DOF: 31/12/2002

SENTENCIA de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación interpuesto por la Agrupación Política Nacional, Diana Laura, identificada como SUP-RAP-062/2001.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.- Sala Superior.- Secretaría General de Acuerdos.

RECURSO DE APELACION

EXPEDIENTE: SUP-RAP-062/2001

ACTOR: AGRUPACION POLITICA NACIONAL, DIANA LAURA

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: JOSE DE JESUS OROZCO HENRIQUEZ

SECRETARIO: JOSE FELIX CEREZO VELEZ

México, Distrito Federal, a catorce de noviembre de dos mil uno. VISTOS: para resolver los autos del expediente SUP-RAP-062/2001, relativo al recurso de apelación interpuesto por la Agrupación Política Nacional, Diana Laura, en contra de la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales, correspondientes al ejercicio de 2000, aprobada en la sesión ordinaria de veinte de septiembre de dos mil uno, y

RESULTANDO

I. El dieciséis de mayo de dos mil uno, la Agrupación Política Nacional, Diana Laura, presentó ante la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto Federal Electoral, su informe anual sobre el origen y destino de sus recursos, correspondiente al ejercicio de dos mil.

II. Mediante diversos oficios, durante el periodo de revisión de los informes, el Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto Federal Electoral, solicitó a la agrupación hoy actora presentar diversas aclaraciones o rectificaciones al informe referido en el resultando anterior.

III. El veinte de septiembre de dos mil uno, en sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral se conoció el Dictamen Consolidado que Presenta la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas al Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de los informes anuales de ingresos y gastos de las agrupaciones políticas nacionales correspondientes al ejercicio de 2000 y, al efecto, el mismo Consejo General resolvió respecto de las irregularidades encontradas, en su concepto, en la revisión de dichos informes con relación a la agrupación política hoy apelante.

En dicha resolución, en lo que interesa, se expresa lo siguiente:

Visto el Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas al Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de los Informes Anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2000, y

RESULTANDO:

I.- Que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996, que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre otros ordenamientos legales, se estableció en el artículo 33 que las Agrupaciones Políticas Nacionales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada, objetivos para los cuales se les otorga financiamiento público, en términos de lo establecido en el párrafo 7 del artículo 35 del mismo ordenamiento.

II.- Que, conforme al párrafo 10 del artículo 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las agrupaciones políticas deben presentar los comprobantes de los gastos realizados en los rubros señalados como sujetos al financiamiento público; y que, de conformidad con los párrafos 11 y 12 de la misma disposición, deben presentar informes anuales sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad, ante la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, organismo permanente inserto en la estructura del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para lo cual resulta aplicable el procedimiento establecido en el artículo 49-A del mismo ordenamiento legal.

III.- Que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en su sesión celebrada el 6 de diciembre de 1999, aprobó el Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, y acordó someterlo a la consideración del Consejo General del Instituto Federal Electoral órgano que a su vez aprobó dicho reglamento por acuerdo tomado en sesión celebrada el 17 de diciembre de 1999, ordenando su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que aconteció el día 7 de enero de 2000; reglamento que abrogó, según el artículo 1.T.2 transitorio, los Lineamientos, formatos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales , emitidos por el Consejo General del Instituto el 21 de febrero de 1997.

IV.- Que por conducto de su secretario técnico, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas recibió los informes anuales presentados por las agrupaciones políticas nacionales respecto de sus ingresos y egresos correspondientes al ejercicio de 2000, procediendo a su análisis y revisión, conforme al artículo 49-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

V.- Que, conforme a lo establecido por el artículo 49-A, párrafo 2, inciso a) del mismo ordenamiento, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas ejerció en diversas ocasiones su facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de las agrupaciones políticas la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes. Asimismo, conforme a lo establecido por el artículo 49-A, párrafo 2, inciso b), del Código electoral, la Comisión de Fiscalización notificó a las agrupaciones políticas los errores y omisiones técnicas que advirtió durante la revisión de los informes, para que presentaran las aclaraciones o rectificaciones pertinentes.

VI.- Que una vez agotado el procedimiento descrito en los resultandos IV y V de esta resolución, y cumpliendo con lo establecido en los artículos 49-A, párrafo 2, incisos c) y d), y 80, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en esta misma sesión la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas presentó ante este Consejo General el Dictamen Consolidado respecto de los Informes Anuales presentados por las agrupaciones políticas nacionales correspondientes al ejercicio de 2000.

VII.- Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 41, fracción II, ultimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49-A, párrafo 2, inciso d), y 49-B, párrafo 2, inciso i), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en dicho Dictamen Consolidado la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas determinó que se encontraron diversas irregularidades derivadas de la revisión de los Informes Anuales presentados por las agrupaciones políticas nacionales que, a juicio de dicha Comisión, constituyen infracciones a las disposiciones en la materia, de acuerdo con las consideraciones expresadas en el apartado de conclusiones del dictamen mencionado, por lo que, con fundamento en el artículo 49-A, párrafo 2, inciso e) del Código electoral, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas propone al Consejo General del Instituto Federal Electoral que emita la presente Resolución con base en los siguientes

CONSIDERANDOS:

1.- De conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o., párrafo 1; 34, párrafo 4; 39; 73, párrafo 1, incisos h) y w), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes a las violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los Informes Anuales de las agrupaciones políticas nacionales, según lo que al efecto haya dictaminado la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas.

2.- Como este Consejo General, aplicando lo que establece el artículo 270, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, deberá aplicar las sanciones correspondientes tomando en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta, independientemente de las consideraciones particulares que se hacen en cada caso concreto en el considerando 5 de la presente resolución, debe señalarse que por circunstancias se entiende el tiempo, modo y lugar en que se dieron las faltas. Así como, en su caso, las condiciones individuales del sujeto infractor; y en cuanto a la gravedad de la falta, se debe analizar la trascendencia de la norma transgredida y los efectos que produce la transgresión respecto de los objetivos y los intereses jurídicos tutelados por el derecho.

3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49-B, párrafo 2, inciso i), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde a este Consejo General pronunciarse exclusivamente sobre las irregularidades detectadas con motivo de la presentación de los Informes Anuales de las agrupaciones políticas nacionales correspondientes al ejercicio de 2000, que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas ha determinado hacer del conocimiento de este órgano superior de dirección para efectos de proceder conforme a lo que establece el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; calificar dichas irregularidades y determinar si es procedente imponer una sanción.

4.- Con base en lo señalado en el considerando anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49-A, párrafo 2, inciso e), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a analizar, con base en lo establecido en el Dictamen Consolidado presentado ante este Consejo General por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, si es el caso de imponer una sanción a las agrupaciones políticas nacionales Frente Liberal Mexicano Siglo XXI, Coordinadora Ciudadana, Diana Laura, Causa Ciudadana, Convergencia Socialista, Acción Republicana, Agrupación Política Campesina, Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, Campesinos de México por la Democracia, Centro Político Mexicano, Expresión Ciudadana, Frente Nacional de Pueblos Indígenas y Comunidades Marginadas, Iniciativa XXI Asociación Civil, Instituto para el Desarrollo Equitativo y Democrático, Movimiento de Acción Republicana, Movimiento Mexicano El Barzón, Movimiento Nacional de Organización Ciudadana, Movimiento Social de los Trabajadores, Mujeres en Lucha por la Democracia, A.C., Mujeres y Punto Asociación Civil, Organización México Nuevo, Plataforma Cuatro, Praxis Democrática, Redes de Acción Democrática, Sentimientos de la Nación, Unidad Nacional Lombardista, Unión de la Clase Trabajadora, Unión Nacional Sinarquista.

5.- En este apartado se analizarán las irregularidades consignadas en el Dictamen Consolidado respecto de cada una de las agrupaciones políticas nacionales.

...

5.3 Agrupación Política Nacional, Diana Laura

a) En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:

La Agrupación Política Nacional, Diana Laura no presentó en tiempo su Informe Anual.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 35, párrafo 12, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 12.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a), b) y e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Consta en el Dictamen Consolidado que la Agrupación Política Nacional, Diana Laura hizo entrega el día 16 de mayo del año en curso, ante la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, de su Informe Anual de Ingresos Totales y Gastos Ordinarios correspondiente al ejercicio de 2000, en forma extemporánea.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política Nacional, Diana Laura incumplió con lo establecido en los artículos 35, párrafo 12, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 12.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, que establecen que los Informes anuales de las agrupaciones políticas nacionales deberán ser presentados a más tardar dentro de los noventa días siguientes al último día de diciembre del año de ejercicio que se reporta.

Como correctamente razonó la Comisión de Fiscalización en el Dictamen Consolidado, la agrupación política incumplió con lo establecido en las disposiciones aludidas, con la entrega tardía de su informe anual; pues su entrega, dentro de los términos y plazos establecidos por la propia ley, era una obligación que, al estar contenida en una disposición legal, debió haber cumplido sin ninguna excusa ni dilación.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a), b) y e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

Con este tipo de faltas se impide a la Comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el Informe Anual, pues entregar fuera de término dicho informe retrasa su revisión, y violenta directamente lo establecido en la legislación electoral, en lo relativo a la rendición de cuentas de las agrupaciones políticas nacionales. En vista de lo anterior, la falta se califica como grave.

Además, se tiene en cuenta que el Informe fue presentado con dos días de retraso. Asimismo, se tiene en cuenta que el cumplimiento a su obligación, en el término legal establecido, no era de suyo complicado.

Adicionalmente se tiene en cuenta que la agrupación presenta antecedentes de haber sido sancionada por este mismo hecho en la Resolución del Consejo General respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes Anuales de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 1999.

Se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional, Diana Laura una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción en una multa de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

b) En el capítulo de conclusiones finales del Dictamen Consolidado se señala, a la letra, lo siguiente:

La agrupación política realizó con recursos provenientes del financiamiento público, pagos por concepto de reconocimientos por actividades políticas a favor de la campaña del candidato presidencial de la coalición Alianza por el Cambio.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 34, párrafos 1 y 2, y 35, párrafo 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 8.1 y 8.3 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Mediante el oficio STCFRPAP/626/01, de fecha 6 de agosto de 2001, se solicitó a la Agrupación Política Nacional, Diana Laura que presentará las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al efectuar la verificación documental de los gastos de operación ordinaria, cuenta Servicios Personales, subcuenta Reconocimientos por Actividades Políticas, se observó que los recibos REPAP-APN expedidos por parte de la agrupación, contenían como domicilio particular de la persona a quien se le otorgó el apoyo, el de la agrupación política. Asimismo, en el concepto de actividad realizada no se señaló en qué consistieron las actividades por las cuales se otorgaron los reconocimientos.

Al respecto, la agrupación política expresó, mediante escrito de fecha 22 de agosto de 2001, lo que a continuación se transcribe:

Referente a la observación en la cuenta de servicios personales, subcuenta reconocimientos por actividades políticas, se les agregó en los recibos REPAP-APN el concepto y tipo de servicio prestado de la actividad realizada por las cuales se le otorgaron los reconocimientos. En relación al domicilio de estas personas se quedó en acuerdo que fuera el de nuestra agrupación ya que las actividades realizadas por estas personas fue en apoyo a la campaña presidencial del candidato Vicente Fox Quesada, en la organización política, y debido a que ellos estuvieron en giras por el interior de la república, ya que así podían referenciarlo para que no tuvieran problemas al ser requeridos por alguna autoridad. Por otro lado una vez que nos fue observada esta situación, nos vimos en la imposibilidad de requerirles sus domicilios ya que estas personas ya no están en nuestra organización. Sin que ello se nos consideren como una falta grave, nos comprometemos que para este nuevo ejercicio nos apegaremos a las disposiciones de los lineamientos aplicables.

En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

De la revisión a la documentación presentada, así como de la respuesta rendida por la agrupación, se determinó que se trata de gastos por concepto de reconocimientos por apoyo político a favor de la campaña presidencial de Vicente Fox Quesada, erogaciones que no pueden realizar las agrupaciones políticas a favor de una coalición, de conformidad con lo que dispone el artículo 34, párrafo 1, del Código Electoral. En consecuencia, la observación no se consideró subsanada.

Procede aclarar que de acuerdo al análisis de la contabilidad, es posible considerar que del importe de $180,000.00, un monto de $136,184.87 fue solventado con el financiamiento privado y la diferencia de $43,815.13, fue pagada con recursos del financiamiento público, por lo que respecto a este último importe la agrupación incumplió con lo dispuesto en el artículo 8.1 del Reglamento (...).

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política, Diana Laura incumplió con lo establecido en los artículos 34, párrafos 1 y 2, y 35, párrafo 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 8.1 y 8.3 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus informes, al realizar erogaciones con recursos provenientes del financiamiento publico, a favor del candidato a la Presidencia de la República registrado por la coalición Alianza por el Cambio.

El artículo 34, párrafo 1 del Código Electoral establece que las agrupaciones políticas nacionales sólo podrán participar en procesos electorales federales mediante acuerdos de participación con un partido político, no así con coalición alguna. Por su parte, el párrafo 2 del citado numeral prevé que el acuerdo de participación a que se refiere el párrafo primero referido, debe presentarse para su registro ante el Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en los plazos previstos en el artículo 64, párrafos 1 y 5 del propio Código.

El artículo 35, párrafo 7 del Código Electoral prescribe, de forma limitativa, que las agrupaciones políticas con registro, tienen derecho a percibir recursos provenientes del financiamiento público para apoyo de sus actividades editoriales, educación y capacitación política e investigación socioeconómica y política.

Ahora bien, el artículo 8.1 del Reglamento aplicable establece que todas las erogaciones que se realicen con recursos provenientes del financiamiento público otorgados a las agrupaciones políticas deberán estar debidamente vinculadas a alguno de los rubros que establece el párrafo 7 del artículo 35 del Código Electoral y ajustarse a lo dispuesto por el Reglamento para el financiamiento público de las agrupaciones políticas nacionales, para sus actividades editoriales, de educación y capacitación política y de investigación socioeconómica y política.

Por su parte, el artículo 8.3 del Reglamento aplicable prevé que las aportaciones a las campañas políticas de los partidos políticos con los que las agrupaciones hayan suscrito convenios de participación, se registrarán como egresos en la contabilidad de la agrupación y se comprueban a través de un recibo extendido por el partido beneficiario.

De las normas citadas se desprende con claridad lo siguiente:

1. Fuera de los convenios de participación en campañas electorales, las agrupaciones políticas no pueden destinar recursos provenientes del financiamiento público a actividades diversas a las de naturaleza editorial, de educación y capacitación política y de investigación socioeconómica y política.

2. Las agrupaciones políticas no están facultadas para suscribir convenios de participación con coaliciones, sino única y exclusivamente con partidos políticos.

3. Las agrupaciones políticas, bajo ninguna circunstancia, pueden realizar con recursos públicos, erogaciones directas o indirectas a favor de una coalición o de cualquiera de sus candidatos.

En la especie, la Agrupación Política Nacional, Diana Laura destinó cuando menos $43,815.13 provenientes del financiamiento público para sufragar gastos de campaña a favor del candidato presidencial de la coalición Alianza por el Cambio. Esta autoridad arriba a esta conclusión tomando en consideración que la agrupación política destinó $180,000.00 para sufragar gastos por concepto de reconocimiento por actividades políticas a favor de la referida campaña, cuando sólo percibió ingresos que no provienen del erario público por un monto total de $136,815.51. Aun suponiendo que todos los recursos de origen privado se hubiesen destinado a sufragar gastos de campaña de un candidato registrado por la coalición Alianza por el Cambio, éstos hubiesen resultado insuficientes para cubrir la suma total de los pagos de campaña efectuados, por lo que esta autoridad puede válidamente presumir que la agrupación política utilizó al menos parte del financiamiento público para realizar erogaciones no permitidas por la ley.

El Código Electoral autoriza a las agrupaciones políticas a participar en campañas electorales, siempre y cuando estas suscriban un convenio con algún partido político y lo registren ante esta autoridad. Por participación debe entenderse todo acto tendiente a la inducción del voto a favor del partido político y de sus candidatos. En consecuencia, resulta claro que una de las formas en las que una agrupación política puede participar en una campaña electoral, es mediante la aportación de una parte de sus recursos para sufragar gastos de campaña. Sin embargo, la ley limita con toda claridad la posibilidad de que las agrupaciones políticas convengan con coaliciones esta participación, limitación que lleva inexorablemente aparejada la prohibición de que aporten recursos a las coaliciones, o bien, que realicen pagos directos de campaña.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica como grave, tomando en cuenta que no es posible arribar con absoluta certeza a conclusiones con respecto al monto real de recursos provenientes del financiamiento público que fueron destinados a la campaña presidencial de la coalición Alianza por el Cambio.

Además, este tipo de faltas pueden tener una incidencia directa en la fiscalización de los informes de campaña presentados por partidos y coaliciones, y eventualmente pueden implicar que la autoridad no sancione violaciones a los topes de gastos, en tanto que se trata de erogaciones de campaña de las cuales la autoridad no tiene conocimiento y que, por tanto, no pueden ser revisados y compulsados en el momento procesal correspondiente. El registro de un convenio de participación tiene precisamente como finalidad que la autoridad tome las providencias necesarias para evaluar de forma integral el origen y destino de los recursos utilizados en una campaña electoral, pues implica conocer de antemano una de las fuentes de las cuales pueden estos recursos provenir.

Ahora bien, no es posible arribar a conclusiones sobre la existencia de dolo o de intención premeditada y expresa de ocultar información en tanto que en su respuesta la Agrupación Política acepta expresamente haber destinado recursos a la campaña referida.

Se tiene en cuenta, además, que es la primera vez que se sanciona a la Agrupación Política, Diana Laura por faltas de esta naturaleza.

Por otra parte, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Agrupación Política Nacional, Diana Laura una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija una sanción consistente en multa de cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 41, fracción II, último párrafo y III, segundo y octavo párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o., 34, párrafo 4, 34, párrafos 10, 11, 12 y 13, 38, párrafo 1, inciso k), 39, 49, párrafo 2, 49-A, 49-B, párrafo 2, inciso i), 67, párrafo 2, 73, 82, párrafo 1, incisos h) y w), 269, párrafo 1, párrafo 2, incisos a), b), c) y e), y párrafos 3 y 4 y 270, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en el Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, se

RESUELVE

TERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.3 de la presente resolución, se imponen a la Agrupación Política Nacional, Diana Laura, las siguientes sanciones:

Una multa de quinientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, equivalente a $20,175.00 (veinte mil ciento setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

Una multa de cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, equivalente a $201,750.00 (doscientos un mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o, si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

IV. Mediante escrito recibido a las diez horas con seis minutos del primero de octubre del presente año, en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, la ciudadana Laura Fuentes Flores, en su carácter de representante de la Agrupación Política Nacional, Diana Laura, ante el Consejo General del propio Instituto, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución que se indica en el resultando que antecede. En el escrito de interposición del medio de impugnación citado, la promovente expresó los hechos y agravios que estima le causan los actos recurridos, mismos que a continuación se transcriben a efecto de ser estudiados individualizadamente en el capítulo de considerandos de esta sentencia:

HECHOS

1.- El Consejo General del Instituto Federal Electoral, otorgó a DIANA LAURA Agrupación Política Nacional, la cantidad de $1 515,415.59 (UN MILLON QUINIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 59/100 M.N.), como financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes para el ejercicio del año 2000.

2.- Mediante oficio STCFRPAP/919/00 de fecha 21 de noviembre de 2000, recibido por mi representada en fecha 27 del mismo mes y año, la Comisión de Fiscalización, con fundamento en lo establecido por los artículos 12.4 y 14.2 del Reglamento que establece los lineamientos aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales, y el inciso a) del párrafo 2, del artículo 49-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, solicitó a esta Agrupación Política se remitieran los Registros contables correspondientes al ejercicio 2000, así como la documentación comprobatoria de soporte de dichos registros.

3.- Con fecha 16 de mayo de 2001, mi representada presentó ante la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, su Informe Anual de ingresos y gastos de esta Agrupación Política Nacional correspondiente al ejercicio del año 2000.

4.- Mediante oficio No. STCFRPAP/358/01, de fecha 11 de junio de 2001, la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización solicitó a esta Agrupación Política que dentro del plazo de diez días hábiles presentara ante la Secretaría Técnica de dicha Comisión debidamente las conciliaciones ya que sólo se habían presentado saldo según el Estado de cuenta y saldo según libros, sin conciliarlos con las partidas correspondientes.

5.- Con oficio sin número de fecha 26 de junio de 2001, mi representada presentó las conciliaciones bancarias solicitadas.

6.- Con fecha 6 de agosto de 2001 y mediante oficio No. STCFRPAP/626/01 de la Secretaría Técnica de la multicitada Comisión de fiscalización, se solicitó a mi representada se proporcionaran los datos personales de las personas a quienes se habían realizado pagos por medio de la subcuenta Reconocimientos por Actividades Políticas. Observación que fue atendida mediante oficio de fecha 22 del mismo mes y año.

7.- Mediante oficio STCFRPA/358/01 de fecha 11 de junio. La Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización, solicitó a mi representada la documentación soporte y las pólizas contables relativa a 20 cheques por un importe de $1 656,600.00, solicitud que fue atendida mediante escrito de fecha 26 de junio de 2001, en la cual se entregaron las documentales solicitadas con requisitos fiscales, por lo que se consideró que dicha observación está subsanada.

8.- En Sesión Ordinaria de fecha 20 de septiembre de 2001, el Consejo General aprobó la resolución respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de las agrupaciones políticas nacionales correspondientes al ejercicio 2000, con fundamento en el Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas al Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las agrupaciones políticas nacionales y correspondientes al ejercicio de 2000. En el cual se impone una multa a Diana Laura, Agrupación Política Nacional, por el supuesto incumplimiento de las obligaciones establecido para esta agrupación por los artículos 34, párrafos 1 y 2, 35 párrafos 7 y 12, 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, imponiendo a mi representada sanciones que son absolutamente incoherentes respecto de los recursos que para el ejercicio 2000, nos fueron proporcionados, dejando con ello a mi representada en un total y evidente estado de indefensión.

Acuerdo que se anexa y que DIANA LAURA, Agrupación Política Nacional impugna a través del presente Recurso de Apelación, por considerarla que le causa los siguientes:

AGRAVIOS

PRIMERO:

FUENTE DEL AGRAVIO.- Causa agravio a mi representada el contenido del resolutivo Tercero de la Resolución de marras en relación con el considerando 5.3 de la misma, por realizar una errónea interpretación y aplicación de los artículos 33, 34, 35 y 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, realizando una tergiversación de lo declarado por DIANA LAURA, y al pretender imponer una multa excesiva a esta Agrupación Política, que resulta a todas luces incongruente tanto con las posibilidades económicas de mi representada, como con la gravedad de la falta cometida, viola así nuestros derechos político-electorales además de causarle daños y perjuicios graves.

DISPOSICIONES VIOLADAS.- La responsable conculca en perjuicio de mi representada lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 33, 34, 35, 49, 49-A y demás relativos y aplicables del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

CONCEPTO DE VIOLACION: Causa agravio a mi representada el contenido de los incisos a) y b) del tercer Resolutivo de la Resolución de marras, que pretende imponer a esta Agrupación Política multas por demás excesivas, con fundamento en lo establecido en el considerando 5.3 de la misma.

1.- Causa agravio a mi representada el contenido del inciso a) del tercer resolutivo en comento que determina lo siguiente:

TERCERO: Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.3 de la presente resolución se imponen a la siguiente Agrupación Política Nacional, DIANA LAURA, las siguientes sanciones:

a) Una multa de quinientos días de salario mínimo general vigente para el distrito federal, equivalente a $20,175.00 (veinte mil ciento setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la dirección ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o se es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

Al respecto el considerando 5.3, detalla que la razón de la imposición de la multa es que esta Agrupación Política entregó a destiempo el Informe anual de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio del 2000.

Al respecto el párrafo primero del punto 4.4 del Dictamen consolidado dice:

El día 16 de mayo de 2001, la Agrupación Política Nacional, Diana Laura, entregó en forma extemporánea en la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, el informe Anual sobre el origen y destino de los recursos que recibió durante el ejercicio de 2000, teniendo la obligación de presentarlo el día 14 de mayo del mismo año por lo que incumplió con lo establecido en el artículo 35 párrafos 11 y 12 .

Es evidente que mi representada no entregó en la fecha establecida, pero en realidad el retraso en lo absoluto es grave, y más aún incumple con ello lo establecido por el párrafo 11 del artículo 35 en virtud de que se entregó el informe sobre el origen y destino de los recursos de esta Agrupación en el ejercicio 2000, a que se refiere dicho párrafo, por lo que tal incumplimiento no existe.

De igual modo, con dicho retraso, que como ya mencionamos fue menor, no se causan perjuicios tales como los señalados en el párrafo 6 del considerando 5.3, en el que la responsable menciona:

Con este tipo de faltas se impide a la comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el Informe Anual, pues la entrega fuera de término dicho informe (sic) retrasa su revisión, violenta directamente lo establecido en la legislación electoral, en lo relativo a la rendición de cuentas de las agrupaciones políticas nacionales. EN VISTA DE LO ANTERIOR, LA FALTA SE CALIFICA COMO GRAVE .

Cómo es posible que se pretenda que un retraso de dos días pueda repercutir de la forma mencionada por la responsable, el trabajo que la misma debía realizar, ignorando que en todo momento mi representada atendió a cabalidad todos los requerimientos de información que la Comisión revisora solicitó, sin que quedase punto alguno sin satisfacer. Lo que evidentemente no puede colocar esta falta como grave, la intención de la norma es resguardar la posibilidad del órgano revisor de verificar el manejo del financiamiento público que realiza esta Agrupación Política y dicho objetivo fue cumplido en toda la extensión de la palabra, pues toda la información fue proporcionada con oportunidad.

Sobre todo si el calificativo de gravedad se sustenta en apreciaciones subjetivas de la responsable, tales como que si es complicado o no presentar la documentación requerida, y argumentos falsos, como el hecho de que esta Agrupación política es reincidente, al declarar que DIANA LAURA Agrupación Política Nacional ya había sido sancionada por ese órgano electoral con antelación respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes Anuales de 1999, hecho que es absolutamente falso, dado que siempre hemos entregado en tiempo y forma el informe correspondiente y por ende no recibimos sanción alguna.

Por lo que dicha falta no debe ser considerada como grave y luego entonces no debe dejarse el arbitrio de la responsable, quien en una actitud omnipotente determina qué es grave y qué no lo es, y que una situación como la descrita impide la correcta revisión de la documentación del Informe entregado a la comisión de Fiscalización.

2.- Causa agravio a mi representada la equivocada aplicación que del párrafo 1 del artículo 34 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales pretende realizar la responsable, al tergiversar lo declarado por esta Agrupación Política en su oficio de fecha 22 de agosto de 2001, tomando dicha interpretación equívoca del mismo como fundamento para imponer en el inciso b) del tercer resolutivo de la resolución de marras, una multa por demás incongruente con lo recibido por esta Agrupación como financiamiento público y luego entonces con las posibilidades económicas de la misma.

El inciso b) del resolutivo tercero dicta lo siguiente:

TERCERO: Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.3 de la presente resolución se imponen a la siguiente Agrupación Política Nacional, DIANA LAURA, las siguientes sanciones:

a) ...

b) una multa de cinco mil días de salarios mínimos general vigente para el Distrito Federal equivalente a $201,750.00 (doscientos un mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución haya quedado firme o se es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.

El inciso b) del Considerando 5.3 de la Resolución de marras establece en su primer párrafo lo siguiente:

La agrupación política realizó con recursos provenientes de financiamiento público, pagos por concepto de reconocimientos por actividades políticas a favor de la campaña del candidato presidencial de la Coalición Alianza por el Cambio.

Tal situación constituye a juicio de esta comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 34, párrafo 1 y 2, y 35 párrafo 7 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, 8.1 y 8.3 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En principio de cuenta, es menester señalar que esta Agrupación Política EN NINGUN MOMENTO APOYO A LA COALICION ALIANZA POR EL CAMBIO, pues conocemos que de acuerdo a lo establecido por el párrafo 1 del artículo 34 del Código Electoral, esta agrupación está imposibilitada para ello, sin embargo, sabemos que parte de nuestro objeto como Agrupación Política Nacional de acuerdo a lo señalado por el párrafo 1 del artículo 33, tenemos la obligación de coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política.

Sin duda alguna, un elemento fundamental de la vida democrática y un reflejo inequívoco de la cultura política es la emisión del voto. Es de todos conocidos que el nivel de abstención en nuestro país es de niveles por demás preocupantes, por lo que esta Agrupación Política, considerando la importancia de dicha situación, se crearon una serie de brigadas dedicadas a la promoción del voto.

Los gastos erogados en la realización de los trabajos de dichas brigadas fueron pagadas en parte con los recursos a que se refiere el párrafo 7 del artículo 35 del código electoral, sin que en ningún momento se estuviere desviando cantidad alguna para actividades no señaladas por dicho precepto.

Pues la promoción y concientización de la ciudadanía respecto de la importancia que tiene el emitir el voto es parte de la educación política y el fomento de la cultura política, es tanto como quitar la esencia a los trabajos realizados por las agrupaciones políticas en este país. Lo que de ninguna manera puede considerarse como una participación directa, con una coalición, y mucho menos una aportación ni en efectivo, ni en especie.

Y son absolutamente falsas las declaraciones dadas por la responsable al afirmar que:

De las normas citadas se desprende con claridad lo siguiente:

1.- Fuera de los convenios de participación en campañas electorales, las agrupaciones políticas no pueden destinar recursos provenientes del financiamiento público a actividades diversas a las de naturaleza editorial, de educación y capacitación política y de investigación socioeconómica y política.

Es evidente que la educación y capacitación a la que se refiere el legislador, no puede ser exclusivamente académica como lo pretende hacer ver la responsable. Educar y capacitar, implica una labor tenaz y consistente dentro de la cual se puede incluir la promoción del voto.

2.- Las agrupaciones políticas no están facultadas para suscribir convenios de participación con coaliciones, sino única y exclusivamente con partidos políticos;

Es de repetirse y señalarse que esta Agrupación Política no realizó acuerdo o convenio alguno no con partidos políticos y mucho menos con coaliciones. A más de como hemos manifestado con anterioridad, esta Agrupación Política no realizó aportaciones, ni transferencias de recursos a ningún partido político ni coalición.

3.- Las agrupaciones políticas, bajo ninguna circunstancia, pueden realizar con recursos públicos, erogaciones directas o indirectas a favor de una coalición o de cualquiera de sus candidatos.

Sin duda alguna, el hecho de que las agrupaciones políticas no puedan apoyar a los Candidatos de las coaliciones es una aportación legislativa de la responsable, pues la ley en ningún momento establece esta prohibición. Por lo que no puede afirmarse que mi representada violó precepto alguno de la ley al promover el voto, aun cuando fuese inclinado hacia un Candidato a la Presidencia de la República.

DIANA LAURA, no entregó aportación alguna a la ALIANZA POR EL CAMBIO, tampoco realizó convenio alguno para trabajar de la mano con dicha coalición, esta agrupación política, como se dijo en el oficio de fecha 22 de agosto de 2001, se realizaron trabajos de promoción del voto a favor del Candidato Presidencial, no de todo lo que una coalición implica en virtud de la importancia que esta Agrupación le da a la emisión del voto y a favor de un candidato cuya plataforma electoral y oferta política concuerda con los principios ideológicos de esta Agrupación Política.

Lo anterior de ninguna manera, implica trabajar de la mano con un Partido Político, porque de ninguna manera somos seguidores del Partido Acción Nacional ni del Partido Verde Ecologista, por lo que de ninguna manera podríamos aliarnos en una coalición de esa naturaleza. Sin embargo ello no nos impide apoyar a su candidato, si sus ideales concuerdan con los nuestros.

Por lo anterior, es evidente la tergiversación que realiza la responsable al afirmar que mi representada realizó con recursos provenientes del financiamiento público, pagos por concepto de reconocimientos por actividades políticas a favor de la campaña del candidato presidencial de la coalición Alianza por el Cambio.

Razón por la cual no se nos puede imputar violación alguna a la Ley Electoral vigente y por ende no somos acreedores a sanción alguna, y mucho menos a la imposición del pago de una multa que resulta a todas luces excesiva de acuerdo a las posibilidades económicas de esta Agrupación, en virtud de los precarios que son los recursos que por Financiamiento Público recibimos para la realización de nuestras tareas, lo cual resulta un muy grave e incongruente perjuicio a nuestro patrimonio, que aniquila incluso la posibilidad de realizar en forma adecuada las mencionadas tareas.

Por lo que además es inaplicable la hipótesis de que dichos recursos debieran repercutir en los informes de Campaña de la coalición multicitada, pues nuestros gastos se refieren a actividades realizadas por colaboradores de nuestra agrupación, para los trabajos referidos, sin que ello implique una aportación monetaria, para la coalición Alianza por el Cambio, sino realmente se trata de trabajo en aras del impulso a la participación política de la ciudadanía de nuestro país.

Nuestros trabajos fueron realizados en forma independiente, por ello no puede ser comprobado por un recibo del Partido Político como lo pretende la responsable al citar el artículo 8.3 del Reglamento. Y son evidentemente falsas las conclusiones emitidas por la responsable pues nuestra Agrupación ha cumplido en todo momento con los límites de aplicación de los recursos públicos que le son asignados conforme a lo establecido por la ley de la materia.

Por otro lado es evidente la falta de coherencia que refleja la responsable en esta resolución, al imponer una multa equivalente a (sic) pues como señalamos los recursos usados del Financiamiento público entregado a esta Agrupación en la actividad que refiere la falta asciende a la cantidad de $ 43,815.13 (cuarenta y tres mil ochocientos quince pesos 13/100 M.N.), por una falta a la que se destinaron según reconoce ella misma tan sólo $43,815.13 (cuarenta y tres mil ochocientos quince pesos 13/100 M.N.) Así mismo, al pretender imponer una multa equivalente al 500% del Importe presume fue usado de los recursos del financiamiento público que según su dicho, de acuerdo al contenido del artículo 8.1 del Reglamento no debe ser destinado a ese tipo de actividades.

Más aun resulta incongruente cuando la misma autoridad considera que en la realización de estas actividades, no le es posible arribar a las conclusiones sobre la existencia de dolo o de intención premeditada y expresa de ocultar información en tanto que hemos aceptado expresamente la realización de dichos trabajos.

Sirve de sustento a lo antes mencionado, la tesis relevante número SUP017.3EL1, sustentada por esa Sala Superior, en el Juicio para la protección de los derechos político-electorales de ciudadano, identificado con la clave SUP-JDC-010/97, visible a página 312, del Tomo II de la Memoria de ese H. Tribunal de 1997, que a la letra dice: REGIMEN ELECTORAL DISCIPLINARIO. PRINCIPIOS JURIDICOS APLICABLES. (Se transcribe).

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FlSCAL DE LA FEDERACION.- DEBE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA.- (Se transcribe).

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCION JUDICIAL. (Se transcribe).

MONTO DE UNA SANCION.- AL MOTIVARSE DEBE ESPECIFICARSE, ENTRE OTROS REQUISITOS, LA CONDICION ECONOMICA DEL CAUSANTE.- (Se transcribe).

Por ello no podremos aceptar que nuestros derechos constitucionales sean violentados por la interpretación incorrecta de la responsable respecto de nuestras declaraciones vertidas en el Informe Anual en estudio.

Pero sobre todo es de resaltar que con el acuerdo y la resolución que hoy se combaten se violan los principios de equidad e igualdad, toda vez que a pesar de que los recursos entregados a mi representada, fueron a todas luces precarios para realizar las gestiones necesarias para maximizar el poder adquisitivo de los recursos con los que contaba para realizar sus actividades ordinarias, lo que en ningún momento toma en consideración la responsable cuando pretende imponer sanciones que violando el principio de coherencia, que establece nuestra carta magna y que debe respetar la autoridad al imponer sanciones de cualquier naturaleza lo que coloca a mi representada en un evidente estado de indefensión al no contar con los elementos financieros para cubrir la multa que hoy se pretende imponer, pues como señalamos los recursos usados del Financiamiento público entregado a esta Agrupación en la actividad que refiere la falta ascienden a la cantidad de $43,815.13 (cuarenta y tres mil ochocientos quince pesos 13/100 M.N.), y se pretende el pago de una multa por pues como señalamos los recursos usados del Financiamiento público entregado a esta Agrupación en la actividad que refiere la falta ascienden a la cantidad de $43,815.13 (cuarenta y tres mil ochocientos quince pesos 13/100 M.N.).

En virtud de lo anterior deberá ordenarse al Consejo General del Instituto Federal Electoral, se revoquen las sanciones determinadas por el acuerdo que hoy se apela, a DIANA LAURA Agrupación Política Nacional.

...

V. El once de agosto de dos mil uno, y una vez que se hizo del conocimiento público la interposición del referido recurso de apelación, sin que compareciera tercero interesado alguno, la Secretaría del Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante el oficio SCG-252/2001, remitió el expediente ATG 062/2001 formado con motivo del recurso de mérito y que se integra por la documentación que se detalla: 1) Escrito de presentación del recurso de apelación, suscrito por la C. Laura Fuentes Flores; 2) Recurso de apelación suscrito por la C. Laura Fuentes Flores; 3) Acuerdo de recepción del recurso de apelación, de cuatro de octubre de dos mil uno; 4) Cédula de publicitación y de la razón de fijación del recurso en los estrados del Instituto Federal Electoral, de cinco de octubre de dos mil uno; 5) Copia certificada de la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingreso y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de dos mil, aprobada en sesión ordinaria celebrada el veinte de septiembre de dos mil uno; 6) Copia certificada de la parte conducente del Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas al Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio de 2000, en lo relativo a la Agrupación Política Nacional, Diana Laura; 7) Copia certificada del oficio STCFRPAP/919/00, de veintiuno de noviembre de dos mil; 8) Copia certificada del oficio STCFRPAP/358/0l, de once de junio de dos mil uno; 9) Copia certificada del oficio STCFRPAP/626/0l, de seis de agosto de dos mil uno; 10) Copia certificada del escrito de catorce de mayo de dos mil uno y sus anexos, presentado por la Agrupación Política Nacional, Diana Laura, ante la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas el dieciséis de mayo de dos mil uno; 11) Copia certificada del escrito de fecha veintiséis de junio de dos mil uno, presentado por la Agrupación Política Nacional, Diana Laura, ante la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas en esa misma fecha; 12) Copia certificada del escrito de veintiuno de agosto de dos mil uno y sus anexos, presentado por la Agrupación Política Nacional, Diana Laura, ante la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas el día veintidós de agosto de dos mil uno; 13) Copia simple de la parte conducente del Diario Oficial de la Federación de siete de enero de dos mil, en la que aparece publicado el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se aprueba el Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes; 14) Razón de retiro del recurso de los estrados del Instituto Federal Electoral, de diez de octubre de dos mil uno, y 15) Acuerdo que ordena remitir a esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el expediente integrado con motivo del recurso de apelación presentado por la Agrupación Política Nacional, Diana Laura.

VI. Anexo al oficio mencionado en el resultado anterior, el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral presentó el informe circunstanciado de ley, en el que consignó los argumentos y consideraciones tendentes a desvirtuar los agravios expresados por el partido recurrente, los cuales, respectivamente, son analizados en el capítulo de considerandos de este fallo.

VII. El quince de octubre de dos mil uno, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó se turnara el expediente de mérito al Magistrado José de Jesús Orozco Henríquez, para los efectos del artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, cumplimentándose dicho turno el mismo día mediante oficio número TEPJF-SGA-1248/01 suscrito por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior.

VIII. El trece de noviembre de dos mil uno, el Magistrado Electoral encargado de la sustanciación y elaboración del proyecto de sentencia, acordó: A) Tener por recibido el expediente número SUP RAP-062/2001, radicándolo para su sustanciación y resolución; B) Reconocer la personería de la C. Laura Fuentes Flores, en su carácter de representante legal de la Agrupación Política Nacional, Diana Laura; C) Tener por satisfechos, para el trámite y sustanciación del presente medio de impugnación, los requisitos previstos en el artículo 9, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y, en consecuencia, admitir el recurso de apelación de referencia; D) Tener por rendido el informe circunstanciado de ley y por admitidas las pruebas ofrecidas por la hoy apelante, y E) En virtud de no existir trámite pendiente que realizar, se declaró cerrada la instrucción, quedando los autos en estado de dictar sentencia, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, fracción IV, y 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso a), y 189, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 44, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral por la que se imponen sanciones a las agrupaciones políticas nacionales con motivo de las irregularidades encontradas en la revisión de sus informes anuales de ingresos y gastos, aprobada en la sesión ordinaria celebrada el veinte de septiembre del año en curso.

SEGUNDO. De la lectura integral del recurso de apelación de la agrupación política hoy actora se desprenden los siguientes agravios, mismos que esta Sala Superior analiza de manera correlativa.

La apelante aduce que la autoridad responsable en los incisos a) y b) del punto tercero resolutivo, en relación con el considerando 5.3, de la resolución impugnada, conculca en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 33, 34, 35, 49, 49-A y 269 deI Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo siguiente:

I. El resolutivo tercero, inciso a), de la resolución impugnada, le impuso a la recurrente una multa de quinientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, equivalente a $20,175.00 (veinte mil ciento setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y, según afirma la agrupación política ahora apelante, esa multa es incongruente con la gravedad de la falta cometida, por lo siguiente:

a) Si bien es cierto que no entregó el informe en la fecha establecida, ese retraso en lo absoluto es grave, toda vez que en términos del artículo 35, párrafo 11, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sí cumplió cabalmente con lo dispuesto en dicho artículo, al entregar el informe respectivo y por ello no existió tal incumplimiento.

b) Asimismo, menciona que el retraso en la presentación del informe por dos días, no debe calificarse como grave como lo sostiene la hoy responsable al establecer en la resolución impugnada que: la entrega fuera de término del informe relativo retrasa su revisión violentando directamente lo previsto en la legislación electoral, en lo que respecta en la rendición de cuentas de las agrupaciones políticas nacionales, en vista de lo anterior la falta se califica como grave .

c) Según la hoy recurrente esa falta no puede ser grave , ya que la intención de la norma es resguardar la posibilidad del órgano revisor de verificar el manejo del financiamiento público que realizó esta agrupación política y que dicho objetivo se cumplió, toda vez que la información requerida fue proporcionada con oportunidad.

d) Igualmente, esgrime que el calificativo de grave fue sustentado en apreciaciones subjetivas, tales como si era complicado o no presentar la documentación requerida, así como en argumentos falsos, como el de que la Agrupación política era reincidente, toda vez que había sido sancionada respecto a irregularidades detectadas en los informes anuales de mil novecientos noventa y nueve, consecuentemente, alega la agrupación política hoy apelante, que dicha falta no debe ser considerada como grave, por lo que esa calificación no debe dejarse al arbitrio de la ahora responsable, quien en una actitud omnipotente determina qué es grave y qué no lo es, lo que impide la correcta revisión de la documentación del informe respectivo.

II. Aduce la agrupación política ahora recurrente que en el inciso b) del inciso tercero de la resolución combatida se le impuso una multa excesiva de cinco mil días de salarios mínimos general vigente para el Distrito Federal, equivalente a $201,750.00 (doscientos un mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) y, según la recurrente la hoy responsable realizó una equivocada aplicación del párrafo 1 del artículo 34 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tergiversar lo declarado por la apelante en el oficio de veintidós de agosto de dos mil uno, para imponer la multicitada multa, por las siguientes razones:

a) Aduce que son falsas las declaraciones de la autoridad responsable, al afirmar que fuera de los convenios de participación en campañas electorales, las agrupaciones políticas no pueden destinar recursos provenientes del financiamiento público a actividades diversas a las de naturaleza editorial, de educación y capacitación política y de investigación socioeconómica y política, ya que educar y capacitar no sólo se refiere al ámbito académico, sino que implica una labor en la que se incluye la promoción del voto.

b) Sostiene la recurrente que si bien las agrupaciones políticas, como sostiene la responsable, no están facultadas para suscribir convenios de participación con coaliciones, sino única y exclusivamente con partidos políticos, según la hoy actora no realizó acuerdo o convenio con algún partido político y mucho menos con coaliciones, por ende, no realizó aportaciones ni transferencias de recursos a ningún partido político o coalición.

c) Alega también que es falso que las agrupaciones políticas no puedan apoyar a los candidatos de las coaliciones, ya que esta aseveración es una aportación legislativa de la autoridad responsable, pues la ley electoral, en ningún momento, establece esa prohibición, por lo que no puede afirmarse que la agrupación política actora haya violado precepto alguno de la ley, al promover el voto aun cuando fuese inclinado hacia un candidato a la presidencia de la República.

d) Insiste la agrupación política apelante que no entregó aportación alguna a la Alianza por el Cambio, y que tampoco realizó convenio alguno para trabajar con dicha coalición, ya que lo que realizó fueron trabajos de promoción del voto en favor del candidato presidencial, en términos de lo establecido en el párrafo 1 del artículo 33 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de la importancia que esa agrupación política le da a la emisión del voto y en favor de un candidato cuya plataforma electoral y oferta política concuerda con los principios ideológicos de esa agrupación, lo que de ninguna manera debe considerarse como una participación directa con una coalición, y mucho menos una aportación en efectivo o en especie.

e) Esgrime la recurrente que es inaplicable la hipótesis de que dichos recursos debieran repercutir en los informes de campaña de la coalición multicitada, ya que los gastos se refieren a actividades realizadas por colaboradores de esa agrupación para los trabajos referidos, sin que ello implique una aportación monetaria para la Coalición Alianza por el Cambio, por lo que los trabajos de promoción del voto fueron realizados en forma independiente, por ello, no pueden ser comprobados por un recibo del partido político, como lo pretende la responsable al invocar el artículo 8.3 del reglamento.

f) De lo anterior, sostiene la impugnante que es evidente la tergiversación que realiza la responsable al afirmar en la resolución impugnada que la ahora recurrente realizó con recursos provenientes del financiamiento público, pagos por reconocimientos por actividades políticas a favor de la campaña del candidato presidencial Coalición Alianza por el Cambio , y por esa circunstancia no se le puede imputar violación alguna a la ley electoral vigente y por ende no es acreedora a sanción alguna, y mucho menos a la imposición del pago de una multa que resulta a todas luces excesiva y violatoria de los principios de equidad e igualdad, por no tomar en cuenta las posibilidades económicas de la recurrente, en virtud de los precarios que son los recursos que por financiamiento público recibe para la realización de sus tareas. Además, señala que existe una falta de coherencia en la imposición de una multa equivalente al 500% del importe de los recursos usados del financiamiento público entregado a esa agrupación en la actividad a que refiere la falta imputada que asciende a la cantidad de $43,815.13 (cuarenta y tres mil ochocientos pesos 13/100 M.N.).

Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estima que los agravios que han quedado resumidos en los apartados I al II son infundados, en atención a los siguientes razonamientos:

A. En primero término, por lo que se refiere al agravio identificado con el numeral I que antecede, es necesario referirse al contenido de la sanción precisada en el inciso a) del punto resolutivo tercero de la resolución impugnada, impuesta a la Agrupación Política Nacional, Diana Laura, la cual parte de tener en cuenta que en el considerando 53 de la resolución impugnada se razonó lo siguiente:

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Agrupación Política Nacional, Diana Laura, incumplió lo establecido en los artículos 35, párrafo 12, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 12.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, que establecen que los Informes Anuales de las agrupaciones políticas nacionales deberán ser presentados a más tardar dentro de los noventa días siguientes al último día de diciembre del año en ejercicio que se reporta.

Como correctamente razonó la Comisión de Fiscalización en el Dictamen Consolidado, la Agrupación política incumplió con lo establecido en las disposiciones aludidas, con la entrega tardía de su informe anual; pues su entrega, dentro de los términos y plazos establecidos por la propia ley, era una obligación que, al estar contenida en una disposición legal, debió haber cumplido sin ninguna excusa ni dilación.

Para poder analizar la naturaleza de la irregularidad imputada a la hoy apelante, es necesario tener presente el procedimiento de presentación y revisión de los informes de las agrupaciones políticas nacionales previsto en los artículos 35, párrafos 11 y 12; 49 párrafo 6 y 49-A párrafos 1, inciso a), fracción II, y 2, incisos a) al d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De los citados preceptos se desprende, en primer lugar, que las agrupaciones políticas nacionales tienen la obligación de presentar sus informes anuales sobre el origen de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como de su empleo y aplicación, a más tardar dentro de los noventa días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte.

En relación con lo anterior, y en cumplimiento del artículo 12.2, del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, el veintidós de diciembre de dos mil, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el plazo para la presentación de los referidos informes, el cual inició el primero de enero de dos mil uno y terminó el catorce de mayo del mismo año, cómputo que se apega a lo establecido en los artículos 35, párrafos 10 y 11, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 12.1 y 12.2 del reglamento antes citado.

No obstante que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el plazo para la presentación de los informes anuales, la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización notificó a la hoy apelante, mediante oficio STCFRPAP/919/00 de veintiuno de noviembre de dos mil, el multicitado plazo para la presentación del informe anual.

Por su parte, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas cuenta con sesenta días para revisar los informes anuales presentados por dichas agrupaciones, lo anterior con fundamento en el artículo 49-A, párrafo 2, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ahora bien, conforme con lo dispuesto en el inciso b) del precepto antes indicado, si durante la revisión de los informes la Comisión de Fiscalización advierte la existencia de errores u omisiones técnicas debe notificar a la agrupación política para que, en un plazo de diez días contados a partir de la notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes.

Una vez que ha vencido el plazo de sesenta días que tiene la Comisión de Fiscalización para revisar los informes o, en su caso, el concedido para la rectificación de errores u omisiones, la Comisión dispone de veinte días para elaborar un dictamen consolidado que debe presentar al Consejo General del Instituto Federal Electoral, dentro de los tres días siguientes a su conclusión.

El referido dictamen debe contener, por lo menos: a) El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los partidos políticos y las agrupaciones políticas; b) En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontradas en los mismos, y c) El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos y las agrupaciones políticas, después de haberles notificado con ese fin.

Es necesario destacar que en el Consejo General del Instituto Federal Electoral se presenta el dictamen y proyecto de resolución que haya formulado la Comisión, procediendo a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes, a partir precisamente del contenido del multicitado dictamen consolidado.

Como puede advertirse, con fundamento en el artículo 35, párrafos 11 y 12, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el plazo con el que cuentan las agrupaciones políticas nacionales para rendir su informe anual del origen y destino de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, será el de noventa días improrrogables, el cual inició el primero de enero y venció el catorce de mayo del dos mil uno, lapso que ninguna disposición legal y mucho menos reglamentaria prevé que pueda ser ampliado.

En efecto, como claramente se advierte de las disposiciones que regulan la rendición del informe anual de ingresos y gastos de las agrupaciones políticas nacionales, se contemplan expresamente los plazos en que dichas agrupaciones deben presentar su respectivo informe, así como el término con que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas cuenta para realizar la revisión de los mismos, y también el plazo en que las agrupaciones políticas nacionales deben dar cumplimiento a los requerimientos o presentar las aclaraciones que, en su caso, le sean solicitadas sin que dichos términos puedan dejar de observarse o alterarse a voluntad de la agrupación política o de la autoridad electoral, pues ello atentaría contra el principio de legalidad a que deben sujetarse los actos de toda autoridad, máxime que dichas disposiciones son de orden público y su cumplimiento no queda al arbitrio de la autoridad o de partidos políticos o agrupaciones.

Los términos constituyen el periodo dentro del cual debe realizarse una conducta, en el caso, la obligación prevista en la ley, de tal manera que concluido éste se pierde el derecho para hacerlo oportunamente, originando como consecuencia que se actualice la hipótesis para la aplicación de la sanción prevista en el propio ordenamiento respectivo, por esa inactividad del interesado, salvo que se prevea que el plazo pueda prorrogarse o se establezca causa justificada en la propia ley para tal fin. Consecuentemente, si los plazos están perfectamente determinados y éstos fueron del conocimiento de quien debía cumplir con una obligación o carga que le fue impuesta, es sólo dentro de los mismos cuando es legalmente oportuna y procedente la realización de determinados actos, sin que en la especie exista disposición alguna que permita concluir la posibilidad de prórroga.

En este mismo sentido, a partir de lo antes expuesto, resulta inexacta la argumentación de la parte recurrente en el sentido de que, en términos del artículo 35, párrafo 11, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sí presentó el informe anual y por ende no existe incumplimiento alguno por parte de la hoy apelante, sin embargo, la propia recurrente pierde de vista que, en el párrafo 12 del invocado artículo, se establece que el informe debe ser presentado a más tardar dentro de los noventa días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte y que, como ha quedado precisado, este plazo vencía el catorce de mayo del año en curso, por lo que al presentarlo dos días después, éste fue realizado en forma extemporánea, en consecuencia, es imprecisa la pretensión de la recurrente de que la ley sólo exige presentar el informe, sino que esa disposición se complementa con la que dispone que debe ser presentado dentro de los plazos que establece la propia normativa electoral, ya que la propia recurrente reconoce en su escrito de apelación que no se entregó en la fecha establecida y con retraso de dos días (como se afirma en el agravio primero).

Por otra parte, también resulta ineficaz el argumento de la hoy apelante en el sentido de que la autoridad responsable, en la resolución impugnada, la falta acreditada la consideró como grave, en virtud de que no presentó en tiempo su informe anual, y que la realización de ese tipo de faltas impidió a la Comisión de Fiscalización verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el informe anual, ya que la entrega fuera de término de dicho informe retrasó su revisión, violentando directamente lo establecido en la legislación electoral en lo relativo a la rendición de cuentas de las agrupaciones políticas nacionales, por lo que los razonamientos vertidos por la hoy responsable sí se encuentran fundados y motivados y, como ha quedado destacado a lo largo de este considerando, en cuanto a que la agrupación política hoy actora fue notificada tanto en el Diario Oficial de la Federación, como mediante oficio, del plazo concedido para presentar su informe anual, por tanto, no existía excusa, ni dilación para hacerlo, y el hecho de que se trate de dos días con los que se sobrepasó del término legal, esa circunstancia sí constituye una irregularidad cuya gravedad, establecida por la hoy responsable, se actualiza, a juicio de este órgano jurisdiccional federal, porque la agrupación política hoy apelante no cumplió dentro de los términos legales y, por esa violación a la ley, debe ser sujeta a una sanción, ya que los plazos que se establecen a la ley para cumplir con una obligación, se reitera, no son modificables a capricho de la autoridad o de las agrupaciones políticas, además de que de no hacerlo se violentan los principios rectores que deben observar los órganos electorales.

En consecuencia, deben desestimarse los argumentos del apelante encaminados a sostener que el hecho de que hayan transcurrido dos días después de vencido el plazo no constituye una irregularidad grave y que, al imponerse la multa, la responsable se haya basado en criterios subjetivos y argumentos falsos para la imposición de la multa impugnada.

Al respecto, cabe señalar que ha sido criterio de este órgano jurisdiccional federal que, si en la norma jurídica se prevén las sanciones que pueden ser impuestas a los partidos y agrupaciones políticas que incurran en violación a las reglas sobre el manejo de su financiamiento y la presentación de sus informes, y además los criterios a tomar en cuenta para individualizar la sanción en el caso particular, es indudable que no existe violación a los principios de certeza y legalidad, porque no se deja al arbitrio de la autoridad electoral la imposición de sanciones, sino que en la ley se fijan aquellas que pueden ser impuestas y, además, se indican los parámetros conforme con los cuales ha de individualizarse la sanción en su justa dimensión. Lo anteriormente expuesto, se recoge en el expediente numero SUP-RAP-015/2001, con motivo de la resolución dictada por esta Sala Superior en sesión pública de trece de julio de dos mil uno.

De ese mismo criterio establecido por esta Sala Superior, se desprende que la autoridad responsable no actuó arbitrariamente ni en forma omnipotente al aplicar la sanción impuesta, ni al establecer la gravedad de la falta cometida, sino que en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se le otorga al órgano aplicador, un margen de discrecionalidad para que, dentro de la esfera de sus atribuciones, establezca la gravedad de la falta y las sanciones aplicadas a cada caso.

En la especie, el monto de la sanción impuesta fue de 500 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, en virtud de que la irregularidad cometida consistió en la presentación extemporánea del informe anual que debía presentar la agrupación política hoy apelante, hecho sobre el cual reincidía dicha agrupación, puesto que también realizó la presentación extemporánea del informe respectivo en el año de mil novecientos noventa y nueve, lo cual, contrariamente a lo que alega la hoy apelante, sí ocurrió, tal y como se hace constar en la resolución de veintitrés de junio de mil novecientos noventa y nueve, emitida en sesión ordinaria por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto a las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las agrupaciones políticas nacionales correspondientes al ejercicio de 1999, publicada el cuatro de septiembre de dos mil en el Diario Oficial de la Federación, sin que lo anterior haya sido desvirtuado con elemento probatorio alguno por el apelante, razón por la cual debe concluirse, como lo hace la responsable, que esa misma falta denotaba una actitud negligente y reiterada por parte de la hoy apelante, hacia la normativa electoral aplicable.

Por ello, la multa impuesta se encuentra apegada a derecho, ya que de la parte considerativa contenida en el punto 5.3 de la resolución impugnada, la autoridad responsable tomó en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta para la imposición de la sanción, sin rebasar las atribuciones conferidas en la ley, ya que se sancionó una falta legal y reglamentaria que, por tratarse de una conducta reincidente, consistente en la entrega extemporánea de los informes, la consecuencia jurídica de presentarlos fuera de los plazos previamente establecidos es la imposición de una sanción, máxime que el planteamiento de la hoy apelante se limita a que los dos días en que se retrasó la presentación supuestamente no constituye una irregularidad grave, sin embargo, cabe advertir que con su retraso se impidió a la comisión verificar oportunamente la veracidad de lo reportado en el informe anual, además de que dicha agrupación incurrió en la misma falta en forma reincidente y no es la única sujeta a revisión de informes anuales, por lo que la presentación extemporánea del multicitado informe, así como de la documentación comprobatoria de ingresos y egresos debe considerarse una falta grave, ya que la obligación se encuentra prevista en la ley y, además, contó con el tiempo necesario para hacerlo, así como fue debidamente notificada del inicio y la conclusión del plazo, por lo que su incumplimiento impidió el buen desempeño de la Comisión de Fiscalización en la adecuada revisión de la contabilidad de las agrupaciones políticas nacionales respectivas.

Finalmente esta Sala Superior considera que una de las obligaciones más importantes que la ley impone a las agrupaciones políticas nacionales, es la presentación oportuna de los informes anuales de los ingresos que se perciben por cualquier modalidad de financiamiento, ya que sólo así la autoridad encargada de la revisión en cuanto a su aplicación y destino, puede determinar si las agrupaciones políticas nacionales ajustan o no su actuar a las disposiciones legales correspondientes, que es un principio rector de cualquier régimen democrático, por lo que dicha conducta omisiva amerita la aplicación de una sanción, misma que, en el caso que se revisa, se ajusta a los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a) del Código Electoral Federal.

B) Debe desestimarse el agravio de la ahora recurrente que se resume en el apartado II precedente, en el sentido de que la sanción determinada en el numeral 5.3, inciso b), de la resolución combatida, resulta incongruente por la inexacta aplicación de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 34 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, además de que, según la apelante, la autoridad responsable tergiversó el contenido de la respuesta que dio la hoy recurrente con motivo de un requerimiento de la Comisión de Fiscalización respecto de los pagos o reconocimientos por actividades políticas REPAP-APN , y que como consecuencia de ello se le impuso una multa excesiva, inequitativa e incoherente, con respecto a la naturaleza de la falta y a la capacidad económica de la hoy actora.

Al respecto, es necesario partir de la información que obra agregada en autos, así como del contenido de la resolución impugnada, en la parte relacionada con la sanción impuesta a la hoy recurrente en el punto resolutivo tercero, inciso b), de la misma.

En la resolución impugnada se precisa que, en el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado, se señala lo siguiente:

La agrupación política realizó con recursos provenientes del financiamiento público, pagos por concepto de reconocimientos por actividades políticas a favor de la campaña del candidato presidencial de la Coalición Alianza por el Cambio.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 34, párrafos 1 y 2, y 35, párrafo 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 8.1 y 8.3 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, en la resolución impugnada se sostiene que mediante oficio STCFRPAP/626/01 de seis de agosto del año en curso, se le solicitó a la Agrupación Política Nacional, Diana Laura, que presentara las aclaraciones y rectificaciones pertinentes respecto del hecho de que al efectuar la verificación documental de los gastos de operación ordinaria, cuenta servicios personales, subcuenta reconocimientos por actividades políticas, se observó que los recibos REPAP-APN expedidos por la hoy apelante, no contenían como domicilio particular el de la persona a quien se le otorgó el reconocimiento por actividades políticas de dicha agrupación política. Igualmente, que en el concepto de actividad realizada, no se señalo en qué consistieron las actividades por las cuales se otorgaron los citados reconocimientos.

Igualmente, se consigna en la resolución impugnada, que la agrupación política dio respuesta al requerimiento mediante escrito de veintidós de agosto de dos mil uno, manifestando lo siguiente:

Referente a la observación en la cuenta de servicios personales subcuenta, reconocimientos por actividades políticas, se les agregó en los recibos REPAP-APN el concepto y tipo de servicio prestado de la actividad realizada por las cuales se le otorgaron los reconocimientos. En relación al domicilio de estas personas se quedó en acuerdo que fuera el de nuestra agrupación ya que las actividades realizadas por estas personas fue en apoyo a la campaña presidencia! del candidato Vicente Fox Quesada, en la organización política, y debido a que ellos estuvieron en giras por el interior de la república, ya que así podían referenciarlo para que no tuvieran problema al ser requeridos por alguna autoridad. Por otro lado una vez que no están en nuestra organización. Sin que ello se nos consideren como una falta grave, nos comprometemos que para este nuevo ejercicio nos apegaremos a las disposiciones de los lineamientos aplicables.

Con base en todo lo anterior, la Comisión de Fiscalización consideró que la respuesta de la agrupación política a las observaciones planteadas, no era satisfactoria y que no quedaron subsanadas dichas observaciones.

A partir de lo manifestado por la propia Comisión de Fiscalización, en el dictamen consolidado que elaboró, el Consejo General del Instituto Federal Electoral concluyó que la Agrupación Política Nacional, Diana Laura, incumplió con lo establecido en los artículos 34, párrafos 1 y 2, y 35 párrafo 7, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 8.1 y 8.3 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales, en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, al realizar erogaciones con recursos provenientes del financiamiento público en favor de la campaña presidencial de Vicente Fox Quesada, erogaciones que no podían realizar las agrupaciones políticas a favor de una coalición, de conformidad con lo que se dispone en el artículo 34, párrafo 1, del Código Electoral Federal y aclaró que de conformidad con el análisis de la contabilidad, era posible considerar que del importe de $180,000.00, un monto de $136,184.87 fue solventado con el financiamiento privado y la diferencia de $43,815.13, fue pagada con recursos del financiamiento público, por lo que, en relación con este último importe, la agrupación política nacional incumplió con lo dispuesto en el artículo 8.1 del multicitado reglamento.

En este sentido, es conveniente precisar que, en el artículo 33, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que las agrupaciones políticas nacionales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política así como la creación de una opinión pública mejor informada.

Por su parte, en el artículo 34, párrafos 1 y 2, del ordenamiento jurídico invocado, se prescribe que las agrupaciones políticas nacionales sólo podrán participar en procesos electorales federales, mediante acuerdos de participación con un partido político, y no podrán hacerlo con las coaliciones. Igualmente, se establece que el acuerdo de participación aludido, debe presentarse para su registro ante el Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en los plazos previstos en el diverso numeral 64, párrafos 1 y 5, del multicitado Código Electoral Federal.

En el artículo 35, párrafo 7, deI Código Electoral Federal, se establece claramente que las agrupaciones políticas con registro, gozarán de financiamiento público para apoyo de sus actividades electorales, de educación y capacitación política e investigación socioeconómica y política.

Asimismo, en los párrafos 11 y 12 del propio artículo 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se ordena que las agrupaciones políticas con registro deben presentar a la comisión de consejeros prevista en el artículo 49, párrafo 6, de dicho código, un informe anual del origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad en un plazo de noventa días, a partir del último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte.

Por lo que se refiere a los artículos 8.1 y 8.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes el primero de ellos, con dichos preceptos jurídicos se establece que todas las erogaciones que se realicen con recursos provenientes del financiamiento público otorgados a las agrupaciones políticas, deben estar vinculadas a alguno de los rubros previstos en el párrafo 7 del artículo 35 del Código Electoral Federal, y adecuarse a lo dispuesto en el Reglamento para el financiamiento público de las agrupaciones políticas nacionales, para sus actividades editoriales, de educación y capacitación política y de investigación socioeconómica y política.

Por lo que hace al segundo de los mencionados artículos del cuerpo normativo reglamentario, en dicha disposición se prevé que las aportaciones a las campañas políticas de los partidos políticos con los que las agrupaciones políticas nacionales hayan suscrito convenios de participación, se registrarán como egresos en la contabilidad de la agrupación y se comprobarán a través de un recibo extendido por el partido beneficiario.

Del marco jurídico antes invocado y de su contraste con las partes de la resolución combatida, se llega a la convicción de que la agrupación política nacional hoy apelante, destinó dinero que recibió como financiamiento público para sufragar gastos de campaña en favor del candidato presidencial de la Coalición Alianza por el Cambio. En efecto, en el Código Electoral Federal, se establece que fuera de los convenios de participación en campañas electorales, como se prevé en el artículo 34, párrafo 1, las agrupaciones políticas nacionales no pueden destinar recursos provenientes del financiamiento público a actividades diversas a las de naturaleza editorial, de educación y capacitación política y de investigación socioeconómica y política, por lo que dichas agrupaciones en términos del precepto legal invocado, tienen proscrito suscribir convenios de participación con coaliciones y, por ende, bajo ningún motivo pueden realizar con recursos públicos erogaciones directas o indirectas en favor de una coalición o de cualquiera de sus candidatos.

En esa virtud, resultan ineficaces para revocar la resolución ahora recurrida los argumentos sintetizados en los incisos a) al f) del presente considerando, toda vez que, como ha quedado establecido, la agrupación política hoy apelante, tanto en el escrito en que dio respuesta al requerimiento que le hizo la Comisión de Fiscalización, así como de los argumentos esgrimidos por la recurrente para combatir esta parte de la resolución, reconoce expresamente que las actividades realizadas por las personas a quienes se les otorgaron reconocimientos por actividades políticas se hizo porque prestaron apoyo a la campaña presidencial del candidato Vicente Fox Quesada y que, asimismo, los trabajos que realizaron las referidas personas tuvieron como objeto la promoción del voto en favor del candidato presidencial debido a la importancia que esa agrupación política le da a la emisión del voto en favor de un candidato cuya plataforma electoral y oferta política concuerda con los principios ideológicos de esa agrupación.

Ahora bien, de ese reconocimiento expreso, en términos del artículo 15 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tanto, resulta evidente que, aun cuando la ahora apelante alegue que con objeto de coadyuvar al desarrollo de la cultura democrática y de la cultura política, los gastos erogados con financiamiento público consistentes en los trabajos empleados para la promoción del voto, son parte de la educación política y del fomento de la cultura política, lo que en ningún momento es una participación directa con una coalición, ya sea en efectivo o en especie, contrariamente a lo que aduce la hoy apelante, la autoridad responsable en ningún momento tergiversó el contenido del escrito por el cual dio respuesta al requerimiento que le fue formulado por la Comisión de Fiscalización, ya que la propia agrupación política nacional acepta en el agravio que se contesta que conocía el contenido del artículo 134 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que le prohibía participar en un proceso electoral con una coalición, por lo que el hecho de que haya creado brigadas para promover el voto y tratar de abatir el abstencionismo, toda vez que esa actividad fue en apoyo de un candidato de una coalición, esos actos son ilegales, ya que no encuadran en alguna de las hipótesis previstas en el párrafo 7 del artículo 35 del Código Electoral Federal, es decir, no se trata de actividades de educación y capacitación política o de investigación socioeconómica o política y mucho menos de actividades editoriales, ya que, se insiste, los gastos erogados en reconocimiento de actividades económicas y que no quedaron acreditados ante la comisión fiscalizadora, se concluye que fueron gastos para apoyar una campaña a un candidato a la Presidencia de la República.

Igualmente, resulta inexacto que la multa combatida sea excesiva o incongruente y violatoria de los principios de equidad y de igualdad como alega la hoy apelante, por no tomar en cuenta sus posibilidades económicas, así como también que exista falta de coherencia porque la multa equivale al 500% del importe de los recursos utilizados del financiamiento público que fue por la cantidad de $43,815.13 (cuarenta y tres mil ochocientos quince pesos 13/100 M.N.), ya que como ha quedado demostrado, la conducta desplegada por la ahora apelante fue ilegal, toda vez que no tenía autorización alguna para destinar el importe de $180,000.00 (como se encuentra acreditado que lo destinó y no tan sólo la cantidad de $43,815.15 como injustificadamente lo aduce la apelante) a la campaña electoral de candidato alguno, ni con recursos cuyo origen fuera el financiamiento privado ni mucho menos el proveniente del financiamiento público, en el entendido de que todavía resulta más grave que de la suma de $1 515,415.59 que se le entregó como financiamiento público exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, haya desviado la cantidad de $43,815.13 para apoyar la campaña del candidato de la Coalición Alianza por el Cambio, es decir, dejó de observar lo dispuesto en el artículo 35, párrafo 7, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los artículos 8.1 y 8.3, del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, ya que existía prohibición expresa en la normativa antes invocada, en primer lugar, para celebrar acuerdos de participación con coaliciones y, en segundo lugar, de que en el supuesto de que hubieran apoyado a un partido político, no se efectuó el respectivo acuerdo de participación, razón por la cual se concluye que la multa se encuentra fundada y motivada, además que se ubica en los rangos establecidos en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 269, en relación con el 49-B, párrafo 2, y el 270, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es decir, se tomó en cuenta la gravedad de la falta y las circunstancias del caso para imponer la sanción que ahora se combate, sin que con los argumentos objeto de estudio no se desvirtúan, en virtud de la errónea apreciación que aduce la hoy apelante de que la promoción del voto en favor de un candidato de una coalición, constituyen actividades de educación y capacitación política, circunstancia que es insostenible, ya que ese no es el objeto esencial de una agrupación política nacional como lo establece el artículo 33 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Al resultar infundados los agravios hechos valer por la ahora apelante, esta Sala Superior llega a la convicción de que deben ser confirmadas las sanciones determinadas en su contra en el punto resolutivo tercero, incisos a) y b) de la resolución impugnada, consistentes en multas, por una parte, de quinientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, equivalente a $20,175.00 (veinte mil ciento setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), y, por otra, multa de cinco mil días de salario mínimo general, vigente para el Distrito Federal, equivalente a $201,750.00 (doscientos un mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento, además, en los artículos 2, 6, 42, 44, 47 y 48 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 1o. y 10, fracción 1, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se

RESUELVE

UNICO. Se confirman las sanciones impuestas a la Agrupación Política Nacional, Diana Laura, en los incisos a) y b) del punto resolutivo tercero de la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las agrupaciones políticas nacionales, correspondientes al ejercicio de 2000, aprobada en su sesión ordinaria del veinte de septiembre del dos mil uno.

Notifíquese a la Agrupación Política Nacional, Diana Laura, y por Oficio a la autoridad responsable, anexando en este último caso copia de la resolución; a los demás interesados a través de los estrados de este Tribunal, esto con fundamento en lo que disponen los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Hecho lo anterior, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así por unanimidad de seis votos con la ausencia del Magistrado Eloy Fuentes Cerda, quien se encuentra desempeñando una comisión oficial, lo resolvieron los Magistrados Electorales que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Subsecretario General de Acuerdos que autoriza y da fe, con la ausencia del Doctor Flavio Galván Rivera, Secretario General de Acuerdos, quien también se encuentra desempeñando una comisión oficial.- El Magistrado Presidente, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo.- Rúbrica.- Los Magistrados: Leonel Castillo González, José Luis de la Peza, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José de Jesús Orozco Heríquez, Mauro Miguel Reyes Zapata.- Rúbricas.- El Subsecretario General de Acuerdos, Mario López Torres.- Rúbrica.

EL SUSCRITO, LICENCIADO MARIO TORRES LOPEZ, SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, CERTIFICA: Que la presente copia, en cuarenta y seis fojas debidamente cotejadas y selladas, corresponde íntegramente a la sentencia dictada en sesión pública de resolución celebrada en esta fecha, cuyo original obra en el expediente SUP-RAP-062/2001 integrado con motivo del Recurso de Apelación promovido por Agrupación Política Nacional, Diana Laura, radicado en esta Sala Superior. Lo que certifico, en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 200 y 202 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en cumplimiento de lo ordenado en la propia sentencia. Doy fe.- México, Distrito Federal, a catorce de noviembre de dos mil uno.- Conste.- Rúbrica.


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