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DOF: 31/12/2002

SENTENCIA de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación interpuesto por la Agrupación Política Nacional, Unidad Nacional Lombardista, identificada como SUP-RAP-065/2001.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.- Sala Superior.- Secretaría General de Acuerdos.

RECURSO DE APELACION

EXPEDIENTE: SUP-RAP-065/2001

ACTOR: AGRUPACION POLITICA NACIONAL, UNIDAD NACIONAL LOMBARDISTA

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: JOSE LUIS DE LA PEZA

SECRETARIO: FELIPE DE LA MATA

México, Distrito Federal a treinta de noviembre de dos mil uno.

VISTOS para resolver los autos del expediente citado al rubro, integrado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la Agrupación Política Nacional, Unidad Nacional Lombardista, en contra del dictamen consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas al Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas correspondientes al ejercicio 2000 y la resolución CG98/2001 emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el veinte de septiembre pasado, y

RESULTANDO

I. La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas al Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió dictamen respecto de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas correspondientes al ejercicio 2000. Dicho dictamen es en lo conducente del siguiente tenor:

DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISION DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLITICAS AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISION DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS AGRUPACIONES POLITICAS NACIONALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2000.

1. Presentación

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 49-A, párrafo 2, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas presenta al Consejo General del Instituto Federal Electoral, el presente Dictamen Consolidado correspondiente a la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos que las Agrupaciones Políticas Nacionales presentaron ante esta autoridad electoral federal, en los términos de lo establecido en el inciso a) del párrafo 1 de la misma disposición, y del diverso artículo 35, párrafo 11 del mismo código.

El presente Dictamen Consolidado contiene, de conformidad con lo establecido en el inciso d) del párrafo 2 del artículo 49-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el artículo 16.2 del Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadora aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la presentación de sus Informes, lo siguiente:

- El Marco legal aplicable en la presentación, revisión y dictamen de los Informes Anuales (Apartado 2)

- Los procedimientos y formas de revisión aplicables (Apartado 3).

- El resultado y las conclusiones de la revisión del Informe Anual presentado por cada Agrupación Política, y de la documentación comprobatoria correspondiente, así como los resultados de todas las prácticas de auditoría realizadas con lo reportado en cada informe, señalando las aclaraciones y rectificaciones que presentó cada Agrupación Política después de haber sido notificado con ese fin, y la valoración correspondiente (Apartado 4).

- La mención de los errores o irregularidades encontradas en los informes o generadas con motivo de su revisión, y las recomendaciones que se formulan a las Agrupaciones Políticas (Apartado 5).

2. Marco Legal

2.1 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los principios básicos del régimen de fiscalización de los recursos de los Partidos y las Agrupaciones Políticas. Dichos principios han sido recogidos y desarrollados posteriormente en la legislación que resulta aplicable para la revisión de los Informes Anuales de las Agrupaciones Políticas, la elaboración del presente Dictamen y del Proyecto de Resolución que lo acompaña, así como su presentación ante el Consejo General del Instituto. La parte conducente del artículo 41 del máximo ordenamiento legal se transcribe a continuación.

ARTICULO 41 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

III. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un Consejero Presidente y ocho Consejeros Electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los Representantes de los Partidos Políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo de los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.

El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones públicas de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.

2.2 En relación con las obligaciones de las Agrupaciones Políticas Nacionales cuyo cumplimiento se verificó en la revisión de los Informes Anuales, las disposiciones aplicables del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se transcriben a continuación, en su parte conducente.

Artículo 33

1. Las Agrupaciones Políticas Nacionales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada.

Artículo 34

4. A las Agrupaciones Políticas Nacionales les será aplicable en lo conducente, lo dispuesto por los artículos 38, 49-A y 49-B, así como lo establecido en los párrafos 2 y 3 del artículo 49 de este Código.

Artículo 35

7. De igual manera, las Agrupaciones Políticas con registro gozarán de financiamiento público para apoyo de sus actividades editoriales, educación y capacitación política, e investigación socioeconómica y política.

10. Las Agrupaciones Políticas con registro, a fin de acreditar los gastos realizados, deberán presentar a más tardar en el mes de diciembre de cada año los comprobantes de los mismos. Ninguna Agrupación Política podrá recibir más del 20% del total del fondo constituido para este financiamiento.

11. Las Agrupaciones Políticas con registro, deberán presentar además, a la Comisión de Consejeros prevista en el artículo 49, párrafo 6, de este código, un informe del ejercicio anterior sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad.

12. El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse a más tardar dentro de los 90 días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte.

13. La agrupación política nacional perderá su registro por las siguientes causas:

a) Cuando se haya acordado su disolución por la mayoría de sus miembros,

b) Haberse dado las causas de disolución conforme a sus documentos básicos;

c) Omitir rendir el informe anual del origen y aplicación de sus recursos;

d) Por incumplir de manera grave con las disposiciones contenidas en este Código;

e) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro; y

f) Las demás que establezca este Código.

Artículo 38

1. Son obligaciones de los Partidos Políticos Nacionales:

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás Partidos Políticos y los derechos de los ciudadanos;

f) Mantener en funcionamiento efectivo sus órganos estatutarios;

h) Editar por lo menos una publicación mensual de divulgación, y otra de carácter teórico, trimestral;

k) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la Comisión de Consejeros a que se refiere el párrafo 6 del artículo 49 de este Código, así como entregar la documentación que la propia Comisión le solicite respecto a sus ingresos y egresos;

q) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda;

s) Las demás que establezca este Código.

Artículo 49

2. No podrá realizar aportaciones o donativos a los Partidos Políticos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:

a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de los Estados, y los Ayuntamientos, salvo los establecidos en la ley;

b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizados o paraestatales, y los órganos de gobierno del Distrito Federal;

c) Los Partidos Políticos, personas físicas o morales extranjeras;

d) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

e) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión o secta;

f) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero; y

g) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.

3. Los Partidos Políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades. Tampoco podrán recibir aportaciones de personas no identificadas, con excepción de las obtenidas mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública.

Artículo 49-A

1. Los Partidos Políticos y las Agrupaciones Políticas deberán presentar ante la Comisión del Instituto Federal Electoral al que se refiere el párrafo 6 del artículo anterior, los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:

a) Informes Anuales:

I. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte; y

II. En el Informe Anual serán reportados los ingresos ordinarios que los Partidos y las Agrupaciones Políticas hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe.

Asimismo, se verificó el cumplimiento del Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadora aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes , publicado en el Diario Oficial del a Federación el 7 de enero de 2000.

2.3 En relación con la presentación de los Informes Anuales, su revisión por parte de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, así como la presentación de este dictamen ante el Consejo General, son aplicables las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que se transcriben a continuación en su parte conducente.

Artículo 3

1. La aplicación de las normas de este Código corresponde al Instituto Federal Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Cámara de Diputados, en sus respectivos ámbitos de competencia.

2. La interpretación se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución.

Artículo 49

6. Para la revisión de los informes que los Partidos Políticos y las Agrupaciones Políticas presenten sobre el origen y destino de sus recursos anuales y de campaña, según corresponda, así como para la vigilancia del manejo de sus recursos, se constituirá la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas. Esta comisión funcionará de manera permanente.

Artículo 49-A

2. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los Partidos Políticos y las Agrupaciones Políticas se sujetará a las siguientes reglas:

a) La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas contará con sesenta días para revisar los Informes Anuales y con ciento veinte días para revisar los informes de campaña presentados por los Partidos Políticos y, en su caso, por las Agrupaciones Políticas. Tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables el financiamiento de cada Partido Político y a las Agrupaciones Políticas, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes;

b) Si durante la revisión de los informes la comisión advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, notificará al Partido Político o a la Agrupación Política que hubiere incurrido en ellos, para que en plazo de diez días contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes;

c) Al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de este párrafo o, en su caso, al concedido para la rectificación de errores u omisiones, la comisión dispondrá de un plazo de veinte días para elaborar un Dictamen Consolidado que deberá presentar al Consejo General dentro de los tres días siguientes a su conclusión;

d) El Dictamen deberá contener por lo menos:

I. El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los Partidos Políticos y las Agrupaciones Políticas;

II. En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontradas en los mismos; y

III. El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los Partidos Políticos y las Agrupaciones Políticas, después de haberles notificado con ese fin.

e) En el Consejo General se presentará el dictamen y Proyecto de Resolución que haya formulado la comisión, procediendo a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes;

f) Los Partidos así como las Agrupaciones Políticas, podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el dictamen y resolución que en su caso se emita por el Consejo General, en la forma y términos previstos en la ley de la materia; y

g) El Consejo General del Instituto deberá:

I. Remitir al Tribunal Electoral, cuando se hubiere interpuesto el recurso, junto con éste, el dictamen de la comisión y el informe respectivo;

II. Remitir, una vez cumplido el plazo para la interposición del recurso, o presentado éste, habiendo sido resuelto por el Tribunal Electoral, al Diario Oficial de la Federación el dictamen y, en su caso, la resolución recaída al recurso, para su publicación; y

III. Acordar los mecanismos que considere convenientes para la difusión pública del dictamen y, en su caso, de las resoluciones. En la Gaceta del Instituto Federal Electoral deberán publicarse los informes anuales de los partidos.

Artículo 49-B

1. Para la fiscalización del manejo de los recursos de los Partidos Políticos y las Agrupaciones Políticas, así como la recepción, revisión y dictamen a que se refiere el artículo anterior, la comisión prevista en el párrafo 6 del artículo 49 de este Código, contará con el apoyo y soporte de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, cuyo titular fungirá como Secretario Técnico de la propia Comisión.

2. La comisión tendrá a su cargo, entre otras atribuciones, las siguientes:

a) Establecer lineamientos con bases técnicas, para la presentación de los informes del origen y monto de los ingresos que los Partidos Políticos y las Agrupaciones Políticas reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación;

b) Establecer lineamientos para que los Partidos Políticos y las Agrupaciones Políticas lleven el registro de sus ingresos y egresos y de la documentación comprobatoria sobre el manejo de sus recursos;

c) Vigilar los recursos que sobre el financiamiento ejerzan los Partidos Políticos y las Agrupaciones Políticas, se apliquen estricta e invariablemente para las actividades señaladas en la ley;

e) Revisar los informes que los Partidos Políticos y las Agrupaciones Políticas presenten sobre el origen y destino de sus recursos anuales y de campaña, según corresponda;

h) Presentar al Consejo General los dictámenes que formulen respecto de las auditorías y verificaciones practicadas;

i) Informar al Consejo General, de las irregularidades en que hubiesen incurrido los partidos políticos y las agrupaciones políticas derivadas del manejo de sus recursos, el incumplimiento a su obligación de informar sobre la aplicación de los mismos y, en su caso, de las sanciones que a su juicio procedan;

j) Proporcionar a los Partidos Políticos y a las Agrupaciones Políticas la orientación y asesoría necesarias para el cumplimiento de las obligaciones consignadas en este artículo; y

k) Las demás que le confiera este Código.

3. La Comisión de Consejeros, para su eficaz desempeño, podrá contar con el personal técnico que autorice el Consejo General.

Artículo 80

2. Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, las comisiones de: Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas; Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión; Organización Electoral; Servicio Profesional Electoral; y Capacitación Electoral y Educación Cívica, funcionarán permanentemente y se integrarán exclusivamente por Consejeros Electorales.

3. En todos los asuntos que les recomienden, las comisiones deberán presentar un informe, dictamen o proyecto de resolución, según el caso.

4. El Secretario del Consejo General colaborará con las comisiones para el cumplimiento de las tareas que se les hayan encomendado.

Artículo 93

1. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene las siguientes atribuciones:

I) Actuar como Secretario Técnico de la comisión a la que se refiere el párrafo 6 del artículo 49 y de la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión prevista en el párrafo 2 del artículo 80 de este Código.

Asimismo, se procedió de conformidad con lo establecido, en lo conducente, por el Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadora aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 2000.

2.4 En relación con las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes Anuales por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, y que se ponen a consideración del Consejo General del Instituto resultan aplicables las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que a continuación se transcriben en su parte conducente.

Artículo 35

10. Las agrupaciones políticas con registro, a fin de acreditar los gastos realizados, deberán presentar a más tardar en el mes de diciembre de cada año los comprobantes de los mismos. Ninguna agrupación política podrá recibir más del 20% de total del fondo constituido para este financiamiento.

Las agrupaciones con registro, deberán presentar además, a la comisión de consejeros prevista en el artículo 49, párrafo 6, de este Código, un informe del ejercicio anterior sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad.

12. El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse a más tardar dentro de los 90 días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte.

13. La agrupación política nacional perderá su registro por las siguientes causas:

a) Cuando se haya acordado su disolución por la mayoría de sus miembros;

b) Haberse dado las causas de disolución conforme a sus documentos básicos;

c) Omitir rendir el informe anual del origen y aplicación de sus recursos;

d) Por incumplir de manera grave con las disposiciones contenidas en este Código:

e) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro; y

f) Las demás que establezca este Código.

Artículo 39

1. El incumplimiento de las obligaciones señaladas por este código se sancionará en los términos del Título Quinto del Libro Quinto del presente ordenamiento.

2. Las sanciones administrativas se aplicarán por el Consejo General del Instituto con independencia de las responsabilidades civil o penal que en su caso pudieran exigirse en los términos de la ley a los Partidos Políticos, las Agrupaciones Políticas, dirigentes y candidatos.

Artículo 67

2. En los casos a que se refieren los incisos c) al f), del párrafo 13 del artículo 35 y e) al h) del párrafo 1 del artículo anterior, la resolución del Consejo General del Instituto sobre la pérdida del registro de una agrupación política o de un partido político, según sea el caso, se publicará en el Diario Oficial de la Federación. No podrá resolverse sobre la pérdida de registro en los supuestos previstos en los incisos d) y e) del párrafo 13 del artículo 35 y e) y f), del párrafo 1 del artículo 66, sin que previamente se oiga en defensa a la agrupación política o al partido político interesado.

Artículo 73

1.  El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

Artículo 82

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

h) Vigilar que las actividades de los Partidos Políticos Nacionales y las Agrupaciones Políticas se desarrollen con apego a este Código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos;

i) Vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los Partidos y Agrupaciones Políticas se actúe con apego a este Código, así como a lo dispuesto en el reglamento que al efecto expida el Consejo General;

w) Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, en los términos previstos en la presente ley;

Artículo 269

1. Los Partidos Políticos y las Agrupaciones Políticas, independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, miembros o simpatizantes, podrán ser sancionados:

a) Con multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal;

b) Con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución,

c) Con la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que les corresponda, por el periodo que señale la resolución,

d) Con la suspensión de su registro como Partido Político o Agrupación Política: y

e) Con la cancelación de su registro como Partido Político o Agrupación Política.

2. Las sanciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser impuestas cuando:

a) Incumplan con las obligaciones señaladas en el artículo 38 y demás disposiciones aplicables de este código;

b) Incumplan con las resoluciones o acuerdos del Instituto Federal Electoral;

c) Acepten donativos o aportaciones económicas de las personas o entidades que no estén expresamente facultadas para ello o soliciten crédito a la banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades, en contravención a lo dispuesto por el artículo 49, párrafos 2 y 3, de este Código;

e) No presenten los Informes Anuales o de campaña en los términos y plazos previstos en los artículos 35 y 49-A de este Código;

g) Incurran en cualquier otra falta de las previstas en este código.

3. Las sanciones previstas en los incisos c) al e) del párrafo 1 de este artículo, sólo podrán imponerse cuando el incumplimiento o infracción sea particularmente grave o sistemático. La violación a lo dispuesto en el inciso o) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código, se sancionará, si la infracción se comete durante las campañas electorales, con multa y la suspensión total o parcial de la prerrogativa prevista en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 47 de este mismo ordenamiento y sólo con multa si la misma se cometiere en cualquier otro tiempo.

4. Cuando la pérdida de registro obedezca a alguna de las causales previstas en los artículos 35 y 66, se estará a lo dispuesto en el artículo 67 de este Código.

Artículo 270

5. El Consejo General del Instituto Federal Electoral, para fijar la sanción correspondiente, tomará en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta. En caso de reincidencia se aplicará una sanción más severa.

7. Las multas que fije el Consejo General del Instituto, que no hubiesen sido recurridas, o bien, que fuesen confirmadas por el Tribunal Electoral, deberán ser pagadas en la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto en un plazo improrrogable de quince días a partir de la notificación. Transcurrido el plazo sin que el pago se hubiere efectuado, el Instituto podrá deducir el monto de la multa de la siguiente ministración del financiamiento público que corresponda.

3. Procedimientos y formas de revisión

3.1 Actividades previas al inicio de la revisión de los Informes Anuales sobre el origen y destino de los recursos de 2000 de las Agrupaciones Políticas Nacionales.

Como parte de las actividades previas al inicio de la revisión, la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización notificó a todas las Agrupaciones Políticas Nacionales que el plazo para la presentación de sus Informes Anuales correspondientes al ejercicio 2000, daba inicio el 1 de enero de 2001 y concluía el 14 de mayo del mismo año. Dicha comunicación se realizó mediante los siguientes oficios, fechados el 24, 27, 28 y 29 de noviembre de 2000:

  Agrupación Política No. Oficio
1 Frente Liberal Mexicano Siglo XXI STCFRPAP/916/00
2 Uno STCFRPAP/917/00
3 Coordinadora Ciudadana STCFRPAP/918/00
4 Diana Laura STCFRPAP/919/00
5 Unidad Obrera y Socialista ¡UNIOS! STCFRPAP/920/00
6 Causa Ciudadana STCFRPAP/921/00
7 A PAZ Agrupación Política Alianza Zapatista STCFRPAP/915/00
8 Convergencia Socialista STCFRPAP/923/00
9 Cruzada Democrática Nacional STCFRPAP/924/00
10 Acción Afirmativa STCFRPAP/925/00
11 Acción Republicana STCFRPAP/926/00
12 Acción y Unidad Nacional STCFRPAP/922/00
13 Agrupación Política Campesina STCFRPAP/927/00
14 Alternativa Ciudadana 21, A.C. STCFRPAP/928/00
15 Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía STCFRPAP/929/00
16 Campesinos de México por la Democracia STCFRPAP/930/00
17 Centro Político Mexicano STCFRPAP/931/00
18 Democracia XXI STCFRPAP/932/00
19 Diversa, Agrupación Política Feminista STCFRPAP/933/00
20 Expresión Ciudadana, A.C. STCFRPAP/934/00
21 Familia en Movimiento STCFRPAP/935/00
22 Foro Democrático STCFRPAP/936/00
23 Frente Nacional de Pueblos Indígenas y Comunidades Marginadas STCFRPAP/937/00
24 Iniciativa XXI, Asociación Civil STCFRPAP/938/00
25 Instituto para el Desarrollo Equitativo y Democrático STCFRPAP/939/00
26 Jacinto López Moreno, A.C. STCFRPAP/940/00
27 Movimiento de Acción Republicana STCFRPAP/941/00
28 Movimiento Mexicano el Barzón STCFRPAP/942/00
29 Movimiento Nacional de Organización Ciudadana STCFRPAP/943/00
30 Movimiento Social de Trabajadores STCFRPAP/944/00
31 Mujeres en Lucha por la Democracia, A.C. STCFRPAP/945/00
32 Mujeres y Punto Asociación Civil STCFRPAP/946/00
33 Organización México Nuevo STCFRPAP/947/00
34 Plataforma Cuatro, A.C. STCFRPAP/948/00
35 Praxis Democrática, A.C. STCFRPAP/949/00
36 Red de Acción Democrática STCFRPAP/950/00
37 Sentimiento de la Nación STCFRPAP/951/00
38 Unidad Nacional Lombardista STCFRPAP/952/00
39 Unión de la Clase Trabajadora STCFRPAP/953/00
40 Unión Nacional Independiente de Organizaciones Sociales Unidos STCFRPAP/954/00
41 Unión Nacional Sinarquista STCFRPAP/955/00

Las siguientes Agrupaciones Políticas entregaron en la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas el Informe Anual sobre el origen y destino de los recursos que recibieron durante el ejercicio de 2000, según lo establecido en el artículo 35, párrafos 11 y 12, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 11.1 del Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, en las siguientes fechas:

  Agrupación Política Fecha de Presentación
1 Frente Liberal Mexicano Siglo XXI 14-05-2001
2 Uno 14-05-2001
3 Coordinadora Ciudadana 17-05-2001
4 Diana Laura 16-05-2001
5 Unidad Obrera y Socialista ¡UNIOS! 11-05-2001
6 Causa Ciudadana 14-05-2001
7 A PAZ Agrupación Política Alianza Zapatista 14-05-2001
8 Convergencia Socialista 14-05-2001
9 Cruzada Democrática Nacional 14-05-2001
10 Acción Afirmativa 14-05-2001
11 Acción Republicana 08-05-2001
12 Acción y Unidad Nacional 14-05-2001
13 Agrupación Política Campesina 06-04-2001
14 Alternativa Ciudadana 21, A.C. 28-03-2001
15 Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía 14-05-2001
16 Campesinos de México por la Democracia No presentó
17 Centro Político Mexicano 14-05-2001
18 Democracia XXI 11-05-2001
19 Diversa, Agrupación Política Feminista 14-05-2001
20 Expresión Ciudadana, A.C. 21-07-2001
21 Familia en Movimiento 14-05-2001
22 Foro Democrático 14-05-2001
23 Frente Nacional de Pueblos Indígenas y Comunidades Marginadas 02-05-2001
24 Iniciativa XXI, Asociación Civil 14-05-2001
25 Instituto para el Desarrollo Equitativo y Democrático 14-05-2001
26 Jacinto López Moreno, A.C. 14-05-2001
27 Movimiento de Acción Republicana 09-05-2001
28 Movimiento Mexicano el Barzón 10-05-2001
29 Movimiento Nacional de Organización Ciudadana 14-05-2001
30 Movimiento Social de Trabajadores No presentó
31 Mujeres en Lucha por la Democracia, A.C. 14-05-2001
32 Mujeres y Punto Asociación Civil 14-05-2001
33 Organización México Nuevo 14-05-2001
34 Plataforma Cuatro, A.C. 14-05-2001
35 Praxis Democrática, A.C. 14-05-2001
36 Red de Acción Democrática 08-05-2001
37 Sentimiento de la Nación 31-05-2001
38 Unidad Nacional Lombardista 14-05-2001
40 Unión Nacional Independiente de Organizaciones Sociales Unidos 14-05-2001
41 Unión Nacional Sinarquista 11-05-2001

3.2 Procedimiento de revisión de los Informes Anuales.

El procedimiento de revisión y dictamen de los Informes Anuales se realizó en tres etapas.

En la primera etapa se llevó a cabo la revisión de gabinete, en la cual se determinaron los errores y omisiones de carácter técnico que presentaban los Informes Anuales, en la segunda etapa, se procedió a la verificación de la documentación de soporte al 100% para comprobar la veracidad de lo reportado por las Agrupaciones Políticas. En la tercera y última etapa, se elaboró el presente Dictamen Consolidado para su presentación ante el Consejo General, en los términos dispuestos por el Código Electoral.

El procedimiento de revisión de los Informes Anuales se ajustó a las normas de auditoría generalmente aceptadas, así como al procedimiento establecido por el marco legal vigente.

La revisión de campo estuvo a cargo del personal técnico de apoyo de la Comisión de Fiscalización.

Para llevar a cabo la revisión del Informe Anual, las Agrupaciones Políticas enviaron la documentación comprobatoria a las oficinas del Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización, tal como lo establece el artículo 14.4 del Reglamento aplicable a las Agrupaciones Políticas Nacionales, vigentes hasta la fecha. Por otra parte, en apego al mismo cuerpo reglamentario, los documentos comprobatorios de los gastos erogados fueron devueltos a cada una de ellas al terminar la revisión.

La Comisión de Fiscalización determinó realizar las siguientes pruebas de auditoría a todas las Agrupaciones Políticas Nacionales:

REVISION PRELIMINAR

ACTIVIDAD SUSTENTO LEGAL DESCRIPCION
1. Recepción de Informes Artículo 12.1*

Artículo 35, párrafos 11 y 12 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Los informes Anuales deberán ser presentados a más tardar dentro de los noventa días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte.
2. Documentación que se remitirá con los informes Artículo 12.4* a) Toda la documentación comprobatoria de los Ingresos y Egresos de la agrupación política en el año de ejercicio, incluyendo las pólizas correspondientes.
 

Artículo 3.4*

Artículo 10.6*

Artículo 10.8*

Artículo 20*

b) Estados de Cuenta Bancarios de las cuentas CBAPN .

c) Balanzas de Comprobación mensuales y la anual.

d) Los Controles de Folios de los recibos RAF-APN y RAS-APN .

e) Los controles de Folios de los recibos REPAP-APN , y la relación de las personas que recibieron reconocimientos por actividades políticas, así como el monto total que percibió cada una de ellas durante el ejercicio correspondiente.

    f) El Inventario Físico de todos sus bienes muebles e inmuebles en cada localidad donde tengan oficinas.

REVISION INICIAL

ACTIVIDAD SUSTENTO LEGAL DESCRIPCION
1. Comprobación General   Determinar los errores y omisiones de carácter técnico de los Informes Anuales presentados, así como de la documentación anexa.
  Artículo 15.1* • Solicitar aclaraciones en relación con la revisión antes mencionada.
  Artículo 15.2* Artículo 15.3* • Revisión de las aclaraciones presentadas por las agrupaciones políticas nacionales en relación con los errores y/o omisiones de carácter técnico.

REVISION DOCUMENTAL

ACTIVIDAD SUSTENTO LEGAL DESCRIPCION
1. Saldos Iniciales Apartado 5.2 de Conclusiones, Párrafo 3** Instructivo del formato Al-APN • Revisar que el saldo inicial de 2000 coincida con la suma de saldos en las cuentas contables de Caja, Bancos e Inversiones en valores al inicio del ejercicio.
1. Financiamiento Público   • Verificar que la información que proporcionen las agrupaciones políticas nacionales por Financiamiento Público coincida con los registros de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.
  Artículo 1.1*

Artículo 1.2*

Artículo 1.1*

• Verificar contra las fichas de depósito bancario.

 Corroborar contra los estados de cuenta bancarios de las CB-APN , los ingresos percibidos por este concepto.

 Verificar su correcta contabilización.

1. Financiamiento por los Asociados y Simpatizantes Artículo 3.1*

Artículo 3.2*

Artículo 3.3*

• Comprobar que los ingresos por este concepto reportados se percibieran en términos de lo establecido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, estén soportados por la documentación respectiva, ya sea en efectivo o en especie.
  Artículo 3.4* • Revisar el consecutivo de folios de los formatos RAF-APN Y RAS-APN emitidos de enero a diciembre de 2000.
  Artículo 3.5* • Cuando sea en especie, se verificará en el cuerpo del recibo, la información relativa al bien aportado y el criterio de valuación que se haya utilizado, así como la existencia de los contratos de comodato correspondientes.
  Artículo 1.1*

Artículo 4.1*

Artículo 49, párrafos 2 y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

• Verificar su adecuado registro contable.

 Verificar que el registro de las aportaciones en dinero de los asociados y simpatizantes, provenga de persona física o moral facultada para realizarlo.

3. Autofinanciamiento Artículo 5.1* • Verificar en los formatos IA-2-APN y CE-AUTO-APN , el tipo de evento, así como los números de eventos realizados.
  Artículo 5.2* • Comprobar la forma de administración, la fuente de ingresos, en su caso, el control de folios, números y fechas de autorizaciones legales e importe neto.
    • Comprobar los orígenes de los fondos provenientes de cada evento de financiamiento.

• Verificar su adecuado registro contable.

4. Financiamiento por Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos   • Verificar los estados de cuenta bancarios CB-APN y contratos de Inversión y su correcto funcionamiento.
  Artículo 6.4* Artículo 6.2* • Cotejar los intereses reportados contra estados de cuenta de cheques y contratos de inversión CB-APN .

 Verificar que los estados de cuenta se encuentren a nombre de la agrupación política nacional.

  Artículo 6.3* Inciso d) • Verificar que los Contratos por Fideicomiso registrados en la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización, sean todos los que tiene cada agrupación.

 Verificar que los fideicomisos constituidos con aportaciones privadas, éstas se encuentren amparadas con los recibos correspondientes y depositadas en cuentas bancarias CB-APN .

    • Verificar que los rendimientos obtenidos se hayan destinado a los objetivos de la agrupación política nacional.

 Verificar su adecuado registro contable.

5. Aclaraciones Artículo 49-A párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículos 14.2*

Artículos 15.1*

• Solicitar mediante oficios las aclaraciones o rectificaciones pertinentes, derivadas de la revisión del rubro de Ingresos, así como la documentación que se requiera para culminar la verificación.

EGRESOS

A) GASTOS DE OPERACION ORDINARIA

ACTIVIDAD SUSTENTO LEGAL DESCRIPCION
1. Servicios Personales Artículo 7.1* Artículo 10.7* • Verificar que los pagos al personal subordinado del partido político estén sujetos a las disposiciones fiscales y de seguridad social.
  Artículo 23.2*

Artículo 23.2*

• Verificar las declaraciones de pago de los impuestos retenidos.

 Comprobar que los servicios independientes se apeguen a las disposiciones fiscales.

  Artículo 10.3* • Verificar que los reconocimientos a las personas involucradas en actividades de apoyos políticos relacionados con la operación ordinaria estén soportados con recibos REPAP .
  Artículo 10.2* • Verificar que los recibos cumplan con los requisitos estipulados.
  Artículo 10.3* Artículo 10.8* • Revisar las relaciones de las personas que recibieron reconocimientos, así como el monto total que percibió cada una de ellas durante el ejercicio, para comprobar que los límites establecidos se hayan cumplido ($37.90 Salario Mínimo vigente en 2000).
  Artículo 10.5*

Artículo 10.6*

Artículo 7.1*

• Revisar el consecutivo de folios del formato REPAP-APN .

 Verificar el control de folios CF-REPAP-APN .

 Verificar su adecuado registro contable.

2. Materiales y Suministros Artículo 7.1*

Artículo 9.2*

• Verificar que la documentación comprobatoria de la erogación, cumpla con los requisitos fiscales.

 Verificar en la cuenta 105.- Gastos por Amortizar , que se hayan efectuado los cargos y abonos por este concepto.

  Artículo 9.2* • Solicitar su kárdex, así como las notas de entradas y salidas de esta cuenta.

 Verificar la toma del inventario físico que efectuó la agrupación.

  Artículo 7.3*

 Artículo 7.1*

• Verificar que todo pago que rebase la cantidad equivalente a 100 días de Salario Mínimo General Vigente para el Distrito Federal ($37.90 en 200) se haya realizado con cheque.

 Verificar su adecuado registro contable.

3. Servicios Generales Artículo 7.1* • Verificar que la documentación comprobatoria de la erogación cumpla con los requisitos fiscales.
  Artículo 7.2* • Verificar que los gastos menores por concepto de viáticos y pasajes se encuentren comprobados con bitácoras que cumplan con los requisitos estipulados y no sobrepasen el límite establecido.
  Artículo 7.3* • Verificar que todo pago que rebase la cantidad equivalente a 100 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal ($37.90 en 2000) se haya realizado con cheque.
  Artículo 7.4* • Verificar que los egresos por pasajes y viáticos correspondientes a viajes realizados al extranjero, así como los gastos efectuados, se encuentren acompañados de evidencias que justifiquen razonablemente el objeto del viaje realizado con las actividades de la agrupación política.

 Verificar su adecuado registro contable.

4. Gastos Financieros   • Verificar en los estados de cuenta bancarios los gastos financieros reportados.

 Verificar su adecuado registro contable.

B) GASTOS POR ACTIVIDADES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD SUSTENTO LEGAL DESCRIPCION
1. Educación y Capacitación Política Artículo 8.1* Artículo 7.1* • Verificar que la documentación comprobatoria se encuentre anexa a las pólizas.

• Verificar que los cheques por concepto del gasto hayan sido efectivamente pagados.

 Verificar su correcta contabilización.

2. Investigación Socioeconómica y Política. Artículo 8.1* Artículo 7.1* • Verificar que la documentación comprobatoria se encuentre anexa a las pólizas.

 Verificar que los cheques por concepto del gasto hayan sido efectivamente pagados.

 Verificar su correcta contabilización.

3. Tareas Editoriales Artículo 8.1* • Verificar que la documentación comprobatoria se encuentre anexa a las pólizas.

 Verificar que los cheques por concepto del gasto hayan sido efectivamente pagados.

  Artículo 9.2* • Verificar en la cuenta 105.- Gastos por Amortizar , que se hayan efectuado los cargos y abonos por concepto de sus Tareas Editoriales.

 Solicitar su kárdex, así como las notas de entrada y salida de esta cuenta.

 

Artículo 7.1*

• Verificar la toma del inventario físico que efectuó la agrupación política.

 Verificar su correcta contabilización.

C) APORTACIONES A CAMPAÑAS ELECTORALES

ACTIVIDAD SUSTENTO LEGAL DESCRIPCION
1. Aportaciones a Campañas Electorales Artículo 34, párrafos 1, 2 y 3 (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales). • Verificar que la agrupación haya celebrado acuerdo de participación con un partido político y que dicho acuerdo fue registrado ante el Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
  Artículo 8.3*

Artículo 7.1*

• Verificar que los Egresos efectuados estén soportados de conformidad a lo señalado en el capítulo II Egresos del Reglamento* (ver el apartado A del presente Programa de Trabajo).

• La agrupación política nacional proporcionará la documentación comprobatoria original.

 Verificar su adecuado registro contable.

OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD SUSTENTO LEGAL DESCRIPCION
1. Activo Fijo Artículo 20.1*

Artículo 20.2*

• Verificar que las adquisiciones de muebles e inmuebles estén registradas contablemente.

 Verificar que los activos fijos recibidos para su uso o goce temporal en que no se transfiere la propiedad, estén registrados en cuentas de orden.

  Artículo 20.3*

Artículo 20.5*

• Verificar el control de activos fijos.

 Verificar la toma del inventario físico que efectuó el partido.

2. Circularización a Proveedores

Artículo 14.8

• Seleccionar los proveedores y prestadores de servicios a criterio de la Comisión que serán circularizados.

 Verificar la autenticidad de las operaciones de compra-venta que efectuaron con el proveedor seleccionado.

3. Aclaraciones. Artículo 49-A párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 14.2*

Artículo 15.1*

• Solicitar mediante oficios las aclaraciones o rectificaciones pertinentes, derivadas de la revisión de los rubros de Ingresos y Egresos, así como la documentación que se requiera para culminar la verificación.

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, a través de su personal comisionado, podrá solicitar documentación adicional en cualquier tiempo, de acuerdo al resultado de las diferentes etapas de revisión.

De acuerdo con los plazos estipulados por la ley, el 6 de agosto de 1999 se hicieron llegar a las agrupaciones políticas nacionales los últimos oficios por parte de la Comisión de Fiscalización, en los cuales se solicitó la aclaración de errores u omisiones correspondientes a los Informes Anuales de 2000 para que las agrupaciones políticas presentaran, en un término de diez días hábiles, es decir, a más tardar el 20 de agosto, las aclaraciones y rectificaciones correspondientes.

Con los procedimientos de revisión descritos en este apartado, sumados a las pruebas de auditoría realizadas a cada agrupación política nacional, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas verificó que dichas agrupaciones cumplieran con las normas jurídicas y disposiciones reglamentarias en la materia, así como los principios de contabilidad generalmente aceptados.

De esta manera la Comisión de Fiscalización se cercioró de la veracidad de lo reportado por dichas agrupaciones, lo cual constituye el trabajo medular de su labor de revisión de informes. El análisis de todos los documentos presentados por las mismas agrupaciones políticas, representa la base fundamental para la elaboración del presente dictamen consolidado...

DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISION DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLITICAS AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISION DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS AGRUPACIONES POLITICAS NACIONALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2000.

...4.38 Agrupación Política Nacional Unidad Nacional Lombardista.

El día 14 de mayo de 2001, la Agrupación Política Nacional Unidad Nacional Lombardista, entregó en tiempo y forma, en la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, el Informe Anual sobre el origen y destino de los recursos que recibió durante el ejercicio de 2000, según lo establecido en el artículo 35, párrafos 11 y 12 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el artículo 12.1 del Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadora aplicables a las Agrupaciones Políticas Nacionales en el registro de sus Ingresos y Egresos y en la presentación de sus Informes, aprobados por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en sesión del 17 de diciembre de 1999, vigente a partir del 1 de enero de 2000.

II. El veinte de septiembre de 2001, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió resolución respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las agrupaciones políticas, entre las que se encontraban la Agrupación Política Nacional, Unidad Nacional Lombardista, correspondientes al ejercicio de 2000. Dicha resolución, en lo conducente, es del siguiente tenor literal:

5.26. Agrupación Política Nacional Unidad Nacional Lombardista

En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:

La agrupación política no comprobó el origen de sus ingresos y el destino de sus egresos cada uno por un importe de $4 000,000.00.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 34, párrafo 4, en relación con el 49, párrafo 2, 35, párrafo 11, 38, párrafo 1, inciso k) y 49-A, párrafo 1, inciso a), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1.1, 3.1, 7.1, 11.1, 12.1 y 14.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogo de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en los artículos 35, párrafo 13, inciso d) y 269, párrafo 2, incisos a), b), c) y e) y párrafos 3 y 4 en relación con el artículo 67, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad señalada en el Dictamen Consolidado.

Durante la revisión del Informe Anual, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas localizó depósitos bancarios por un monto de 4,000,000.00 de pesos; dicho importe fue depositado y retirado el mismo día.

Según consta en el Dictamen Consolidado, el 21 de diciembre de 2000, en una cuenta bancaria de la agrupación se registraron 12 depósitos de dinero en efectivo por un total de 4,000,000.00 de pesos. Cinco de los depósitos sumaron, cada uno, 200,000.00 pesos; dos de los depósitos sumaron, cada uno, 300,000.00 pesos; uno fue de 400,000,00. pesos; uno fue de 450,000.00 pesos; dos de los depósitos sumaron, cada uno, 500,000.00 pesos; y finalmente, uno de los depósitos fue de 550,000.00 pesos. El mismo día, sin embargo, la agrupación retiro el total del dinero depositado, a través de la emisión de 4 cheques, cada uno por 1,000,000.00 de pesos (cheques 3301, 3303, 3304, 3305). Todos los cheques se expidieron a nombre de American Consulting Enterprises, S.A. de C.V.

Llamó la atención de la Comisión que montos tan importantes fuesen depositados en efectivo, amén de que los movimientos aludidos no se desprendía en modo alguno cuál era el origen de los recursos obtenidos. Por oficio fechado el 6 de agosto de 2001, de número STCFRPAP/662/01, la Comisión de Fiscalización solicitó a la agrupación que aclara el origen de los recursos aludidos. Posteriormente, mediante escrito de fecha 20 de agosto de 2001, la agrupación contestó lo siguiente:

Con relación a los depósitos, nosotros tuvimos la necesidad de recurrir con gente que nos prestara, ya que teníamos gastos muy fuertes por concepto de proveedores, por tal motivo le solicitamos al Sr. Humberto Robledo Alvistegui que nos tramitara un crédito para poder comenzar a cubrir nuestros pasivos. Y así poder cubrir los trabajos que elaboraría American Consulting Enterprises, S.A. de C.V. Pero en esos días nosotros consultamos con ustedes qué podíamos hacer con esos pasivos, ya que habíamos acordado con nuestros proveedores liquidarlos a más tardar el 30 de abril de 2001, y creíamos que en nuestros informes al 31 de diciembre de 2001 no debíamos traer pasivos, a lo cual nos contestaron que los pasivos los podíamos cubrir al siguiente ejercicio, por eso depositamos el préstamo, volviéndose una confusión ya que dimos instrucciones de cancelar la operación por este motivo se retiró y se volvió a depositar varias veces el mismo día. Ya solicitamos copia de los contratos cancelados.

Anexo: Copia del estado de cuenta donde aparecen los movimientos, Copia de los cheques .

Llama la atención de este Consejo General varios elementos de la respuesta de la agrupación. En primer lugar, está claro que el Sr. Humberto Robledo Alvistegui no sería quien prestaría dinero a la agrupación, sino que coadyuvaría con la agrupación en la tramitación de un crédito. Sin embargo, la agrupación no aclara ni ofrece documentación al respecto qué persona física o moral ofrecería el crédito a la agrupación, de modo que la autoridad tuviese certeza del origen de los recursos depositados en sus cuentas. Tampoco aclara la agrupación qué tipo de trabajos elaboraría en su beneficio American Consulting Enterprises. La agrupación no ofrece evidencia alguna del contrato mediante el cual obtiene en los hechos el préstamo aludido, ya que a juzgar por el conjunto de depósitos realizados, es obvio que el préstamo se concretó. Tampoco aclara la agrupación por qué, si canceló el préstamo que le había tramitado el Sr. Humberto Robledo Alvistegui, no devolvió el dinero al prestamista original (de identidad desconocida), sino que emitió los cheques a favor de la empresa proveedora de trabajos (American Consulting Enterprises) para cuyo financiamiento la agrupación decidió contratar una deuda. Es decir, según la agrupación canceló el préstamo que le fue concedido, pero en los hechos no devolvió el dinero a quien se lo prestó sino a una empresa que le proveería de determinados servicios. Por otro lado, la agrupación no aclara el monto por el cual se contrató el préstamo, y se limita alegar que el dinero se devolvió a depositar varias veces el mismo día .

Ahora bien, a decir de los auditores de la Dirección de Análisis de Informes Anuales y de Campaña de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión, a la agrupación efectivamente se le dijo, como resultado de una consulta verbal, que en cualquier momento podía contratar pasivos, y que podía liquidarlos en cualquier momento, de cualquier ejercicio, como es de toda obviedad. La agrupación sin embargo alega, en un lenguaje especialmente impreciso y vago: creíamos que en nuestros informes al 31 de diciembre de 2000 no debíamos tener pasivos... , creencia a todas luces equivocada. Después, la agrupación dice: ...a lo cual nos contestaron que los pasivos los podíamos cubrir al siguiente ejercicio... cosa a todas luces correcta. Sin embargo, la agrupación dice a continuación: ...por eso depositamos el préstamo, volviéndose una confusión ya que dimos instrucciones de cancelar la operación por ese motivo se retiró y se volvió a depositar varias veces el mismo día . Es llamativo que repentinamente surja en la agrupación una confusión , sin que, por otro lado, tal confusión se explique. La agrupación no aclara cuál fue la fuente de la confusión, ni por qué se dio la instrucción de cancelar la operación. Ciertamente, de la instrucción de cancelar la operación, puede derivarse, lógicamente, el retiro del dinero de la cuenta bancaria. Pero, la agrupación no explica por qué se volvió a depositar varias veces el mismo día ni cuál fue el monto que se depositó varias veces el mismo día . La agrupación tampoco explica porqué salieron los cheques a nombre de un proveedor de servicios y no de quién ofreció en su momento el préstamo.

Es en verdad difícil pensar que la respuesta de la agrupación pudo ser más confusa. La agrupación no lograba ofrecer evidencia plena ni del origen ni del destino de recursos por un monto de 4,000,000.00 millones de pesos.

Con todo, y sorprendentemente, la agrupación, de modo totalmente extemporáneo, concretamente el día 22 de agosto de 2001, presenta un nuevo oficio en alcance al de fecha 20 de agosto de 2001. Ahí alega lo siguiente:

... como complemento del oficio 662 donde me solicita demuestre la procedencia de los ingresos, manifesté que solicitamos un crédito para poder cubrir nuestros compromisos pero cancelamos la operación. Ya que al consultar a este honorable instituto que tenía muchos pasivos, me dijo que sí los podría traer siempre y cuando se cubrieran en el siguiente ejercicio. Ese dinero lo necesitábamos para cubrir una parte del contrato con un proveedor contrato que todavía no se firmaba, por tal motivo teníamos listos los cheques en garantía, y el cheque con el que le íbamos a cubrir el anticipo, pero dicha operación no se llevó a acabo, y al cancelar las operaciones cometimos el error de depositar el préstamo y sacarlo.

Anexo: Contrato de mutuo por el préstamo obtenido el cual se canceló .

Este Consejo General tiene la convicción de que con esta respuesta, que se agrega al galimatías de la primera, la agrupación no produce sino más confusión y oscuridad. En primer lugar, no existe ninguna conexión lógica entre la decisión por parte de la agrupación de cancelar un pasivo contratado y el hecho de que verbalmente se le dijera, correctamente, que el pasivo podría ser contratado en un ejercicio, siempre y cuando se liquidara en el siguiente. Es decir, del hecho de que un pasivo pueda ser contratado en un ejercicio para ser pagado en el siguiente ejercicio no se deriva que el pasivo deba ser cancelado. No tiene ningún sentido lógico alegar semejante disparate. Tal pareciera, posteriormente, que consciente de que se ha contradicho en su primera respuesta al alegar que canceló un pasivo pagándole al proveedor, lo cual es otro absurdo la agrupación decide argumentar ahora que los cheques expedidos estaban en garantía .

Alega después la agrupación que con ... el cheque en realidad no era uno sino cuatro cheques] con que le íbamos a cubrir el anticipo, pero dicha operación no se llevó a cabo ... . Nuevamente, la agrupación alega sin sentido lógico alguno y, peor aún, lo hace a contrapelo de la evidencia proveída por ella misma: los cuatro cheques expedidos a nombre de American Consulting Enterprises fueron cobrados, según puede verse con toda nitidez en el estado de cuenta ofrecido como prueba por la agrupación. Peor aún: del análisis de las pólizas respectivas se desprende con toda nitidez que la agrupación no registró un cargo a acreedores con abono a bancos, para después cancelar el préstamo con un cargo a bancos con abono a proveedores; por el contrario, la agrupación cargó y abonó a la misma cuenta de bancos, con lo que no dejó huella en los registros contables de que un pasivo efectivamente adquirido (y tan fue adquirido como que la agrupación depositó el monto del hipotético préstamos en su cuenta bancaria) fue después cancelado. Todo el movimiento bancario no se tradujo efectivamente en registros contables que cabalmente se hicieran cargo de las circunstancias de modo en que, según se alega, se dieron los hechos.

Por otro lado, alega la agrupación que al cancelar las operaciones cometimos el error de depositar el préstamo y sacarlo . ¿Cuál fue exactamente el error al que alude la agrupación? ¿Cuál fue el monto del error? Del análisis del estado de cuenta bancaria presentado por la agrupación, se desprende con toda nitidez que el banco revierte un depósito por 1,000,000.00 de pesos, lo cual efectivamente pudo deberse a un error ( REV DEPOSITO / REV CHEQUE DEPOSITADO ). Pero ese alegato y su correspondiente prueba no tienen nada que ver con los hechos que motivaron la observación que originalmente se le hizo a la agrupación, ya que en el mismo estado de cuenta puede verse que, por otro lado, hay depósitos por 4,000,000.00 de pesos y retiros por 4,000,000.00 de pesos. Son esos 4,000,000.00 de pesos que entran y salen el mismo día los que motivaron la observación original de la Comisión de Fiscalización, y no el millón de pesos cuyo cargo y abono revirtió el propio banco como resultado, puede entenderse así, de un error.

Finalmente, el Dictamen Consolidado establece que efectivamente la agrupación ofreció junto con su escrito del 22 de agosto de 2001, un contrato de mutuo firmado por el Sr. Humberto Robledo Alvistegui y el Ing. David Sides Fuentes en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Agrupación Política Nacional Unidad Nacional Lombardista . Efectivamente, en el contrato puede verse que mutuante y mutuario acuerdan celebrar un contrato por 1,000,000.00 de pesos, precisamente el 21 de diciembre de 2000. Del análisis efectuado por la Comisión de Fiscalización se desprende que:

a) El contrato ampara un monto de 1,000,000.00 de pesos, y el problema observado a la agrupación fue de 4,000,000.00 de pesos.

b) Ahora el Sr. Robledo no es quien tramita un crédito para la agrupación, sino el prestamista de la agrupación.

c) El contrato presentado en modo alguno explica por qué la agrupación expidió cheques a nombre de American Consulting Enterprises.

El artículo 269, párrafo 2, incisos a), b), c) y e) del mismo ordenamiento establecen que se sancionará a los partidos y agrupaciones cuando incumplan con las obligaciones señaladas en el artículo 38 y demás disposiciones aplicables del Código Electoral Federal, cuando incumplan con las resoluciones o acuerdos del Consejo General, así como cuando no presenten los informes anuales en los términos y plazos previstos en la misma ley y cuando acepten aportaciones y donativos en contravención a lo establecido en el artículo 49, párrafos 2 y 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por otro lado, hay que tener presente que el artículo 269, párrafo 3, establece que la sanción prevista en el inciso e) de su primer párrafo, es decir, la sanción consistente en la cancelación del registro como agrupación política nacional, sólo podrá imponerse cuando el incumplimiento o infracción sea particularmente grave o sistemática, y en la especie esta autoridad no tiene ninguna respecto del carácter particularmente grave de la falta cometida por la agrupación.

Los párrafos 3 y 4 del artículo 269, en relación con el párrafo 2 del artículo 67 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen que la sanción consiste en la pérdida de registro sólo puede imponerse cuando la irregularidad sea grave o sistemática, mientras que el párrafo 4 del citado artículo y el párrafo 2 del artículo 67 expresamente regula lo concerniente a la pérdida de registro de las agrupaciones políticas nacionales.

Este Consejo General llega a la conclusión, inequívoca, de que la agrupación política nacional efectivamente no ha podido dar cuentas claras ni del origen de recursos por 4,000,000.00 de pesos, ni del destino de los mismos; y de que se puede presumir dolo, mala fe y la intención de ocultar, por lo anterior, la falta queda acreditada, se califica como particularmente grave, y conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, amerita una sanción.

El Consejo General llega a la conclusión de que con la irregularidad en estudio, no le ha sido posible a esta autoridad comprobar la veracidad de lo reportado en el Informe Anual de la agrupación política nacional denominada Unidad Nacional Lombardista.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que debe imponer a la agrupación política nacional denominada Unidad Nacional Lombardista la máxima sanción de que puede ser objeto de conformidad con el artículo 269, párrafo 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es decir, la cancelación de su registro como agrupación política nacional.

Adicionalmente, este Consejo General ordena al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral que dé cuenta a la Procuraduría General de la República del asunto que por esta vía se ha resuelto, para que en ejercicio de sus atribuciones determine lo conducente.

Dicha resolución le fue notificada al actor el veinticinco de septiembre pasado.

III. Mediante escrito presentado el primero de octubre pasado, la Agrupación Política Nacional, Unidad Nacional Lombardista, por conducto de su representante legal Carlota Patricia Zuarth Lazarín, impugnó la resolución antes transcrita, siendo tal escrito en lo conducente del siguiente tenor:

AGRAVIOS

PRIMERO.- El Dictamen consolidado que formula la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, presentado en la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral celebrada el 20 de septiembre del 2001, así como la resolución del Consejo General de dicho Instituto, carecen de la debida motivación y fundamentación de la que deben estar revestidos todos los actos de autoridad y por lo tanto, ese H. Tribunal debe revocar el acto reclamado al ser violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los diversos 35, 66, 67, 82, 86, 269, 270 y 271, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los dispositivos constitucionales establecen lo siguiente:

ARTICULO 14.

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En los Juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

ARTICULO 16.

Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

.

Los preceptos constitucionales previamente referidos, fueron del todo violados, tomando en consideración que la resolución reclamada en el presente punto, es contraria a la ley, además de los principios generales de derecho y por si fuese poco, no fue fundada y su motivación es incorrecta; A fin de fijar la litis, procedo a relacionar los diferentes dispositivos legales que tienen aplicación en el presente asunto.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

ARTICULO 35

10. Las agrupaciones políticas con registro, a fin de acreditar los gastos realizados, deberán presentar a más tardar en el mes de diciembre de cada año los comprobantes de los mismos. Ninguna agrupación política podrá recibir más del 20% del total del fondo constituido para este financiamiento.

11. Las agrupaciones políticas con registro, deberán presentar además, a la comisión de consejeros prevista en el artículo 49, párrafo 6, de este Código, un informe del ejercicio anterior sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad.

12. El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse a más tardar dentro de los 90 días siguientes al último día de diciembre del año en ejercicio que se reporte.

13. La agrupación política nacional perderá su registro por las siguientes causas:

a) Cuando se haya acordado su disolución por la mayoría de sus miembros;

b) Haberse dado las causas de disolución conforme a sus documentos básicos;

c) Omitir rendir el informe anual del origen y aplicación de sus recursos;

d) Por incumplir de manera grave con las disposiciones contenidas en este Código;

e) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro; y

f) Las demás que establezca este Código.

ARTICULO 49

6. Para la revisión de los informes que los partidos políticos y las agrupaciones políticas presenten sobre el origen y destino de sus recursos anuales y de campaña, según corresponda, así como para la vigilancia del manejo de sus recursos, se constituirá la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas. Esta comisión funcionará de manera permanente.

ARTICULO 49-A

1. Los partidos políticos y las agrupaciones políticas deberán presentar ante la Comisión del Instituto Federal Electoral a que se refiere el párrafo 6 del artículo anterior, los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:

a) Informes anuales:

I. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último de diciembre del año del ejercicio que se reporte; y

II. En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos y las agrupaciones políticas hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe.

b) Informes de campaña:

2. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos y las agrupaciones políticas se sujetará a las siguientes reglas:

a) La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas contará con sesenta días para revisar los informes anuales y con ciento veinte días para revisar los informes de campaña presentados por los partidos políticos y, en su caso, por las agrupaciones políticas. Tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido político y a las agrupaciones políticas, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes;

b) Si durante la revisión de los informes la comisión advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, notificará al partido político o a la agrupación política que hubiere incurrido en ellos, para que en un plazo de diez días contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes;

c) Al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de este párrafo o, en su caso, al concedido para la rectificación de errores u omisiones; la comisión dispondrá de un plazo de veinte días para elaborar un dictamen consolidado que deberá presentar al Consejo General dentro de los tres días siguientes a su conclusión;

d) El dictamen deberá contener por lo menos:

I. El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los partidos políticos y las agrupaciones políticas;

II. En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontradas en los mismos, y

III. El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos y las agrupaciones políticas, después de haberles notificado con ese fin.

e) En el Consejo General se presentará el dictamen y proyecto de resolución que haya formulado la comisión, procediendo a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes;

f) Los partidos así como las agrupaciones políticas, podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el dictamen y resolución que en su caso se emita por el Consejo General, en la forma y términos previstos en la ley de la materia; y

ARTICULO 49-B

2. La Comisión tendrá a su cargo entre otras atribuciones, las siguientes:

d) Solicitar a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas, cuando lo considere conveniente, rindan informe detallado respecto de sus ingresos y egresos;

j) Proporcionar a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas la orientación y asesoría necesarias para el cumplimiento de las obligaciones consignadas en este artículo, y

ARTICULO 67

2. En los casos a que se refieren los incisos c) al f) del párrafo 13 del artículo 35 y e) al h) del párrafo 1 del artículo anterior, la resolución del Consejo General del Instituto sobre la pérdida del registro de una agrupación política o de un partido político, según sea el caso, se publicará en el Diario Oficial de la Federación. No podrá resolverse sobre la pérdida de registro en los supuestos previstos en los incisos d) y e) del párrafo 13 del artículo 35 y e) y f) del párrafo 1 del artículo 66, sin que previamente se oiga en defensa a la agrupación política o al partido político interesado.

ARTICULO 82

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

k) Resolver en los términos de este Código, el otorgamiento del registro a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas, así como sobre la pérdida del mismo en los casos previstos en los incisos e) al h) del párrafo 1 del artículo 66 y c) al f del párrafo 13 del artículo 35, respectivamente, de este Código, emitir la declaratoria correspondiente y solicitar su publicación en el Diario Oficial de la Federación;

ARTICULO 85

1. La Junta General Ejecutiva del Instituto será presidida por el Presidente del Consejo y se integrará con el Secretario Ejecutivo y con los Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y de Administración.

ARTICULO 86

1. La Junta General Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes, siendo sus atribuciones las siguientes:

j) Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen de pérdida de registro de la agrupación política que se encuentre en cualquiera de los supuestos del artículo 35 de este Código.

l) Integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas, y en su caso, los de imposición de sanciones, en los términos que establece este Código; y

ARTICULO 269

1. Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, miembros o simpatizantes, podrán ser sancionados:

a) Con multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal;

b) Con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

c) Con la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

d) Con la suspensión de su registro como partido político o agrupación política;

e) Con la cancelación de su registro como partido político o agrupación política;

2. Las sanciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser impuestas cuando:

a) Incumplan con las obligaciones señaladas en el artículo 38 y demás disposiciones aplicables de este Código;

b) Incumplan con las resoluciones o acuerdos del Instituto Federal Electoral;

c) Acepten donativos o aportaciones económicas de las personas o entidades que no estén expresamente facultadas para ello o soliciten crédito a la banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades, en contravención a lo dispuesto por el artículo 49, párrafos 2 y 3, de este Código;

d) Acepten donativos o aportaciones económicas superiores a los límites señalados en el artículo 49, párrafo 11, inciso b), fracciones III y IV, de este Código;

e) No presenten los informes anuales o de campaña en los términos y plazos previstos en los artículos 35 y 49-A de este Código;

f) Sobrepasen durante la campaña electoral los topes a los gastos fijados conforme al artículo 182-A de este Código; y

g) Incurran en cualquier otra falta de las previstas en este Código.

3. Las sanciones previstas en los incisos c) al e) del párrafo 1 de este artículo, sólo podrán imponerse cuando el incumplimiento o infracción sea particularmente grave o sistemático. La violación a lo dispuesto en el inciso o) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código, se sancionará, si la infracción se comete durante las campañas electorales, con multa y la suspensión total o parcial de la prerrogativa prevista en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 47 de este mismo ordenamiento y sólo con multa si la misma se cometiese en cualquier otro tiempo.

4. Cuando la pérdida de registro obedezca a alguna de las causales previstas en los artículos 35 y 66, se estará a lo dispuesto en el artículo 67 de este Código.

ARTICULO 270

1. Para los efectos del artículo anterior, el Instituto Federal Electoral conocerá de las irregularidades en que haya incurrido un partido político o una agrupación política.

2. Una vez que tenga conocimiento de la irregularidad, el Instituto emplazará al partido político o a la agrupación política, para que en el plazo de cinco días conteste por escrito lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere pertinentes y, en su caso, la pericial contable. Si se considera necesaria la pericial, ésta será con cargo al partido político o a la agrupación política.

3. Para la integración del expediente, se podrá solicitar la información y documentación con que cuenten las instancias competentes del propio Instituto.

4. Concluido el plazo a que se refiere el párrafo 2 de este artículo, se formulará el dictamen correspondiente, al cual se someterá al Consejo General del Instituto para su determinación.

5. El Consejo General del Instituto Federal Electoral, para fijar la sanción correspondiente, tomará en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta. En caso de reincidencia se aplicará una sanción más severa.

6. Las resoluciones del Consejo General del Instituto, podrán ser recurridas ante el Tribunal Electoral, en los términos previstos por la ley de la materia.

ARTICULO 271

1. Para los efectos previstos en este título, sólo serán admitidas, las siguientes pruebas:

a) Documentales públicas y privadas;

b) Técnicas;

c) Pericial contable;

d) Presuncionales; y

e) Instrumental de actuaciones

2. Las pruebas deberán ser exhibidas junto con el escrito en el que se comparezca al procedimiento.

3. Ninguna prueba aportada fuera del plazo previsto para ello será tomada en cuenta.

De las disposiciones legales enunciadas anteriormente se desprende, entre otras cosas, las siguientes:

A. La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, tiene facultades para llevar a cabo la revisión de los informes que las agrupaciones políticas presentamos anualmente respecto del origen y destino de los recursos que se reciban por cualquier modalidad, según lo dispuesto por los artículos 35, párrafo 11 y 49-A, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

B. En términos de lo previsto por el numeral 49-A, párrafos 2 y 3 del propio Código, que a la letra dicen:

ARTICULO 49-A

2. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos y las agrupaciones políticas se sujetará a las siguientes reglas:

a) La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas contará con sesenta días para revisar los informes anuales y con ciento veinte días para revisar los informes de campaña presentados por los partidos políticos y, en su caso, por las agrupaciones políticas. Tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido político y a las agrupaciones políticas, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes;

b) Si durante la revisión de los informes la comisión advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, notificará al partido político o a la agrupación política que hubiere incurrido en ellos, para que en un plazo de diez días contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes;

c) Al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de este párrafo o, en su caso, al concedido para la rectificación de errores u omisiones, la comisión dispondrá de un plazo de veinte días para elaborar un dictamen consolidado que deberá presentar al Consejo General dentro de los tres días siguientes a su conclusión:

d) El dictamen deberá contener por lo menos:

I. El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los partidos políticos y las agrupaciones políticas;

II. En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontradas en los mismos; y

III. El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos y las agrupaciones políticas, después de haberles notificado con ese fin.

d) En el Consejo General se presentará el dictamen y proyecto de resolución que haya formulado la comisión, procediendo a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes;

e) Los partidos así como las agrupaciones políticas, podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el dictamen y resolución que en su caso se emita por el Consejo General, en la forma y términos previstos en la ley de la materia; y

Tenemos que las facultades de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas se encuentran acotadas a la revisión de los informes, a solicitar a los partidos o a las agrupaciones políticas aclaraciones o rectificaciones a los mismos; a elaborar un dictamen consolidado y un proyecto de acuerdo para ser sometidos al Consejo General del Instituto Federal Electoral.

C. El Consejo General, de conformidad con lo estipulado en el artículo 49-A, párrafo 2, inciso d), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales procede de ser el caso, a fijar la sanción correspondiente.

D. Según lo consignado en el numeral 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones pueden consistir en multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda por el periodo que señale la resolución, supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; suspensión de su registro como partido político o agrupación política; o cancelación de su registro como partido político o agrupación política.

E. Para que la sanción consistente en la cancelación del registro como partido político o agrupación política se actualice, se requiere que la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, conozca del asunto, integre el expediente, CONCEDA AL INTERESADO LA GARANTIA DE AUDIENCIA, formule el correspondiente dictamen y lo someta al Consejo General del Instituto para su determinación, según lo precisan los artículos 86, párrafo 1, incisos j) y l) 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que señalan:

ARTICULO 86

1. La Junta General Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes, siendo sus atribuciones las siguientes:

j) Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen de pérdida de registro de la agrupación política que se encuentre en cualquiera de los supuestos del artículo 35 de este Código:

l) Integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas, y en su caso, los de imposición de sanciones, en los términos que establece este Código; y

ARTICULO 270

1. Para los efectos del artículo anterior, el Instituto Federal Electoral conocerá de las irregularidades en que haya incurrido un partido político o una agrupación política.

2. Una vez que tenga conocimiento de la irregularidad, el Instituto emplazará al partido político o a la agrupación política, para que en el plazo de cinco días conteste por escrito lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere pertinentes y, en su caso, la pericial contable. Si se considera necesaria la pericial, ésta será con cargo al partido político o a la agrupación política.

3. Para la integración del expediente, se podrá solicitar la información y documentación con que cuente las instancias competentes del propio Instituto.

4. Concluido el plazo a que se refiere el párrafo 2 de este artículo, se formulará el dictamen correspondiente, el cual se someterá al Consejo General del Instituto para su determinación.

5. El Consejo General del Instituto Federal Electoral, para fijar la sanción correspondiente, tomará en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta. En caso de reincidencia se aplicará una sanción más severa.

F. En términos de lo expuesto por el primero de los numerales citados, el 86, párrafo 1 inciso j), es la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, la responsable de presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen de pérdida de registro de la agrupación política que se encuentre en cualquiera de los supuestos del artículo 35 del Código aplicable.

Esto es, el legislador no dejó lugar a la interpretación, con toda puntualidad consignó que al tratarse de la pérdida de registro de una agrupación política por cualquiera de los supuestos contenidos en el artículo 35 del Código de la Materia, la autoridad competente para presentar al Consejo General del Instituto el dictamen de pérdida de registro de una agrupación política nacional, es la Junta General Ejecutiva del propio Instituto, nunca refiere el código como autoridad competente para sus efectos a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, como en la especie sucedió.

En este sentido, tiene aplicación la Tesis Jurisprudencial 130, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la voz DISPOSICIONES ESPECIALES, publicada en la página 194, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación. Jurisprudencia 1917-1985. Octava parte. Común al Pleno y a las Salas que a la letra dice:

DISPOSICIONES ESPECIALES. Es bien sabido en derecho que las disposiciones especiales, como causa de excepción, son derogatorias de las reglas generales que contradicen

Quinta Epoca: Tomo II, Pág. 1007. Vélez Luis. Tomo IV, Pág. 365. The United Security Life lnsurance and Trust Company of Pensilvania. Tomo V, Pág. 834. Santos Alberto. Tomo VII, Pág. 829. Roldán Adalberto G. Tomo XVI, Pág. 777. Casillas García Juan.

En este caso, la norma contenida en el artículo 86, párrafo 1, inciso j) del Código Electoral, constituye una disposición especial, pues ordena que la competencia para conocer de los casos relacionados con la pérdida del registro por cualquiera de los supuestos contenidos en el precepto 35, recae en la Junta General Ejecutiva del Instituto, no la Comisión de Fiscalización que arbitrariamente se arrogó facultades que no le fueron conferidas. Por lo tanto al no tenerlas, carece de atribuciones fundadas en la ley para concederle a sus actos, valor con efecto legal alguno, por lo que sin tener competencia formuló el proyecto correspondiente que fue aprobado por el Consejo General.

G. El propio legislador concedió a la Junta General Ejecutiva de la Institución las facultades para integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas, y en su caso, los de imposición de sanciones, no a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, la que arbitrariamente se arrogó atribuciones que no le fueron conferidas.

H. De suma importancia resulta la terminología empleada por el legislador en el numeral 270 citando anteriormente que consignó en el párrafo 1 del precepto legal en comento como atribución del Instituto Federal Electoral, no de una de las Comisiones, la de conocer sobre las irregularidades en que hubiese incurrido un partido o agrupación política.

I. Cuando el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se refiere a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, lo hace mencionándola de manera expresa como puede constatarse en los numerales 49, párrafo 6, 49-A, párrafo 2, inciso a) y 80, párrafo 2, o bien, alude a ella citándola como la comisión de consejeros prevista en el artículo 49, párrafo 6 del Código, lo que se lee en los numerales 35, párrafo 11, 38, párrafo 1, inciso k), 49-A, párrafo 1, y 49-B, párrafo 1.

J. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 270, el Instituto al tener conocimiento de la irregularidad, emplaza al partido político o agrupación política para que en el plazo de cinco días conteste por escrito lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere pertinentes. Esto es, el legislador estableció que para la aplicación de sanciones primero tenía que oír en su defensa al partido o agrupación interesados, e incluso les posibilitó el ofrecimiento de pruebas, o sea, consignó de manera clara e inobjetable la garantía de audiencia que debía agotarse previamente a cualquier sanción y como un procedimiento adicional a cualquier otro previsto en la ley.

K. Que según lo consigna el párrafo 3 del artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para la integración del expediente, se podrá solicitar la información y documentación con que cuenten las instancias competentes del propio Instituto, entre ellas, precisamente la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas.

L. En términos de lo establecido en el párrafo 4 del artículo 270 del Código citado, concluido el plazo a que se refiere el párrafo 2 de ese mismo artículo, el Instituto formulará el dictamen correspondiente, el cual someterá al Consejo General para su determinación.

M. Que el inciso k) del artículo 86 del Código multicitado, refiere que es competencia de la Junta General Ejecutiva del Instituto la de presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen de pérdida de registro de la agrupación política que se encuentre en cualquiera de los supuestos del artículo 35 del Código, al respecto dicho numeral establece lo siguiente:

ARTICULO 35

13. La agrupación política nacional perderá su registro por las siguientes causas:

a) Cuando se haya acordado su disolución por la mayoría de sus miembros;

b) Haberse dado las causa de disolución con forme a sus documentos básicos;

c) Omitir rendir el informe anual del origen y aplicación de sus recursos;

d) Por incumplir de manera grave con las disposiciones contenidas en este Código;

e) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios pata obtener el registro; y

f) Las demás que establezca este Código.

En consecuencia, de las causales de pérdida de registro previstas en el artículo citado anteriormente, resultarían aplicables al caso concreto las consignadas en el inciso c), que se refiere a los informes sobre el origen y aplicación de los recursos; inciso d), al incumplimiento grave de las disposiciones contendidas en el Código; e inciso f), a las demás previstas en el ordenamiento legal, para que las que la única instancia facultada para conocer del asunto, otorgar la garantía de audiencia procurar, en su caso el desahogo de pruebas, integrar el expediente y formular el dictamen respectivo lo es la JUNTA GENERAL EJECUTIVA del Instituto Federal Electoral no la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, razón por la cual, el proyecto de resolución que esta última presentó al Consejo General del Instituto Federal Electoral en sesión del 20 de septiembre del año en curso y que al ser aprobado por mayoría de votos, adquirió el carácter de resolución, está viciada de nulidad por no estar debidamente fundada y motivada.

Lo anterior en virtud de que si bien es cierto, el Consejo General del Instituto Federal Electoral es la autoridad competente para conocer del otorgamiento del registro a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas, así como sobre la pérdida del mismo en los casos previstos en los incisos e) al h) del párrafo 1 del artículo 66 y c) al f) del párrafo 13 del artículo 35, respectivamente, del Código Electoral y emitir la declaratoria correspondiente, también lo es que para que ello sea procedente, se requiere que quien le presente el proyecto de dictamen de pérdida de registro, sea la JUNTA GENERAL EJECUTIVA, según lo previsto por el artículo 86, párrafo 1, inciso j) del código aludido.

Al respecto tiene aplicación la Tesis Jurisprudencial 902, emitida por la suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la voz FUNDAMENTACION Y MOTIVACION publicada en las páginas 1481 y 1482, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación. Jurisprudencia 1971-1988. Segunda parte. Salas y Tesis comunes. Volumen II, que a la letra dice:

902. FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.

Sexta Epoca, Tercera Parte: Vol. CXXXII. Pág. 49. A. R. 8280/67. Augusto Vallejo Olivo. 5 votos. Séptima Epoca, Tercera Parte: Vol. 14. Pág. 37. A.R. 3713/69. Elías Chain. 5 votos. Vol. 28. Pág. 11. A.R. 4115/68. Emeterio Rodríguez Romero y Coags. 5 votos. VoIs. 97-102. Pág. 61. A.R. 2478/75. María del Socorro Castrejón C. y otros y acumulado. Unanimidad de 4 votos. Vols. 97-102. Pág. 61. A.R. 5724/75. Ramiro Tarango R. y otros 5 votos.

Esta tesis apareció publicada con el NUMERO 373 en el Apéndice 1917-1985, TERCERA PARTE, Pág. 636 .

De la tesis jurisprudencial invocada se desprende que todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas, lo que en la especie no sucedió pues la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, no es competente para proponer al Consejo General del Instituto la pérdida o cancelación del registro de las agrupaciones políticas, sino que sus facultades llegan hasta las de proponer al Consejo General, le dé intervención a la Junta General Ejecutiva para que se avoque al conocimiento del asunto, integre el expediente, conceda el derecho de audiencia al interesado emplazándolo con las formalidades legales, para que conozca de la existencia de un procedimiento previo por causas graves, en demanda de la pérdida de su registro y comparezca a manifestar lo que a su interés y derecho convenga, esto es, acuda a defenderse de las imputaciones que se le formulan y ofrezca pruebas pudiendo apercibirlo para que en caso de que no lo haga, perderá ese derecho y la autoridad resolverá con los elementos con que cuente. Hecho lo anterior, la Junta General Ejecutiva, formula el proyecto de resolución que presenta al Consejo General del Instituto.

Es evidente que en las diligencias electorales que integran el Acuerdo del Consejo General que se combate, no existen actuaciones que acrediten haberse satisfecho la garantía de audiencia y por ende de haber sido oídos como lo ordena el artículo 67 párrafo 2 que dice: ... No podrá resolverse sobre la pérdida del registro en los supuestos previstos en los incisos d) y e) del párrafo 13 del artículo 35 sin que previamente se oiga en defensa a la agrupación política . Violación de la que fui objeto, porque este dispositivo en una interpretación sistemática y de conjunto la ley como un todo armónico, nos remite invariablemente al Artículo 270 el cual dice en su párrafo 1: ... para los efectos del artículo anterior (269 Artículo referible a las agrupaciones) , y agrega: el Instituto Federal Electoral conocerá de las irregularidades en que hayan incurrido y refiriéndose al párrafo 4 del numeral 269 dice: cuando la pérdida del registro obedezca a algunas de las causales previstas en los artículos 35 se estará a lo dispuesto por el artículo 67 de este Código . Dispositivo que se refiere al derecho de ser oídos la cual sólo puede surtirse previa la formalidad de emplazamiento y precisamente el procedimiento a la garantía de audiencia reclamada y violada nos lleva a la aplicación del artículo pasado por alto por la responsable. Precisamente el numeral 270 párrafo 2, el cual obliga al Instituto Federal Electoral a cumplir con aquella audiencia previa y con abrir un expediente autónomo debidamente integrado cuyo planteamiento verse sobre alguna de las irregularidades de las contempladas en el artículo 269. Llamamiento con el cual se me reclame de manera formal una irregularidad; esto para no dejarme en estado de indefensión y a mis espaldas dictar un Acuerdo violatorio que afecta a los intereses que represento, aprobando la cancelación del registro de la agrupación actora. En ese sentido la Autoridad Responsable con el acuerdo que se combate ha violado, pasando por alto los numerales que preciso causando a la agrupación que represento un agravio a los derechos de registro que como agrupación se tiene.

Cierto es que ese H. Tribunal emitió una tesis jurisprudencial sobre la fundamentación y motivación, la cual consideramos no resulta aplicable al caso, pues en ella se resolvió sobre la fundamentación y motivación de los lineamientos expedidos por el Consejo General del Instituto y lo que se está impugnando por este recurso es la falta de fundamentación y motivación del dictamen consolidado y de la resolución emitida por el Organo Superior de Dirección del Instituto Federal Electoral, razón por la que se insiste, dicha tesis del Tribunal Electoral, no resulta aplicable.

N. Otro aspecto que se destaca es que los dispositivos legales enunciados 269, 270 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se encuentran contenidos en el Título Quinto del Libro Quinto del Código, denominado De las faltas administrativas y de las sanciones , título en el que en ninguna parte hace referencia a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, pues en todo el texto el legislador fue muy claro al establecer como competente para el conocimiento de las faltas administrativas al Instituto Federal Electoral, si hubiese querido que quien llevase a cabo las funciones fuese la comisión, así lo habría estipulado, con una mención directa o indirecta tal y como quedó puntualizado en el apartado l) de este mismo primer agravio.

O. Tal parece que el criterio de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, es el de que son los únicos facultados para conocer de las faltas administrativas y formular el dictamen respectivo en el que se proponga la imposición de sanciones, sin embargo olvidan o parecen olvidar que el Título Quinto del Capítulo Quinto, también consigna como sujetos a infraccionar entre otros, a los observadores electorales, a los ministros de culto religioso, y a los notarios públicos, figuras a las que seguramente la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, no se le ha ocurrido investigar y proponer su sanción.

P. En estos términos, lo que debió haber sucedido y es lo que se advierte de la normatividad transcrita es que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, formulase el dictamen consolidado y señalara los errores, omisiones o irregularidades que hubiese advertido, proponiendo como proyecto de resolución para ser sometido al Consejo General del Instituto Federal Electoral, al dar intervención a la Junta General Ejecutiva del propio Instituto, para que en el ámbito de su competencia, se avocara al conocimiento del asunto realizando las actividades que le señala el artículo 270 del Código de la Materia y procediera a formular el proyecto de resolución que correspondiese una vez que a la Agrupación Política Nacional que represento se le hubiese otorgado su derecho de audiencia, pues en el presente caso, no he sido citado para defenderme, ni se me ha permitido ofrecer pruebas que acrediten la no existencia de las irregularidades consignadas en el dictamen consolidado.

Q. La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas pretendiendo ilegalmente obviar este paso, es decir, al mencionar en su dictamen que le giró oficio a la Agrupación Política Nacional que represento para que formulara aclaraciones al informe, está dando por sentado que agotó el derecho de audiencia previsto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 270, lo que no es verdad porque girar un oficio para aclaración de informe y cumplimentar un emplazamiento para instruir un procedimiento concentrado son cosas total y diametralmente diferentes.

En primer término, el ARTICULO 49-A, del propio Código Electoral, establece en el párrafo 2, el procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos y las agrupaciones políticas, el cual se sujeta, entre otras, a la regla prevista en el inciso b), que consigna: Si durante la revisión de los informes la comisión advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, notificará al partido político o a la agrupación política que hubiere incurrido en ellos, para que en un plazo de diez días contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes ; esto es, durante la etapa de la revisión de informes, la Comisión tiene facultades y las agrupaciones el derecho de solicitar y presentar, respectivamente, aclaraciones o rectificaciones.

Posteriormente, el inciso c) del artículo 49-A, en comento, establece: Al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de este párrafo o, en su caso, al concedido para la rectificación de errores u omisiones, la comisión dispondrá de un plazo de veinte días para elaborar un dictamen consolidado que deberá presentar al Consejo General dentro de los tres días siguientes a su conclusión:

Por su parte los numerales 86, párrafo 1 incisos j) y l) y 270, párrafos 2 y 4, del Código de la Materia, establecen la facultad de la Junta General Ejecutiva del Instituto para conocer de las infracciones en que hubiese incurrido un partido político o agrupación política, integrar el expediente y presentar su dictamen al Consejo General, pero para ello, debe emplazar al partido político o agrupación política interesados, concediéndoles un término de cinco días para que contesten por escrito lo que a su derecho convenga y aporten las pruebas que consideren pertinentes, lo que insiste, en el presente caso no ha sucedido, ya que la comisión nos envió un comunicado en los que nos solicitaba la aclaración o rectificación de algunos puntos, pero jamás hemos sido citados (emplazados) por la Junta General Ejecutiva o por el Instituto Federal Electoral, o por alguna otra de sus Unidades o Dependencias para que por escrito manifestemos lo que a nuestro interés convenga y aportemos las pruebas que estimemos conducentes.

Ahora bien, a fin de comprender el alcance de los términos EMPLAZARA a la agrupación política, para que en el plazo de cinco días conteste por escrito lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere pertinentes, empleado por el legislador en el párrafo 2 del artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y NOTIFICARA al partido político o a la agrupación política para que en un plazo de diez días contados a partir de dicha notificación presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes estipulado en el párrafo 2 del artículo 49-A del propio Código, resulta conveniente aducir a la definición que nos da Fernando Flores García en el Diccionario Jurídico Mexicano (1991), del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Editorial Porrúa, S.A. Universidad Nacional Autónoma de México. Cuarta Edición. Tomo III. Pág. 2104 que establece:

III. B) Un lugar preponderante debe dedicarse al emplazamiento acto procedimental que como notificación persigue dar a conocer al demandado la existencia de una demanda en su contra, y así enterarle de la petición del actor; y la oportunidad (carga procesal, aun cuando los ordenamientos procesales la califiquen de obligación ) de contestarla dentro de un plazo, que procesalmente hablando se entiende el lapso durante el cual se puede realizar la conducta ordenada por la ley o por el juez, en cualquiera de los días en él comprendidos, y por este motivo este acto trascendente recibe el nombre de emplazamiento , ya que el citado lapso no debe considerarse un término, en virtud de que este último es el advenimiento de una fecha, única en la que puede realizarse el proceder ordenado, y por ello el término es el fin del plazo.

El emplazamiento debe ser notificado personalmente en el domicilio del demandado, siempre que se trate de la primera notificación en el juicio aunque sean diligencias preparatorias .

Según dicho ordenamiento distrital (a. 259): Los efectos del emplazamiento son: I. Prevenir el juicio a favor del juez que lo hace; II. Sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el juez que lo emplazó siendo competente al tiempo de la citación aun cuando después deje de serlo en relación al demandado porque éste cambie de domicilio o por otro motivo legal; III. Obligar al demandado a contestar ante el juez que lo emplazó, salvo siempre el derecho de provocar la incompetencia; IV. Producir todas las consecuencias de la interpelación judicial, si por otros medios no se hubiere constituido ya en moral el obligado; V. Originar el interés legal en las obligaciones pecuniarias sin causa de réditos.

IV. C) La citación es un llamamiento Judicial hecho a persona determinada para que comparezca a un juzgado o tribunal, en día y hora que se le señale para realizar alguna diligencia o tomar conocimiento de una resolución o reclamación susceptible de afectar sus intereses (De Pina Milán).

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De las definiciones anteriores, obtenemos que el emplazamiento es un acto trascendental desde el aspecto procesal, ya que tiene por efectos el hacer saber de manera indubitable a alguna persona, la existencia de una demanda en su contra, a fin de que esté en posibilidad de acudir a defender sus derechos ante la autoridad que conoce de la causa, teniendo la oportunidad de alegar y ofrecer pruebas, el no atender dicho emplazamiento presupone la pérdida de esos derechos.

Mientras que la notificación para que la agrupación política acuda a presentar aclaraciones o rectificaciones, constituye una oportunidad que se le confiere al interesado precisamente para que aclare o corrija algún señalamiento en particular, so pena de que al no hacerlo, la autoridad resuelva con los elementos con los que cuenta.

En efecto, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas giro a la agrupación política que represento, un comunicado a fin de que aclarara o rectificara algún punto del informe, o sea, la Comisión hizo de nuestro conocimiento (nos citó) que teníamos que acudir ante ella en día y hora determinada para la realización de alguna diligencia, por tanto las actividades llevadas a cabo por la Comisión bien pudieran asimilarse a la citación.

Este es en sí el alcance que el legislador confirió el acto por el cual la Comisión por una parte y el Instituto por la otra deben hacer del conocimiento de un partido o agrupación política los aspectos relacionados con la revisión de informes previsto en el 49-A párrafo 2 y la existencia de un procedimiento tutelado por el Título Quinto del Libro Quinto del Código de la Materia.

En este apartado de los agravios, resultan aplicables las siguientes tesis jurisprudenciales pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que a la letra dicen:

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento . Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.

Amparo directo en revisión 2961/90. Opticas Devlin del Norte, S.A. Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora,

Tesis publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Epoca. Tomo II. Tesis: P./J. 47/95, Página: 133.

AUDIENCIA, ALCANCE DE LA GARANTIA DE. En los casos en que los actos reclamados impliquen privación de derechos, existe la obligación por parte de las autoridades responsables de dar oportunidad al agraviado para que exponga todo cuanto considere conveniente en defensa de sus intereses; obligación que resulta inexcusable aun cuando la ley que rige el acto reclamado no establezca tal garantía, toda vez que el artículo 14 de la Constitución Federal impone a todas las autoridades tal obligación y, consecuentemente su inobservancia dejaría a su arbitrio decidir acerca de los intereses de los particulares, con violación de la garantía establecida por el invocado precepto constitucional.

Séptima Epoca: Amparo en revisión 3364/49. Joaquín Velázquez Pineda y coags. Amparo en revisión 4722/70. Poblado de Las Cruces (ahora Francisco I. Madero), Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Amparo en revisión 3372/73. Carmen Gómez de Mendoza. Amparo en revisión 2422/73. Adolfo Cárdenas Guerra. Amparo en revisión 2712/73. Ernesto Elías Cañedo .

Tesis publicada en Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995. Segunda Sala. Séptima Epoca. Tomo VI. Pág. 54.

AUDIENCIA, GARANTIA DE CARGA DE LA PRUEBA PARA LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La afirmación del quejoso en el sentido de que no se le citó ni se le oyó en defensa, que integra una negativa, obliga a las responsables a demostrar lo contrario, para desvirtuar la violación del artículo 14 constitucional que se reclama.

Séptima Epoca: Amparo en revisión 5804/57. Santiago Nieto Lara y coags. Amparo en revisión 3494/73. J. Jesús Barragán Valencia y otros. Amparo en revisión 2667/73. Samuel Mondragón Quezadas. Amparo en revisión 1917/73. Vicente Brambila Alberto y otros. Volumen 66, pág. 49. Amparo en revisión 4055/73 .

Tesis publicada en Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995. Segunda Sala. Séptima Epoca. Tomo VI. Pág.61.

AUDIENCIA. GARANTIA DE. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCION NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO. La circunstancia de que no exista en la ley aplicable precepto alguno que imponga a la autoridad responsable la obligación de respetar a alguno de los interesados la garantía de previa audiencia para pronunciar la resolución de un asunto, cuando los actos reclamados lo perjudican, no exime a la autoridad de darle oportunidad de oírlo en defensa, en atención a que, en ausencia de precepto específico, se halla el mandato imperativo del artículo 14 constitucional que protege dicha garantía a favor de todos los gobernados, sin excepción.

Séptima Epoca: Amparo en revisión 831/64. Mercedes de la Rosa Puente. Amparo en revisión 2462/70. Poblado Villa Rica , Mpio. de Actopan, Veracruz. Amparo en revisión 4722/70. Poblado de Las Cruces, ahora Francisco I. Madero. Mpio. de Lagos de Moreno, Jalisco. Amparo en revisión 3372/73. Carmen Gómez de Mendoza. Amparo en revisión 2422/73. Adolfo Cárdenas Guerra.

Tesis publicada en Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995 Segunda Sala. Séptima Epoca. Tomo VI. Pág. 62.

AUDIENCIA, RESPETO A LA GARANTIA DE. DEBEN DARSE A CONOCER AL PARTICULAR LOS HECHOS Y MOTIVOS QUE ORIGINAN EL PROCEDIMIENTO QUE SE INICIE EN SU CONTRA. La garantía de audiencia consiste fundamentalmente en la oportunidad que se concede al particular de intervenir para poder defenderse, y esa intervención se puede concretar en dos aspectos esenciales, a saber: la posibilidad de rendir pruebas que acrediten los hechos en que se finque la defensa; y la de producir alegatos para apoyar esa defensa con las argumentaciones jurídicas que se estimen pertinentes. Esto presupone, obviamente, la necesidad de que los hechos y datos en los que la autoridad se basa para iniciar un procedimiento que puede culminar con privación de derechos, sean el conocimiento del particular, lo que se traduce siempre en un acto de notificación que tiene por finalidad que aquél se entere de cuáles son esos hechos y así esté en aptitud de defenderse. De lo contrario la audiencia resultaría prácticamente inútil, puesto que el presunto afectado no estaría en condiciones de saber que pruebas aportar o qué alegatos formular a fin de contradecir los argumentos de la autoridad, si no conoce las causas y los hechos en que ésta se apoya para iniciar un procedimiento que pudiera afectarlo en su esfera jurídica.

Séptima Epoca: Amparo en revisión 2592/85. Luis Salido Quiroz. Amparo en revisión 1487/85. Arcelia Velderráin de Chacón. Amparo en revisión 1558/85. Olivia Melis de Rivera. Amparo en revisión 1594/85. Ricardo Salido Ibarra. Amparo en revisión 1598/85. Dinora Toledo de Ruy Sánchez .

Tesis publicada en Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995. Segunda Sala. Séptima época. Tomo VI. Pág. 63.

No actuar conforme lo ordenado por la ley y las jurisprudencias transcritas, es hacerlo de manera arbitraria y así deberá resolverlo ese H. Tribunal, pues la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en primer término y el Consejo General del Instituto Federal Electoral en segundo lugar, dejaron de observar las disposiciones contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales y en el Código Electoral y en vez de someter su dictamen consolidado y su Proyecto de Resolución al Consejo General en el que le propusiera dar intervención a la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral para los efectos previstos en los artículos 86, 269 y 270, relacionados con lo dispuesto en el numeral 67 del propio Código, presenta un proyecto de resolución en el que propone y así es votado por el Consejo, la cancelación del registro de la Agrupación Política Nacional que represento, sin haberme dado la oportunidad de ser oído y vencido en juicio, pues se insiste aún en obvio de repetición, nunca fui EMPLAZADO, para contestar lo que a los intereses de la agrupación conviniese, ni tampoco se me permitió aportar pruebas en mi defensa, es más, hasta el momento de la notificación de la resolución del Consejo General del Instituto, ignoraba la existencia de irregularidades, pues tampoco me han sido comunicadas conforme a derecho, mediante un emplazamiento para tal efecto en los términos que previó el legislador al plasmar en el párrafo 2 del artículo 270 del Código citado, la figura del emplazamiento al interesado.

R. En la sesión del Consejo General del Instituto Federal Electoral, celebrada el 20 de septiembre del 2001, se llevó a cabo un intenso intercambio de opiniones, según consta en la transcripción mecanográfica de la versión estenográfica de la misma.

En dicha sesión, los representantes de los partidos políticos que hicieron uso de la palabra y uno de los Consejeros Electorales, argumentaron en el sentido de que no se estaba cumpliendo con la formalidad prevista en el Código Electoral y se estaba violentando el mismo al no otorgar el derecho de audiencia previsto en el numeral 270 a las organizaciones políticas interesadas.

Por su parte otros Consejeros Electorales, defendieron el punto de vista de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en el sentido de que el derecho de audiencia estaba agotado al enviar comunicados a las agrupaciones políticas para que se aclararan o corrigieran algún punto del informe.

Destaca las manifestaciones del Dr. Jaime Cárdenas, en ese sentido de que el plazo concedido en el artículo 49-A, párrafo 2, inciso b), de diez días para que las agrupaciones corrijan los errores es más amplio que el otorgado por el numeral 270, párrafo 2 del Código Electoral y por tanto dicho derecho de audiencia queda otorgado en abundancia.

Argumento que estimamos no es correcto, dado que se trata de dos momentos procesales diferentes y de dos plazos igualmente diferentes, pues en el primer caso, el artículo 49-A, párrafo 2, inciso b), solamente consigna lo siguiente:

ARTICULO 49-A

2...

b) Si durante la revisión de los informes la comisión advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, notificará al partido político o a la agrupación política que hubiere incurrido en ellos, para que en un plazo de diez días contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes.

Esto es, la función de la comisión es notificar al partido o agrupación la EXISTENCIA DE ERRORES U OMISIONES TECNICAS, PARA QUE EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS PRESENTE ACLARACIONES O RECTIFICACIONES. Mientras que el artículo 270, párrafo 2, consigna un procedimiento diferente y especial:

ARTICULO 270

2. Una vez que tenga conocimiento de la irregularidad, el Instituto emplazará al partido político o a la agrupación política, para que en el plazo de cinco días conteste por escrito lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere pertinentes y, en su caso, la pericial contable. Si se considera necesaria la pericial, ésta será con cargo al partido político o a la agrupación política.

Esto es, el plazo de cinco días que el legislador consignó en este numeral para que el interesado acudiera a manifestar lo que a sus intereses conviniese y aportara las pruebas que estimara procedentes es un término que empieza a correr al dar inicio el procedimiento de imposición de sanción, entre las que se encuentra, la de la cancelación o pérdida del registro de las agrupaciones políticas, lapso que no tiene nada que ver con el consignado en el artículo 49-A en comento, pues de la interpretación gramatical y sistemática de los diferentes preceptos legales involucrados, 35, 49, 49-A, 49-B, 66, 67, 82, 86, 269 y 270, del Código Electoral, se llega a la conclusión de que las facultades que el legislador confirió a la Comisión de Fiscalización terminan en la formulación del dictamen consolidado y, de ser el caso, en formular la propuesta de acuerdo al Consejo General, para dar intervención a la Junta General Ejecutiva del Instituto a fin de que se avoque al conocimiento del asunto, lo que así deberá ser determinado por ese H. Tribunal.

Si así se quiere ver, el legislador concedió un plazo de quince días a los partidos y agrupaciones políticas para lo relacionado con los informes que deben rendirse a la Comisión respectiva, en un primer momento determinó el de diez días para aclarar o rectificar errores y omisiones y vencido este plazo y por motivo de que en la revisión se encontraran irregularidades, inicia uno de cinco días para defenderse de las imputaciones que fueran formuladas y ofrecer pruebas de su parte.

El término de diez días que se otorga para corregir errores técnicos o formular rectificaciones, es eso, es un plazo para formular correcciones, mientras que el de cinco días para que conteste y alegue lo que a sus intereses convenga y ofrezca pruebas, por haber encontrado irregularidades en los informes es el lapso con que cuenta el interesado para defenderse y probar que no son ciertas las imputaciones formuladas, las cuales, en este caso, necesariamente surgen de la revisión del informe anual sobre ingresos y gastos que presentamos, en el supuesto de que no existan irregularidades que reportar, este espacio de cinco días no se utiliza, pero, se insiste son dos momentos procesales diferentes y no uno sólo como lo quiere ver uno de los consejeros electorales.

Finalmente por lo que toca a este punto, se argumenta que de conformidad con las tesis de jurisprudencia transcritas anteriormente, aun y en el supuesto de que en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no existiera la mención de un procedimiento especial que debe seguirse cuando se trate de la pérdida del registro de un partido o agrupación política, la autoridad está obligada a concederlo, pues como señalan las tesis referidas en el apartado Q), de este agravio ... La circunstancia de que no exista en la ley aplicable precepto alguno que imponga a la autoridad responsable la obligación de respetar a alguno de los interesados la garantía de previa audiencia para pronunciar la resolución de un asunto, cuando los actos reclamados lo perjudican, no exime a la autoridad de darle oportunidad de oírlo en defensa, en atención a que, en ausencia de precepto específico, se halla el mandato imperativo del artículo 14 constitucional que protege dicha garantía a favor de todos los gobernados, sin excepción .

S. En la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral pronunciada en la sesión ordinaria del 20 de septiembre del 2001, destaca lo consignado en las fojas 163 y 167 de la misma, que establecen lo siguiente:

El artículo 269, párrafo 2, incisos a), b), c) y e) del mismo ordenamiento establecen que se sancionará a los partidos y agrupaciones cuando incumplan con las obligaciones señaladas en el artículo 38 y demás disposiciones aplicables del Código Electoral Federal, cuando incumplan con las resoluciones o acuerdos del Consejo General, así como cuando no presenten los informes anuales en los términos y plazos previstos en la misma ley y cuando acepten aportaciones y donativos en contravención a lo establecido en el artículo 49, párrafos 2 y 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por otro lado, hay que tener presente que el artículo 269, párrafo 3, establece que la sanción prevista en el inciso e) de su primer párrafo, es decir, la sanción consistente en cancelación del registro como agrupación política nacional, sólo podrá imponerse cuando el incumplimiento o infracción sea particularmente grave o sistemática, y en la especie esta autoridad no tiene ninguna duda respecto del carácter particularmente grave de la falta cometida por la agrupación.

Los párrafos 3 y 4 del artículo 269, en relación con el párrafo 2 del artículo 67 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen que la sanción consistente en la pérdida de registro sólo puede imponerse cuando la irregularidad sea grave o sistemática, mientras que el párrafo 4 del citado artículo (sic) y el párrafo 2 del artículo 67 expresamente regula (sic) lo correspondiente a la pérdida de registro de las agrupaciones nacionales.

Este Consejo General llega a la conclusión inequívoca de que la agrupación política nacional efectivamente no ha podido dar cuentas claras ni del origen de recursos por 4 000,000.00 de pesos, ni del destino de los mismos; y de que se puede presumir dolo, mala fe y la intención de ocultar. Por lo anterior, la falta queda acreditada, se califica como particularmente grave, y conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, amerita una sanción.

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Respecto del último párrafo transcrito, ¿de qué manera presupone el Consejo General que iba a acreditar el origen y destino de esos recursos si no se me dio mi derecho de audiencia?

Por lo que hace a la clasificación de la gravedad de la falta, resultan aplicables las tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de dos asunto ajenos al ámbito electoral, pero que por tratarse de la aplicabilidad del principio de gravedad de la falta se actualizan para el mismo, estas tesis fueron publicadas en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, contenido en el CD IUS 9.

PROTECCION AL CONSUMIDOR. EL ARTICULO 128, SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA ES INCONSTITUCIONAL EN CUANTO OMITE ESTABLECER LOS DATOS QUE PERMITAN A LA AUTORIDAD DEFINIR LOS CASOS PARTICULARMENTE GRAVES . PARA EFECTO DE LA IMPOSICION DE LA SANCION DE CLAUSURA. El segundo párrafo del artículo 128, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica que prevé, el artículo 16 de la Constitución General de la República, porque omite definir los elementos de juicio que permitan a la autoridad establecer los casos particularmente graves , que deben sancionarse con clausura. Dicha disposición prevé, la clausura del establecimiento hasta por un plazo de quince días, sin precisar cuáles son las infracciones a la propia Ley que ameritan tal sanción, como sí lo hace tratándose de infracciones a las que corresponde una sanción de naturaleza económica; además, tampoco define los parámetros o lineamientos que han de servir a la autoridad aplicadora para calificar como particularmente grave , una infracción. Cabe hacer notar que para efectos de establecer los criterios que lleven a la autoridad a establecer la sanción administrativa de clausura, no resulta aplicable el artículo 132 de la propia Ley, pues este precepto únicamente permite determinar o fijar la sanción que en cada caso corresponda, entre los extremos mínimo y máximo permitidos, pero no define los casos particularmente graves. Así, el referido artículo 128, segundo párrafo de la Ley Federal de Protección al Consumidor, es violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el invocado artículo 16 constitucional, porque deja a los particulares en estado de indefensión, al desconocer éstos los motivos y razones que conducen a la autoridad sancionadora a calificar como particularmente grave la infracción que se les atribuya.

Amparo en revisión 557/95. Espectáculos y Diversiones Luci, S.A. 11 de marzo de 1966. Unanimidad de nueve votos .

Igual sucede en el presente caso en el que al no existir un parámetro que establezca como calificar la gravedad de la falta, la disposición contenida en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales resulta violatoria de lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional.

RESCISION DE LA RELACION DE TRABAJO CON ANTIGÜEDAD DE VEINTE AÑOS. APLICACION DEL ARTICULO 161 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. El artículo 161 de la Ley Federal del Trabajo de 1970, consigna una disposición que tiende a proteger los derechos de los trabajadores cuando éstos alcancen una antigüedad de 20 años o más al servicio del patrón, que consiste en que su contrato de trabajo no puede ser rescindido válidamente, aun en el caso de que el trabajador incurra en alguna de las hipótesis señaladas en las diversas fracciones del artículo 47 de la propia Ley, a menos que la falta cometida sea particularmente grave o que haga imposible la continuación de la relación de trabajo. Si esto último no sucede, el patrón sólo podrá aplicar la medida disciplinaria a que está, autorizado de conformidad con los instrumentos legales respectivos.

Séptima Epoca: Amparo directo 5370/78. Gonzalo Moreno Vélez. 19 de febrero de 1979. Cinco votos. Amparo directo 6675/78. Gilberto Sánchez González. 19 de marzo da 1979. Cinco votos. Amparo directo 279/79. Santiago Sánchez Aguayo. 25 de junio de 1979. Unanimidad de cuatro votos. Amparo directo 2956/79. Luis Gutiérrez Trejo. 6 de agosto de 1979. Cinco votos. Amparo directo 1624/79. Miraflores, S.A. 8 de agosto de 1979. Cinco votos .

De acuerdo con una interpretación gramatical, sistemática, funcional y armónica, sólo se da el supuesto de la imposibilidad de la continuación del trabajo cuando por razones propias de la fuente de trabajo, el patrón tiene que estar en íntima relación con el trabajador; si no es el caso, no existe ningún otro supuesto en el que se pueda argumentar que es imposible dicha continuación.

Por su parte, el diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, Madrid 1992. Vigésima primera edición, editorial Espasa Calpe. Págs. 1057 y 1888, consigna lo siguiente:

grave. (Del Lat. Gravis.) Adj. Dícese de lo que pesa. ½.

Grande de mucha entidad o importancia.

gravedad. (Del lat. gravitas,. atis.). f. 3. Enormidad exceso. ...

sistemático, ca. (Del Lat. systematicus, y este del gr. ovornuatixóc) adj. Que sigue o se ajusta a un sistema. ½ Dícese de la persona que procede por principios, y con rigidez en su tenor de vida o en sus escritos, opiniones, etcétera. 1/3. F. Biol. Ciencia que estudia la clasificación de las especies con arreglo a su historia evolutiva o filogenia.

Se insiste en que de haberse realizado una interpretación en los términos ordenados por el artículo 3 del Código Electoral Federal, la conclusión hubiese sido otra, pues de acuerdo a las definiciones transcritas anteriormente, grave o gravedad es algo verdaderamente grande, de tal importancia, de tal enormidad que de suyo vuelve imposible la continuación de una relación o en este caso el que una agrupación política conserve su registro como tal y por lo que respecta a sistemático, aparentemente el legislador empleo el término como sinónimo de repetición, esto es, algo que una agrupación, no obstante que se le hubiese advertido no hacer algo, continuara repitiéndolo en franco enfrentamiento a la autoridad, sin embargo, el alcance de la definición es otro, por lo que en consecuencia no resulta aplicable, aun y cuando se consigna en la ley electoral vigente, por lo que su empleo o utilización resulta de igual manera violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales.

Llama la atención que en los cuatro párrafos que fueron transcritos anteriormente, la autoridad parafrasea el contenido de las disposiciones legales pero por algún descuido, o error, o quizás por el GALIMATIAS -término empleado por la autoridad en el último párrafo de la foja 101 de la Resolución impugnada-, que se les formó a la hora de resolver, olvidó o pasó por alto o no vio que el párrafo 2 del artículo 67 del Código Electoral Federal, CONSIGNA SIN LUGAR A DUDAS QUE AL TRATARSE DE LA PERDIDA DE REGISTRO, NO PODRA RESOLVERSE SIN QUE PREVIAMENTE SE OIGA EN DEFENSA AL PARTIDO O AGRUPACION POLITICA INTERESADOS.

Que asimismo, el numeral 269, párrafo 4, citada por la autoridad, no dice lo que la autoridad cree que señala sino que consigna con toda precisión que CUANDO LA PERDIDA DE REGISTRO OBEDEZCA A ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTICULOS 35 Y 66, SE ESTARA A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 67 DE ESTE CODIGO. , el cual, como vimos, regula el derecho de audiencia al interesado para que acuda a defenderse.

Por las razones invocadas, ese H. Tribunal deberá declarar fundado el presente agravio y revocar la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, pronunciada en sesión del 20 de septiembre de 2001, así como el correspondiente dictamen consolidado en la parte relativa a las conclusiones finales y al proyecto de acuerdo que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, presento al propio Consejo.

SEGUNDO:- El dictamen consolidado de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas presentado al Consejo General del Instituto Federal Electoral y la resolución de este cuerpo colegiado por la cual determina la cancelación del registro de la Agrupación Política Nacional que represento, aprobada en sesión ordinaria del 20 de septiembre del 2001, nos causa agravio, dado que la misma no fue dictada conforme a derecho, sin que se hubiese realizado una interpretación adecuada del articulado del Código Electoral tal y como lo mandata el artículo 3 del propio ordenamiento legal, en franca violación a las garantías de legalidad y segundad jurídicas contenidas en los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, párrafo 13, inciso d), 67, párrafo 2, incisos a), b) y e) y párrafos 3 y 4 y 270, párrafos 2 y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Esto es, si la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas hubiese realizado la interpretación de los diferentes numerales aplicables, conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución, tal y como lo establece el artículo 3, párrafo 2 del Código de la Materia, la conclusión hubiese sido otra, nunca la de proponer arrogándose atribuciones no conferidas, la cancelación del registro de la agrupación política nacional que represento.

Lo anterior se evidencia al leer en capítulo de conclusiones finales, tomo X, que consigna en la hoja 25 primer párrafo, lo siguiente:

por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en los artículos 35, párrafo 13, inciso d) y 269, párrafo 2, incisos a), b) y e) y párrafos 3 y 4 en relación con el artículo 67, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales .

A fin de entender de que se trata debe señalarse lo que consigna cada artículo en lo particular:

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

ARTICULO 35

13. La agrupación política nacional perderá su registro por las siguientes causas:

d) Por incumplir de manera grave con las disposiciones contenidas en este Código;

ARTICULO 67

2. En los casos a que se refieren los incisos c) al f) del párrafo 13 del artículo 35 y e) al h) del párrafo 1 del artículo anterior, la resolución del Consejo General del Instituto sobre la pérdida del registro de una agrupación política o de un partido político, según sea el caso, se publicará en el Diario Oficial de la Federación. No podrá resolverse sobre la pérdida de registro en los supuestos previstos en los incisos d) y e) del párrafo 13 del artículo 35 y e) y f) del párrafo 1 del artículo 66, sin que previamente se oiga en defensa a la agrupación política o al partido político interesado.

ARTICULO 269

2. Las sanciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser impuestas cuando:

a) Incumplan con las obligaciones señaladas en el artículo 38 y demás disposiciones aplicables de este Código;

b) Incumplan con las resoluciones o acuerdos del Instituto Federal Electoral;

e) No presenten los informes anuales o de campaña en los términos y plazos previstos en los artículos 35 y 49-A de este Código;

3. Las sanciones previstas en los incisos c) al e) del párrafo 1 de este artículo, sólo podrán imponerse cuando el incumplimiento o infracción sea particularmente grave o sistemático. La violación a lo dispuesto en el inciso o) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código, se sancionará, si la infracción se comete durante las campañas electorales, con multa y la suspensión total o parcial de la prerrogativa prevista en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 47 de este mismo ordenamiento y sólo con multa si la misma se cometiese en cualquier otro tiempo.

4. Cuando la pérdida de registro obedezca a alguna de las causales previstas en los artículos 35 y 66, se estará a lo dispuesto en el artículo 67 de este Código.

De los preceptos legales enunciados se advierte que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, no llevó a cabo la interpretación de los mismos conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución, según se consigna en el artículo 3, párrafo 2 del Código Electoral, pues de la simple lectura del numeral 67, párrafo 2, invocado por la Comisión se concluye que para determinar sobre la pérdida de registro de una agrupación política o de un partido, por alguno de los supuestos previstos en los incisos d) y e) del párrafo 13 del artículo 35 y e) y f) del párrafo 1 del artículo 66, como requisito sine qua non, debe previamente, oírse en defensa a la agrupación política o al partido político interesado, sin que sea permitido pretender obviar un acto de naturaleza trascendental con el envío de comunicaciones a las agrupaciones para que se presentaran aclaraciones o rectificaciones al informe.

Garantía de audiencia que no se nos concedió, no obstante que la Comisión concluye su dictamen consolidado y formula su propuesta de acuerdo, basados en lo dispuesto en los artículos 35, párrafo 13, inciso d), 269 párrafo 2, incisos a), b) y e) y párrafos 3 y 4 en relación con el 67, párrafo 2 del Código aplicable, sugiriendo al Consejo General, determinara la cancelación del registro de la agrupación política que represento sin que previamente nos fuera concedido nuestro derecho de audiencia, simplemente por no haber interpretado de manera adecuada a las disposiciones legales aplicables.

Al respecto, tienen aplicación las tesis emitidas por ese H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicadas en la página trife.gob.mx que a la letra dicen:

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CRITERIOS PARA SU INTERPRETACION JURIDICA. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la interpretación jurídica de las disposiciones del propio Código se debe hacer conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El criterio de interpretación gramatical, básicamente consiste en precisar el significado del lenguaje legal que se emplea en determinado precepto jurídico, cuando genera dudas o produce confusiones, ya sea porque alguno o algunos de los términos empleados por el legislador no se encuentran definidos dentro de su contexto normativo, o bien, porque los vocablos utilizados tienen diversos significados. El criterio sistemático consiste en determinar el sentido y alcance de una disposición, cuando la misma resulta contradictoria o incongruente con otras disposiciones o principios pertenecientes al mismo contexto normativo. Conforme al criterio funcional, para interpretar el sentido de una disposición que genera dudas en cuanto a su aplicación, se deben tomar en cuenta los diversos factores relacionados con la creación, aplicación y funcionamiento de la norma jurídica en cuestión, que no pertenezcan a los criterios de interpretación gramatical y sistemático. Siendo el factor que tiene mayor relevancia, el de la intención o voluntad del legislador, incluyendo todos los intrincados problemas acerca de los propósitos e intereses que influyen en el Derecho. Ahora bien, la enunciación que hace el artículo 3 del Código de la materia respecto de estos criterios de interpretación jurídica, no implica que se tengan que aplicar en el orden en que están referidos, sino en función del que se estime más conveniente para esclarecer el sentido de la disposición respectiva.

SC-I-RAP-500/94. Partido de la Revolución Democrática. 22-VI-94. Unanimidad de votos. SC-l-RIN-241/94. Partido de la Revolución Democrática. 10-X-94. Unanimidad de votos.

NORMAS JURIDICAS. CONGRUENCIA ENTRE ELLAS.- Es de explorado derecho que dos normas pertenecientes a un mismo ordenamiento legal, deben ser congruentes entre sí, de tal manera que la observancia de una no puede acarrear simultáneamente el incumplimiento de la otra.

SC-I-RAP-030/94. Partido Acción Nacional. 11-V-94. Unanimidad de votos.

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SUS ACUERDOS DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LEGALIDAD. El Consejo General del Instituto Federal Electoral es un cuerpo colegiado y la circunstancia de que sus acuerdos se tomen por votación mayoritaria de sus integrantes, no lo exime de cumplir con los requisitos de legalidad que debe revestir todo acto de autoridad, pues de otra forma estaríamos ante el absurdo de que todos los acuerdos tomados bajo esa votación mayoritaria sean o no legales, fuesen inimpugnables. El Consejo designó por mayoría del órgano responsable a tres de sus integrantes para realizar operaciones aritméticas, ello es legal acorde con lo previsto en el artículo 80, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que establece la facultad del Consejo General de integrar las comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, con el número de miembros que para cada caso acuerde, lo que de ninguna manera debe implicar la delegación de la facultad decisoria que compete exclusivamente al Consejo General y no a comisión alguna.

SC-l-RA-001/94. Partido de la Revolución Democrática. 17-1-94. Unanimidad de votos.

TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL. GARANTE DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. El Tribunal Federal Electoral como garante del principio de legalidad, está obligado a examinar todas las presuntas violaciones que sobre dicho principio se hagan valer a través de los recursos respectivos, a fin de determinar, si se actualizan las causas de nulidad establecidas en el Código de la materia y resolver conforme a derecho, tomando siempre en cuenta que al dictar su resolución está obligado a analizar en forma integral el escrito del recurrente, ya que conforme al principio procesal de exhaustividad, no puede basar sus fallos en un examen aislado de los agravios hechos valer.

SC-l-RI-EX-001/92 Y ACUMULADO. Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 17-VI-92. Unanimidad de votos.

Por las razones expuestas ese H. Tribunal, debe declarar fundado el agravio y dejar sin efectos el acto reclamado, pues en todo caso el proyecto de acuerdo que la Comisión presentará al Consejo debió ser en el sentido de dar intervención a la Junta General Ejecutiva del Instituto para que de acuerdo a sus facultades, integrara el expediente respectivo y después de haberme permitido alegar a sus facultades, integrara el expediente respectivo y después de haberme permitido alegar lo que a los intereses de la agrupación política nacional conviniese y desahogase las pruebas correspondientes, formulara el dictamen que en derecho procediese.

TERCERO. El dictamen consolidado y la resolución que se combaten causan agravios a mi representada, en virtud de que la determinación de la cancelación del registro como Agrupación Política Nacional, sólo puede decretarse cuando el incumplimiento o infracción sea particularmente grave o sistemático, según consigna el párrafo 3 del artículo 269 del Código Electoral, situación que en el presente caso no se da, pues si bien es cierto que en nuestro informe de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio del 2000, pudieran haber existido errores u omisiones, éstos de ninguna manera resultan de una gravedad tal que hagan imposible el que la agrupación política que represento deje de participar en el escenario político del país, coadyuvando el desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada, por lo que el acto reclamado resulta violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales.

Al respecto, resulta pertinente referir lo que en el dictamen consolidado (página 25, del rubro conclusiones finales ) que formuló la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, se consigna respecto de la agrupación política que represento, cita que se repite en las fojas 157 y 158 de la Resolución del Consejo General, impugnados.

5.3.38. Agrupación Política Nacional Lombardista

La Agrupación política no comprobó el origen de sus ingresos y el destino de sus egresos cada uno por un importe de $4 000,000.00:

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 34, párrafo 4, en relación con el 49, párrafo 2, 35, párrafo 11, 38, párrafo 1, inciso k y 49-A, párrafo 1, inciso a) fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1.1, 3.1, 7.1, 11.1, 12.1 y 14.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos y catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en los artículos 35, párrafo 13, inciso d) y 269, párrafo 2, incisos a), b) y e) y párrafos 3 y 4 en relación con el artículo 67, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales .

Por principio de cuentas debe señalarse lo que consigna cada artículo en lo particular:

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES:

ARTICULO 34

4. A las agrupaciones políticas nacionales les será aplicable en lo conducente, lo dispuesto por los artículos 38, 49-A y 49-B, así como lo establecido en los párrafos 2 y 3 del artículo 49 de este Código.

ARTICULO 35

11. Las agrupaciones políticas con registro, deberán presentar además, a la comisión de consejeros prevista en el artículo 49, párrafo 6, de este Código, un informe del ejercicio anterior sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad.

ARTICULO 38

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

k) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la comisión de consejeros a que se refiere el párrafo 6 del artículo 49 de este Código, así como entregar la documentación que la propia comisión le solicite respecto de sus ingresos y egresos.

ARTICULO 49

2. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:

a) al g)

ARTICULO 49-A

1. Los partidos políticos y las agrupaciones políticas deberán presentar ante la Comisión del Instituto Federal Electoral a que se refiere el párrafo 6 del artículo anterior, los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:

a) Informes anuales:

II. En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos y las agrupaciones políticas hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe

De los anteriores dispositivos legales se advierte lo siguiente:

A. El artículo 34 del Código Electoral, consigna que a las agrupaciones políticas les será aplicable lo dispuesto en los artículos 38, 49, párrafos 2 y 3, 49-A y 49-B, del propio Código, dispositivos legales que no he dejado de observar, ya que la actuación de la agrupación se ha regido entre otras disposiciones por las consignadas en el numeral 38, del que por cierto, se dice infringí lo establecido en el inciso k) del párrafo 1, esto es, de las 19 fracciones que se contienen en dicho precepto se menciona que incumplí una, pregunto ¿En dónde está la gravedad de la conducta asumida por la agrupación?

El 49 párrafo 2, señala que queda prohibido realizar aportaciones a los partidos políticos a siete diferentes entes y los identifica con incisos que van del a) al g), y el párrafo 3, consigna la prohibición de solicitar créditos a la banca de desarrollo para financiar las actividades de los partidos y la de recibir aportaciones de personas no identificadas.

Sin embargo, en ninguna parte de todo el dictamen consolidado, sus conclusiones finales o en la resolución del Consejo General impugnados, se consigna que la agrupación política que represento, hubiese recibido aportaciones o donativos de algún sujeto prohibido por la ley, mucho menos se identifica al mismo, sólo al resolver, se dice que violenté, entre otros, lo establecido en el artículo 49 párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, esto es, la autoridad solamente indica un precepto legal que a su juicio infringí, pero no motiva el razonamiento, o sea, no indica como lo violenté, lo que me deja en estado de indefensión al no poder oponer mis excepciones y defensas en forma debida.

A este respecto tiene aplicación la tesis jurisprudencial 902, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la voz FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, citada anteriormente y que en obvio de repetición solicito que se tenga como por insertada a la letra.

Asimismo, el artículo 34, párrafo 4 del Código aludido, consigna además que a las agrupaciones políticas les resulta aplicable lo consignado en los artículos 49-A y 49-B.

Como es sabido, estos dos últimos numerales se refieren a la obligatoriedad de rendir informes a la Comisión respectiva, lo que en la especie sucedió, pues la misma comisión reconoce que presenté el informe correspondiente, el que éste haya tenido errores, no da lugar a que se tenga por violentando las disposiciones mencionadas y sí, por otra parte, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, olvida que el inciso j) del párrafo 2 del artículo 49-B del Código aplicable, le señala con meridiana claridad que es su obligación la de proporcionar a los partidos y a las agrupaciones políticas la orientación y asesorías necesarias para que en cumplimiento de las obligaciones consignadas en dicho precepto legal, cosa que no hizo.

B. De igual manera, en la hoja 25 del apartado conclusiones finales , transcrito anteriormente, la Comisión, señala pretendiendo fundamentar su decisión que la conducta de la agrupación incumple lo previsto en el artículo 35, párrafo 11 del Código de la materia, a este respecto se argumenta en los términos del párrafo anterior, ya que el informe si se presentó, tan es así que fuimos requeridos para aclarar las dudas que surgieron durante la revisión del mismo y tanto en el dictamen consolidado como en la resolución, la Comisión y luego el Consejo, asientan que el 14 de mayo del 2001, la Agrupación Política entregó su informe.

Por las razones expuestas ese H. Tribunal, debe declarar fundado el agravio y dejar sin efectos el acto reclamado, ya que el mismo carece de fundamentación y motivación, pues los preceptos legales no resultan aplicables y los razonamientos invocados no se adecuan a la hipótesis normativa.

CUARTO: El dictamen consolidado y la resolución que se combaten causan agravios a mi representada, en virtud de que la determinación de la cancelación del registro como Agrupación Política Nacional, sólo puede decretarse una vez que se me ha concedido la garantía de audiencia en los términos previstos por el artículo 270, párrafo 2, del Código Electoral Federal, en relación con los numerales 35, 49, 49-A, 49-B, 66, 67, 82, 86, 269 y 271, por lo que el acto reclamado resulta violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales y en los preceptos legales enunciados.

En consecuencia, al no haberme emplazado para que dentro del término de cinco días compareciera a manifestar lo que a los intereses de mi representada conviniese, aportando las pruebas conducentes, tal y como lo ordena el artículo 269, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, nos vimos imposibilitados de acreditar en primera instancia al Instituto Federal Electoral (vía Junta General Ejecutiva) y por ende al Consejo General de dicho Instituto en segundo término, que las supuestas irregularidades que señala la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas en su dictamen consolidado, no son tales, además de que no existe ninguna irregularidad en los rubros de ingresos y egresos de la agrupación política que represento.

Por tanto, la resolución impugnada al ser violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales así como de lo dispuesto en los numerales invocados del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales debe de ser revocada.

Ahora bien, como no se me dio la oportunidad de acreditar ante la autoridad correspondiente -Junta General en términos de lo dispuesto por el artículo 86, párrafo 1, incisos j) y l), del Código Electoral-, que la conducta de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas señaló en el dictamen consolidado como irregular no lo era, procedo a explicar a ese H. Tribunal cuál es la situación que generó la confusión de la Comisión.

La Agrupación Política que presento, celebró un contrato de prestación de servicios profesionales con la empresa American Consulting Enterprises, S.A. de C.V., cuyo objeto era la realización de diversos estudios relativos a:

1) Los efectos de los procesos electorales en la población;

2) La migración rural a las grandes urbes, sus efectos y consecuencias socioeconómicas;

3) La capacitación del personal, militantes y simpatizantes de LA AGRUPACION a fin de dar a conocer los resultados de los estudios realizados.

El costo del contrato se convino en la cantidad de $6 000,000.00 (Seis millones de pesos 00/100 M.N.)

En la cláusula SEXTA del Contrato se pactó que LA AGRUPACION entregaría diversos anticipos, hasta llegar a la suma de $4 000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100) a más tardar el 22 de diciembre del 2000.

Como pena convencional para el caso de incumplimiento a las obligaciones, se convino en la Cláusula DECIMA, un importe de $1 000,000.00 (Un millón de pesos 00/100).

Es el caso que al 22 de diciembre del 2000, la Agrupación que represento, no había hecho entrega de ningún anticipo a LA CONSULTORA , por no tener dinero, esta situación generaba que nos hiciéramos acreedores al pago de la pena convencional, razón por la que acudimos al C. Humberto Robledo Albiztequi, a fin de solicitarle apoyo económico mediante un préstamo por esa cantidad y evitar así el pago de la sanción.

El Sr. Humberto Robledo A., nos informó contar con la totalidad de los recursos que le fueron solicitados, los cuales fueron depositados en la cuenta de Banco Bital, cuenta ésta en la que se realizan las operaciones de la Agrupación.

En virtud de que las operaciones fueron realizadas por el C. Humberto Robledo A., y de que las cuentas eran del mismo banco, (BITAL), efectuó los retiros y depositó en efectivo, razón por la cual, en el estado de cuenta correspondiente al mes de diciembre del 2000, el banco asentó que se trataba de depósitos en efectivo.

El motivo por el cual se llenaron diversas fichas de depósito, según nos informa el señor Humberto Robledo fue por no tener seguridad de reunir la totalidad de la cantidad solicitada, en tal virtud llenó diversas fichas de depósito ante la eventualidad de conseguir una cantidad menor. Al contar con la totalidad de la suma requerida, y encontrarse en el Banco BITAL por sugerencia del Gerente se utilizaron las fichas requisitadas en vez de llenar una nueva por el importe mencionado.

Ahora bien, para cumplir con el compromiso pactado con el prestador de servicios, la agrupación expidió diversos cheques, mismos que depositó en la cuenta de American Consulting Enterprises, S.A. de C.V.

En virtud de que la prestadora de servicios manifestó que no estaba en posibilidad de llevar a cabo los compromisos pactados, la operación se dio por finalizada mediante un convenio de finiquito que se suscribió el mismo día 22 de diciembre del 2000.

Dentro del clausulado se estableció en la TERCERA, que en virtud de que la Agrupación había concertado pasivos por ese monto, se instruía a LA CONSULTORA , para efectos de realizar la devolución de los anticipos al C. Humberto Robledo Alviztegui o a quien él designara, pues en ese momento ignorábamos a quien había recurrido el Sr. Robledo para obtener los recursos.

Lo anterior se llevó a cabo una vez que quedó claro que LA CONSULTORA , no podía cumplir con los compromisos asumidos en el contrato, simplemente con el fin de evitar el que la Agrupación que represento tuviera que erogar cualquier cantidad por concepto de intereses.

Con posterioridad, supimos que quien había proporcionado el importe solicitado era la persona moral CREDIFOMENTO UNION DE CREDITO, S.A. DE C.V., incluso nos proporcionó copia de los cheques de banca Bital que emitió al Sr. Humberto Robledo A.

Es importante referir que los títulos de crédito con los que se realizó la operación, fueron mencionados en la sesión del Consejo General del Instituto Federal Electoral celebrada el 20 de septiembre del 2000, según consta en la transcripción de la versión estenográfica de la misma, por cierto llama la atención la celeridad del Consejero Electoral Alonso Lujambio para descalificar los documentos en cuestión, pues basta leer lo consignado en los párrafos primero y segundo de la hoja 64, para darse cuenta de la velocidad con la que el presidente de la comisión respectiva valora la documentación que presentan las agrupaciones políticas.

A propósito de la transcripción de la versión estenográfica, destaca lo expuesto por el Presidente de la Comisión en el último párrafo de la hoja 63, en los siguientes términos: NO ESTAMOS PRESUPONIENDO EL ORIGEN ILICITO DEL RECURSO DE LA AGRUPACION POLITICA QUE MENCIONABA EL CONSEJERO ELECTORAL JOSE BARRAGAN, NUNCA SUPUSIMOS ESO, DESCONOCEMOS EL ORIGEN; PORQUE DESCONOCER EL ORIGEN NO SUPONE QUE ES ILICITO, DESCONOCE EL ORIGEN, PUNTO. , luego entonces resulta incongruente lo expuesto en la página 164 de la Resolución que se combate, en el sentido de dar vista al Ministerio Público, pues el propio Presidente de la Comisión, reconoce y por ende confiesa que la operación multicitada no constituye ningún ilícito, razón por la cual, en los resolutivos de la Resolución se consignó nada al respecto.

Finalmente, esta operación de $6 000,000.00 (Seis millones de pesos 00/100 M.N.), de la cual se pactó la entrega de anticipos hasta por la cantidad de $4 000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), no se realizó, simple y sencillamente porque se dio por finiquitada ante la manifestación del prestador del servicio en el sentido de que no estaba en posibilidad de cumplir con lo convenido, luego entonces ¿en dónde está la irregularidad?, o más aún, ¿en dónde está la gravedad de la conducta de la agrupación?, pues ante una operación no realizada, ¿existirá obligación de reportarla?, máxime que no se trata de ingresos de la agrupación sino de un préstamo que se utilizaría para cubrir un servicio, que se insiste no se llevó a cabo, por lo que en consecuencia, tampoco se requiere informarlo ya que la Comisión del Consejo General que se encarga de la revisión de los informes de los ingresos y gastos de los partidos y las agrupaciones políticas, tiene competencia para ello, esto es para revisar los ingresos y egresos de los actores políticos por cualquier modalidad, no respecto de aquellos que no se recibieron y por lo tanto no se gastaron.

El que una agrupación tenga en mente llevar a cabo alguna actividad e incluso esa inquietud se encuentre formalizada mediante un instrumento contractual, si la misma no se efectúa la Comisión carece de competencia para inmiscuirse en la vida interna de la Agrupación, pues por el hecho de querer hacer algo, no le da atribuciones para exigir cuentas, máxime cuando dicho evento no se lleve a cabo.

A este respecto resulta aplicable la tesis emitida por ese H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la página del sistema Internet trife.gob.mx que a la letra dice:

COMISION DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLITICAS. FACULTADES PARA ESTABLECER NORMAS GENERALES EN MATERIA DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLITICAS. (Se transcribe)

Destaca en esta tesis, la parte inicial que establece: sin que fuera de estas atribuciones posea alguna otra que le permita establecer normas generales que tengan el efecto de constituirse en presupuestos normativos de la conducta típica consistente en el incumplimiento de acuerdos del Instituto Federal Electoral esto es, la Comisión tiene facultades para revisar única y exclusivamente aquello que el legislador le autorizó, en el presente caso y por mandato expreso del artículo 49-A, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación , sin embargo la Comisión extralimitando sus facultades se metió a revisar una operación que finalmente no se llevó a cabo, no obstante que en la cuenta de cheques de la Agrupación se reportaron los depósitos y los retiros, pero lo importante es que no se efectuó la actividad programada.

Pudiéramos decir que si la Comisión tuviera atribuciones para revisar programas de trabajo, entonces nos habríamos hecho acreedores a alguna sanción por incumplir el mismo, al no llevar a cabo la actividad programada para el 2000, pero como la Comisión respectiva no tiene esas facultades, resulta verdaderamente carente de fundamentación y motivación el acto reclamado, pues como atinadamente se ha determinado, no basta a la autoridad citar una serie de preceptos legales para fundar un acto, sino que además debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables.

Por tal virtud ese H. Tribunal deberá revocar el acto reclamado y ordenar que en su lugar se emita otro en el sentido de que la Agrupación Política que represento no incumplió en ninguna forma con lo que estaba obligado a acreditar ante la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y las Agrupaciones Políticas.

A fin de acreditar lo expuesto en los capítulos anteriores, ofrezco como de la intención de la agrupación política que represento, las siguientes:

PRUEBAS

1. DOCUMENTAL PUBLICA consistente en el dictamen consolidado que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, presentó el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en la parte correspondiente a la agrupación política que represento (tomo VIII y capítulo de conclusiones finales), con lo que se acredita que la Comisión se arrogó facultades que no le corresponden, al proponer al Consejo General la cancelación del registro de la agrupación política que presido, en vez de proponer a dicho Consejo General, dar intervención a la Junta General Ejecutiva del Instituto para que dentro del ámbito de su competencia actuara conforme a derecho. Prueba que se relaciona con lo expuesto en todos y cada uno de los AGRAVIOS del presente escrito.

2. DOCUMENTAL PUBLICA consistente en la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, que me fuera notificada el 25 de septiembre del 2001, con lo que se acredita:

a) La fecha en que se me fue notificada la resolución y por tanto la fecha en que empezó a correr el plazo para la interposición del presente recurso de apelación.

b) Que el Consejo General del Instituto, aprobó la propuesta que le formulara la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas en el sentido de decretar la cancelación del registro de la agrupación política que represento, no obstante que los numerales 82, párrafo 1 inciso k) y 86, párrafo 1 inciso j) establecen como competencia del Consejo la de aprobar el dictamen de pérdida de registro de las agrupaciones políticas a propuesta que formule UNICA Y EXCLUSIVAMENTE la Junta General Ejecutiva del Instituto.

Prueba que se relaciona con lo expuesto en todos y cada uno de los AGRAVIOS del presente escrito.

3. DOCUMENTAL consistente en transcripción de la versión estenográfica de la sesión del Conejo General del Instituto Federal Electoral celebrada el 20 de septiembre de 2001, con lo que se acredita que la posición de diversos Consejeros Electorales integrantes del Consejo General, es la de la arbitrariedad, al sostener que el órgano competente para todo lo relacionado con los informes de ingresos y egresos de las agrupaciones políticas incluso para formular un proyecto de acuerdo en el que se determine la cancelación o pérdida del registro es la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas.

Prueba que se relaciona con lo expuesto en todos y cada uno de los AGRAVIOS del presente escrito.

4. DOCUMENTAL consistente en fotocopia del estado de cuenta bancario correspondiente al mes de diciembre del 2000, de la Agrupación Política que represento en el que consta los depósitos y los retiros que fueron realizados, entre ellos los correspondientes a los $4 000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), así como de las fichas de depósito correspondientes.

Prueba que se relaciona con lo expuesto en el CUARTO AGRAVIO del presente escrito.

5. DOCUMENTAL consistente en fotocopia de los cheques números 6303301, 6303303, 6303304 y 6303305, de fecha 22 de diciembre del 2000, por un $1 000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.), cada uno de ellos, con lo que se acredita, además de la fecha de expedición y el importe, que los mismos fueron expedidos por la Agrupación Política que represento a favor de la empresa American Consulting Enterprises, S.A. de C.V.

6. COTEJO Y/O COMPULSA que se ofrece respecto de los títulos de crédito mencionados a fin de constatar que las copias exhibidas concuerdan fielmente con sus originales y que deberá desahogarse en la sucursal Homero de Banco Bital número 3053, ubicada en Homero 1804, Colonia Polanco, en esta ciudad, y requerir le sean mostrados los cheques originales para dar fe de que las fotocopias exhibidas concuerdan en todas y cada una de sus partes con sus originales.

Para el supuesto de que por el tiempo transcurrido la documentación original hubiese sido trasladada a otra oficina de Banco Bital, solicito que la prueba se desahogue en el lugar que los funcionarios bancarios indiquen.

Las pruebas 5 y 6, se relacionan con lo expuesto en el CUARTO AGRAVIO del presente escrito.

7. DOCUMENTAL consistente en copia certificada ante la fe de Notario Público del contrato de prestación de servicios profesionales, celebrado entre la Agrupación Política que represento y la empresa American Consulting Enterprises, S.A. de C.V., con lo que se acredita:

a) El objeto del contrato.

b) El monto del mismo.

c) La obligatoriedad contenida en la cláusula SEXTA de entregar anticipos hasta por la cantidad de $ 4 000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), a más tardar el 22 de diciembre del 2000.

d) El monto de la pena convencional establecido en la cláusula DECIMA, para el caso de incumplimiento de las obligaciones.

Prueba que se relaciona con lo expuesto en el CUARTO AGRAVIO del presente escrito.

8. DOCUMENTAL consistente en copia certificada ante la fe de Notario Público del convenio de finiquito al contrato de prestación de servicios profesionales, celebrado entre la Agrupación Política que represento y la empresa American Consulting Enterprises, S.A. de C.V., con lo que se acredita:

a) Que la Agrupación Política que represento cumplió al entregar el total del anticipo mencionado.

b) Que la LA CONSULTORA , manifestó no estar en posibilidad de cumplir con los aspectos contratados.

c) Que la Agrupación instruyó a LA CONSULTORA , para que regresara el importe total del anticipo al Sr. Humberto Robledo A. o a quien él designara.

Prueba que se relaciona con lo expuesto en el CUARTO AGRAVIO del presente escrito.

9. DOCUMENTAL consistente en fotocopia de los cheques números 0000340, 0000352, 0000355 y 0000360, de diciembre del 2000, por un $1 000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.), cada uno de ellos, con lo que se acredita, además de el importe consignado en los mismos, que fueron expedidos por la CREDIFOMENTO UNION DE CREDITO, S.A. DE C.V., a favor del C. Humberto Robledo Alviztegui.

10. COTEJO Y/O COMPULSA que se ofrece respecto de los títulos de crédito mencionados a fin de constatar que las copias exhibidas concuerdan fielmente con sus originales y que deberá desahogarse en la sucursal Galerías Insurgentes de Banco Bital número 3015, ubicada en el Centro Comercial denominado Galerías Insurgentes, sito en Av. de los Insurgentes Sur número 1352, Colonia del Valle, en esta ciudad Capital y requerir le sean mostrados los cheques originales para dar fe de que las fotocopias exhibidas concuerdan en todas y cada una de sus partes con sus originales.

Para el supuesto de que por el tiempo transcurrido la documentación original hubiese sido trasladada a otra oficina de Banco Bital, solicito que la prueba se desahogue en el lugar que los funcionarios indiquen.

Las pruebas 9 y 10, se relacionan con lo expuesto en el CUARTO AGRAVIO del presente escrito.

11. DOCUMENTAL consistente en Escritura Pública número 25446, pasada ante la fe del C. Lic. Alejandro González Polo, Notario Público No. 18 del Distrito Federal y del Patrimonio Inmueble Federal, en la que consta la constitución de la empresa American Consulting Enterprises, S.A. de C.V., con la que se acredita la legal existencia de la misma, su objeto social y la personalidad del Administrador Unico, quien suscribió tanto el contrato de prestación de servicios con la Agrupación que represento, como el convenio de finiquito.

Prueba que se relaciona con lo expuesto en el CUARTO AGRAVIO del presente escrito.

12. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES consistente en todo lo actuado y por actuar en el presente recurso en cuanto favorezca a los intereses de la Agrupación Política que represento.

Prueba que se relaciona con lo expuesto en todos y cada uno de los AGRAVIOS del presente escrito.

13. PRESUNCIONAL en su doble aspecto legal y humana, consistente en las inferencias lógico-jurídicas que la autoridad realice de los hechos conocidos para averiguar la verdad de los desconocidos en todo y cuanto favorezca a los intereses de la Agrupación Política Nacional que represento.

Prueba que se relaciona con lo expuesto en todos y cada uno de los AGRAVIOS del presento escrito.

Por lo anteriormente expuesto y fundado

A ESE H. TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, atentamente pido:

PRIMERO. Se sirva dar entrada a mi recurso dictando en acuerdo de admisión correspondiente.

SEGUNDO. Requerir a la autoridad señalada como responsable el envío de toda la documentación que resulte necesaria para resolver el presente expediente.

TERCERO. Sustanciar el expediente conforme a derecho y una vez hecho lo anterior, dictar resolución que resulte favorable a los intereses de la Agrupación Política Nacional que represento.

IV. Mediante oficio numero SCG/255/2001, de once de octubre de dos mil uno, recibido en la misma fecha por la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por conducto de su Secretario, remitió el expediente formado con motivo del recurso de apelación de mérito, integrado, entre otros documentos, con el original de la demanda recursal presentada por el actor, copia de la resolución impugnada, cédulas y razones de publicitación, y el informe circunstanciado de ley.

V. Por acuerdo del Magistrado Presidente de la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en que se ordenó integrar el expediente respectivo con la clave SUP-RAP-065/2001, así como turnar a la ponencia del Magistrado José Luis de la Peza, el asunto de mérito. Dicho acuerdo se cumplió mediante oficio TEPJF-SGA-1251/01, signado por el Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior.

VI. Por auto de veintinueve de noviembre del año en curso, al no advertir causa manifiesta de improcedencia alguna, el magistrado instructor acordó admitir el asunto a estudio y, toda vez que en autos se encontraban los elementos necesarios para resolver, se cerró la instrucción, quedando el asunto en estado de dictar sentencia, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, fracción IV, y 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso a), y 189, fracción I, inciso d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 44, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto durante el tiempo que transcurre entre dos procesos electorales federales.

SEGUNDO. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, esta Sala Superior advierte que, respecto de la impugnación que el actor hace del Dictamen consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas al Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de los informes anuales de ingresos y gastos de las Agrupaciones Políticas correspondientes al ejercicio 2000, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que establece que los juicios y recursos electorales serán improcedentes, cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del quejoso.

El artículo 49-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece el procedimiento para la revisión de los informes sobre los gastos de campaña de los partidos y agrupaciones políticas, del que corresponde conocer a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Instituto Federal Electoral, organismo que concluye su actuación con la emisión de un dictamen que contenga el resultado y conclusiones de la revisión a los informes, la mención de los errores e irregularidades encontradas y el señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones presentadas por las agrupaciones políticas.

El referido dictamen es presentado al Consejo General del instituto, el cual en caso de resultar procedente impone a las agrupaciones políticas las sanciones correspondientes. Lo anterior, conforme a lo ordenado en el inciso e) del apartado 2 del invocado numeral 49-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De lo anterior se advierte que, la naturaleza del dictamen de referencia es la de una opinión que contiene las conclusiones del procedimiento de revisión de los informes de gastos de campaña rendidos por las agrupaciones políticas, y de las irregularidades en que incurrieron, a juicio de la Comisión dictaminadora, los organismos políticos sujetos a revisión; es decir sus determinaciones son de carácter propositito; y que si bien sirve de punto de partida al Consejo General, no impone obligaciones a los partidos políticos, sino que es la resolución del Consejo General la que puede ocasionar afectación a la esfera jurídica del instituto político, porque en ella se imponen las sanciones y por tanto, esta decisión es la única que puede ser objeto de impugnación, como acto final, definitivo y vinculante.

Por ello, al ser el dictamen un documento informativo y de opinión, resultado de actos meramente preparatorios; resulta evidente que no existe un interés que pueda tutelarse en la sentencia de este recurso de apelación.

Sirve de orientación a lo anterior, la tesis relevante de esta Sala Superior; publicada en la Revista Justicia Electoral, órgano de difusión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento número 3, páginas 38 y 39, cuyo contenido es el siguiente: COMISIONES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. LOS INFORMES Y PROYECTOS DE DICTAMEN Y RESOLUCION QUE PRESENTEN, NO CAUSAN PERJUICIO A LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES .

Consecuentemente, deberá sobreseerse en el recurso de apelación respecto del dictamen impugnado.

TERCERO. De una lectura integral del libelo de demanda se desprende que los agravios vertidos por el actor pueden ser sintetizados de la siguiente manera:

El acto impugnado carece de la debida fundamentación y motivación y en consecuencia son violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35, 49, 49-A, 49-B, 67, 82, 85, 86, 269, 270, 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales por lo siguiente:

A. El procedimiento para sancionar con pérdida de registro a una agrupación política consta de dos etapas:

1. En términos del Artículo 49-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Comisión de Fiscalización de los recursos de los partidos y agrupaciones políticas de existir alguna posible irregularidad la señalarán al Instituto político para que la aclare. En caso de subsistir, formulará un dictamen que el Consejo aprobará, y en su caso, se continúa el procedimiento en la siguiente etapa.

2. En términos de los Artículos 89, párrafo 1, incisos i), j) y k) y 270 párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales con base en lo anterior se sustanciará por la Junta General Ejecutiva el procedimiento de sanción, en que al instituto político se le dará parte para que diga lo que a su derecho convenga. Finalmente, el Consejo aprueba o no la sanción final.

Por lo mismo, el procedimiento seguido contra el actor al hacerse en otros términos está viciado de nulidad, pues la comisión mencionada no es competente para actuar como lo hizo, y en consecuencia no fue respetada plenamente su garantía de audiencia, pues sólo se siguió el procedimiento del Artículo 49-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Debe considerarse que la garantía de audiencia no se respeta, con la notificación del oficio de aclaración del informe que giró la comisión respectiva (en términos del Artículo 49-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales); sino que debe emplazarse posteriormente otra vez dentro del procedimiento que legalmente instruya la Junta General. Dicho emplazamiento y la notificación son sustancialmente diferentes y, sólo con el primero se garantiza el respeto a la garantía de audiencia.

En este sentido debe garantizarse el respeto a lo establecido en el artículo 67 párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales al tratarse de la sanción consistente con la pérdida de registro de una Agrupación Política Nacional.

Por otro lado, el que el plazo del 49-A, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (diez días) sea más amplio no significa que sea garantizada en abundancia la audiencia, pues procesalmente es distinto del Artículo 270, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que empieza a correr hasta que ha iniciado el procedimiento de imposición de sanción.

Estos plazos se dan en diferente momento procesal pues primero se debe garantizar la audiencia en términos del 49-A, párrafo 2 antes señalado para aclarar o rectificar, y luego una vez iniciado el procedimiento de sanción se dan los cinco días del artículo 270 antes indicado. En consecuencia la Comisión debió dar intervención a la Junta General para que integrara el expediente.

B. El Consejo General del Instituto Federal Electoral calificó la falta de grave, pero al no existir un parámetro que establezca cómo calificar la gravedad de la falta, se viola la normatividad aplicable.

En efecto, sostiene la apelante de una interpretación gramatical del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se desprende que la gravedad está íntimamente relacionada con la reincidencia, o en su caso con una enormidad de cuestiones que la autoridad no precisa y que en todo caso, no ocurren en el presente.

En este sentido, en ninguna parte del dictamen consolidado en que se canceló el registro al actor se señala que éste recibió aportaciones o donativos de algún sujeto prohibido por ley. Igualmente debe ser considerado que se presentó a tiempo el informe de cuentas a la Comisión.

Al no haberse seguido el procedimiento que concede la garantía de audiencia y, en consecuencia, no haber sido posible para la apelante explicar las posibles irregularidades en que supuestamente incurrió la misma aclara que sólo fue una confusión según se desprende de la narración de los siguientes hechos:

1. El actor celebró contrato con la empresa American Consulting Enterprises S.A. de C.V. para realizar diversos estudios entre los que se encuentran: 1. Los efectos de los procesos electorales en la población; 2. La migración rural a las grandes urbes, sus efectos y consecuencias socioeconómicas; 3. La capacitación del personal, militantes y simpatizantes de la agrupación a fin de dar a conocer los resultados de los estudios realizados, a cambio de $6 000,000. En dicho acto jurídico se pactó que se entregarían anticipos de $4 000,000.00 a más tardar el veintidós de diciembre de dos mil y como pena convencional se pactó $1 000,000.00.

2. El veintidós de diciembre de dos mil, el actor no tenía dinero para pagar, por lo que Humberto Robledo Albiztegui les dio un préstamo que en total sumó la cantidad de 4 000,000.00, cuyo monto fue depositado en Bital.

      Se hizo lo anterior en varias fichas de depósito pues no tenía la seguridad el señor Robledo de contar con todo el dinero. De hecho, según el dicho de la actora, se percató que el Sr. Robledo acudió a Credifomento Unión de Crédito S.A. de C.V. para que le prestara el dinero necesario para cubrir los $4 000,000.00.

3. Para pagar a American Consulting Enterprises S.A. de C.V. el actor le giró diversos cheques que depositó en la cuenta de tal sociedad.

4. Posteriormente esa empresa manifestó que no estaba en posibilidad de cumplir, por lo que el contrato se dio por terminado el veintidós de diciembre de dos mil mediante convenio.

Por otro lado alega la apelante, la comisión carece de facultades para inmiscuirse en la vida interna de la agrupación, pues la comisión no puede verificar la realización de actos programados y luego rescindidos, esto es, para la apelante el acto que a juicio de la autoridad es una irregularidad no tenía siquiera que haber sido revisado y menos reportado por que es una actividad que no se llevó a cabo.

Son infundados los agravios vertidos por el actor sintetizados en el inciso A) anterior, según se demuestra a continuación.

Es criterio reiterado de esta Sala Superior que por el procedimiento sancionatorio previsto en el artículo 49-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales seguido al actor y por el cual se le canceló el registro no se viola la garantía de audiencia.

A efecto de dar respuesta al motivo de impugnación precedente, resulta necesario conocer los términos del desarrollo del procedimiento administrativo, previsto en el artículo 49-A, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El artículo 49-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone, en lo conducente:

Artículo 49-A.

1. Los partidos políticos y las agrupaciones políticas deberán presentar ante la comisión del Instituto Federal Electoral a que se refiere el párrafo 6 del artículo anterior, los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:

a) informes anuales;

I. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte, y

II. En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos y agrupaciones políticas hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe.

()

2. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos y las agrupaciones políticas se sujetará a las siguientes reglas:

a) La Comisión y Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas contarán con sesenta días para revisar los informes anuales y con ciento veinte días para revisar los informes de campaña presentados por los partidos políticos y, en su caso, por las agrupaciones políticas. Tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido político y a las agrupaciones políticas, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes;

b) Si durante la revisión de los informes la comisión advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, notificará al partido político o a la agrupación política que hubiere incurrido en ellos, para que en un plazo de diez días contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes;

c) Al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de este párrafo o, en su caso, al concedido para la rectificación de errores u omisiones, la comisión dispondrá de un plazo de veinte días para elaborar un dictamen consolidado que deberá presentar al Consejo General dentro de los tres días siguientes a su conclusión;

d) El dictamen deberá contener por lo menos:

I. El resultado y las conclusiones de la revisión de informes que hayan presentado los partidos políticos y las agrupaciones políticas;

II. En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontradas en los mismos, y

III. El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos y las agrupaciones políticas, después de haberles notificado con ese fin;

e) En el Consejo General se presentará el dictamen y proyecto de resolución que haya formulado la comisión, procediendo a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes,

f) Los partidos así como las agrupaciones políticas, podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el dictamen y resolución que en su caso se emita por el consejo general, en la forma y términos previstos en la ley de la materia, y...

Previo al análisis del procedimiento en cita debe dejarse asentado lo siguiente:

Es admisible considerar que una autoridad respeta la garantía de audiencia, si concurren los siguientes elementos.

1. Un hecho, acto u omisión del que derive la posibilidad o probabilidad de afectación a algún derecho de un gobernado, por parte de una autoridad.

2. El conocimiento fehaciente del gobernado de tal situación, ya sea por disposición legal, por acto específico (notificación) o por cualquier otro medio suficiente y oportuno.

3. El derecho del gobernado de fijar su posición sobre los hechos y el derecho de que se trate, y

4. La posibilidad de que dicha persona aporte los medios de prueba conducentes en beneficio de sus intereses.

El análisis comparativo del procedimiento administrativo que regula la presentación y revisión de los informes anuales por ingresos y egresos totales de los partidos y agrupaciones políticas, previsto en el artículo transcrito, con los elementos que configuran la garantía en comento, evidencia que dichos elementos sí se localizan a lo largo de las fases que integran tal procedimiento.

En efecto, los partidos y agrupaciones políticas deben presentar sus informes anuales, respecto del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como de su empleo y aplicación, a más tardar, dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte.

En este estadio no se revela que la autoridad electoral vaya a ejercer necesariamente su facultad sancionadora, dado que puede encontrar, que el informe se rindió totalmente conforme con la normatividad aplicable y que ello origine que, en su oportunidad, se tenga por cumplida cabalmente la obligación del partido o agrupación política, y concluya de ese modo el procedimiento administrativo correspondiente.

La probabilidad o posibilidad del ejercicio de la facultad sancionadora con la cual cuenta la autoridad electoral, que actualiza su obligación de respetar la garantía de audiencia de los partidos y agrupaciones políticas, puede surgir cuando, al analizar los informes y la documentación presentada con ellos, la autoridad considere que existe alguna irregularidad en el pretendido cumplimiento de la obligación.

Es por esta razón que el precepto en cita dispone, por un lado, que la comisión de fiscalización tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido o agrupación política, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes, y por otro, que si durante la revisión de los informes, la comisión advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, notificará al partido o agrupación política que hubiere incurrido en ellos, para que en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes.

Una vez que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas culmina con la revisión de los informes anuales o de campaña, dispone de un plazo de veinte días, para elaborar un dictamen consolidado, el cual debe presentar ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Después de conocer el dictamen y proyecto de resolución formulado por la comisión, el consejo general procede a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes.

En esa virtud, el procedimiento administrativo previsto en el artículo 49-A, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sí garantiza la defensa de los partidos y agrupaciones políticas de manera previa a la imposición de la sanción, pues dicho numeral prevé las siguientes fases:

1. El inicio del procedimiento dentro de un periodo específico.

2. La notificación al partido o a la agrupación política, del hecho, acto u omisión del que derive la posibilidad de afectación a algún derecho de aquéllos por parte de la autoridad.

3. Un plazo específico para que el instituto político o agrupación en cuestión realice las aclaraciones o rectificaciones pertinentes, tales como, fijar su postura sobre los hechos y el derecho de que se trate.

4. La plena posibilidad para aportar las pruebas conducentes en beneficio de los intereses del partido o agrupación, durante el transcurso del plazo mencionado en el punto precedente.

Lo anterior tiene apoyo en la tesis relevante S3EL026/98, publicada en las páginas 32 y 34 del Suplemento número 2, correspondiente al año de 1998, de la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, denominada Justicia Electoral . Dicha tesis tiene el siguiente rubro: AUDIENCIA. ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LA GARANTIA DE, EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL ARTICULO 49-A, PARRAFO 2, DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

Al aplicar los anteriores conceptos al presente caso se tiene, que la autoridad electoral cumplió con todas las etapas indicadas en el procedimiento previsto en el artículo 49-A, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de tal manera que se otorgó a la agrupación actora, la oportunidad de plena defensa, como se verá a continuación.

En el acuerdo reclamado constan actos realizados por la autoridad electoral, que no están controvertidos por la agrupación recurrente y que conducen a estimar, el cumplimiento de las cuatro fases que han quedado precisadas en el procedimiento de mérito.

Mediante oficio STCFRPAP/952/00 de veintiuno de noviembre del año dos mil, la autoridad electoral respectiva hizo del conocimiento de la Agrupación Política Nacional Unidad Nacional Lombardista, el plazo para la presentación de su informe anual, el cual concluía el catorce de mayo del año dos mil uno.

El catorce de mayo la agrupación actora envió a dicha autoridad el conjunto de los documentos contables que serían revisados por esa comisión.

La secretaría técnica de la comisión en comento mediante oficio de fecha dos de julio de 2001, que fue notificado a la agrupación al día siguiente, nombró comisionados para la revisión de su informe anual.

Cabe señalar que la agrupación en comento omitió detallar la integración de su saldo final de las cuentas contables precisado, por lo que se le requirió al efecto, quedando subsanado tal elemento en fecha posteriormente.

Como resultado de la revisión de la documentación presentada fue necesario solicitar a la agrupación un conjunto de aclaraciones y rectificaciones en especial, por lo que hace a la irregularidad que generó la sanción impugnada se informó mediante oficio STCFRPAP/662/01 de fecha 6 de agosto del año en curso, habiendo sido contestado el 20 de agosto siguiente.

Finalmente el seis de septiembre de 2001 la agrupación presentó una versión final del informe anual de las cuentas de dicho ente político.

Lo descrito evidencia que el procedimiento de mérito se llevó a cabo conforme con la normatividad indicada, puesto que en dicho procedimiento se siguieron las cuatro etapas que han quedado precisadas, para garantizar la defensa de la agrupación política nacional actora.

En efecto, se cumplió con la señalada en el número 1, relacionada con el inicio del procedimiento dentro de un periodo específico, ya que se empezó el catorce de mayo del año dos mil uno, con la rendición del informe anual a la ahora recurrente.

Se cumplió con la fase precisada en el número 2, consistente en la notificación de la omisión de la que derivaría la posibilidad de afectación de algún derecho de la agrupación por parte de la autoridad.

Esto es así, porque la autoridad electoral notificó a la agrupación la necesidad de realizar un conjunto de aclaraciones y rectificaciones; mismas que fueron en su caso contestadas.

En especial por lo que hace a la irregularidad que generó la sanción impugnada se informó mediante oficio STCFRPAP/662/01 de fecha 6 de agosto del año en curso; fue contestado dicho oficio el 20 de agosto siguiente.

Se cumplió también con la etapa 3, consistente en el otorgamiento de un plazo específico para que la agrupación realizara las aclaraciones y rectificaciones pertinentes, puesto que a partir de la notificación del requerimiento, la agrupación política actora contó con el plazo de diez días para aclarar cada una de las solicitudes de aclaración y rectificación.

Se cumplió con la fase 4, consistente en la plena posibilidad para aportar las pruebas conducentes en beneficio de los intereses de la agrupación actora, puesto que ésta tenía expedito su derecho para hacerlo, en el citado plazo de diez días; inclusive el actor presentó un contrato de mutuo por un millón de pesos celebrados entre la agrupación en cuestión y Humberto Robledo Albiztegui para aclarar tales cuestiones.

En tales condiciones, lo primero que se destaca es que en el caso se llevó a cabo el procedimiento previsto en el artículo 49-A, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Lo relatado pone de manifiesto que, contrariamente a lo sostenido por la agrupación política actora, sí se respetó su garantía de audiencia en el procedimiento que se viene comentando y, por ende, la autoridad responsable no infringió el artículo 14 constitucional.

Ahora bien, a diferencia de lo sostenido por el actor es criterio de esta Sala Superior que no era necesario posteriormente seguir el procedimiento previsto en el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Este órgano jurisdiccional ha sostenido reiteradamente el criterio consistente en que, el procedimiento estatuido en el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales constituye la regla general en materia disciplinaria y de imposición de sanciones y que el diverso procedimiento previsto en el artículo 49-A, párrafo 2, del propio código, se circunscribe a una materia especializada, inherente a los actos cometidos por los partidos y agrupaciones políticas, en relación con los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, en el que se prevé también, la posibilidad de imponer sanciones, sin tener que acudir al diverso establecido en el numeral invocado en primer término.

En efecto, entre otros en los expedientes SUP-RAP-010/97, SUP-RAP-016/97, SUP-RAP-017/97, SUP-RAP-018/97, SUP-RAP-003/98, SUP-RAP-013/98, SUP-RAP-014/98, SUP-RAP-015/98, SUP-RAP-016/98 de la Sala Superior ha asentado que en el derecho electoral federal mexicano, la materia de irregularidades, se divide en tres sistemas jurídicos, a saber:

a) Sistema administrativo sancionador

b) Sistema de nulidades

c) Sistema penal

Cada uno de los cuales está circunscrito a los ámbitos material, espacial, temporal y personal, por los ordenamientos y disposiciones respectivas.

En efecto en materia electoral en el sistema administrativo sancionador se pueden distinguir cinco subsistemas.

1. En el que están comprendidos los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas Nacionales, ciudadanos observadores y organización de observadores;

2. Comprendidos extranjeros, ministros de culto religioso y notarios;

3. Contempladas las autoridades encargadas de la organización de los procesos electorales federales o sea de los servidores del Instituto Federal Electoral;

4. Aplicables a los servidores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

5. Autoridades federales, estatales y municipales entre las mencionadas (3 y 4).

PRIMER SUBSISTEMA

El subsistema principal disciplinario está previsto en los artículos 82.1.t, w y z; 86.1.L, 264; 269 y 270 a 272 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

A. GENERICO:

El previsto en el artículo 270 en relación con el 264.1.2. y 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Aplicable a cualquier tipo de infracción administrativa que no corresponda a violación, a disposiciones jurídicas sobre restricciones al financiamiento.

B. ESPECIFICO:

El previsto en el artículo 49-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Aplicable a la formulación y desarrollo del dictamen de la Comisión de Fiscalización respectiva.

El procedimiento genérico consta de tres etapas:

1a. Etapa

a) Integración del Expediente.- Inicia con la queja ante la Junta General Ejecutiva, sobre presuntas irregularidades Infracciones Administrativas susceptible de ser sancionada o cuando cierto organismo del Instituto Federal Electoral tiene noticia de tal conducta se deberá informar a la Junta General Ejecutiva a través del secretario respectivo o cuando el Consejo General lo requiera, la Junta General Ejecutiva emplaza al sujeto responsable para que en un plazo de cinco días conteste el escrito y aporte pruebas.

En la integración se puede solicitar información y documentación necesaria. Se forma dictamen y se somete al Consejo General.

2a. Etapa

El Secretario Ejecutivo del Consejo General somete al conocimiento y aprobación, el dictamen correspondiente para la imposición de la sanción.

3a. Etapa

El Consejo General para imponer la sanción deberá tomar en cuenta las circunstancias y gravedad de la falta que repercutirá al individualizar la sanción (multa, reducción hasta 5% de ministra por financiamiento público. O la supresión total de la entrega, suspensión o cancelación del registro como Partidos Políticos o Agrupaciones Políticas.

Por su parte el procedimiento específico es el siguiente:

La Comisión de Fiscalización, tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido o agrupación, la documentación para comprobar la veracidad de los informes anuales o de campaña presentados por éstos.

Si de la revisión de dichos informes se advierte errores u omisiones técnicas, se notificará al partido o agrupación política infractora que en el plazo de diez días presente aclaraciones o rectificaciones vencido el plazo. La Comisión de Fiscalización tendrá un plazo de 20 días para elaborar dictamen consolidado; el cual presentará al Consejo General en un término de 3 días siguientes a su conclusión.

El Consejo General con el dictamen y proyecto de resolución formulado por la Comisión de Fiscalización procederá a imponer la sanción correspondiente.

El sancionado podrá impugnar el dictamen y resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO SUBSISTEMA

Aplicable a extranjeros, ministros de culto religioso y notarios (artículos 266, 267 y 268 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales).

TERCER SUBSISTEMA

Aplicable a las autoridades del Instituto Federal Electoral, es decir, a sus servidores (artículos 265, 178 a 202 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral donde se establecen las sanciones y procedimientos que el Instituto Federal Electoral debe seguir para sancionar a sus servidores y los medios ordinarios de defensa para combatir las sanciones impuestas reconsideración ).

CUARTO SUBSISTEMA

Aplicable a los servidores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Artículos 209. IX y XIV, 219, 220, 221 y 241 en relación a lo dispuesto por el título VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

QUINTO SUBSISTEMA

Aplicable a autoridades federales, estatales y municipales. En el caso de que no proporcionen en tiempo y forma la información que les sea solicitada por el órgano competente del Instituto Federal Electoral, el cual integrará expediente que será sometido al superior jerárquico, el cual comunicará al Instituto Federal Electoral las medidas adoptadas.

Conforme al artículo 82 Il.W del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General está facultado a conocer de infracciones e imponer las sanciones correspondientes. Sin embargo, se encuentra impedido para tramitar los procedimientos correspondientes ya que tal atribución se otorga a la Junta General Ejecutiva.

Para arribar a las anteriores conclusiones se toma en cuenta lo siguiente:

El examen de los términos en que se desarrolla el procedimiento administrativo especializado a que se refiere el artículo 49-A, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales evidencia, que éste cuenta con las características particulares siguientes:

a) Un órgano sustanciador: la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, cuya función es realizar la revisión de los informes anuales y de campaña de dichos partidos y agrupaciones políticas, en los términos precisados en el propio numeral, y la elaboración del dictamen consolidado y proyecto de resolución, el que debe presentarse ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el cual determina, de ser el caso, la imposición de alguna sanción.

b) Finalidad única: la revisión de los mencionados informes que rindan los partidos o agrupaciones políticas, según corresponda.

En cambio, las principales características del procedimiento genérico estatuido en el artículo 270 del código en consulta son:

a) Un órgano sustanciador: la Junta General Ejecutiva, cuyas funciones son integrar el expediente respectivo, mediante la recepción de la queja correspondiente, y la subsecuente sustanciación del procedimiento conforme lo establece el numeral en cita; así como formular el dictamen relativo para ser presentado ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, para que éste fije, en su caso, la sanción correspondiente.

b) Un objeto genérico: cualquier irregularidad o infracción administrativa a la normatividad electoral en cuestión, con excepción de la materia inherente al financiamiento. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 40, 82, párrafo 1, inciso t), w) y z); 86, párrafo 1, inciso l); 264, 269 y 270 a 272, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el procedimiento establecido en el artículo 270 puede incoarse por las siguientes razones: la presentación de una queja en contra de las agrupaciones políticas (entre otros sujetos); cuando algún órgano del Instituto Federal Electoral tiene conocimiento de que una agrupación política cometió alguna irregularidad; así como, cuando el consejo general requiere a la junta general ejecutiva para la investigación de las actividades de un partido o agrupación política, previa solicitud de un instituto político. En este procedimiento, la junta general ejecutiva es el órgano competente para integrar el expediente mediante la realización de los siguientes actos: a) emplazamiento al presunto responsable o infractor; b) el otorgamiento de un plazo para que se produzca la contestación y se aporten pruebas; c) la posibilidad de solicitar información y documentación para la integración del expediente; d) la elaboración del dictamen correspondiente para presentarlo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Esta autoridad concluye con dicho procedimiento al imponer, en su caso, las sanciones correspondientes.

En esa virtud, si bien conforme con los numerales 49-A, párrafos 2, y 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales existen dos procedimientos administrativos de los que puede derivar la imposición de una sanción a los partidos o agrupaciones políticas, la instauración de tales procedimientos depende exclusivamente de la actualización de los supuestos de hecho, previstos en la norma relativa y no de la voluntad del partido o agrupación política interesada.

Lo anterior tiene apoyo en la tesis relevante SUP060.EL1/98, publicada en la página 83 del Suplemento número 2, correspondiente al año de 1998, de la revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación denominada Justicia Electoral que lleva por rubro SANCIONES A LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLITICAS POR INFRACCIONES A LAS REGLAS INHERENTES AL FINANCIAMIENTO .

En el caso a estudio, el motivo por el que fue sancionada la agrupación política nacional actora consiste en la no comprobación del origen contable de cuatro millones de pesos, mismos que se encontraban inadecuadamente justificados a decir de la resolutora; por tanto, es indudable que el procedimiento aplicable en el caso concreto era el previsto, específicamente, en el artículo 49-A, párrafo 2, tantas veces citado, pues las anteriores circunstancias se ubican perfectamente en los supuestos fácticos previstos en tal precepto, situación que excluye la pretendida aplicación del procedimiento genérico a que se refiere el artículo 270 del código en consulta, pues en la técnica de la aplicación de la ley, lo específico priva sobre lo genérico, principio general de derecho que se invoca en términos del artículo 2, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo anterior, no puede ser sostenido, como pretende el actor, que los plazos para rectificar o aclarar las cuentas anuales, previstos en el artículo 49 A antes señalado deban ser sumados,- en momentos procesales distintos-, a los previstos en el artículo 270 del código mencionado, y que sólo de esta manera puede garantizarse el derecho a la defensa por parte del actor.

En efecto, al ser el artículo 49-A el único numeral aplicable al efecto debe entenderse que es éste y sólo éste la norma especial procesal aplicable, por lo mismo con los diez días que el mismo prevé para aclarar o rectificar las cuentas anuales debe entenderse respetados los derechos de defensa del actor.

Dicho instituto en el momento procesal oportuno debe sencillamente aclarar las deficiencias de sus cuentas anuales, debiéndose entender como consecuencia ipso jure que si tales insuficiencias no son aclaradas se actualizarán las consecuentes sanciones, entre las que podría encontrarse inclusive la pérdida del registro correspondiente.

Por todo lo antes razonado, los motivos de agravio relacionados en este estudio deben desestimarse.

En consecuencia, al concluirse que debe seguirse el procedimiento del artículo 49-A, párrafo segundo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo mismo, la sustanciación del asunto corresponde a la comisión antes señalada, y de ninguna manera a la Junta General Ejecutiva, pues ésta sólo puede actuar en términos de lo dispuesto por el artículo 270 de las disposiciones en comento.

Tal conclusión no es contradictoria a lo dispuesto en el artículo 86, párrafo 1, inciso j) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales cuando señala:

La Junta General Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes, siendo sus atribuciones las siguientes:

j) Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen de pérdida de registro de la agrupación política que se encuentre en cualquiera de los supuestos del artículo 35 de este Código .

Lo anterior debe considerarse así, pues de una interpretación sistemática de la ley de la materia debe concluirse que el ejercicio de la facultad que se atribuye a la Junta General del Instituto en dicho numeral debe entenderse restringido a los casos generales que deberán ser sustanciados de acuerdo al artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; mas no así en los casos de omisiones o defectos de las cuentas anuales de las agrupaciones políticas que deberán regularse por lo dispuesto en la norma procesal especial, esto es, el artículo 49 A del código antes mencionado.

En consecuencia será la comisión de fiscalización correspondiente la encargada de sustanciar el expediente relativo en términos de las normas aplicables, y en especial del Artículo 49-A, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y será el Consejo General del Instituto Federal Electoral quien en última instancia decidirá sobre la correspondiente pérdida de registro; quedando cumplido plenamente el respeto a la garantía de audiencia que dispone el artículo 67 párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, según fue demostrado previamente.

En razón de lo anterior deben ser desestimados la totalidad de los agravios sintetizados con la letra A).

Son igualmente infundados los agravios sintetizados en el inciso B) anterior.

De inicio cabe aclarar que esta Sala Superior debe restringir su estudio al análisis de las constancias que conformaron los elementos que tomó en cuenta la autoridad responsable al desahogar el procedimiento previsto en el artículo 49-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Lo anterior obedece a que tales cuestiones determinaron la irregularidad descubierta por la responsable, y permitieron el desahogo de la defensa del actor ante esa misma instancia.

Esto es así pues el objeto fundamental del presente medio es simplemente determinar la legalidad y constitucionalidad del acto de autoridad, partiendo de los datos y constancias que sirvieron a su motivación.

Tomando en cuenta lo anterior debe sopesarse que en el acuerdo reclamado constan los siguientes actos realizados por la autoridad electoral, que no están controvertidos por la agrupación recurrente:

a. En la cuenta de banco a nombre de la agrupación se localizaron doce depósitos en efectivo por un monto total de $4 000,000.00. Dicha suma fue depositada y retirada el mismo día mediante cuatro cheques expedidos a nombre de American Consulting Enterprises S.A. de C.V.

b. La comisión instructora solicitó a dicha organización política que aclarara tales cuestiones el 6 de agosto de 2001 mediante oficio SCTFRPAP/662/01.

c. El 20 de agosto siguiente tal instituto político señaló lo siguiente:

Con relación a los depósitos, nosotros tuvimos la necesidad de recurrir con gente que nos prestara, ya que teníamos gastos muy fuertes por concepto de proveedores, por tal motivo le solicitamos al Sr. Humberto Robledo Alvistegui que nos tramitara un crédito para poder comenzar a cubrir nuestros pasivos. Y así poder cubrir los trabajos que elaboraría American Consulting Enterprises, S.A. de C.V. Pero en esos días nosotros consultamos con ustedes qué podíamos hacer con esos pasivos, ya que habíamos acordado con nuestros proveedores liquidarlos a más tardar el 30 de abril de 2001, y creíamos que en nuestros informes al 31 de diciembre de 2001 no debíamos traer pasivos, a lo cual nos contestaron que los pasivos los podíamos cubrir al siguiente ejercicio, por eso depositamos el préstamo, volviéndose una confusión ya que dimos instrucciones de cancelar la operación por este motivo se retiró y se volvió a depositar varias veces el mismo día...

D. Como complemento a lo anterior, el 22 de agosto pasado la agrupación actora manifestó a la autoridad instructora lo siguiente:

... como complemento del oficio 662 donde me solicita demuestre la procedencia de los ingresos, manifesté que solicitamos un crédito para poder cubrir nuestros compromisos, pero cancelamos la operación. Ya que al consultar a este honorable instituto que tenía muchos pasivos, me dijo que sí los podría traer siempre y cuando se cubrieran en el siguiente ejercicio. Ese dinero lo necesitábamos para cubrir una parte del contrato con un proveedor, contrato que todavía no se firmaba, por tal motivo teníamos listos los cheques en garantía, y el cheque con el que le íbamos a cubrir el anticipo, pero dicha operación no se llevó a acabo, y al cancelar las operaciones cometimos el error de depositar el préstamo y sacarlo.

Anexo:

Contrato de mutuo por el préstamo obtenido el cual se canceló .

Es de advertir que el contrato de mutuo de fecha 21 de diciembre de 2000 que fue presentado por el hoy actor para justificar los depósitos efectuados era por la cantidad de un millón de pesos, y era celebrado por Humberto Robledo Albiztegui como mutuante y la agrupación actora como mutuatario. Y que en ninguna parte de dicho contrato se menciona a la empresa American Consulting Enterprises S.A. de C.V. o se señala el fin de dicho acto jurídico.

E. La comisión determinó que la irregularidad no había quedado subsanada pues existían las siguientes contradicciones:

a. El monto total depositado fue por la cantidad de cuatro millones de pesos, y el contrato de mutuo que se supone fue celebrado entre Humberto Robledo y la Agrupación fue por la suma de un millón de pesos.

b. Humberto Robledo no sería quien directamente prestara el dinero; sino que encontraría a un tercero al efecto, pero en ningún momento se señaló de dónde provendría tal dinero.

c. No se sabía que trabajos realizaría American Consulting Enterprises , S.A. de C.V. ni se acredita que existiera alguna relación jurídica entre esta empresa y la agrupación actora.

Por otro lado, debe hacerse notar que ningún otro documento se presentó a la comisión en cuestión a fin de justificar que los recursos provenientes del contrato de mutuo serían utilizados para algún fin.

F. Lo anterior fue valorado por el Consejo General que calificó tales cuestiones como graves por lo siguiente:

a. El monto de la irregularidad es grande: $4,000,000;

b. No existen cuentas claras, ni se justificó el origen y destino de esas cantidades;

c. Toda vez del galimatías en términos de la autoridad, conformado por las sucesivas informaciones y defensas realizadas por la agrupación puede presumirse dolo, mala fe o la intención de ocultar información a la autoridad electoral por parte de la agrupación actora.

En consecuencia, se canceló el registro de tal instituto político.

Ahora bien, es criterio de esta Sala Superior que con base en los elementos que fueron proporcionados a la autoridad responsable en el momento procesal oportuno, fue adecuado el proceder de tal autoridad responsable.

En efecto, del análisis de tales elementos, y en especial de las contestaciones a los requerimientos realizados al actor se desprenden una serie de cuestiones que efectivamente no pueden ser por sí mismas aclaradas:

1. En forma alguna se aclara el hecho de que el veintiuno de diciembre de dos mil se hayan registrado doce depósitos de dinero en efectivo que sumados dan un total de cuatro millones de pesos en una cuenta de la agrupación actora. Igualmente no queda aclarado el motivo por el cual la Agrupación retiró la totalidad del depósito del dinero, a través de la emisión de cuatro cheques cada uno por un millón de pesos.

2. Del escrito del veinte de agosto de dos mil uno se desprende claramente que Humberto Robledo no sería quien prestara el dinero a la Agrupación sino que coadyuvaría para obtener un crédito. Sin embargo, la agrupación aclaró qué persona física o moral ofrecería el crédito a fin de que la autoridad sustanciadora y resolutora tuvieran certeza del origen de los recursos.

3. De la misiva antes señalada tampoco se aclara qué tipo de servicios realizaría American Consulting Enterprises S.A. de C.V. a favor de la Agrupación actora. Esto es especialmente incongruente si se analiza que según el decir de la Agrupación actora, se había cancelado el préstamo tramitado por lo que el dinero debió haberse regresado al mutuante o al Sr. Robledo, pero no a la empresa mercantil antes señalada.

4. El oficio presentado el veintidós de agosto de dos mil uno presentado ante la Comisión sustanciadora es igualmente incongruente respecto a lo alegado en la demanda de recursal en estudio, puesto que refiere expresamente que los depósitos fueron un error, en efecto dice lo siguiente:

Ese dinero lo necesitábamos para cubrir una parte del contrato con un proveedor, contrato que todavía no se firmaba, por tal motivo teníamos listos los cheques en garantía, y el cheque con que le íbamos a cubrir el anticipo, pero dicha operación no se llevó a cabo, y al cancelar las operaciones cometimos el error de depositar el préstamo y sacarlo.

5. Es de especial relevancia hacer notar que ante la autoridad responsable se presentó un solo contrato de mutuo entre Humberto Robledo y la Agrupación actora que ampara un millón de pesos. Lo anterior es incongruente en dos cuestiones: La primera toda vez de que según se había dicho el Sr. Robledo no prestaría directamente el dinero a la Agrupación, y en todo caso el monto total depositado de forma irregular es de cuatro millones de pesos y no únicamente de un millón de pesos.

6. Es evidente que ninguno de los movimientos bancarios en cuestión se tradujeron efectivamente en registros contables debidamente documentados en que quedara claro el origen y razón de los recursos recibidos en relación a lo egresado.

Por lo anterior, resulta indudable para esta Sala Superior que de lo presentado ante la Comisión se desprenden contradicciones, y no quedan subsanadas plenamente las irregularidades en cuestión.

Por ende, debe concluirse que efectivamente el actor no aclaró ante la instancia administrativa instructora la irregularidad encontrada, y por otro lado, existen una serie de contradicciones internas entre su dicho en la defensa y los documentos que al efecto fueron aportados.

Ahora bien, a juicio de este máximo organismo jurisdiccional en la materia debe concluirse que efectivamente las irregularidades en comento son graves.

Como ha sido sostenido reiteradamente por esta Sala, y en especial al resolver el expediente SUP-RAP-058/2001, debe señalarse que para calificar de grave cierta administración debe atenerse tanto a las circunstancias objetivas del actuar ilícito, como a las condiciones subjetivas del instituto transgresor.

Desde ambas perspectivas la conducta debe tomarse como grave:

En efecto, el que no quede claramente determinado el origen y destino de cuatro millones de pesos es un hecho objetivamente grave.

El monto de dinero inmiscuido en sí mismo importa la gravedad de la conducta, esto es así, si se considera que la agrupación política en cuestión recibió durante el año pasado por concepto de financiamiento público un total de $1,024,082.23.

Esto es, la cantidad implicada equivale casi a cuatro años de financiamiento público recibido al efecto por ese instituto.

Además, la contabilidad de las agrupaciones políticas debe ser especialmente clara en torno a los montos recibidos y egresados a fin de que pueda ser fácilmente analizado y determinado el origen y destino de tales sumas para que su manejo sea transparente y nítido de forma tal que sean imposibles los malos manejos.

Esto es así pues debe entenderse que el objetivo de la fiscalización no tan sólo es el análisis contable de los montos ingresados y egresados; sino fundamentalmente el estudio y determinación del origen lícito de los recursos de los institutos políticos.

Ahora bien, el hecho de que inmediatamente durante el periodo de defensa ante la comisión, el actor no aclarara de manera pronta dentro del término que legalmente correspondía con documentos fehacientes el origen y destino de cuatro millones de pesos, que fueron ingresados en efectivo en una cuenta de la agrupación actora mediante doce sucesivos depósitos en un solo día pudiera llevar a presumir que tal organización pretendía ocultar información a esa instancia supervisora.

Eso mismo puede concluirse si se analizan las diversas contradicciones existentes entre las alegaciones vertidas ante la comisión y el documento que en su momento se aportó para su defensa.

Tal cuestión es especialmente grave si se parte que es principio generalmente aceptado en materia contributiva que las declaraciones que se presenten ante las autoridades inspectoras de las contabilidades deben hacerse regidas por el principio de la buena fe.

Por otro lado, las explicaciones que actualmente presenta la agrupación actora no desvirtúan claramente el origen y destino de los cuatro millones de pesos irregulares; toda vez que es en este momento procesal en que por primera vez se alegan.

Ahora bien, en sí mismas no explican claramente algunas cuestiones:

1. El porqué se justificó ante la responsable el dinero obtenido con un solo contrato de mutuo por un millón de pesos, cuando en realidad la suma total es por cuatro millones de pesos.

2. El porqué las fichas de depósito presentadas por el actor carecen del nombre y firma del depositante.

3. La razón por la que si el contrato celebrado entre la agrupación actora y American Consulting Enterprises, S.A. de C.V., se firmó el quince de noviembre de dos mil; se vino a ratificar hasta el veintisiete de septiembre de dos mil uno según acta de fecha veintisiete de septiembre de dos mil uno ante el notario 79 del Distrito Federal.

4. La razón por la que se contrató el quince de noviembre de dos mil con una empresa de muy reciente constitución; toda vez que American Consulting Enterprises S.A. de C.V. se constituyó el once de octubre de dos mil por escritura número 125, 440 ante el notario número 18 del Distrito Federal.

5. Además de que no se justifica plenamente la razón de la terminación del contrato en cuestión; toda vez que ésta se dio sólo treinta y siete días después de celebrado.

6. Finalmente, la razón por la que todas las aclaraciones y precisiones en cuestión; si existían a la fecha en que fueron requeridas, no fueron presentadas en el momento procesal oportuno.

Estas cuestiones son contrarias a los artículos 34, 35, 38, 49, 49-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 1.1, 3.1, 7.1, 11.1, 12.1 y 14.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, de los que se desprende claramente que deben estar respaldados cada uno de los movimientos contables de las agrupaciones políticas en los documentos respectivos, de forma tal que en su caso ingresos y egresos sean interpretables de acuerdo a las reglas de la contabilidad ahí manifiestas.

Por otro lado, como se ha afirmado con anterioridad, la irregularidad encontrada es la falta en la determinación del origen y destino de cuatro millones de pesos dentro de la contabilidad del actor.

Cuestión grave en sí misma pues impide la verificación y certeza de los ingresos de la agrupación actora; por ende, no es determinante el hecho de que no se haya presumido o demostrado que tales fondos eran de procedencia ilícita, pues tal punto no fue sostenido sustancialmente por la responsable al imponer la sanción correspondiente.

Finalmente, es importante señalar que cuando la comisión multimencionada ejerció las facultades de verificación de las cuentas y contabilidad de las agrupaciones políticas, de ninguna manera puede afirmarse que se está entrometiendo en la vida interna de tal agrupación; ya que es precisamente esa su misión, la de verificar todo lo relacionado con el origen y destino de los recursos que lícitamente obtengan.

Cuanto más si se considera que la sanción impuesta al actor se refiere exclusivamente al hecho de que tal agrupación no comprobó plenamente el origen de cuatro millones de pesos, sin que esa autoridad hubiese pretendido comprobar, o hubiera verificado que los contratos realizados por el instituto político en cuestión y sus proveedores se cumplieran efectivamente.

Por todo lo expuesto y en atención a las consideraciones y fundamentos vertidos, se

RESUELVE

PRIMERO.- Se sobresee en el presente medio de impugnación por lo que hace al Dictamen consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas al Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de los informes anuales de ingresos y gastos de las agrupaciones políticas nacionales correspondientes al ejercicio dos mil.

SEGUNDO. Se confirma la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el veinte de septiembre pasado, por la que se determina la pérdida de Registro a la Agrupación Política Nacional Unidad Lombardista por las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de las agrupaciones políticas nacionales correspondientes al ejercicio del año dos mil.

Notifíquese personalmente al actor en el inmueble sito en Colorado 18, colonia Nápoles por oficio a la autoridad señalada como responsable, acompañando copia certificada de la presente sentencia; y, a los demás interesados, por estrados.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por UNANIMIDAD ante el Secretario General de Acuerdos quien autoriza y da fe. Conste.- El Magistrado Presidente, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo.- Rúbrica.- Los Magistrados, Leonel Castillo González, José Luis de la Peza, Eloy Fuentes Cerda, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José de Jesús Orozco Henríquez, Mauro Miguel Reyes Zapata.- Rúbricas.- El Secretario General de Acuerdos, Flavio Galván Rivera.- Rúbrica.

EL SUSCRITO, DOCTOR FLAVIO GALVAN RIVERA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, CERTIFICA: Que la presente copia, en ciento diecinueve fojas debidamente cotejadas y selladas, corresponde íntegramente a la sentencia dictada en sesión pública de resolución celebrada en esta fecha, cuyo original obra en el expediente SUP-RAP-065/2001 integrado con motivo del Recurso de Apelación promovido por Agrupación Política Nacional, Unidad Nacional Lombardista, radicado en esta Sala Superior. Lo que certifico, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 201 fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en cumplimiento de lo ordenado en la propia sentencia. Doy fe.- México, Distrito Federal, a treinta de noviembre de dos mil uno.- Conste.- Rúbrica.


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