DOF: 06/11/2023
DECRETO por el que se crea el organismo público descentralizado Universidad de las Lenguas Indígenas de México "ULIM"

DECRETO por el que se crea el organismo público descentralizado Universidad de las Lenguas Indígenas de México "ULIM".

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 1o., 2o., 3o. y 90 de la propia Constitución; 1o., 3o., fracción I, 31, 37, 38, 41 Bis, 45, 48 y 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 30, 35, 36, 47, 48, 49, párrafo segundo, y 81 de la Ley General de Educación 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 29 y 63 de la Ley General de Educación Superior; 1, 3, 5, 9, 11, 12 y 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y 14 y 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Además, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. De igual manera, establece la obligación de la Federación, las entidades federativas y los municipios de garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, para favorecer la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior, así como de definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia, e impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la Nación;
Que el artículo 3o. constitucional prevé que los planes y programas de estudio deben tener perspectiva de género y una orientación integral, por lo que deben incluir el conocimiento de las lenguas indígenas de nuestro país. También prevé que el criterio que oriente a la educación debe ser equitativo; por tanto, en los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural. Asimismo, la educación debe ser intercultural, es decir, debe promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social;
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el apartado II, Política Social, Construir un país con bienestar, señala que no se excluirá a nadie y "refiere el protagonismo histórico que se han ganado los siempre desposeídos, oprimidos, despojados y discriminados (...) a la formidable reserva de civilización contenida en la herencia cultural y social mesoamericana y que ha resistido trescientos años de dominio colonial, un siglo de guerras e intestinas durante la república independiente y, por supuesto, más de tres décadas de neoliberalismo rapaz..."
Que el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, firmado en Ginebra, Suiza, el 27 de junio de 1989, y ratificado por México en su artículo 28, numeral 3, dispone que deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas;
Que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece en sus artículos 13 y 14 que los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosóficas, sistemas de escritura y literaturas, así como a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas;
Que el artículo 5 de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) determina que toda persona tiene derecho a una educación y a una formación de calidad que respete plenamente su identidad cultural, por lo que tiene la posibilidad de participar en la vida cultural que elija y ejercer sus propias prácticas culturales;
Que los artículos VI, XIV y XV de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con relación al tema de las lenguas de los pueblos indígenas, destaca que estos tienen derechos colectivos indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo como pueblos; entre otros, tienen el derecho a preservar, usar, desarrollar, revitalizar y transmitir a generaciones futuras sus propias historias, lenguas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de conocimientos, escritura y literatura. Por ello, los Estados deben promover relaciones interculturales armónicas, y asegurar, en los sistemas educativos, contenidos que reflejen la naturaleza pluricultural y multilingüe de sus sociedades, que impulsen el respeto y el conocimiento de las diversas culturas indígenas, así como la educación intercultural;
Que los artículos 30 y 48 de la Ley General de Educación reconocen que el aprendizaje de las lenguas indígenas de nuestro país es de fundamental importancia para la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, por lo que deben encontrarse previstos en los planes y programas de estudio que imparta el Estado. Dichos artículos destacan que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, el cual establece que las políticas de educación superior deben estar basadas en el principio de equidad entre las personas, y deben tener como objetivo disminuir las brechas de cobertura educativa entre las regiones, entidades y territorios del país. Asimismo, el Estado debe fomentar acciones institucionales de carácter afirmativo para compensar las desigualdades y la inequidad en el acceso y permanencia en los estudios por razones económicas, de género, origen étnico o discapacidad. También debe priorizar la inclusión de los pueblos indígenas y los grupos sociales más desfavorecidos para proporcionar la prestación de este servicio educativo en todo el territorio nacional;
Que el artículo 7 de la Ley General de Educación Superior establece que la educación superior fomentará el desarrollo humano integral del estudiante en la construcción de saberes, basado en la consolidación de la identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad que promueva la convivencia armónica entre personas y comunidades para el reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social. Asimismo, dicho ordenamiento dispone que la educación superior se orientará conforme al criterio de la interculturalidad en el desarrollo de las funciones de las instituciones de educación superior y el respeto a la pluralidad lingüística de la Nación, a los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas;
Que el artículo 11 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas dispone que las autoridades educativas federales y de las entidades federativas garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, por lo que adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, así como a la práctica y uso de su lengua indígena; además, en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos;
Que las lenguas indígenas constituyen un elemento fundamental para la preservación de la memoria, el desarrollo del pensamiento, la cohesión e inclusión social, el conocimiento de los valores contenidos en ella, así como, para el fortalecimiento de la autoestima y la identidad propia;
Que, con base en el artículo 2o., apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 6 al 8 de agosto de 2019, se llevó a cabo el Foro Nacional de Consulta a los Pueblos Indígenas y Afromexicano, realizado por la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, por medio del cual se propuso, entre otros, lo siguiente: que el sistema educativo promueva un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de la herencia de los pueblos indígenas; que el Estado mexicano reconozca y promueva la educación intercultural y plurilingüe en todos los niveles y modalidades educativas, así como que garantice los espacios para que los integrantes de las comunidades y pueblos indígenas puedan expresarse en sus propias lenguas; que el Estado garantice el servicio de traductores en distintas lenguas, tomando en cuenta la diversidad cultural y lingüística; que en los planes y programas de estudios del sistema educativo nacional (básica, media superior y superior) se contemple la diversidad cultural y lingüística del país, y la reestructuración de las licenciaturas para la formación de profesores bilingües;
Que la creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México (ULIM) retoma la preocupación plasmada en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, que comprende el periodo de 2022-2032, coordinado por la UNESCO, sobre la grave pérdida de lenguas indígenas y la necesidad apremiante de conservarlas, revitalizarlas y promoverlas y de adoptar medidas urgentes a nivel nacional e internacional, así como las orientaciones estratégicas de la Declaración de Los Pinos (Chapoltepek) para lograr la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS);
Que la ULIM tendrá un enfoque comunitario e intercultural en la formación de las y los estudiantes, que consiste en comprender la realidad desde diversas ópticas culturales y lingüísticas y participar en procesos de transformación social, con base en la riqueza de la diversidad cultural de los pueblos indígenas. Esto implica el conocimiento de la lógica de los propios pueblos, así como la comprensión de lógicas de culturas diferentes del mundo;
Que la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, mediante acuerdo 23-E-IV-1, opinó favorablemente sobre la constitución del organismo público descentralizado referido en los presentes considerandos;
Que, por lo anterior, la creación de la ULIM abona en la implementación de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, y representa un acto de reivindicación y de resarcimiento de la deuda histórica con dichos pueblos, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. Se crea la "Universidad de las Lenguas Indígenas de México", en lo sucesivo la "ULIM", como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica y de gestión, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública.
ARTÍCULO 2. El objeto de la ULIM es impartir educación superior para la formación de profesionistas en lenguas indígenas en los niveles de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, en las modalidades escolarizada, no escolarizada, mixta y dual; realizar investigación, promoción y vinculación, con el propósito de proteger, revitalizar, fortalecer y desarrollar el patrimonio lingüístico de los pueblos indígenas de México, y contribuir en la construcción de una sociedad basada en el reconocimiento y respeto de su diversidad lingüística, étnica y cultural.
ARTÍCULO 3. El domicilio legal y sede de la ULIM es en Ciudad de México, sin perjuicio de establecer unidades administrativas y académicas en Ciudad de México o en otras entidades federativas, municipios o comunidades indígenas del país, de conformidad con su disponibilidad presupuestaria.
ARTÍCULO 4. Para el cumplimiento de su objeto, la ULIM tiene las siguientes atribuciones:
I.          Prestar, desarrollar, coordinar y orientar servicios de educación superior para la formación de profesionistas en lenguas indígenas en los niveles de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado;
II.         Establecer, expedir e implementar normas pedagógicas, contenidos, planes, programas de estudio, modelos y métodos educativos, con validez oficial, para la formación de profesionistas en las lenguas indígenas en los distintos niveles de tipo superior, de conformidad con la normativa aplicable;
III.        Formar profesionales especialistas e investigadores en lenguas indígenas, con compromiso social, conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para la solución de problemas, con pensamiento crítico y capacidad creativa para la incorporación de los avances científicos y tecnológicos que contribuyan al desarrollo nacional y regional;
IV.        Acreditar y certificar los estudios profesionales impartidos por la ULIM, así como revalidar aquellos que correspondan en materia de estudios profesionales de lenguas indígenas;
V.         Establecer y gestionar equivalencias y revalidaciones de estudios, respecto de los programas que imparta, en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;
VI.        Expedir constancias, certificados, diplomas, títulos y grados académicos con validez oficial a las personas que hayan cursado los estudios conforme a los planes y programas de estudio y las normas jurídicas y administrativas que al efecto se determinen para la educación que imparta, y procurar que los mismos sean reconocidos en el extranjero;
VII.       Establecer las modalidades y opciones educativas en que se podrán impartir sus estudios, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
VIII.      Desarrollar investigación práctica y aplicada sobre las lenguas indígenas, como matriz generadora de los conocimientos y para su aplicación en áreas específicas de la vida social;
IX.        Promover el uso social de las lenguas indígenas mediante su difusión en los diferentes medios que estime, para su conocimiento y transmisión en la sociedad en general, en coordinación con la Secretaría de Cultura;
X.         Contribuir en acciones de atención prioritaria dirigidas a las lenguas indígenas y sus variantes, en particular, aquellas que se encuentran en riesgo de desaparición, en coordinación con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal e instituciones del sector público y privado;
XI.        Organizar y realizar eventos académicos, de investigación, promoción, difusión y vinculación a nivel nacional e internacional;
XII.       Fomentar la vinculación con los pueblos y comunidades indígenas para fortalecer sus iniciativas y procesos relacionados con la revitalización, protección y desarrollo de las lenguas indígenas, para ser un espacio académico abierto y de construcción colectiva;
XIII.      Impulsar la vinculación con las diferentes instituciones, organizaciones y centros académicos y de investigación para el desarrollo de estrategias y acciones conjuntas relacionadas con su objeto;
XIV.      Celebrar convenios, acuerdos y demás actos jurídicos en materia educativa y artística con instituciones de los sectores público, social y privado, nacionales e internacionales, así como con los pueblos y comunidades indígenas;
XV.       Impulsar, desarrollar y formar parte de programas, proyectos y acciones educativas, nacionales e internacionales, con la finalidad de promover y difundir las lenguas indígenas;
XVI.      Establecer y regular los procedimientos de selección, ingreso, permanencia y egreso de sus estudiantes;
XVII.     Establecer y regular los procedimientos de selección, ingreso, permanencia y promoción de su personal académico de acuerdo con la normativa interna respectiva;
XVIII.     Establecer los procesos de evaluación, así como la acreditación de planes y programas de estudio, con la finalidad de garantizar la excelencia educativa y mejora continua en la prestación del servicio público educativo que brinda, en el marco de lo dispuesto en la Ley General de Educación Superior y demás disposiciones jurídicas aplicables;
XIX.      Aplicar programas de formación académica y actualización dirigidos a sus estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo;
XX.       Publicar documentos, materiales impresos y digitales para promover y difundir las diversas manifestaciones de las lenguas indígenas del país;
XXI.      Diseñar, ejecutar y evaluar su programa operativo anual general de administración;
XXII.     Llevar a cabo las acciones necesarias para la instalación, construcción, equipamiento y mantenimiento de los inmuebles de sus sedes educativas, en concordancia con las disposiciones jurídicas aplicables;
XXIII.     Promover y recibir aportaciones y donaciones de recursos de instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales en beneficio de la ULIM, así como administrar y recibir otros recursos derivados de la prestación de servicios educativos;
XXIV.    Fomentar, en el ámbito de sus atribuciones, el otorgamiento de estímulos por acciones en beneficio de la educación plurilingüe e intercultural, en coordinación con las instancias que correspondan, y
XXV.     Ejercer las demás que establezcan las disposiciones jurídicas o administrativas aplicables necesarias para el cumplimiento de su objeto.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL PATRIMONIO
ARTÍCULO 5. El patrimonio de la ULIM se integra por:
I.          Los bienes muebles e inmuebles que le aporte el Gobierno federal, así como aquellos que se le transfieran a su favor en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
II.         Los recursos que, en su caso, se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate;
III.        Los ingresos que se obtengan por los servicios que preste en el ejercicio de sus atribuciones y en el cumplimiento de su objeto, y
IV.        Los demás ingresos, bienes, derechos, aprovechamientos, productos o recursos que reciba, adquiera o se le transfieran, asignen, donen o adjudiquen por cualquier título legal.
CAPÍTULO TERCERO
DE LOS ÓRGANOS DE LA UNIVERSIDAD
ARTÍCULO 6. La ULIM tiene los órganos siguientes:
a)         Órganos de Gobierno
I.     Junta de Gobierno, y
II.     Dirección General o Rectoría.
b)         Órganos Consultivos
I.     Consejo Académico;
II.     Consejo Asesor, y
III.    Patronato.
La ULIM debe garantizar la participación de los pueblos indígenas en sus órganos.
La ULIM contará con el personal administrativo, docente e investigador de acuerdo con la estructura orgánica que le sea autorizada, de conformidad con las necesidades del servicio y la suficiencia presupuestaria.
CAPÍTULO CUARTO
DE LA JUNTA DE GOBIERNO
ARTÍCULO 7. La Junta de Gobierno es la máxima autoridad administrativa del organismo y estará integrada de la siguiente manera:
I.          Una Presidencia, que estará a cargo de la persona titular de la Secretaría de Educación Pública o quien esta designe, y
II.         Las personas titulares de:
a)    Secretaría de Cultura;
b)    Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
c)     Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas;
d)    Instituto Nacional de Antropología e Historia;
e)    Instituto Nacional de Lenguas Indígenas;
f)     Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías;
g)    Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y
h)    Una representación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas.
Los integrantes de la Junta de Gobierno cuentan con voz y voto, y deben desempeñar su cargo de manera honorífica, por lo que no deben recibir retribución, emolumento ni compensación alguna por su participación. Cada representante debe contar con un suplente, el cual debe tener nivel mínimo de director general o su equivalente.
La Junta de Gobierno contará con una Secretaría Técnica, que estará a cargo de la persona titular de la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Sectorial de la Secretaría de Educación Pública, y una Prosecretaría. Sus titulares serán nombrados por la Junta de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Dirección General o Rectoría de la ULIM.
La Junta de Gobierno puede invitar a las personas titulares de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar "Benito Juárez García", así como a representantes de las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno y de instituciones con conocimientos y experiencia relacionadas con el objeto de la ULIM, quienes participarán en las sesiones con voz, pero sin voto.
Pueden participar como invitados, con derecho a voz, los pueblos y las comunidades indígenas, por medio de sus autoridades e instituciones representativas, de acuerdo con el marco normativo vigente que las rige.
La persona titular de la Secretaría Técnica y las personas invitadas pueden designar a sus respectivos suplentes, los cuales deben tener el nivel jerárquico inmediato inferior al de su titular.
ARTÍCULO 8. La Junta de Gobierno, además de las atribuciones que le confiere el artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, tiene las siguientes atribuciones indelegables:
I.          Establecer las políticas generales y definir las prioridades aplicables a la administración de la ULIM;
II.         Aprobar, en su caso, los informes periódicos que rinda la Dirección General o Rectoría;
III.        Discutir y aprobar el programa operativo anual general de administración, a propuesta de la persona titular de la Dirección General o Rectoría;
IV.        Aprobar el nombramiento y la remoción de los funcionarios de los dos primeros niveles inmediatos inferiores a la Dirección General o Rectoría, la fijación de sueldos y demás prestaciones conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente y en términos de las disposiciones aplicables;
V.         Expedir el programa operativo anual general de administración, los reglamentos internos, estatuto orgánico, acuerdos y demás disposiciones necesarias, definir las políticas y estrategias generales para el cumplimiento de las atribuciones, así como el logro de los objetivos y metas de la ULIM, de acuerdo con las disposiciones jurídicas vigentes aplicables;
VI.        Aprobar el proyecto de presupuesto anual, así como sus modificaciones que someta a su consideración la persona titular de la Dirección General o Rectoría;
VII.       Autorizar los planes y programas de estudio que se impartirán en la ULIM, previa opinión del Consejo Académico;
VIII.      Autorizar, en términos de las disposiciones aplicables, los proyectos, así como las obras de infraestructura y acciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines;
IX.        Decidir el uso y destino de los recursos autorizados y la aplicación de ingresos excedentes, con apego a las disposiciones jurídicas aplicables;
X.         Aprobar las modificaciones en la estructura académica o administrativa que considere convenientes para la consecución de los objetivos y metas institucionales;
XI.        Aprobar los inventarios de bienes que constituyen el patrimonio de la ULIM puestos a su consideración por la persona titular de la Dirección General o Rectoría;
XII.       Discutir y aprobar, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, las formas de financiamiento para la ULIM;
XIII.      Autorizar y proponer la creación de grupos de trabajo o comisiones para el mejor funcionamiento de la ULIM;
XIV.      Aprobar los proyectos que regulen las relaciones laborales de la ULIM, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XV.       Vigilar y verificar que las actividades de la ULIM se ajusten a los programas y presupuestos aprobados, y
XVI.      Ejercer las demás que establezcan las disposiciones jurídicas o administrativas aplicables, así como aquellas necesarias para el cumplimiento de su objeto.
ARTÍCULO 9. La persona titular de la Presidencia de la Junta de Gobierno tiene las siguientes facultades:
I.          Presidir las sesiones de la Junta de Gobierno;
II.         Autorizar el orden del día y verificar que las sesiones de la Junta de Gobierno sean convocadas con la oportunidad debida;
III.        Proponer a la Junta de Gobierno las medidas adecuadas para el mejor funcionamiento de la ULIM, y
IV.        Ejercer las demás que establezcan las disposiciones jurídicas o administrativas aplicables, así como aquellas necesarias para el cumplimiento de su objeto.
ARTÍCULO 10. La Junta de Gobierno debe sesionar de manera ordinaria cuando menos cuatro veces al año, y puede celebrar las sesiones extraordinarias que sean necesarias y propuestas por la persona titular de su Presidencia. Las sesiones pueden ser presenciales o mediante el uso de tecnologías que permita atenderlas a distancia.
ARTÍCULO 11. Las convocatorias deben ser suscritas por la persona titular de la Presidencia o de la Secretaría Técnica a indicación de la primera, y contendrán cuando menos el lugar, fecha, hora y orden del día para la sesión. Debe remitirse a sus integrantes con una antelación no menor de cinco días hábiles a la celebración de las sesiones ordinarias y veinticuatro horas para las extraordinarias.
ARTÍCULO 12. El quórum requerido para la celebración de las sesiones se debe integrar con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes con derecho a voto.
ARTÍCULO 13. Los acuerdos de la Junta de Gobierno deben ser aprobados por mayoría de votos de los asistentes con derecho al mismo. En caso de empate, la persona titular de la Presidencia tendrá voto de calidad.
ARTÍCULO 14. El acta de cada sesión debe ser aprobada por la Junta de Gobierno y estar suscrita por todos los integrantes asistentes a más tardar la próxima sesión inmediata correspondiente, y se hará constar en ella cuando menos la lista de asistencia, el orden del día y los acuerdos adoptados.
En el caso de sesiones que se lleven a cabo a distancia, mediadas por el uso de tecnología, las actas serán suscritas por las personas titulares de la Presidencia y de la Secretaría Técnica, y se adjuntará evidencia de la participación de los demás integrantes en la sesión.
ARTÍCULO 15. La persona titular de la Secretaría Técnica y de la Prosecretaría tienen las siguientes atribuciones:
a)         Secretaría Técnica
I.     Por instrucciones de la persona titular de la Presidencia, convocar a los integrantes de la Junta de Gobierno a las sesiones ordinarias y extraordinarias, e incorporar el correspondiente orden del día y los documentos que se estimen necesarios;
II.     Elaborar y proponer a la Junta de Gobierno, previo acuerdo con la Presidencia, el calendario anual de sesiones ordinarias;
III.    Formular la propuesta de orden del día para las sesiones ordinarias y extraordinarias;
IV.   Realizar el seguimiento del avance de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno;
V.    Expedir las constancias necesarias de documentos e información emitidas o generadas por la Junta de Gobierno que le sean solicitadas, y
VI.   Ejercer las demás que establezcan las disposiciones jurídicas o administrativas aplicables, así como aquellas que le encomiende la Junta de Gobierno.
b)         Prosecretaría
I.     Fungir como auxiliar de la persona titular de la Secretaría Técnica;
II.     Coordinar los grupos de trabajo o comisiones que se conformen en la Junta Directiva para el mejor funcionamiento de la ULIM;
III.    Llevar el registro, control y resguardo de las carpetas, listas de asistencia actas, grabaciones, videos, acuerdos y toda la documentación relativa a las sesiones de la Junta de Gobierno, y
IV.   Ejercer las demás que establezcan las disposiciones jurídicas o administrativas aplicables, así como aquellas que le encomiende la Junta de Gobierno.
CAPÍTULO QUINTO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL O RECTORÍA
ARTÍCULO 16. La persona titular de la Dirección General o Rectoría de la ULIM debe ser designada y podrá ser removida por la persona titular del Ejecutivo Federal o, a su indicación, mediante la Coordinadora de Sector por la Junta de Gobierno. Durará en su cargo tres años, debe cumplir con los requisitos del artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 14 de su reglamento, y puede ser confirmado hasta para un segundo periodo inmediato.
Además de los requisitos señalados, la persona titular de la Dirección General o Rectoría debe contar con la formación y experiencia relacionadas con el objeto de la ULIM, preferentemente pertenecer a un pueblo o comunidad indígena y hablar una lengua indígena. Lo anterior con el fin de desarrollar sus actividades con solvencia profesional y técnica.
ARTÍCULO 17. La persona titular de la Dirección General o Rectoría de la ULIM, además de las atribuciones que le confieren los artículos 22 y 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, cuenta con las siguientes facultades:
I.          Representar legalmente a la ULIM;
II.         Conducir el funcionamiento de la ULIM y vigilar el cumplimiento de los planes y programas de estudio, así como de sus objetivos y metas;
III.        Formular y proponer, para la aprobación de la Junta de Gobierno, los planes y programas de estudio, el marco institucional y el proyecto de presupuesto de la ULIM;
IV.        Dar seguimiento a la ejecución de las acciones realizadas para el cumplimiento del objeto de la ULIM;
V.         Vigilar el cumplimiento de los planes y programas de trabajo aprobados por la Junta de Gobierno;
VI.        Proponer a la Junta de Gobierno el programa operativo anual general de administración;
VII.       Proponer a la Junta de Gobierno las modificaciones en la estructura académica o administrativa que considere convenientes para la consecución de los objetivos y metas institucionales;
VIII.      Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento y la remoción de los funcionarios de los dos primeros niveles inmediatos inferiores a la Dirección General o Rectoría, la fijación de sueldos y demás prestaciones conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente aprobado por la propia junta de conformidad con las disposiciones aplicables;
IX.        Designar y remover a su personal académico y administrativo por las causas justificadas señaladas en el estatuto orgánico de la ULIM;
X.         Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento de la persona en que recaerá la titularidad de la Prosecretaría;
XI.        Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno los proyectos que regulen las relaciones laborales de la ULIM, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como expedir los manuales necesarios para su operación y funcionamiento;
XII.       Administrar el patrimonio de la ULIM;
XIII.      Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno;
XIV.      Celebrar toda clase de contratos, acuerdos y convenios inherentes al objeto de la ULIM;
XV.       Ejercitar las acciones y oponer las excepciones que procedan para la defensa administrativa y jurisdiccional de la ULIM;
XVI.      Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que le competan, entre ellas, las que requieran autorización o cláusula especial, previa autorización de la Junta de Gobierno;
XVII.     Proponer a la Junta de Gobierno, por conducto de la persona titular de la Presidencia, las medidas adecuadas para el mejor funcionamiento del organismo;
XVIII.     Presentar a la Junta de Gobierno informes de manera trimestral y anual de las actividades desarrolladas por la ULIM, así como de los estados financieros y balances generales correspondientes;
XIX.      Coordinar el desarrollo y dictar los acuerdos necesarios para las actividades técnicas y administrativas de la ULIM;
XX.       Formular los proyectos de programas, presupuestos, balances y estimación de ingresos necesarios para las actividades de la ULIM;
XXI.      Proponer a la Junta de Gobierno los inventarios de bienes que constituyen el patrimonio de la ULIM;
XXII.     Cumplir y hacer cumplir las disposiciones normativas internas de la ULIM, y
XXIII.     Ejercer las demás que establezcan las disposiciones jurídicas o administrativas aplicables, así como aquellas que le encomiende la Junta de Gobierno.
Para el ejercicio de sus funciones, la persona titular de la Dirección General o Rectoría se pueden auxiliar de las unidades administrativas y servidores públicos que determine su estatuto orgánico, y puede delegar facultades en servidores públicos subalternos, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
CAPÍTULO SEXTO
DEL CONSEJO ACADÉMICO
ARTÍCULO 18. El Consejo Académico es el órgano colegiado de apoyo responsable de proponer y, cuando así lo determine la Junta de Gobierno, expedir todas las normas y disposiciones generales encaminadas a la mejor organización y funcionamiento técnico, docente y administrativo de la ULIM.
Los integrantes del Consejo Académico deben desempeñar su cargo de manera honorífica, por lo que no deben recibir retribución alguna. Su funcionamiento, operación y quórum necesario, así como el procedimiento, criterios y requisitos para la designación de sus integrantes se debe regular por lo dispuesto en el estatuto orgánico de la ULIM.
El Consejo Académico debe sesionar de manera ordinaria por lo menos cuatro veces al año y puede realizar sesiones extraordinarias si lo consideran conveniente. Los acuerdos deben ser aprobados por mayoría de votos de los integrantes presentes.
ARTÍCULO 19. El Consejo Académico estará integrado por:
I.          La persona titular de la Dirección General o Rectoría;
II.         Representantes del personal docente en la forma que determine el estatuto orgánico de la ULIM;
III.        Representantes de los estudiantes de cada una de las facultades y escuelas en la forma que determine el estatuto orgánico de la ULIM, y
IV.        Un representante del personal administrativo de la ULIM.
ARTÍCULO 20. El Consejo Académico tendrá las siguientes facultades:
I.          Proponer y, en su caso, expedir las normas y disposiciones generales encaminadas a la mejor organización y funcionamiento técnico, docente y administrativo de la ULIM;
II.         Conocer de los asuntos que, de acuerdo con las normas y disposiciones generales a que se refiere la fracción anterior, sean sometidos a su consideración;
III.        Proponer ante la Junta de Gobierno las medidas que tiendan al mejoramiento de las actividades académicas de la ULIM;
IV.        Opinar sobre los planes y programas de estudio que se impartirán en la ULIM, y
V.         Ejercer las demás atribuciones que le confieran las normas y disposiciones reglamentarias de la ULIM.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DEL CONSEJO ASESOR
ARTÍCULO 21. El Consejo Asesor es un órgano de asesoría y consulta de la Junta de Gobierno, constituido por veinte integrantes pertenecientes a comunidades indígenas, mismos que deben hablar alguna lengua indígena y contar con la formación, conocimiento y experiencia en la materia que les permita brindar el apoyo necesario a la ULIM. En su integración se debe procurar la representación de las regiones etnolingüísticas del país.
Los integrantes del Consejo Asesor deben desempeñar su cargo de manera honorífica, por lo que no deben recibir retribución alguna. Su funcionamiento, operación y quórum necesario, así como el procedimiento, criterios y requisitos para la designación de sus integrantes se debe regular por lo dispuesto en el estatuto orgánico de la ULIM.
El Consejo Asesor debe sesionar de manera ordinaria por lo menos dos veces al año y puede realizar sesiones extraordinarias si lo consideran conveniente. Los acuerdos deben ser aprobados por mayoría de votos de los integrantes presentes, los cuales serán vinculantes cuando sean autorizados por la Junta de Gobierno.
ARTÍCULO 22. El Consejo Asesor tiene las siguientes atribuciones:
I.          Brindar orientación y consejo a los órganos de la ULIM, con base en su sabiduría y experiencia, que permitan el logro de sus objetivos institucionales, la implementación adecuada de los planes y programas de estudio, y la convivencia armónica de la comunidad universitaria;
II.         Realizar el análisis y elaborar propuestas de atención sobre los asuntos específicos que se sometan a su consideración, y
III.        Ejercer las demás que establezcan las disposiciones jurídicas o administrativas aplicables, así como aquellas que le encomiende la Junta de Gobierno.
CAPÍTULO OCTAVO
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Artículo 23. La ULIM debe contar con el órgano interno de control en los términos que determine la persona titular de la Secretaría de la Función Pública, conforme a lo previsto en el artículo 37, fracciones XI Bis y XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como las disposiciones de carácter general que emita la citada persona servidora pública; por lo que, la ULIM apoyará, con cargo a su presupuesto, con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación de este, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
CAPÍTULO NOVENO
DEL PATRONATO
ARTÍCULO 24. El Patronato es un órgano colegiado de la ULIM; tiene como finalidad el apoyo en la obtención de recursos financieros adicionales para su adecuado funcionamiento.
El Patronato debe estar integrado por miembros de nacionalidad mexicana y de reconocida solvencia moral y experiencia en el fortalecimiento del patrimonio lingüístico del país, quienes recibirán un nombramiento honorífico por la Junta de Gobierno sin percibir retribución alguna. La operación, funcionamiento e integración del Patronato se regula por lo dispuesto en el estatuto orgánico de la ULIM.
ARTÍCULO 25. Son atribuciones del Patronato:
I.          Gestionar la obtención de recursos adicionales, distintos a los públicos, necesarios para el funcionamiento de la ULIM;
II.         Realizar las recomendaciones necesarias a la Junta de Gobierno para coadyuvar en la administración y acrecentamiento de los recursos a que se refiere la fracción que antecede;
III.        Realizar las recomendaciones necesarias a la Junta de Gobierno en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y demás, para la integración de los bienes indispensables que se requieran para la realización de las actividades de la ULIM, con cargo a los recursos adicionales, siempre y cuando no estén explícitamente etiquetados en su destino por el donante en términos de la legislación aplicable, y
IV.        Formular proyectos anuales de ingresos adicionales, para ser sometidos a la consideración de la Junta de Gobierno.
CAPÍTULO DÉCIMO
DE LAS RELACIONES LABORALES
ARTÍCULO 26. Las relaciones laborales entre la ULIM y sus trabajadores se rigen en términos del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CAPÍTULO DECIMOPRIMERO
DE LAS PERSONAS ESTUDIANTES
ARTÍCULO 27. Serán estudiantes de la ULIM las personas que hayan acreditado la terminación de estudios de nivel medio superior con el certificado de bachillerato o equivalente, que cumplan con los procedimientos y requisitos de selección e ingreso, y sean admitidas para cursar cualquiera de los estudios que se impartan. Los estudiantes tendrán los derechos y obligaciones que se establezcan en este decreto y la normativa interna que expida la ULIM.
Para garantizar el acceso, permanencia y la conclusión de estudios de todas las personas estudiantes de la ULIM, se deben implementar y establecer las acciones afirmativas necesarias y un sistema de apoyos académicos aprobado por la Junta de Gobierno, bajo los criterios de equidad e inclusión.
CAPÍTULO DECIMOSEGUNDO
DEL PERSONAL DOCENTE, INVESTIGADOR Y ADMINISTRATIVO
ARTÍCULO 28. Será personal docente, investigador y administrativo de la ULIM las personas físicas que cumplan con los perfiles para desempeñarse en cualquiera de los procesos de gestión, académicos o administrativos previstos en los planes y programas de estudio establecidos por la ULIM. Se debe dar prioridad como personal docente, investigador y administrativo a las personas hablantes de lenguas indígenas.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. La Junta de Gobierno se debe instalar en un periodo no mayor a los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.
TERCERO. La Junta de Gobierno debe expedir el Estatuto Orgánico de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México en un plazo no mayor a sesenta días contados a partir de su instalación.
CUARTO. El Consejo Académico y el Consejo Asesor deben estar integrados y funcionarán de conformidad con lo establecido en el estatuto orgánico de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México.
QUINTO. Las erogaciones que, en su caso, se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal y subsecuentes del Ramo 11 Educación Pública.
La Secretaría de Educación Pública deberá determinar la Estructura Orgánica del Organismo descentralizado mediante movimientos compensados, ajustándose a su presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal que corresponda.
SEXTO. Las secretarías de Educación Pública, de la Función Pública, de Cultura y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben realizar todas las acciones necesarias y tener la debida coordinación para la implementación del presente decreto.
SÉPTIMO. Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo dispuesto en el presente decreto, pasen de las secretarías de Educación Pública y de Cultura, y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, se respetarán conforme a la ley.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en Ciudad de México a 3 de noviembre de 2023.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Eduardo Ramírez de la O.- Rúbrica.- El Secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino.- Rúbrica.- La Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya.- Rúbrica.- La Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero.- Rúbrica.
 

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