PROGRAMA Nacional de Vivienda 2021-2024. Programa Nacional de Vivienda 2021-2024 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano PROGRAMA ESPECIAL DERIVADO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 1.- Índice Presentación del PNV 2.- Fundamento normativo de elaboración del programa MARCO JURÍDICO LEYES GENERALES Y FEDERALES DECRETOS 3.- Siglas y acrónimos 4.- Origen de los recursos para la instrumentación del Programa 5.- Análisis del estado actual Diagnóstico de la situación actual a la luz de los elementos de la vivienda adecuada 1. SEGURIDAD DE LA TENENCIA 2. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, MATERIALES, INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA 3. ASEQUIBILIDAD 4. HABITABILIDAD 5. ACCESIBILIDAD 6. UBICACIÓN 7. ADECUACIÓN CULTURAL 6.- Objetivos prioritarios 6.1.- Relevancia del Objetivo prioritario 1: Garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada a todas las personas, especialmente a los grupos en mayor condición de discriminación y vulnerabilidad, a través de soluciones financieras, técnicas y sociales de acuerdo con las necesidades específicas de cada grupo de población 6.2.- Relevancia del Objetivo prioritario 2: Garantizar la coordinación entre los organismos nacionales de vivienda y los distintos órdenes de gobierno para el uso eficiente de los recursos públicos 6.3.- Relevancia del Objetivo prioritario 3: Fomentar conjuntamente con el sector social y privado, condiciones que propicien el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada 6.4.- Relevancia del Objetivo prioritario 4: Asegurar el derecho a la información y la rendición de cuentas de todos los actores del sistema de vivienda adecuada 6.5.- Relevancia del Objetivo prioritario 5: Establecer un modelo de ordenamiento territorial y gestión del suelo que considere la vivienda adecuada como elemento central de planeación de territorio 7.- Estrategias prioritarias y Acciones puntuales Objetivo prioritario 1.- Garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada a todas las personas, especialmente a los grupos en mayor condición de discriminación y vulnerabilidad, a través de soluciones financieras, técnicas y sociales de acuerdo con las necesidades específicas de cada grupo de población Objetivo prioritario 2.- Garantizar la coordinación entre los organismos nacionales de vivienda y los distintos órdenes de gobierno para el uso eficiente de los recursos públicos Objetivo prioritario 3.- Fomentar conjuntamente con el sector social y privado, condiciones que propicien el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada Objetivo prioritario 4.- Asegurar el derecho a la información y la rendición de cuentas de todos los actores del sistema de vivienda adecuada Objetivo prioritario 5.- Establecer un modelo de ordenamiento territorial y gestión del suelo que considere la vivienda adecuada como elemento central de planeación de territorio 8.- Metas para el bienestar y Parámetros Meta del bienestar del Objetivo prioritario 1 Parámetro 1 del Objetivo prioritario 1 Parámetro 2 del Objetivo prioritario 1 Meta del bienestar del Objetivo prioritario 2 Parámetro 1 del Objetivo prioritario 2 Meta del bienestar del Objetivo prioritario 3 Parámetro 1 del Objetivo prioritario 3 Parámetro 2 del Objetivo prioritario 3 Meta del bienestar del Objetivo prioritario 4 Parámetro 1 del Objetivo prioritario 4 Parámetro 2 del Objetivo prioritario 4 Meta del bienestar del Objetivo prioritario 5 Parámetro 1 del Objetivo prioritario 5 9.- Epílogo: Visión hacia el futuro 10.- Lista de dependencias y entidades participantes Presentación del PNV En México, existen proyectos habitacionales emblemáticos que podrían catalogarse como vivienda adecuada, de acuerdo a las directrices que ha establecido ONU-Hábitat. Ejemplos concretos pueden encontrarse en la Ciudad de México, como el multifamiliar Miguel Alemán que fue construido en 1949, o la Unidad Habitacional Independencia, edificada en 1960, y el Conjunto Tlatelolco, terminado en 1964. En todos ellos, hubo una participación decidida de las instituciones del Estado, acompañadas por los sectores privado y social, quienes combinaron planeación, diseño arquitectónico y expresión artística para brindar soluciones dirigidas a familias de bajos ingresos. Hoy, estos emblemas urbanos continúan siendo referentes de la vivienda asequible, de calidad y bien ubicada. La gran migración a las ciudades experimentada en la segunda mitad del siglo XX, hizo que la demanda por vivienda fuera mayor a lo que podía ofrecer un esfuerzo liderado únicamente por el sector público. De la necesidad anterior, es que a principios de los 70 surgen instituciones como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, como una respuesta de los empresarios a las demandas del sector sindical por contar con una vivienda cerca de los centros de trabajo. Ese modelo tripartito sigue vigente hasta nuestros días. Sin embargo, estos esfuerzos no fueron suficientes para garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada. En la década de los 80, las ciudades continuaron su crecimiento, muchas veces de forma irregular y sin planeación; la industria de la vivienda era incipiente, aunque en crecimiento. Únicamente los trabajadores del sector privado parecían tener garantizado un mecanismo de financiamiento a la vivienda. Ante esta situación, se crearon instituciones como el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (establecido en 1985), enfocadas en atender a otra parte de la población, que hasta entonces carecía de los satisfactores de la seguridad social. No obstante, incluso estas acciones fueron insuficientes para atender las crecientes necesidades de vivienda en el país. Hacia la última década del siglo XX, iniciaron grandes procesos de privatización y desmantelamiento del Estado. Bajo este paradigma se asumía que las fuerzas de mercado, por sí mismas, cubrirían las deficiencias en la provisión de bienes y servicios que demanda la población, incluida la vivienda. Lo anterior supuso la adopción de un modelo de desarrollo de vivienda expansivo, horizontal y de bajo costo, que se llevó a cabo sin considerar criterios para asegurar la calidad de la vivienda y una ubicación próxima a los servicios urbanos y centros de trabajo. Un modelo que, entre 1980 y 2010, provocó que la superficie de las ciudades con más de 50 mil habitantes se extendiera en promedio tres veces más rápido que el crecimiento de su población. Este modelo de vivienda, que fue altamente rentable en la primera década del siglo XXI, dejó fuera a la producción social de la vivienda, a comunidades organizadas en métodos tradicionales de construcción, entre otros. Se dejó de lado a casi cualquier política pública de gran escala dirigida a las necesidades de poblaciones con mayor marginación social y rezago. Se privilegió un modelo donde las grandes instituciones de vivienda (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) se limitaron al otorgamiento de créditos, expandiéndose el mercado y la industria. Al paso de una década, ese modelo tuvo graves consecuencias; al no encontrarse una fórmula de coordinación adecuada entre los distintos niveles de gobierno para el desarrollo urbano, la vivienda no siempre respondió a las necesidades culturales y climáticas de cada zona geográfica, se desarrolló sin servicios públicos, alejada de los centros de trabajo y de satisfactores como transporte público y escuelas. Entre otras consecuencias de este modelo, se encuentra el abandono de aproximadamente 650 mil viviendas en la actualidad. Un problema es que la oferta parecía estar al servicio de intereses privados y no necesariamente de lo que necesitaba la gente. El mandato de esta administración es recuperar la rectoría del Estado en materia de vivienda. Lo anterior significa diseñar una política que no responda a intereses particulares, sino a los del pueblo de México. Con esto, se busca revertir la situación descrita, a la vez que se atienden las necesidades actuales de la población, entre las cuales destaca un déficit de vivienda que suma las 9.4 millones de acciones en todo el país. Por primera vez, un Programa Nacional incorpora los siete elementos de la vivienda adecuada establecidos por ONU: seguridad de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad; ubicación y adecuación cultural. De esta manera, se busca que todos los actores impulsen estos criterios en los planes, reglas y programas de cada institución. La nueva política de vivienda coloca su énfasis en los grupos más vulnerables, y le devuelve el acceso a la vivienda adecuada, en consonancia con el objetivo 2. Política Social del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Lo anterior, considera que la vivienda ha dejado de ser un producto comercial escindido del territorio y se ha convertido, vista desde la política pública, en un espacio habitacional inherentemente vinculado con el territorio. Este Programa Nacional de Vivienda 2021-2024, es uno de los primeros esfuerzos hechos a raíz de los cambios normativos que confirieron a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano la rectoría pública en materia de vivienda. Este Programa es pionero en el mundo por su alineación a los criterios de vivienda adecuada de la ONU; sus objetivos y estrategias fueron construidos con diversos actores de los sectores privado, público y social a través de foros, mesas de diálogo y reflexiones en todo el país. La evaluación permanente de este Programa permitirá avanzar, hacia 2024, en cinco principios impulsados por cada uno de sus objetivos: la persona al centro de todas las decisiones en el sector vivienda; el uso eficiente de los recursos públicos; la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y la colaboración amplia con todos los sectores de la sociedad; la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, y la generación, por primera vez, de un modelo integral de ordenamiento territorial. Todo ello, con particular atención a la población con más carencias y sin acceso a instrumentos de financiamiento. Las metas y los parámetros en este Programa enfatizan las necesidades de cambio de paradigma, así como los ajustes requeridos para su cumplimiento. Las grandes transformaciones necesitan convocar a la mayor cantidad de convicciones. El éxito de este Programa depende de todos los actores relevantes en el sector, de instituciones públicas, privadas y sociales, de gobiernos locales, de la sociedad y de todos los mexicanos y las mexicanas que tienen un compromiso real con el desarrollo del país. 2.- Fundamento normativo de elaboración del programa En la legislación nacional, el referente normativo en materia de vivienda se desprende de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que establece en su artículo 4o. que todas las familias tienen el derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, y que la Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. En cumplimiento a lo anterior, la Ley de Vivienda establece que la vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional, y que el Estado impulsará y organizará las actividades inherentes a la materia por sí y con la participación de los sectores social y privado. Asimismo, este ordenamiento legal determina que el Estado contará con un Programa Nacional de Vivienda que contendrá entre otros aspectos, los objetivos que regirán el desempeño de las acciones de la vivienda de la Administración Pública Federal y los mecanismos de coordinación con las entidades federativas y los municipios, así como la concertación de acciones con los sectores social y privado; la estrategia general habitacional que comprenderá las acciones básicas a seguir, la definición de las distintas modalidades de atención, las metas y prioridades y su previsible impacto en el sistema urbano, así como en el desarrollo regional, económico y social y; la identificación de las fuentes de financiamiento y la estimación de recursos necesarios para las acciones de vivienda, así como los mecanismos para fomentar la participación y el financiamiento público, social y privado para la vivienda. Asimismo, el artículo 9 de la Ley de Vivienda dispone que el Programa Nacional de Vivienda será formulado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, aprobado por el Presidente de la República mediante decreto y estará sometido a un proceso permanente de control y evaluación, observando lo dispuesto en dicho ordenamiento y, en lo conducente, en la Ley de Planeación y en la Ley General de Desarrollo Social. En tal virtud, siendo el Programa como el instrumento rector de las políticas en materia de vivienda, le resultan aplicables las disposiciones de la Ley de Planeación, que en su artículo 2o. dicta que la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá atender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la CPEUM. Conforme al artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es facultad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, elaborar y conducir las políticas de vivienda, ordenamiento territorial, desarrollo agrario y urbano, así como promover y coordinar a las entidades federativas, municipios y, en su caso, las alcaldías de la Ciudad de México, la elaboración de lineamientos para regular la planeación habitacional y el desarrollo de vivienda. Además de lo anteriormente señalado, en la elaboración del presente Programa se tomaron en consideración las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales vigentes en materia de vivienda que se mencionan en el siguiente apartado. MARCO JURÍDICO El artículo 123, Apartado A, fracción XII Constitucional establece que toda empresa está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Dicha obligación se cubrirá mediante aportaciones a un fondo nacional de la vivienda encargado de establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar crédito barato y suficiente para la adquisición en propiedad de tales habitaciones. Tratados Internacionales en los que México es Parte. La elaboración del Programa Nacional de Vivienda 2021-2024 se tomaron en consideración los siguientes tratados internacionales en materia de derechos humanos, dentro de los que destacan: la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención de Derechos de las Niñas y Niños; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. LEYES GENERALES Y FEDERALES Asimismo, en la elaboración del presente Programa, se tomó en consideración los siguientes ordenamientos jurídicos: Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; Ley General de Protección Civil; Ley General de Víctimas; Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Ley de Expropiación, y Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, entre otros. DECRETOS Finalmente, se tomó en consideración el Decreto por el que se reestructura la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra para transformarse en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2016, y el Decreto del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 3.- Siglas y acrónimos
4.- Origen de los recursos para la instrumentación del Programa La totalidad de las acciones que se consideran en este Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus Objetivos prioritarios, Estrategias prioritarias y Acciones puntuales, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación u operación de dichas acciones y el seguimiento y reporte de las mismas, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto participantes en el Programa Nacional de Vivienda 2021-2024, mientras éste tenga vigencia. 5.- Análisis del estado actual El Programa Nacional de Vivienda tiene como base programática el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), el cual establece como puntos nodales de éste: construir un país de bienestar, erradicar la corrupción e impulsar el desarrollo sostenible, donde la vivienda social será una prioridad. De manera específica, este Programa buscará aportar soluciones para atender el nuevo consenso nacional del PND, el cual tiene como centro, la convicción de que el quehacer nacional en su conjunto debe orientarse al bienestar de la población. Lo anterior, a través de su contribución general a los principios rectores de: honradez y honestidad; economía para el bienestar; el mercado no sustituye al Estado; por el bien de todos, primero los pobres; no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. Adicionalmente, las políticas públicas de desarrollo agrario, territorial y urbano tienen alineación con el eje general de Política Social del PND en donde se encuentran dos programas: Programa Nacional de Reconstrucción y Desarrollo Urbano y Vivienda. El Gobierno de México no está en contra de quienes obtienen un patrimonio con esfuerzo, trabajo, preparación, habilidad emprendedora y talento empresarial: tales ciudadanos merecen respeto y protección, por lo que el Programa presente garantizará a todos los ciudadanos una vida digna y justa, con seguridad y bienestar, con preferencia a los pobres, cuidando los recursos naturales; la riqueza de la nación y que los frutos del trabajo de los mexicanos se distribuirán con justicia. Los proyectos orientados a reactivar la economía y crear empleos, obtendrán un respaldo de inversión pública destinado a la vivienda, a obras y servicios públicos, a comunicaciones, al fomento de la pequeña y mediana empresa, al turismo, a mejorar el salario, a fortalecer el consumo y el mercado interno. En la actualidad, millones de mexicanos viven en asentamientos precarios que carecen de servicios y equipamientos mínimos, donde los tiempos y costos de transporte para tener acceso al trabajo, la educación y el abasto, son elevados. Por eso se implementará un programa de construcción de vivienda popular que garantice este derecho y genere miles de empleos. El derecho a la ciudad y a la vivienda involucra aspectos fundamentales del hábitat como la seguridad jurídica, la disponibilidad de infraestructura, servicios y equipamientos urbanos, de salud, educación y trabajo. Bajo estos principios, este Programa Nacional de Vivienda busca no sólo consolidarlos, sino además convertirlos en las acciones, proyectos y programas que impulsen la garantía del DHVA. Cambiar el paradigma a través del cual se produjeron millones de viviendas nuevas, pero sin atender los requerimientos cualitativos de la población, es una labor que desde este Programa se concentrará de manera muy particular en las necesidades de las familias de menores recursos y que hasta ahora no han sido sujetas de crédito. La vivienda puede ser concebida como el espacio que habitan las personas y las familias, ya sea en el campo o en la ciudad; construida de distintas dimensiones, formas y materiales; ubicada lejos o cerca del centro de trabajo, de los equipamientos de salud, educación y recreación; edificada a partir de esfuerzos propios o a través de algún crédito; utilizada para habitar, o como un patrimonio que permite generar ingresos. Sin embargo, la vivienda es mucho más que un simple espacio edificado: tiene múltiples significados y enfoques. Conlleva la intervención de muchos actores, entre ellos, instituciones públicas del gobierno federal, estatal y municipal; inversionistas, desarrolladores, constructores, proveedores de materiales, asociaciones, entidades financieras, trabajadores; incluso las mismas personas que habitarán la vivienda, quienes poco a poco construyen, a veces como parte de un esfuerzo colectivo con su comunidad. En algunos casos también se involucran especialistas, como ingenieros, arquitectos, entre otros; todos ellos, en conjunto, le dan un sentido eminentemente social al proceso de desarrollar vivienda. Al mismo tiempo, la producción de vivienda genera inversión, empleo, y posibilita el desarrollo; basta con hacer notar que la mayor parte de la superficie en las ciudades, que son polos productivos para sus regiones, es ocupada por usos habitacionales. La vivienda es un tejido que brinda soporte a la economía. Por todo lo anterior, el desarrollo de vivienda conforma un sistema complejo que incide en las esferas de lo económico, político, social, territorial y ambiental. Es además una práctica que trasciende lo local, pues los modelos de vivienda responden a las tendencias mundiales en el mercado inmobiliario y, de ahí, impactan el modelo de crecimiento de las ciudades. El Programa Nacional de Vivienda sienta las bases de la política habitacional en México, la cual se propone enfrentar enormes retos y desafíos, entre ellos: generar las condiciones necesarias para que todas las personas y familias mexicanas accedan a una vivienda adecuada; encontrar el equilibrio entre promover el fortalecimiento de la economía, por un lado, y garantizar el cumplimiento del DHVA, por el otro. Todo ello, con particular atención a las personas con más carencias y sin acceso a instrumentos de financiamiento. El Gobierno de México está obligado a recuperar la rectoría sobre los proyectos y programas habitacionales, orientándolos con base en un modelo de desarrollo territorial equilibrado. Lo debe hacer reconociendo que existen distintas formas de producción de vivienda, tanto aquella que oferta el mercado, como la que resulta de la producción social. Debe hacerlo apalancando las potencialidades y capacidades de los distintos niveles de gobierno, y además, sin perder de vista que las necesidades de la población son cuantitativas, y también cualitativas. Todo ello exigirá una adecuada articulación entre diversos elementos: suelo, financiamiento, gestión de trámites y permisos, los cuales a su vez deben vincularse de manera directa con el ordenamiento territorial, el manejo ambiental y la gestión integral de riesgos ante desastres. Hoy, México se encuentra ante una coyuntura que permite asumir el reto de garantizar el ejercicio del DHVA, y así mejorar la calidad de vida de todas y todos los mexicanos. Para desarrollar una estrategia que permita lograrlo, es preciso: primero, dimensionar las necesidades actuales y, segundo, profundizar en retos específicos que deben informar y delimitar las acciones a realizar. Todo ello, asegurando un enfoque centrado en las personas. Esto es precisamente lo que propone hacer el Programa Nacional de Vivienda, de la mano con todos los actores, tanto privados como sociales, que participan en este importante componente del desarrollo nacional. Como se verá en los contenidos del Programa, la caracterización de los retos específicos que tiene la vivienda en México se basa en los siete elementos de una vivienda adecuada definidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU): seguridad de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; asequibilidad; habitabilidad; accesibilidad; ubicación y adecuación cultural. En conjunto, estos elementos conducen a una reflexión sobre el camino a recorrer para asegurar que la vivienda en México deje de entenderse como un producto de cuatro paredes y un techo, para en cambio reconocer su función social: la vivienda adecuada y su hábitat, elementos capaces de mejorar el bienestar de las personas y de las familias mexicanas. Diagnóstico de la situación actual a la luz de los elementos de la vivienda adecuada 1. SEGURIDAD DE LA TENENCIA La seguridad de la tenencia se refiere a una situación en la que las personas cuentan de forma continua y segura con el derecho al suelo, y en consecuencia, a la posesión de la vivienda; esto incluye el acceso a la tierra en modalidades distintas a la propiedad privada, como las comunidades ejidales, comunales y cooperativas. Actualmente en México, 16.3% de las viviendas propias habitadas carecen de tenencia segura por falta de escrituras. Esto repercute especialmente en grupos en condición de discriminación y vulnerabilidad como la población indígena y los hogares rurales, cuyas viviendas carecen de escrituras en una proporción mucho más elevada (23.6% y 25.3%, respectivamente); no obstante, cabe precisar que, en ciertos casos, éstos sí cuentan con el reconocimiento de las autoridades de sus comunidades. Para que la tenencia sea segura se requiere cuando menos del reconocimiento escrito de la autoridad municipal, que implica la escrituración de la vivienda para proteger al propietario y a sus herederos. Para la vivienda en renta, se necesita un contrato de arrendamiento con base legal para formalizar y armonizar la relación entre el inquilino y el propietario. No obstante, esto se encuentra lejos de ser garantizado para ambos casos, existiendo tres retos principales que caracterizan las deficiencias a subsanar para lograr la tenencia segura en México. El primero es que se desconoce la magnitud exacta del problema; por ejemplo, si bien el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS) estima que en el país existen aproximadamente 7.5 millones de lotes irregulares de uso habitacional(1), actualmente no existe un registro o medición oficial al respecto. Además, información sobre las causas y consecuencias de la inseguridad jurídica de la vivienda, cuyo conocimiento podría ayudar a explicar y concienciar sobre la gravedad de este problema y diseñar una solución preventiva, no existe de forma clara y unificada a nivel nacional. Es necesario tener mayor entendimiento sobre: a) las causas detrás de la falta de tenencia segura entre las cuales destaca la insuficiente provisión de suelo formal para vivienda económica y b) las problemáticas suscitadas por desalojos forzosos, hostigamiento y otras amenazas para quienes carecen de tenencia segura. El segundo reto se refiere al proceso de escrituración, que adolece tanto de información insuficiente como de difusión ineficiente en relación a los trámites y catastros realizados en el registro público. Esto resulta en procedimientos tardados y costosos para las personas: de acuerdo con datos reportados por la CONDUSEF, los gastos notariales llegan a representar alrededor del 5 al 10% del valor de un inmueble. La falta de asequibilidad de una escritura perjudica a las personas propietarias, pues además de exponerlos al riesgo de sufrir invasión o desalojo, limita el pleno ejercicio de los derechos sobre una propiedad, como lo puede ser el uso de la vivienda a modo de garantía para acceder a un crédito bancario. Esto reafirma la importancia de la seguridad de tenencia para garantizar que la vivienda aporte al bienestar económico de las personas. El tercer reto en cuanto a la seguridad de tenencia hace referencia a la renta de vivienda, que representa el 15.9% de todas las viviendas en el país promedio inferior al de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es de 19.2%. En el 2014, solo 41% de las viviendas rentadas tenía un contrato que establecía las condiciones del arrendamiento. Aunque la falta de un contrato de arrendamiento no afecta la seguridad de la tenencia en el sentido estricto del término, sí se relaciona con ciertas problemáticas como desalojos forzosos, extorsión y abusos, los cuales impactan tanto a inquilinos como a propietarios. Adicionalmente, la falta de un contrato de arrendamiento genera un impacto proporcionalmente mayor para los hogares que pertenecen a los primeros tres deciles de ingreso del país, ya que más del 30% de sus ingresos se destinan a la renta. Es por esto que atender este reto se vuelve una tarea indispensable para estimular el desarrollo de alternativas a la compra para el acceso a una vivienda adecuada. 2. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, MATERIALES, INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA Para ser adecuada respecto al elemento de disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, una vivienda debe contar como mínimo con agua potable, drenaje sanitario y energía para que las personas puedan habitarla en forma higiénica y salubre. Con base en esta definición, en México una de cada cinco viviendas presenta carencias en el acceso a alguno de los servicios básicos (agua potable, drenaje sanitario, energía, entre otros). Además, una proporción incluso mayor tiene un acceso deficiente a servicios como alumbrado público (49.1%) y pavimentación (51.1%) en su entorno inmediato, sufriendo también de acceso limitado a equipamientos, transporte, áreas verdes y espacios públicos, todos ellos fundamentales para el aprovechamiento adecuado de la vivienda. De acuerdo con los resultados publicados por la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 (ENCIG), sólo 23.7% de la población está satisfecha con las calles y avenidas, y 35.9% con el alumbrado público. Estas deficiencias tienden a ser mayores en zonas rurales (donde las carencias de servicios básicos duplican el promedio nacional, impactando al 53.1% de las viviendas), así como en las periferias urbanas y en la región sur del país; por ejemplo, estados como Guerrero y Chiapas, tienen niveles de cobertura de servicios básicos muy por debajo del promedio nacional. La disponibilidad de servicios básicos varía según el servicio en cuestión. En el caso de agua y saneamiento, 5.1% de las viviendas en México carece de agua entubada y 6.1% no cuenta con drenaje sanitario(2), situación que afecta a 7.1% y a 2.0% de la población total del país respectivamente.(3) Por otro lado, 1.0% de las viviendas carece de electricidad(4); y en 15.4% de las viviendas se utiliza leña o carbón para cocinar. En términos generales, la problemática de la disponibilidad de servicios puede surgir por tres motivos: el primero, por la limitada capacidad de los gobiernos locales para incrementar la calidad y cobertura de sus redes de infraestructura a medida que la población crece, problemática que se ve exacerbada cuando los asentamientos se desarrollan en patrones donde la planeación urbana no está alineada con el desarrollo de servicios básicos, equipamientos e infraestructura.(5) El segundo, por fallas técnicas y/o escasez de los recursos, que da lugar a situaciones en donde a pesar de la existencia o cobertura de la infraestructura, la dotación del servicio ocurre en cantidad y/o calidad inadecuadas. El tercero, debido a asentamientos irregulares que no cuentan con una correcta planeación y acceso a la infraestructura básica. Estas situaciones pueden forzar a las familias a incurrir en altos gastos.(6) Por ello, el uso de técnicas de sistemas sustentables y de autosuficiencia, como el reciclaje de agua de lluvia y el aprovechamiento de fuentes renovables de energía, así como la optimización de estos recursos en el funcionamiento de las viviendas, debe ser un objetivo para asegurar la vivienda adecuada, pues no dependen de la extensión de redes y suelen representar ahorros en el gasto familiar.(7) 3. ASEQUIBILIDAD Una vivienda asequible es aquella cuyo costo no compromete la capacidad de las personas para acceder a otros satisfactores básicos (alimento, salud, vestimenta, entre otros). Por lo anterior, se considera que los gastos asociados a la vivienda no deberían superar el 30% del ingreso familiar.(8) En México, se estima que el decil más pobre de los hogares del país destina alrededor del 61% de su ingreso a la vivienda y sus servicios. La cifra para los siguientes dos deciles es de 34%, mientras que para el resto no supera el 30%(9). En este sentido, el reto de la asequibilidad de la vivienda en México está marcado por la desigualdad, y para abordarlo se requiere atender al menos dos desafíos: su costo y el acceso a financiamiento. El primero tiene que ver con precios de mercado y el nivel de ingresos de la población; si se toma en cuenta que el ingreso medio anual de los hogares en 2018 fue de aproximadamente $198,440 MXN y el precio promedio de una vivienda nueva de MXN $800,982 esto significa que una familia tendría que destinar alrededor de cuatro veces su ingreso anual total para adquirir una vivienda media, pagada de contado. Dicha falta de asequibilidad se vuelve más pronunciada en el caso de las mujeres, quienes en 2018 percibieron un ingreso promedio mensual de $13,595 MXN, frente al de los hombres que fue de $21,962 MXN; es decir, por cada diez pesos que percibieron los hombres, las mujeres percibieron seis. En el caso de la población indígena, donde el ingreso promedio de los hombres fue de $16,076 MXN y el de las mujeres de $9,373 MXN, esta situación se agrava.(10) El segundo desafío de asequibilidad es el acceso insuficiente e inequitativo a opciones de financiamiento. En México existe una baja penetración de crédito para la vivienda: en 2015, solo 20.8% de las viviendas particulares adquiridas o construidas por sus dueños fueron financiadas a través del INFONAVIT, el FOVISSSTE, PEMEX o del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, mientras que 4.9% había utilizado un crédito de bancos, sociedades financieras de objeto limitado o de cajas de ahorro. Esto implica que, en ese año, siete de cada diez viviendas fueron financiadas con recursos propios. La problemática principal, arrastrada por muchos años, es que los instrumentos financieros en este sector están enfocados principalmente a la adquisición de vivienda por parte de población derechohabiente, lo cual cubre únicamente a 44% de la fuerza laboral en México. Esto genera una dinámica que excluye a las personas que laboran en el sector formal, pero con ingresos limitados, a las que laboran en el sector informal, a quienes acceden a la vivienda a través de arrendamiento y a quienes construyen su vivienda en un lote familiar. En México los programas de subsidio han sido una respuesta a los retos de asequibilidad de la vivienda, en particular para los grupos en condición de discriminación y vulnerabilidad. Sin embargo, este mecanismo no ha logrado garantizar el derecho a la vivienda adecuada. Esto se debe en gran medida a que el acceso a subsidios suele estar supeditado al acceso a un crédito hipotecario, para lo cual es necesario que las familias receptoras cuenten con determinado nivel de ingresos; esto limita el acceso a los subsidios por parte de la población de menores ingresos. Adicionalmente, la mayoría de los programas de subsidio se han enfocado principalmente a incentivar la construcción de vivienda, cuando el rezago habitacional se concentra en las necesidades de autoconstrucción, ampliaciones y remodelaciones. Del total de los subsidios entregados por CONAVI entre 2013 y 2018, 66% fueron dirigidos hacia la adquisición de vivienda nueva. Los estados que más subsidios recibieron fueron Nuevo León, Jalisco, Puebla y Quintana Roo con 10%, 10%, 6% y 5% respectivamente.(11) 4. HABITABILIDAD Una vivienda habitable es aquella que garantiza la seguridad física de sus habitantes y les proporciona un espacio suficiente, así como protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento y otros riesgos para la salud y peligros estructurales.(12) La habitabilidad de la vivienda en México se puede aproximar usando, como primer indicador, el rezago habitacional. En este aspecto, el país ha mejorado en las últimas décadas, pues el porcentaje de viviendas en rezago ha disminuido de 33.5% en el 2008 a 27.5% en el 2018(13). No obstante, la magnitud del problema sigue siendo significativa en términos absolutos, en 2018 el número de viviendas en rezago por hacinamiento fue de 1.7 millones (aproximadamente, 5% del total de las viviendas) y por materiales fue de 7.5 millones (aproximadamente, 22% del total de las viviendas).(14) Las condiciones de rezago varían ampliamente entre los diferentes estados de la República; destaca la proporción de hogares con hacinamiento en Guerrero (23.1%), Chiapas (15.9%), Quintana Roo (14.9%) y Oaxaca (14.1%), los cuales presentan los mayores porcentajes de hacinamiento del país. En el extremo opuesto, en los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Baja California y Aguascalientes el porcentaje de viviendas particulares con hacinamiento es bajo, no rebasando el 4.5%.(15) Al hablar de habitabilidad, es preciso considerar la vulnerabilidad física de la estructura expuesta de la vivienda.(16) Es decir, una parte importante del rezago de las viviendas deriva de condiciones estructurales y de ubicación que las hacen vulnerables a riesgos relacionados a desastres por fenómenos naturales y eventos climáticos extremos (por ejemplo, sismos, inundaciones y deslaves, ondas de calor, entre otros). Si bien actualmente no se cuenta con un conteo exacto del número de viviendas que son vulnerables ante eventos perturbadores de la naturaleza, entre 2000 y 2012 fue de 1.2 mil viviendas afectadas por ellos.(17) Adicionalmente, en la actualidad se estima que siete de cada diez habitantes en México residen en zonas de riesgo debido a su exposición a distintos tipos de fenómenos naturales y climáticos; de éstos, el 30% se ubican en zonas rurales.(18) En materia de inundaciones, 35% de la población está en zonas de peligro; en ciertos estados, el riesgo es aún más severo ya que un alto número de personas habita en municipios con peligro de inundación: Tabasco (100%), Colima (92%) y Campeche (86%).(19) En cuanto a riesgos sísmicos significativos, éstos afectan a dos terceras partes del territorio del país,(20) concentrándose principalmente en Guerrero, Chiapas y Oaxaca. La población en mayor pobreza suele ser la más vulnerable a desastres por fenómenos naturales debido a la falta de recursos y capacidades de adaptación.(21) En este sentido, los riesgos ante sismos, inundaciones, y otros fenómenos meteorológicos son especialmente altos en los estados de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Campeche y Guerrero, ya que además de tener una alta exposición, tienen más del 40% de su parque habitacional construido con materiales endebles; en contraste, en el resto de los estados este porcentaje no rebasa el 25%.(22) 5. ACCESIBILIDAD El elemento de accesibilidad para el logro de una vivienda adecuada se refiere a un diseño y materialidad que consideren las necesidades específicas de diferentes grupos, especialmente las de las personas menos favorecidas y en condición de marginación.(23) Entre éstas, merecen particular atención las personas con algún tipo de discapacidad, por requerir soluciones materiales específicas que atiendan las limitaciones que enfrentan. Si las brechas de desigualdad en el acceso a una vivienda adecuada en México han sido históricamente pronunciadas, en el caso de grupos sociales en situación de discriminación o vulnerabilidad éstas han sido más marcadas. Dichos grupos experimentan dificultades para conseguir una vivienda que se adapte a sus necesidades, pues la adecuación se puede percibir costosa por parte de desarrolladores, mientras que las políticas públicas enfocadas a brindar apoyos específicos a estos grupos han sido limitadas. A continuación, se detalla la situación de los grupos considerados en condición de discriminación y vulnerabilidad o históricamente discriminados en el acceso a la vivienda adecuada: Personas con discapacidad: Las personas con discapacidad representan 6.4% de la población total del país.(24) En 2018, el 48.6% de este grupo se encontraba en condición de pobreza, de los cuales 22.8% tenían carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda y 9.4% tenían carencia por calidad y espacio de la vivienda.(25) Mujeres: Las mujeres representan 51.4% de la población total del país.(26) De acuerdo con el Instituto Nacional de Mujeres, en 2015 sólo 35.3% de las mujeres eran propietarias de una vivienda en México, comparado con 56.0% de los hombres.(27) En el ámbito rural, el porcentaje de titularidad femenina desciende a 30%.(28) Población indígena: Las personas que se auto reconocen como indígenas representa el 21.5% de la población total del país. En 2017, el 32.4% de la población indígena presentaba carencias en la calidad y espacios de la vivienda, mientras que 79.1% habitaba una vivienda en rezago. En términos de acceso a servicios básicos, el 56.0% de la población indígena tenía carencia.(29) Adultos mayores: La población de adultos mayores (PAM) representa 10.4% de las personas en el país. Este porcentaje crecerá hasta 14.6% para 2030 conforme a proyecciones publicadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO).(30) Del total de la PAM, 43.7% viven en situación de pobreza, de los cuales 7.4% sufre de carencia a calidad y espacios en la vivienda y 20.8% por acceso a servicios básicos de vivienda. Al igual que las personas con alguna discapacidad, los adultos mayores requieren programas y proyectos habitacionales adaptados a sus posibilidades físicas. El acceso a una vivienda que cumpla con las necesidades particulares de cada grupo que ha sufrido de discriminación o vulnerabilidad es fundamental para lograr una vivienda adecuada para todas las personas, sin dejar a nadie atrás. Por lo tanto, es indispensable generar políticas públicas y acciones específicas que se enfoquen en disminuir las brechas de desigualdad que limitan el acceso de estos grupos a una vivienda adecuada. 6. UBICACIÓN La ubicación de una vivienda adecuada es aquella que ofrece acceso a oportunidades de empleo, salud y educación, así como a otros servicios, equipamientos e instalaciones sociales; además es fundamental que se sitúe en zonas libres de contaminación o riesgos.(31) Es decir, la vivienda adecuada debe ubicarse en zonas conectadas y seguras. En términos de proximidad a empleo y equipamientos, en México se identifican deficiencias considerables. Entre 2014 y 2017 los Organismos Nacionales de Vivienda (ONAVIS) financiaron la construcción de más de 2.2 millones de unidades, pero sólo 8.0% se localizó en zonas urbanas plenamente consolidadas. De las viviendas construidas en 2017 para el segmento económico (con un costo por debajo de $311,450 MXN), únicamente 2.9% se situó en áreas consolidadas, mientras que 73.0% se ubicó en zonas periurbanas desconectadas de fuentes de empleo, equipamiento, servicios urbanos y redes de transporte. Además, proyectando el desarrollo futuro de la vivienda, es preciso considerar que solo el 14.7% de las reservas territoriales en el país cumplen con una ubicación adecuada en términos de acceso a infraestructura y cercanía a fuentes de empleo. En cuanto a la ubicación en zonas bien conectadas, el concepto de vivienda adecuada mantiene una estrecha relación con los servicios de transporte, pues reconoce que la capacidad de desplazarse de manera ágil, digna, asequible y segura al empleo y otros destinos forma parte de la función social de la vivienda. No obstante, para la mayoría de las familias mexicanas que habitan en zonas urbanas de más de 2 mil 500 habitantes, el transporte no es asequible, ya que constituye el segundo concepto de gasto familiar (19.3% del gasto total) y representa el doble de lo que se gasta en vivienda y sus servicios (9.5%).(32) Además, los desplazamientos consumen una proporción significativa del tiempo de las personas: el traslado al centro laboral del 15.7% de los mexicanos toma más de 60 minutos.(33) Debido a que el transporte público masivo y limpio constituye la forma más eficiente, equitativa y barata de dar movilidad a las personas, en particular a las poblaciones en condición de pobreza, es fundamental que en zonas urbanas la ubicación de la vivienda considere la proximidad a las estaciones de dicho servicio. Finalmente, la vivienda debe ubicarse en zonas libres de riesgos. La seguridad tiene un papel determinante en el bienestar y satisfacción de las personas que se benefician de las acciones de vivienda, aspecto que a su vez se encuentra estrechamente vinculado a la ubicación y entorno urbano. Lo anterior se explica porque, si bien hay problemáticas tangibles como el robo a casa habitación (5.2 por cada cien habitantes) y el asalto en calle o transporte público (8.4 por cada cien habitantes), es la percepción de inseguridad pública la que más se ha incrementado en los últimos años: actualmente, 78.9% de la población mexicana califica la seguridad pública negativamente. En el caso de la vivienda, dicha percepción se relaciona principalmente con el deterioro del espacio público y el abandono de vivienda(34), aspectos que a su vez encuentran algunas de sus causas en el mantenimiento inadecuado y el aislamiento físico de las viviendas. En México preocupa que precisamente en aras de incrementar la sensación de seguridad, se ha popularizado la construcción de conjuntos habitacionales desintegrados de las manchas urbanas, cuya lejanía y desconexión con el entorno dificulta la provisión de servicios, entre ellos el de seguridad pública.(35) Por otro lado, se ha prestado atención insuficiente a la etapa de uso de la vivienda, durante la cual es fundamental contar con recursos y gestiones para su adecuado mantenimiento, de forma que se evite su degradación física y se prevenga su abandono. Las reflexiones anteriores exponen cuán relacionada está la ubicación de la vivienda con problemáticas más estructurales de ordenamiento del territorio, planificación urbana y gestión del suelo, incluyendo la gestión ambiental. Las dinámicas metropolitanas brindan un claro ejemplo de cómo estos elementos se interrelacionan: una deficiente planificación urbana entre municipios puede limitar la capacidad de coordinar sosteniblemente el crecimiento. Los nuevos hogares, buscando tener una buena ubicación, suelo barato o ambos, se asientan en suelos no aptos y/o lejanos, lo cual complica la gestión de servicios públicos. Por ejemplo, entre 1980 y 2017 la Ciudad de México tuvo una tasa de crecimiento poblacional del 1.1% anual, mientras que la tasa de crecimiento de la superficie urbana creció tres veces más (3.3%) al año durante el mismo periodo. Durante el mismo periodo, la densidad poblacional de la Ciudad de México pasó de 23,097 a 9,027 habitantes por kilómetro cuadrado. Durante las últimas décadas, a lo largo del país, la expansión en baja densidad de las ciudades y la construcción de viviendas en zonas de riesgo o conservación han generado una situación difícil de resolver en el corto plazo. 7. ADECUACIÓN CULTURAL El último elemento de la vivienda adecuada se refiere a la consideración de las expresiones de identidad cultural y el respeto hacia éstas en el proceso de desarrollo de la vivienda y de su inserción en un barrio o comunidad. Actualmente, la adecuación cultural representa una de las dimensiones de la vivienda adecuada menos estudiada de forma sistemática e integral en México, lo cual complica su diagnóstico y posterior traducción a términos operativos. Lo que sí es claro es la necesidad de incluir este criterio en la forma de construir y habitar las viviendas en México, lo cual requiere introducir heterogeneidad a las soluciones habitacionales. Los procesos de producción masiva difícilmente responden a las distintas necesidades, usos y costumbres de los diversos grupos sociales. La adecuación cultural puede ser abordada desde dos ángulos principales. Por un lado, las técnicas y los materiales que se emplean durante la construcción; por otro, el diseño de la vivienda y su entorno, y cómo se ajustan a las expectativas y anhelos que forman parte de la identidad cultural de cada región y grupo poblacional. El uso de materiales, tipología y arquitectura vernáculas no solo cumple una función social y cultural, sino que además puede rendir beneficios adicionales como el impulso a la economía local y la reducción del impacto ambiental de la vivienda. Un diseño consciente relacionado con la identidad cultural de las personas impacta la materialidad y funcionamiento de la vivienda para las personas que la habitan; además puede propiciar la expresión de la identidad cultural en el contexto de su comunidad, pues en el caso de conjuntos habitacionales, por ejemplo, también se pueden diseñar espacios públicos de convivencia y enlaces para integrarse con el resto del barrio. El Programa El Programa Nacional de Vivienda (PNV) 2021-2024 presenta un conjunto de objetivos y estrategias que incentivarán y alinearán la participación de los diferentes actores del sistema de la vivienda, el cual comprende a todos los actores que tienen una relación con el desarrollo, la entrega y el acceso a la vivienda, para en conjunto impulsar acciones que permitan garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada. En este sentido, el PNV 2021-2024 plantea reformas al diseño y operación de los marcos institucionales, normativos y financieros que orientan al sector, para que, desde un enfoque integral y sostenible del territorio, se priorice la atención a las necesidades de los grupos en condición de discriminación y vulnerabilidad. El Programa considera fundamentalmente tres principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2019 -2024 a través de sus objetivos específicos: No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, al colocar a las personas con mayor vulnerabilidad social en el centro de la estrategia. Honradez y honestidad, al proponerse incrementar la transparencia y reducir la corrupción en todos los procesos del sistema de vivienda. El mercado no sustituye al Estado, al promover la participación del sector privado y social bajo un marco institucional de certeza y claridad, que lo convierta en aliado corresponsable en el desarrollo de vivienda adecuada en el país. Para lograr esto, se han definido cinco objetivos prioritarios a partir de los principales problemas públicos identificados y su efecto en el bienestar de la población: 1. Garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada a todas las personas, especialmente a los grupos en mayor condición de discriminación y vulnerabilidad, a través de soluciones financieras, técnicas y sociales de acuerdo con las necesidades específicas de cada grupo de población: Se brindarán soluciones para atender la limitada asequibilidad de una vivienda adecuada, situación que actualmente afecta a diversos segmentos de la población; particularmente a personas residiendo en zonas rurales, en comunidades indígenas y en condiciones de mayor rezago habitacional. Este objetivo está alineado con todos los elementos de una vivienda adecuada. 2. Garantizar la coordinación entre los organismos nacionales de vivienda y los distintos órdenes de gobierno para el uso eficiente de los recursos públicos: Se optimizará el aprovechamiento de los recursos gubernamentales, para maximizar el impacto que tienen las instituciones y los recursos invertidos en el sector de la vivienda sobre el bienestar de las personas. Este objetivo está alineado con los elementos de seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, asequibilidad y adecuación cultural. 3. Fomentar conjuntamente con el sector social y privado, condiciones que propicien el ejercicio del derecho a la vivienda: Se identificarán mecanismos para incrementar las oportunidades de colaboración estratégica con empresas, cooperativas y ciudadanos, de forma que la mejora en el acceso a la vivienda adecuada sea un objetivo compartido por todas y todos, y cuyo logro sea resultado de sinergias positivas entre los distintos actores. Este objetivo está alineado con los elementos de disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad y adecuación cultural. 4. Asegurar el derecho a la información y la rendición de cuentas de todos los actores del sistema de vivienda adecuada: Se trabajará en identificar y combatir las deficiencias e inconsistencias en el marco jurídico-normativo y en el ejercicio de las personas con roles gubernamentales en lo correspondiente a la autorización de las viviendas y su gestión en todas las etapas de su desarrollo; se buscará con ello inhibir la corrupción, la cual impacta en el aumento de los costos de la vivienda, y que por tal motivo, limita el acceso de las personas a ella. Este objetivo está alineado con los elementos de seguridad de la tenencia y asequibilidad. 5. Establecer un modelo de ordenamiento territorial y gestión del suelo que considere la vivienda adecuada como elemento central de planeación de territorio: Se articulará el fortalecimiento de los instrumentos y mecanismos públicos para actuar sobre el territorio, con programas y proyectos habitacionales sostenibles diferentes a la compra tales como renta, cooperativas, entre otras, asegurando su congruencia con las características ecológicas y urbanas del suelo, así como su acceso a oportunidades de empleo, equipamiento, servicios y seguridad pública. Este objetivo está alineado con los elementos de seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad y ubicación. 6.- Objetivos prioritarios Objetivo General: Garantizar el ejercicio del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada con la participación de los diferentes actores públicos, privados y sociales, a través del rediseño del marco institucional y el desarrollo de esquemas financieros, cuyo enfoque planeado e integrado al territorio, prioriza la atención al rezago habitacional y a la población históricamente discriminada.
6.1.- Relevancia del Objetivo prioritario 1: Garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada a todas las personas, especialmente a los grupos en mayor condición de discriminación y vulnerabilidad, a través de soluciones financieras, técnicas y sociales de acuerdo con las necesidades específicas de cada grupo de población Actualmente, existe un alto rezago habitacional que aqueja a un segmento considerable de las personas. La carencia por calidad y espacios de vivienda afecta al 11.1% de la población, mientras que el 19.8% de la población experimenta carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda. Esta problemática se exacerba en el caso de grupos en condición de discriminación y vulnerabilidad; la población indígena por ejemplo, cuenta con mayores carencias por calidad y espacios de vivienda (28.5%) y por acceso a servicios básicos (57.7%).(36) Asimismo, el rezago habitacional por deterioro de materiales afectó a 7.2 millones viviendas en 2016, es decir, el 22.0% de todas las viviendas del país.(37) Adicionalmente, a pesar de la existencia de mecanismos como subsidios e instrumentos de financiamiento, México está lejos de garantizar la asequibilidad de la vivienda. De acuerdo con un análisis de los precios de la vivienda asequible de 2015 en 45 países de la OCDE, México se coloca como el decimotercer país con menor asequibilidad en la vivienda.(38) Dadas las deficiencias actuales en la disponibilidad de soluciones adecuadas de vivienda, que en particular afectan a los grupos en condiciones de vulnerabilidad, este objetivo busca diversificar el tipo de programas y proyectos habitacionales (incluyendo arrendamientos, producción social de vivienda asistida, microcréditos individuales y colectivos, fomento a la creación de cooperativas de vivienda, entre otros) y fortalecer los instrumentos para hacerlas asequibles, sin comprometer su habitabilidad. Esto implicará proveer apoyo para la mejora estructural de la vivienda y reorientar la política de subsidios, entre otras medidas. En México, se estima que el decil más pobre de los hogares del país destina alrededor del 61% de su ingreso a la vivienda y sus servicios. La cifra para los siguientes dos deciles es de 34%, mientras que para el resto no supera el 30%(39). En este sentido, el reto de la asequibilidad de la vivienda en México está marcado por la desigualdad, y para abordarlo se requiere atender al menos dos desafíos: su costo y el acceso a financiamiento. 6.2.- Relevancia del Objetivo prioritario 2: Garantizar la coordinación entre los organismos nacionales de vivienda y los distintos órdenes de gobierno para el uso eficiente de los recursos públicos Las competencias y atribuciones para la política y la gestión pública del desarrollo de vivienda en el país se encuentran distribuidas entre diversas instituciones gubernamentales y los distintos órdenes de gobierno. Actualmente, existen al menos 12 organismos distintos a nivel federal(40), incluyendo a los organismos nacionales de vivienda, que tienen participación en al menos una dimensión relacionada con el tema de vivienda y desarrollo urbano en el país. Además, existen secretarías estatales de desarrollo urbano y vivienda, organismos estatales de vivienda(41) y organismos municipales de vivienda. Lo anterior contribuye a que la vivienda responda a las realidades en su contexto y debe ser fortalecido, pero sin agregar complejidad al uso de los recursos financieros, operativos y de información para acceder a la vivienda. En el pasado, la falta de coordinación derivó en un aprovechamiento inadecuado de los recursos públicos del sector, tanto por la focalización como por sus efectos no anticipados. Además, cabe considerar que, si bien hay programas de atención a personas históricamente discriminadas que ya existen o están siendo impulsados, éstos no necesariamente llegan a todas las personas que deberían tener acceso a ellos. En consecuencia, es necesario que exista una identificación de los límites y áreas de actuación de las distintas dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y gobiernos estatales y municipales(42), así como un programa de coordinación que fomente canales de comunicación abiertos entre todas las entidades y organismos; siempre buscando que no se deje a nadie atrás ni afuera. Del total de los subsidios entregados por CONAVI entre 2013 y 2018, 66% fueron dirigidos hacia la adquisición de vivienda nueva. Los estados que más subsidios recibieron fueron Nuevo León, Jalisco, Puebla y Quintana Roo con 10%, 10%, 6% y 5% respectivamente. 6.3.- Relevancia del Objetivo prioritario 3: Fomentar conjuntamente con el sector social y privado, condiciones que propicien el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada El rezago en la provisión de vivienda adecuada no debe ser atendido únicamente por el Estado; ya que, al ser un reto con una dimensión considerable, todos los participantes del sistema de vivienda deberían jugar un papel en solucionar el mismo. En el pasado, la iniciativa privada y las organizaciones sociales han jugado un papel esencial en la atención a los retos del sector de la vivienda, sobre todo aquella para los grupos en mayor pobreza y condición de discriminación y vulnerabilidad. Del PIB que generó el sector vivienda entre 2010-2017, el 64.3% es atribuible a la edificación (23.7% a constructores y 40.6% a la autoconstrucción, 28.3% al uso, 6.9% a la adquisición, y 0.6% a la regulación y fomento).(43) Dichos actores conforman un valioso sistema de vivienda en México, que incluye a constructoras y desarrolladoras, inmobiliarias, instituciones financieras, cámaras de la industria, centros de educación y organismos no gubernamentales, entre otros. Se identifican oportunidades puntuales para incentivar la cooperación entre el Estado y los demás actores: la ampliación de la disponibilidad de suelo para una vivienda adecuada, la eliminación de las barreras administrativas a la ejecución de proyectos de vivienda, la mejora en los procesos de conexión a servicios básicos a las viviendas y la reducción de costos e incertidumbres actualmente asociados al tren de la vivienda, entre otros. Todo ello se enmarcará en un esfuerzo gubernamental para brindar pautas claras que ordenen y faciliten acciones conjuntas. Así, la prioridad será forjar alianzas coordinadas con diversos sectores, propiciando que esto reditúe en eficiencias y competitividad, que a su vez posibiliten una mayor y mejor provisión de vivienda adecuada. El presente Programa busca mantener y potenciar el papel de todos estos actores del sistema de vivienda, para que actúen corresponsablemente y orientados hacia la meta de garantizar el ejercicio del derecho a una vivienda adecuada en México. 6.4.- Relevancia del Objetivo prioritario 4: Asegurar el derecho a la información y la rendición de cuentas de todos los actores del sistema de vivienda adecuada En línea con el primer principio rector del Plan Nacional de Desarrollo ("Honradez y honestidad"), este objetivo busca atacar la problemática de corrupción en materia de vivienda, la cual obstaculiza el ejercicio del derecho que tiene la población a una vivienda adecuada y limita la competencia justa y transparente entre los actores del sistema de vivienda. Si bien el dimensionamiento de la problemática se dificulta por la opacidad intrínseca al fenómeno, al menos se sabe que a nivel nacional los trámites para obtener permisos vinculados a la propiedad presentan más de 3 víctimas de corrupción por cada 10 usuarios a nivel nacional.(44) Asimismo, existe una cantidad considerable de información sobre los abusos y la desinformación a los que las personas que adquieren vivienda de interés social han estado sujetas en el pasado. Si bien hay casos ejemplares de iniciativas gubernamentales y privadas para reducir asimetrías de información en el sector(45), dichas asimetrías continúan existiendo y merman el acceso a soluciones de vivienda adecuada. Robustecer los procesos de rendición de cuentas y supervisión, reforzar los procesos y aplicación de la ley, así como incrementar el acceso a la información y facilitar la denuncia ciudadana, contribuirá a aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de todos los actores en el sistema de vivienda. 6.5.- Relevancia del Objetivo prioritario 5: Establecer un modelo de ordenamiento territorial y gestión del suelo que considere la vivienda adecuada como elemento central de planeación de territorio En el pasado, la desvinculación entre la política habitacional y la política de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano derivó en una oferta de vivienda que no alcanza a cubrir las necesidades de una vivienda adecuada, principalmente por una mala ubicación respecto a fuentes de empleo, infraestructura, equipamientos básicos y servicios como el transporte público. El suelo intraurbano, por ejemplo, es utilizado de manera poco eficiente, ya que se calcula que en las principales ciudades del país existen 85,000 hectáreas de suelo intraurbano subutilizado que podrían albergar hasta 3.3 millones de viviendas nuevas; es decir, 46.0% de las que serían necesarias entre 2017 y 2030 para atender la demanda de nuevos hogares.(46) Además, la misma desvinculación, aunada al rezago habitacional, puede resultar en una alta vulnerabilidad de asentamientos humanos que se encuentran en zonas de alto riesgo ante eventos perturbadores tales como sismos e inundaciones, entre otros. Actualmente en México, 16.3% de las viviendas propias habitadas carecen de tenencia segura por falta de escrituras. Esto repercute especialmente en grupos en condición de discriminación y vulnerabilidad como la población indígena y los hogares rurales, cuyas viviendas carecen de escrituras en una proporción mucho más elevada (23.6% y 25.3%, respectivamente); no obstante, cabe precisar que, en ciertos casos, éstos sí cuentan con el reconocimiento de las autoridades de sus comunidades. Por lo anterior, el PNV 2021-2024 establecerá mecanismos que aseguren la aplicación de los instrumentos de ordenamiento del territorio en todas las acciones de vivienda, haciendo que éstas a su vez contribuyan a implementar un modelo de gestión más eficiente y sustentable del suelo en México. 7.- Estrategias prioritarias y Acciones puntuales Se definen las siguientes acciones puntuales como parte de las estrategias prioritarias del Programa Nacional de Vivienda 2021-2024. Objetivo prioritario 1.- Garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada a todas las personas, especialmente a los grupos en mayor condición de discriminación y vulnerabilidad, a través de soluciones financieras, técnicas y sociales de acuerdo con las necesidades específicas de cada grupo de población Estrategia prioritaria 1.1 Promover el acceso a la vivienda adecuada, especialmente para grupos en condiciones de vulnerabilidad, enfatizando la disminución del rezago habitacional, la adecuación cultural y la igualdad de género
Estrategia prioritaria 1.2 Desarrollar programas para fomentar la habitabilidad de las viviendas por medio del mejoramiento, ampliación y sustitución de aquellas en rezago
Estrategia prioritaria 1.3 Impulsar el desarrollo e implementación de soluciones alternativas a la compra de vivienda que mejoren la asequibilidad de ésta para todas las personas, con especial enfoque en grupos históricamente discriminados (mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes)
Estrategia prioritaria 1.4 Promover la asequibilidad de la vivienda mediante subsidios que atiendan prioritariamente a las personas que habitan en condiciones de rezago habitacional, que carecen de vivienda o que no tienen acceso a financiamientos para acceder a una vivienda
Estrategia prioritaria 1.5 Impulsar la asequibilidad de la vivienda a través de soluciones financieras como créditos hipotecarios y de mejoramiento, esquemas de cofinanciamiento, ahorro voluntario, entre otros, que permitan que todas las personas tengan acceso a opciones de vivienda adecuada
Estrategia prioritaria 1.6 Potenciar la producción social de vivienda con especial enfoque en zonas con rezago urbano
Objetivo prioritario 2.- Garantizar la coordinación entre los organismos nacionales de vivienda y los distintos órdenes de gobierno para el uso eficiente de los recursos públicos Estrategia prioritaria 2.1 Incrementar la eficiencia y productividad de los organismos nacionales de vivienda, para con ello mejorar la asequibilidad de la vivienda y así aumentar el acceso de las personas a una solución adecuada
Estrategia prioritaria 2.2 Fomentar la coordinación interinstitucional entre los distintos organismos nacionales de vivienda y las dependencias de la administración pública federal para asegurar la alineación continua de estrategias y programas que atiendan las necesidades de vivienda adecuada
Estrategia prioritaria 2.3 Promover y coordinar acciones relacionadas a la vivienda adecuada, entre los órdenes de gobierno y los organismos de vivienda, que contribuyan al mejoramiento integral de los asentamientos humanos, con especial atención en aquellos en situaciones de precariedad, así como áreas urbanas y periurbanas que concentran vivienda abandonada, deshabitada y deteriorada
Estrategia prioritaria 2.4 Impulsar la cooperación entre órdenes e instituciones de gobierno para garantizar el acceso ágil y el uso eficiente de los recursos de apoyo a la vivienda adecuada
Estrategia prioritaria 2.5 Fomentar la operación eficiente del sector de la vivienda para ofrecer soluciones flexibles y sencillas que mejoren la habitabilidad y asequibilidad de la vivienda adecuada
Objetivo prioritario 3.- Fomentar conjuntamente con el sector social y privado, condiciones que propicien el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada Estrategia prioritaria 3.1 Incentivar la participación del sector privado y social para mejorar el desarrollo de vivienda adecuada en sus diferentes modalidades
Estrategia prioritaria 3.2 Coordinar con el sector privado y social la instrumentación de criterios técnicos para asegurar el acceso a la vivienda adecuada de manera sostenible
Estrategia prioritaria 3.3 Generar alianzas estratégicas con el sector privado y social para impulsar el financiamiento de vivienda e infraestructura del país con enfoque en un desarrollo sustentable
Objetivo prioritario 4.- Asegurar el derecho a la información y la rendición de cuentas de todos los actores del sistema de vivienda adecuada Estrategia prioritaria 4.1 Incentivar procesos que además de ser eficientes, maximicen la transparencia para con ello reducir los riesgos y costos de la corrupción
Estrategia prioritaria 4.2 Impulsar mecanismos de denuncia ciudadana con el propósito de identificar y prevenir actos de corrupción
Estrategia prioritaria 4.3 Fortalecer el marco normativo y garantizar su aplicación para fomentar la transparencia y rendición de cuentas de los organismos involucrados en el ecosistema de vivienda
Objetivo prioritario 5.- Establecer un modelo de ordenamiento territorial y gestión del suelo que considere la vivienda adecuada como elemento central de planeación de territorio Estrategia prioritaria 5.1 Fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del Estado para la gestión adecuada del suelo y territorio en los procesos de desarrollo de soluciones de vivienda
Estrategia prioritaria 5.2 Priorizar la ubicación como criterio para el desarrollo de vivienda y así fomentar la consolidación de ciudades compactas, conectadas, integradas e incluyentes para prevenir la fragmentación socioespacial
Estrategia prioritaria 5.3 Aplicar los mecanismos de gestión del suelo establecidos por SEDATU en el desarrollo de vivienda, para con ello garantizar un desarrollo sustentable del suelo habitacional
Estrategia prioritaria 5.4 Gestionar integralmente el riesgo en asentamientos humanos ante eventos perturbadores en el desarrollo de soluciones de vivienda para reducir su vulnerabilidad
8.- Metas para el bienestar y Parámetros Se han definido las siguientes metas de bienestar y parámetros como herramientas de medición de los avances hacia los objetivos prioritarios. Meta del bienestar del Objetivo prioritario 1
Parámetro 1 del Objetivo prioritario 1
Parámetro 2 del Objetivo prioritario 1
Meta del bienestar del Objetivo prioritario 2
Parámetro 1 del Objetivo prioritario 2
Parámetro 2 del Objetivo prioritario 2
Meta del bienestar del Objetivo prioritario 3
Parámetro 1 del Objetivo prioritario 3
Parámetro 2 del Objetivo prioritario 3
Meta del bienestar del Objetivo prioritario 4
Parámetro 1 del Objetivo prioritario 4
Parámetro 2 del Objetivo prioritario 4
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