DOF: 03/02/2023
ACUERDO General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su c

ACUERDO General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.

ACUERDO GENERAL NÚMERO 1/2023, DE VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE EL PLENO CONSERVARÁ PARA SU RESOLUCIÓN, Y EL ENVÍO DE LOS DE SU COMPETENCIA ORIGINARIA A LAS SALAS Y A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El trece de mayo de dos mil trece el Tribunal Pleno emitió el Acuerdo General 5/2013, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado por última vez mediante Instrumento Normativo del cinco de septiembre de dos mil diecisiete;
SEGUNDO. Mediante Decreto publicado el once de marzo de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, que entró en vigor al día siguiente, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al Poder Judicial de la Federación; en virtud de las cuales se modificó su estructura, la competencia de los órganos que lo integran e incluso se estableció la jurisprudencia por precedentes;
TERCERO. Conforme a lo previsto en el párrafo primero del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita, entre otros, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los Plenos Regionales y en los Tribunales Colegiados de Circuito;
CUARTO. El texto vigente del artículo 94, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad para expedir acuerdos generales a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que le competa conocer, así como remitir asuntos a los Plenos Regionales y a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en su despacho;
QUINTO. Mediante Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, se expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la cual se modificó la competencia para conocer de diversos asuntos cuya resolución anteriormente correspondía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente, los conflictos competenciales que se susciten entre órganos jurisdiccionales, salvo los acontecidos entre jueces federales en ejercicio de su competencia ordinaria, serán de la competencia de los Plenos Regionales, en términos de lo establecido en su artículo 42, fracción IV; los recursos de inconformidad corresponden a los Tribunales Colegiados de Circuito, con las salvedades precisadas en los considerandos Sexto y Séptimo de este Acuerdo General, al tenor de lo indicado en su diverso 38, fracción IV; los incidentes de cumplimiento sustituto deben resolverse oficiosamente por el órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio en el que se concedió el amparo, conforme a lo señalado en el párrafo primero del artículo 205 de la Ley de Amparo; el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso h), de la citada Ley Reglamentaria, corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito, conforme a lo previsto en el párrafo penúltimo del referido artículo 205 y las contradicciones de criterios sostenidas entre Tribunales Colegiados de Circuito de la Región respectiva, corresponderán a los Plenos Regionales, en términos de lo señalado en su artículo 42, fracción I; además, se precisó la competencia de los Plenos Regionales y de los Tribunales Colegiados de Circuito en los referidos 38, fracción IX y 42, fracción V, para conocer de los asuntos que se les encomiende mediante acuerdos generales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
SEXTO. El artículo 38, fracción IV, de la citada Ley Orgánica prevé la competencia originaria de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer, entre otros asuntos, del recurso de inconformidad en los casos y condiciones establecidas en la Ley de Amparo, debiendo destacarse que cuando un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un recurso de inconformidad de los previstos en la fracción III del artículo 201 de este ordenamiento determina que sí existió la repetición del acto reclamado, deberá remitir a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el respectivo recurso de inconformidad, a efecto de formar otro de la misma naturaleza, según lo determinó el Pleno de este Alto Tribunal al resolver la inconformidad 428/2010, de su índice; en la inteligencia de que tal como se indicó en el párrafo último del Punto Noveno del Acuerdo General Plenario 5/2013, dada su trascendencia a las facultades exclusivas que el párrafo segundo de la fracción XVI del artículo 107 constitucional reserva al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al conocer de esos recursos de inconformidad, los Tribunales Colegiados de Circuito pueden: I. Desecharlos, declararlos improcedentes o sin materia; II. Ordenar la reposición del procedimiento respectivo; III. Declararlos infundados, o emitir dictamen en el que se consideren fundados y, por ende, se remitan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se resuelva lo conducente;
SÉPTIMO. Respecto de los recursos de inconformidad previstos en la fracción IV del artículo 201 de la Ley de Amparo destaca que al no interponerse dentro de un juicio de amparo, de la interpretación de lo previsto en la fracción IV del referido artículo 38 en relación con lo señalado en el diverso 203 de la Ley de Amparo, puede concluirse que a los Tribunales Colegiados de Circuito no les corresponde conocer del recurso de inconformidad interpuesto contra la resolución que declara infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, aunado a que la resolución que al efecto se emita trasciende a la eficacia de una declaratoria general de inconstitucionalidad o de una declaratoria de invalidez de normas generales emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que ello obste para que en los casos justificados se delegue competencia a esos Tribunales para conocer de esos recursos;
OCTAVO. Aun cuando el marco constitucional y legal permite a este Alto Tribunal delegar el conocimiento de asuntos de su competencia a los Plenos Regionales, se estima conveniente analizar los resultados del ejercicio de su competencia originaria para valorar las medidas que al respecto resulte conveniente adoptar, y
NOVENO. En virtud de lo expuesto y considerando el marco constitucional y legal vigente, se estima necesario emitir el presente Acuerdo General para precisar la competencia que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación delega tanto en sus Salas como en los Tribunales Colegiados de Circuito.
En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales mencionadas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expide el siguiente:
ACUERDO:
PRIMERO. Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercerán la competencia que les otorga el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la manera siguiente:
La Primera Sala conocerá de las materias civil y penal, y
La Segunda Sala conocerá de las materias administrativa y del trabajo.
SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:
I.          Las controversias constitucionales, salvo en las que deba sobreseerse y aquéllas en las que no se impugnen normas de carácter general, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención.
           Una vez resuelto el problema relacionado con la impugnación de normas generales, el Pleno podrá reservar jurisdicción a las Salas para examinar los conceptos de invalidez restantes, cuando así lo estime conveniente;
II.         Las acciones de inconstitucionalidad, salvo en las que deba sobreseerse, así como los recursos
interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención;
III.        Los amparo en revisión:
A)      Tramitados en la vía indirecta, en los que, subsistiendo la materia de constitucionalidad de leyes federales o tratados internacionales, no exista precedente y, a su juicio, se requiera fijar un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional;
B)      Substanciados en la vía directa, en los que, además de los anteriores requisitos, revistan de interés excepcional en materia constitucional o derechos humanos, o
C)      Cuando encontrándose radicados en una Sala así lo acuerde ésta y el Pleno lo estime justificado;
IV.        Los procedimientos de declaratoria general de inconstitucionalidad;
V.         Las contradicciones de criterios sustentados por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las diversas que se susciten entre el Pleno o las Salas de este Alto Tribunal y alguna de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos del párrafo séptimo del artículo 99 constitucional; incluso, las suscitadas entre los Plenos Regionales y/o los Tribunales Colegiados de una diversa Región, cuando así lo acuerde la Sala en la que esté radicada y el Pleno lo estime justificado;
VI.        Los asuntos en los que se proponga pronunciarse en términos de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre:
A)      La justificación del incumplimiento de las autoridades vinculadas al acatamiento de una sentencia concesoria;
B)      La separación del cargo y/o consignación de los servidores públicos contumaces en el cumplimento de una sentencia de amparo, y
C)      La separación de la autoridad que haya incurrido en la repetición del acto reclamado y la vista correspondiente al Ministerio Público Federal, incluso cuando se haya revocado el acto repetitivo, si al conocer de un incidente de inejecución o de una inconformidad de las previstas en el artículo 201, fracción III, de la Ley de Amparo, así lo acuerda la Sala respectiva y el Pleno lo estima justificado;
VII.       La revisión de oficio de los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión del ejercicio de derechos y de garantías, para pronunciarse sobre su constitucionalidad y validez, en términos de lo previsto en el párrafo último del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
VIII.      De la constitucionalidad de la materia de las consultas populares convocadas por el Congreso de la Unión;
IX.        Del recurso de revisión en materia de seguridad nacional a que se refiere la fracción VIII del apartado A del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando no exista jurisprudencia del Pleno exactamente aplicable;
X.         Del recurso de revocación contra las resoluciones que emita la Comisión de Conflictos Laborales del Poder Judicial de la Federación, en los conflictos de trabajo suscitados entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus servidoras y servidores públicos;
XI.        Los asuntos a que se refiere el artículo 10, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuando deba abordarse el fondo de lo planteado;
XII.       Las recusaciones, excusas o impedimentos de las Ministras o de los Ministros en asuntos competencia del Pleno;
XIII.      Las solicitudes de atención prioritaria, en términos de lo previsto en los artículos 4o. de la Ley de Amparo, y 9o. Bis, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XIV.      Los asuntos a que se refiere el artículo 11, fracciones XI, XVII y XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;
XV.       Los recursos de revisión administrativa a que se refiere el párrafo décimo del artículo 100 constitucional, en los que se impugnen resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal relativas a la remoción, ratificación o adscripción de Magistradas o Magistrados de Circuito, y de Juezas o Jueces de Distrito. En tales recursos podrá hacerse valer y/o abordar el análisis de constitucionalidad de una norma general;
XVI.      Los asuntos a que se refiere la fracción III del artículo 105 constitucional, cuando así lo requiera la Sala en la que esté radicada la apelación respectiva y el Pleno lo estime justificado;
XVII.     Las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción y de reasunción de competencia, a juicio de la Ministra o del Ministro ponente y el Pleno lo estime justificado;
XVIII.    Los asuntos en los que se recepcionen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos en los que el Estado Mexicano sea parte;
XIX.      Los recursos de inconformidad derivados de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las que declaren fundado un recurso de inconformidad de los previstos en el artículo 201, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando la Sala respectiva estime que debe separarse del cargo a la autoridad que hubiere incurrido en la repetición del acto reclamado y el Pleno lo estime justificado;
XX.       Los recursos de inconformidad interpuestos en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 201 de la Ley de Amparo, cuando así lo acuerde la Sala respectiva y el Pleno lo estime justificado, y
XXI.      Cualquier otro asunto de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo conocimiento no corresponda a las Salas.
TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito.
CUARTO. De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito:
I.          Los recursos de revisión en contra de sentencias pronunciadas por los Juzgados de Distrito o por los Tribunales Colegiados de Apelación, cuando:
A)      No obstante haberse impugnado una ley federal o un tratado internacional, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o se hubiere planteado la interpretación directa de uno de ellos, en la sentencia recurrida no se hubiere abordado el estudio de esas cuestiones por haberse sobreseído en el juicio o habiéndose pronunciado sobre tales planteamientos, en los agravios se hagan valer causas de improcedencia.
         Lo anterior se concretará sólo cuando el sobreseimiento decretado o los agravios planteados se refieran a la totalidad de los quejosos o de los preceptos impugnados, y en todos aquellos asuntos en los que la materia de la revisión no dé lugar a que, con independencia de lo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, deba conocer necesariamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
B)      En la demanda se hubiere impugnado una ley local, un reglamento federal o local, o
cualquier disposición de observancia general, salvo aquéllos en los que el análisis de constitucionalidad respectivo implique fijar el alcance de un derecho humano previsto en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, respecto del cual no exista jurisprudencia del Pleno o de las Salas de este Alto Tribunal, sin menoscabo de que la Sala en la que se radique el recurso respectivo determine que su resolución corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito;
C)      Habiéndose planteado la inconstitucionalidad de cualquier disposición de carácter general exista jurisprudencia del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o bien, del Pleno Regional que ejerza su competencia en la jurisdicción que corresponda al respectivo Tribunal Colegiado de Circuito, y
D)      Los amparos en revisión en los que, sobre el tema debatido, se integre, aunque no se haya publicado, jurisprudencia del Pleno o de las Salas; o cuando existan tres precedentes emitidos indistintamente por el Pleno o las Salas, en forma ininterrumpida y en el mismo sentido, y no se hubiere alcanzado votación idónea para integrar jurisprudencia.
En el ejercicio de su competencia delegada prevista en los incisos B), C) y D) anteriores, los Tribunales Colegiados de Circuito resolverán, incluso, sobre la totalidad de las cuestiones de procedencia del respectivo juicio de amparo, y
II.         Del recurso de inconformidad previsto en la fracción IV del artículo 201 de la Ley de Amparo, cuando el Pleno o la Sala correspondiente haya establecido criterio para determinar el o los supuestos en los que se actualiza la aplicación de una norma general inconstitucional.
QUINTO. Los asuntos de la competencia originaria del Pleno referidos en el Punto Segundo del presente Acuerdo General se turnarán y radicarán en el Pleno o en una Sala en términos de lo previsto en el Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los radicados de origen en el Pleno podrán remitirse a las Salas en términos de lo establecido en el Punto Sexto de este instrumento normativo.
SEXTO. Para el envío de los asuntos a las Salas se cumplirá con lo siguiente:
I.          Previo dictamen electrónico de la Ministra o del Ministro ponente, la Secretaría General de Acuerdos y la Secretaría de Acuerdos de la Sala respectiva formularán dos proyectos de acuerdo:
A)      Uno, en el que la persona que ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación turne el asunto a la Sala de adscripción de la Ministra o del Ministro a quien inicialmente se había turnado aquél, y
B)      Otro, en el que la persona que ocupe la Presidencia de la Sala a la que corresponda el asunto, con el apoyo de la respectiva Secretaría de Acuerdos, lo radique en ella y lo devuelva a la Ministra o al Ministro a quien inicialmente se le había turnado;
II.         Una vez firmados dichos acuerdos, se agregarán al toca y, con celeridad, se efectuarán los trámites ordenados en tales proveídos;
III.        Cuando se trate de asuntos que se encuentren en la Secretaría General de Acuerdos con proyecto, la persona que ocupe la Presidencia de este Alto Tribunal ordenará a dicha Secretaría que, con noticia a la Subsecretaría General de Acuerdos, envíe los expedientes a las Secretarías de Acuerdos de las Salas para que los citados asuntos se radiquen en éstas y los expedientes se devuelvan a las Ministras o a los Ministros ponentes, y
IV.   Se harán los ajustes de ingreso y egreso que correspondan en el Pleno y en las Salas.
SÉPTIMO. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe resolverlo el Tribunal Pleno porque así lo solicite motivadamente una Ministra o un Ministro; o porque se trate de algún caso en el que existiendo precedente del Pleno, de llevarse a cabo la votación se sustentaría un criterio contrario al de dicho precedente, lo devolverá exponiendo las razones de la devolución.
OCTAVO. La remisión de los expedientes por los Juzgados de Distrito o los Tribunales Colegiados de Apelación se sujetará, con independencia de los acuerdos administrativos que pudieran existir, a las reglas siguientes:
I.          Los amparos en revisión se enviarán, respectivamente, de manera directa al Tribunal Colegiado de Circuito que tenga jurisdicción sobre el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado de Apelación que hubiese dictado la resolución respectiva.
Cuando en el Circuito correspondiente existan dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, se remitirá al especializado en la materia del juicio, al que hubiese prevenido en el conocimiento de la revisión o, en su caso, al que se encuentre en turno.
Cuando los asuntos sean numerosos se distribuirán equitativamente, y
II.         Los recursos de inconformidad interpuestos en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 201 de la Ley de Amparo, se remitirán por vía electrónica por el juzgado del conocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los Tribunales Colegiados de Circuito no podrán objetar su competencia e informarán a la Secretaría General de Acuerdos cuando resuelvan los asuntos que les hayan correspondido, en términos del Punto Décimo Tercero de este Acuerdo General.
NOVENO. En los supuestos a que se refiere la fracción I del Punto Cuarto del presente Acuerdo General, el Tribunal Colegiado de Circuito procederá en los términos siguientes:
I.          Verificará la procedencia de los recursos de revisión, así como de la vía y resolverá, en su caso, sobre el desistimiento o la reposición del procedimiento;
II.         Abordará el estudio de los agravios relacionados con las causas de improcedencia del juicio y, en su caso, examinará las formuladas por las partes cuyo estudio se hubiese omitido en la sentencia recurrida, así como las que advierta de oficio;
III.        De resultar procedente el juicio, cuando el asunto no quede comprendido en los supuestos de competencia delegada previstos en el Punto Cuarto, fracción I, incisos B), C) y D), de este Acuerdo General, el Tribunal Colegiado de Circuito dejará a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le remitirá los autos, sin analizar los conceptos de violación expuestos, aun los de mera legalidad, y
IV.        Si el problema de fondo es de la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito conforme a este Acuerdo General, examinará, primero, el problema de inconstitucionalidad de normas generales planteado en la demanda y, en su caso, el de mera legalidad.
DÉCIMO. En los casos previstos en las fracciones I, incisos B), C) y D), así como II del Punto Cuarto del presente Acuerdo General, los Tribunales Colegiados de Circuito resolverán en su integridad las cuestiones de improcedencia, de fondo y de cualquier naturaleza que, en su caso, se presenten.
DÉCIMO PRIMERO. Las personas que ocupen la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las Salas remitirán a la Oficina de Correspondencia de los Tribunales Colegiados de Circuito que corresponda, los asuntos a que se refiere el Punto Cuarto del presente Acuerdo General cuando adviertan que así proceda o bien, a solicitud de las Ministras o de los Ministros designados como ponentes, mediante dictamen electrónico, en el caso de que los expedientes se encuentren turnados para elaborar el proyecto de resolución.
DÉCIMO SEGUNDO. En materia de amparo, el auto de radicación dictado por la persona que ocupe la Presidencia del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda y, en su caso, la resolución de envío de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se notificarán en forma personal a la parte quejosa y a la parte tercera interesada y por medio de oficio a las autoridades responsables.
DÉCIMO TERCERO. Las personas que ocupen las presidencias de los Tribunales Colegiados de Circuito comunicarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto del sistema electrónico que administra la Secretaría General de Acuerdos, a más tardar dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes, los ingresos, egresos y existencia de asuntos de la competencia originaria de este Alto Tribunal, incluyendo aquellos que con anterioridad se les hubiesen enviado, así como copia electrónica de las sentencias dictadas y engrosadas en el mes inmediato anterior.
La Secretaría General de Acuerdos rendirá trimestralmente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un informe estadístico sobre los asuntos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito en ejercicio de su competencia delegada, el cual se difundirá en medios electrónicos de consulta pública.
DÉCIMO CUARTO. Tratándose de los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo conocimiento se ha delegado a los Tribunales Colegiados de Circuito, para que este Alto Tribunal reasuma su competencia, cuando una Ministra o un Ministro lo solicite, se integrará el cuaderno respectivo y se turnará a la Ministra o al Ministro que corresponda, tomando en cuenta si la materia en la que incide es de la competencia originaria del Pleno o de las Salas.
Si un Tribunal Colegiado de Circuito estima motivadamente, de oficio o por alegato de parte, que un asunto no se encuentra previsto en los casos precisados en el presente Acuerdo General, o que existen razones relevantes para que el Pleno o alguna de las Salas de este Alto Tribunal asuma su competencia originaria, previa resolución colegiada, lo planteará únicamente por vía electrónica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación exponiendo tales razones; en la inteligencia de que en este Alto Tribunal se tendrá acceso electrónico a los autos del juicio de amparo respectivo.
Las resoluciones que emitan el Pleno o las Salas de este Alto Tribunal en donde se determine reasumir competencia originaria atendiendo a las solicitudes precisadas en los párrafos que anteceden, así como la remisión de autos que realicen los Tribunales Colegiados de Circuito en cualquiera de los supuestos anteriores, deberán notificarse por medio de oficio electrónico a las autoridades responsables, así como al Tribunal Colegiado de Apelación o al Juzgado de Distrito del conocimiento, y personalmente a la parte quejosa y a la parte tercera interesada, en su caso.
TRANSITORIOS:
PRIMERO. El presente Acuerdo General entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Se abroga el Acuerdo General Plenario 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, así como las demás disposiciones generales y específicas que se opongan a lo previsto en este instrumento normativo.
TERCERO. Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Acuerdo General, la Secretaría General de Acuerdos con el apoyo de la Dirección General de Tecnologías de la Información de este Alto Tribunal deberá concluir las adecuaciones que resulten necesarias al sistema informático de competencia delegada y comunicar mediante Circular las bases de su funcionamiento a los Tribunales Colegiados de Circuito.
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo General en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y, en términos de lo dispuesto en los artículos 70, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 71, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en medios electrónicos de consulta pública; y hágase del conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal y, para su cumplimiento, de los Juzgados de Distrito, de los Tribunales Colegiados de Circuito, de los Tribunales Colegiados de Apelación y de los Plenos Regionales.
La Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministra Norma Lucía Piña Hernández.- Rúbrica.- El Secretario General de Acuerdos, Lic. Rafael Coello Cetina.- Rúbrica.
El licenciado Rafael Coello Cetina, Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, CERTIFICA: Este ACUERDO GENERAL NÚMERO 1/2023, DE VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE EL PLENO CONSERVARÁ PARA SU RESOLUCIÓN, Y EL ENVÍO DE LOS DE SU COMPETENCIA ORIGINARIA A LAS SALAS Y A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, fue emitido por el Tribunal Pleno en Sesión Privada celebrada el día de hoy, por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Presidenta Norma Lucía Piña Hernández.- Ciudad de México, a veintiséis de enero de dos mil veintitrés.- Rúbrica.
 

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