SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 124/2022

SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 124/2022.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 124/2022
PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA
COTEJÓ
SECRETARIO: JOSÉ JUAN TORRES TLAHUIZO
COLABORÓ: MARÍA FERNANDA ROMERO LOZANO
ÍNDICE TEMÁTICO
 
Apartado
Criterio y decisión
Págs.
I.
COMPETENCIA
El Tribunal Pleno es competente para conocer del presente asunto.
8
II.
PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
Se tienen por impugnados los artículos 3, fracción I, en la porción normativa [...] "y todas aquellas personas que recauden, administren, resguarden y/o manejen recursos económicos municipales, estatales, o en su caso federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios;" 72, párrafo tercero; y 79, fracción II, letra B, todos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el nueve de agosto de dos mil veintidós.
9
III.
OPORTUNIDAD
El escrito inicial es oportuno
10
IV.
LEGITIMACIÓN
El escrito inicial fue presentado por parte legitimada.
12
V.
CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
No se hacen valer causas de improcedencia, ni se advierte, de oficio, que se actualice alguna.
14
VI.
ESTUDIO DE FONDO
VI.1. Metodología de estudio
Se indica que el proyecto se analizará en tres apartados.
14
 
VI.2. Parámetro de regularidad constitucional
Se retoman los precedentes de este Tribunal Pleno en los que se ha pronunciado sobre cómo debe entenderse el reparto competencial en materia de responsabilidades administrativas que quedó establecido en el Texto Fundamental a partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince.
 
15
 
 
Se indica que el modelo de concurrencia de distribución competencial en materia de responsabilidades administrativa delegada al legislador federal ordinario, no inhibe o prohíbe que los Estados expidan legislación relacionada con el referido régimen, pues incluso, existe un mandato expreso para que las entidades federativas, expidan las leyes y realicen las adecuaciones normativas correspondientes para adecuar su régimen local de responsabilidades administrativas a lo previsto en la Ley General que, en la materia, expida el Congreso de la Unión.
Sin embargo, la regulación de los aspectos inherentes como los sujetos obligados, las autoridades competentes, las infracciones administrativas, las sanciones, y los procedimientos de investigación, sustanciación y sanción, deben ser definidas por el Congreso de la Unión en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
No obstante, ello no significa que las legislaturas estatales tengan prohibido realizar adecuaciones en la regulación local que emitan, dirigidas a dar funcionalidad, contexto o integridad al régimen local de responsabilidades administrativas. Sin embargo, al hacerlo, deben ser cuidadosas de que las respectivas normas, sean congruentes con los parámetros establecidos en la Ley General y no presenten contradicción con lo previsto en ésta en materia de responsabilidades, obligaciones, sanciones y procedimientos aplicables.
 
 
VI.3. Ámbito personal de aplicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo.
Criterio jurídico o ratio decidendi. Las entidades federativas cuentan con facultades para establecer el ámbito personal de aplicación de sus respectivas leyes de responsabilidades administrativas, siempre que con ello no contravengan la distribución de competencias y los parámetros establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y no presenten contradicción con lo previsto en ésta en materia de responsabilidades, obligaciones, sanciones y procedimientos aplicables.
 
20
 
 
Se reconoce la validez del artículo 3, fracción I, en la porción normativa "[...] y todas aquellas personas querecauden (sic), administren, resguarden y/o manejen recursos económicos municipales, estatales" de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo.
Se declara la invalidez del artículo 3, fracción I, en la porción normativa ", o en su caso federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios;" de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo.
 
 
VI.4. Interrupción de la prescripción y periodo de inhabilitación temporal para personas morales.
Criterio jurídico o ratio decidendi: Las legislaturas locales no pueden modificar aspectos relacionados con la determinación del rango mínimo o máximo de una sanción administrativa, si con ello contravienen lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Se declara la invalidez del artículo 79, fracción II, letra B de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo.
 
39
VII.
EFECTOS
Declaratoria de invalidez
Se declara la invalidez del artículo 79, fracción II, letra B de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo.
 
44
 
Fecha a partir de la que surte efectos la declaratoria general de invalidez
La declaratoria de invalidez surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al Congreso del Estado de Hidalgo.
 
 
Otros lineamientos
Para evitar incertidumbre en la determinación de la sanción administrativa prevista en el artículo 79, fracción II, letra B de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, se ordena aplicar el artículo 81, fracción II, inciso b) de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La aplicación de la referida disposición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se mantendrá hasta que el Congreso del Estado de Hidalgo legisle al respecto.
 
 
Notificaciones
Se ordena la publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.
 
VIII
DECISIÓN
PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad.
SEGUNDO. Se desestima en la presente acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 72, párrafo tercero, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, expedida mediante el Decreto Número 224, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el nueve de agosto de dos mil veintidós.
TERCERO. Se reconoce la validez del artículo 3, fracción I, en su porción normativa y todas aquellas personas querecauden (sic), administren, resguarden y/o manejen recursos económicos municipales, estatales', de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, expedida mediante el Decreto Número 224, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el nueve de agosto de dos mil veintidós, por los motivos expuestos en el apartado VI de esta decisión.
CUARTO. Se declara la invalidez de los artículos 3, fracción I, en su porción normativa o en su caso federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios', y 79, fracción II, letra B, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, expedida mediante el Decreto Número 224, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el nueve de agosto de dos mil veintidós, en los términos establecidos en el apartado VI de esta determinación.
QUINTO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Hidalgo, en la inteligencia de que, en tanto se subsanan los vicios advertidos, en el orden jurídico de dicho Estado será aplicable directamente lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como se puntualiza en el apartado VII de esta ejecutoria.
SEXTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 124/2022
PROMOVENTES: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
VISTO BUENO
SRA. MINISTRA
PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA
COTEJÓ
SECRETARIO: JOSÉ JUAN TORRES TLAHUIZO
COLABORÓ: MARÍA FERNANDA ROMERO LOZANO
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 124/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de los artículos 3, fracción I, en su porción normativa "y todas aquellas personas que recauden, administren, resguarden y/o manejen recursos económicos municipales, estatales o en su caso federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el estado con la federación (sic) o con sus municipios", 72, párrafo tercero, y 79, fracción II, letra B, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, expedida mediante Decreto Publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa el pasado nueve de agosto del dos mil veintidós.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1.      Presentación del escrito inicial por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veintidós en el Buzón Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrado el nueve de septiembre de esa misma anualidad en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de quien se ostentó como su Presidenta, promovió acción de inconstitucionalidad para solicitar la invalidez de lo siguiente:
"Artículos 3, fracción I, en su porción normativa y todas aquellas personas que recauden, administren, resguarden y/o manejen recursos económicos municipales, estatales o en su caso federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios', 72, párrafo tercero, y 79, fracción II, letra B, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo (...)".
2.      Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expuso en su único concepto de invalidez lo siguiente:
·  El veintisiete de mayo de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.
·  Tales modificaciones constitucionales sentaron las reglas para desarrollar un Sistema Nacional Anticorrupción, el cual se basa en la actuación armónica y coordinada de diversas autoridades, pero con atribuciones propias de los órganos de control interno, las entidades de fiscalización superior de las cuentas públicas, la investigación y actuación de la Fiscalía Especial contra la corrupción en el ámbito nacional, así como por sus homólogas en las entidades federativas, además de los Tribunales Federal y estatales de justicia administrativa para conocer, sustanciar y resolver los asuntos que impliquen responsabilidades administrativas graves.
·  La Norma Fundamental en su título Cuarto, especialmente en la fracción III del artículo 109, establece los principios y directrices generales de las responsabilidades y sanciones administrativas aplicables a los servidores públicos, respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado las siguientes bases mínimas que todo régimen en la materia debe observar:
a.     La noción de quien se reputa como servidor público contenida en el artículo 108 constitucional, y la obligación de todo servidor público de presentar su declaración patrimonial y de intereses.
b.     La premisa de que las sanciones administrativas de los servidores públicos se aplicarán por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones; por ende, el diseño de las respectivas faltas deberá desarrollarse con relación a la vulneración de uno o más de dichos principios.
c.     La regla de que las faltas administrativas serán sancionadas con amonestación, suspensión, destitución, e inhabilitación, así como con sanciones económicas.
d.     La pauta de que las sanciones económicas deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos y omisiones.
e.     La regla de que los procedimientos para la investigación y sanción de los referidos actos u omisiones deben estar previstos en una ley.
f.     La necesidad de distinguir entre faltas graves y no graves y de contemplar sanciones y procedimientos apropiados a cada caso.
g.     El requerimiento de establecer en la ley los supuestos y procedimientos aplicables para impugnar la calificación de las faltas administrativas no graves.
h.     El principio de que no pueden imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.
i.      La previsión contenida en el artículo 114 constitucional de que será la ley donde deban señalarse los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa, tomando en cuenta la naturaleza y la consecuencia de los actos y omisiones.
j.      La regla de que, cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años.
·  Para dar congruencia al sistema, el artículo 73, en su fracción XXIX-V de la Ley Suprema, faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación.
·  A la luz de ese mandato constitucional, el dieciocho de julio de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual se encarga de desarrollar los principios fundamentales de la materia que regula. De esta forma, las disposiciones de ese ordenamiento constituyen el marco que deberán observar las legislaciones locales en sus respectivos ordenamientos, ya que la intención del Poder Reformador fue establecer un sistema homologado para generar certidumbre jurídica y facilitar su operatividad.
·  Si bien, tanto el Congreso de la Unión como los congresos de las legislaturas locales se encuentran habilitados para legislar en materia de responsabilidades administrativas, deben hacerlo conforme a los parámetros establecidos por la Constitución Federal y la ley marco.
·  En tal sentido, el nuevo modelo de concurrencia de distribución competencial delegada al legislador federal ordinario o concurrencia relativa, no inhibe a los Estados de expedir su legislación relacionada con el citado régimen; e incluso existe un mandato expreso para que las entidades federativas expidan las leyes y realicen las adecuaciones normativas correspondientes para ajustar su andamiaje normativo local de responsabilidades administrativas a lo previsto en la Ley General que expida el Congreso de la Unión, siempre que no se aparten de la distribución competencial prevista en la citada Ley General, así como a la regla de congruencia y no contradicción con dicho ordenamiento.
·  Precisa además que, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la Ley General de Responsabilidades Administrativas expedida por el Congreso de la Unión, solo preserva una competencia residual muy limitada para las legislaturas locales, en tanto que dicho ordenamiento, en esencia, contiene todo lo necesario para operar a nivel nacional un sistema homogéneo de responsabilidades administrativas, sin mayores espacios para disminuir, modificar o ampliar los alcances de las previsiones sustantivas y procedimentales contenidos en ella.
·  Lo anterior no significa que las legislaturas estatales tengan prohibido realizar adecuaciones en la regulación local que emitan, dirigidas a dar funcionalidad, contexto o integridad al régimen local de responsabilidades administrativas, no obstante, al hacerlo, deben ser cuidadosas de que las respectivas normas sean congruentes con los parámetros establecidos en la Ley General y no presenten contradicción con lo previsto en ésta en materia de responsabilidades, obligaciones, sanciones y procedimientos aplicables.
·  Señala que el legislador del Estado de Hidalgo al expedir la Ley de Responsabilidades Administrativas de la entidad federativa, actuó fuera del régimen de actuación conferido por la Constitución Federal y la Ley General de la materia, pues al establecerse en los artículos 3, fracción I, en la porción normativa "y todas aquellas personas que recauden, administren, resguarden y/o manejen recursos económicos municipales, estatales o en su caso federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios", 72, párrafo tercero y 79, fracción II, inciso B del ordenamiento local, diseñó normas sustantivas que son distintas a las previstas en la Ley General y que producen cambios en el sistema de responsabilidades administrativas estatuido por la Norma Fundamental.
·  En este contexto la Comisión accionante apunta que, en el artículo 3, fracción I, en la porción normativa impugnada de la Ley de Responsabilidades Administrativas local, se ampliaron los sujetos a los que se aplicará dicho régimen, pues a diferencia de la Ley General, en el Estado de Hidalgo también se consideran servidores públicos por equiparación para efectos del ordenamiento, a quienes 1) recauden, 2) administren, 3) resguarden y/o manejen recursos económicos municipales, estatales o, en su caso, federales, cuando éstos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios.
·  Por su parte, el artículo 72, párrafo tercero de la Ley en estudio, alteró las reglas del procedimiento de investigación, específicamente en cuanto a la prescripción de la responsabilidad administrativa, pues a pesar de que en la Ley General se establece que aquella se interrumpirá a partir de la clasificación de la falta administrativa como grave o no grave, el legislador local determinó que, para la entidad federativa, será a partir de la notificación al probable responsable de la actuación que genere la misma y a través de la cual se otorgue la certeza del acto que se le señala como cometido, así como el momento en que este tuvo lugar, es decir, se establece una configuración distinta para el cómputo de la interrupción de la prescripción.
·  Finalmente, el artículo 79, fracción II, letra B, del mismo ordenamiento local, prevé una sanción distinta a la estatuida en la Ley General respecto de la inhabilitación para las personas morales particulares, puesto que esta se fija por parámetros mínimos diversos, según la legislación de que se trate, pues la Ley General establece un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de diez años, en tanto que la ley local determina un periodo que no será menor de seis meses ni mayor de diez años.
·  Lo anterior confirma que el legislador hidalguense se excedió en sus facultades constitucionales para legislar en materia de responsabilidades administrativas, pues cambió o varió cuestiones fundamentales en el sistema jurídico que, por disposición constitucional, tiene que ser homogéneo en todo el país.
·  La consecuencia de no homogeneizar su legislación estatal a la Ley marco se patentiza en la materialización de una doble regulación respecto de los sujetos, prescripción y sanción de inhabilitación a personas morales particulares, lo cual genera incertidumbre jurídica a toda la sociedad, pero específicamente, a sus destinatarios, pues no conocerán cuál será el régimen que se les aplicará, si el de la Ley General o el de la Ley local.
3.      Admisión y trámite. Por acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintidós(1), el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 124/2022 y turnarlo a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para que instruyera el trámite respectivo.
4.      La Ministra instructora admitió a trámite el presente asunto mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós(2), ordenando dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Hidalgo para que rindieran sus respectivos informes. Asimismo, requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas, y al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial estatal en el que conste su publicación. De igual forma dio vista a la Fiscalía General de la República, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, antes del cierre de instrucción, manifiesten lo que a su respectiva representación corresponda.
5.      Informe del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo. Mediante oficio presentado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós(3) en el Buzón Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el tres de noviembre de esa anualidad, el Congreso del Estado de Hidalgo, por conducto de la Presidenta de la Directiva de ese órgano legislativo, rindió su respectivo informe.
6.      Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo. Mediante oficio recibido el siete de noviembre de dos mil veintidós(4) a través del Buzón Judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual fue registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el ocho de noviembre siguiente, el Coordinador Jurídico del Gobierno del Estado de Hidalgo compareció para rendir el informe solicitado al Poder Ejecutivo de esa entidad federativa(5).
7.      Pedimentos del Fiscal General de la República y del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal. Los referidos funcionarios no formularon manifestación alguna o pedimento.
8.      Cierre de la instrucción. Por acuerdo de cinco de enero de dos mil veintitrés(6), la Ministra instructora declaró cerrada la instrucción en la presente acción de inconstitucionalidad a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
9.      El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(7); 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(8), en relación con el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General número 1/2023(9), toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible contradicción entre diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
10.    Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
11.    De la demanda se advierte que las normas impugnadas son los artículos 3, fracción I, en la porción normativa [...] "y todas aquellas personas que recauden, administren, resguarden y/o manejen recursos económicos municipales, estatales, o en su caso federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios;" 72, párrafo tercero; y 79, fracción II, letra B, todos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad federativa, el nueve de agosto de dos mil veintidós.
12.    Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
III. OPORTUNIDAD
13.    Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.
14.    En este caso, la acción es oportuna.
15.    La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo en la que se contienen las disposiciones impugnadas se publicó en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el martes nueve de agosto de dos mil veintidós, por lo que el plazo para promover la demanda inició el miércoles diez de agosto de dos mil veintidós y venció el jueves ocho de septiembre de esa anualidad.
16.    En este caso, consta que la demanda y sus anexos se recibieron el jueves ocho de septiembre de dos mil veintidós en el Buzón Judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual fue habilitado para recibir todas las promociones de carácter jurisdiccional, según lo ordenado en el artículo Décimo Sexto, fracción I, en relación con el artículo Décimo Noveno del Acuerdo General de Administración II/2020 del Presidente de este Alto Tribunal,(10) por lo que la demanda se presentó dentro del plazo previsto en la Ley Reglamentaria, lo cual se muestra en el siguiente cuadro:
AGOSTO DE 2022
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9(11)
10(12)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
SEPTIEMBRE DE 2022
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8(13)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
17.    Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
IV. LEGITIMACIÓN
18.    La acción fue promovida por parte legitimada.
19.    De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(14), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo legitimado para impugnar leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales que estime violatorias de los derechos humanos.
20.    De acuerdo con el párrafo primero del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia(15), el actor debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlos. Por su parte, el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(16) confiere a la persona que presida esa institución, la facultad expresa de promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes que vulneren los derechos humanos.
21.    En el caso, la demanda se promovió por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó mediante el acuerdo de designación emitido el doce de noviembre de dos mil diecinueve por la Presidenta y el Secretario de la Mesa Directiva del Senado de la República(17), en contra de los artículos 3, fracción I, en la porción normativa "[..] y todas aquellas personas que recauden, administren, resguarden y/o manejen recursos económicos municipales, estatales, o en su caso federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios;" 72, párrafo tercero; 79, fracción II, letra B, todos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, por estimar que vulneran el derecho humano de seguridad jurídica, así como el principio de legalidad.
22.    En consecuencia, se actualiza la hipótesis de legitimación prevista en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al ser promovida la presente acción de inconstitucionalidad por un ente legitimado para ello, a través de quien legalmente lo representa.
23.    Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
24.    Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento. Este Tribunal Pleno tampoco advierte de oficio que se actualice alguna, por lo que procede realizar el estudio de fondo.
25.    Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
VI. ESTUDIO DE FONDO
        VI.1. Metodología de estudio
26.    Con el fin de facilitar el estudio de los conceptos de invalidez, por razón de método, éste se realizará según los apartados que se detallan a continuación:
APARTADO
TEMA
VI.2
Parámetro de regularidad constitucional
VI.3
Ámbito personal de aplicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo.
Estudio del artículo 3, fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, en la porción normativa "[...] y todas aquellas personas que recauden, administren, resguarden y/o manejen recursos económicos municipales, estatales, o en su caso federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios;"
VI.4
Interrupción de la prescripción y periodo de inhabilitación temporal para personas morales
Estudio de los artículos 72, párrafo tercero, y 79, fracción II, letra B, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo.
 
        VI.2. Parámetro de regularidad constitucional
27.    Este Tribunal Pleno en diversos precedentes ya se ha pronunciado respecto de la forma en cómo debe entenderse el reparto competencial en materia de responsabilidades administrativas que quedó establecido en el Texto Fundamental a partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince.
28.    En la acción de inconstitucionalidad 69/2019 y sus acumuladas 71/2019 y 75/2019, se dijo que de los artículos 73, fracción XXIX-V, de la Constitución Federal(18), así como de los transitorios segundo y cuarto del Decreto de reformas constitucionales referido en el párrafo que antecede(19), se desprende que, si bien la competencia legislativa de las entidades federativas para "establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación", está sujeta al reparto competencial que fije el Congreso de la Unión en la respectiva Ley General, la intención del constituyente permanente, fue mantener cierta condición de concurrencia legislativa (relativa)(20).
29.    En ese mismo precedente, se apuntó que dicha concurrencia ya no podía considerarse como pura o de plena coincidencia de facultades entre la Federación y los Estados, como la que se encontraba prevista en el texto del artículo 109 constitucional(21) previo a la mencionada reforma de dos mil quince, donde existía una amplia libertad de las legislaturas locales para emitir sus propias leyes, en lo que corresponde al régimen estatal de responsabilidades administrativas (22).
30.    En este sentido, se advirtió que el nuevo modelo de concurrencia de distribución competencial delegada al legislador federal ordinario o concurrencia relativa no inhibe o prohíbe que los Estados expidan legislación relacionada con el referido régimen, pues, incluso, existe un mandato expreso para que las entidades federativas expidan las leyes y realicen las adecuaciones normativas correspondientes para adecuar su régimen local de responsabilidades administrativas a lo previsto en la Ley General que en la materia expida el Congreso de la Unión(23).
31.    Con base en lo anterior, se concluyó que la facultad exclusiva del Congreso de la Unión derivada del artículo 73, fracción XXIX-V, de la Constitución está acotada a emitir una Ley General que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas, obligaciones, sanciones y procedimientos afines al régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de particulares relacionadas con las mismas, mas no significa una competencia exclusiva en el sentido de que sólo el Congreso de la Unión pueda expedir legislación relacionada con dichas cuestiones(24).
32.    En tal virtud, en la acción de inconstitucionalidad 115/2017 se precisó que, por lo que respecta al ámbito de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, la regulación de los aspectos inherentes como los sujetos obligados, las autoridades competentes, las infracciones administrativas, las sanciones y los procedimientos de investigación, sustanciación y sanción son competencia exclusiva del Congreso de la Unión mediante la emisión de la ley general, en el caso específico, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, siendo facultad del legislador local poder replicar, adaptar, o parafrasear su contenido en la norma propia, sin posibilidad de modificarla y, aun menos, contrariarla(25).
33.    Esta acotación de las facultades otorgadas a los Estados en la materia encuentra sustento en la necesidad expresada por el Constituyente Permanente de homologar acciones en todos los órdenes de gobierno para la generación de mayores estándares de integridad pública y combate a la corrupción, razón que se hizo valer para justificar la decisión de otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir, entre otras, la Ley General que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, en los términos previstos en el artículo 73, fracción XXIX-V, de la Constitución Federal, quedando constancia de ello en el Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados, donde se dijo lo siguiente:
"Como ya se ha mencionado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido una distinción entre los diversos tipos de concurrencia que el Constituyente ha determinado en el texto constitucional. Partiendo de dichas categorías, a diferencia de lo que se busca con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la ley general que establece las responsabilidades de los servidores públicos y de particulares que se vinculen con faltas administrativas graves, tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para determinar aspectos subjetivos y adjetivos en materia de responsabilidades de servidores públicos y particulares.
Asimismo, con la adición propuesta, se pretende otorgar al Congreso de la Unión, la facultad más amplia para determinar las conductas básicas que resulten necesarias para garantizar el desarrollo eficiente de la función pública y de velar por el debido ejercicio de los recursos públicos, que contemplen además las herramientas y esquemas necesarios de colaboración entre autoridades para la adecuada investigación de las faltas administrativas.
Con la construcción constitucional que se propone, los servidores públicos y los particulares deberán observar los mandatos que sobre este tema se prevean en la legislación general y, partir de los que ésta disponga, las disposiciones federales y locales aplicables.
La concurrencia que se propone en los términos planteados, parte de reconocer que la emisión de una ley general de esta naturaleza representa un reto mayor en términos de los principios que rigen el derecho administrativo sancionador dada la similitud que guarda la pena administrativa con la sanción penal. Ello en razón de la complejidad de codificar en un solo ordenamiento las conductas que constituyen responsabilidades administrativas y que, en tal virtud, son susceptibles de sanción.
La ley general que se propone, fortalece de forma significativa al Sistema, al ubicarse jerárquicamente por encima del resto de las leyes federales y locales, esto es, dentro del sistema normativo que reconoce nuestro orden constitucional. (...)
En suma, esta modificación está encaminada justamente a contar con instrumentos jurídicos que permitan a las autoridades de todos los órdenes de gobierno cumplir con los objetivos planteados en este Decreto, pues sólo la suma de esfuerzos conjuntos, con bases claras y precisas, permitirá alcanzar un nuevo sistema jurídico que se traduzca en un combate efectivo a la corrupción."(26)
34.    Tomando en cuenta los motivos expresados por el Constituyente Permanente, en la acción de inconstitucionalidad 69/2019 y sus acumuladas 71/2019 y 75/2019, se concluyó que del análisis de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción de veintisiete de mayo de dos mil quince de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de los procesos legislativos inherentes se advertía un ánimo extraordinario de homologar a nivel nacional el régimen federal y los regímenes locales aplicables(27).
35.    Se dijo, además, que la referida Ley General no contiene propiamente preceptos que deriven en las legislaturas estatales con espacios amplios de configuración legislativa, sino un mínimo espacio para la adecuación y, en su caso, sólo en los aspectos necesarios para lograr en los Estados la efectiva aplicación o instrumentación de lo dispuesto por la Ley General, la cual sólo preserva una competencia residual muy limitada para las legislaturas locales, en tanto que dicho ordenamiento, en esencia, contiene todo lo necesario para operar a nivel nacional un sistema homogéneo de responsabilidades administrativas, sin mayores espacios para disminuir, modificar o ampliar los alcances de las previsiones sustantivas y procedimentales contenidos en ella(28).
36.    No obstante, ello no significa que las legislaturas estatales tengan prohibido realizar adecuaciones en la regulación local que emitan, dirigidas a dar funcionalidad, contexto o integridad al régimen local de responsabilidades administrativas. Sin embargo, al hacerlo, deben ser cuidadosas de que las respectivas normas, sean congruentes con los parámetros establecidos en la Ley General y no presenten contradicción con lo previsto en ésta en materia de responsabilidades, obligaciones, sanciones y procedimientos aplicables(29).
37.    Tomando en cuenta lo establecido en los precedentes citados en este apartado, en los subsecuentes se analizará la constitucionalidad de los artículos impugnados.
        Precedentes citados en este apartado: Acciones de inconstitucionalidad 115/2017 y 69/2019 y sus acumuladas 71/2019 y 75/2019.
        VI.3. Ámbito personal de aplicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo
38.    Criterio jurídico o ratio decidendi: Las entidades federativas cuentan con facultades para establecer el ámbito personal de aplicación de sus respectivas leyes de responsabilidades administrativas, siempre que con ello no contravengan la distribución de competencias y los parámetros establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y no presenten contradicción con lo previsto en ésta en materia de responsabilidades, obligaciones, sanciones y procedimientos aplicables.
39.    La Comisión accionante impugna el artículo 3, fracción I, en la porción normativa "[...] y todas aquellas personas que recauden, administren, resguarden y/o manejen recursos económicos municipales, estatales, o en su caso federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios", de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo.
40.    Al respecto alega que, en contravención al derecho humano de seguridad jurídica y el principio de legalidad, el Congreso local indebidamente amplió los sujetos a los que se aplicará el régimen de responsabilidades administrativas, pues a diferencia de lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el Estado de Hidalgo se consideran servidores públicos por equiparación para efectos del ordenamiento, a quienes recauden, administren, resguarden y/o manejen recursos económicos municipales, estatales, o en su caso, federales, cuando éstos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios. Con lo anterior, el legislador local generó una doble regulación sobre cuestiones ya previstas en la ley marco extralimitándose en sus facultades, pues conforme al sistema general en la materia, no tiene permitido legislar en este tipo de cuestiones ya previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como son los sujetos obligados, pues solo puede replicar, adaptar o parafrasear su contenido, pero sin contrariarla o modificarla.
41.    Para mayor claridad, a continuación, se transcribe el artículo 3, fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, resaltando en negritas la porción normativa cuestionada:
"Artículo 3. Son sujetos de esta Ley:
I. Las personas servidoras públicas mencionadas en el artículo 149, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y todas aquellas personas querecauden (sic), administren, resguarden y/o manejen recursos económicos municipales, estatales, o en su caso federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios;"
42.    El concepto de invalidez es parcialmente fundado.
43.    A efecto de realizar el análisis de constitucionalidad de la porción normativa impugnada, en primer lugar, es necesario determinar su significado y alcance.
44.    De la lectura y análisis integral del artículo 3 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, se advierte que se trata de un precepto que, en las tres fracciones que lo integran, se limita a establecer el ámbito personal de validez de las disposiciones de ese ordenamiento, pues sólo define a los grupos de personas a las que pueden aplicarse las disposiciones contenidas en ese cuerpo normativo, sin imponerles una obligación en particular. Para mayor claridad, a continuación, se transcribe el artículo en cuestión:
"Artículo 3. Son sujetos de esta Ley:
I. Las personas servidoras públicas mencionadas en el artículo 149, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y todas aquellas personas querecauden (sic), administren, resguarden y/o manejen recursos económicos municipales, estatales, o en su caso federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios;
II. Aquellas personas que habiendo fungido en el servicio público se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en esta Ley; y,
III. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves."
45.    Como puede observarse, el citado artículo 3 de la Ley de Responsabilidades Administrativas local señala que se encuentran sujetos a ese ordenamiento:
a)   Los servidores públicos mencionados en el artículo 149 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.
b)   Las personas que recauden, administren, resguarden y/o manejen recursos económicos municipales, estatales o, en su caso, federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios.
c)   Las personas que, habiendo fungido en el servicio público, se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo.
d)   Los particulares vinculados con faltas administrativas graves.
46.    Por lo que toca a la fracción I del artículo 3 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, que es donde se encuentra la porción normativa impugnada, en ella se distingue entre dos clases o grupos de personas que se encuentran vinculadas a ese ordenamiento, siendo éstos:
a)   El conformado por los servidores públicos que se señalan en el artículo 149 de la Constitución local.
b)   El integrado por las personas que recaudan, administran, resguardan y/o manejan recursos económicos municipales, estatales o, en su caso, federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios.
47.    Se observa entonces que, contrario a lo señalado por la Comisión accionante, al referirse la porción normativa impugnada como personas sujetas a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, a aquellas que recauden, administren, resguarden y/o manejen recursos económicos municipales, estatales o, en su caso, federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios, no está calificando ni equiparando a éstas con los servidores públicos, pues al emplear la disyuntiva "y", el legislador local diferenció en esta parte del artículo 3, fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas local entre quienes tienen ese carácter en términos del artículo 149 de la Constitución del Estado y aquellos otros que manejan recursos económicos municipales, estatales o, en su caso, federales convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios.
48.    De lo anterior se infiere que el conjunto de personas a que se refiere la porción normativa impugnada, para efecto de establecer quiénes están sujetos a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, se conforma por aquellos particulares que comparten la característica de que recaudan, administran, resguardan y/o manejan recursos económicos municipales, estatales o, en su caso, federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios.
49.    No pasa inadvertido que el artículo 149 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo(30) establece que se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del poder Judicial, a los presidentes municipales, a los funcionarios y empleados, así como a los servidores del Instituto Estatal Electoral y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública estatal y municipal y a todos aquellos que manejen o apliquen recursos económicos estatales o municipales.
50.    No obstante, el propósito del citado precepto de la constitución local es definir qué debe entenderse por servidor público para efectos de responsabilidad por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, o por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.
51.    En cambio, el artículo 3, fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo es una regla que se limita a señalar quiénes están vinculados o sujetos a las disposiciones de ese ordenamiento, sin establecer para ellos alguna obligación en particular, refiriéndose a dos clases o conjuntos distintos: por un lado, el que se integra por los servidores públicos que se indican en el artículo 149 de la Constitución local para efectos de responsabilidad y, por otro, a los particulares que comparten la característica de que recaudan, administran, resguardan y/o manejan recursos económicos municipales, estatales o, en su caso, federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios.
52.    Ciertamente, las personas que manejan o aplican recursos económicos estatales o municipales pertenecen a dos grupos que se superponen o traslapan, esto es, al del conjunto de quienes, sin desempeñar un cargo, puesto o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública estatal y municipal, se consideran servidores públicos para efectos de responsabilidad en términos del artículo 149 de la Constitución local; pero también al conjunto de personas que se señalan en la porción normativa impugnada para indicar que están vinculadas o sujetas a las disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo. Sin embargo, esa superposición no es completa, pues, por ejemplo, estarían excluidas del conjunto de personas que se consideran servidores públicos para efectos de responsabilidad a que se refiere el artículo 149 de la Constitución local, aquellas que recaudan, administran, resguardan y/o manejan recursos económicos federales cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios.
53.    Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que, a diferencia del artículo 149 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, la porción normativa impugnada del artículo 3, fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de esa entidad federativa contiene una regla cuyo propósito no es definir qué se entiende por servidor público, sino únicamente establecer que las personas que recaudan, administran, resguardan y/o manejan recursos económicos municipales, estatales o, en su caso, federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios, se encuentran vinculados a ese ordenamiento.
54.    Es importante precisar que la Comisión accionante no dirige algún concepto de invalidez para impugnar el artículo 149 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, razón por la cual no se hará pronunciamiento alguno sobre su constitucionalidad.
55.    Por tal motivo, sólo será objeto de estudio en este apartado el artículo 3, fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, en la porción normativa cuestionada, centrándose la litis en determinar si resulta constitucionalmente válido que el legislador local haya incluido a los particulares que recaudan, administran, resguardan y/o manejan recursos económicos municipales, estatales o, en su caso, federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios, como sujetos vinculados a ese ordenamiento.
56.    Habiendo establecido que la porción normativa impugnada establece una regla que tiene por propósito delimitar el ámbito personal de aplicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, a continuación, se analiza si esta previsión vulnera o no, el orden constitucional.
57.    Para tal efecto, será necesario distinguir de la referida porción normativa a aquellas personas que recaudan, administran, resguardan y/o manejan recursos económicos municipales y/o estatales, de quienes llevan a cabo estas mismas acciones pero con respecto a recursos económicos federales transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la Federación o con sus municipios, pues como se justificará en los párrafos siguientes, de conformidad con las bases constitucionales relativas a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y la Ley General de la materia, los Estados carecen de atribuciones para establecer en sus respectivas leyes de responsabilidades administrativas mandatos dirigidos a quienes manejen, custodien y apliquen recursos federales.
58.    De los artículos 108(31) y 109, fracciones III y IV, párrafo primero(32), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refieren al régimen de responsabilidades administrativas, se advierte que este no es aplicable de forma exclusiva para quienes tienen el carácter de servidor público, pues también están sujetos a dicho régimen los particulares, sean personas físicas o morales, que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves.
59.    Lo anterior se confirma considerando lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX-V, de la Constitución Federal(33), donde se faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley General que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación.
60.    Teniendo en cuenta que, en términos de las disposiciones constitucionales citadas, tanto los servidores públicos como los particulares pueden ser sujetos del régimen de responsabilidades administrativas, resulta coherente que, en las leyes de la materia, el legislador vincule a ambas clases o grupos de personas a las disposiciones de esos ordenamientos.
61.    Por esta razón, en el artículo 4 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas(34) se consideró sujetos a ese cuerpo normativo: a) a los servidores públicos; b) a aquellas personas que habiendo fungido como servidores públicos se ubiquen en los supuestos establecidos en esa ley y c) a los particulares vinculados con faltas administrativas graves.
62.    Cabe resaltar que la vinculación de los particulares a las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas no se limita a aquellos supuestos en los que intervengan en faltas administrativas graves, pues existen otras previsiones que les son aplicables, como las que se encuentran previstas en el Titulo Segundo, Capítulo II, de la referida ley mMarco (artículos 24 y 25)(35), donde se establecen una serie de prescripciones dirigidas a las personas morales, para determinar si éstas cuentan o no, con una política de integridad.
63.    En este contexto, se advierte que, en la porción normativa impugnada, el legislador local se limitó a establecer qué personas están vinculadas a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, señalando en la fracción I de su artículo 3, que entre ellas, se encuentran los servidores públicos mencionados en el artículo 149 de la Constitución Política local y todas aquellas que recauden, administren, resguarden y/o manejen recursos económicos municipales, estatales o, en su caso, federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios.
64.    De esta distinción que hizo el legislador local en la fracción I del artículo 3 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo se infiere que las personas a las que se hace referencia en la porción normativa impugnada se trata de particulares, sean físicas o morales, que comparten la característica de que recaudan, administran, resguardan y/o manejan recursos económicos municipales, estatales o, en su caso, federales, convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios.
65.    En esta tesitura, se observa que el legislador local, en la porción normativa impugnada, sólo destacó a cierta clase de personas particulares como sujetos a los que pueden aplicarse las disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo.
66.    Teniendo en cuenta que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no existe alguna disposición que establezca una facultad exclusiva en favor de la Federación para establecer qué personas podrán estar sujetas a las disposiciones de la Leyes de Responsabilidades Administrativas que emitan los Estados, se puede concluir que las legislaturas tienen, en este aspecto, cierto margen de libertad de configuración, pues tomando en cuenta lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 69/2019 y sus acumuladas 71/2019 y 75/2019, las legislaturas estatales están facultadas para realizar adecuaciones en la regulación local que emitan, dirigidas a dar funcionalidad, contexto o integridad al régimen local de responsabilidades administrativas, siempre y cuando al hacerlo, sean cuidadosas de que las normas en las que se regule tal vinculación con sus respectivos ordenamientos de responsabilidades administrativas, sean congruentes con los parámetros establecidos en la Ley General y no presenten contradicción con lo previsto en ésta en materia de responsabilidades, obligaciones, sanciones y procedimientos aplicables(36).
67.    En este caso, no se advierte que, al haberse establecido en el artículo 3, fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo que estarán vinculados o sujetos a las disposiciones de ese ordenamiento quienes recauden, administren, resguarden y/o manejen recursos económicos municipales o estatales, se irrumpan o contravengan los parámetros o disposiciones establecidos en la Ley General de la materia.
68.    Más aun, no se advierte alguna incompatibilidad entre tal mandato con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, teniendo en cuenta que en el artículo 71 de ese ordenamiento se contempla entre los "actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves" precisamente una conducta relacionada con quienes manejen, reciban, administren o tengan acceso a recursos públicos, precepto que para mayor claridad se transcribe a continuación:
Ley General de Responsabilidades Administrativas
"Artículo 71. Será responsable por el uso indebido de recursos públicos el particular que realice actos mediante los cuales se apropie, haga uso indebido o desvíe del objeto para el que estén previstos los recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, cuando por cualquier circunstancia maneje, reciba, administre o tenga acceso a estos recursos.
También se considera uso indebido de recursos públicos la omisión de rendir cuentas que comprueben el destino que se otorgó a dichos recursos."
69.    Cabe señalar que en el artículo 69 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo se incluyó también, entre los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves, una falta descrita en los mismos términos, la cual se inserta en seguida para una mejor ilustración.
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo
"Artículo 69. Será responsable por el uso indebido de recursos públicos el particularque (sic) realice actos mediante los cuales se apropie, haga uso indebido o desvíe del objeto para el que estén previstos los recursos públicos, sean materiales, humanoso (sic) financieros, cuando por cualquier circunstancia maneje, reciba, administre o tengaacceso (sic) a estos recursos.
También se considera uso indebido de recursos públicos la omisión de rendir cuentas que comprueben el destino que se otorgó a dichos recursos."
70.    Teniendo en cuenta que la descripción de la falta administrativa en cuestión se refiere justamente a particulares que manejen, reciban, administren o tengan acceso a recursos públicos, no solo económicos, sino incluso humanos, resulta consistente con el régimen de responsabilidades administrativas previsto en la Ley General de la materia, que el legislador del Estado de Hidalgo haya establecido en su respectiva Ley de Responsabilidades Administrativas como sujetos vinculados a sus disposiciones a aquellas personas que recauden, administren, resguarden y/o manejen recursos económicos municipales y/o estatales.
71.    Caso distinto ocurre tratándose del mandato previsto en la porción normativa impugnada en el que se señala que estarán sujetas a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo todas aquellas personas que recauden, administren, resguarden y/o manejen recursos económicos federales cuando sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la Federación o con sus municipios, pues en este caso, suplida la deficiencia de la queja en términos del artículo 71 de la Ley Reglamentaria(37), se concluye que tal mandato es inconstitucional, pues el Congreso del Estado de Hidalgo carece de atribuciones para establecer disposiciones vinculantes para quienes manejen, custodien y apliquen recursos públicos federales, pues esto solo incumbe al Congreso de la Unión.
72.    En los artículos 79, párrafo tercero, fracciones I, párrafo segundo, y IV, párrafo cuarto(38); 109, fracciones III, párrafo quinto, y IV, párrafo primero(39), este último en relación con el artículo 73, fracción XXIX-H, párrafos primero a tercero(40), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que corresponde a las autoridades federales, como lo es la Auditoría Superior de la Federación, los órganos internos de control de los entes públicos federales, así como al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conocer de las posibles irregularidades relacionadas con el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales.
73.    Por su parte, en términos de los artículos 109, fracción III, párrafos segundo y sexto(41); 116, fracciones II, párrafo sexto(42), y V(43), de la Constitución Federal, se dispone que los entes estatales de fiscalización, los órganos internos de control, así como los Tribunales de justicia de las entidades federativas, serán las instancias facultadas para conocer de las posibles irregularidades relacionadas con el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos concernientes a la hacienda pública estatal o municipal.
74.    Teniendo en cuenta esta distribución competencial, y con apoyo en lo establecido en el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se puede concluir que, si bien la materia de responsabilidades administrativas es concurrente, el Poder Reformador de la Constitución estableció una competencia diferenciada tratándose de la regulación de esa materia cuando se relacione con el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales, o su fiscalización, con respecto al que concierne a recursos públicos de las entidades federativas y los municipios, pues tratándose de recursos federales dicho régimen solo puede regularlo el Congreso de la Unión.
75.    En tal virtud, resulta contrario al artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el Congreso del Estado de Hidalgo haya establecido que se encuentran vinculados a la Ley de Responsabilidades Administrativas de esa entidad federativa aquellas personas que recauden, administren, resguarden y/o manejen recursos económicos federales cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios.
76.    Por las razones expresadas, se reconoce la validez del artículo 3, fracción I, en la porción normativa "[...] y todas aquellas personas querecauden (sic), administren, resguarden y/o manejen recursos económicos municipales, estatales", de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo.
77.    Y se declara la invalidez del artículo 3, fracción I, en la porción normativa: "[...], o en su caso federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios", de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo.
78.    Respecto a reconocer la validez del artículo 3, fracción I, en su porción normativa "y todas aquellas personas querecauden (sic), administren, resguarden y/o manejen recursos económicos municipales, estatales", de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, estas consideraciones no son obligatorias al haberse aprobado por mayoría de siete votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Pérez Dayán. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea votó en contra de las consideraciones. La señora Ministra y los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Aguilar Morales y Presidenta Piña Hernández votaron en contra.
79.    En lo relativo a declarar la invalidez, en suplencia de la queja, del artículo 3, fracción I, en su porción normativa "o en su caso federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios", de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, estas consideraciones no son obligatorias al haberse aprobado por mayoría de seis votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales y Pardo Rebolledo. La señora Ministra Presidenta Piña Hernández y el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea votaron en contra de las consideraciones. La señora Ministra Ríos Farjat y los señores Ministros Laynez Potisek y Pérez Dayán votaron en contra.
        Precedentes citados en este apartado: Acción de inconstitucionalidad 69/2019 y sus acumuladas 71/2019 y 75/2019.
        VI.4. Interrupción de la prescripción y periodo de inhabilitación temporal para personas morales
80.    Criterio jurídico o ratio decidendi: Las legislaturas locales no pueden modificar aspectos relacionados con la determinación del rango mínimo o máximo de una sanción administrativa, si con ello contravienen lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
81.    En primer lugar, la Comisión accionante impugna el artículo 72, párrafo tercero, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, pues dice que, al establecerse en tal precepto, la prescripción se interrumpirá con la notificación al probable responsable de la actuación que genera la misma y, a través de la cual se le otorgue certeza del acto que se le señale como cometido, así como el momento en que este tuvo lugar, se alteraron las reglas del procedimiento de investigación, pues la Ley General ordena que la prescripción se interrumpirá a partir de la clasificación de la falta administrativa.
82.    Al respecto, la propuesta de la Ministra ponente consistió en declarar la invalidez del artículo 72, párrafo tercero de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo.
83.    No obstante, se expresaron seis votos a favor de la propuesta de invalidez de las señoras Ministras y de los señores Ministros González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo y Presidenta Piña Hernández en contra de las consideraciones y por razones diversas. La señora Ministra y los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Pérez Dayán votaron en contra.
84.    Dado el resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó desestimar el planteamiento de invalidez del precepto referido, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
85.    Por otra parte, la Comisión accionante también controvierte el artículo 79, fracción II, letra B, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, pues al ordenar que el periodo mínimo de inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, según corresponda, no será menor a seis meses, contraviene lo dispuesto por la Ley General de la materia, la cual fija ese mínimo en tres meses.
86.    El concepto de invalidez es fundado.
87.    Tal como se precisó en el apartado VI.2 de esta resolución, este Tribunal Pleno ha establecido en diversos precedentes que, del análisis de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción publicada el veintisiete de mayo de dos mil quince, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de los procesos legislativos inherentes, se advertía un ánimo extraordinario de homologar a nivel nacional el régimen federal y los regímenes locales aplicables en cuanto a la materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los particulares vinculados con faltas administrativas graves(44).
88.    Por esa razón, la Ley General de la materia no contiene, propiamente, preceptos que deriven en las legislaturas estatales espacios amplios de configuración legislativa, sino un mínimo espacio para la adecuación y, en su caso, sólo en los aspectos necesarios para lograr en los Estados la efectiva aplicación o instrumentación de lo dispuesto por la Ley General, la cual sólo preserva una competencia residual limitada para las legislaturas locales, pues dicho ordenamiento, en esencia, contiene todo lo necesario para operar a nivel nacional un sistema homogéneo de responsabilidades administrativas, sin mayores espacios para disminuir, modificar o ampliar los alcances de las previsiones sustantivas y procedimentales contenidos en ella(45).
89.    Por tal razón, si bien las legislaturas locales cuentan con facultades para realizar adecuaciones a su regulación local dirigidas a dar funcionalidad, contexto o integridad al régimen local de responsabilidades administrativas, al hacerlo, deben ser cuidadosas de que las respectivas normas sean congruentes con los parámetros establecidos en la Ley General y no presenten contradicción con lo previsto en ésta en materia de responsabilidades, obligaciones, sanciones y procedimientos aplicables(46).
90.    En el caso, se controvierte el artículo 79, fracción II, letra B, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo. La Comisión accionante señala que el legislador local estableció un rango distinto al previsto en la Ley General de la materia para determinar la sanción de inhabilitación que puede imponerse a las personas morales para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Para una mejor comprensión, a continuación, se transcribe el precepto impugnado:
"Artículo 79. Las sanciones administrativas que deban imponerse por faltas de particulares por comisión de alguna de las conductas previstas (sic) esta Ley, consistiránen (sic):
II. Tratándose de personas morales: [...]
B. Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por un periodo queno (sic) será menor de seis meses ni mayor de diez años. [...]".
91.    De un análisis comparativo entre el precepto impugnado con el artículo 81, fracción II, inciso b), de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se observa que, en el ordenamiento marco, el rango mínimo para la imposición de la sanción de inhabilitación para que las personas morales puedan participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas se fijó en tres meses. En contraste, en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo el rango mínimo de esa misma sanción se estableció en seis meses. De lo anterior se concluye que, en efecto, el legislador del Estado de Hidalgo varió de forma sustancial el periodo mínimo establecido en la Ley General de la materia en cuanto a esa sanción se refiere. Para ilustrar estas diferencias, a continuación, se inserta el siguiente cuadro comparativo.
Ley General de Responsabilidades
Administrativas
Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Hidalgo
Artículo 81. Las sanciones administrativas que deban imponerse por Faltas de particulares por comisión de alguna de las conductas previstas en los Capítulos III y IV del Título Tercero de esta Ley, consistirán en: [...]
II. Tratándose de personas morales: [...]
b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de diez años; [...]
Artículo 79. Las sanciones administrativas que deban imponerse por faltas de particulares por comisión de alguna de las conductas previstas (sic) esta Ley, consistiránen (sic): [...]
II. Tratándose de personas morales: [...]
B. Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por un periodo queno (sic) será menor de seis meses ni mayor de diez años. [...]
 
92.    Dado que el legislador local carece de atribuciones para modificar o apartarse de los rangos mínimo y máximo para la imposición de sanciones administrativas establecidas en la Ley General de la materia, lo procedente es declarar la invalidez de la norma impugnada, pues aun cuando el rango máximo sí es compatible con lo establecido en la Ley marco, no resulta posible invalidar parcialmente la disposición impugnada, pues sin el rango mínimo la autoridad carecería de un parámetro para individualizar la sanción que corresponda de manera proporcional a la falta cometida. Además, si solo se conservara el rango máximo de la sanción de inhabilitación, ello se traduciría en una sanción fija, prohibida en términos del artículo 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(47).
93.    Por lo anterior, se declara la invalidez del artículo 79, fracción II, letra B, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo.
94.    Estas consideraciones no son obligatorias al haberse aprobado por mayoría de siete votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, y Ríos Farjat. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea votó en contra de las consideraciones. La señora Ministra Presidenta Piña Hernández votó en contra de las consideraciones y por razones diversas. Los señores Ministros Laynez Potisek y Pérez Dayán votaron en contra. El señor Ministro Aguilar Morales votó únicamente por la invalidez de la porción normativa menor de seis meses ni'.
        Precedentes citados en este apartado: Acción de inconstitucionalidad 69/2019 y sus acumuladas 71/2019 y 75/2019.
VII. EFECTOS
95.    El artículo 73, en relación con los artículos 41, 43, 44 y 45 de la Ley Reglamentaria de la materia, señalan que las sentencias deben contener sus alcances y efectos, así como fijar con precisión los órganos obligados a cumplirlas, las normas generales respecto de las cuales operen y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Además, se debe fijar la fecha a partir de la cual producirán sus efectos.
96.    Declaratoria de invalidez: En atención a las consideraciones desarrolladas en el apartado precedente, se declara la invalidez de los siguientes artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo:
a.     3, fracción I, en la porción normativa: "[...] o en su caso federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios;".
b.     79, fracción II, letra B;
97.    Otros lineamientos: A efecto de evitar incertidumbre en la determinación de la sanción administrativa prevista en el artículo 79, fracción II, letra B, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo 81, fracción II, inciso b), de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
98.    La aplicación de la referida disposición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se mantendrá hasta que el Congreso del Estado de Hidalgo legisle al respecto.
99.    Fecha a partir de la cual surtirá efectos la declaratoria general de invalidez: Conforme a lo dispuesto por el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria, esta resolución y la declaratoria de invalidez surtirán efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al Congreso del Estado de Hidalgo.
100.  Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández agregando efectos retroactivos.
VIII. DECISIÓN
101.  Por lo antes expuesto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad.
SEGUNDO. Se desestima en la presente acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 72, párrafo tercero, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, expedida mediante el Decreto Número 224, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el nueve de agosto de dos mil veintidós.
TERCERO. Se reconoce la validez del artículo 3, fracción I, en su porción normativa y todas aquellas personas querecauden (sic), administren, resguarden y/o manejen recursos económicos municipales, estatales', de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, expedida mediante el Decreto Número 224, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el nueve de agosto de dos mil veintidós, por los motivos expuestos en el apartado VI de esta decisión.
CUARTO. Se declara la invalidez de los artículos 3, fracción I, en su porción normativa o en su caso federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios', y 79, fracción II, letra B, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, expedida mediante el Decreto Número 224, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el nueve de agosto de dos mil veintidós, en los términos establecidos en el apartado VI de esta determinación.
QUINTO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Hidalgo, en la inteligencia de que, en tanto se subsanan los vicios advertidos, en el orden jurídico de dicho Estado será aplicable directamente lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como se puntualiza en el apartado VII de esta ejecutoria.
SEXTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Notifíquese, haciéndolo por medio de oficio a las partes, y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
En relación con el punto resolutivo primero:
Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto de los apartados del I al V relativos, respectivamente, a la competencia, a la precisión de las normas reclamadas, a la oportunidad, a la legitimación y a las causas de improcedencia y sobreseimiento. La señora Ministra Presidenta Piña Hernández anunció voto concurrente.
En relación con el punto resolutivo segundo:
Se expresó una mayoría de seis votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo y Presidenta Piña Hernández en contra de las consideraciones y por razones diversas, respecto del apartado VI, relativo al estudio de fondo, consistente en declarar la invalidez del artículo 72, párrafo tercero, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo. La señora Ministra y los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Pérez Dayán votaron en contra. La señora Ministra Presidenta Piña Hernández anunció voto concurrente. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena anunció voto particular.
Dado el resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó desestimar el planteamiento consistente en declarar la invalidez del precepto referido, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En relación con el punto resolutivo tercero:
Se aprobó por mayoría de ocho votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea en contra de las consideraciones, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del apartado VI, relativo al estudio de fondo, consistente en reconocer la validez del artículo 3, fracción I, en su porción normativa "y todas aquellas personas querecauden (sic), administren, resguarden y/o manejen recursos económicos municipales, estatales", de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo. La señora Ministra y los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Aguilar Morales y Presidenta Piña Hernández votaron en contra. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena y la señora Ministra Presidenta Piña Hernández anunciaron sendos votos particulares.
En relación con el punto resolutivo cuarto:
Se aprobó por mayoría de ocho votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea en contra de las consideraciones y Presidenta Piña Hernández en contra de las consideraciones, respecto del apartado VI, relativo al estudio de fondo, consistente en declarar la invalidez, en suplencia de la queja, del artículo 3, fracción I, en su porción normativa "o en su caso federales, cuando estos últimos sean transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la federación o con sus municipios", de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo. La señora Ministra Ríos Farjat y los señores Ministros Laynez Potisek y Pérez Dayán votaron en contra. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena y la señora Ministra Presidenta Piña Hernández anunciaron sendos votos concurrentes.
Se aprobó por mayoría de ocho votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea en contra de las consideraciones, Ríos Farjat y Presidenta Piña Hernández en contra de las consideraciones y por razones diversas, respecto del apartado VI, relativo al estudio de fondo, consistente en declarar la invalidez del artículo 79, fracción II, letra B, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo. Los señores Ministros Laynez Potisek y Pérez Dayán votaron en contra. El señor Ministro Aguilar Morales votó únicamente por la invalidez de su porción normativa menor de seis meses ni'. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena y la señora Ministra Presidenta Piña Hernández anunciaron sendos votos concurrentes.
En relación con el punto resolutivo quinto:
Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández agregando efectos retroactivos, respecto del apartado VII, relativo a los efectos, consistente en: 1) determinar que, respecto de la invalidez del artículo 79, fracción II, letra B, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, deberá aplicarse directamente el artículo 81, fracción II, inciso b), de la Ley General de Responsabilidades Administrativas hasta que el Congreso del Estado legisle al respecto y 2) determinar que la declaratoria de invalidez surta efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado.
En relación con el punto resolutivo sexto:
Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
La señora Ministra Presidenta Piña Hernández declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados. Doy fe.
Firman la señora Ministra Presidenta y la señora Ministra ponente con el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.
Ministra Presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.- Firmado electrónicamente.- Ministra Ponente, Yasmín Esquivel Mossa.- Firmado electrónicamente.- Secretario General de Acuerdos, Rafael Coello Cetina.- Firmado electrónicamente.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: CERTIFICA: Que la presente copia fotostática constante de treinta fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente de la sentencia emitida en la acción de inconstitucionalidad 124/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión del diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a veinte de febrero de dos mil veinticuatro.- Rúbrica.
 
1     A foja 22 del expediente.
2     A fojas 25 a 27 del expediente.
3     A fojas 122 a 132 del expediente.
4     A fojas 771 y 772 del expediente.
5     A fojas 829 y 830 del expediente.
6     A foja 975 del expediente.
7     Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: [...]
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución; [...]
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas; [...].
8     Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
9     Acuerdo General número 1/2023.
Segundo. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución: [...]
II. Las acciones de inconstitucionalidad, salvo en las que deba sobreseerse, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención.
10    Acuerdo General de Administración II/2020.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Las medidas de protección a la salud que se implementarán en la Suprema Corte son las siguientes:
I. Implementación del Buzón Judicial Automatizado, ubicado en el edificio Sede, para la recepción de documentos dirigidos a áreas jurisdiccionales y administrativas; (...).
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. El Buzón Judicial Automatizado ubicado en el edificio Sede de la Suprema Corte recibirá todas las promociones de carácter jurisdiccional, el cual funcionará de lunes a viernes, de las 9:00 a las 15:00 horas para promociones ordinarias, y de las 15:00 a las 24:00 horas para promociones de término.
Los promoventes presentarán directamente las promociones, incluyendo, en su caso, los anexos, en los buzones instalados para tal efecto; deberán sellar la carátula o primera hoja con el reloj checador que se encuentra en los buzones, y generar el acuse con dicho dispositivo.
Queda bajo la responsabilidad exclusiva de los promoventes la verificación de que los documentos que depositen en los buzones estén contenidos en sobre u otro empaque similar, debidamente firmados, integrados y dirigidos al órgano jurisdiccional que corresponda.
En el caso de que el promovente presente un documento en el buzón y no lo selle con el reloj checador, se tendrá por presentado hasta en el momento que se abra el paquete y sea razonado por el personal competente de la Suprema Corte. Si el escrito carece de firma autógrafa, dicha situación se hará constar en el razonamiento que corresponda para los efectos legales a que haya lugar.
El Buzón Judicial Automatizado también recibirá la documentación dirigida a los órganos y áreas administrativos ubicados en el edificio Sede, para lo cual los promoventes se sujetarán a lo previsto en este artículo.
11    Fecha de publicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo.
12    Inicio de plazo.
13    Vencimiento del plazo y día en que se presentó la demanda.
14    Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de
los asuntos siguientes: (...)
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: (...)
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas;(...).
15    Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM.
Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
16    Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Artículo 15. El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones: (...)
XI. Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, y (...).
17    Foja 15 del expediente.
18    Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 73. El Congreso tiene facultad. [...]
XXIX-V. Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación.[...]
19    Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.
Segundo. El Congreso de la Unión, dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá aprobar las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIV y XXIX-V del artículo 73 de esta Constitución, así como las reformas a la legislación establecida en las fracciones XXIV y XXIX-H de dicho artículo. Asimismo, deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto de que la Secretaría responsable del control interno del Ejecutivo Federal asuma las facultades necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto y en las leyes que derivan del mismo. [...].
Cuarto. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales a que se refiere el Segundo Transitorio del presente Decreto. [...].
20    Acción de inconstitucionalidad 69/2019 y sus acumuladas 71/2019 y 75/2019, párrafos 64 y 65.
21    Texto anterior: Art. 109.- El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:
[...] III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
[...] Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.
22    Acción de inconstitucionalidad 69/2019 y sus acumuladas 71/2019 y 75/2019, párrafo 67.
23    Ibidem, párrafo 68.
24    Ibidem, párrafo 70.
25    Acción de inconstitucionalidad 115/2017, página 136.
26    Dictamen en sentido positivo a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Sistema Nacional Anticorrupción. Cámara de Diputados. Gaceta No. 4223-III del jueves 26 de febrero de 2015. Págs. 43 a 45.
27    Acción de inconstitucionalidad 69/2019 y sus acumuladas 71/2019 y 75/2019, párrafo 89.
28    Ibidem, párrafos 90 y 91.
29    Ibidem, párrafo 92.
30    Constitución Política del Estado de Hidalgo
Artículo 149. Para los efectos de la responsabilidad se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del poder Judicial, a los presidentes municipales, a los funcionarios y empleados, así como a los servidores del Instituto Estatal Electoral y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública estatal y municipal y a todos aquellos que manejen o apliquen recursos económicos estatales o municipales, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, asimismo dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.
El Gobernador del Estado, los Diputados Locales, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Consejeros del Consejo de la Judicatura, los integrantes de los ayuntamientos, así como los miembros de los organismos autónomos, serán responsables por violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Constitución y a las leyes federales y locales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.
Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley de la materia.
31    Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 108.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.
Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.
Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.
Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.
32    Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 109.- Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: [...]
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.
Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el artículo 94 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.
La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control.
Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución.
Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y
IV. Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones. [...]
33    Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 73. El Congreso tiene facultad [...]
XXIX-V. Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación. [...]
34    Ley General de Responsabilidades Administrativas
Artículo 4. Son sujetos de esta Ley:
I. Los Servidores Públicos;
II. Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se ubiquen en los supuestos a que se refiere la presente Ley, y
III. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves.
35    Ley General de Responsabilidades Administrativas
TÍTULO SEGUNDO
MECANISMOS DE PREVENCIÓN E INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS [...]
Capítulo II
De la integridad de las personas morales
Artículo 24. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta Ley cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a su nombre o representación de la persona moral y pretendan obtener mediante tales conductas beneficios para dicha persona moral.
Artículo 25. En la determinación de la responsabilidad de las personas morales a que se refiere la presente Ley, se valorará si cuentan con una política de integridad. Para los efectos de esta Ley, se considerará una política de integridad aquella que cuenta con, al menos, los siguientes elementos:
I. Un manual de organización y procedimientos que sea claro y completo, en el que se delimiten las funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas, y que especifique claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo en toda la estructura;
II. Un código de conducta debidamente publicado y socializado entre todos los miembros de la organización, que cuente con sistemas y mecanismos de aplicación real;
III. Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, que examinen de manera constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad en toda la organización;
IV. Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como hacia las autoridades competentes, así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas respecto de quienes actúan de forma contraria a las normas internas o a la legislación mexicana;
V. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto de las medidas de integridad que contiene este artículo;
VI. Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación. Estas políticas en ningún caso autorizarán la discriminación de persona alguna motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, y
VII. Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses.
36    Acción de inconstitucionalidad 69/2019 y sus acumuladas 71/2019 y 75/2019, párrafo 92.
37    Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la CPEUM.
Artículo 71. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y suplirá los conceptos de invalidez planteados en la demanda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el escrito inicial. Igualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su declaración de invalidez en la violación de los derechos humanos consagrados en cualquier tratado internacional del que México sea parte, haya o no sido invocado en el escrito inicial.
38    Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 79. [...].
La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo:
I.- [...].
También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. En los términos que establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, las participaciones federales. En el caso de los Estados y los Municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. [...].
IV. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales y, en el caso del párrafo segundo de la fracción I de este artículo, a los servidores públicos de los estados, municipios, del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, y a los particulares. [...].
Los Poderes de la Unión, las entidades federativas y las demás entidades fiscalizadas facilitarán los auxilios que requiera la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la Ley. Asimismo, los servidores públicos federales y locales, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos federales, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos que establezca la Ley.[...].
39    Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: [...].
III. [...].
Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución.
IV. Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones. [...].
40    Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: [...].
XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones.
El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares.
Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. [...].
41    Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 109. [...].
III. [...].
Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control. [...].
Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y [...].
42    Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 116. [...].
II. [...].
Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público. [...].
43    Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 116. [...].
V. Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales.
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de los Estados, se observará lo previsto en las Constituciones respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos; [...].
44    Acción de inconstitucionalidad 69/2019 y sus acumuladas 71/2019 y 75/2019, párrafo 89.
45    Ibidem, párrafos 90 y 91.
46    Ibidem. Párrafo 92.
47    Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes, y cualesquiera otras penas incitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional del delito que sancione y al bien jurídico tutelado [...].