- Índice.
2.- Fundamento normativo de la elaboración del Programa.
3.- Siglas y acrónimos.
4.- Origen de los recursos para la instrumentación del Programa.
5.- Análisis del estado actual.
6.- Objetivos prioritarios.
6.1.- Relevancia del objetivo prioritario 1: Promover la construcción de paz en el territorio nacional.
6.2.- Relevancia del Objetivo prioritario 2: Fortalecer la operación de las instituciones de seguridad pública en las regiones del territorio nacional.
6.3.- Relevancia del Objetivo prioritario 3: Disminuir los delitos vinculados con la delincuencia organizada en las regiones del país.
6.4.- Relevancia del Objetivo prioritario 4: Mejorar la operación y las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios.
7.- Estrategias prioritarias y acciones puntuales.
8.- Metas para el bienestar y parámetros.
9.- Epílogo: Visión hacia el futuro.
10.- Lista de dependencias y entidades participantes.
2.- Fundamento normativo de la elaboración del Programa.
El Programa Nacional de Seguridad Pública 2022-2024 se realiza para dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 25 y 26, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como en los artículos 2, 12, 16, fracciones IV y VIII, 26 y 29, de la Ley de Planeación que mandata la elaboración de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática.
El presente programa se apega al artículo 21, párrafo noveno, de la CPEUM, el cual refiere que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.
Aunado a lo anterior, se realiza de conformidad a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual señala en su artículo 30 bis, que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene la atribución de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal, coadyuvar a la prevención del delito; ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; preservar las libertades, el orden y la paz públicos; así como administrar el sistema penitenciario federal y de justicia para adolescentes, con estricto apego a los derechos humanos, y, desarrollar las políticas, normas y sistemas para el debido suministro permanente e intercambio de información en materia de seguridad pública, entre otras acciones fundamentales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, fracciones II y IV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las instituciones de seguridad pública de la Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de su competencia deberán coordinarse, entre otros, para proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, el artículo 14, fracciones IX y X, establece la atribución del Consejo Nacional de Seguridad Pública para realizar propuestas y evaluar el presente programa.
Asimismo, el artículo 7, fracción VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana establece que los Subsecretarios tienen la facultad de "participar en la planeación, formulación, ejecución, control y evaluación de los programas regionales, sectoriales, especiales, institucionales y demás bajo la responsabilidad de la Secretaría, en la parte que les corresponda".
La base para la formulación de este programa especial es el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el cual rige la actuación del Gobierno de México durante la presente administración para el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país con perspectiva de género, no discriminación, intercultural y pertinencia cultural, intergeneracional, con un enfoque diferencial y especializado. En este marco, el Programa Nacional de Seguridad Pública 20222024, establece sus objetivos prioritarios, estrategias prioritarias y acciones puntuales alineadas con el apartado I Política y Gobierno del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Finalmente, este programa especial responde a los objetivos establecidos en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para cambiar el paradigma de seguridad que ha imperado en sexenios anteriores, bajo la consideración del carácter multidimensional de la problemática y la incorporación de los enfoques transversales e incluyentes. En este sentido, se dirige a la raíz de la aguda crisis que enfrenta el país en esta materia y a la plena incorporación de la perspectiva de respeto a las libertades y a los derechos humanos.
3.- Siglas y acrónimos.
Bienestar: Secretaría de Bienestar.
CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
CNGSPSPE: Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales.
CNI: Centro Nacional de Inteligencia.
Conadic: Comisión Nacional contra las Adicciones.
Conase: Coordinación Nacional Antisecuestro.
Conavim: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUP: Certificado Único Policial.
Coneval: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
DNSP: Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria.
DOF: Diario Oficial de la Federación.
Enasjup: Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal.
ENCIG: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental.
Endireh: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares.
Enecap: Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial.
Enim: Encuesta Nacional de los Niños, Niñas y Mujeres en México.
Ensu: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.
ENSP: Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Envipe: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.
GN: Guardia Nacional.
Imjuve: Instituto Mexicano de la Juventud.
Inegi: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
INM: Instituto Nacional de Migración.
Inmujeres: Instituto Nacional de las Mujeres.
INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
OPDH: Organismo Público de Derechos Humanos.
Pemex: Petróleos Mexicanos.
PND: Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024.
PIB: Producto Interno Bruto.
PNSP: Programa Nacional de Seguridad Pública.
PPL: Personas Privadas de la Libertad.
Sader: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Salud: Secretaría de Salud.
SAT: Servicio de Administración Tributaria.
Sectur: Secretaría de Turismo.
Sedatu: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Sedena: Secretaría de la Defensa Nacional.
SE: Secretaría de Economía.
Segob: Secretaría de Gobernación.
Semar: Secretaría de Marina.
SEP: Secretaría de Educación Pública.
SESNSP: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SICT: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Sipinna: Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
Snav: Sistema Nacional de Víctimas.
SPF: Servicio de Protección Federal.
SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores.
SSP: Subsecretaría de Seguridad Pública.
SSPC: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
UIF: Unidad de Inteligencia Financiera.
Unicef: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
4.- Origen de los recursos para la instrumentación del Programa.
La totalidad de las acciones que se consideran en este programa, incluidas aquellas correspondientes a sus objetivos prioritarios, estrategias prioritarias y acciones puntuales, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación u operación de dichas acciones y el seguimiento y reporte de las mismas, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto participantes en el PNSP 2022-2024, mientras éste tenga vigencia.
5.- Análisis del estado actual.
La crisis de inseguridad y violencia que ha perjudicado por tiempo prolongado a la sociedad mexicana y ha trascendido responsabilidades transexenales, es el resultado de las fallas estructurales del sistema político, económico y social. Dicha situación se agrava a partir de una combinación de factores sociales y económicos, a los que se suma el deterioro de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.
La llamada guerra contra el crimen organizado, en particular contra el narcotráfico, que se implementó en anteriores administraciones, no mejoró las condiciones de paz y tranquilidad entre los mexicanos; por el contrario, dejó consecuencias desastrosas, una espiral de violencia cada vez mayor, luchas atroces entre cárteles, más de 240 mil víctimas de homicidios dolosos(1) y otros fenómenos sociales tales como la desaparición forzada de personas, que han llevado a que millones modifiquen sus patrones de vida para protegerse, lo que incluso les obliga a emigrar de sus comunidades para salvaguardar su integridad y las de sus familias.
Durante 2019, se cometieron 30.3 millones de delitos asociados a 22.3 millones de víctimas.(2) Esto representa una tasa de concentración de 1.4 delitos por víctima. De manera adicional, las víctimas que iniciaban procesos ante el sistema de justicia se enfrentaban a la corrupción, la impunidad y la falta de justicia.
La inseguridad y la violencia generan costos enormes para la economía y la sociedad; el Inegi estimó que los costos a consecuencia de la inseguridad (precios de 2020) en 2018 ascendieron a 303.7 miles de millones de pesos, lo que representó el 1.54% del PIB; para el año 2019, el costo fue de 291 miles de millones de pesos, equivalente al 1.53% del PIB. Mientras que para el año 2020, el costo fue de 277.6 miles de millones de pesos, equivalente al 1.85 del PIB.(3)
En este sentido, la inseguridad refleja un proceso de descomposición histórico que propicia que la población viva en medio de un clima de temor. De acuerdo con la Envipe 2021, en 2018, el 79.4% de la población de 18 años y más identificó a la inseguridad como el problema más importante en su entidad federativa. Mientras que para el 2021 fue de 75.6% lo que representa una disminución de 3.8 puntos porcentuales.
Aunado a lo anterior, la corrupción mermó la vida institucional y el respeto a la legalidad, la simulación de la transparencia y la rendición de cuentas comprometió la credibilidad institucional. La falta de sanciones amplificó la impunidad en nuestro país, lo que fue consecuencia, por un lado, de la falta de denuncias y, por otro, del reducido desempeño de las autoridades de procuración de justicia en la conformación de las carpetas de investigación por falta de pruebas. Esto se vio reflejado en la cifra negra de 2019 que fue del 92.4%.(4)
La crisis de seguridad fue mucho más profunda y grave que un asunto de policías, narcotraficantes y delincuentes. Este gobierno heredó un contexto de incertidumbre, desconfianza y falta de bienestar por parte de la población; los problemas de inseguridad y violencia mermaron de manera significativa la calidad de vida de mexicanas y mexicanos, lo que ha propiciado un cambio de hábitos; las personas han dejado de realizar actividades cotidianas, se ven limitadas en su esparcimiento social lo que inhibe la posibilidad de cohesión social. Aunado a esto, las políticas neoliberales hicieron más grande la brecha de pobreza y desigualdad, lo que agudizó las problemáticas sociales e hizo emerger nuevos conflictos. Todos estos factores han abonado al resquebrajamiento del tejido social en nuestro país.(5)
Como respuesta a esta situación, el Gobierno de México ha propuesto, mediante el Eje General I. Política y Gobierno, del PND, un cambio de paradigma en seguridad pública basado en la implementación de acciones dirigidas a la atención de las causas estructurales de la inseguridad y la violencia que padece el país y sus habitantes, en sus distintas manifestaciones.
Asimismo, en la ENSP, publicada el 16 de mayo de 2019 en el DOF se establecen ocho objetivos estratégicos y nueve estrategias específicas, para responder a las demandas ciudadanas de seguridad por medio de políticas públicas tendientes a asegurar que la sociedad disfrute del respeto a sus derechos, que cuente con mejores condiciones de vida y se contribuya a la preservación del orden público y la paz social, bajo un enfoque multidimensional, transversal e incluyente.
En este marco, se ha formulado el PNSP 20222024 como un instrumento de planeación que responde al problema público del deterioro de las condiciones de paz y seguridad en las regiones del territorio nacional el cual es causado por la ausencia de mecanismos de pacificación y construcción de paz; la debilidad en la operación de las instituciones de seguridad pública; el aumento de los delitos vinculados con la delincuencia organizada, y las deficientes condiciones de internamiento para una estancia digna y segura de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios.
Las consecuencias de esta problemática son el retroceso en el desarrollo y bienestar de las personas; el deterioro de las condiciones de paz y seguridad en las regiones del país; el resquebrajamiento del tejido social y de los lazos comunitarios; la pérdida de la confianza de la población en las policías de los ámbitos federal, estatal y municipal; el incremento de la capacidad operativa y logística de las organizaciones delictivas, y la reincidencia de las personas privadas de la libertad que son liberadas.
En la actualidad, nuestro país le hace frente al reto de la transformación de la seguridad pública ante los resultados catastróficos de las acciones del uso excesivo de la fuerza reflejados en la pérdida de vidas humanas, personas desaparecidas y afectadas en sus familias y bienes; crisis de derechos humanos, descomposición institucional y ruptura del tejido social.
El PNSP 2022-2024 se integra por cuatro objetivos prioritarios: 1. Promover la construcción de paz en el
territorio nacional; 2. Fortalecer la operación de las instituciones de seguridad pública en las regiones del territorio nacional; 3. Disminuir los delitos vinculados con la delincuencia organizada en las regiones del país; y 4. Mejorar la operación y las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios.
El presente programa especial está trazado con una visión incluyente en la que se vean reflejados las mujeres y hombres; niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes, adultas y adultos mayores; pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; personas con discapacidad; territorios urbanos, rurales y sus poblaciones; población migrante y personas privadas de la libertad y el resto de la población, es decir, la población mexicana en su diversidad reconocida en su Constitución Federal. Las líneas de acción están definidas con un enfoque de respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad y no discriminación, en otras palabras, se encuentra en concordancia con el principio rector "No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera" del PND.
El objetivo prioritario 1: Promover la construcción de paz en el territorio nacional, es resultado del problema público identificado como la ausencia de mecanismos de pacificación y construcción de paz. Para su cumplimiento se plantean estrategias orientadas a lograr la reconstrucción del tejido social y la recuperación de las condiciones de bienestar social mediante el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional para prevenir el delito, la violencia y fomentar la cultura de denuncia; el establecimiento de mecanismos de pacificación y la promoción de la cultura de paz; la mejora de la atención y vinculación de la población en las instituciones de seguridad pública, y el impulso a la reinserción de las personas privadas de la libertad.
Se incorporan, además, acciones puntuales para fortalecer la operación de las coordinaciones estatales y regionales; diseñar políticas, estrategias, programas y acciones de prevención, contención, disuasión de delitos; facilitar el desarrollo de capacidades por parte de la población para la atención de conflictos; promover el bienestar a nivel comunitario; generar la eficacia colectiva frente a los problemas de inseguridad, y para reconstruir la legitimidad de las instituciones de seguridad y justicia.
Para superar las violencias, es fundamental el establecimiento de bases que den estabilidad social y seguridad pública, por ello es ineludible construir la paz en todo el territorio nacional. En tal sentido, se procurará mejorar de forma estructural los ámbitos de seguridad, político, económico y social, por medio de medidas encaminadas a resolver conflictos.
Este objetivo se alinea al principio rector "Por el bien de todos, primero los pobres", al considerar acciones que promueven la implementación de programas prioritarios de desarrollo y bienestar del Gobierno de México; el impulso de alternativas productivas, económicas, educativas y de vinculación al empleo; así como las que se enfocan a fortalecer los vínculos con la sociedad y promover la participación de la sociedad civil, sector privado y organizaciones no gubernamentales. Este objetivo también se alinea a los principios rectores "El respeto al derecho ajeno es la paz" y "No más migración por hambre o por violencia", ya que se rescatan los argumentos correspondientes en la solución pacífica de los conflictos mediante el diálogo y rechazo a la violencia y a la guerra, respeto a los derechos humanos, y la no discriminación e inclusión.
El objetivo prioritario 2: Fortalecer la operación de las instituciones de seguridad pública en las regiones del territorio nacional, se crea para atender el problema público que deriva de la debilidad en la operación de las instituciones de seguridad. Éste considera los resultados de diagnósticos realizados por instituciones gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, instituciones especializadas en seguridad pública, el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2018(6) y las encuestas de percepción que publica periódicamente el Inegi, entre otros organismos especializados, para implementar estrategias en las instituciones de seguridad pública federales, estatales y municipales, que renueven, consoliden y fortalezcan su capacidad de respuesta ante las necesidades urgentes de seguridad de la población.
En este contexto, el Gobierno de México consolida la operación de la GN para salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas; implementa el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica en apoyo a las instituciones de seguridad y procuración de justicia en las entidades federativas y municipios, y fortalece los mecanismos de coordinación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno que participan en la construcción de paz y seguridad en las regiones del territorio nacional.
Este objetivo está alineado al principio rector de "Honradez y honestidad", respecto al cual la SSPC estableció acciones transversales en las cuales, a partir de mecanismos de supervisión se busca evitar la comisión de actos de corrupción por parte de las personas servidoras públicas. Así también, se busca que en todo momento el desempeño de las funciones se realice con estricto apego al principio rector "Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie"; en el que se puntualiza la observancia a los derechos humanos y sociales, así como privilegiar el diálogo y la razón por encima de la fuerza.
El objetivo prioritario 3: Disminuir los delitos vinculados con la delincuencia organizada en las regiones del país se presenta para contrarrestar las estrategias fallidas que no han sido capaces de revertir el problema público del aumento de estos delitos, como lo denotan la persistente confrontación local entre organizaciones delictivas y la proliferación de prácticas de violencia que atemorizan a la población.
Derivado de un riguroso análisis de las condiciones de inseguridad, violencia y corrupción prevalecientes en las últimas décadas, el Gobierno de México fijó entre sus prioridades, la persecución de delitos que han minado las capacidades económicas del país, y afectado por igual a las empresas y a la población, dado su impacto en la disminución de las capacidades y recursos, como lo reflejan los indicadores de bienestar y desarrollo.
Para el logro de este objetivo, se establecen mecanismos que combinan tareas de investigación e inteligencia y el uso de recursos tecnológicos para combatir el mercado ilícito de hidrocarburos, con la finalidad de prevenir el robo de combustible y el sabotaje a las instalaciones de Pemex; debilitar las operaciones realizadas por la delincuencia organizada con recursos de procedencia ilícita para desarticular la red financiera de los integrantes de las organizaciones delictivas, combatir el robo a autotransporte de carga y pasajeros en las carreteras de México, y prevenir las conductas delictivas en el ciberespacio.
Este objetivo se encuentra en concordancia con el principio rector "No puede haber paz sin justicia", en donde se refrenda el compromiso del Gobierno de México para dar seguimiento puntual a los hechos delictivos, impulsar medidas contra el lavado de dinero y contar con la presencia de la GN en todo el territorio para coadyuvar en acciones de seguridad que impacten en la contención de la delincuencia y la violencia en las regiones del país.
Finalmente, el objetivo prioritario 4: Mejorar la operación y las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios está orientado a generar alternativas al problema público de las deficientes condiciones de reclusión para una estancia digna y segura.
Ante estos problemas, se presentan estrategias prioritarias y acciones puntuales para dar soluciones bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, tales como: mejorar las condiciones de internamiento, fortalecer la operatividad del sistema penitenciario para mejorar las condiciones de seguridad, la profesionalización del personal para garantizar la adecuada operación y el fortalecimiento de los mecanismos de control en los centros penitenciarios.
Este programa especial se basa en los principios rectores establecidos en el PND, instrumento del sistema nacional de planeación democrática que indica la ruta a seguir por las instituciones encargadas de la seguridad pública para el restablecimiento de la paz e identifica los fenómenos sociales que conducen a distinguir las causas de diversos delitos.
6.- Objetivos prioritarios.
El PNSP 2022-2024 se integra por cuatro objetivos prioritarios alineados al PND y a la ENSP para contribuir al cambio de paradigma en materia de seguridad.
Las acciones puntuales de este programa responden a las causas identificadas del problema principal, el deterioro de las condiciones de paz y seguridad para propiciar la convivencia pacífica y el desarrollo de las personas en las regiones del territorio nacional.
| Objetivos prioritarios del Programa Nacional de Seguridad Pública 2022-2024
|
| 1.- Promover la construcción de paz en el territorio nacional. |
| 2.- Fortalecer la operación de las instituciones de seguridad pública en las regiones del territorio nacional. |
| 3.- Disminuir los delitos vinculados con la delincuencia organizada en las regiones del país. |
| 4.- Mejorar la operación y las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. |
6.1.- Relevancia del objetivo prioritario 1: Promover la construcción de paz en el territorio nacional.
La sociedad mexicana se encuentra vulnerada por la violencia. Desde hace varios lustros, nuestro país es víctima del crecimiento sostenido de la delincuencia en sus diferentes modalidades. La dimensión del problema no puede reducirse al fenómeno del narcotráfico, porque este sólo representa una de las actividades de la delincuencia organizada y tampoco nos revela la profundidad y extensión de la violencia que recae cotidianamente sobre las personas.(7)
Por ello, la construcción de paz es un tema prioritario para el Gobierno de México pues busca la mejora estructural en los ámbitos de seguridad, político, económico y social, por medio de medidas encaminadas a transformar los conflictos en relaciones pacíficas y sostenibles, así como la de superar las violencias físicas, culturales y estructurales.
De acuerdo con el documento publicado por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria,(8) la construcción de la paz es el conjunto de acciones (en el corto, medio y largo plazo) que permiten a una sociedad prevenir, gestionar y resolver el conflicto, mediante sus propias capacidades, sin recurrir al uso de la violencia.
Para el tercer trimestre de 2021, datos de la Ensu señalan que 73.3% de la población de 18 años y más ha tenido algún tipo de conflicto directo con sus vecinos y 28% con desconocidos en la calle, lo que ha derivado con frecuencia en gritos, insultos o groserías, hasta daños físicos o materiales. Estos resultados refuerzan la importancia de construir la paz de manera impostergable y visibilizar las violencias que se experimentan de manera cotidiana y cruzan constantemente las fronteras entre individuo, familia, comunidad y sociedad.
La exposición a la violencia comunitaria es una experiencia perjudicial que afecta la forma de pensar y actuar de las personas, sobre todo de niñas, niños y adolescentes que sufren altos niveles de violencia familiar y comunitaria, lo que contribuye a la proliferación de factores de riesgo de problemáticas sociales, de salud y de seguridad.
Para afrontar los conflictos de la comunidad, la participación ciudadana es un componente fundamental para la construcción de paz porque contribuye al diálogo social, fortalece la confianza, promueve la legitimidad y continuidad de los procesos sociales para avanzar en la garantía de derechos, desde una perspectiva incluyente y democrática. Asimismo, permite identificar los activos y capacidades del territorio en términos de buenas prácticas para un gobierno participativo, espacios de diálogo social legítimos, identificación de actores que cuentan con el reconocimiento de la comunidad, así como de aspectos que generan identidad, cohesión y sentido de pertenencia al territorio.
La ENSP propone que la construcción de paz obliga al análisis de soluciones aplicadas en otros países en condición de conflicto armado, si bien México no presenta esta problemática como tal, los conflictos internos, las violencias y la impunidad combinado con la desigualdad social que prevalecían en el país generaron un terreno fértil para los grupos delincuenciales quienes a partir de su influencia territorial, sus niveles organizativos y su poder de fuego vulneraron los derechos humanos de diversos sectores sociales, lo que generó víctimas directas e indirectas. En este sentido, el complejo fenómeno de inseguridad y violencia requiere de la aplicación de mecanismos extraordinarios de justicia en donde se ponderen los derechos de las víctimas para acceder a la verdad, reparación y no repetición.
De acuerdo con datos del Estudio Mundial de Homicidios 2019 de la ONU(9) el crimen organizado por sí solo fue responsable de hasta un 19% de todos los homicidios en 2017. Desde el comienzo del siglo XXI, las organizaciones criminales han causado la muerte de un número de personas igual al de todos los conflictos armados del mundo, lo que ha desestabilizado a los países, ha minado su desarrollo socioeconómico y ha erosionado el estado de derecho.
En México, durante el periodo de 2015 a 2020, se registraron 148 mil 713 carpetas de investigación por homicidios dolosos(10), de las cuales el 66.8% fueron por arma de fuego, si bien en 2020 fueron 28 mil 830 homicidios, eso representa una disminución del 2.21% respecto a 2019, en donde se registraron 29 mil 484 homicidios, y del 0.92% respecto a 2018 con 29 mil 098.
Cabe mencionar que, durante 2020 50, 13% de los homicidios en el país se concentraron en seis entidades federativas: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Michoacán y Jalisco.(11)
Dado que más de la mitad de los homicidios dolosos registrados entre 2015 y 2020 fueron cometidos por arma de fuego, es necesario continuar con los procesos estratégicos de desarme, desmovilización y reinserción social con los siguientes condicionamientos claros: plena colaboración con la justicia, manifestación inequívoca de arrepentimiento y reparación del daño.
En el proceso de la construcción de la paz, la seguridad y el acceso a la justicia de los sectores sociales históricamente discriminados se convierte en una estrategia fundamental, ya que permite a las personas la utilización de herramientas y mecanismos legales de reconocimiento y protección a sus derechos. En la actual administración se pone especial atención en erradicar los delitos cometidos en contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, que son identificados como grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad y que se encuentran en mayor riesgo de que sus derechos sean transgredidos.
En los últimos años, la violencia de género se ha incrementado y reconocido como un problema social grave, extendido y arraigado en México y en el mundo. Esta violencia es consecuencia de la desigualdad y de la discriminación de género.(12) De acuerdo con datos de la Endireh 2016 el 66.1% de las mujeres de 15 años y más han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor; 49% ha sufrido violencia emocional; 29% ha padecido violencia económica o patrimonial; 34% ha sido víctima de violencia física, y 41.3% de violencia sexual.
Más aún, 44.8% de las mujeres de 15 años y más experimentaron al menos un incidente de violencia por parte de cualquier agresor durante los 12 meses previos a la encuesta: 31% enfrentó violencia emocional; 17.5% sufrió violencia económica o patrimonial; 12.8% padeció violencia física, y 23.2% fue víctima de violencia sexual. La Endireh 2016 reveló que 43.9% de las mujeres en el país de 15 años y más han sido víctimas de violencia por parte de sus parejas en algún momento de su relación actual o más reciente sea por matrimonio, convivencia o noviazgo- cifra que en 2011 era de 47%.
De acuerdo con la Unicef, la población de niñas, niños y adolescentes en México es de 39.8 millones, de los cuales el 63%(13) (de entre 1 y 14 años) han sufrido algún tipo de agresión psicológica o castigo físico por algún miembro de su hogar, el 49.6%(14) viven en situación de pobreza y el 18%(15) no tienen un adecuado nivel de desarrollo. Aunado a esta situación de vulnerabilidad, esta población se encuentra expuesta a un contexto en el que persisten variadas formas de violencia que ocurren en diferentes ámbitos y, de manera transversal por cuestiones de género, ya que las niñas y adolescentes son más propensas a sufrir violencia sexual y agresiones psicológicas en la mayoría de los entornos y por otro lado, los hombres suelen ser las principales víctimas de homicidio.
Señala la Unicef que la presencia de diversos factores puede acarrear riesgos de violencia sobre las diferentes poblaciones del país. Las posibilidades de exposición a la violencia en la adolescencia (de 12 a 17 años) se manifiestan en diversos entornos sociales, por ejemplo, la escuela y la vía pública se han identificado como los ámbitos donde suceden 8 de cada 10 agresiones contra niñas, niños y adolescentes. Conforme a datos del Sistema de Justicia Penal, alrededor de 50% de los delitos cometidos contra esta población se relacionan con actos que atentan contra su integridad física (lesiones, abusos sexuales, violaciones, homicidios) y patrimonial (robos simples o en la vía pública).
Al observar las diferencias por sexo, las mujeres fueron preponderantemente víctimas de abuso sexual, amenazas y violación; los hombres de lesiones, robos y homicidio. La coexistencia de las diversas modalidades de violencia, al realizar análisis por regiones, se vincula con la presencia y operación de organizaciones dedicadas a la delincuencia. Otros factores de riesgo se relacionan con el alejamiento de ambientes escolarizados.(16) De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) el nivel de educación media superior tiene una cobertura de 83.2% y una tasa de abandono escolar de 10.3%. Es recomendable, por tanto, que las estrategias de prevención sigan un enfoque diferenciado y observen su atención desde la perspectiva de lo local.(17)
De acuerdo con la Enasjup 2017, la población de adolescentes por primera conducta delictiva cometida es de 6 mil 891 personas; las principales conductas delictivas fueron: robo (33.9%), homicidio (7.9%), violación
sexual (7.8%), posesión ilegal de drogas (3.8%), lesiones (3.8%), comercio ilegal de drogas (3.0%), secuestro (2.3%), portación ilegal de armas (1.9%) y delitos sexuales (1.9%).
En 2017, el 82.2% de las y los adolescentes en el sistema de justicia penal contó con una sentencia, 65% cumplió una medida de sanción no privativa de la libertad, mientras que 17.2% cumplió su sanción en un Centro de Internamiento.(18) Mientras que el Informe sobre la Situación del Consumo de Drogas en México y su atención Integral 2019, refiere que 98% de la población de adolescentes en conflicto con la Ley internada en algún centro habían tenido contacto con sustancias psicoactivas, de las cuales el alcohol es la de mayor consumo (40%), seguida de marihuana (31%), tabaco (11%), cocaína (6%) y disolventes inhalables.(19)
Para lograr que las y los adolescentes que han infringido la ley penal se reinserten a la sociedad, se les debe dotar de un plan de restitución integral ya sea que se base en medidas de orientación y protección o en medidas de internamiento pero siempre con fundamento en acciones que garanticen el libre desarrollo de la personalidad, incluida la salud mental y física, la participación en actividades educativas, técnicas o de asesoramiento y la obligación de desarrollar actividades productivas.
6.2.- Relevancia del Objetivo prioritario 2: Fortalecer la operación de las instituciones de seguridad pública en las regiones del territorio nacional.
La ENSP aborda los temas relativos al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública mediante el objetivo ocho, inciso "B", relativo a la creación y operación de la GN, así como la estrategia específica A, Nuevo Modelo Policial.
El tema de la coordinación entre instituciones federales y estatales es reiterado en cada punto de la estrategia, y se destaca su carácter imperativo y fundamental para concretar acciones en materia de seguridad. En el PND los asuntos de tal trascendencia quedan comprendidos en el apartado I Política y Gobierno.
En los últimos 36 años, México se caracterizó por un ciclo de políticas neoliberales que detonaron una grave crisis de violencia, corrupción, inseguridad e impunidad, lo que ha dañado a todos los sectores y regiones de la sociedad y propició un crecimiento en la desigualdad, pobreza, marginación, amenazas a la gobernabilidad y el Estado de Derecho. Ello trajo consigo incremento en los índices delictivos y deterioro del tejido social.(20)
Uno de los factores principales de esta situación es la fallida estrategia de seguridad y combate a la delincuencia, que debilitó la confianza de la población en las policías en los ámbitos federal, estatal y municipal, además de ocasionar la descomposición de las instituciones de seguridad pública, violaciones generalizadas a los derechos humanos y la omisión de la profesionalización de las corporaciones policiales, lo que impactó en la falta de articulación y coordinación entre las instituciones de seguridad pública. El reto es contribuir en la transformación del país con servidores públicos con eficiencia y transparencia en su desempeño, que recupere la confianza de los y las ciudadanos, en conjunto con las acciones que se implementan ya en otros espacios institucionales.
De acuerdo con datos de la Envipe 2020 la población de 18 años y más que identifica a las autoridades de seguridad pública por tipo de autoridad, considera como efectivo el desempeño de la GN, Policía Federal, estatal y municipal con 78.3%, 64.6%, 53.6% y 45.5%, respectivamente.
Conforme a la ENCIG 2019, llevada a cabo por el Inegi, el 33.5% de la población de 18 años y más identifica a las policías como instituciones que inspiran confianza.
Por su parte, la Envipe 2021 reveló datos sobre el nivel de percepción de confianza de la sociedad en autoridades. En este sentido, la GN se posicionó con un nivel de confianza del 82.7%, en tanto que la Policía Estatal y la Policía Preventiva Municipal alcanzaron un nivel de confianza el 58.6% y 55.1%, respectivamente. Tal y como se muestra en la gráfica siguiente:
Por su parte la Ensu, para el tercer trimestre de 2021, reveló datos sobre el nivel de confianza en las autoridades, según el porcentaje de la población de 18 años y más que reside en ciudades de interés. En este sentido, respecto al tercer trimestre de 2020, la Policía Estatal aumentó 0.8 puntos porcentuales, mientras que la Policía Municipal incrementó 2.1 puntos porcentuales, por su parte, la GN aumentó en 0.2 puntos porcentuales, lo que significó un 77.7%.(21) Tal y como se muestra en la gráfica siguiente:
Fuente: Inegi, Ensu 2019 - 2021.
En este sentido, se identifica la necesidad de continuar con el fortalecimiento de las capacidades institucionales para articular las acciones dirigidas a garantizar la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz, con el fin de construir una paz duradera y fructífera, que promueva el respeto a los derechos humanos con enfoque diferenciado, con perspectiva de género y con la implementación de acciones interculturales de reconocimiento y valoración de la diversidad cultural para el empoderamiento de la población.
Durante 2017, la Enecap estimó en 384 mil 900 los integrantes de organismos policiales a nivel nacional. Del total, 76.1% pertenecen a las Policías Preventivas Estatales y Municipales. En el ámbito nacional, en ese mismo año, 55.1% de los elementos de policía contó con estudios de nivel medio superior.
A nivel nacional, el 80.5% de los elementos de policía recibieron al menos un curso de formación inicial al ingresar. El 98% de los elementos de policías refirió que desearía recibir en el futuro al menos un curso de capacitación para mejorar su desempeño. Los temas sobresalientes son: funcionamiento del sistema penal acusatorio (82.4%), técnicas de presentación de indicios y pruebas en juicios (76.1%), reglamentos y protocolos de actuación (74.7%), mediación y resolución de conflictos (74.1%) y atención a poblaciones vulnerables (71.1%).
De ahí la relevancia de un modelo policial aplicable en los tres órdenes de gobierno que fije estándares de actuación tanto para mejorar el desempeño policial como para traducir la estrategia de seguridad en resultados tangibles para las y los mexicanos. Uno de los problemas a los que se enfrentan las y los elementos que conforman los cuerpos policiales es la adecuación del marco legal, que al día de hoy requiere de ajustes para aclarar las funciones de cada orden de gobierno, normar ciertas actividades policiales y la relación del policía con el Ministerio Público. Es importante establecer facultades diferenciadas entre los cuerpos de policía para evitar conflictos y duplicidad de funciones.
La profesionalización requiere atención y enfoque en la homologación de las mallas curriculares para formar y capacitar a todos los policías del país, acorde a las funciones que vayan a desempeñar y en los temas torales que propone el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica: proximidad social orientada a la solución de conflictos, atención a víctimas, investigación, uso legítimo de la fuerza, perspectiva de género, intercultural y derechos humanos.
Para lograr la consolidación de la GN y de las instituciones de seguridad pública, se impulsará el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica por medio de la carrera policial, esquemas de profesionalización, certificación, especialización y régimen disciplinario, que contribuya al fomento de un comportamiento honesto y propicie la disminución de los niveles de corrupción.
Este modelo busca actualizar los lineamientos, instrumentos y protocolos, así como fortalecer los contenidos del Programa Rector de Profesionalización. Así también, es importante que los elementos de la policía acrediten perfil, conocimientos, experiencia, habilidades y aptitudes para el desempeño de sus funciones, mediante el CUP. El modelo también implica la alta gerencia policial que fomente la doctrina para la formación, especialización y desarrollo de nuevas habilidades y competencias.
De igual forma, es importante el incentivo económico y de estímulos al policía. Aún una proporción alta de los policías trabajan con salarios precarios, además de jornadas extenuantes debido a la falta de elementos para cubrir turnos y sectores de vigilancia en ciudades y regiones en la mayoría de las entidades federativas, por otro lado, los estímulos y reconocimientos, son escasos y no están fundados en la profesionalización, ni en la antigüedad de los servicios prestados, ni en su desempeño policial.
Finalmente, se subraya que con las acciones puntuales de este objetivo prioritario se contribuirá a prevenir el delito, disminuir la incidencia delictiva, mejorar la percepción de seguridad, e incrementar la confianza en las instituciones de seguridad pública.
6.3.- Relevancia del Objetivo prioritario 3: Disminuir los delitos vinculados con la delincuencia organizada en las regiones del país.
La ENSP aborda la disminución de los delitos relacionados con la delincuencia organizada en el objetivo ocho inciso "B" relativo a la GN; así también en las estrategias específicas de los incisos "E" sobre el mercado ilícito de hidrocarburos; "F" relativa al combate al uso de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y finanzas de la delincuencia organizada, así como el papel de la UIF en el abatimiento de estos delitos y en el inciso "H" en el que se exponen las acciones para el combate en el robo a autotransporte y pasajeros en carreteras, lo que se alinea con el apartado I Política y Gobierno del PND.
En los últimos años México ha resentido los efectos negativos de las estrategias fallidas del combate a la delincuencia organizada, cuyos resultados impactaron en la confrontación local y la proliferación de prácticas de violencia, lo que ha afectado la calidad de vida de la sociedad de una manera determinante. De acuerdo a la Envipe 2020, a nivel nacional el 68.2% de la población de 18 años y más, considera a la inseguridad como el problema más importante que le aqueja, seguido del desempleo con 36.4% y la salud con 36.2%.
La delincuencia organizada en México ha protagonizado una serie de pugnas entre cárteles y grupos delincuenciales por el dominio del territorio nacional. El tráfico de drogas es hoy por hoy un mercado multimillonario que no sólo acumula dinero sino también personas, armas, lavado de dinero y muerte.
En lo que se refiere a homicidios, el Inegi reveló que en 2019 la tasa nacional relativa de homicidios fue de 29 por cada 100 mil habitantes, ocho veces mayor para los hombres que para las mujeres (53 homicidios de hombres por cada 100 mil habitantes respecto a seis homicidios de mujeres). Además, el aumento de los homicidios dolosos se debe en gran medida a que en dos años las muertes violentas ocasionadas con algún tipo de arma de fuego crecieron 62.9%, al pasar de 12 mil 603 casos en 2016 a 20 mil 532 en 2019.
Colima se ubicó en 2019 como la entidad con mayor probabilidad de muerte para sus pobladores, con una tasa de 91 por cada 100 mil habitantes, siguiéndole Baja California con 77, Chihuahua con 71, Guanajuato con 62 y Guerrero con 52. En tanto, Hidalgo fue el estado con mayor incremento de este delito, con una tasa de 16 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que representó un incremento del 56.39% respecto a 2018 con una tasa de 10 homicidios; asimismo, Baja California Sur, fue la entidad con mayor disminución, con una tasa de 12 homicidios por cada 100 mil habitantes lo que representó 48.63% respecto a 2018 con una tasa de 23.
Además del homicidio, el Gobierno de México estableció el firme compromiso de atender aquellos delitos considerados de alto impacto como lo son: secuestro, extorsión, robo de hidrocarburos, tráfico de armas, personas, migrantes, narcotráfico y narcomenudeo.(22)
De acuerdo con el Reporte de tomas clandestinas en 2018, los estados con mayor incidencia fueron: Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Estado de México, Jalisco y Tamaulipas.(23) Dentro de las principales afectaciones respecto al robo de hidrocarburos se encuentran los riesgos para la seguridad de la población, daños al medio ambiente y descomposición del tejido social.
En diciembre de 2018, durante la presentación del Plan Conjunto del Gobierno de México para combatir el robo de hidrocarburos, Pemex informó que el robo de combustible se incrementó de 2016 a 2018; en el año 2016 el promedio diario de barriles robados fue de 26 mil, mientras que en 2018 alcanzó los 58 mil barriles diarios, es decir un 123% más. En dinero, el monto de pérdidas pasó de 30 mil millones de pesos en 2016 a 66 mil 300 millones de pesos en 2018 (121% de 2016 a 218). En cuanto a los barriles perdidos o robados en 2016 fue de un millón 049 mil barriles mientras que en 2018 fue de dos millones 448 mil barriles.(24)
En el periodo de diciembre de 2018 al mes de abril de 2021, Pemex reportó cifras estimadas de ahorro en cuanto al robo de hidrocarburos por $140 mil 979 millones 605 mil 637 pesos,(25) lo que equivale a un ahorro diario de $163 millones 929 mil 774 pesos.
Este mercado ilícito ha originado conductas delictivas como: posesión, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización, cuyo objetivo principal es el lucro al margen de la ley, en detrimento de la economía y de las finanzas públicas del país.
Aunado al impacto económico que genera el mercado ilícito de hidrocarburos, se gestan conflictos sociales y riesgos para la población, además, ha dejado ver el entramado de corrupción que existe con servidores públicos. En este sentido, el Gobierno de México se centrará en realizar acciones coordinadas para la prevención del delito y la sanción a estas conductas delictivas.
Para prevenir la extracción y distribución ilegal de hidrocarburos se mantendrán estrategias focalizadas con la finalidad de asegurar las tomas clandestinas por parte de las autoridades, brindar apoyo de seguridad, además de acciones de reconocimiento de zonas y esfuerzos de patrullaje en las rutas principales de abastecimiento y red de ductos, en coordinación con Pemex, Sedena y Semar.
Para tales efectos, se generarán productos de inteligencia dirigidos a la ejecución de operativos contra la sustracción, alteración y aprovechamiento de hidrocarburos de manera ilegal y para la investigación de este delito ante el Ministerio Público, además de acciones de aseguramiento y decomiso.
Actualmente, la delincuencia organizada tiene capacidad financiera para la operación de negocios que no se limitan a lo ilícito, también se formalizan en entidades económicas que les permiten acumular poder y dominio que trasciende fronteras, lo que suscita que el empresariado, al verse amenazado por estos grupos delincuenciales, opte por el cierre definitivo de sus unidades económicas.
Por ello, uno de los principales objetivos del Gobierno de México se centra en combatir la delincuencia organizada mediante el debilitamiento de su estructura financiera, a partir de procesos legales como la extinción de dominio de bienes muebles e inmuebles, con acciones que afecten su estructura patrimonial y financiera, lo que mermará su capacidad operativa y evitará pérdidas humanas al intentar combatir el narcotráfico directamente en sus capacidades operativas.
Adicionalmente, se identifica que la delincuencia opera en las carreteras de México. De acuerdo con datos del SESNSP, en 2020 se registraron 9 mil 527 delitos por robo a transportista a nivel nacional, esto representa un decremento de 18.31% respecto a los 11 mil 662 delitos registrados en 2019. Asimismo, se ha disminuido un 27.10% respecto a 2018 que registra 13 mil 068 incidencias de dicho delito, como se muestra en el siguiente gráfico:
Gráfico 3. Incidencia mensual de robo a transportista1/ Presuntos robos 2015-2020
1/ Incluye robo a transportista con violencia y sin violencia
Fuente: SESNSP-con información reportada por las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia de las Entidades Federativas.
De acuerdo con datos del SESNSP, durante 2020, cinco entidades concentran el 83.32% (7 mil 938) del robo a transportista, la entidad federativa con el nivel más alto es el Estado de México con 52.26% (4 mil 979), seguido por Michoacán con 11.25% (mil 072), Puebla con 10.14% (966), Nuevo León con 5.33% (508) y Jalisco con 4.34% (413).
Gráfico 4. Número de presuntos delitos de robo a transportista1/
Ranking por Entidad Federativa
Robo a transportista de enero a diciembre de 2020
1/ Incluye robo a transportista con violencia y sin violencia
Fuente: SESNSP-con información reportada por las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia de las Entidades Federativas.
Como parte de las acciones de la estrategia para combatir el robo de autotransporte y pasajeros en carreteras, el Gobierno de México desplegará permanentemente a la GN en la red carretera para inhibir este delito, además de implementar operativos de seguridad y protección a los usuarios de las carreteras federales.
Finalmente, la actividad criminal se diversifica por medio de nuevas formas para la comisión de ilícitos y traslada sus actividades hacia el ciberespacio y plataformas como el Internet, en este sentido el Módulo sobre Ciberacoso 2019, publicado por Inegi, señala que, de 2017(26) a 2019, el porcentaje de la población de 12 años y más que utilizó internet, y que fue víctima de ciberacoso en los últimos 12 meses al momento de la consulta, pasó del 16.8% al 23.9%. Esto equivale a 17.7 millones de personas de 12 años y más, usuarias de internet por medio de cualquier dispositivo, durante 2019 en México(27), de las cuales 8.3 millones fueron hombres y 9.4 millones mujeres.
En esta encuesta también se señala que el 36.4% de las mujeres de 20 a 29 años de edad que utilizaron Internet en 2019 fue víctima de ciberacoso en los últimos 12 meses. Mientras que el 40.3% de las mujeres de 12 años y más víctimas de ciberacoso durante los últimos 12 meses recibió insinuaciones o propuestas sexuales. Por su parte el 33% de los hombres víctimas de ciberacoso recibió mensajes ofensivos.
6.4.- Relevancia del Objetivo prioritario 4: Mejorar la operación y las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios.
La ENSP contempla en el objetivo siete el mejoramiento de la operación y las condiciones de internamiento de las PPL en los centros penitenciarios, al igual que lo considera el PND, en específico en el Eje General I. Política y Gobierno.
El sistema penitenciario tiene distintos problemas en su operación y funcionamiento. Para el caso de los centros penitenciarios estatales, en el 2018 se presentó un porcentaje de ocupación del 100.55%, mismo que disminuyó de forma ligera en el 2019 a un 99.53%. Lo anterior, considerando una población de 179 mil 086 espacios disponibles para 180 mil 072 personas privadas de la libertad en el 2018; presentándose un incremento de espacios a 184 mil 453 para 183 mil 665 personas privadas de la libertad en el 2019, según cifras del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional a diciembre del 2018 y diciembre del 2019, respectivamente.
La CNDH en el DNSP 2018, resaltó que en el 34% de los centros estatales persiste la sobrepoblación, lo que genera otro tipo de problemáticas que afectan su funcionamiento y en 44% de los establecimientos locales supervisados existe hacinamiento, con áreas que rebasan su capacidad.
Derivado de lo anterior, el diagnóstico de la CNDH señaló que las deficiencias detectadas con mayor incidencia en los 165 centros visitados (de un total nacional de 280 instituciones dependientes de gobiernos locales) se refieren a: la separación entre procesados y sentenciados (76%), deficientes condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios (72%), insuficiente personal de seguridad y custodia (84%), actividades ilícitas (53%), falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo (70%). También se identificaron como deficiencias importantes la falta de prevención y atención de incidentes violentos (48%), cobros (40%), así como las condiciones de autogobierno/cogobierno (45%). Dicho diagnóstico también refirió que en la mayoría de los centros no se cuenta con algún programa para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria eficiente (70%).
Por otro lado, los datos del CNGSPSPE señalan que en el 2019 se reportaron mil 915 incidentes en los que estuvieron involucradas 3 mil 238 PPL, de los cuales los más relevantes fueron: riñas (30.5%), agresiones a terceros (29.2%) y evasión de presos (3.2%).
Respecto a la estadística de los 53 centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes, el censo referido registró 385 incidentes, en los que estuvieron involucrados 621 adolescentes, de los cuales los más significativos fueron las riñas (71.5%) y agresiones a terceros (24.4%.).
En los datos publicados del CNGSPSPE del Inegi, se identifica que, al cierre de 2019, existían 35 mil 503 servidores públicos estatales destinados a funciones penitenciarias, en tanto, los centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes contaron con 3 mil 287 personas del servicio público.
Durante 2019, según dicho censo, los centros penitenciarios estatales recibieron 118 recomendaciones por parte de algún OPDH, mientras que en los centros especializados de tratamiento o internamiento, la cifra fue de 39 recomendaciones.
Respecto al Sistema Penitenciario Federal, el tema de recursos humanos se identifica como uno de los principales problemas en los centros penitenciarios federales, ya que de acuerdo con el DNSP 2019, de la CNDH, existe insuficiencia de personal de seguridad y custodia.
Otros problemas detectados fueron: el derecho de protección de la salud, dada la falta de personal médico, así como por la deficiencia en su atención, insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria, falta de acceso de las personas privadas de la libertad a actividades deportivas y deficiencias respecto de la vinculación de las personas privadas de la libertad con la familia.
Por otro lado, en el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, a diciembre del 2018, se registraron 669 incidencias en los Centros penitenciarios federales, en las que participaron mil 335 personas privadas de la libertad, de las cuales las más recurrentes fueron: riñas y agresiones a terceros; en el 2019 disminuyeron a 661, con la participación de mil 534 personas privadas de la libertad, de las cuales también las más frecuentes fueron riñas y agresiones a terceros.
Aun cuando no existe hacinamiento ni sobrepoblación en el Sistema Penitenciario Federal, es urgente impulsar las actividades de reinserción social para la población penitenciaria. Para ello, se debe impulsar la coordinación con las autoridades corresponsables para garantizar, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, los ejes de reinserción, tales como la salud, educación, trabajo, capacitación para el trabajo y deporte.
Asimismo, se hace indispensable reforzar la coordinación con las instituciones competentes para reforzar la seguridad externa de las instalaciones de los centros penitenciarios federales.
De igual forma, se requiere realizar lo conducente para contar con suficientes recursos humanos capacitados y especializados en prevención terciaria, ya que la profesionalización del personal garantizará que los procesos sustantivos al ingreso y permanencia de las personas privadas de la libertad se realicen con estricto apego a los derechos humanos. En este sentido, se deberá capacitar al personal e incorporar los temas de la interculturalidad, para atender a la población con pleno respeto a la diversidad y sus identidades, sean por diferencias de género, étnicas, religiosas, sexuales o cualquier otra y contratar, en el caso de la población indígena en situaciones de carácter judicial, a intérpretes traductores en lenguas indígenas o establecer protocolos y mecanismos adecuados para la atención de este grupo de población.
Por otro lado, mantener y mejorar la infraestructura penitenciaria permitirá mejorar las condiciones de seguridad de la población penitenciaria y brindar una estancia digna y segura.
7.- Estrategias prioritarias y acciones puntuales.
Objetivo prioritario 1.- Promover la construcción de paz en el territorio nacional.
Estrategia prioritaria 1.1 FORTALECER LA VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PREVENCIÓN, EL FOMENTO DE LA CULTURA DE DENUNCIA Y LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS CON ENFOQUE DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD.
| Acción puntual
| Tipo de Acción
puntual
| Dependencias y/o
Entidades responsables
de instrumentar la Acción
puntual (instituciones
coordinadas)
| Dependencia o Entidad
coordinadora (encargada
del seguimiento)
|
| 1.1.1 Impulsar, en coordinación con las instancias competentes, las acciones para fomentar una cultura de denuncia penal de los delitos y dar a conocer los mecanismos institucionales al alcance de la población con enfoque de derechos humanos y pertinencia cultural, en las regiones indígenas. | Coordinación de la
estrategia
| SSPC / Segob/ CEAV
| Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana
SSP
|
| 1.1.2 Implementar acciones para la prevención especial de la violencia y el delito, mediante la utilización de estrategias de proximidad institucional, justicia procesal, justicia cívica, resolución pacífica de conflictos y mediación comunitaria mediante procesos de vinculación institucional en trabajo de campo y no solo en las áreas institucionales por medio de la colaboración o asistencia de instituciones públicas y privadas. | Coordinación de la
estrategia
| SSPC / Segob / CEAV
| Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana
SSP
|
| 1.1.3 Impulsar, por conducto de las coordinaciones estatales y regionales para la Construcción de Paz y Seguridad, la creación de alternativas productivas, económicas y educativas con pertinencia cultural y perspectiva de género, así como generar vinculación a los centros de trabajo por medio del Servicio Nacional de Empleo para reducir la base social que participa en la comisión de delitos. | Coordinación de la
estrategia
| SSPC / SE / Sader / STPS /
Sectur
| Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana
SSP
|
| 1.1.4 Promover los programas prioritarios de desarrollo y de bienestar del Gobierno federal que permitan sentar las bases para afrontar las causas del conflicto y la violencia con perspectiva de género y enfoque intercultural, por medio de capacitación al personal institucional directivo y operativo, para ello, diseñar un modelo acorde con las necesidades institucionales con armonización de sus contenidos y metodologías con las experiencias exitosas ya implementadas, como las experiencias en salud y educación. | General
| SSPC / Bienestar / SEP /
Sader / Sectur / STPS / SE /
Sedatu / Salud/ INM / INPI
| Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana
SSP
|
| 1.1.5 Promover campañas de difusión para prevenir y denunciar actos de violencia cometidos en contra de mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, indígenas y adultos mayores con enfoque de derechos humanos, y perspectiva intercultural, diferencial y especializada, en coordinación con las autoridades competentes. | Coordinación de la
estrategia
| SSPC / Segob (Sipinna)/
Inmujeres / Conavim
| Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana
SSP
|
| 1.1.6 Implementar campañas de difusión preventivas para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que desalienten a los generadores de violencia con énfasis en la constitución del hecho delictivo, por medio de publicidad gubernamental y privada, no sexista, con pertinencia cultural y enfoque intercultural que posibilite la participación comunitaria y perspectiva de género. | Coordinación de la
estrategia
| SSPC / Sectur / Segob
(Sipinna) / Imjuve /
Bienestar / INPI
| Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana
SSP
|
Estrategia prioritaria 1.2 ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PACIFICACIÓN Y LA CULTURA DE PAZ PARA PREVENIR LA VIOLENCIA Y EL CONFLICTO.
| Acción puntual
| Tipo de Acción
puntual
| Dependencias y/o
Entidades responsables
de instrumentar la Acción
puntual (instituciones
coordinadas)
| Dependencia o Entidad
coordinadora (encargada
del seguimiento)
|
| 1.2.1 Promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural, la perspectiva de género, la participación ciudadana y una vida libre de violencias, en coordinación con las instancias competentes. | General
| SSPC / Segob / Conavim /
CEAV / Inmujeres /
Bienestar / SE
| Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana
SSP
|
| 1.2.2 Establecer los mecanismos de mediación para la resolución de conflictos que considere los usos y costumbres y el respeto al derecho consuetudinario indígena, tanto en su prevención y solución, con perspectiva de género, intercultural, intergeneracional con enfoque diferencial y especializado y metodologías interculturales en las operaciones policiales, en entidades federativas y municipios, que permitan su aplicación con pertinencia cultural. | General
| SSPC / Segob / Sedatu
| Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana
SSP
|
| 1.2.3 Impulsar la respuesta inmediata de actores institucionales ante el delito para prevenir su comisión y promover la resolución pacífica de conflictos. | Específica
| SSPC / Segob
| Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana
SSP
|
| 1.2.4 Coordinar la elaboración de diagnósticos con perspectiva de género, intercultural, intergeneracional, con enfoque diferencial y especializado y metodología intercultural, para proveer de información a las dependencias encargadas de la política económica y social, con el fin de implementar alternativas de desarrollo. | Coordinación de la
estrategia
| SSPC / Sectur / Bienestar /
INPI / SE / Salud
| Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana
SSP
|
| 1.2.5 Identificar y generar intervenciones focalizadas, de acuerdo con la naturaleza de los problemas de seguridad en los distintos territorios que conforman las 266 coordinaciones regionales del país, con enfoque de género, diferenciado e intercultural, en coordinación con otras dependencias del Gobierno federal y entidades federativas. | Específica
| SSPC / SESNSP / Bienestar
| Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana
SSP
|
| 1.2.6 Fortalecer los vínculos con el sector privado, con la sociedad civil organizada y con organizaciones no gubernamentales para lograr una mayor participación en las intervenciones para la construcción de paz. | General
| SSPC / Bienestar / Sedatu /
SE / Sader / SEP / Salud /
Imjuve / Sectur
| Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana
SSP
|
| 1.2.7 Implementar el desarme voluntario a nivel nacional en coordinación con gobiernos municipales para incidir en la reducción de las lesiones con arma de fuego. | Específica
| SSPC / Sedena
| Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana
SSP
|
| 1.2.8 Impulsar la regulación de la operación de las clínicas y residencias de rehabilitación de personas con uso de sustancias psicoactivas. | Coordinación de la
estrategia
| SSPC / Salud
| Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana
SSP
|
Estrategia prioritaria 1.3 MEJORAR LA ATENCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA POBLACIÓN PARA RECUPERAR LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.
| Acción puntual
| Tipo de Acción
puntual
| Dependencias y/o
Entidades responsables
de instrumentar la Acción
puntual (instituciones
coordinadas)
| Dependencia o Entidad
coordinadora (encargada
del seguimiento)
|
| 1.3.1 Contribuir a facilitar el acceso a la justicia de los sectores sociales históricamente discriminados, por medio de la promoción del conocimiento y garantía de sus derechos humanos, bajo la perspectiva de género y con metodologías interculturales para su empoderamiento y autogestión. | Específica
| SSPC / Segob / CEAV /
Conavim
| Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana
SSP
|
| 1.3.2 Atender y canalizar las denuncias ciudadanas para evitar y, en su caso, investigar la comisión de delitos. | Específica
| SSPC
| Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana
SSP
|
| 1.3.3 Promover la implementación de intervenciones focalizadas para la prevención del delito en conjunto con la ciudadanía. | Específica
| SSPC / Segob / Bienestar
| Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana
SSP
|
| 1.3.4 Implementar programas de proximidad social con perspectiva de género y derechos humanos, intercultural, ante diversos sectores de la población, para generar inteligencia social que permita identificar factores de riesgo para la seguridad pública. | Específica
| SSPC
| Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana
SSP
|
| 1.3.5 Mejorar la atención a las víctimas del delito desde un enfoque de derechos humanos, intercultural, igualdad, no discriminación y con perspectiva de género. | Específica
| SSPC / CEAV / Bienestar /
Salud
| Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana
SSP
|
| 1.3.6 Impulsar la Estrategia Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia en contra de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes en entidades federativas y municipios. | Coordinación de la
estrategia
| SSP / CEAV / Segob
(Sipinna) / Imjuve / Salud
| Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana
SSP
|
| 1.3.7 Elaborar un diagnóstico relacionado con la violencia de género en el país, en coordinación con el Inmujeres, institutos estatales de la mujer, secretarías de Seguridad Pública y fiscalías de las entidades federativas, para la construcción de políticas públicas en materia de la prevención, atención y judicialización de carpetas de |
